Autor: México Evalúa

ESPECIAL: las 10 tragedias inocultables en la hacienda pública a mitad de sexenio

Escrito por México Evalúa en febrero 23, 2022. Publicado en Analisis, Temas selectos.

Por Mariana Campos (@mariana_c_v) y Jorge Cano (@Jorge_eCano)

Llegados a la mitad del sexenio, ya es posible identificar cuáles han sido los éxitos y fracasos en la gestión de las finanzas públicas, así como las prioridades reales –‘oficiales’– reflejadas en el gasto público.

El contexto general ha estado marcado por el estancamiento de los ingresos públicos, particularmente del Impuesto sobre la Renta (ISR), a pesar de la narrativa de fiscalización agresiva contra grandes contribuyentes y estrategias como la eliminación de la compensación universal, el aumento masivo de cartas invitación para la “autocorrección” fiscal y mayores causales para cancelación de sellos digitales.

Por el lado del gasto, observamos que la principal prioridad ha sido Pemex, tanto en la inversión como en la capitalización de la empresa. Al mismo tiempo, el apoyo para la CFE empieza a resquebrajarse, y lo que no admite duda es que los principales perdedores del sexenio han sido las entidades federativas.

Asimismo, identificamos que el gasto en salud sigue sin ser prioridad, pese a las lecciones de la historia reciente marcada por la pandemia, mientras los programas sociales no han aumentado más que en opacidad.

Finalmente, como legado del resto de sexenio se anticipa una fragilidad de las finanzas públicas provocada por el agotamiento de los fondos de estabilización y el desmantelamiento del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que se ha vuelto una herramienta clientelar más, en lugar de atender la reconstrucción en las comunidades y demás necesidades apremiantes de la población.

Describamos una a una estas tragedias.

1. Ingresos públicos estancados y con pérdidas

Ni los esfuerzos de fiscalización, ni la gran inversión en Pemex han logrado revertir el estancamiento de los ingresos públicos. Desde 2016, cuando ingresaron a las arcas del Gobierno 6.1 billones de pesos, no se ha repetido la bonanza.

A mitad de camino en la Administración AMLO podemos decir que el avance de los ingresos no es satisfactorio, en comparación con el cierre del gobierno anterior, en 2018. En 2021 el total de ingresos fue de 5.96 billones de pesos, sólo 3% (167 mmdp) superiores a los de 2018 o 6% (317 mmdp) por arriba de los observados en 2020. Visto de otro modo, los ingresos han aumentado sólo 1% (55.9 mmdp) en cada año de lo que llevamos de sexenio, en promedio.

Al desagregar los distintos tipos de ingresos, los tributarios son los que más han aportado al somero crecimiento. En 2021 cerraron en 3.56 billones de pesos, 1% (37 mmdp) más que en 2020 y 3% (98.5 mmdp) más que en 2018. No obstante, respecto al fin del sexenio de Peña Nieto, el 80% (79 mmdp) del crecimiento se debe a un mayor cobro de IVA, un impuesto que tiene poco que ver con las estrategias de fiscalización del Gobierno y más con el crecimiento de la población o la llegada récord de remesas, que han mantenido e impulsado el consumo interno.

El segundo componente que más ha estimulado los ingresos son los no tributarios no petroleros (NTNP), es decir, los aprovechamientos… Es decir, la extinción de fideicomisos y fondos de estabilización. Por ese concepto, en 2021, ingresaron 385.5 mmdp, 27% (82.5 mmdp) más que al cierre de 2018, aunque 34% (197 mmdp) menos que en 2020. Ya presenta rendimientos decrecientes esta estrategia.

Finalmente, los ingresos petroleros cerraron 2021 en 1.15 billones, 81% (516 mmdp) más que en 2020 –año que vio un desplome en los precios del petróleo–, pero sólo 4% (48.5 mmdp) más que en 2018. ¿Dónde están los resultados para las finanzas públicas de la gran apuesta en Pemex?

2. Cuando el “pastel” de la economía no crece, el ISR tampoco

Diez mil millones de pesos (10 mmdp) o 1% de crecimiento para el ISR. Éste es el resultado de la agresiva estrategia de fiscalización del Gobierno federal, pero en un contexto en el que la economía se mantiene débil, no logra recuperarse a los niveles de 2018.

Al cierre de 2018 la recaudación de este impuesto fue de 1.88 billones de pesos. En 2019, con la desaceleración económica, cayó a 1.84 billones; para 2020, con todo y pandemia, se recuperó a 1.86 billones, y en 2021, el año de la recuperación, el ISR llegó a 1.89 billones. Se puede argumentar que la fiscalización por lo menos ayudó a mantener la recaudación ante tres años de estancamiento económico, pero es innegable que el avance es nulo, por donde se vea. Pero lo que debemos ver es que si la economía no hubiera decrecido en 2019, y se hubiera recuperado bien en 2022, la fiscalización agresiva

Esta fiscalización desde 2019 se fundamentó en el ABC fiscal: Aumentar la eficiencia recaudatoria; Bajar la evasión y elusión fiscal; y Combatir corrupción. También se eliminó la Compensación Universal que permitía saldar créditos fiscales en contra de un impuesto federal con saldo a favor de otro impuesto. Ahora los contribuyentes tienen que pedir devoluciones y enfrentar trabas administrativas. Finalmente, el Plan Maestro se ha enfocado en fiscalizar a Grandes Contribuyentes con auditorías focalizadas.

Al interior de los distintos sectores económicos ^[1]se observa que sólo cinco de 22 han tenido un crecimiento considerable; ocho sectores aportan menos de ISR que en 2018 y en cinco el aumento es menor al 5%.

Frente a 2018, el sector que más ha aumentado en términos de recaudación es el de dirección de corporativos y empresas. En 2021 aportó 53.6 mmdp, 58% (19.7 mmdp) más que en 2018. No obstante, en 2019 y 2020 su aportación rondó los 37 mmdp. Es decir, la fiscalización sobre la cúpula empresarial sólo se reflejó en 2021. Además, la cifra del año pasado está lejos de los mejores años –2011 o 2013, cuando el sector aportó más de 80 mmdp–. No hay mejora, sólo recuperación.

Le siguen los sectores del comercio al por mayor, con un aumento de 10.4% (14.3 mmdp), y comercio al por menor, en 12.7% (13 mmdp) frente a 2018. La dinámica de los mismos se explica por la resiliencia del mercado interno, que también ha impulsado al IVA. Además, pocas estrategias se han puesto en marcha para incrementar la tributación en el comercio al por menor, salvo la reciente creación del Régimen Simplificado de Confianza (RSC).

Asimismo, las actividades de gobierno y de organismos internacionales han crecido 9.2% (13 mmdp) frente a 2018. Aquí tampoco cabe el discurso de la fiscalización, puesto que se analiza la aportación de ISR del mismo gobierno. Donde sí se observa una mayor fiscalización es en la minería, la cual en 2021 aportó 65 mmdp, 24.7% (12.9 mmdp) más que en 2018, su mayor monto en la década. Este sector también ha estado en la mira del SAT.

Por el otro lado, hay sectores que destacan negativamente. En primer lugar, las industrias manufactureras –el sector de mayor peso en la tributación– aportaron 342 mmdp en 2021, sólo 0.4% (1,3 mmdp) más que en 2018.

Los servicios profesionales, científicos y técnicos –el sector que más personas físicas agrupa–aportó 135 mmdp en 2021, 12.3% (19 mmdp) menos que en 2018. Esto es muestra de la pérdida de empleos y de la disminución en la remuneración de los mismos.

De igual forma, el sector de servicios de apoyo a los negocios, manejo de desechos y servicios de remediación aporta 145 mmdp, 21% (39 mmdp) menos que en 2018 o 24% (46 mmdp) menos que en 2020. Esto puede estar relacionado con la desaparición del outsourcing que, no obstante, no se ha reflejado en mejor recaudación en los servicios profesionales o industrias manufactureras, donde están la mayoría de personas físicas.

