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Inversión en infraestructura 2025: un motor en retroceso

Para reducir el déficit presupuestario en 2025, sin realizar una reforma fiscal, el Gobierno se verá obligado a castigar uno de los principales motores del desarrollo económico: la inversión en infraestructura. 

¿Cuáles serán los verdaderos objetivos económicos de la administración entrante de Claudia Sheinbaum? El hecho de que hacia el siguiente año la mayoría de los sectores económicos tendrán recortes, pero no todos, nos muestra claramente las prioridades de su gestión.

Algunos datos claves de la inversión física en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 son: 

  • La inversión física proyectada para 2025 ascenderá a 836.6 miles de millones de pesos (mmdp), lo que representa el 2.3% del PIB. Se trata de una reducción del 12.7% respecto a lo aprobado en 2024 o de 0.4% del PIB. 
  • El gobierno de Sheinbaum destinará 189 mmdp a proyectos prioritarios (principalmente en transporte por ferrocarril) equivalentes al 22.6% de la inversión física total. No obstante, habrá una disminución del 18.6% respecto a 2024 de los proyectos considerados prioritarios.
  • Los ramos con los mayores recortes serán la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Petróleos Mexicanos (Pemex). Aumentará la inversión de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), lo cual es un precedente positivo en contra de la militarización de la inversión. 
  • El sector económico más castigado será el de Combustibles y Energía, por recortes a Pemex, lo cual dificultará el rescate productivo de la empresa. Preocupan también recortes en abastecimiento de agua, cultura, seguridad y salud. 
  • Por región, la Ciudad de México se volverá la entidad con la mayor recepción de la inversión (24% del total), superando a Tabasco y Campeche por primera vez en décadas. ¿La razón? Los proyectos de trenes de pasajeros. 
  • Por último, pese a la reducción del déficit en 2025, el endeudamiento seguirá siendo superior al gasto de inversión. Esto muestra que aún no se recupera la senda de la sostenibilidad fiscal. 

La inversión en infraestructura pública es un motor para el desarrollo económico y social de cualquier nación. A través de obras como carreteras, escuelas y hospitales, el sector público no solo fomenta el crecimiento económico mediante la generación de empleo y el estímulo a la productividad, sino que mejora el nivel de vida de la población al ampliar el acceso a servicios básicos y reducir desigualdades regionales.

Este análisis detalla cómo las decisiones presupuestales para 2025 afectarán la inversión física en México desde múltiples ángulos. También ofrece una herramienta para comprender cómo las estrategias gubernamentales influirán en el desarrollo económico y humano del país, así como en el bienestar de su población. Nuestro objetivo es fomentar un debate informado sobre la política pública.

El declive de la inversión física en perspectiva

La inversión física proyectada para 2025 será de 836.6 mmdp, un 12.7% (121.5 mmdp) menos que en 2024. Este recorte refleja una disminución no sólo en términos absolutos, sino en relación con el tamaño de la economía y el gasto total. En 2025, la inversión física representará el 2.3% del PIB (contra el 2.7% de 2024) y apenas el 9.1% del gasto neto total, menor al 10.1% del año previo. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México se encuentra muy por debajo en los recursos públicos destinados para inversión como porcentaje de su PIB. Por ejemplo, en Hungría es 6.6%; Estonia, 5.5%; Noruega, 5.1%; y Corea del Sur, 5.1%. Si bien estas son cifras para 2021, aún así rebasan el desempeño del Gobierno federal mexicano. 

Comparar esta proyección con los primeros años de las administraciones anteriores revela dinámicas preocupantes. Si bien el monto proyectado para 2025 supera los 748.6 mmdp de 2019 con López Obrador, es sustancialmente menor a los 1,303.6 mmdp registrados en el primer año de Peña Nieto. Más alarmante es la perspectiva relativa al PIB: la inversión física solo creció 0.1% respecto a 2019, pero es inferior en 2% al primer año de Peña Nieto. Esto refleja no sólo un estancamiento de largo plazo sino un retroceso.

Esta tendencia también se confirma al analizar la inversión como proporción del gasto neto total. En 2025, representará 9.1%, una cifra menor al 9.7% de López Obrador en 2019 y significativamente inferior al 17.6% observado en el inicio de Peña Nieto. Estos datos muestran una reducción drástica en la prioridad otorgada a este rubro esencial para el desarrollo.

Ritmo del Gasto en Inversión Física: ¿riesgo de subejercicio? 

