Gasto federalizado 2026: un aumento que esconde retrocesos históricos
Los recursos que otorga la Federación a los estados aumentarán 3% en 2026 frente a lo aprobado en 2025; muy por debajo de lo alcanzado hace una década. Además, el incremento es menor al crecimiento poblacional.
El gasto federalizado —los recursos que otorga la Federación a los estados— aumenta en 2026 frente a lo aprobado en 2025. Sin embargo, se mantiene por debajo de lo alcanzado hace una década. Al mismo tiempo, se recortan componentes esenciales para el bienestar social y la coordinación entre Federación, estados y municipios. A ello se suma que el crecimiento de estos recursos en términos reales es menor al incremento de la población, lo que significa que avanzan a un ritmo más lento que las demandas que deberían atender.
Las transferencias financieras a estados y municipios fomentan la gobernabilidad democrática y el desarrollo equilibrado del país. Al conjunto de reglas, mecanismos y procedimientos que distribuyen los recursos entre los diferentes niveles de gobierno, se le conoce como federalismo fiscal. Entre las razones principales de este diseño está que las administraciones locales son más cercanas a la gente y a sus necesidades, por lo tanto gestionan mejor el gasto. En cambio, concentrar el presupuesto en el Gobierno central, lejos de ser una solución, puede agravar los problemas de ineficiencia, opacidad y lejanía a las demandas de la ciudadanía.
El aumento del gasto federalizado en 2026 se debe a rubros que crecen de forma automática según los ingresos del Gobierno. Sin embargo, se debilitan los fondos que dependen de la voluntad política. En resumen: pese al incremento, no se observa una voluntad política en el Paquete Económico 2026 para fortalecer el federalismo fiscal.
Para analizar el gasto federalizado en 2026 se realizan tres comparaciones clave: frente a lo aprobado para 2025, con lo efectivamente ejercido en 2024 y con el máximo histórico registrado en 2015. Con ello se busca mostrar no sólo cuánto ha crecido en el último año, sino cómo luce en el mediano plazo y qué tan lejos está de los niveles más altos del pasado.
Evolución reciente del gasto federalizado y pérdida de poder adquisitivo
El monto total del gasto federalizado para 2026 será poco menos de 2.82 billones de pesos. Respecto a lo aprobado para 2025 es un aumento de 3%, es decir de 82.7 mil millones de pesos (mmdp). Sin embargo, este incremento resulta modesto al compararse con la trayectoria reciente: el monto proyectado es apenas 0.4% (11.9 mmdp) mayor al ejercido en 2024. Es una ganancia mínima en poder adquisitivo en dos años.
La brecha es más clara al revisar el año de 2015, cuando se alcanzó el máximo histórico desde 1998. En esa etapa el gasto federalizado adoptó su estructura actual de participaciones y aportaciones del Ramo 33. En 2015, el gasto federalizado llegó a 2,838.9 mmdp, cifra 1% (28.2 mmdp) superior a la proyectada para 2026 en términos reales. Esto confirma que, a pesar de leves aumentos recientes, las transferencias federales permanecen estancadas desde hace una década.
La tendencia se agudiza al analizar el gasto federalizado por habitante. Para 2026 equivale a 20,912 pesos por persona. Aunque este monto supera al de 2025 (20,456 pesos por habitante), se mantiene por debajo del nivel registrado en 2024 (21,159) e implica casi 2,300 pesos menos por persona en comparación con el máximo alcanzado en 2015, cuando se registraron 23,200 pesos por habitante. La diferencia es de -9.9%, pues ese lapso se estima1 que la población del país se haya incrementado en un ritmo similar: 9.8% (12 millones de habitantes) Incluso, en una perspectiva de largo plazo, hay todavía otros siete años con mayores recursos per cápita que 2026, lo que evidencia que la recuperación reciente es insuficiente para revertir el deterioro acumulado.
