Hasta noviembre se ejerció 83%
del gasto funcional en salud aprobado, pero a estas alturas se debería haber
gastado el equivalente al 91% del presupuesto anual. El gasto acumulado alcanzó
los 559.5 mmdp, monto 2.8% (15.5 mmdp) mayor al observado el año pasado.
Del análisis de las instituciones de salud con respecto al
gasto aprobado en el periodo se desprende lo siguiente:
El gasto del Insabi fue de 72.2 mmdp. Se quedó 18% corto (-15.7 mmdp) con respecto al gasto aprobado en el periodo enero-noviembre, y fue 4.3% menor al gasto en el mismo periodo de 2020. Estos recortes afectaron al gasto del principal programa presupuestario del Insabi, Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social, el cual opera en los 32 estados del país. En noviembre dicho programa tuvo su nivel más bajo desde 2017[1], y con respecto a 2020 cayó 12.9%. Como consecuencia, las transferencias a 31 estados se redujeron en más del 10%. Los estados más afectados fueron Colima (-71%), Baja California Sur (69%), Durango (-63%), Q. Roo (-61%) y Guerrero (-56%).
A pesar de que la ocupación hospitalaria por covid-19 se redujo en 2021, y de que consecuentemente cada vez más hospitales recuperaron su oferta de servicios médicos, no se ha visto un incremento en los servicios otorgados a los beneficiarios del Insabi, ya que éstos continúan en los niveles observados en 2020. Es más: exhiben una dramática caída si se comparan con los registrados al cierre del sexenio anterior, en 2018. Y es que al cierre de 2021 el Insabi otorgó 3.5 veces menos consultas que las otorgadas por el Seguro Popular en 2018; los egresos se redujeron 3.1 veces y las urgencias atendidas fueron 3.8 veces menores que las de 2018.
No obstante, a la par de esta caída en los egresos y en la atención de urgencias en afiliados al Insabi, hay un incremento en los egresos de pacientes con afiliaciones a otros programas no relacionados con la seguridad social. Por ejemplo, el número de egresos de afiliados al programa IMSS-Bienestar es seis veces mayor con respecto a 2018; de igual manera, los egresos de afiliados al programa Gratuidad creció siete veces, y los de pacientes sin afiliación triplicó a los de 2018. Por su parte, el número de urgencias atendidas en pacientes con otras afiliaciones también aumentó, principalmente las urgencias en pacientes del programa Gratuidad, las cuales se duplicaron con respecto a 2018, y las otorgadas a pacientes sin afiliación crecieron en 20%.
El gasto de inversión física para la salud está rezagado: hasta noviembre se ejerció sólo el 49% del monto aprobado en el año; de continuar así podría presentar un subejercicio del 50% en el cierre de 2021. Sólo en 2007, 2008 y 2019 se registró un monto similar. El rezago en la inversión lo provocan principalmente el IMSS y el ISSSTE, con recortes de 68% y 81%, respectivamente.
Gasto funcional en
salud
A un mes del cierre de 2021, el
gasto funcional en salud acumuló 559.5 mmdp. Con respecto al gasto ejercido de
enero a noviembre en 2020, hay un aumento de 2.8% (15.5 mmdp), y con relación a
otros años el gasto ejercido se encuentra en línea. Hasta noviembre, el gasto
acumulado tuvo un avance de 83% con respecto al presupuesto aprobado, cuando debió
ejercerse el 91% del presupuesto.
Sólo en el mes de noviembre el
gasto fue de 58.0 mmdp, 5% más que el observado en el mismo mes del año anterior.
Presupuesto por
institución
A falta de información oportuna por institución del gasto
funcional en salud[2], en
esta sección le damos seguimiento al gasto realizado por las principales
instituciones, sin incluir el pago de pensiones y jubilaciones en el caso del
IMSS y el ISSSTE.
El ISSSTE y la Secretaría de
Salud son las instituciones que exhiben recortes con relación al presupuesto
aprobado. El ISSSTE gastó 86.2 mmdp, monto 16% menor que el aprobado (-16.4
mmdp), y que incluso refleja una caída anual de 7% (6.5 mmdp). Entretanto, la
Secretaría de Salud, con un gasto de 117.2 mmdp, tuvo un recorte de 15% (-19.9
mmdp); no obstante, su gasto fue 2.2% (2.5 mmdp) mayor que el del mismo periodo
del año pasado.
Por su parte, el IMSS acumuló un
gasto de 301.4 mmdp, el cual fue 5% mayor que el aprobado (13.9 mmdp) y creció
7.5% (21.0 mmdp) con respecto al del año pasado. Por último, las transferencias
del FASSA, por 97.2 mmdp, se colocaron 1% (1.2 mmdp) por arriba de lo aprobado,
pero se redujeron un 1.8% (-1.8 mmdp) anual.
Gasto en salud
mensual
Sólo en noviembre el gasto aprobado para el IMSS, el ISSSTE,
el FASSA y la Secretaría de salud fue de 56.8 mmdp. Sin embargo, se ejercieron
59.3 mmdp; es decir, hubo un sobrejercicio de 4.4% (2.5 mmpd).
En el mes, el gasto del ISSSTE
tuvo el mayor recorte: 11%. Y con respecto al mismo mes del año pasado se
redujo 9%; además, cabe mencionar que éste es el gasto observado en noviembre
más bajo desde 2018. La Secretaría de Salud también tuvo un recorte, de -1.8%
(-0.2 mmdp), pero con respecto al mismo mes de 2020 aumentó 68%.
En contraste, en el mes el IMSS
exhibe el mayor sobregasto acumulado: de 12.9% (3.6 mmdp). En lo que toca al
FASSA, las transferencias a los estados fueron de 9.7 mmdp; se encontraron en
línea con lo aprobado, pero fueron 3% menores que las realizadas el año pasado
FASSA a detalle
Hasta octubre se transfirieron
97.2 mmdp a las entidades federativas a través del FASSA, lo que equivale a 89%
del presupuesto aprobado en el año. Este monto es 1.9% menor al transferido el
año pasado, y 1% mayor que el monto calendarizado en el PEF 2021.
A nivel nacional, el gasto per
cápita del FASSA fue de 764.5 pesos. El análisis por estado revela que Colima
(1,878.8), Campeche (1,692.2) y Zacatecas (1,429.4) son los estados que más
recursos reciben por habitante, y en el otro extremo se encuentran Guanajuato
(530.7), la CDMX (485.2) y Nuevo León (464.3).
Con respecto al año pasado, el
gasto per cápita creció en 13 estados. El mayor incremento se observó en
Nayarit (4.2%), Baja California Sur (4.1%) y Sonora (3.3%). El resto de los
estados tuvieron caídas en los recursos recibidos por habitante; las mayores a
5% se registraron en Yucatán (-6.4%), CDMX (-6.5%), Aguascalientes (-7.3%), Quintana
Roo (-7.5%), Nuevo León (-10.8%) y Querétaro (-12.9%).
Inversión física en
salud
El gasto en inversión física en
salud está rezagado: se ha ejercido sólo el 49% del gasto aprobado en el año.
Hasta noviembre acumuló 7.9 mmdp, monto que se quedó 44% corto (6.2 mmdp) con
respecto a su meta y tuvo una caída anual de 49% (-7.6 mmdp). Del gasto en
inversión ejercido en lo que va del año, resalta lo siguiente: 1. el gasto
aprobado para el periodo fue considerablemente mayor al que se observó en el
mismo periodo entre 2013 y 2020, y
2. el gasto ejercido fue tan bajo como el gasto observado en el mismo periodo
de 2007, 2008 y 2019.
La reducción en el gasto en inversión
física la encabezan el IMSS (-68%) y el ISSSTE (-81%). No obstante, vale la
pena mencionar que, a pesar del recorte observado, el gasto ejercido por el
IMSS es similar al de años anteriores. Sin embargo, en el caso del ISSSTE un
gasto similar sólo se observó en 2019. Por otro lado, la Secretaría de Salud
reportó un sobregasto de 4% en la inversión física, un gasto acorde con la
tendencia observada desde 2018.
Inversión física
mensual
En el mes de noviembre se tenía
previsto un gasto en inversión física de 1.2 mdp; de éstos, se ejercieron 0.2
mdp, 80% menos gasto que el programado en el mes. El presupuesto original
considera recursos para el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. Ésta
última ejerció sólo el 1% del presupuesto aprobado; en contraste, el IMSS y el
ISSSTE vieron recortes de 8% y 62%, respectivamente.
Con estos recortes, la inversión física de noviembre es menor
que el promedio observado entre 2007 y 2020, y representa un mínimo histórico
en el mismo periodo.
Insabi
Los datos disponibles a falta de
un mes del cierre de 2021 indican que el gasto de 72.2 mmdp del Insabi se quedó
18% (-15.7 mmdp) corto con respecto al presupuesto aprobado, y 4.3% (-3.2 mmdp)
si se compara con el presupuesto ejercido el año previo. El monto ejercido por
el instituto hasta noviembre equivale al 81% del presupuesto anual aprobado, y es el menor gasto ejercido en el periodo
2017-2021.
Los rubros que más recortes
enfrentaron fueron el de Otros gastos de operación (-73%), Subsidios,
transferencias y aportaciones (-37%) y Servicios personales (-22%). Por el
contrario, el gasto en Ayudas y otros gastos fue 78% mayor que el presupuesto
original, y en el caso de la Inversión física el sobregasto fue de 11%.
A diferencia de otros años, en 2021
el Insabi se caracterizó por diversificar los conceptos de gasto. Debido a
esto, el gasto en Subsidios, transferencias y aportaciones creció 56% anual y
el de Ayudas y otros gastos lo hizo en 32%. Previo a 2021, aproximadamente la
totalidad del gasto se ejercía a través de subsidios, transferencias y
aportaciones.
El 87% (62.8 mmdp) del gasto del
Insabi corresponde a gasto destinado a salud pública a través del programa de
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad
Social. Este programa se distribuye en las 32 entidades federativas del país.
En noviembre dicho programa tuvo su nivel más bajo desde 2017, y con respecto
al año pasado cayó 12.9%. Como consecuencia, las transferencias a 31 estados se
redujeron en más de 10%. Los estados más afectados fueron Colima (-71%), Baja
California Sur (69%), Durango (-63%), Quintana Roo (-61%) y Guerrero
(-56%).
La transición del Seguro Popular al Insabi y los cambios
administrativos que esto conlleva, así como una reducción en el presupuesto y
los efectos de la pandemia, han tenido como resultado una caída en los
servicios otorgados a los derechohabientes del Instituto, principalmente en
las áreas de urgencias, egresos y consultas. A pesar de que la reconversión
hospitalaria llegó a su fin y el número de hospitalizaciones por covid-19 se ha
reducido, no se ha visto un incremento en los servicios otorgados a los
beneficiarios del Insabi, ya que éstos continúan en los niveles observados en
2020.
De acuerdo con los datos disponibles hasta diciembre, el Insabi otorgó
3.5 veces menos consultas que las otorgadas por el Seguro Popular en 2018, y
con respecto a 2020 éstas se redujeron 0.4%. Por programa las consultas de
enfermedades transmisibles tuvieron una caída anual de 12%; también hay caídas
en las consultas de otras enfermedades (-0.5%), a pacientes sanos (-1.1%) y de
salud bucal (-0.2%). Por el contrario, las consultas de salud mental aumentaron
37.2% con respecto a 2020, y las de planificación familiar lo hicieron en
10.1%.
Los
egresos de los derechohabientes del instituto fueron 3.1 veces menores que los
observados en 2018. Sin embargo, con relación a 2020 se recuperaron, con un
incremento de 8.5% anual. Cabe mencionar que a la par de la caída en los
egresos en afiliados al Insabi, observada desde 2018, hay un incremento en los
egresos de pacientes con afiliaciones a programas no relacionados con la
seguridad social. Por ejemplo, el número de egresos de afiliados al programa
IMSS-Bienestar es seis veces mayor con respecto a 2018; de igual manera, los
egresos de afiliados al programa Gratuidad creció siete veces, y los de
pacientes sin afiliación fueron tres veces mayores que los registrados en 2018.
Las
urgencias atendidas fueron 3.8 veces menos que en 2018, pero en 2021 crecieron
7.3% con respecto a 2020. Al igual que con los egresos, el número de urgencias
atendidas en pacientes con otras afiliaciones aumentó, principalmente las
urgencias en pacientes del programa Gratuidad, las cuales se duplicaron con respecto
a 2018, mientras que las otorgadas a pacientes sin afiliación crecieron en 20%.
[1] Antes, el programa Seguro Popular estaba a cargo de
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
[2] Y es que en los reportes
mensuales de la SHCP el gasto funcional en salud no se puede desagregar por
ejecutor. Por lo tanto, a partir de esta sección y en adelante se realiza el
seguimiento del gasto neto total de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE
sin incluir el gasto en pensiones y jubilaciones como un aproximado del gasto
funcional en salud. Dentro del gasto analizado en esta sección y en las
siguientes, se incluye parte del presupuesto de estas secretarías destinado a
funciones de salud, ciencia, tecnología e innovación, coordinación de la
política de gobierno y protección social.
Hasta octubre se ejerció 75% del
gasto funcional en salud aprobado, pero a estas alturas se debería haber
gastado el equivalente al 83% del presupuesto anual. El gasto acumulado fue de
501.5 mil millones de pesos (mmdp), monto 2.8% mayor (13.5 mmdp) al observado
el año pasado.
Del análisis de las instituciones de salud con respecto al
gasto aprobado de enero a octubre de 2021 se desprende lo siguiente:
Continúan los
recortes en el ISSSTE y la Secretaría de Salud. El primero acumuló un recorte de 17% (-19.7 mmdp),
mientras que la segunda reportó uno de 15% (-15.8 mmdp).