El análisis de los montos aprobados y ejercidos en inversión física sirve para evaluar la efectividad del gasto público y su impacto en el desarrollo económico. Un subejercicio en 2025 podría agravar la ya limitada inversión física proyectada para 2025, reduciendo recursos que son esenciales para financiar infraestructura y generar empleo. Por otro lado, un sobreejercicio, aunque menos común, podría representar una oportunidad para mitigar los efectos de recortes presupuestarios y acelerar proyectos clave.

Es común que no se cumpla con el programa de inversión aprobado. En 2019, el primer año de López Obrador, se aprobaron 888.1 mmdp para inversión física, pero sólo se ejerció el 84% (748.6 mmdp), por lo que 140 mmdp quedaron sin utilizar. Esta situación es común por la curva de aprendizaje de cada Gobierno entrante, la falta de un plan de inversión a largo plazo y el cambio de prioridades. Además, se incumplió el programa de inversión en 2021 y 2023 por restricciones presupuestarias. 

En contraste, durante el primer año del sexenio de Peña Nieto (2013), se ejercieron 1,303.6 mmdp, un 106% del monto aprobado, lo que representó un sobreejercicio de 77 mmdp. No obstante, en 2015 se incumplió el programa de inversión por la crisis fiscal que provocó la caída del precio del petróleo. 

Con el inicio de la gestión de Sheinbaum se podrían presentar subejercicios por las mismas razones institucionales que aquejaron a López Obrador, salvo que se mantendrán varios proyectos de la administración pasada. Además, existe el riesgo de recortes adicionales a la inversión, si es que los estimados de ingresos no se cumplen. Lo explicamos en nuestra nota macro del PEF 2025. 

Para 2025, la inversión física proyectada asciende a 836.6 mmdp, un monto menor que el aprobado en los inicios de López Obrador y Peña Nieto, lo que subraya la necesidad de una ejecución eficiente y efectiva para evitar que el recorte proyectado limite aún más su impacto.

Regla de Oro de la Inversión: Priorizando el Presente a costa del Futuro 

La Regla de Oro de la Inversión es un indicador fundamental en las finanzas públicas, ya que mide el tamaño de la inversión física del Gobierno en comparación con el endeudamiento. En palabras sencillas, esta regla verifica si el Estado está invirtiendo al menos tanto como se endeuda. Un cociente igual o mayor a 1 significa que la inversión física iguala o supera el endeudamiento, priorizando proyectos que generan beneficios futuros —como infraestructura. que reduce costos y mejora la calidad de vida—. Sin embargo, cuando el cociente es menor a 1, refleja que la deuda supera la inversión física, priorizando necesidades inmediatas a expensas de comprometer la capacidad de atender demandas futuras, un enfoque que podría afectar el desarrollo sostenible.

¿Por qué importa? Un cociente bajo como el proyectado para 2025, de 0.59, indica que la inversión física será apenas el 59% del endeudamiento, es decir, poco más de la mitad de lo que se planea adquirir en deuda. Esto refleja que gran parte de los recursos provenientes del endeudamiento no están siendo destinados a inversión productiva, lo que limita su capacidad para generar crecimiento económico y beneficios sostenibles. Aunque este nivel mejora frente al 0.49 observado en 2024, sigue siendo preocupante en comparación con el inicio del sexenio de López Obrador, cuando el cociente era de 1, cumpliendo con que la inversión física igualaba el endeudamiento.

Este retroceso se agrava al contrastarlo con años previos, cuando el cociente siempre superaba la unidad. En 2013, con Peña Nieto, alcanzó 1.22, y en 2017 llegó a un máximo de 2.44, cuando la inversión física más que duplicaba el endeudamiento1. En un contexto donde la inversión física ya enfrenta recortes significativos, este indicador subraya una preocupante falta de alineación entre el endeudamiento público y las necesidades de desarrollo del país. Para los tomadores de decisiones, elevar la Regla de Oro debería ser una prioridad, pues promueve que el presupuesto contribuya al crecimiento económico y al bienestar de la población.

Proyectos prioritarios 2024 vs 2025

Los proyectos prioritarios de inversión física representan las obras de infraestructura insignia del Gobierno federal, diseñadas para impulsar el crecimiento económico y mejorar el nivel de vida de la población. Su importancia radica no solo en los beneficios directos que generan, como empleo e infraestructura funcional, sino en su capacidad de transformar regiones enteras al mejorar la conectividad y la movilidad. Además, reflejan la estrategia de desarrollo del Estado según los proyectos que son considerados prioritarios y los que no. 