Tampoco se ha visto avance en los servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas, el cual aportó en 2021 10.9 mmdp, 36% (6.2 mmdp) menos que en 2018. Otra muestra más de la debilidad del empleo formal de los mexicanos.

3 Estancamiento en el gasto público e inversión, excepto para Pemex

Si los ingresos públicos se han estancado, no extraña para nada que el gasto público se haya deprimido. En 2021 fue de 6.73 billones de pesos, 6.4% (403 mmdp) más que en 2020, pero parte de este crecimiento se debe a los 316 mmdp que se transfirieron a Pemex de forma extraordinaria. Sin estas transferencias, el crecimiento hubiera sido de sólo 1.4% (86 mmdp) frente a 2020, o de 1.5% (92 mmdp) frente a 2018.

Además, con todo y transferencias a Pemex, el gasto neto del sector público es prácticamente igual al alcanzado en 2016.

Al interior de la inversión pública, el gasto se ha visto castigado excepto para la empresa petrolera. En 2021 la inversión física fue sólo 0.2% (1.45 mmdp) superior a la de 2020, pero 1.1% (7.7 mmdp) inferior a la de 2018. No obstante, la inversión enfocada en Pemex fue 29% (60 mmdp) mayor que en 2020 o 26% (55 mmdp) mayor que en 2018. En otras palabras, todos los sectores de inversión fueron castigados, excepto Pemex.

La inversión sin Pemex cerró con una caída de 12% (58.9 mmdp) frente a 2020 o 13% (63 mmdp) respecto de 2018. Sólo por poner algunos ejemplos, la inversión en Salud cerró 11% (2.1 mmdp) por debajo en relación con 2018; la de educación, 11% (2 mmdp) igualmente debajo, y la de ciencia, tecnología e innovación fue 91% (2.4 mmdp) menor.

4 Gasto en salud: aunque usted no lo crea, sigue sin ser prioridad

Pese a ser un pilar del bienestar de la ciudadanía, y con todo y pandemia de covid-19, el gasto en salud no ha sido prioridad en la actual administración. En 2021 cerró con un aumento de sólo 0.3% frente a 2021, u 8% (52 mmdp) frente a 2018. No obstante, 54.9 mmdp de ese gasto consistió en aportaciones a fideicomisos, lo que implica que no tenemos certeza de que los recursos efectivamente hayan llegado a la gente.

Sin las aportaciones a fideicomisos, el gasto funcional en salud fue 0.9% (5.9 mmdp) menor al de 2020 –cuando se aportaron 48.9 mmdp a estos instrumentos– o 2.1% (13.4 mmdp) superior a lo erogado en 2018, cuando se aportaron a fideicomisos 16.3 mmdp. Es decir, el gasto que sabemos que efectivamente ha llegado a la población acumula un aumento promedio de sólo 0.7% o 4.5 mmdp.

Otra forma de analizar el gasto en salud es a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), un organismo de la Secretaría de Salud, que atiende a las personas no derechohabientes de los otros sistemas, como el IMSS, ISSSTE, Sedena o Semar. O sea, que apoya a los mexicanos que más lo necesitan.

Pues bien, en 2021 el gasto total del Insabi, sin contabilizar aportaciones a fideicomisos, fue de 59.1 mmdp, 7% (4.4 mmdp) menor al de 2020, 4% (2.2 mmdp) menor a 2019 o 25% (19.6 mmdp) por debajo del promedio de 2012 a 2018. Para resumir, los recursos efectivamente gastados en la salud de la gente eran superiores cuando todavía existía el Seguro Popular. El análisis más profundo en salud se encuentra aquí.

5 Crecen los programas sociales, pero en opacidad

Pese al discurso del Ejecutivo, el gasto público en programas sociales no se ha incrementado en pesos. Lo único que ha aumentado es la proporción de programas que no clarifican su distribución geográfica, carencia que los hace menos transparentes y da pie a actos de corrupción.

En 2021 el gasto total en programas sociales fue de 730.8 mmdp, una caída de 5% (40.9 mmdp) frente a 2020 o de 1% (3.9 mmdp) frente a 2018. Ahora, si se compara frente al mejor año en la última década, 2015, la caída es de 17% (144 mmdp).

La caída en el gasto para programas sociales puede explicarse por el estancamiento de los ingresos tributarios o por el desplome de los ingresos petroleros. Lo que no tiene explicación es el incremento de programas sociales, que no muestran distribución geográfica o que por defecto están registrados en la Ciudad de México.

En 2018, último año de la administración pasada, sólo el 39% del total de programas sociales estaba en esta condición de opacidad. Un año después, en 2019, la proporción subió al 55% y para 2021 cerró en 58% del total.

Los principales programas que carecen de transparencia geográfica son también los prioritarios del Gobierno, como Sembrando Vida, el Programa IMSS Bienestar, el Programa de Vivienda Social o el Programa de Microcréditos para el Bienestar.

6 El abandono fiscal de CFE

En 2021 la CFE tuvo su peor déficit financiero desde 1990 –año a partir del cual se tiene registro–, por 60.5 mmdp, como lo explicamos en nuestro Erario Anual. La paraestatal ha comunicado que esto se debió a eventos “fortuitos”, como el congelamiento de ductos de gas en Texas. Los datos apuntan a otra razón: una mala planeación financiera y al abandono por parte de la Secretaría de Hacienda, que se quedó sin recursos

En 2020 la recesión económica causada por el covid abarató los precios de los energéticos. Ese año la CFE gastó 14% (34.6 mmdp) menos de lo presupuestado en su capítulo de Materiales y Suministros, es decir, en combustibles para la producción de electricidad. Para 2021, la Secretaría de Hacienda y CFE, en lugar de anticipar una recuperación de los energéticos, apostaron a que se mantendrían bajos. Se presupuestaron incluso 12% (27.6 mmdp) menos recursos para insumos de los utilizados en 2020.

Como era de esperarse, en 2021 las economías del mundo se recuperaron, al igual que los precios de los combustibles, y la CFE acabó gastando 40% (74.3 mmdp) más de lo aprobado en el capítulo de Materiales y Suministros. Si en 2021 se hubiera aprobado el mismo monto que se gastó en 2019, a la CFE le hubieran sobrado incluso 16.4 mmdp para insumos.

En suma, la CFE acabó gastando más que sus ingresos. Esto no hubiera sido un problema si Hacienda hubiera compensado el déficit de la paraestatal con más subsidios, pero contra todo pronóstico Hacienda abandonó a la energética a su suerte, por lo que la paraestatal cayó en déficit financiero por primera vez desde 2009.

La CFE y Hacienda habían planeado cerrar 2021 con un balance financiero positivo, de 28.5 mmdp. Para lograrlo se habrían tenido que desembolsar 89 mmdp más en subsidios, adicionales a los 70.2 mmdp ya pagados, haciendo que el apoyo total para la energética llegara a 159.2 mmdp. Este monto es superior a todo el presupuesto de la Sedena, por ejemplo.

Finalmente queda la duda sobre la falta de coberturas financieras para el gas que utiliza la CFE. En sus reportes financieros la empresa sólo menciona tener estos instrumentos para protegerse de variaciones del tipo de cambio y tasa de interés; no menciona nada con respecto al gas. No obstante, en su Plan de Negocios 2022-2026 afirma que entre sus metas está el desarrollo de estas coberturas, por lo que se intuye que no cuenta con ellas. Éste es otro factor que explica el golpe que sufrió la CFE por el aumento de precios de los combustibles.

¿Qué nos espera para 2022? Más inestabilidad financiera. Lo presupuestado en el capítulo de Materiales y Suministros es todavía 26% (69.2 mmdp) menor de lo observado en 2021. Con las perspectivas económicas y políticas se anticipa que los energéticos sigan aumentando de precio, por lo que la CFE se seguirá viendo presionada en sus finanzas y tendrá que seguir recortando inversión. En efecto: es el peor momento financiero para una reforma eléctrica.