La inversión física en salud sigue a la baja. Hasta octubre, el gasto se quedó 46% corto (6.5 mdp) con
respecto a su meta, y tuvo una caída anual de 43% (-5.8 mmdp), a pesar de
acumular 7.7 mmdp. Este gasto fue tan bajo como el observado en el mismo
periodo de 2007, 2008 y 2019.
La reducción en el gasto en inversión física la encabezan
el IMSS (-78%) y el ISSSTE (-73%). Por su parte, la Secretaría de Salud reportó un
sobregasto de 26% en la inversión física.
El gasto del Insabi fue de 65.7 mmdp, el cual fue 11.9% menor (8.8 mmdp) al del año pasado y
20% menor (-16.6 mmdp) que el gasto aprobado en el periodo. A dos meses de que
finalice el año, el gasto destinado a la
atención a la salud para la población sin seguridad social sigue en mínimos
históricos, si se considera el periodo 2017-2021.
Hasta octubre el Insabi otorgó 3.6 veces menos consultas
que las otorgadas por el Seguro Popular en 2018, y el número de egresos es 3.1 veces menor que el registrado
en 2018.
Gasto funcional en
salud
A dos meses de que termine el
año, el gasto funcional en salud acumuló 501.5 mmdp. Con respecto al gasto
ejercido en el mismo periodo de 2020, hay un aumento de 2.8% (13.5 mmdp). Si
este gasto se compara con el observado en periodos iguales de otros años, comprobamos
que el gasto a octubre no es extraordinario: en 2017 se erogó un monto similar
(499.5 mmdp). En lo que va del año se ha gastado el 75% del monto anual
aprobado.
En el gasto mes a mes, en octubre
el gasto fue 45.6 mmdp y cayó 13% con respecto al mismo mes del año pasado.
Presupuesto por
institución
A falta de información oportuna por institución del gasto
funcional en salud[1], en
esta sección le damos seguimiento al gasto realizado por las principales
instituciones, sin incluir el pago de pensiones y jubilaciones, en el caso IMSS
y el ISSSTE.
En el presupuesto por institución
continúan los recortes en el ISSSTE y la Secretaría de Salud. El ISSSTE acumuló
un recorte de 17% (-19.7 mmdp), mientras que la Secretaría de Salud reportó uno
de 15% (-15.8 mmdp).
Entretanto, el gasto del IMSS
aumentó: reportó un sobrejercicio de 4% (10.5 mmdp), y creció 8.7% (21.5 mmdp)
con respecto al año pasado. Por último, las transferencias del FASSA se
colocaron 1% (1.2 mmdp) por arriba de lo aprobado, pero se redujeron un 1.5%
(-1.3 mmdp) anual.
Gasto en salud
mensual
Sólo en octubre el gasto aprobado para el IMSS, el ISSSTE,
el FASSA y la Secretaría de salud fue de 71.2 mmdp, de los cuales se ejercieron
50.0 mmdp. Es decir, no se ejerció 29.8% (-21.2 mmpd) del gasto aprobado.
En el mes, el gasto de la
Secretaría de Salud tuvo el mayor recorte: 68.9% (-17.6 mmdp), y con respecto
al mismo mes de 2020 se redujo 13%. Le siguió el IMSS, con un recorte de 16%
(-4.4 mmdp), acumulando así recortes consecutivos en los últimos tres meses.
Y a pesar de que el ISSSTE exhibe el mayor subejercicio
acumulado hasta octubre (-17%), en el mes reportó un sobregasto de 8.6% (0.8
mmdp). Con respecto al FASSA, las transferencias a los estados fueron de 9.4
mmdp; se encontraron en línea con lo aprobado, y fueron 3% menores que las
realizadas el año pasado.
FASSA a detalle
Hasta octubre se transfirieron
85.7 mmdp a las entidades federativas a través del FASSA, lo que equivale a 78%
del presupuesto aprobado en el año. Este monto es 1.5% menor al transferido el
año pasado y 1% mayor que el calendarizado en el PEF 2021.
A nivel nacional, el gasto per
cápita del FASSA fue de 674.0 pesos. El análisis por estado revela que Colima
(1,653.9 pesos), Campeche (1,493.5) y Zacatecas (1,257.6) son los estados que
más recursos reciben por habitante, y en el otro extremo se encuentran Guanajuato
(469.1), la CDMX (427.5) y Nuevo León (412.5).
Con respecto al año pasado, el
gasto per cápita fue mayor en 13 estados. El mayor incremento se observó en
Nayarit (4.5%), Baja California Sur (4.1%) y Sonora (3.6%). El resto de los
estados tuvieron caídas en los recursos recibidos por habitante, las cuales
fueron mayores a 5% en CDMX (-6.0%), Yucatán (-6.3 %), Quintana Roo (-7.3%),
Aguascalientes (-7.7%), Nuevo León (-10.6%) y Querétaro (-12.5%).
Inversión física en
salud
Continúan los recortes en el
gasto en inversión física en salud. A pesar de acumular 7.7 mmdp hasta octubre,
el gasto se quedó 46% corto (6.5 mdp) con respecto a su meta y tuvo una caída
anual de 43% (-5.8 mmdp). Del gasto en inversión ejercido en lo que va del año,
resalta lo siguiente: 1. el gasto aprobado para el periodo fue
considerablemente mayor al que se observó en el mismo periodo de otros años e
incluso muy similar el pagado el año pasado, y 2. el gasto ejercido fue tan
bajo como el gasto observado en el mismo periodo de 2007, 2008 y 2019.
La reducción en el gasto en
inversión física la encabezan el IMSS (-78%) y el ISSSTE (-73%), mientras que
la Secretaría de Salud reportó un sobregasto de 26% en la inversión física.
Inversión física
mensual
En octubre se tenía previsto un
gasto en inversión física de 2.5 mdp. De éstos, se ejercieron 0.5 mdp, 78%
menos gasto que el programado. El presupuesto original considera recursos para
el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. Ésta última gastó 88% menos de lo
aprobado y el IMSS 78%; en contraste, el ISSSTE reportó un sobregasto de 224%.
A pesar de estos recortes en la
inversión física en octubre, el gasto del mes no dista mucho de la tendencia
histórica que se observó entre 2015 y 2019; no obstante, sí es menor que el
promedio observado entre 2007 y 2020. Más bien, en este mes el gasto previsto
sobrepasaba al gasto observado, al ser muy similar a lo registrado en 2020, un
año con requerimientos especiales de inversión,dada la pandemia por covid-19.
Insabi
Hasta octubre el Insabi acumuló
un gasto de 65.7 mmdp, el cual fue 11.9% menor (8.8 mmdp) al del año pasado y
20% menor (-16.6 mmdp) que el gasto aprobado en el periodo. A dos meses de que
finalice el año, el gasto destinado a la atención a la salud para la población
sin seguridad social sigue en mínimos históricos, si se considera el periodo
2017-2021.
Si bien el gasto del Insabi rompe
un récord mínimo, llama la atención la diversificación en varios conceptos de
gasto. Previo a 2021, aproximadamente la totalidad del gasto se ejercía a
través de subsidios, transferencias y aportaciones; en contraste, a partir de
este año sólo el 53.6% del gasto se ejerce a través de este rubro. El 34.9%
restante se realiza en ayudas y otros gastos, 6.4% en inversión física y 4.4%
en servicios personales.
Del gasto total de esta
Secretaría, el 88% (58.0 mmdp) se ejerce a través del programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social. Dicho
programa presenta su nivel más bajo desde 2017, y con respecto al año pasado
cayó 13%.
Hasta octubre el Insabi otorgó
3.6 veces menos consultas que las otorgadas por el Seguro Popular en 2018, y el
número de egresos es 3.1 veces menor que en 2018. A casi dos años de iniciada
la pandemia, se esperaría un repunte en los servicios médicos de este
instituto. Sin embargo, los indicadores de atención sugieren lo contrario.
A
pesar de estos datos generales, observamos que hay una recuperación en las
consultas de planificación familiar con respecto al año pasado (13.2% por
arriba), de salud mental (40.0%) y crónico degenerativas (1.3%). Entretanto,
las consultas de enfermedades transmisibles y de salud bucal acumulan ya dos
años con caídas consecutivas que superan el 10%.
[1] Y es que en los reportes mensuales de la
SHCP el gasto funcional en salud no se puede desagregar por ejecutor. Por lo
tanto, a partir de esta sección y en adelante se realiza el seguimiento del
gasto neto total de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE sin incluir el
gasto en pensiones y jubilaciones como un aproximado del gasto funcional en
salud. Dentro del gasto analizado en esta sección y en las siguientes, se
incluye parte del presupuesto de estas secretarías destinado a funciones de
salud, ciencia, tecnología e innovación, coordinación de la política de
gobierno y protección social.
Octubre negro fiscal: el declive en la recuperación económica en el tercer trimestre de 2021 impactó en los ingresos tributarios, los cuales registraron en octubre su peor nivel mensual de 2021.
En el décimo mes del año los ingresos tributarios
acumularon 253 mil millones de pesos, 16% menos (47 mmdp) que el promedio de
enero a septiembre, y 2% menos (6 mmdp) que en septiembre, el segundo peor mes
registrado en el año. En el comparativo
anual, desde 2017 no se presentaba una recaudación tan baja para un mes de
octubre.
Con este resultado, los ingresos tributarios acumularon en
lo que va del año 2.9 billones de pesos, apenas 1.6% (46 mmdp) más que en el
mismo periodo de 2020. El rebote económico no se ha sentido en los ingresos.
En efecto, la recuperación económica se ha venido
deteriorando en los últimos meses. En agosto el Indicador Global de la
Actividad Económica (IGAE)[1]
cayó en 1.2% frente a julio y en septiembre hubo una contracción de 0.4% frente
a agosto.
Lo anterior ha impactado a las expectativas económicas del sector privado[2]. En septiembre el consenso era que la economía mexicana tendría un rebote de 6.2% en 2021, pero en octubre esta proyección cayó a 6% y en noviembre se coloca en 5.7%.
Análisis
por tipo de ingreso tributario
El derrumbe de los ingresos tributarios se explica por la
caída de los tres principales impuestos: ISR, IVA e IEPS, que tocaron de igual
forma su peor nivel en octubre.
El gran perdedor fue el ISR, el cual ascendió a 131 mmdp
en octubre, 17% menos (26 mmdp) que el promedio de enero a septiembre y 7.2%
inferior (20 mmdp) al mismo mes de 2020. De hecho, se trata de un nivel similar
al observado en octubre de 2017.
En cuanto al IVA, se recaudaron 82 mmdp, 13% menos (13
mmdp) que el promedio de los primeros nueve meses del año y 6% menos (5 mmdp)
que en octubre de 2020.
Finalmente, en octubre el IEPS acumuló tan sólo 26.3 mmdp,
25% menos (9 mmdp) que el promedio anual y 34% (14 mmdp) menos que en 2020.
Estos
resultados reflejan que la pérdida de empresas y empleo sigue lastrando la
recaudación del principal impuesto: el ISR. No obstante, el mercado interno –el motor usual del IVA–
presenta un mejor desempeño posiblemente impulsado por las remesas, programas
sociales o deuda de las personas.
Frente al calendario, los ingresos tributarios se han
quedado cortos con respecto al programa en cinco meses de 10, por lo que los
2.9 billones recaudados están 2 mmdp o 0.1% en déficit. Al interior de este
monto identificamos que el ISR se encuentra 3% por debajo (48 mmdp) de lo
estimado a octubre, y el IEPS lo está en 25% (83 mmdp). Esto ha sido compensado
por un IVA 15% (120 mmdp) más de lo anticipado y por otros impuestos, que están
9% por encima (10 mmdp) del programa.
La caída en la recaudación tributaria en octubre se
reflejó en una contracción de la inversión pública. En el décimo mes la
inversión física ascendió a 50 mmdp, 8% menos (5mmdp) que el promedio de enero
a septiembre, y cayó a su peor nivel desde mayo. Una demostración más de que
cuando los ingresos se contraen, lo más fácil de recortar es la inversión.
En cuanto a la inversión sin Pemex, el monto registrado
fue de 33 mmdp, 4% más (1 mmdp) que el promedio de enero a septiembre, y el
peor registro desde agosto.
Con este resultado, la inversión total en 2021 acumula tan
sólo 1% (1 mmdp) frente a lo observado en el mismo periodo de 2020. Sin
embargo, la inversión sin Pemex se colocó en 314 mmdp, 11% menos (37 mmdp) que
en 2020, y registró su peor nivel desde 2011, año a partir del cual hay datos
disponibles.
Si se
considera que la viabilidad e impacto social de los proyectos de Pemex son
cuestionables –como la refinería de Dos Bocas, que
costará alrededor de 180 mmdp según la Secretaría de Energía– el bajo nivel del
resto de la inversión pública es sumamente preocupante, ya que limitará las
capacidades de crecimiento y desarrollo del país en el futuro.
Por más de una década el Gobierno federal ha justificado el uso del Ejército en la seguridad pública como una estrategia temporal, necesaria, según su argumento, dada la debilidad de los cuerpos policiales civiles. No obstante, la administración federal ha eliminado el financiamiento de la estrategia de fortalecimiento de la policía civil, particularmente en las instancias municipales, lo que apunta en los hechos a perpetuar la militarización del país.
En el Proyecto de Presupuesto de
Egresos para 2022 se profundiza esta problemática: se dirige un mayor gasto
hacia la Guardia Nacional, mientras se estancan las transferencias federales de
seguridad pública y se esfuman, por segundo año consecutivo, los fondos
especiales para los municipios más inseguros del país.
La apuesta es clara
El presupuesto para la Guardia Nacional es
de 62.8 mil millones de pesos (mmdp), un incremento de 70% (26 mmdp) frente a
lo aprobado para 2021. Al mismo tiempo, las transferencias federales
destinadas a la seguridad pública local se quedarán sin apenas cambio con
respecto a 2021: 8 mmdp, monto 63% inferior (13.6 mmdp) frente al máximo de la
última década, alcanzado en 2016.