En 2025, la administración de Sheinbaum destinará 189 mmdp a proyectos prioritarios, equivalentes al 22.6% de la inversión física total. Sin embargo, este monto es 18.6% (43 mmdp) inferior a lo asignado en 2024, lo que podría influir en la ejecución de las obras heredadas y en el inicio de nuevos proyectos. De los diez proyectos propuestos para 2025, nueve están relacionados con obras de transporte público, mientras que uno se enfoca en obras hidráulicas. En particular, el plan ferroviario, que incluye ocho trenes y aglomera 79% (149 mmdp) del presupuesto para proyectos prioritarios, destaca por su ambición de duplicar las líneas férreas operativas y mejorar la movilidad de personas y mercancías.

El proyecto con mayor asignación es el Tren Maya, heredado de la administración anterior, que recibirá 40 mmdp en 2025. Entre las nuevas iniciativas, el Tren México-Querétaro sobresale con un presupuesto de 30 mmdp. Se consolida así como el segundo proyecto con más recursos. Este enfoque refuerza la intención de priorizar la infraestructura de transporte, especialmente los trenes de pasajeros y de carga, como motores del desarrollo económico y la integración territorial.

Es importante resaltar que la influencia de estos proyectos prioritarios afecta directamente la distribución de la inversión física por ramo, función y estado. Por ejemplo, el enfoque en proyectos ferroviarios explica el aumento significativo en el ramo de Comunicaciones y Transportes, mientras que la continuidad del Tren Maya beneficia de manera particular a Tabasco y Campeche. 

Este patrón subraya la necesidad de un análisis detallado y una planeación estratégica, temas que se desarrollan con mayor profundidad en los apartados posteriores, donde se analiza la distribución de los recursos por ramo, función y estado. Estos análisis permiten comprender cómo se alinean estas decisiones con las necesidades de desarrollo del país y la mejora del bienestar general de la población.

Prioridades de inversión 2025 por Ramo

El análisis por ramo del gasto sirve para identificar las áreas prioritarias, evaluar los impactos de las decisiones presupuestales en sectores clave y entender las estrategias gubernamentales para el desarrollo económico y social. Además, este análisis destaca incrementos o recortes en áreas específicas, lo que facilita prever sus efectos en infraestructura, bienestar y competitividad. De esta manera, se provee información valiosa para tomadores de decisiones y para la ciudadanía interesada en el destino de los recursos públicos.

Las medidas de ajuste al déficit público significarán recortes a la inversión a la mayoría de los ramos presupuestarios del sector público: de 28 ramos que en 2024 contaron con presupuesto para inversión, 20 tendrán recortes, dos apenas mantendrán sus recursos en términos reales y seis tendrán incrementos. 

Del lado ganador, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) encabeza esta lista, con un aumento de 53.8 mmdp respecto a 2024, equivalente a una tasa de crecimiento real del 72.9%. Este incremento está claramente vinculado a la priorización de obras de movilidad y conectividad, ya que siete de los diez proyectos prioritarios corresponden a este ramo: 

  1. Vías de comunicación.
  2. Tren México-Toluca.
  3. Tren Lechería-Jaltocan-AIFA.
  4. Tren México-Querétaro.
  5. Tren AIFA-Pachuca.
  6. Tren Saltillo-Nuevo Laredo.
  7. Tren Querétaro-Irapuato. 

Aportaciones Federales, el segundo ramo con mayor incremento en magnitud: recibirá 7.3 mmdp adicionales o un incremento de 2.7%. El incremento de este ramo se debe a su mayor blindaje institucional por parte de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). Es decir, es más complicado que el Gobierno federal reduzca los recursos que reparte a las entidades, porque se calculan con fórmulas bien definidas. Estos recursos representan una oportunidad clave para que estados y municipios fortalezcan su infraestructura local, satisfagan necesidades urgentes de sus comunidades y promuevan el desarrollo económico en sus territorios.

En tercer lugar, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) verá un aumento significativo de 7.7% o 4.3 mmdp para llegar a un monto de 60.8 mmdp. Este crecimiento obedece a que 44% de sus recursos de inversión física se destinarán al mantenimiento de infraestructura existente, mientras que otro 40% financiará proyectos de infraestructura económica relacionados con la electricidad. Estas inversiones son fundamentales para garantizar la seguridad energética, reducir interrupciones en el suministro eléctrico y apoyar la industrialización y el comercio. Pese al incremento, su presupuesto de inversión se mantendrá por debajo de lo observado en 2014 (65.3 mmdp). 