7 Transferencias millonarias de Pemex, pero pérdidas de operación

El 2021 fue un año de contrastes para Pemex: recibió el apoyo más cuantioso del Gobierno federal en lo que va del sexenio, pero también sufrió su peor balance de operación desde 2016.

En 2021 la petrolera recibió 316 mmdp de capitalización por parte de la Secretaría de Energía. Esto equivale al 95% de todo el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública –la cual, por cierto, es a la que históricamente se le asignan más recursos–. Además, cabe destacar que en el PEF 2021 sólo se habían autorizado 45 mmdp de aportaciones a Pemex, por lo que hubo un sobregasto de 600% (271 mmdp) que no pasó por el escrutinio democrático.

En fin, estas aportaciones a Pemex fueron 247% (225 mmdp) superiores a las promediadas en 2019 y 2020 o 703% (277 mmdp) superiores a las otorgadas entre 2014^[2] y 2018 por la administración de Peña Nieto. Podemos decir que 2021 fue el año en que se sacrificó al erario público en el altar de Pemex.

Gran parte de esta capitalización no llegó a fines productivos. En 2021 se pagaron 142 mmdp en intereses y costos de la deuda, el mayor monto que se tiene registro desde 1990, o 61% (53 mmdp) más que el promedio del sexenio pasado. En contraparte, el gasto en inversión física fue de 267 mmdp, el mayor monto de la actual administración, pero 28% (102 mmdp) menos de lo que promedió la pasada administración.

Asimismo, en términos operativos la apuesta por Pemex tampoco se ha materializado. La plataforma petrolera en 2021 promedió 1,682 miles de barriles diarios (mbd), 118 mbd menos de los programado, y sigue lejos de los 2,000 mbd que promedió la pasada administración. Finalmente, el balance de operación –medido por las ventas netas menos el gasto programable– fue el peor desde 2016, con un déficit de 141 mmdp.

8 Fonden se volvió una herramienta clientelar

La desaparición del Fonden en 2021 dejó como saldo un desplome en el gasto de reconstrucción de infraestructura y el uso de los recursos de forma clientelar, como lo adelantamos desde finales de 2021 en este artículo.

Con datos del tercer trimestre habíamos advertido un recorte de 68% (2.6 mmdp) en reconstrucción con respecto a 2020, lo que implicaba que el 76% de los recursos se destinaran a programas sociales e instrumentos financieros y no a infraestructura. Al cierre de 2021 los datos fueron mucho peores.

El año pasado el gasto en reconstrucción cerró en 2.2 mmdp, un recorte de 78% (7.8 mmdp) frente a 2020 o 89% (17.6 mmdp) con respecto del promedio observado entre 2013 y 2020. ¡El recorte fue brutal!

Algunos sectores fueron prácticamente olvidados. La infraestructura educativa en 2021 recibió cero pesos para reconstrucción, cuando en promedio de 2013 a 2020 recibió 2.2 mmdp. El sector hidráulico obtuvo 190 millones, cuando en promedio recibía 4.9 mmdp. Los sectores urbano y de vivienda –que se vinculan directamente con el patrimonio de las familias– recibieron cero y 9 millones, cuando antes promediaban 521 mdp y 1.5 mmdp, respectivamente.

Esto impactó en los estados más pobres del país, aquéllos que tradicionalmente más se beneficiaban del Fonden. Chiapas recibió 156 mdp para reconstrucción, cuando en promedio recibía 2 mmdp; Guerrero recibió 125 mdp, cuando en promedio recibía 3.5 mmdp, o incluso Tabasco –cuyas regiones más pobres fueron inundadas por instrucciones del Gobierno federal para evitar la afectación de la capital– recibió sólo 6 millones, cuando antes recibía mil millones en promedio anual.

¿Qué sucedió con el resto de los recursos? 3.2 mmdp los gastó la Secretaría del Bienestar, 1.7 mmdp los ejecutó Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y 5.6 mmdp se fueron para el pago de vacunas. Sobre este último punto todo indica que la Secretaría de Salud fue la que recibió estos recursos, aunque no hay claridad sobre este hecho, ni sabemos si esta transferencia sirvió para la compra de vacunas contra el covid o para cualquier otro tipo de vacunas^[3].

Lo que es seguro es que en 2021 el 85% de los recursos del Fonden para atención de desastres fue ejecutado para fines distintos a infraestructura, cuando en promedio de 2012 a 2020 sólo el 18% se destinaba para fines distintos a la reconstrucción, como el apoyo en especie a la población o la compra de coberturas financieras. En otras palabras: ahora se privilegia el corto plazo y los réditos políticos.

La parte más cuestionable es que los 3.2 mmdp que gastó la Secretaría del Bienestar, a través de su Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia, se fueron a transferencias directas, lo que eleva el riesgo de uso clientelar de los recursos públicos. El ejercicio de estos recursos se clasificaron como Subsidios a la Producción, al igual que las pensiones para los adultos mayores, y fueron administrados por la misma unidad responsable: la Dirección General para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

9 Agotamiento inminente de los fondos de emergencia

La actual administración, durante la desaceleración de 2019 y la crisis de 2020, ha utilizado más del 90% de los fondos que había en 2018. Para eso, claro, son los ahorros. El problema es que 2021 nos dejó ver que no existen mecanismos para restablecer esos fondos. Lo grave es que el fondo de las entidades apunta a volverse más bien una deuda y no un activo.

El saldo del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) pasó de 316 mmdp al cierre de 2018 a 10 mmdp al cierre de 2020, una caída de 97% (306.8 mmdp). Estos recursos se utilizaron para cubrir el faltante entre los ingresos y gastos presupuestados el PEF 2019 y 2020. Aunque en 2021 los ingresos se recuperaron –sobre todos los petroleros–, el saldo del FEIP se mantuvo sin mejoras.

El problema de este fondo es su alta dependencia con respecto a recursos extraordinarios. De 2010 a 2021 los ingresos por el Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) significaron sólo el 19% del total, mientras que el remanente del Banco de México (Banxico) representaron el 23% y las coberturas petroleras el 36%

Además, los ingresos recurrentes van a la baja. En 2021 los ingresos por el FMP fueron de sólo 8 mmdp, una contracción de 41% (5.5 mmdp) frente al promedio de 2010 a 2018, debido a la menor producción petrolera. Lo anterior nos demuestra que es necesaria una reforma que incremente los ingresos recurrentes que llegan al FEIP, que no depende solamente del petróleo.

El tema más preocupante es el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). En 2020 el saldo de este fondo cayó a 32 mmdp, 68% (68.1 mmdp) menos de lo que tenía en 2018. No obstante, en 2020 el FEIEF se bursatilizó, es decir, se pidió un préstamo por 70 mmdp para cubrir los ingresos de las entidades ante la crisis económica. Sin esta capitalización, el fondo hubiera desaparecido ese mismo año.

La bursatilización implica que los ingresos ordinarios del FEIEF se irán a pagar lo prestado durante los siguientes 15 años. En 2021 los 2.2 mmdp que ingresaron por el FMP se fueron para pagar la deuda del fondo. Asimismo, se utilizaron 10.5 mmdp para compensar los ingresos de las entidades, por lo que el FEIEF cerró en 21.4 mmdp, 34% (11 mmdp) menos que en 2020.

Con un presupuesto optimista para 2022 (que posiblemente se quede corto y demande más salidas del FEIEF), sin un esquema que mejore los ingresos recurrentes del fondo y el compromiso del pago de la bursatilización por los siguientes 14 años, es posible no sólo que el FEIEF llegué a ceros, sino que se vuelva una carga financiera para las entidades.

10 Pierde el federalismo: gasto para entidades por debajo de 2018

Los grandes perdedores desde la llegada de la Cuarta Transformación han sido los estados. El gasto federalizado en 2021 –el total de recursos que manda la Federación a las entidades– fue de 2.01 billones de pesos, 7% (157 mmdp) menor a lo otorgado al cierre de 2018.