En otras palabras, el estancamiento del gasto federalizado, junto con el crecimiento poblacional, muestra que la capacidad de estas transferencias para atender necesidades sociales avanza más lento que las propias demandas. Estas necesidades incluyen funciones que los estados y municipios deben realizar, como la provisión de seguridad pública local, alumbrado, drenaje, alcantarillado, recolección de basura, panteones, rastros, calles y protección civil, lo que limita su impacto en el bienestar de la población.
El gasto federalizado crece en monto, pero pierde espacio en el gasto total
Aunque en términos absolutos el gasto federalizado aumentará en 2026, de hecho lo que avanza es la tendencia hacia la centralización de las finanzas públicas. Esto significa que, pese al incremento en monto, los estados reciben una proporción menor del presupuesto federal y su participación dentro del gasto total del Gobierno federal se reduce.
En 2026, el gasto federalizado tendrá la menor proporción del gasto total registrada desde que hay datos disponibles: 27.8%. Lo anterior pone de relieve cómo el crecimiento de las transferencias a los estados ha ido más lento que el gasto total de la Federación. En otras palabras, mientras el presupuesto federal continúa expandiéndose —en pago de pensiones, intereses de la deuda, transferencias sociales, etcétera—, la parte que se destina a los gobiernos subnacionales disminuye en términos relativos. El resultado es que su papel dentro del esquema de coordinación fiscal se debilita.
La comparación con años anteriores confirma el retroceso: en 2015, las transferencias a los estados alcanzaron 33.8% del gasto total, seis puntos porcentuales más que en la actualidad. Esta caída significa que, en términos relativos, las administraciones públicas estatales y municipales cuentan con menos recursos provenientes de la Federación, lo que pone en entredicho la capacidad del federalismo fiscal para sostener un proceso real de descentralización.
Este retroceso no es un hecho aislado, sino una tendencia sostenida a lo largo de once años, de 2015 a 2026. En ese periodo, la participación de las transferencias federales en el gasto total ha disminuido de manera constante. Aunque ocasionalmente ha crecido en términos absolutos, lo ha hecho a un ritmo menor que el gasto total del Gobierno. En pocas palabras, el gasto federalizado ha perdido relevancia en el presupuesto federal.
Este menor peso relativo dentro del gasto total se acompaña de un cambio en la forma en que se distribuyen los recursos. Más allá de la reducción en su participación, lo relevante es cómo se reconfiguran los distintos rubros, lo que permite observar con mayor claridad las prioridades del Gobierno federal y las áreas que se debilitan.
Transferencias a estados: entre la pérdida de peso y el rezago internacional
Las transferencias del Gobierno central a los estados se mantienen por debajo de varias referencias internacionales. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2023 estas transferencias representaron, en México, 7.4% del producto interno bruto (PIB). La cifra es más de 10 puntos porcentuales menor a la de países como Dinamarca (17.6%), donde los municipios son responsables de servicios sociales clave como la salud o educación.
Es cierto que México supera a países de la región como Chile (1.4%) y Costa Rica (0.3%), con la diferencia de que sus regímenes no son federales —cuando los estados cuentan con entidad jurídica propia y, en teoría, autonomía política— sino unitarios —es decir, sus demarcaciones políticas son meras divisiones administrativas—. En estos países, el Gobierno central es el responsable de gastos clave como salud, educación o seguridad social, por lo cual las transferencias hacia sus distintas regiones no son preponderantes.
Cabe mencionar que en naciones como Alemania la estructura política es federal y, además, son fiscalmente descentralizados. Esto implica que los estados tienen más facultades para el cobro de impuestos. Por ello, las transferencias federales en Alemania son de sólo 1.9% del PIB. Por el contrario, México es un país federal, pero los estados tienen pocas facultades del cobro de impuestos, lo que las hace más dependientes de las transferencias federales.
Por su naturaleza federalista, los estados en México tienen vastas responsabilidades hacia sus ciudadanos, por lo que la mengua de recursos que reciben del Gobierno central limita el cumplimiento. Esta disminución también es evidente al comparar el gasto federalizado en relación al tamaño de la economía. En 2015 representó 8.6% del PIB, pero para 2026 se estima en 7.3%, mismo nivel que 2025 y 0.2% inferior a 2023 y 2024.