Los otros ramos que tendrán incrementos son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 16.2% (3.7 mmdp). Esto también se debe a su mayor blindaje presupuestario, como lo explicamos en nuestra nota de salud para el PEF 2025. Además, se proyecta un incremento de 119% para el Poder Judicial, equivalente a 342 millones de pesos (mdp) y en el Legislativo de 56% o 215 mdp. Hay que recordar que al ser ramos autónomos, tienen la facultad de solicitar en el proyecto de egresos el monto que deseen, pero el Congreso posteriormente les suele aprobar menos recursos. 

El ramo con el mayor recorte será la Defensa Nacional. Contará con 47.4 mmdp, una contracción de 64.4% (85.6 mmdp) frente a 2024. El ajuste se debe a la reducción de los recursos para la construcción del Tren Maya, que en 2024 ascendieron a 125 mmdp, y para 2025 sólo se proyectan 40 mmdp. Pese al recorte, la Defensa seguirá siendo una de las principales dependencias encargadas de la inversión, como explicaremos más adelante. Esto es importante para la población porque impacta directamente en los recursos públicos destinados a proyectos de infraestructura como el Tren Maya, que prometen generar empleos, fomentar el turismo y estimular economías locales. Sin embargo, la menor inversión proyectada podría retrasar sus beneficios sociales esperados, así como la rentabilidad del proyecto. 

Le sigue un recorte a Petróleos Mexicanos (Pemex) de 18.9% o 49 mmdp. Así, su gasto de inversión será de sólo 209 mmdp, el peor monto en décadas. Frente a su mejor nivel de 2014 (605 mmdp) la inversión de Pemex será de apenas un tercio. Esto limitará aún más el rescate productivo de la empresa y las aspiraciones de lograr metas como la autosuficiencia y estabilidad energética, así como de desarrollo económico; y podemos decir que Pemex no aprovechará la reducción de impuestos y transferencias financieras para impulsar su inversión.

Preocupa también una reducción en la inversión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de 57.4% o 26.9 mmdp, para colocarse 20 mmdp. Los recortes se concentran en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de manera que se limitará el desarrollo de obras de saneamiento o de distribución del recurso hídrico Todo ello podría afectar el acceso al agua, el manejo de recursos naturales y la calidad de vida de las comunidades vulnerables.

De manera similar, el ramo de la Secretaría de Salud (SSA) sufrirá un desplome de 91.9%. Pasa de 1.8 mmdp en 2024 a solamente 0.1 mmdp en 2025 (-1.7 mmdp). Este recorte puede traducirse en hospitales y clínicas inconclusos o deteriorados. Como explicamos en nuestra nota del PEF 2025 en salud, el recorte en la inversión no se compensa por mayor gasto del IMSS-Bienestar. 

Los cambios en los montos proyectados para 2025 reflejan un reajuste en las prioridades gubernamentales. Si bien el impulso a Comunicaciones y Transportes y CFE puede fortalecer la conectividad vial y la seguridad energética, los recortes en Pemex, Educación y Salud subrayan un costo de oportunidad significativo, que compromete áreas esenciales para el desarrollo sostenible y el bienestar general.

El análisis por ramos del gasto en inversión física proyectado para 2025 revela una concentración significativa en tres sectores clave: Aportaciones Federales, Petróleos Mexicanos y Comunicaciones y Transportes. En conjunto, estos tres ramos absorberán el 74% de la inversión física. La cuarta parte restante se distribuirá en otras áreas fundamentales como Educación, Salud y Seguridad. Tales son las prioridades gubernamentales. Inevitablemente impactarán en la población y el desarrollo económico.

Para 2025, las Aportaciones Federales serán el ramo con la mayor inversión en infraestructura, con una tercera parte del monto total (34% o 283 mmdp). Este porcentaje es el más alto del periodo reciente, excepto en 2019, cuando alcanzaron el 35%. De forma histórica, las Aportaciones Federales han sido el segundo ramo con la mayor inversión después de Pemex, pero los recientes recortes a la petrolera han cambiado el órden. Destaca además que el 43% de estas aportaciones de inversión física se destinan para fondos de infraestructura social (5% para estados y 38% para municipios), 24% para fortalecimiento estatal y 22% para fortalecimiento municipal2

Petróleos Mexicanos (Pemex), que concentra el 25% de la inversión física en 2025, sigue siendo un actor clave. Recibe una menor proporción de recursos respecto a 2024, cuando percibió el 27%, o frente a 2014 cuando obtuvo el 52% de la inversión. Este retroceso refleja la ausencia de proyectos prioritarios en el sector energético. También podría limitar su capacidad para garantizar la seguridad energética y promover el desarrollo industrial, factores que son esenciales para la estabilidad económica a largo plazo. El 86% de los recursos de inversión física para Pemex se destinarán a programas presupuestarios relacionados con proyectos de hidrocarburos y 11% a mantenimiento de infraestructura.