Gran parte de esta disminución se debe a una caída de 87% (118 mmdp) en el Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas. Es cierto que este ramo fue utilizado para otorgar recursos de manera opaca y discrecional en el sexenio anterior. No obstante, en lugar de reformar su funcionamiento o mandar los recursos a los estados por otros medios, el Ramo 23 prácticamente ha desaparecido.

Las Participaciones Federales –o los recursos de libre disposición que reciben los estados– acumularon 916 mmdp, una caída de 4% (40 mmdp) frente al cierre del sexenio. Por su parte, las Aportaciones –los recursos etiquetados– acumularon 826 mmdp, una contracción de 1% (5 mmdp). Los convenios de descentralización y los de reasignación también se redujeron en 11% (18 mmdp) y 22% (2 mmdp), respectivamente.

En suma, en 2018 el 34% del gasto neto del sector público correspondía al gasto federalizado. Al cierre de 2021, este monto se redujo al 30%, la más baja proporción en los últimos 20 años. Una clara victoria fiscal para el poder central.

Riesgos y oportunidades en 2022

Aún nos quedan por delante tres años más de gestión de la hacienda pública del actual Gobierno y para 2022 la perspectiva no es halagüeña.

Es seguro que los pronósticos de finanzas públicas planteados en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 2022 no se cumplirán. Tendremos, por un lado, precios del petróleo más elevados que incrementarán la recaudación petrolera, pero por otro la plataforma de hidrocarburos parece que no va a llegar a la meta y el crecimiento económico se quedará muy lejos del 4.1% previsto.

Además, el aumento en el precio del petróleo no es del todo bueno, pues repercute en un mayor precio de las gasolinas, el cual no ha aumentado porque el Gobierno está manteniéndolo estable al incrementar los estímulos que brinda a los consumidores. Esto, en la práctica, reduce el IEPS neto que cobra, es decir, merma su recaudación. Dado que 2022 es un año electoral, se ve difícil que el Gobierno quite los estímulos de los precios a las gasolinas antes de las elecciones.

En esta situación convendrá mantener una gran prudencia en el uso del dinero público. Si el petróleo se mantiene alto y se supera lo previsto en la Ley de Ingresos, convendría aumentar las aportaciones a los fondos de emergencia y no incrementar el gasto en más aportaciones a Pemex, por ejemplo. Es urgente garantizar un “colchón” financiero para lo que resta del sexenio.

El punto es no dar por hecho que se darán mayores ingresos petroleros de manera permanente y modificar al alza el gasto público. Aún queda por ver si el crecimiento de la economía es mucho menor a lo que actualmente se anticipa, situación que podría materializarse si se aprueba la reforma eléctrica o se dan otros cambios que sigan ahuyentando a la inversión.

^[1] La SHCP divide las distintas fuentes de recaudación en 22 sectores económicos que van desde los extractivos como la minería, manufacturas, comercio o distintos tipos de servicios.

^[2] A partir de 2014 es que se reportan las aportaciones a Pemex de una forma estandarizada.

^[3] A finales de noviembre se publicó en el DOF la disposición que los recursos del Fonden presupuestados en el Ramo 23 podían ser destinados a la compra de vacunas, sin precisar qué tipo ni quién ejecutaría los recursos. DOF 23-11.2021 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5636005&fecha=23/11/2021

CFE agotó subsidio y Hacienda la dejó colgada: análisis anual 2021

Escrito por México Evalúa en febrero 7, 2022. Publicado en Analisis, Anuales, Finanzas Públicas.

REVISA TODOS LOS INDICADORES DE NUESTRO ANÁLISIS DE FINANZAS PÚBLICAS, ENERO A DICIEMBRE 2021, AQUÍ

Ante la baja recaudación tributaria en 2021 el fisco se quedó sin recursos para subsidiar la venta de electricidad. La Secretaría de Hacienda históricamente ha otorgado a la CFE subsidios millonarios que le permiten vender energía a precios accesibles y compensar la ineficiencia de la paraestatal. No obstante, en los últimos meses del año pasado, Hacienda abandonó a la CFE a su suerte, obligándola a endeudarse y debilitar su inversión, para mantener su operación. El resultado: la energética acumuló su peor balance financiero desde 1990, que se tiene registro.

En el contexto de la muy discutida reforma eléctrica llama la atención la indiferencia financiera del Gobierno hacia la CFE. Recordemos que también se recortó el presupuesto para la infraestructura eléctrica en el PEF 2022.

Lo impensable: cortan subsidios

Al mes de julio de 2021, los subsidios otorgados a la CFE acumulaban 70.3 mil millones de pesos (mmdp), el 100% de lo aprobado para el año. Que se hayan ‘agotado’ tan rápido se debió a que los costos financieros de la Comisión se despegaron en 50% frente a 2020, por el incremento del precio del gas natural, luego de la contingencia climática en Texas, según lo reportó la propia empresa^[1].

En aquel momento anticipamos que la CFE seguiría dependiendo del subsidio por sus altos costos de operación, y que la Secretaría de Hacienda incurriría en el mayor sobregasto en apoyos a la energética desde 2016, año en que se comenzó a reportar una calendarización en la materia. Lo que en realidad pasó fue aún peor.

En los meses de agosto a diciembre, Hacienda dejó de otorgar subsidios a la CFE. Y esto –dejar por cinco meses consecutivos sin apoyo a la energética– no tiene precedente: de 2017 a 2020 sólo se reportó un mes en ceros por año, y en 2016 y 2020 dos meses.

El asunto tiene muchas aristas. La Secretaría de Hacienda tiene el compromiso de apoyar a la CFE a vender energía barata. Si bien la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) publicada en 2014 designa a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como el ente encargado de calcular las tarifas finales del suministro básico, en su artículo 139 dispone que el Ejecutivo federal podrá determinar un mecanismo distinto. Mediante acuerdo administrativo publicado en el DOF^[2], se le da a Hacienda la facultad de determinar las tarifas finales a los hogares, pero no se precisan reglas claras, ni se habla de un subsidio eléctrico. De cualquier forma, la CFE reconoce que dicho mecanismo es un otorgamiento de subsidios que cubren –parcialmente– la diferencia de costos entre el precio de producción y las tarifas determinadas por Hacienda. No obstante, la CFE también señala que dicho esquema no ha garantizado la solidez financiera de la energética. Así se lee en su Plan de Negocios 2022-2026:

Por el lado de los ingresos es determinante la imposibilidad de facturar la energía eléctrica, entregada a los distintos usuarios, a una tarifa que refleje los costos incurridos a lo largo de todo el proceso de generación, transmisión y distribución. Esto se debe a que las tarifas a los usuarios finales son determinadas por la SHCP con criterios que difieren de la metodología de la CRE. Para compensar parcialmente la afectación financiera a la CFE derivada de la mencionada insuficiencia tarifaria, la SHCP ha efectuado transferencias de recursos a la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos, empresa responsable de la comercialización de la energía eléctrica, siendo éstas transferencias menores a la pérdida de ingresos incurridos, lo que ha causado un constante deterioro a la solidez financiera del grupo. (el subrayado es nuestro).

Si bien la postura de la CFE es que la Secretaría de Hacienda no ha subsidiado suficientemente el costo de la electricidad para mantener sus balances financieros, desde México Evalúa pensamos que la solución más bien es que la CFE y Hacienda apuesten por mejorar la capacidad productiva de la empresa pública. Lo deseable es que CFE genere electricidad a bajo costo para mantener tarifas accesibles y, al mismo tiempo, controlar el subsidio hasta un día prescindir de él o enfocarlo en el impulso de energías limpias.

Como se observa en la gráfica anterior, en los meses en que Hacienda mantuvo el apoyo a la CFE a través de subsidios el financiamiento neto^[3] de la empresa estuvo contenido. En marzo, tras el incremento de precios de los energéticos a partir de febrero, se recurrió a 47.7 mmdp de financiamiento, sobrecosto que fue compensado en parte por 28 mmdp en subsidios pagados en abril. No obstante, a partir de que en agosto se cortaron de tajo los apoyos de Hacienda, la CFE tuvo que recurrir a financiamientos.