Estructura del gasto federalizado y cambios en sus componentes
El gasto federalizado se integra por rubros con diversas funciones relevantes para el nivel de vida de la población. Entre ellas se encuentran las participaciones y las aportaciones. Las primeras son recursos de libre disposición que los estados pueden usar según sus prioridades locales. En contraste, las aportaciones están etiquetadas para aplicarse en áreas estratégicas como salud, educación, infraestructura social, seguridad pública y asistencia social. Ambas son transferencias automáticas, ya que su entrega y distribución están normadas en la Ley de Coordinación Fiscal.
El gasto federalizado también incluye los recursos para salud pública, destinados a la atención de personas sin seguridad social; los convenios de descentralización, que buscan coordinar proyectos con la Federación; y los subsidios del Ramo 23, que apoyan objetivos específicos del Gobierno central. A diferencia de las participaciones y aportaciones, estos recursos no tienen un marco normativo tan rígido y dependen en mayor medida de decisiones discrecionales del Ejecutivo federal.
En conjunto, los componentes descritos determinan el tamaño y la orientación del gasto federalizado y su posible impacto con el bienestar de la población. Analizar su evolución es importante, porque sus variaciones muestran la evolución en las prioridades del Gobierno federal y el mayor o menor margen que conservan los estados para atender las necesidades sociales.
El crecimiento observado del Gasto federalizado en 2026 frente a 2025 se explica principalmente por el impulso de las participaciones y las aportaciones. Las primeras subieron 5% (69.2 mmdp), mientras que las segundas avanzaron 2.6% (28.5 mmdp). Este aumento es automático, ya que estos componentes aumentan a la par de los ingresos federales.
En contraste, los recursos para salud pública retrocedieron 9.1% (8.1 mmdp), los subsidios del Ramo 23 cayeron 4.6% (0.7 mmdp) y los convenios de descentralización disminuyeron 4.5% (6.2 mmdp). La caída en los recursos para la salud se deben al proceso de integración del IMSS-Bienestar, donde los estados han cedido progresivamente la responsabilidad de la atención pública a la Federación. Debido a ello, ésta les ha recortado los recursos que antes les otorgaba para el cumplimiento de estos derechos. En el caso del Ramo 23, la merma se debe a una reducción progresiva desde 2019 en programas de fortalecimiento financiero e infraestructura.
Como se señaló en el análisis de los totales, si se compara con años previos el incremento global del gasto federalizado en 2026 es limitado. En contraste con 2024, a pesar de que las participaciones crecieron 7.6% (102.8 mmdp) y las aportaciones 1.3% (14.2 mmdp), otros componentes registraron caídas pronunciadas: los subsidios del Ramo 23 retrocedieron 36.8% (-7.9 mmdp) y los convenios de descentralización 40.9% (-92.3 mmdp). La expansión en las transferencias automáticas apenas compensa de forma parcial la reducción de los fondos más flexibles y orientados a proyectos.
La comparación con el máximo histórico de 2015 refuerza esta tendencia. Los recursos destinados a salud pública son 34.6% (-42.8 mmdp) menores que en 2016, los subsidios del Ramo 23 prácticamente han desaparecido al ser 94.8% (-246.2 mmdp) más pequeños, los convenios de descentralización se reducen a la mitad (-128.6 mmdp) y los de reasignación pasaron de 12.9 mmdp en 2015 a quedarse sin presupuesto proyectado para 2026.
La evidencia muestra que, si bien hay incrementos en las transferencias automáticas, éstos no alcanzan para revertir la pérdida sostenida en los fondos destinados a funciones sociales y coordinación intergubernamental.
Desigualdades de hasta 11 mil pesos en las participaciones y las aportaciones por habitante
Analizar el gasto federalizado por habitante en cada estado dimensiona con más precisión las desigualdades en la distribución de recursos. Para este análisis resulta apropiado aproximarlo con participaciones y aportaciones, pues son los componentes que efectivamente cuentan con distribución geográfica en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF)2.