Pasando a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT), ésta concentrará el 15% de la inversión física en 2025, equivalente a 127.7 mmdp. Este aumento no solo representa el mayor porcentaje desde 2018, sino que también supera el nivel alcanzado en toda la administración de López Obrador. La mayor participación de la SICT es positiva, ya que se recupera (en parte) una de las principales dependencias civiles encargadas de la inversión. Muestra también, un cambio de rumbo frente a la militarización que detectamos en 2024. 

Hay que señalar que las Fuerzas Armadas (Defensa Nacional y Marina) concentrarán el 9% de la inversión física en 2025. Aunque son ocho puntos porcentuales menos que en 2024 (17%), sigue siendo un presupuesto más alto que en cualquier otro año del periodo analizado y un aumento significativo respecto al 7% registrado en 2019. . En contraste, en el primer año de Peña Nieto apenas obtuvieron el 1.5% de la inversión física total. Este incremento subraya la creciente importancia que se le otorga a las Fuerzas Armadas para el desarrollo de infraestructura. Sus principales proyectos de inversión serán el Tren Maya (Defensa) con 40 mmdp y el Corredor Interoceánico “Istmo de Tehuantepec” (Marina) con 25 mmdp. 

Prioridades de inversión 2025 por Función

El análisis de la distribución de la inversión física por funciones evalúa cómo las prioridades gubernamentales se alinean con las necesidades de desarrollo del país. Una asignación adecuada en áreas como Transporte y Vivienda puede impulsar la infraestructura y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, una distribución limitada en funciones clave como Salud, Educación, Ciencia, Tecnología, Justicia y Seguridad Pública, que deberán repartirse apenas el 15% de la inversión física en 2025, compromete la satisfacción de necesidades vitales y factores estratégicos para el desarrollo. Para 2025, de 22 funciones de inversión, 19 sufrirán recortes y sólo tres tendrán incrementos. 

En el lado ganador destaca la función de Protección Social con un presupuesto de 449 mdp, un aumento de 2,737% frente a los 16 mdp aprobados en 2024. Se trata de inversiones del IMSS e ISSSTE para el desarrollo de guarderías. Es una buena noticia, puesto que desde 2017 no se observaba una inversión de esta magnitud en este componente. 

Asimismo, se proyecta un alza de la inversión física de 110 mdp en la función de Justicia y 215 mdp para Legislación (5% y 56%) respectivamente frente a 2024. Es la inversión solicitada por los poderes Legislativo y Judicial. Como se explicó anteriormente, es probable que se recorte durante la aprobación final del presupuesto. 

El resto de funciones sufrirá recortes. La reducción más severa será para Combustibles y Energía (Pemex y CFE). Esta función contará con 270.8 mmdp en 2025, 14% (44.6 mmdp) menos que en 2024. Se trata de la peor inversión combinada en más de 10 años, para las Empresas Públicas del Estado. 

Destaca negativamente un recorte de 91% (19.4 mmdp) en la función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, para colocarse en 2 mmdp, el peor monto desde 2020. El recorte se focaliza principalmente en obras hidroagrícolas de la Conagua. Este recorte limitará la productividad del campo y la resiliencia ante las sequías, como lo explicamos en nuestra investigación sobre la inversión de la Conagua. 

Desaparece de tajo la inversión en Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales. En 2024, este sector contó con 4.4 mmdp, principalmente para el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La inversión en Salud también tendrá un recorte de 9% o 3.1 mmdp. Como explicamos en nuestra investigación sobre el PEF 2025 en Salud, el recorte se da principalmente en los sectores sin seguridad social formal. 

Finalmente, destaca que la función Transporte contará con 192.6 mmdp, un recorte de 5% o 10 mmdp. Pese al anuncio de nuevos proyectos ferroviarios de Claudia Sheinbaum, esa función tendrá una disminución frente al último año de López Obrador. Aunque la inversión de transporte por ferrocarril aumentará para 2024, se reducirá la inversión en carreteras, como explicaremos más adelante. 