En
retrospectiva, los recursos manejados por el Ejército (Sedena, Semar) han
pasado de ser sólo 18% superiores (20 mmdp) a los de los entes civiles
(PGR/FGR, SSPC y Segob) en 2018, a serlo en 271% (149 mmp) para 2022, si se
considera a la Guardia Nacional como una rama del Ejército. La diferencia entre
ambos gastos se amplió 7.5 veces.
La asignación del gasto del Gobierno para 2022 busca seguir fortaleciendo con recursos a las políticas para la militarización de la seguridad pública; sin embargo, al mismo tiempo se abandonan a los policías civiles y municipales.
La anterior interpretación puede dar pie a confusiones. En una primera lectura, en 2022 el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será de 104 mmdp, lo que implica una reducción de 10.8% (12.6 mmdp) frente a lo aprobado en 2021, su peor monto desde el inicio del sexenio. Sin embargo, si consideramos a la Guardia Nacional como una extensión de Sedena, y no dentro de la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana –lo cual, aunque se trata de un asunto de suyo espinoso[1], es lo conducente–, la historia es completamente diferente. Esta policía militar contará con 62.8 mmdp, 69.8% (25.8 mmdp) más que en 2021. Al juntarse estos dos presupuestos, tenemos que el próximo año el Ejército controlará de facto 166.9 mmdp, 9% (13.2 mmp) más que lo aprobado para 2021 y 80% (74 mmdp) más que lo pagado en 2018. En el presupuesto, es el segundo proyecto más importante de la presente administración, después de la pensión para adultos mayores.
Este aumento presupuestal contrasta fuertemente con lo destinado, por ejemplo, a la Fiscalía General de la República (FGR). El presupuesto para esta institución de procuración de justicia prácticamente se ha mantenido sin cambios. Para 2022 tendrá 18 mmdp, un aumento de apenas 0.6% frente a 2021, pero inferior en 11.9% (2.4 mmdp) respecto a lo observado en 2015 (su máximo en la última década) cuando aún era la PGR.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo la dirección del Ejecutivo, tendrá en 2022 31 mmdp, un crecimiento de 8% (2.2 mmdp) frente a 2021 (si se descuentan los recursos dirigidos hacia la Guardia Nacional).
Otro factor destacable es que la
Secretaría de Gobernación (Segob), encargada de la coordinación de la seguridad
pública, transfirió facultades y presupuesto a la SSCP, creada en 2019. La
mayor partida entre las que pasaron a la SSCP fue la de Policía Federal, la cual
había contado con recursos promedio superiores a 25 mmdp de 2014 a 2019. En
2020 esta partida pasó a la SSPC con 25 mmdp, pero en 2021 desapareció (en
efecto, la Policía Federal fue desmantelada). Al mismo tiempo para 2021 se
incrementaron los recursos de la Guardia Nacional a 37 mmdp, 790% (32 mmdp) más
que en 2020. Es evidente que, como parte del proceso de desintegración de la
Policía Federal, sus recursos acabaron en la Guardia Nacional.
Otra partida importante que pasó de la Segob a la SSPC en 2019 fue la de Prevención y Readaptación Social (sistema penitenciario) que en promedio ha contado con 20 mmdp anuales desde 2014. Esto explica en buena medida por qué la Segob, de operar 93.5 mmdp en 2018, pasó a 9.9 mmdp en 2019, y para 2022 caerá a 6.2 mmdp, mientras que la SSPC operó 33.7 mmdp en 2019, el año de su creación, y 65 mmdp en 2020.
En resumen, si se consideran en
conjunto los recursos de las instancias de justicia seguridad civiles como de
la Segob, la FGR y la SSPC,
sin contabilizar los recursos de la Guardia Nacional, en 2022 operarán 55.2
mmdp, una caída de 55% (67 mmdp) frente a 2014. En contraparte, si suman los
recursos de la Sedena, Semar y Guardia Nacional, en 2022 operarán 204 mmdp, 68%
(82 mmdp) más que en 2014.
En otras palabras, mientras en
2014 los recursos manejados por fuerzas militares eran de 122 mmdp, similar a
las administradas por instituciones civiles de seguridad, para 2022 aquellos
recursos a cargo de militares serán de 204 mmdp, casi cuatro veces más que el
presupuesto de fuerzas civiles.
Esta brecha se ha pronunciado y
consolidado en la actual administración. Los recursos manejados por el ejército
(Sedena, Semar) han pasado de ser sólo 18% (20 mmdp) superiores a los entes
civiles (PGR/FGR, SSPC y Segob) en 2018, a ser 271% (149 mmp) mayores para
2022, si se considera a la Guardia Nacional como una rama del ejército.Una
muestra sólida de la mayor militarización de la seguridad pública en el país.
Gasto funcional en
seguridad: gana la Guardia Nacional
El monto total presupuestado en la función de seguridad pública para 2022 es de 315.7 mmdp, superior en 1.8% al aprobado en 2021 (15.7 mmdp); sin embargo, dicho nivel se encuentra en 3.0% y 3.8% por debajo de los máximos observados en 2015 y 2016 (325.5 mmdp y 328.0 mmdp, respectivamente).
Por función (Ver Anexo), observamos que el gasto en seguridad nacional para 2022 se estima en 116.3 mmdp, 23.5% por debajo del nivel de gasto máximo en 2020 (152.0 mmdp). Asimismo, el gasto en justicia para 2022 se anticipa en 125.7 mmdp, 3.9% (4.7 mmdp) superior a lo aprobado en 2021, pero 6.0% por debajo de su nivel máximo de 2018, de 133.8 mmdp.
Sin embargo, el gran ganador en
el proyecto de Presupuesto 2022 será la función de asuntos de orden público y
seguridad interior, con 73.7 mmdp, su mayor monto en la última década, gracias
a un aumento de 53.7% (25.8 mmdp) respecto al aprobado en 2021. El 100% de este
aumento se da en el rubro de Policía, pero en realidad son recursos destinados
a la Guardia Nacional. Mientras que en 2021 a esta policía militar se le
aprobaron 37.0 mmdp para 2022 contará con 62.8 mmdp.
El crecimiento en los recursos de
la Guardia Nacional consiste principalmente en 22.6 mmdp de un nuevo rubro
denominado “Provisiones para infraestructura de seguridad”, destinado a
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales; el resto
corresponde a actividades de apoyo administrativo (2.4 mmdp), en particular a
mayores recursos para prestaciones sociales y económicas y a 0.8 mmdp de
operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y
persecución de delitos.
Transferencias federales: pierden municipios
Para 2022 las transferencias
federales destinadas a la seguridad pública de las entidades federativas y
municipios se mantendrá constante frente a 2021: 8 mmdp, monto similar al de
2007 (9 mmdp), e inferior en 63% (13.6 mmdp) al máximo de la última década,
alcanzado en 2016, de 21.6 mmdp. Frente al promedio del gasto federalizado
total en seguridad de 1999 a 2021 (13.8 mmdp), el presupuesto será 42% (5.8
mmdp) menor.
Además, por segundo año
consecutivo no se plantea ningún fondo destinado a fortalecer la seguridad de
los municipios con mayores índices delictivos. Hay que recordar que las
transferencias federales para seguridad pública se incrementaron entre 2008 y
2015 con el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), y entre
2016 y 2020 con el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de
Seguridad Pública (Fortaseg). En algunos años también se impulsaron mediante
convenios de descentralización del Programa Nacional para la Prevención del
Delito (Pronafed). Gracias a estos fondos, las transferencias para seguridad
superaron los 21 mmdp entre 2013 y 2015.
No obstante, a partir de 2017
desapareció el Pronafed y luego desapareció Fortaseg en 2021. Sólo quedó en pie
el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), aunque también ha
ido disminuyendo desde 2010. Para 2022 su monto propuesto es de 8.0 mmdp,
similar al observado desde 2017 pero inferior a su máximo de 13.4 mmdp de 2001.
De hecho, es incluso menor en 17% (1.6 mmdp) al promedio de 1999 a 2021 (9.6
mmdp).
La desaparición del Fortaseg para el
ejercicio fiscal 2021, por su parte, acabó por desmantelar las estrategias de
fortalecimiento de la seguridad de los municipios más afectados por el crimen.
Hasta 2020 dio recursos por 4.3 mmdp a 286 municipios, los cuales se destinaban
a comprar patrullas, chalecos antibalas, uniformes, municiones, pagar controles
de confianza de policía y equipamiento en general para las fuerzas de
seguridad. Además, servían para la homologación policial, conformación de bases
de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de
emergencia.
Abandono de la estrategia local: hablan los afectados
Al retirarse los fondos de
seguridad complementarios al FASP, las ciudades y los cuerpos de seguridad y las
estrategias de seguridad preventiva han quedado totalmente desprotegidas,
afirmó Sergio Arredondo, secretario general de la Conferencia Nacional de
Municipios de México (Conamm).
“Los recursos están mal asignados
y centralizando todo en la Guardia Nacional. Esto rompe la posibilidad de que
las policías locales se profesionalicen y hagan un trabajo adecuado en la
prevención. Lo que tenemos es un desbordamiento de la delincuencia organizada”,
explicó.
Ante los recortes presupuestales, los
municipios han tenido que recortar otros capítulos de gasto para destinar
recursos a labores de seguridad, afectando a los municipios más pequeños con
menos margen de maniobra, comentó Adán Larracila, secretario ejecutivo de la
Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC). Además, los recortes dificultan la
coordinación con las instancias estatales y federales de seguridad, al
debilitar el capital humano y limitar los recursos de trámites y procesos.
Lo más preocupante es que los
recortes presupuestales encaminan a los municipios a un estado de subordinación
y no de coordinación con la Federación, lo cual no sólo va en contra de la
independencia municipal, sino que es ineficiente, afirmó Larracilla.
El secretario ejecutivo de la ANAC detalló que
está a favor de un modelo subsidiario, donde si el municipio no puede dar la
seguridad, se acepte la coordinación sin subordinación con la Federación en un
cierto periodo para desarrollar la madurez del sistema municipal retome la
independencia, el llamado mando mixto.
Para el siguiente año, anticipó
que la Conamm, que agrupa a la ANAC y otras organizaciones, pedirá a la Cámara
de Diputados la reactivación del Fortaseg, pero con un rediseño de fórmulas. En
sus cuatro años de vida los criterios de elegibilidad del fondo comenzaron a
basarse más en factores poblacionales, dejando de lado a algunos municipios
poco poblados pero con altos índices delictivos. Además, se le dio peso a la
percepción de inseguridad y no a datos duros sobre el crimen.
Se espera lograr una reactivación
de estos fondos con una elegibilidad centrada en el número de delitos, sin
tanto peso en el factor poblacional y reducir el peso del componente de
percepción.
Anexo: Gasto en seguridad por función
en el PPEF 2022
Función Asuntos de
Orden Público y de Seguridad Interior
Dentro de la función de Asuntos
de Orden Público y de Seguridad Interior destaca el crecimiento de dato
estimado en el PPEF2022 para el rubro de Policía, de 69.0% respecto al aprobado
en 2021, debido a los mayores recursos destinados a la Guardia Nacional por
25.8 mmdp (37.0 aprobados en 2021 vs 62.8 en el proyecto PEF de 2022).
El crecimiento en los recursos de
la Guardia Nacional obedece principalmente a recursos por 22.6 mmdp de un nuevo
rubro denominado ‘Provisiones para infraestructura de seguridad’, destinado a
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales, el resto
corresponde a actividades de apoyo administrativo (2.4 mmdp) es particular por
mayores recursos para prestaciones sociales y económicas y 0.8 mmdp de
operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y
persecución de delitos.
Por otro lado, los rubros de
protección civil y otros asuntos de orden público y seguridad disminuyeron,
respecto al aprobado 0.3% (-0.4 mdp) y 1.7% (-31.7 mdp), respectivamente. Y han
venido disminuyendo a lo largo del tiempo.
Función Justicia
Dentro de la función de Justicia,
los mayores recursos se destinan a la impartición de justicia (64.0%), el monto
propuesto para 2022 es de 80.1 mmdp, similar al observado en 2018 y 3.6% (2.8
mmdp) superior al aprobado en 2021.
En segundo lugar, se encuentran
los recursos para reclusión y readaptación social (19.0%), los cuales se ubican
en niveles similares a 2017 y aumentaron 7.8% (1.7 mmdp) respecto al aprobado
de 2021. Cabe destacar que este rubro tuvo una caída significativa en 2017
(-31.1%) y también presentó disminuciones entre 2019 y 2021, por lo que es una
buena noticia que se vaya a recuperar.
La procuración de justicia, en
tercer lugar (15.0%), recibirá recursos por 18.4 con un aumento de tan sólo
0.4% (0.1 mmdp) respecto al aprobado en 2021.
Finalmente, los recursos
destinados a la justicia de derechos humanos (3.0%) aumentarán 5.5% (0.2 mmdp)
respecto al dato aprobado en 2021 y recibirán 3.8 mmdp, monto similar a su
nivel de 2019 y mayor al recibido en 2020 y 2021.
Por programa presupuestario, la
Función de Justicia presenta incrementos destacados, en términos absolutos de
3,736 mdp. En el proyecto PEF2022, respecto al aprobado 2021, destacan seis
rubros:
Otras actividades (2,786 mdp)
Administración del Sistema Federal Penitenciario
(356 mdp).
Protección y defensa de los Derechos Humanos
(138 mdp)
Promover la formación profesional y capacitación
del capital humano (124 mdp)
Atención a Víctimas (85 mdp)
Investigar y perseguir los delitos federales de
carácter especial (38 mdp).