Considerando las participaciones y aportaciones proyectadas para 2026, en promedio por estado serán de 19,044 pesos per cápita. Sin embargo, la distribución es desigual: más de la mitad de los estados (20 en total) recibirán menos que esa cantidad. El mayor perdedor es Puebla, con apenas 15,845 pesos por habitante, alrededor de 3,000 pesos menos que el promedio nacional. Guanajuato ocupa el segundo lugar con menos recursos, al captar 16,318 pesos por persona, es decir, unos 2,700 pesos menos que el promedio.
En el otro extremo se ubican Ciudad de México, Guerrero y Campeche, que concentran los mayores beneficios. La Ciudad de México recibirá 27,113 pesos per cápita, Guerrero 22,821 y Campeche una cifra muy similar, de 22,767 pesos. Esto implica que la capital del país obtendrá cerca de 6,000 pesos más por persona que el promedio nacional y alrededor de 11,000 pesos adicionales respecto a lo recibido por Puebla y Guanajuato.
Estas diferencias no son casuales. La Ciudad de México concentra la mayor parte de la actividad económica nacional y es sede de las principales instituciones del Gobierno federal. En Campeche, el peso de los recursos petroleros eleva el nivel de transferencias, mientras que en entidades con poblaciones grandes como el Estado de México o Guanajuato, los recursos se diluyen entre un número mayor de habitantes.
Además, las fórmulas de distribución de participaciones consideran variables como la recaudación local y la actividad económica, lo que favorece a estados con mayor dinamismo fiscal. A su vez, las aportaciones incorporan indicadores de rezago socioeconómico, que atraen recursos hacia regiones específicas. Estos criterios, sumados a la estructura económica y demográfica de cada entidad, explican por qué persisten desigualdades de hasta 11,000 pesos por habitante en el federalismo fiscal mexicano.
Dependencia de las entidades federativas del gasto federalizado
El sistema de coordinación fiscal en México parte de un acuerdo central: los estados ceden a la Federación facultades tributarias relevantes, como la recaudación del impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA), a cambio de recibir una parte de esos recursos a través de transferencias. Este esquema busca garantizar una recaudación más eficiente y homogénea, pero también genera una fuerte dependencia de los gobiernos locales al gasto federalizado.
Las entidades federativas están supeditadas en gran medida a estas transferencias para sostener sus presupuestos y poner en marcha políticas públicas. En promedio, 85% de los recursos estatales provienen del gasto federalizado; en otras palabras, de cada 100 pesos con los que cuentan los gobiernos locales, 85 se originan en tales dotaciones. Esta proporción revela que el federalismo fiscal determina, en buena medida, la capacidad de los estados para proveer bienes y servicios públicos.
Aunque todos los estados muestran una marcada sujeción a los recursos federales, existen diferencias importantes en su grado de autonomía financiera. Las entidades con mayor rezago socioeconómico, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, reciben casi la totalidad de su financiamiento de la Federación, con alrededor de 95% de sus presupuestos.
En el extremo opuesto, los estados con menor vinculación —Ciudad de México, Nuevo León y Baja California— todavía cubren cerca de 70% de sus ingresos a partir del gasto federalizado. Incluso en estos casos, la elevada proporción confirma que ningún estado puede prescindir de las transferencias para sostener su operación cotidiana y atender las necesidades de su población.
El gasto federalizado constituye la columna vertebral de las finanzas públicas estatales. Más allá de las diferencias entre entidades, el hecho de que entre 70% y 95% de los presupuestos locales dependan de recursos federales demuestra que el sistema actual limita la autonomía de los gobiernos estatales y coloca al federalismo mexicano en una posición frágil frente a las decisiones del Gobierno central.
Notas al pie
- Para 2026, el Consejo Nacional de Población (Conapo) proyecta que la población de México a mitad de año será de 134.4 millones de personas. En 2015, eran 122.3 millones. ↩︎
- Otros componentes como el Ramo 23, o los convenios de reasignación o descentralización suelen no contar con información geográfica en el PPEF y sólo cuentan con esa información en la presentación de la Cuenta Pública. ↩︎