En 2025, la función de Combustibles y Energía concentrará la mayor proporción de la inversión física, con 32.5% del total (270.8 mmdp). Le siguen muy de cerca Vivienda y Servicios Comunitarios, con 31.1% (268.3 mmdp), y Transporte, con 23% (192.7 mmdp). Estas tres funciones concentran más del 85% de los recursos proyectados. Queda de manifiesto su relevancia estratégica dentro del presupuesto de inversión física. Esto implica que el resto de las funciones, entre ellas áreas fundamentales como Salud, Educación, Ciencia, Tecnología, Justicia y Seguridad pública, deben repartirse apenas el 15% de la inversión física. Esta distribución limitada afecta la capacidad de satisfacer necesidades esenciales y compromete aspectos estratégicos. Por ejemplo, un sistema de justicia ineficiente y un entorno inseguro son factores clave para desincentivar la llegada de capitales nacionales y extranjeros.

Combustibles y Energía mantendrá su posición dominante a pesar de recibir 14.2% menos recursos que en 2024 (-44.6 mmdp). Este porcentaje proyectado para 2025 es similar al registrado en el último año de López Obrador, pero significativamente menor al promedio de su mandato (41%), donde esta función llegó a acaparar hasta el 46% de la inversión física en 2021. También es inferior al 58% observado en el primer año de Peña Nieto, lo que señala un cambio en las prioridades de gasto público para el sector energético. Destaca que esta función esté ausente en los proyectos prioritarios de la nueva administración hacia 20253.

Por otro lado, las funciones de Vivienda y Servicios Comunitarios y Transporte, aunque experimentaron recortes, aumentaron su participación en el total de la inversión física. Esto debido a la caída más acelerada en la inversión en Combustibles y Energía. 

Vivienda y Servicios Comunitarios (95% de esta función corresponde a las Aportaciones Federales) registró una disminución marginal de 0.2% (-0.5 mmdp) pero aumentó su participación en el total de la inversión a 32%. Por su parte, Transporte alcanzó también el 23% de la inversión, el nivel más alto en en una década. Este comportamiento está alineado con la composición de los proyectos prioritarios de 2025, donde nueve de los diez que están contemplados se relacionan con trenes y vialidades.

Inversión a detalle: subfunciones 

El análisis de las subfunciones del gasto público en México proporciona un panorama detallado sobre los rubros específicos que son favorecidos o afectados por las decisiones presupuestales. De 34 subfunciones de la inversión física que proyectan presupuesto en 2025, sólo 12 tendrán incrementos en comparación con 2024 y el resto sufrirá recortes. 

Del lado ganador, la subfunción de Transporte de Ferrocarril destaca en el PPEF 2025 con un presupuesto de 157 mmdp, el monto más elevado desde 2022. Se trata de un incremento de 13% (18.5 mmdp) frente a lo aprobado en 2024 o 77.6% (68.5 mmdp) frente al promedio del sexenio de López Obrador. 

No obstante, otras subfunciones de transporte enfrentan recortes significativos, como Transporte por Carretera (-12.8 mmdp), Transporte Aéreo (-1.7 mmdp) y Transporte por Agua y Puertos (-1.8 mmdp), frente al promedio del sexenio de López Obrador. Para 2025, las subfunciones ferroviarias y de carreteras concentran el 100% de la inversión física destinada al transporte, con una distribución de 81% y 19%, respectivamente. En lo que respecta al transporte ferroviario, 73% de su presupuesto se destina a proyectos de trenes de carga y de pasajeros. Se olvidan por completo los subsectores de transporte aéreo y marítimo. Este enfoque asimétrico limitará la capacidad del Estado para sostener el comercio y la conectividad, elementos esenciales para el crecimiento económico, la integración territorial y la movilidad eficiente de bienes y personas.

Asimismo, la subfunción Electricidad (CFE) contará con 60.8 mmdp, 8% (4.3 mmdp) más que en 2024 y Desarrollo Regional (Aportaciones Federales) tendrá 254.9 mmdp, 3% (6.9 mmdp) más que en 2024. Ambas funciones también tienen un incremento frente al promedio de Gobierno de López Obrador por 15.6% y 10.5% respectivamente. En el caso de la inversión en electricidad, se observa mayor voluntad política para favorecer a este sector. Por su parte, la inversión en Desarrollo Regional, está blindada por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), y su aumento es tendencial. 