Por su parte, destaca una
disminución considerable (-6,501 mdp) en actividades de apoyo administrativo,
seguida de -65 mdp para Investigar y perseguir los delitos del orden federal y
-108 mdp para Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia
Organizada.
En términos de variación
porcentual, los mayores crecimientos PEF2021 vs. PPEF2022, se observaron en los
programas orientados a:
Promover la solución de controversias en materia
penal federal mediante la aplicación de mecanismos alternativos (290.5%).
Establecer y dirigir la estrategia institucional
para proteger, supervisar y promover los Derechos Humanos y presentar sus
resultados (41.4%).
Promover la formación profesional y capacitación
del capital humano (35.7%).
Atender asuntos relacionados con niñas, niños y
adolescentes (31.7%).
Protección y defensa de los derechos humanos
(29.7%).
Supervisar la observancia e incidencia de los
Derechos Humanos en los centros penitenciarios en la República Mexicana
(23.2%).
Atender asuntos relacionados con las personas
migrantes, así como impulsar las acciones de promoción en la materia (15.9%).
Investigar y perseguir los delitos federales de
carácter especial (11.4%).
Atención a Víctimas (11.0%).
Por otro lado, destaca con
mayores caídas porcentuales las Actividades de apoyo administrativo (-70.%),
seguidas de los programas relacionados con la planeación de actividades,
analizar información y resultados, supervisar acciones que contribuyan a la
medición del cumplimiento de los derechos humanos en el país, así como generar
propuestas de mejora continua (-28.6%) y Programa de igualdad entre mujeres y
hombres SDN (-27.9%),
Función Seguridad Nacional
En la función de Seguridad
Nacional, a pesar de que el rubro de Defensa es el que recibe los mayores
recursos (70.0%), el monto del PPEF2022 es de 81.0 mmdp, similar al nivel
observado en 2018, muy por debajo de los niveles máximos de 2019 a 2021 (105.4
mmdp, 116.9 mmdp y 105.9 mmdp, respectivamente).
El rubro de Marina ha permanecido
en niveles similares desde 2019, y al que presentó en 2014. Para 2022 se prevén
recursos por 32.5 mmdp, 10.5% menores al máximo reportado en 2016 (36.4 mmdp).
El de Inteligencia para la
Preservación de la Seguridad Nacional se ha reducido considerablemente: el
monto para 2022 (2.7 mmdp) es tan sólo el 18% y 22% de lo que recibía este
concepto en 2014 y 2015, cuando presentó sus niveles máximos (15.2 mmdp y 12.5
mmdp, respectivamente).
En términos de crecimiento, los
recursos estimados para la función de seguridad nacional se redujeron 17.6%
(-24.8 mmdp) respecto al aprobado de 2021. A su interior, los destinados a
Defensa cayeron 23.0% (-24.9 mmdp), los de Marina 0.3% (-0.1 mmdp), mientras
que los de Inteligencia aumentaron 3.8% (0.1 mmdp) después de haber presentado
caídas de 55.7% y 18.5% en 2019 y 2020.
Por programa presupuestario, la
Función de Seguridad Nacional presenta incrementos destacados, en términos
absolutos (3,848 mdp), en el proyecto PEF2022 respecto al aprobado 2021, en 6
programas:
Defensa de la Integridad, la Independencia, la
Soberanía del Territorio Nacional (1,651 mdp).
Operación y desarrollo de los cuerpos de
seguridad de las Fuerzas Armadas (972 mdp).
Actividades de apoyo administrativo (812 mdp).
Emplear el Poder Naval de la Federación para
salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales (177 mdp).
Programa de la Secretaría de la Defensa Nacional
en Apoyo a la Seguridad Pública (127 mdp).
Servicios de inteligencia para la Seguridad
Nacional (109 mdp).
Destaca por su mayor caída el
programa de Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana (-284 mdp), le
siguen el de Salud y producción animal (-62 mdp), el de Adquisición,
construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales (-52.0 mdp), el de
Coordinación y apoyo de las acciones a cargo del Consejo de Seguridad Nacional
y Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de
armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus
accesorios presentan disminuciones en sus recursos propuestos por -11 mdp, cada
uno.
Respecto
a la variación porcentual, destaca el incremento de 3,398.1% del Programa para
el fortalecimiento de las capacidades de auxilio a la población civil mediante
el Plan DN-III-E, el cual pasó de 2 mdp a 60 mdp (PEF2021 vs PPEF2022). Le
siguen el Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN con 506.0% más de
recursos y Administración y Operación de Capitanías de Puerto y Asuntos
Marítimos (14.7%).
Las mayores caídas fueron para la
Coordinación y apoyo de las acciones a cargo del Consejo de Seguridad Nacional
(-89.5%) y Salud y producción animal (-61.1%).
[1] “¿Qué es la Guardia Nacional?”, se
pregunta aquí Samuel Storr, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero
CDMX, aquí:
https://seguridadviacivil.ibero.mx/2021/08/25/que-es-la-guardia-nacional/
Hasta septiembre se ejerció 68%
del gasto funcional en salud aprobado, pero a estas alturas se debería haber
gastado el 75% del presupuesto anual. El gasto acumulado fue de 455.9 mil
millones de pesos (mmdp), monto 4.8% mayor (21 mmdp) al observado el año pasado,
pero que se quedó corto en 0.5% (-2.2 mmdp) con respecto al monto aprobado.
Del análisis del gasto aprobado en el periodo para las
instituciones de salud se desprende lo siguiente:
Continúa
deprimido el gasto del ISSSTE y la Secretaría de Salud; acumularon recortes de 34.7% (-17.9 mmdp) y 3.7 % (-3.6
mmdp), respectivamente.
La inversión física en salud sigue a la baja. A pesar de acumular 7.4 mmdp en el tercer trimestre, el
gasto se quedó 38% corto (4.5 mmdp) con respecto a su meta y tuvo una caída
anual de 39% (-4.7 mmdp). El gasto
ejercido fue similar al erogado en 2019, un año que se caracterizó por un
recorte brutal en la inversión física en salud (por lo demás, fue el año
con el mayor recorte (-3%) en el gasto en salud total).
El gasto del Insabi fue de 62.1 mmdp, 3% menor (2.2 mmdp)
al del año pasado. Con este monto, el
gasto destinado a la atención a la salud para la población sin seguridad social
se encuentra en un mínimo histórico en el periodo que abarca el 2016-2021.
El gasto en medicamentos del Insabi exhibió importantes
recortes. Se ejercieron 268.4 mdp, que
fueron 71.4% (669.2 mdp) menores que lo aprobado y 26.5% (96.8 mdp) menores al
gasto ejercido el año pasado.
En análisis previos
señalamos que la transición del Seguro Popular al Insabi podría afectar la
atención brindada a los derechohabientes, y los últimos datos de la Secretaría
de Salud lo confirman. Junto con la
disminución del gasto ejercido por el Insabi, hay también una reducción en las
consultas y egresos de los derechohabientes de este instituto. Hasta
octubre, el Insabi otorgó 3.6 veces menos consultas que las otorgadas por el
Seguro Popular en 2018, y el número de egresos es 3.1 veces menor si lo
comparamos con 2018. A más de un año de iniciada la pandemia se esperarían indicios
del muy necesario repunte en los servicios médicos de este instituto; sin
embargo, los indicadores de atención sugieren lo contrario.
Gasto funcional en salud
En el tercer trimestre el gasto
funcional en salud acumuló 455.9 mmdp. Con respecto al gasto ejercido en el
mismo periodo de 2020, hay un aumento de 4.8% (21 mmdp). Sin embargo, si lo
comparamos con el gasto previsto en el trimestre, lo que vemos es un recorte de
0.5% (-2.2 mmdp). En lo que va del año se ha gastado el 68% del monto anual
aprobado.
En el gasto mes a mes, observamos que en septiembre el gasto fue 60.4 mmdp, y tuvo un incremento de 15% con respecto al mismo mes del año pasado.
Presupuesto por institución
Se observaron recortes en el presupuesto de tres
instituciones. El ISSSTE acumuló un recorte de 34.7% (-17.9 mmdp), mientras que
la Secretaría de Salud reportó uno de 3.7 % (-3.6 mmdp). En menor medida, las
Aportaciones a la Seguridad Social exhibieron un subejercicio de 0.4% (-0.1
mmdp).
Entretanto, el gasto de la
Secretaría de Marina mantiene su vigor y reportó un sobregasto de 33% (0.6
mmdp), e incluso ejerció 18.6% (0.4 mmdp) más recursos que en el mismo periodo
del año pasado. De igual manera el gasto del IMSS se mantuvo al alza: reportó
un sobrejercicio de 7.9% (17.3 mmdp) y creció 13.9% (26.8 mmdp) con respecto al
año pasado.
Por último, las transferencias
del FASSA estuvieron 1.5% (1.2 mmdp) por arriba de lo aprobado, pero se
redujeron 1.2% (-0.9 mmdp) con respecto al año pasado.
Al analizar el gasto por programa
presupuestario de cada institución, encontramos que dentro de los cinco
programas con mayor sobregasto se encuentra cuatro de la Secretaría de Salud:
Mantenimiento de Infraestructura (179.6%), Rectoría en Salud (66.6%),
Fortalecimiento a la Atención Médica (52.6%) y Atención a la Salud (48.1%).
Dentro de los programas con más recortes, nos
llamó la atención el recorte de la mitad del presupuesto (-50.8%) en un
programa tan relevante como lo es el de Prevención y Atención de VIH/SIDA y
otras ITS, de la Secretaría de Salud.
Presupuesto en medicamentos
El gasto en medicamentos acumuló
63.3 mmdp al tercer trimestre del año, lo que representa el 13.9% del gasto
funcional en salud. En el primer trimestre reportamos que este gasto tuvo un
recorte de 44%, y que fue 20% menor que el del año pasado. Sin embargo, tal
tendencia cambió: en el tercer trimestre del año se acumula un sobregasto de 5%
(3.0 mmdp), lo que significa un incremento anual de 26% (13.2 mmdp).
Este sobregasto se observó en casi todas las instituciones de salud, excepto en la Secretaría de Salud, la cual acumuló un recorte de 25% (1.1 mmdp), e incluso reportó una caída anual de 11% (0.4 mmdp).
Inversión física en salud
Continúan los recortes en el
gasto en inversión física en salud. A pesar de acumular 7.4 mmdp en el tercer
trimestre, el gasto se quedó 38% corto (4.5 mmdp) con respecto a su meta y tuvo
una caída anual de 39% (-4.7 mmdp).
Esto nos llama la atención en
torno al gasto en inversión ejercido en lo que va del año: 1. el gasto aprobado
para el periodo fue considerablemente mayor al que se observó en trimestres de
otros años, e incluso muy similar al pagado el año pasado, y 2. el gasto ejercido,
además de ser menor que el aprobado, fue similar al erogado en 2019, un año que
se caracteriza por un recorte brutal en la inversión física en salud, además de
ser el año con el mayor recorte (-3%) en el gasto en salud total.
La reducción en el gasto en inversión física la encabezan el ISSSTE (-87%) y el FASSA (-78%), mientras que el IMSS sí ejerció el gasto planeado en este rubro. Y a pesar de que la Secretaría de Salud reportó un sobregasto de 58% en inversión física, su gasto no fue suficiente para compensar la caída total.
Insabi
Al tercer trimestre el Insabi
acumuló un gasto de 62.1 mmdp, el cual fue 3% menor (2.2 mmdp) al del año
pasado y 1% menor (-0.7 mmdp) que el gasto aprobado en el trimestre. Con este
monto, el gasto destinado a la atención
a la salud para la población sin seguridad social se encuentra en un mínimo
histórico parael periodo 2016-2021.
El gasto en medicamentos del
Instituto acumuló 268.4 mdp, y tuvo un recorte de 71.4% (669.2 mdp), además de
ser 26.5% menor (96.8 mdp) al ejercido el año pasado.
Por su parte, la inversión física
fue de 4.2 mmdp, con un sobregasto de 85.1% (1.9 mdp). Una gran proporción del
gasto en inversión en éste y otros años se destina a aportaciones al Fondo de
Salud para el Bienestar; no obstante, del gasto de este trimestre llaman la
atención dos puntos: 1. se ejercieron 0.4 mdp en Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a
servicios públicos y la operación de programas públicos, y 2. las aportaciones
a fideicomisos reportaron un sobregasto de 67% (1.5 mdp).
Al tercer trimestre de 2021, el
92% del presupuesto de esta institución lo aporta el programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social (57.1
mmdp); el resto del presupuesto se nutre de recursos de los programas de
Atención a la Salud (3.9 mmdp), Fortalecimiento a la Atención Médica (1.0 mmdp)
y Actividades Administrativas (0.1 mmdp).
En análisis previos señalamos que
la transición del Seguro Popular al Insabi podría afectar la atención brindada
a los derechohabientes, y los últimos datos de la Secretaría de Salud confirman
nuestros temores. Junto con la
disminución del gasto ejercido por el Insabi, hay también una reducción en las
consultas y egresos de los derechohabientes de este instituto. Hasta octubre
el Insabi otorgó 3.6 veces menos consultas que las otorgadas por el Seguro
Popular en 2018, y el número de egresos es 3.1 veces menor que en 2018. A un
año y medio de iniciada la pandemia y con lo más álgido de ésta superado, se
esperaría un repunte en los servicios médicos de este instituto; sin embargo,
los indicadores de atención sugieren lo contrario.
A pesar de estos datos generales, observamos que hay una recuperación en las consultas de planificación familiar (13.2% por arriba), de salud mental (40.0%) y enfermedades crónico-degenerativas (1.3%). Sin embargo, las consultas de enfermedades transmisibles y de salud bucal acumulan ya dos años con caídas consecutivas, que superan el 10%.