Lo anterior nos parece preocupante en la antesala de la discusión de la reforma energética. Actualmente los privados participan generando 62% de la energía a nivel nacional, y lo hacen con un costo de 2 veces menor que el de la CFE, según datos de la CRE. La reforma pretende bajar la participación privada automáticamente al 46%, lo que implicará que los ciudadanos enfrentemos un mayor costo, ya sea por el lado de tarifas eléctricas más caras o mayores subsidios a la energética, que se pagan mediante nuestros impuestos. Lo grave es que 2021 ya nos dejó ver que la Secretaría de Hacienda no está en capacidad de apoyar más a la CFE: la retórica de la reforma choca contra la realidad.

La razón detrás del abandono

Que la Secretaría de Hacienda agotara el subsidio aprobado para la CFE en julio y que no gastara de más, como en otros años, está más relacionado con el estancamiento de los ingresos que con la disciplina presupuestaria. Durante todo 2021 se observó un estancamiento del ISR y, a partir de agosto, hubo una desaceleración en la recaudación del IVA. De hecho, en los meses de septiembre a noviembre los ingresos tributarios se quedaron por debajo del programa y acumularon un retraso de 13.6 mmdp. En estos mismos meses se dejó de subsidiar a la CFE.

Contra todo pronóstico, la racha negativa en la recaudación de impuestos se rompió en el último mes del año. En diciembre la recaudación tributaria llegó a 355.4 mmdp, un aumento de 5.2% (17.6 mmdp) frente a diciembre de 2020. Esto, a pesar de la desaceleración económica, pues según el Inegi en el cuarto trimestre de 2021 la economía cayó 0.1% frente al tercer trimestre y tuvo un crecimiento de tan sólo 1% frente al mismo periodo de 2020.

Destaca de forma muy sorpresiva un aumento de 21.9% (37.9 mmdp) en el ISR en el último mes del año, frente a diciembre de 2020. A noviembre acumulaba una contracción de 0.2% frente a 2020, pero con el resultado de diciembre cerró con un aumento de 1.9% (34.8 mmdp). No obstante, el total de ingresos tributarios sólo creció 1.1% (37,9 mmdp) con respecto a 2020, menos de la mitad del déficit operativo de CFE.

El costo fiscal de la electricidad barata

Mantener tarifas bajas significa un gran costo al erario. El balance, después de transferencias de la CFE, promedió 53.7 mmdp de 2016 a 2020, gracias a que en promedio la energética recibió 72.9 mmdp en subsidios. Si el Gobierno hubiera deseado mantener ese balance promedio en 2021, debería haber otorgado a la CFE 114.2 mmdp adicionales en transferencias, monto equivalente a todo el presupuesto aprobado en 2021 la Secretaría de la Defensa Nacional (112 mmdp) o al 77% del presupuesto de la Secretaría de Salud (145 mmdp).

Cabe destacar que la Secretaría de Hacienda y CFE habían planeado^[4] que el balance financiero –llamado también balance después de transferencias– de la empresa cerrara 2021 con un saldo positivo de 28.5 mmdp. Para esto se habrían tenido que desembolsar 89 mmdp más en subsidios, adicionales a los 70.2 mmdp ya pagados, haciendo que el apoyo total para la energética llegara a 159.2 mmdp, lo que hubiera sido todo un récord histórico.

En los últimos años el objetivo de balance financiero para la CFE se había respetado o superado. Sin embargo, en 2021 dicho balance cayó a números rojos por primera vez desde 2009 y alcanzó un déficit de 60.5 mmdp, el mayor desde 1990, que se tiene registro. Como ven, el récord superado fue otro.

El resultado negativo de la CFE ha provocado que su patrimonio –es decir, el balance entre activos y pasivos totales– se reduzca aún más. Al tercer trimestre de 2021 el patrimonio de la CFE registraba ya 551.6 mmdp, una caída de 11% (66.1 mmdp) en términos reales. Si bien la deuda total de la empresa llegó a 1.63 billones de pesos, 2% (39.4 mmdp) menos que en 2020, los activos sumaron 2.18 billones, 5% (105 mmdp) menos que al cierre de 2020.

En 2020, este patrimonio ya se había debilitado cuando la energética disminuyó la edad de jubilación de sus trabajadores, generando un incremento del pasivo laboral, como lo explicamos recientemente para Animal Político.

No es menos preocupante que la inversión de la CFE haya ido en picada ante el debilitamiento financiero de la empresa. En 2021 la inversión física fue de 41.3 mmdp, 9% (4.3 mmdp) menos que en 2020 o 15% (7.5 mmdp) menos que el promedio de 2010 a 2015. Esta situación anticipa una espiral negativa, donde la empresa pública no podrá mejorar su eficiencia productiva para ser rentable por sí misma, ante los precios baratos que la sociedad (y Hacienda) demandan.

Desde México Evalúa celebramos que los presupuestos se cumplan, pero es necesario que los mismos sean creíbles. Cumplir con el presupuesto pactado para el subsidio a las tarifas eléctricas, en el contexto en que se da, no es un logro. En el esquema energético actual, la Secretaría de Hacienda ha asumido el compromiso de compensar las tarifas subsidiadas. El no mantener este compromiso, ya sea para no sobrepasar el gasto aprobado o por insuficiencia presupuestal –al tiempo que se obliga a la CFE a incurrir en mayor endeudamiento–, no es una solución, sino una postergación del problema.

En el contexto de la discusión de la Reforma Energética es necesario contemplar que el costo que pagamos por la electricidad es irreal y no sostenible en el tiempo, pues depende de la capacidad del fisco de otorgar subsidios. Cualquier cambio que haga a la CFE menos eficiente y más dependiente de apoyo, irá en la dirección equivocada.

^[1] CFE. Plan de negocios 2022-2026. Recuperado de: https://www.cfe.mx/finanzas/Documents/Plan%20de%20Negocios%202022-2026%20V48%20PUBLICA.pdf

^[2]DOF:30/11/2017 Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer el mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506178&fecha=30/11/2017

^[3] El financiamiento neto incluye endeudamiento y variación de disponibilidades (reservas)

^[4] Según el Artículo 22 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las entidades públicas deberán comprometer ante la Secretaría de Hacienda sus respectivas metas de balance de operación, primario y financiero, en el primer bimestre de cada ejercicio fiscal.

El estancamiento: gasto en salud anual 2021

Escrito por México Evalúa en febrero 4, 2022. Publicado en Analisis, Anuales, Gasto en Salud.

RECUPERA AQUÍ EL CATÁLOGO CON TODOS LOS INDICADORES DEL GASTO EN SALUD DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Al cierre del año el gasto acumulado fue de 697.5 millones de pesos (mmdp): creció sólo 0.3% en comparación con el año anterior. Además, en 2021 se transfirieron 54.8 mmdp a fideicomisos públicos a través de la SSA y la Marina; si no se consideran estas transferencias el gasto en salud habría caído 0.9% con respecto a 2020.

Del análisis de las instituciones de salud con respecto al gasto aprobado para el periodo y el avance del gasto anual se desprende lo siguiente:

* Se reportó un sobregasto de 4.0% (27.1 mmdp) con respecto al monto aprobado para el presupuesto de 2021.

* El gasto en medicamentos acumuló 97.3 mmdp al cierre de 2021, y representó 14% del gasto funcional en salud. Se gastó en medicamentos 6.2% (5.7 mmdp) más de lo aprobado, pero el gasto tuvo una reducción anual de 5.7% (-5.9 mmdp) con respecto a 2020.

* El subejercicio acumulado en la inversión física de trimestres anteriores se redujo, al pasar de 38% en el tercer trimestre a 2.3% al cierre de año. En 2021, el gasto acumulado en inversión física fue de 15.9 mmdp; con respecto al año pasado se observó una caída anual de 29.6% (-6.7 mmdp).