Preocupa la reducción en las subfunciones relacionadas a los recursos hídricos. Abastecimiento de Agua tendrá 13.3 mmdp (-7.4 mmdp frente a 2024), Hidroagrícola contará con 2 mmdp (-19.4 mmdp menos) y Ordenación de Aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado tendrá cero pesos (-4.4 mmdp menos). Compensará ligeramente la subfunción Administración del Agua con 4.3 mmdp en 2025, mientras que en 2024 no tuvo recursos aprobados. En suma, para 2025 se prevén 19.7 mmdp para inversión relacionada con el agua, 58% (26.9 mmdp) menos que en 2024. No obstante, este monto seguirá siendo superior al promedio de López Obrador (20. 3 mmdp) o de Peña Nieto (17 mmdp). Esta reducción en inversión puede impactar directamente en el acceso a servicios básicos como agua potable, drenaje y riego agrícola, afectando especialmente a las comunidades vulnerables que dependen de estas infraestructuras.

Finalmente, el análisis por subfunciones del gasto proyectado para 2025 revela recortes significativos en el sector de Defensa. Se prevé una asignación de 7.4 mmdp, es decir, una disminución de 30.5 mmdp frente al promedio recibido durante el sexenio de López Obrador. Asimismo, Marina contará con 2 mmdp, 72.3% (5.2 mmdp) menos que en el sexenio pasado. Si bien las Fuerzas Armadas mantendrán su papel en el desarrollo de infraestructura con obras como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, tendrán menos recursos para cumplir sus funciones naturales de protección de la soberanía nacional. Estos recortes podrían limitar la capacidad operativa de las fuerzas armadas en un contexto donde la seguridad nacional es la preocupación más importante para el desarrollo económico y la estabilidad social, como lo señala un artículo reciente de México Evalúa

Aunque la distribución de recursos entre subfunciones refleja las prioridades del Gobierno, también pone en evidencia los costos de oportunidad asociados. Se priorizan rubros como el transporte ferroviario y el desarrollo regional, mientras recortes en áreas clave como seguridad, infraestructura carretera o energía comprometen la conectividad, el comercio, la estabilidad y la competitividad económica del país. Estos patrones subrayan la necesidad de decisiones presupuestales balanceadas que maximicen el impacto positivo en el desarrollo sostenible y el bienestar general.

Tres estados concentran casi la mitad del presupuesto en 2025

Analizar la distribución territorial de la inversión física permite comprender cómo se asignan los recursos públicos entre las entidades federativas y evaluar si esta asignación responde a las necesidades de desarrollo regional y equidad. Este análisis contribuye a identificar disparidades, priorizar proyectos estratégicos y promover un crecimiento económico equilibrado en todo el país.

La distribución de la inversión física por estado en 2025 pone de manifiesto las prioridades regionales del nuevo Gobierno y los desafíos asociados a la equidad territorial en la asignación de recursos. En el primer año de Sheinbaum, Ciudad de México y Tabasco concentran el 40% de la inversión física proyectada, lo que significa que cuatro de cada diez pesos destinados a infraestructura irán a estas dos entidades, mientras el 60% restante se repartirá entre los otros 30 estados. Ciudad de México lidera con 202.6 mmdp, equivalentes al 24.2% del total, seguida por Tabasco con 130.1 mmdp (15%). Campeche ocupa un distante tercer lugar con 55.5 mmdp (6.6%).

Comparando con el promedio del sexenio de López Obrador, las tres principales receptoras de inversión física –Campeche, Ciudad de México y Tabasco– mantienen su liderazgo, concentrando en conjunto el 47% de los recursos en ambos periodos. Sin embargo, se observa un cambio significativo: mientras que Campeche lideró con casi el 17% de la inversión física durante el sexenio anterior —debido a la inversión petrolera de Pemex— Ciudad de México tomará la delantera en 2025, con un incremento de casi 10 puntos porcentuales respecto al promedio recibido durante el gobierno de López Obrador (14.3%). Este cambio se debe a la inclusión de proyectos prioritarios relacionados con trenes que involucran a esta entidad, mientras que no se consideran proyectos del sector petrolero, tradicionalmente enfocados en Campeche. Tabasco, por su parte, mantiene una posición estable, concentrando el 16% de la inversión física en ambos periodos. Esta preponderancia se debe a que Tabasco es el estado con la mayor producción de petróleo terrestre4 con el 25% del total, por lo que recibe inversión constante de Pemex para la extracción de hidrocarburos. 

En el otro extremo, los estados con menor asignación de inversión física en 2025 son Aguascalientes y Zacatecas. El primero recibirá apenas 0.3% del total, mientras que el segundo obtendrá 0.4%. Estas cifras reflejan una continuidad respecto al sexenio anterior, donde ambas entidades ocuparon las últimas posiciones, con promedios de 0.3% y 0.5%, respectivamente.