Al tercer trimestre del año, la disparidad entre costos
e ingresos provocaron que el balance financiero de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), si no tomamos en cuenta las transferencias que recibió del
Gobierno federal, cayera a -86 mmdp, un crecimiento de 179% en el déficit (-55
mmdp), situación sólo superada por el déficit registrado en 2018. Si
consideramos las transferencias (subsidios, en realidad), el balance fue de -16
mmdp, lo que de cualquier forma significó un retorno al espectro negativo,
luego de que en 2020 registrara un saldo positivo de 35 mmdp en el mismo
periodo.
Si sólo tomamos los gastos
operativos e ingresos por venta de bienes y servicios, también se registró un
déficit financiero de 66 mmdp, 420% (53 mmdp) superior al observado en 2020 al
mes de septiembre. Esto se debe a ventas netas de bienes y servicios por 276
mmdp, 3% (8.2 mmdp) menores a las de 2020, y a gastos de operación de 343 mmdp,
15% (45 mmdp) mayores. De hecho, desde 2016 este balance se ha mantenido
negativo.
Jalonados por un aumento de los precios de los combustibles, los gastos totales de la CFE mostraron al tercer trimestre un aumento de 11% (37.5 mmdp), su tercer mayor nivel luego de 2018 y 2019 para este periodo. No obstante, a pesar del mayor dinamismo del mercado energético en 2021, los ingresos propios registran una caída de 6% (17.9 mmdp) hasta llegar a 283 mmdp, su peor nivel desde 2016.
Al tercer trimestre de 2021, el aumento de los precios de
los combustibles ha impactado en la estructura financiera de la CFE; tanto, que
dio pie al mayor sobregasto de
energéticos para la producción de electricidad desde 2016. En consecuencia,
los subsidios a las tarifas eléctricas exhibieron su mayor nivel visto para los
primeros nueve meses del año desde 2016, año en que se inició este registro.
De los 322 mmdp presupuestados
para la CFE al mes de septiembre, el 44% (142 mmdp) residen en el capítulo de
Materiales y Suministros, donde se registran conceptos como combustibles,
alimentos, refacciones, vestuarios entre otros. Le sigue el capítulo de Servicios
Generales, con 52.2 mmdp, (16.5% del total), donde se tienen los conceptos de
arrendamientos, comisiones, mantenimiento y servicios telefónicos, entre otros.
Es en estos dos capítulos donde se registran sobrejercicios. En el resto de
capítulos –cuyo gasto conjunto no supera el 15% del total– hay ligeros
subejercicios.
Sí, este problema debe importarnos a todos porque afecta
nuestro bolsillo. Considerando los mencionados capítulos con sobrejercicios, el
gasto de la CFE en el tercer trimestre del año acumula 369 mmdp, 15% (47.5
mmdp) por arriba de lo aprobado al periodo. La mayor parte de este ‘exceso de
gasto’ proviene del capítulo de Materiales y Suministros, en la partida de
combustibles lubricantes y aditivos por 165 mmdp, 57% (59.9 mmdp) superior a lo
aprobado al periodo. Éste es el mayor sobregasto registrado para esta partida
desde 2018, que se tiene desglose trimestral.
Dicho sobrejercicio ha sido compensado en parte con un menor gasto en obras de abastecimiento de agua, gas y electricidad, por 3.8 mmdp, y por 3.4 mmdp menos en coberturas cambiarias. El esfuerzo no es menor, pues ha implicado efectuar recortes en el presupuesto de ámbitos relevantes de la empresa para la operación de los servicios y la administración de riesgos financieros.
Como se ve, la adquisición de insumos para la producción de electricidad estresa
las finanzas de CFE. Al interior de tal sobrejercicio, identificamos que la
partida Pidiregas Gastos Variables gastó 72.8 mmdp, 122% (39.9 mmdp) más de lo
aprobado al periodo. En esta partida se registran los gastos por asignaciones
destinadas a cubrir las erogaciones que realizan las entidades públicas (CFE)
en proyectos de inversión financiada condicionada, por compras de energía,
nitrógeno y otros productos o servicios que intervienen en el proceso
productivo. Con estos cargos, el contratista o productor (privado) recupera los
diversos gastos que están asociados al volumen de producción de las entidades,
e incluyen insumos y otros gastos de operación y mantenimiento[1].
Asimismo, se destacó un gasto de 55 mmdp para
combustibles de importación para plantas productivas, 44% (19.9 mmdp) superior
a lo aprobado, y de 36 mmdp de combustibles nacionales para plantas productivas,
9% (3 mmdp) superior a lo aprobado.
Desde 2018, que se tiene el
desglose de esta partida, los gastos por combustibles, lubricantes y aditivos
ha promediado 130 mmdp aprobados de enero a septiembre, pero 158 mmdp
ejercidos, lo que ha supuesto sobrejercicios en tres de cuatro años, con un
promedio de 44 mmdp de sobregasto.
La gran diferencia entre el presupuesto aprobado y el gastado de 2021
se debe a que la CFE y Hacienda previeron gastos por energéticos en un contexto
recesivo. En 2020, durante la pandemia por covid-19 y un menor consumo
energético, el gasto en combustibles, lubricantes y aditivos al tercer
trimestre fue de 120 mmdp, 30% (51 mmdp) menos que en 2019, y quedó 13% (18
mmdp) por debajo del presupuesto al periodo. Esta reducción en los gastos
operativos/presupuestarios de la CFE en 2020 se reflejó en una presupuestación
24% (33 mmdp) inferior para 2021.
No obstante, desde febrero de 2021 los costos de producción
de electricidad han sido presionados por los precios extraordinarios del gas
natural, provocados por las heladas en el sur de Estados Unidos y Norte de
México, según el Reporte al Consejo de Administración de la CFE, publicado en
julio de este año. Desde entonces, los costos de los energéticos han seguido
aumentando.
Para 2022, la partida de combustibles, lubricantes y aditivos tiene presupuestados sólo 149.7 mmdp, 9% (15 mmdp) menos de los erogados al tercer trimestre del año, 7% (10.5 mmdp) por debajo del promedio aprobado de 2016 a 2021 y 25% (48.9 mmdp) menos del promedio gastado de 2016 a 2020. Todo esto vaticina más sobregastos de la CFE por este concepto en el siguiente año. Lo que las autoridades no han aclarado es cómo se va a financiar: ¿habrá nuevos recortes en otras áreas del presupuesto?
Situación financiera y subsidios
Para mantener los precios de la electricidad estables, de enero a
septiembre se han gastado 70.3 mmdp en subsidios a las tarifas eléctricas,
monto 6% (4 mmdp) superior a lo erogado en el mismo periodo del año anterior y
el monto más alto registrado desde 2016, año a partir del cual se tienen datos
disponibles. Asimismo, ya se han superado los 70 mmdp anuales aprobados para
estos subsidios, en 0.4% (279 mdp).
Esta consideración es importante, ya que para 2022 se tienen presupuestados 73 mmdp en subsidios a las tarifas eléctricas, que podrían no ser suficientes en el contexto financiero actual de la CFE y menos aún si se aprueba la reforma energética, la cual incrementará los costos de producción de esta empresa, según diversos analistas.
Para 2022 se propone focalizar el
gasto en 74 programas de subsidios, ejecutados en zonas con altas tasas de
marginación y pobreza. La asignación total proyectada para estos programas
asciende a 781.3 mil millones de pesos (mmdp): representaría el 15% del gasto
programable y 11.1% del gasto neto total. De hecho, el presupuesto en programas
de subsidios que se propone para 2022 es 16% mayor (108.3 mmdp) que el monto
que se aprobó para tales programas en el PEF 2021. Ni el gasto en salud aumentará tanto.
Son 74 programas de subsidios los que se consideran en el
proyecto de presupuesto. Sin embargo, son sólo 10 los que concentran el 83% del
presupuesto. El programa que contará con más recursos, y que abarca el 30.5%
(238.01 mmdp) de la bolsa total, es el de “Pensión para el Bienestar de las
Personas Adultas Mayores”, seguido por el programa de “Subsidios para
organismos descentralizados estatales”, con 99.8 mmdp (12.8%) y el de “Atención
a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social
Laboral”, con 77.5 mmdp (9.9%).
Dentro de estos 10 programas se encuentran seis
prioritarios: el mencionado “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas
Mayores” (30.5%), “Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior
Benito Juárez” (4.4%), “Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar
Benito Juárez” (4.3%), “Sembrando Vida” (3.8%), “Jóvenes Construyendo el
Futuro” (2.7%) y “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad
Permanente” (2.3%).
Es el cuánto, pero también el dónde…
En el análisis del PPEF 2022 pusimos la lupa en el destino
geográfico del gasto en programas de subsidios, por dos razones. En primer
lugar, simplemente porque el Ejecutivo federal está obligado a identificar el
destino geográfico de estos recursos, tal y como lo dicta la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)[1]. En
segundo lugar, porque si realmente se quiere lograr que los subsidios lleguen a la población más
marginada, es esencial que desde la planeación de los programas se conozca cómo
se van a distribuir geográficamente.
A pesar de que la ley señala esta obligación, no se
implementa cabalmente en los planes de gasto. De la bolsa de recursos de 781.3
mmdp en programas de subsidios para 2022, el 85% (662.6 mmdp) se clasificó sin
distribución geográfica (166.6 mmdp) o en Ciudad de México (495.9 mmdp). Esto
no es nuevo: ya habíamos señalado que es indispensable especificar el destino geográfico
de los recursos para estos programas, desde la planeación del gasto. Y lo que
más nos alarma es que en 2019 (82%), 2021 (83%) y para 2022 (85%) la
participación en el presupuesto aprobado de los recursos sin destino geográfico
va en aumento. De ser aprobado en estas condiciones, el PEF 2022 romperá un
récord histórico por la cantidad de recursos que serán asignados a través de
programas de subsidios sin claridad de su destino geográfico.
Es llamativa la creciente proporción del presupuesto
ejercido en programas de subsidios cuyo destino no se identifica o es en CDMX, la cual pasó de
representar 39% en 2018 a 55% en 2019 y 60% en 2021. Y que hasta el segundo
trimestre de 2021 representó 63% del presupuesto total en estos programas.
Surge la duda si en efecto los capitalinos han disfrutado (y necesitado) tantos
recursos, o bien el problema es la falta de claridad del destino mismo.
Por otra parte, de los 15 programas que tienen una mayor asignación de recursos sin
clasificación geográfica y/o en CDMX, nueve corresponden a programas
prioritarios, y tienen pendiente la clasificación geográfica de la totalidad de
su presupuesto: 1. “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas
Mayores”, 2. “Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior
Benito Juárez”, 3. “Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar
Benito Juárez”, 4. “Sembrando Vida”, 5. “Jóvenes Construyendo el Futuro”, 6.
“Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”, 7.
“Producción para el Bienestar”, 8. “La Escuela es Nuestra” y 9. “Precios de
Garantía”. Los nueve programas suman una bolsa de 413.7 mmdp, y representan 53%
del presupuesto total de los programas de subsidios.
Es importante aclarar que no todos
los programas, por su naturaleza, pueden prever con la misma precisión el lugar
en donde serán entregados sus subsidios. Sin embargo, la medida en la que
puedan hacerlo es algo que desde el diseño de los programas debe establecerse
con claridad, para evitar confusiones que permitan la discrecionalidad
innecesaria en la entrega de los recursos. Los nueve programas prioritarios
mencionados anteriormente están sujetos a Reglas de Operación (ROP), con
excepción de “La Escuela es Nuestra”. Las ROP podrían ser un instrumento útil
para regular este ámbito.
Como se verá más adelante, hay
evidencia de que varios de estos programas exhiben deficiencias en su
planeación, diseño e implementación.
Lo que más preocupa de estos programas
Entre los programas y proyectos
prioritarios del Gobierno hay algunos que destacan negativamente, por fallas en
su planeación, deficiente medición del impacto, sobregasto e incluso
otorgamiento indebido de recursos, según han documentado auditorías u órganos
autónomos. A pesar de las críticas a la escasa viabilidad y eficiencia de estos
programas, el Gobierno federal ha insistido en mantenerlos y agrandarlos. He
aquí los principales:
1. Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores
Las transferencias directas para
adultos mayores han sido la política insignia de López Obrador, que lo
catapultaron desde que era jefe de Gobierno en el Distrito Federal. Por eso no
sorprende que su símil a nivel nacional sea el de mayor valor entre los programas
prioritarios. Éste crecerá en 69% respecto a 2021 –a 230 mil millones–, lo que
representan 97 mmdp adicionales frente a 2021. Frente a lo presupuestado en
2020 (la primera vez que Morena hilvanó por completo el presupuesto) el aumento
es 70% real (98.3 mmdp).
Este crecimiento se debe a que en
abril de este año se anunció que las pensiones otorgadas aumentarán 20% más
inflación cada año, hasta llegar a 6 mil pesos en 2024, frente a los 3,100
pesos que se dan ahora bimestralmente.
Críticas al programa. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó mediante
una auditoría de cumplimiento[2]
deficiencias en el control en pagos a 82,870 beneficiarios, lo que resultó en
un monto por aclarar de casi mil millones de pesos del presupuesto ejercido por
la Secretaría de Bienestar en la Cuenta Pública 2019.
Se resaltan pagos por 983 millones
efectuados a 77,117 beneficiarios sin Clave Única de Registro de Población
(CURP), pagos duplicados, sin evidencia documental e incluso pagos a personas
ya fallecidas.
Por su parte, el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha demostrado que el
programa falla en probar su impacto en la población objetivo, ya que carece de
información estadística actualizada. Asimismo, carece de métodos de
notificación y contacto con los beneficiarios.
2. Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población
sin seguridad social laboral
En la parte de medicamentos
gratuitos, para 2022 no se prevén incrementos reales para este programa, que se
quedará en 77.5 mmdp, siendo el segundo más costoso de los programas
prioritarios del presidente. Cabe destacar que frente al presupuesto modificado
de 2020, este programa quedará 34% (40 mmdp) por debajo.