* El gasto del Insabi fue de 112.0 mmdp: 0.2% menor (-0.3 mmdp) que el del año pasado, y 25% (22.7 mmdp) mayor que el gasto aprobado en el año. Cabe mencionar que el 47% del gasto del Instituto se realizó en aportaciones a fideicomisos, específicamente al Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi). El monto transferido a fideicomisos asciende a 53.0 mmdp y se realizó a través del programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos –representó 53% del gasto total de dicho programa–. Dichas transferencias superaron en 217% el monto aprobado y crecieron 8% con respecto a 2020.

* Sin las transferencias al Fonsabi, el gasto ejercido por el Insabi habría sido de 59.1 mmdp, es decir 47% menos gasto que el observado. Y con respecto al gasto aprobado en 2021, se habría quedado 33.9% (30.2 mmdp) por debajo de éste. Al comparar el gasto sin transferencias de 2021 con el de 2020, éste se habría reducido 6.9% (4.4 mmdp).

* El gasto en medicamentos del Instituto acumuló 2.8 mmdp, monto que fue 86.6% mayor al aprobado (1.5 mmdp), pero que frente a 2020 se redujo 36.9% (-1.6 mmdp).

* En análisis previos hemos señalado que la transición del Seguro Popular al Insabi podría afectar la atención brindada a los derechohabientes, y los últimos datos de la Secretaría de Salud lo confirman. Junto con la disminución del gasto ejercido por el Insabi, hay también una reducción en las consultas y egresos de los derechohabientes de este instituto. Tan sólo hasta diciembre el Insabi otorgó 3.6 veces menos consultas que las otorgadas por el Seguro Popular en 2018, y el número de egresos fue 3.1 veces menos que en 2018. A casi dos años de iniciada la pandemia, se esperaría un repunte en los servicios médicos del Insabi; sin embargo, los indicadores de atención sugieren lo contrario.

* Sólo el gasto del ISSSTE tuvo un recorte y una caída anual. El ISSSTE, con un gasto anual de 54.7 mmdp, acumuló un recorte de 14.9% (-9.5 mmdp), que afectó sobre todo a los rubros de medicamentos e inversión: el gasto en medicamentos tuvo un recorte de 52.4%, mientras que el recorte en inversión física acumuló 79.3%.

Gasto funcional en salud

En 2021 el gasto funcional en salud acumuló 697.5 mmdp. Con respecto al gasto ejercido en 2020, el gasto en salud se estancó: creció sólo 0.3%. Cabe mencionar que en 2021 se transfirieron 54.8 mmdp a fideicomisos públicos a través de la SSA y la Marina, si no se consideran estas transferencias, el gasto en salud habría caído 0.9% con respecto a 2020.

Además, se reportó un sobregasto de 4.0% (27.1 mmdp) con respecto a lo aprobado.

En el gasto mes a mes, observamos que en diciembre el gasto fue de 124.2 mmdp, y se redujo 9.1% con respecto al mismo mes del año pasado.

Presupuesto por institución

El ISSSTE fue la única institución del sector que sufrió un recorte y una caída anual. Con un gasto anual de 54.7 mmdp, acumuló un recorte de 14.9% (-9.5 mmdp).

En contraste, la Secretaría de Marina fue la institución que más sobregasto exhibió: 50.9% (1.3 mmdp) con un gasto acumulado de 3.8 mmdp. Con relación al año pasado su gasto creció 18.4% (0.6 mmdp). En menor medida, la Secretaría de Salud tuvo un gasto de 166.7 mmdp, con un sobregasto de 18.3% (25.8 mmdp) y un incremento anual de 6.2% (9.8 mmdp).

Por otro lado, las Aportaciones a la Seguridad Social exhibieron un sobregasto de 9.5% (2.0 mmdp) y un crecimiento anual de 8.9% (1.9 mmdp). El gasto de la Secretaría de Defensa fue 9.0% (0.6 mmdp) mayor y tuvo un crecimiento anual de 1.7% (0.1 mmdp). El Insabi gastó 112.0 mmdp, monto que fue 0.2% menor (-0.3 mmdp) al del año pasado y 25% mayor (22.7 mmdp) que el gasto aprobado en el PEF 2021.

De igual manera, el IMSS reportó un sobrejercicio más acotado: en 2021 gastó 331.7 mmdp, el cual fue 1.9% (6.2 mmdp) mayor que el aprobado y creció 3.6% (11.5 mmdp) con respecto al año pasado.

Por último, las transferencias del FASSA estuvieron en línea con lo presupuestado. Ascendieron a 110.2 mmdp y estuvieron 0.6% (0.7 mmdp) por arriba de lo aprobado y 0.1% (-0.9 mmdp) con respecto a 2020.

Presupuesto en medicamentos

El gasto en medicamentos acumuló 97.3 mmdp al cierre de 2021, y representó 14% del gasto funcional en salud. En el primer trimestre reportamos que este gasto tuvo un recorte de 44%, y que fue 20% menor que el del año pasado. Al tercer trimestre acumuló un sobregasto de 5% (3.0 mmdp) y tuvo un incremento anual de 26% (13.2 mmdp). Pues bien, al cierre de año se mantuvo el sobregasto observado en el tercer trimestre, es decir, se gastó en medicamentos 6.2% (5.7 mmdp) más de lo aprobado y el gasto tuvo una reducción anual de 5.7% (-5.9 mmdp) con respecto a 2020.

Este sobregasto se observó en casi todas las instituciones de salud, excepto en el ISSSTE, que acumuló un recorte de 52.4% (-9.6 mmdp) e incluso reportó una caída anual de 58% (-12 mmdp). Por otro lado, fue la Secretaría de Marina la institución que reportó el mayor sobrejercicio: 277.8% (0.4 mmdp); le siguió la Secretaría de Salud con 84.5% (6.6 mmdp), al acumular un gasto de 20.7 mmdp. De igual manera, el gasto en medicamentos de los servicios médicos de Pemex fue 17.9% (0.5 mmdp) mayor a lo previsto y, en el caso del IMSS, el sobregasto acumulado fue de 12.4% (7.7 mmdp).

En este ejercicio fiscal, el 76% del gasto en medicamentos se concentró en el IMSS, el 16% en la Secretaría de Salud y 10% en el ISSSTE, a pesar de los recortes observados en ésta última institución. Y en conjunto, el gasto de Pemex, la Secretaría de Marina y de Defensa representó el 6% del gasto total.

Inversión física en salud

Al cierre de 2021 el subejercicio acumulado en la inversión física se redujo, al pasar de 38% en el tercer trimestre a 2.3% al cierre de año. En el año, el gasto acumulado en inversión física fue de 15.9 mmdp; con respecto al año pasado se observó una caída anual de 29.6% (-6.7 mmdp).

La reducción en el recorte acumulado que se observó a lo largo del año fue consecuencia de un mayor gasto en inversión física de la Secretaría de Salud, que ejerció 11.4 mmdp, cuando tenía aprobados sólo 5.3 mmdp: esto representó un sobregasto de 115.6% (6.1 mmdp). No obstante, a pesar de este sobregasto, la inversión física de dicha Secretaría se redujo 1.5% (-0.2 mmdp) con respecto a 2020. Hay que apuntar que esta inversión se incrementó porque crecieron las aportaciones a fideicomisos públicos; clasificadas como inversión física, éstas ascendieron a 9.3 mmdp en el año, 143% más que el gasto aprobado (3.8 mmdp), y representaron 81% del gasto total de inversión en la Secretaría de Salud.

Estas aportaciones compensaron parcialmente la reducción del gasto en inversión física del ISSSTE y el IMSS. El primero tenía aprobados 2.0 mmdp en inversión física en el año; sin embargo, ejerció tan sólo 0.4%, esto implicó un recorte de 79.3% en este rubro y una caída anual de 86.0%. Mientras que al segundo se le aprobaron 8.4 mmdp, pero ejerció sólo 3.5 mmdp, acumulando un recorte de 58.9% y una caída anual de 53.7%.