La concentración de casi la mitad de la inversión física en tres estados plantea interrogantes sobre la equidad del gasto público en infraestructura. Si bien es necesario priorizar proyectos estratégicos en regiones clave como Ciudad de México y Tabasco, esta distribución asimétrica puede perpetuar desigualdades regionales, y limitar el desarrollo económico y social en entidades con menores recursos. Aguascalientes y Zacatecas, con asignaciones mínimas, enfrentan retos significativos para mejorar su infraestructura y atraer inversión privada.

Una distribución más equilibrada de la inversión física podría generar mayores beneficios a nivel nacional, al fortalecer la conectividad, la competitividad regional y la cohesión territorial. Los tomadores de decisiones deben considerar cómo optimizar estos recursos para impulsar el bienestar de todas las regiones del país, asegurando que la infraestructura pública se traduzca en oportunidades reales para sus habitantes.

Frenón a las asociaciones público-privadas

Como hemos expuesto hasta este punto, para 2025 se propone un recorte importante en el gasto de inversión física. No es una condición deseable, considerando que se espera que la economía crezca al 2.3% en términos reales. Con una menor inversión pública, cumplir con esta meta será todo un desafío. Sin embargo, la nueva administración puede impulsar la inversión mediante otros esquemas de financiamiento. Una posible solución es el modelo de inversión a través de asociaciones público-privadas (APP)5. Si se planifican adecuadamente, estas alianzas entre particulares y el Gobierno, pueden potenciar la creación de infraestructura para fortalecer las capacidades productivas de un país. Sin embargo, en el nuestro, esta oportunidad ha sido desaprovechada.

Desde la administración anterior se han creado prejuicios negativos sobre la inversión privada y las posibles colaboraciones que pudieran darse en el sector público y privado. A tal punto, que se ha ido reduciendo el número de proyectos de inversión financiados mediante este tipo de mecanismo y, para 2025 se proponen tan sólo 13 proyectos de inversión bajo el esquema APP. Mientras que para 2024 se habían aprobado 18 proyectos de inversión.

La disminución en el número de proyectos se debe a la terminación de dos proyectos a cargo del IMSS para la construcción de un hospital en Chiapas y otro en Nayarit. Así como la terminación de tres proyectos de construcción de hospitales a cargo del ISSSTE. 

Sin embargo, no se están proponiendo nuevos proyectos de inversión mediante este esquema de financiamiento La nueva administración está desaprovechando esta oportunidad para impulsar la inversión en el país y fortalecer el crecimiento económico. 

Conclusiones

El proyecto de inversión en infraestructura para 2025 tendrá graves consecuencias. En el corto plazo, el menor gasto podría desacelerar el crecimiento económico, lo que impactaría indirectamente a la recaudación tributaria y la solvencia del Gobierno. Sin embargo, el mayor impacto se sentirá a mediano plazo, ya que los recortes en áreas sustantivas como la salud, abastecimiento de agua, combustibles o transporte carretero, limitarán la capacidad del Estado de garantizar derechos o proveer servicios a la población. 

En estas circunstancias, una solución para fomentar el desarrollo económico y social sería aprovechar el uso de las APPs. Aunque no se contemplen nuevas figuras en el Paquete Económico 2025, no es tarde para crear un Plan Nacional de Infraestructura que las contemple. Los datos así lo exigen.


Notas:

  1. Esto se debió a que los ingresos del Remanente de Operación del Banco de México (Banxico) fueron utilizado para reducir el endeudamiento de aquel año, lo que mejoró el indicador de la Regla de Oro. ↩︎
  2. Los nombres completos de estos fondos son: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito Federal (Fortamun). ↩︎
  3. Por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, a pesar de ser un proyecto prioritario, no cuenta con presupuesto proyectado para 2025. En el Paquete Económico 2024 tampoco contó con presupuesto, pero durante el año se le reasignaron 43.4 mmdp. ↩︎
  4. Alrededor del 65% de la producción de crudo en México se realiza en aguas territoriales, cerca de las costas de Campeche, Tabasco y Veracruz. ↩︎
  5. Para mayor detalle sobre las APP, consultar el cuadernillo de México Evalúa “Impulso para grandes obras. Detonar a las Asociaciones Público Privadas (APP)”, en: https://politicas-publicas-a-tu-medida.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2024/10/Cuadernillo-2.pdf ↩︎

Gasto Público, Inversión física, Paquete Económico 2025