El objetivo de este programa es garantizar
el acceso y continuidad en la prestación de servicios para la población en
condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, sobre todo en regiones de
alta o muy alta marginación, a través del fortalecimiento de hospitales
comunitarios, incluyendo los Centros Regionales de Desarrollo Infantil y
Estimulación Temprana (Ceredi) y el IMSS Bienestar.
Críticas al programa. Según una auditoría de cumplimiento[3] de la
ASF para la Cuenta Pública 2019, este programa dejó pendientes aclaraciones por
2.6 mmdp en 2019. La ASF detectó falta de documentación justificativa y
comprobatoria del gasto por 1.3 mmdp en el IMSS y en los estados de Chiapas,
Morelos, Oaxaca y Tabasco, que representaron el 52.4% del monto total señalado
con inconsistencias.
Asimismo, Coneval aseguró desde 2020
que el programa no cuenta con información de avance de indicadores. Además,
cuando el Insabi tomó el cargo del programa se detuvo el proceso de validación
para la modificación del árbol de objetivos, de problemas y el diagnóstico del
programa. [4]
3. Proyectos de transporte masivo de pasajeros (Tren Maya)
El megaproyecto para llevar
“desarrollo” al sureste del país será el más favorecido para 2022, con un
presupuesto de 64.6 mmdp; es decir, un crecimiento del 71.7% (26.9 mmdp) frente
a lo aprobado en 2021.
Cabe destacar que en los Precriterios
Generales de Política Económica (PGPE) se anticipaba un crecimiento de 35% (12
mmdp) a 48.9 mil millones de pesos, frente a 2021. Ahora, frente al presupuesto
modificado de 2020 los recursos con los que contará el Tren Maya serán 694%
(56.4 mmdp) mayores.
Críticas al proyecto. La ASF indicó en febrero de 2021, en su estudio de la Cuenta
Pública 2019[5],
que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado de la obra, no
determinó la factibilidad social del Tren Maya ni contó con un diagnóstico que
previera los posibles efectos y riesgos sociales que ocasionaría su
construcción.
Según la ASF, Fonatur inició medidas
administrativas antes de consultar a la población indígena, ya que no les
informó sobre los efectos y riesgos. Es decir, se impuso una visión
desarrollista sin considerar a los habitantes de la región.
La Auditoría también ha advertido que
de continuar las modificaciones en el diseño del proyecto –como cambios de la
ruta del tren–, o de generarse retrasos en la construcción, podría
incrementarse la inversión y existiría el riesgo de que el Estado no obtenga la
rentabilidad esperada por el proyecto.
Hay que recordar que en marzo de 2021
Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, anticipó en entrevista[6]
un sobrecosto para el proyecto de 30% a 180 mmdp, cuando el costo original era
de 139 mmdp. Esto, debido a los cambios en el trazado de las vías y a
dificultades en los procesos de licitación.
De hecho, en 2021 el presupuesto modificado a junio es ya de 22.8 mmdp,
61% (8.6 mmdp) más que el presupuestado para la mitad del año.
4. Sembrando Vida
El programa de subsidios para
desarrollar el campo mexicano tendrá un recorte de 1.8% (0.5mmdp) frente a
2021, al acumular un gasto de 29.4 mmdp para 2022. No obstante, frente al
presupuesto modificado de 2020 su gasto será aún 18% (4.4 mmdp) superior.
Críticas al programa. Como casi todo programa de subsidios, Sembrando Vida carece de
trazabilidad y medición de impacto. Según una auditoría de cumplimiento de la
ASF[7],
el programa dejó pendientes de aclarar 1.8 mmdp en 2019. Esto, debido a que la
Secretaría de Bienestar no acreditó con estados de cuenta bancarios la entrega
de recursos por 338 millones en efectivo, además de la entrega de 66 millones
sin justificar la razón. También depositó 9 millones a 896 personas que no
estaban registradas como beneficiarias, por lo que se presume un probable daño
a la hacienda pública.
Por su parte, Coneval afirma que la
frecuencia de medición de los indicadores es muy amplia, lo que complica tener
una base para observar los resultados. Además, existen componentes que no están
considerados en los objetivos ni en la medición que realizan los indicadores,
como es el caso de los ahorros que se realizan como proporción de los apoyos económicos.
Finalmente, no se tienen metas ni indicadores relacionados con la productividad
en las regiones donde opera el programa.
5. Aeropuerto de Santa Lucía/Nuevo Aeropuerto Internacional
General Felipe Ángeles (NAIGFA)
El mayor capricho del presidente (ya
que canceló el Aeropuerto Internacional de México (NAIM) de Peña Nieto para su
construcción) no tendrá incrementos para 2022, sino un recorte de 49% (11
mmdp), para un total de 11.4 mmdp. Frente a 2020, el recorte es mayor: de 72%
(29.5 mmdp)[8].
No obstante, hay que recordar que la
Sedena ha recibido 26.8 mmdp en este año en transferencias a fideicomisos, sin
que estuvieran previstos en el presupuesto. Con esto, los fideicomisos de esta
dependencia suman 67.2 mmdp, lo que podría compensar las menores erogaciones
presupuestarias en 2022 para el aeropuerto.
Críticas al proyecto. Este proyecto carece de una proyección de negocios óptima, según
una auditoría de desempeño de la ASF[9]. Y es
que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no realizó una proyección
adecuada de la demanda de la industria aérea, con datos históricos reales. No
se ha desarrollado un plan para conectar de forma terrestre los aeropuertos de
la Ciudad de México, Toluca y Felipe Ángeles para formar el sistema
metropolitano de aeropuertos. También falta un análisis de las posibles
afectaciones económicas para las aerolíneas que mudarán su operación del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) o del Aeropuerto
Internacional de Toluca (AIT), así como de aquéllas que estarían presentes en
más de un aeropuerto. Tampoco se identificó la forma en que las operaciones
militares afectarán los vuelos civiles y no se tomaron en cuenta las
preferencias reveladas de los usuarios de los servicios aeroportuarios.
6. Jóvenes construyendo el futuro
He aquí otro programa de
transferencias directas que ha causado polémica por su falta de efectividad.
Tendrá en 2022 un presupuesto de 21.2 mmdp, por lo que no tendrá un aumento
real. Asimismo, respecto del presupuesto de 2020 este programa tendrá un
recorte de 18% (4.5 mmdp).
Críticas al programa. Este programa de apoyo a estudiantes ha salido reprobado en
diferentes materias. La ASF, en una auditoría forense[10],
asegura que el programa está plagado de irregularidades en el diseño, operación
y evaluación de resultados. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
ha fallado en acreditar los procedimientos de verificación de los requisitos
para ser becario o para los centros de trabajo. Además, no hay métricas,
indicadores ni metas para determinar en qué medida se incrementó la
empleabilidad de los becarios. Finalmente, la ASF ha detectado el otorgamiento
indebido de becas a 47 Servidores de la Nación, el pago a 68 estudiantes que
habían fallecido por 482 mil pesos, así como el pago por 5.3 mdp a 718
beneficiados cuyo centro de trabajo resultó ser un sitio abandonado, por lo que
se presume daño a la hacienda pública.
En su caso el Coneval destaca que el
diagnóstico sobre el cual se basa el diseño y construcción del programa
establece a la exclusión social y laboral como el problema público a enfrentar,
una definición demasiado amplia y ambigua. Además, no hay estimaciones ni
pronósticos de evolución del problema público que enfrenta y no se considera la
existencia de factores económicos de la economía mexicana que pueden afectar la
variable de demanda de trabajo, ocasionando una baja generación de empleo.
Más que impactos positivos, lo que hay son riesgos
Desde que se
inició esta administración el gasto en programas de subsidios ha crecido
sostenidamente: tan sólo para 2022 aumentará 16%. Si bien sus objetivos son reducir los rezagos y brechas sociales
del país, un mayor gasto no implica una mayor efectividad en este sentido,
tal y como lo demuestran los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares (ENIGH). Los datos indican que las
transferencias de los programas sociales en los hogares no tienen los efectos
progresivos que el presidente esperaría, ya que su cobertura es baja y además
son los hogares con mayores ingresos quienes más se benefician.
El análisis que
realizamos indica que el hecho de que el presupuesto se concentre en pocos
programas y que la distribución geográfica no se defina o se asigne en CDMX
compromete la meta de la política social de esta administración, y abre la
puerta a la discrecionalidad en la entrega de los recursos. Es por eso que es
indispensable que los programas sociales, desde su planeación, cumplan con lo
dictado por la LFPRH y utilicen las ROP como un mecanismo para regular y
establecer su distribución geográfica, asegurando así la reducción de las
brechas sociales.
Los programas sociales “consentidos” se han
destacado por la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto
lo que ha dejado amplias sumas de dinero sin aclarar. En algunas ocasiones
incluso se ha documentado la entrega indebida de recursos, lo que ha generado
un probable daño a la hacienda pública. Además, se han demostrado fallas en la
identificación de los problemas a resolver mediante los programas, problemas en
la ejecución, medición o publicación de avance de indicadores. Todo esto evita que comprobemos si los
recursos que se destinan a estos programas tienen o no un impacto en el
desarrollo social del país.
Por su parte, en las obras emblemáticas de infraestructura se han
identificado omisiones en el diagnóstico de impacto de las obras, falta de
consideración de los intereses de los habitantes de las localidades aledañas o
de los futuros usuarios, escasa visión de negocios y sobrecostos frente a los
proyectos iniciales. Esto implica un riesgo de que luego del gran costo a la hacienda
pública estas grandes obras de infraestructura no logren generar una
rentabilidad social ni económica deseada.
(Anexo)
También
te puede interesar saber…
Por las características de su diseño, 47 programas
contarán con Reglas de Operación (ROP), los cuales suman un monto de 495.8 mmdp
del presupuesto total, representando 63% de este. El monto restante, 285.5 mmdp
(37%) se propone ser asignado a programas de “Otros Subsidios”, es decir, a
aquellos que no cuentan con ROP, por lo que están más vulnerables a la
discrecionalidad. Desde 2020, otra vez un mayor gasto se asigna a programas
sujetos a ROP, pero todavía hay cabos sueltos en materia de transparencia y rendición
de cuentas para programas sociales.
[1] En el último párrafo del
artículo 84 se señala lo siguiente: “El Ejecutivo Federal deberá señalar en el
proyecto de Presupuesto de Egresos la distribución de los programas sociales,
estimando el monto de recursos federales por entidad federativa.”
[2] Auditoría Superior de la
Federación (2021). Cuenta Pública 2019. Auditoría 246 DS.
[4] El Árbol de Objetivos corresponde a la
situación deseada por el programa social, que se construye con base en el Árbol
de Problemas (diagnóstico multicausal). De esta manera, el problema central se
convierte en el objetivo, las causas corresponden a los medios para lograrlo y
los efectos a los fines a los que se aspira en el mediano y largo plazo. En el
caso del programa de Atención a la Salud y medicamentos gratuitos, los
objetivos no concordaron con los problemas identificados.
[5] Idem. Auditoría 1384 DE,
1385 DE, 1386 DE y 1389 DE.
En 2022 la inversión física prevista es de 863.2 mmdp: 17.6% (129 mmdp) mayor a la aprobada en el PEF 2021. De aprobarse y cumplirse este presupuesto, este gasto acumulará tres años consecutivos al alza, tendrá su mayor nivel desde 2017 e incluso será mayor a la ejercida en 2015 y 2016. Como porcentaje del PIB representará 3.1%.
El gasto de inversión sin Pemex será
de 480.8 mmdp; se incrementará 15.2% (634 mmdp) con respecto al PEF 2021. Como
porcentaje del PIB representará 1.7%, una proporción no vista desde 2018, ya
que en los últimos años ese porcentaje había disminuido consecutivamente. Sin
embargo, a pesar del esfuerzo que se propone hacer el Gobierno para lograr este
necesarísimo incremento, todavía está lejos del 2.6% que llegó a representar en
2010, 2011 y 2014, en gobiernos anteriores.
Cabe señalar que la inversión física es uno de los gastos
más difíciles de materializar. Si algo ha caracterizado el gasto en inversión durante
esta administración son los constantes subejercicios. ¿El mayor? El que se
reportó en 2019, cuando no se ejerció el 16.7% (-120.7 mmdp) del monto
aprobado. En 2020 el recorte fue de 6.6% (-45.0 mmdp), y de acuerdo con el
presupuesto modificado para este año, el gasto en inversión se quedará 1.5%
(-10.9 mmdp) por debajo de la meta anual. Ojalá esta tendencia se rompa; de lo
contrario, la inversión física en 2022 crecerá por debajo del 17.6% esperado y
no se ejercerá el presupuesto aprobado.
¿Cómo se concentra este gasto?
En el PPPEF 2022 el Poder Ejecutivo
señala que gran parte de los recursos de la inversión física se utilizarán para
concluir los proyectos estratégicos de esta administración. Y tal cual: el
gasto asignado a estos proyectos representa 26.5% (127.6 mmdp) de la inversión
física total. Destacan los proyectos del Tren Maya (63.2 mmdp), la conectividad
con el AIFA (1.6 mmdp), el Parque Ecológico Lago de Texcoco (2.1 mmdp) y el
espacio cultural de Los Pinos y el Bosque de Chapultepec (3.8 mmdp).
La concentración del presupuesto en
los proyectos prioritarios, especialmente en el Tren Maya, da como resultado
que sólo unos cuantos ramos y estados serán los más beneficiados, y que el
gasto en otros rubros prioritarios (por su importancia en la economía) se
descuidará.
Aquí, los siete ramos que recibirán
más recursos en 2022:
Inegi
(+5,171.4%), por la implementación del Censo Agropecuario).
Entidades
no sectorizadas (+141.2%), que tienen a su cargo del Desarrollo del Istmo de
Tehuantepec.