Por otro lado, las transferencias del FASSA en materia de inversión física se ejercieron en línea con lo planeado.

Insabi

En 2021 el Insabi acumuló un gasto de 112.0 mmdp, lo cual está 0.2% (-0.3 mmdp) por debajo de su gasto del año pasado y 25% (22.7 mmdp) por arriba del gasto aprobado en el año. Con este monto, el gasto destinado a la atención a la salud para la población sin seguridad social se encuentra en nivel muy similar al observado en 2020, un máximo histórico.

Sin embargo, cuando analizamos a detalle las partidas de gasto del Instituto observamos que 47% de su gasto se realizó en aportaciones a fideicomisos, específicamente al Fonsabi. El monto transferido a fideicomisos, de hecho, asciende a 53.0 mmdp, y se realizó a través del programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos –representó 53% del gasto total de dicho programa–. Dichas transferencias superaron en 217% el monto aprobado y crecieron 8% con respecto a 2020.

Sin las transferencias al Fonsabi, el gasto ejercido por el Insabi habría sido de 59.1 mmdp, es decir, 47% menos gasto que el observado. Y con respecto al gasto aprobado en 2021 se habría quedado 33.9% (30.2 mmdp) por debajo de éste. Al comparar el gasto sin transferencias de 2021 con el de 2020, la reducción alcanza el 6.9% (4.4 mmdp).

En otros temas, el gasto en medicamentos del Instituto acumuló 2.8 mmdp, monto que fue 86.6% mayor al aprobado (1.5 mmdp), pero que frente a 2020 se redujo 36.9% (-1.6 mmdp). Entretanto, la inversión física fue de 9.8 mmdp, con un sobregasto de 156.6% (6.0 mmdp) y una reducción anual de 2.7% (-0.3 mmdp). Al igual que otros años, una parte de las aportaciones al Fondo de Salud para el Bienestar se registraron como inversión física. Dicho monto fue de 9.3 mmdp y superó en 142.8% el monto aprobado en el año. Además de estas aportaciones, dentro de la inversión física se registró gasto en equipo médico y de laboratorio (0.1 mmdp) y en vehículos y equipos terrestres (0.4 mmdp).

Con el cambio del Seguro Popular al Insabi también observamos modificaciones en la composición del gasto a nivel partida de gasto específica. Además del incremento en las aportaciones a fideicomisos, habría que destacar una reducción en el monto y participación porcentual de los subsidios a la prestación de servicios públicos. Éstos pasaron de promediar 72% entre 2012 y 2018 a 46% en 2020 y 2021; es decir, tuvo una reducción de 26 puntos porcentuales. Al mismo tiempo se redujo la participación de los subsidios a entidades federativas y municipios –de 6% entre 2012 y 2018 a 2% entre 2020 y 2021–, y se incrementó la participación de las partidas de medicinas y productos farmacéuticos y de remuneraciones al personal eventual.

La composición del gasto no fue lo único que se modificó con la transición al Insabi. También se ha observado una caída en el gasto per cápita, si bien ésta se inició desde 2012 y se profundizó en 2019, cuando llegó a un mínimo histórico de 1,505.3 pesos por derechohabiente. En 2020 y 2021, a pesar de los incrementos en el gasto total ejercido, el gasto per cápita no ha recuperado un nivel similar a los de antes de 2018. Por ejemplo, mientras que en 2017 el gasto por derechohabiente era de 1,918.7 pesos, en 2020 fue de 1.694.0 y en 2021 se redujo marginalmente a 1,689.0 pesos.

En análisis previos señalamos que la transición del Seguro Popular al Insabi podría afectar la atención brindada a los derechohabientes, y los últimos datos de la Secretaría de Salud dan cuenta de ello. Junto con la disminución del gasto ejercido por el Insabi, hay también una reducción en las consultas y egresos de los derechohabientes de este instituto. Tan sólo hasta octubre el Insabi otorgó 3.6 veces menos consultas que las otorgadas por el Seguro Popular en 2018, y el número de egresos es 3.1 veces menor que en 2018. A más de un año de iniciada la pandemia se esperaría un repunte en los servicios médicos de este Instituto, pero los indicadores de atención sugieren lo contrario.

A pesar de estos datos generales, al cierre de 2021 observamos que hay una recuperación en las consultas de planificación familiar (13.2% por arriba), de salud mental (40.0%) y crónico-degenerativas (1.3%). Entretanto, las consultas de enfermedades transmisibles y de salud bucal ya acumulan en 2021 dos años con caídas consecutivas, que superan el 10%.

Así tomó forma el gasolinazo: noviembre 2021

Escrito por México Evalúa en enero 6, 2022. Publicado en Analisis, Finanzas Públicas, Mensuales.

REVISA TODOS LOS INDICADORES DE NUESTRO ANÁLISIS DE FINANZAS PÚBLICAS A NOVIEMBRE DE 2021, AQUÍ

La inflación y caída en ingresos presionaron un gasolinazo, a pesar de que el presidente insiste en que no van a aumentar los impuestos. En los últimos días de 2021, el Gobierno federal aplicó el mayor gasolinazo de los últimos cinco años, al incrementar en 7.4% las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)^[1]. ¿Qué está detrás de este incremento? Una inflación no vista en los últimos 20 años y la necesidad de recaudar más en 2022, ante unos ingresos tributarios que simplemente no despegan. Te contamos.

El IEPS como clavo ardiendo

El diseño del IEPS sobre combustibles es complicado porque el monto neto del impuesto depende del monto de las cuotas (que suman valor al impuesto) y de los estímulos (que le restan valor). Esto es, se establecen cuotas anuales por cada litro de combustible y, al mismo tiempo, cada semana se designan estímulos que reducen en cierta medida tales cuotas. Sí, el valor del impuesto puede cambiar cada semana.

Debido a este diseño, un alza en las cuotas del IEPS no necesariamente implica un alza en el precio de las gasolinas; todo dependerá del comportamiento del estímulo. Eso sí: un aumento de las cuotas, en principio, aumenta la ‘probabilidad’ de sufrir un incremento en el precio de las gasolinas.

Estamos ante un mecanismo de control de precios. En teoría, esto permite mantener estable el precio de las gasolinas. Un cambio en el precio de las mismas –ocasionado, regularmente, por una variación en el precio del crudo– se enfrenta mediante un ajuste en el impuesto. Así, cuando el precio del petróleo aumenta se puede aplicar un mayor estímulo para cobrar menos IEPS; cuando baja, se pueden reducir los estímulos y aumentar el cobro del IEPS.

Pues bien, para 2022 las cuotas del IEPS sobre gasolinas aumentaron 7.4%, el mayor incremento en los últimos cinco años, debido a que la inflación hasta noviembre de 2021 medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó ese nivel. Esto significa que la pérdida de poder adquisitivo que los mexicanos sufrieron por la inflación de 2021 se trasladará hacia 2022 con mayores cuotas en los combustibles.

De tal forma, la cuota por litro de la gasolina Magna (menor a 92 octanos) será de 5.49 pesos, 38 centavos más que en 2021 o 90 centavos por arriba en comparación con 2018. En el caso del diésel, la cuota se colocará en 6.04 pesos por litro, 41 centavos más que en 2021 o un peso más que en 2018.

Ahora, el aumento del IEPS sobre combustibles a inicios de año vino acompañado de un aumento súbito de los estímulos, lo que ha evitado que en la práctica observemos un aumento en los precios de las gasolinas… hasta ahora. No obstante, sabemos que con el aumento de las cuotas la SHCP puede incrementar el IEPS neto en cualquier momento del año. Digamos que ya está ‘preautorizado’.

Durante 2020, con los precios del petróleo casi por los suelos, los estímulos estuvieron en cero pesos casi todo el año. En 2021 se revirtió la tendencia y los estímulos promediaron 1.94 pesos por litro para la gasolina de menos de 92 octanos, 0.7 pesos para la superior a 92 octanos y 1.15 pesos para el diésel.

En la última semana de 2021 los estímulos fueron de 2.3 pesos para la Magna, 0.56 para la Premium y 1.72 para el diésel; no obstante, para la primera semana de enero de 2022 los estímulos aumentaron en 0.94 pesos (un aumento de 118%), 0.88 pesos (286%) y 0.91 pesos (298%), respectivamente. Esto suprimió el efecto de las más altas cuotas del IEPS sobre el precio de las gasolinas.

Desde abril de 2021 los precios de las gasolinas se han mantenido estables, con variaciones mensuales menores a un punto porcentual. No obstante, hay que recordar que en los primeros tres meses del año pasado los combustibles tuvieron aumentos de entre 2 a 3% en enero y de hasta 6.5% en febrero.

Esto nos hace pensar que el gasolinazo está latente, aunque esté siendo disimulado con estímulos en las cuotas del IEPS, por el momento.

Las motivaciones fiscales del gasolinazo

El alza en los precios de las gasolinas tiene un gran costo político. Que el Gobierno haya decidido asumir tal costo al aumentar las cuotas del IEPS no puede ser en vano. Detrás del gasolinazo de 2022 está la urgente necesidad del Gobierno de fortalecer o por lo menos de mantener la recaudación tributaria, en el contexto de unos estimados de recaudación de ISR e IVA sumamente ambiciosos para este año pero que quedan en duda ante los ingresos tributarios que simplemente no despegaron en 2021.

Los datos de la recaudación tributaria en los últimos meses del año pasado han sido preocupantes. En el mes de noviembre –los datos oficiales más actualizados– se recaudaron 256 mmdp de impuestos, una reducción de 9.2% (26 mmdp) frente al mismo mes de 2020, la caída intermensual más grande que se ha registrado en 2021. Esto generó que los ingresos a ese mes fueran los más bajos desde 2015.

Es decir, no sólo la recaudación tributaria empeoró frente a noviembre de 2020 (cuando la economía comenzaba a recuperarse del covid-19), sino que también empeoró frente a años previos a la pandemia. Asimismo, la recaudación tributaria fue la segunda más baja del año, sólo por encima de lo observado en octubre. Todo apunta a un debilitamiento económico y fiscal en México, que desde luego puede mantenerse en 2022.

Lo que más sorprendió en noviembre fue la caída del IVA, pues fue la recaudación que mejores signos de recuperación había mostrado con anterioridad en 2021. Se recaudaron 131 mmdp en ese mes, 9% (11.8 mmdp) menos que en el mismo mes de 2020 y su peor registro de 2021.

Si bien el IVA a noviembre acumula 1,024 mmdp –un superávit de 14% (125 mmdp) frente al calendario–, en los últimos tres meses se ha desacelerado y en noviembre registra un incremento real de sólo 9.5%. Con estos datos volvemos a afirmar que los estimados de crecimiento del IVA para 2022 –de 19%– no reconocen la realidad ni la trayectoria, la cual presionará los ingresos y gastos del Gobierno durante 2022. Este panorama es consistente con el incremento de las cuotas de IEPS de gasolinas que entró en vigor al inicio de este año.

Por su parte, la recaudación de ISR fue de 135 mmdp, 3,5% (4.7 mmdp) menor que en el mismo mes de 2020. Este tributo acumula 1,684 mmdp de enero a noviembre, un déficit de 3% (49 mmdp) frente al calendario. Además, en el acumulado a noviembre registra una caída real de 0.2%, a pesar del rebote económico de 2021, lo que nos hace pensar que la expansión de 4.5% que estima Hacienda para 2022 será muy difícil de lograr.

Finalmente, la recaudación en noviembre del IEPS –el tercer impuesto de mayor peso– fue de 27 mmdp, 35% (11.8 mmdp) menor que en el mismo mes de 2021, lo que supone la mayor contracción mensual del año. En el acumulado este impuesto registra 370 mmdp, un monto 21% (98 mmdp) menor de lo programado o una contracción real de 16.5%.

Para 2022, se espera que el IEPS tenga una contracción de 4.6% (24 mmdp) frente a lo presupuestado para 2021. ¿Será?

Finalmente, hay que apuntar que el retraso de los ingresos tributarios frente al calendario se ha agravado en noviembre. Al mes de octubre el déficit era de 2.2 mmdp, pero al onceavo mes del año los tributos han alcanzado los 3,211 mmdp, 13.6 mmdp (0.4%) por debajo de lo calendarizado.

Por desgracia, ya se identifica una tendencia negativa: al mes de noviembre se acumulan tres meses seguidos de retrasos de los ingresos tributarios frente al calendario, situación que podría mantenerse para finales de año y principios de 2022. El incremento de las cuotas de IEPS es una estrategia necesaria de la Secretaría de Hacienda para incrementar la recaudación en 2022 y compensar el mal desempeño hasta la fecha.

^[1] Diario Oficial de la Federación (DOF) 23 de diciembre de 2021. Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios para 2022. Recuperado de: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639152&fecha=23/12/2021

Números de Erario: gasto en salud a noviembre de 2021

Escrito por México Evalúa en enero 5, 2022. Publicado en Analisis, Gasto en Salud, Mensuales.

Resumen

Hasta noviembre se ejerció 83% del gasto funcional en salud aprobado, pero a estas alturas se debería haber gastado el equivalente al 91% del presupuesto anual. El gasto acumulado alcanzó los 559.5 mmdp, monto 2.8% (15.5 mmdp) mayor al observado el año pasado.

Del análisis de las instituciones de salud con respecto al gasto aprobado en el periodo se desprende lo siguiente:

El gasto del Insabi fue de 72.2 mmdp. Se quedó 18% corto (-15.7 mmdp) con respecto al gasto aprobado en el periodo enero-noviembre, y fue 4.3% menor al gasto en el mismo periodo de 2020. Estos recortes afectaron al gasto del principal programa presupuestario del Insabi, Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social, el cual opera en los 32 estados del país. En noviembre dicho programa tuvo su nivel más bajo desde 2017^[1], y con respecto a 2020 cayó 12.9%. Como consecuencia, las transferencias a 31 estados se redujeron en más del 10%. Los estados más afectados fueron Colima (-71%), Baja California Sur (69%), Durango (-63%), Q. Roo (-61%) y Guerrero (-56%).
A pesar de que la ocupación hospitalaria por covid-19 se redujo en 2021, y de que consecuentemente cada vez más hospitales recuperaron su oferta de servicios médicos, no se ha visto un incremento en los servicios otorgados a los beneficiarios del Insabi, ya que éstos continúan en los niveles observados en 2020. Es más: exhiben una dramática caída si se comparan con los registrados al cierre del sexenio anterior, en 2018. Y es que al cierre de 2021 el Insabi otorgó 3.5 veces menos consultas que las otorgadas por el Seguro Popular en 2018; los egresos se redujeron 3.1 veces y las urgencias atendidas fueron 3.8 veces menores que las de 2018.
No obstante, a la par de esta caída en los egresos y en la atención de urgencias en afiliados al Insabi, hay un incremento en los egresos de pacientes con afiliaciones a otros programas no relacionados con la seguridad social. Por ejemplo, el número de egresos de afiliados al programa IMSS-Bienestar es seis veces mayor con respecto a 2018; de igual manera, los egresos de afiliados al programa Gratuidad creció siete veces, y los de pacientes sin afiliación triplicó a los de 2018. Por su parte, el número de urgencias atendidas en pacientes con otras afiliaciones también aumentó, principalmente las urgencias en pacientes del programa Gratuidad, las cuales se duplicaron con respecto a 2018, y las otorgadas a pacientes sin afiliación crecieron en 20%.
El gasto de inversión física para la salud está rezagado: hasta noviembre se ejerció sólo el 49% del monto aprobado en el año; de continuar así podría presentar un subejercicio del 50% en el cierre de 2021. Sólo en 2007, 2008 y 2019 se registró un monto similar. El rezago en la inversión lo provocan principalmente el IMSS y el ISSSTE, con recortes de 68% y 81%, respectivamente.