Medio
ambiente y recursos naturales (+111.5%), que llevará a cabo proyectos para
construir, operar y conservar las obras hidráulicas federales de Conagua.
FGR
(+79.4%)
IFT
(+76.5%)
Turismo
(+65.7%), encargado de la construcción del Tren Maya
Educación
Pública (+42.3%)
En contraste, el gasto en inversión
de la Secretaría de Defensa Nacional (-56.7%) y el INE (-49.0%) tendrá recortes
que superan el 20%.
Como decimos, concentrar el gasto en pocos proyectos también centraliza la inversión en pocos estados. El 61.7% del gasto en inversión física se realizará en Campeche, Tabasco y CDMX, y el 38.8% restante se distribuirá en 29 entidades federativas –en seis de ellas, de hecho, se observarán recortes en su presupuesto: Yucatán (-68-3%), Estado de México (-40.2%), Chiapas (-16.5%), Nuevo León (-11.9%) y Guanajuato (-2.1%)–.
Observamos otra característica de la
concentración de este gasto: es poco efectiva para apuntalar el capital humano.
De cada 100 pesos que el Gobierno destinará a infraestructura, 44 pesos se
destinarán a combustibles y energía y sólo 2 pesos a educación y salud,
sectores que exhiben grandes deficiencias estructurales y que afectan la
prestación de servicios públicos en su sector.
Con respecto al gasto destinado a
estos y otros rubros de infraestructura vital para el bienestar y desarrollo de
los ciudadanos –carreteras, abastecimiento de agua, transporte, seguridad
pública y desarrollo regional– observamos lo siguiente:
La inversión en “abastecimiento de agua” será de 6.3 mmdp, y repuntará 65.2% (2.5 mmdp) con respecto al PEF 2021, en gran parte por los proyectos prioritarios en este rubro que se realizarán a través Conagua: con ellos la inversión destinada a este fin será la mayor observada desde 2013. De igual manera, hay un aumento de 60.9% (1.1 mmdp) en la “ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado”, la cual tendrá un presupuesto de 2.9 mmdp. A pesar de que el presupuesto para este fin acumulará dos años consecutivos con incrementos, la inversión aún está muy por debajo del promedio observado en el sexenio pasado (5.4 mmdp). Recordemos que aproximadamente el 5.6% y 3.5% de viviendas en el país no cuentan con servicios dignos de drenaje y alcantarillado ni agua potable, respectivamente, según datos del Censo 2020.
Para el mantenimiento, rehabilitación y construcción de carreteras se destinarán 36.8 mmdp, a través de la función de “transporte de carreteras”. Con respecto al PEF 2021 hay un incremento de 9.7% (3.2 mmdp). Pero a pesar de este incremento, la inversión para el rubro está muy por debajo de la observada entre 2013 y 2016, cuando superó los 50 mmdp. El incremento de esta función también estuvo impulsado por los proyectos prioritarios encaminados a la construcción y mantenimiento de las vías de comunicación y transporte a cargo de la SCT.
La inversión en seguridad pública se registra en la función de “Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior”. Se espera un monto de 24.5 mmdp, el cual es 380% (19 mmdp) mayor al previsto en el PEF 2021, y se trata del mayor monto de inversión realizado desde 2013. En su composición vemos que 79% de la inversión se realizará en funciones de “policía”, con 19.5 mmdp, enfocadas en la provisión de infraestructura de seguridad. En el PEF 2021 no se consideró inversión para este rubro, y comparado con los montos ejercidos en años previos, se rompe récord histórico. El 21% restante de la inversión en esta función se destinará a las entidades federativas, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), en la subfunción del “Sistema Nacional de Seguridad Pública”; el monto de 5.1 mmdp es 0.1% mayor al previsto en el PEF 2021, y muy similar a lo que se ha erogado desde 2013.
La inversión en educación continúa en mínimos históricos. Se destinarán 16.9 mmdp, monto 6.7% (1.1 mmdp) mayor al observado el año pasado, cuando se aprobó un mínimo histórico de 15.8 mmdp. Desde 2015 la inversión en educación se ha reducido, pero su disminución se hizo más evidente a partir de 2019, y no vislumbra una mejora en este sector, porque en parte está asociada a la desaparición del INIFED y sus programas, que no han sido sustituidos. En educación básica el monto de inversión será de 10.4 mmdp, 7.3% (712 mdp) mayor que el del PEF 2021. Representa el 62% de la inversión total y se realizará a través del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Básica (FAM). Es el primer incremento que verá este fondo después de los recortes consecutivos de 2019 (-3%), 2020 (-5%) y 2021 (-5%). Con el incremento previsto para 2022, los recursos del FAM serán muy similares al promedio de 10,598 que se observó entre 2012 y 2021. La inversión en educación superior será de 5.5 mmdp. Con un incremento de 4.9% (257 mmdp) se lleva el 33% de la inversión total. Le sigue la inversión en educación media superior, que con un monto de 827 mdp representará el 6% restante, y con relación a lo aprobado este año crece 12.9% (94 mdp). Destaca que por segundo año consecutivo en el presupuesto no se considera destinar un monto de la inversión a la educación para adultos.
En salud la inversión será de 17.1 mmdp. Con respecto al PEF 2021 crecerá escasamente 1.5% (0.2 mmdp). Con este presupuesto previsto, la inversión está muy lejos de recuperarse del desplome anual observado en 2019 (-35.8%) y en el presupuesto aprobado de 2021 (-27%, con respecto a la ejercida en 2020). El 74% (12.6 mmdp) se destinarán a la inversión en la “Prestación de Servicios de Salud a la Persona”, que aumenta 0.4% con respecto al PEF 2021, mientras que 23% se invertirá en fortalecer el rubro de “protección social en salud”, que con 3.9 mmdp se incrementa sólo 0.1% (2 mdp) con respecto a lo aprobado este año. El 3% se distribuye en las funciones de “generación de recursos para la salud”, “prestación de servicios de salud a la comunidad” y a la “rectoría del sistema de salud”.
En desarrollo regional –aquella inversión que se realiza en municipios y entidades federativas para promover su bienestar social y económico– se invertirán 194.3 mmdp, el mayor monto no observado desde 2013. Con respecto a lo aprobado en 2021, la inversión será 7.3% (13.2 mmdp) mayor. La inversión en desarrollo regional se realizará a través de cuatro fondos del Ramo de Aportaciones Federales: FAFEF (52.2 mmdp), FAIS Entidades (11.4 mmdp), FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (82.9 mmdp) y Fortamun (47.8 mmdp). Todos tendrán un incremento de 7.3% con respecto al PEF 2021.
Análisis de la inversión por programa presupuestario
Se identificaron 105 programas presupuestarios que
financiarán los 863.2 mmdp en inversión física en 2022. El 80% (687.4 mmdp) del
monto en inversión física se concentra en 10, que en su mayoría pertenecen a
Pemex, CFE y las Aportaciones Federales. El principal programa de este tipo de
gasto es el de “Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos” de
Pemex, con 363 mmdp; le sigue el programa del “FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, que forma parte de las
Aportaciones Federales con 82.9 mmdp, y el programa de “Proyectos de Transporte
Masivo de Pasajeros”, con 62.9 mmdp, de la Secretaría de Turismo.
Para 2022, 45 programas tendrán incrementos en su
presupuesto con respecto al PEF 2021. Destacan los siguientes: Gestión
Administrativa del INE (+13,744% o 0.3 mmpd), Provisiones para el desarrollo
regional del Istmo de Tehuantepec de Entidades No Sectorizadas (+4,722% o 9.8
mmdp) y el programa de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la
Secretaría de Educación (+581% o 0.2 mmdp).
Por otra parte, el presupuesto de 40 programas
presupuestarios tendrá recortes. Entre los programas que más mermas tendrán se
cuentan: Estudios de preinversión de Pemex (-100% o -20,1 mmdp), Tecnologías de
información y comunicaciones de la Secretaría de Turismo (-83% o -0.3 mmdp) y
el de Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros de la CFE (-80%
o -1.0 mmdp).
Inversión física educativa por programa presupuestario
El gasto en inversión física educativa, de 15.2 mmdp, se
financia a través de cinco programas presupuestarios. El principal es el Fondo
de Aportaciones Múltiples (FAM), en su versión de Infraestructura Educativa
Básica (9.4 mmdp) e Infraestructura Educativa Media Superior y Superior (5.3
mmdp), que suman 14.7 mmdp. Tanto el presupuesto de cada componente del FAM
como el total tendrán una reducción de 13% con respecto al PEF 2021. Es decir,
le corresponderá a los estados asignar el presupuesto a construcción,
equipamiento y rehabilitación de infraestructura física educativa a nuevos
proyectos o a aquéllos que se encuentren en proceso.
En menor medida, el 4% del gasto en inversión física se
financia a través de tres programas operados por la Secretaría de Educación:
“Servicios de Educación Media Superior”, “Servicios de Educación Superior y
Posgrado” y Proyectos de infraestructura social del sector educativo”. El
primer programa, con un presupuesto de 11.3 mmdp, tendrá un recorte de 80%.
Entretanto, el programa de “Proyectos de Infraestructura Social del Sector
Educativo”, con un presupuesto de 240 mmdp, tendrá un incremento de 82%.
Inversión física en salud por programa presupuestario
Los 17.1 mmdp de inversión física en salud se distribuyen
en 13 programas de cuatro ramos. Es la Secretaría de Salud la que cuenta con
más programas presupuestarios: cinco, que suman un presupuesto de 5.9 mmdp. De
aquí, el 66% (3.9 mmdp) del presupuesto corresponde al programa de “Atención a
la Salud y Medicamentos Gratuitos”, que usará los recursos para realizar
Aportaciones a fideicomisos públicos, específicamente al Fideicomiso del Fondo de
Salud para el Bienestar. Otros programas de la Secretaría de Salud que
destinarán parte de su presupuesto a inversión física son: “Atención a la
Salud”, “Proyectos de infraestructura social de salud”, “Proyectos de Inmuebles
(oficinas administrativas)” y “Mantenimiento de Infraestructura”. En conjunto,
suman 2.0 mmdp y todos, a excepción del programa de “Proyectos de Inmuebles”,
tendrán incrementos en su presupuesto.
A través de tres programas presupuestarios la inversión
física del IMSS suma 8.1 mmdp en inversión física. El programa con más
presupuesto es el de “Adquisiciones”, con 5.9 mmdp, el cual tendrá un recorte
de 12.2% (-0.8 mmdp) con respecto al PEF 2021. Le sigue el programa de
“Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad Social”, con 2.2 mmdp y un
incremento de 10% (0.1 mmdp). Por último, se encuentra el programa de “Estudios
de Preinversión” con 18 mdp, que a pesar de ser el programa con menos
presupuesto, se prevé un incremento de 76.5% en su presupuesto para 2022.
Comparación sexenal
De aprobarse la inversión
contemplada en el PPEF 2022, en los primeros cuatro años del sexenio
(2019-2022) el crecimiento promedio
anual de la inversión será de 12.7%, muy por encima de la caída promedio
acumulada de 4.6% en el sexenio pasado. Y si se analiza la inversión sin
Pemex, ésta crecería a un ritmo promedio de 7.8%, superando el ritmo de
crecimiento promedio de 2.8% durante la administración pasada.
Si bien en este sexenio la inversión ha ido al alza, el crecimiento promedio anual por funciones demuestra cuáles son los sectores esenciales para esta administración. Como hemos visto, los proyectos prioritarios del presidente han detonado la inversión en algunas funciones –abastecimiento de agua, transporte por carretera, asuntos de orden público y de seguridad interior–, pero no se debe de olvidar que el impulso de la inversión de Pemex ha contribuido a esto. Con el fin de dotar de soberanía energética al país y de aprobarse la inversión del PPEF 2022, el gasto de inversión en Pemex crecería a una tasa promedio anual de 20.5% entre 2019 y 2022. En el sexenio pasado la tasa de crecimiento fue de -14.1%, ya que ante el desplome en el precio de los hidrocarburos la inversión en Pemex cayó dramáticamente. En contraste, la inversión en salud, educación y drenaje y alcantarillado y desarrollo regional lo ha hecho a un menor ritmo.
Análisis de la cartera de programas y proyectos de
inversión
El monto de los programas y proyectos de inversión con
recursos asignados en la cartera de inversión asciende a 573.5 mmdp, los cuales
se financiarán a través de recursos presupuestarios y no presupuestarios
–fideicomisos, recursos de las dependencias y entidades y otros–. El monto
estimado para 2021, de 504.6 mmdp, tendrá un incremento de 13.7% (69.0 mdp). El
monto destinado a infraestructura para el siguiente año será el mayor observado
desde 2018, cuando la cartera de inversión fue sólo de 356.1 mmdp.
Desde 2019, año en el que inició esta administración, el
crecimiento promedio anual de la cartera de inversión ha sido de 19.5%. Este
crecimiento sostenido está alineado con el objetivo de la administración de
impulsar la inversión física para superar los niveles históricos observados, y
usarla como una herramienta para detonar el bienestar y el desarrollo del país.
Si bien a la vista de los rezagos en
infraestructura que enfrenta el país estos objetivos son algo deseable e
indispensable, la composición de la cartera de inversión deja mucho que desear,
ya que la infraestructura económica, social y en sectores productivos rentables
no tiene un peso relevante en ella.
El 74.7% (428.7 mmdp) de la cartera de inversión
corresponde a proyectos de Pemex (381.1 mmdp) y CFE (47.5 mmdp), para dar
cuenta de que las prioridades de infraestructura están en proyectos de
hidrocarburos y energía. Otro 11.1% corresponde a la cartera de la Secretaría
de Turismo, que asciende a 63.7 mmdp, de la cual el 99% se destinará al
proyecto del Tren Maya, cuya rentabilidad aún está en duda. El 14.2% restante
de los proyectos de inversión se distribuye entre 14 ramos presupuestarios,
pero es la SCT quien acapara los mayores recursos (6% del total de la cartera),
con 35.5 mmdp, que financiarán proyectos de caminos y carreteras y de
rehabilitación y mantenimiento de aeropuertos.
Con respecto a los programas y proyectos de inversión de
la Secretaría de Educación y Salud, las cuales tienen a su cargo funciones que
impactan directamente el bienestar y desarrollo de la sociedad, observamos lo
siguiente:
Cartera de programas y proyectos de inversión de la Secretaría de Educación
La cartera de inversión de la Secretaría de Educación en
2022 será de 1,029.7 mdp y se compone de siete proyectos. Aumentará 80% con
respecto al monto que se consideró en el PEF 2021. A pesar de este gran
aumento, el monto destinado a infraestructura educativa queda muy por debajo de
los niveles observados previo a 2020; es más, parece que este incremento sólo
atenúa el desplome de 71% observado en el PEF 2021.
El 68% de la cartera de inversión (705.3 mdp) se
financiará con recursos presupuestarios; el restante corresponde a recursos no
presupuestarios que la UAM, la UNAM y el IPN aportarán. De los programas y
proyectos que componen la cartera de inversión se identificó que sólo dos de
siete se clasifican como gasto funcional en educación; suman 341.1 mdp, los
llevarán a cabo la UNAM y la UAM y tendrán como objetivo la habilitación y
adquisición de bienes para adecuar espacios para la docencia.
El 53% de los proyectos considerados dentro de esta
Secretaría se refieren a programas de inversión de adquisiciones, el 35% a
programas de inversión de mantenimiento y 12% a proyectos de inversión de
infraestructura social.
Cartera de programas y proyectos de inversión de la Secretaría de Salud
La cartera de inversión de la Secretaría de Salud será de
634.4 mmdp en 2022. Considera 13 programas y proyectos de inversión que se
financiarán en un 98% a través de recursos presupuestarios. Se prevé un aumento
de 423.4% con respecto a la cartera de inversión de este año. Con este
incremento habrá una recuperación en el gasto en este tipo de proyectos, ya que
en 2020 y 2021 el presupuesto destinado a la inversión en infraestructura en
salud tuvo recortes consecutivos de 37.8% y 71.0%, respectivamente.
Son tres proyectos los que se realizarán a través de la
Secretaría de Salud, con un presupuesto de 28.6 mmdp, y que corresponden a la
sustitución de arrendamientos de bienes inmuebles en CDMX. Los 10 proyectos
restantes se llevarán a cabo a través distintos Institutos de Salud, el
Hospital Infantil y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, sumando un monto de 605.7 mdp.
Es el Instituto Nacional de Pediatría quien más
presupuesto recibirá, con 195.7 mdp; tendrá un incremento de 529% (164.6 mdp)
con respecto a este año. A su cargo tendrá tres proyectos, dos de adquisición
de equipo médico de alta tecnología y uno para el mantenimiento de una
subestación eléctrica.
El Instituto Nacional de Medicina Genómica contará con un
presupuesto de 178.2 mdp para un proyecto, cuyo propósito es continuar con la
creación y equipamiento de las instalaciones del Instituto.
El 59% de la composición de la cartera de inversión de la
SSA corresponde a inversiones de adquisiciones, el 28% a proyectos de Inversión
de Infraestructura Social, el 7% a inversión de inmuebles y el 6% restantes a
inversión de mantenimiento. Con respecto al año previo, es la inversión en
adquisiciones la que más aumentará: 696.2%.
STC Metro de la Ciudad de México
En los programas y proyectos de inversión de la SCT se
identificaron dos proyectos relacionados con el STC Metro:
13093110003
“Ampliación Línea 12 Mixcoac – Observatorio.”
21093110001
Estudios de Preinversión para el Sistema Integrado de Transporte en la Zona
Oriente del Valle de México: Sistema de Trolebuses para los Tramos Chalco-Tláhuac
y Chalco-Santa Marta, y Rehabilitación de la Línea A del STC Metro.
Sin embargo, ninguno de ellos cuenta con presupuesto
asignado en el PPEF 2022. De acuerdo con el flujo de efectivo estimado el
primer proyecto, debería contar con un presupuesto de 3,077.9 mdp para el
siguiente año, mientras que el presupuesto del proyecto de “Estudios de
Preinversión” estimado es de 28.6 mdp.
Inversión en el sector energético
A pesar de que el sector energético es un sistema conjunto
y manifiestamente un sector prioritario en su totalidad, sus diferentes ramos o
componentes no serán beneficiados a la par en 2022. De hecho, mientras que la
inversión para Pemex alcanzará su mayor nivel en el sexenio, la inversión para
CFE caerá a su peor nivel y los recursos para la Secretaría de Energía (Sener)
quedarán en su segundo peor monto.
Al interior de las diferentes carteras de inversión se
identifica una concentración de los recursos en algunos cuantos proyectos, en
especial en Pemex, donde cinco proyectos acumularán el 38% (145 mmdp) de los
recursos de su cartera. En el caso de la CFE se observa una caída en los
Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en
el Gasto Público (Pidiregas) –proyectos en conjunto con la iniciativa privada–,
que no será compensada por recursos presupuestarios. Finalmente, la Sener
enfocará la mayor parte de su inversión a actividades de mantenimiento, pero
con un presupuesto reducido.
Cartera de inversión de CFE
Para 2022 la cartera de inversión de la CFE será de 47.5
mmdp, 7% (3.5 mmdp) menor que en 2021, y se colocará en su peor nivel desde el
inicio del sexenio. Frente a 2019, el mejor año para la CFE, la reducción será
de 30% (20.5 mmdp).
Esta reducción se explica principalmente por una reducción
de 28% en proyectos de inversión de infraestructura económica (-4.2 mmdp) y 22%
(-3.8 mmdp) menos proyectos de infraestructura económica (Pidiregas). Esto
significa que además del rechazo del Gobierno hacia los esquemas de coinversión
con la iniciativa privada (Pidiregas), no se compensará la menor inversión con
recursos propios. El punto positivo es el aumento en 59% del programa de
inversión de mantenimiento (6.2 mmdp), luego de la caída de 2021. No obstante,
este nivel se mantiene aún 57% (22 mmdp) inferior frente a 2019.
El proyecto de mayor monto económico es “Reducción de
pérdidas eléctricas”, con 4.4 mmdp. Tendrá un aumento de 86% (2.2 mmdp) frente
a 2021. Este tipo de obras tiene la finalidad de evitar que la energía se
disipe durante los procesos de transporte, transformación y medición de la
energía eléctrica, un fenómeno que se agrava cuando la infraestructura
eléctrica no está en buenas condiciones.
En contraparte, el proyecto de mayor valor de 2021,
“Adquisición de Acometidas y Medidores de Distribución”, sufrirá un recorte de
55% (3.1 mmdp) para 2022. Este tipo de obras permiten a CFE la lectura,
conexión y desconexión remota, para así identificar los patrones de consumo de
energía. De igual forma, el proyecto “Red Eléctrica Inteligente CFE
Transmisión”, que integra tecnologías avanzadas de medición, monitoreo,
comunicación y operación a fin de mejorar la eficiencia, tendrá un recorte de
41% (0.9 mmdp).
Otros puntos destacables es que para 2022 los proyectos de mantenimiento o estudios de preinversión
para energías renovables caerán en 82% (54.3 mmdp), a sólo 11.7 mmdp.
Además, no se incluyen proyectos de construcción o mantenimiento de centrales
eólicas o fotovoltaicas, cuando en 2021 se presupuestaron 99.7 mdp. En el caso
de proyectos con energía solar de la Planta de Agua Prieta II, los recursos se
mantienen sin cambios reales, en 678 mdp.
Cartera de inversión de Pemex
La inversión para Pemex en 2022 será de 381 mmdp, lo que
significará un aumento de 20.8% (65.6 mmdp) frente a 2021, con lo que se colocará nuevamente como el ramo con el mayor presupuesto
de inversión.
Al interior de su cartera, destaca un aumento de sus
proyectos de inversión en infraestructura económica por 82 mmdp (29.4%) más que
en 2021, para acumular un total de 363 mmdp. Al mismo tiempo se proyectan 16.7
mmdp para el programa de inversión de mantenimiento, 21.5% (3 mmdp) más que en
2021 y mil millones para el programa de adquisiciones, 48.5% (400 mdp) superior
al año en curso. Por el contrario, destaca un recorte del 100% (20 mmdp) en el
programa de estudios de preinversión.
Por
proyecto sobresale un aumento de inversión para el campo petrolero
Ku-Maloob-Zaap de 17.2% (9.5 mmdp) con lo que llegará a 62.4 mmdp de
presupuesto total, y
será nuevamente el proyecto con la mayor inversión de Pemex. De este campo,
situado frente a la costa de Campeche, se obtienen en promedio 740 mil barriles
diarios, el 40% de la producción diaria de Pemex.
El campo Ixachi, el segundo de mayor gasto asignado,
tendrá para 2022 un presupuesto de 27.6 mmdp, 13.6% (4.3 mmdp) menos que en
2021. Éste es uno de los campos prioritarios del Gobierno, pero de él se
obtienen 200 millones de pies cúbicos diarios de gas, apenas el 4% del total
nacional, y no reporta producción de petróleo, según la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH).
De igual forma destaca un aumento de 401% (19.3 mmdp) para el Complejo Antonio J. Bermúdez, que consta de los Campos Samaria, Íride, Cunduacán, Oxiacaque y Platanal en Tabasco. Este complejo contará con 24 mmdp para 2022, su mayor suma del sexenio. Para el campo Ek-Balam habrá 17. 5 mmp, un aumento de 86.8% (7.9 mmdp) frente a 2021, y para Cantarell II un presupuesto de 14.2 mmdp, 13% (2.1 mmdp) menos. En total, estos cinco proyectos tendrán 145 mmdp, el 38% de los recursos de la cartera de inversión de Pemex.
Principales proyectos de inversión 2022 de Pemex
Proyecto
mmdp
Var. 2021
Integral Ku-Maloob-Zaap
62.4
17%
Campo Ixachi
27.6
-14%
Complejo Antonio J. Bermudez
24.1
402%
CE Ek-Balam
17.2
87%
Cantarell
14.3
-13%
Uchukil Fase II
14.1
-6%
Integral Chuc
13.8
2%
Campo Quesqui
13.0
62%
Comalcalco Fase II
13.0
N/A
Proyecto Aceite y Gas en Lutitas
11.7
468,306%
Cartera de la Secretaría de Energía
El valor de los proyectos de inversión de la Secretaría de
Energía (Sener) se colocará en 2.7 mmdp, 27.4% (1.0 mmdp) menos que en 2021. Se
destacan recortes de 34.7% (947 mdp) en el programa de mantenimiento y 66.9%
(254 mdp) en los proyectos de inversión en infraestructura económica.
Los recortes se concentran principalmente en cuatro
proyectos. Su proyecto de mayor valor, “Rehabilitaciones de las estaciones de
compresión a nivel nacional del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenegas)”
tendrá 624 mdp, 58% (860 mdp) menos que en 2021. El Centro tiene la función de
garantizar la continuidad y seguridad en la prestación de los servicios del
Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, para
contribuir con el abastecimiento del suministro de dicho energético en
territorio nacional.
Dentro del mismo sistema, el proyecto “Modernización
integral de las estaciones de medición del Sistema Nacional de Gaseoductos del
Cenegas” será 25% (197 mdp) más reducido, con 588 mdp, y “Modernización de los
sistemas de monitoreo de Cenegas” será de 310 mdp, 23% (97 mdp) menor. Otros
proyectos de mantenimiento, comunicaciones del Centro Nacional de Control de
Energía y sistemas de seguridad informática tendrán ligeros aumentos en
monto.
Inversión por Asociaciones Público Privadas (APP)
Para detonar el crecimiento económico, además de un
incremento en el gasto de inversión directa del Gobierno, en el presupuesto
2022 se han destacado inversiones impulsadas mediante el esquema de Asociación
Público Privada (APP). Este es un esquema donde el sector privado realiza una
obra pública asumiendo el riesgo, pero es acreedor a contraprestaciones
periódicas del Gobierno y por la prestación de servicios a los usuarios.
Para 2022 se proyectan 14.2 mmdp en inversiones impulsadas
por este esquema, 27.9% (3.1 mmdp) más de las aprobadas para 2021. No obstante,
este monto sólo representará el 1.6% del
total de la inversión física presupuestaria, lo que de entrada sirve para
dimensionar su limitado impacto en el crecimiento económico.
Además, el monto presupuestado para 2022 no sorprende
frente al aprobado y al observado en otros años del sexenio. Frente al
presupuesto 2019 (uno no realizado enteramente por el actual Gobierno) el gasto
en APP para 2022 será 44.9% (11.5 mmdp) inferior, y frente a lo efectivamente
pagado ese año será 24% (4.4 mmdp) menor. Ese año ha sido el de mayor
presupuestación de recursos de inversión mediante APP; no obstante, sólo
representó el 3.4% del total de la inversión física.
Además del bajo nivel de inversión que representan las APP
en el total, en la mayoría de los años la inversión observada se queda por
debajo de lo presupuestado. De 2017 a 2020 se ha quedado 30% (5.5 mmdp) por
debajo de lo presupuestado en promedio, según estimados al cierre.
Finalmente, al no
ser considerados estos recursos como presupuestarios, hay poca transparencia
sobre el desglose de los sectores que recibirán los recursos de APP y los efectivamente
ejercidos. Esta información no está disponible ni en la Cartera de
Inversión del PEF, ni en la Cuenta Pública ni en los informes de las diferentes
secretarías. La información con que se cuenta reside en la Exposición de
Motivos del Proyecto de Presupuesto Económico de la Federación (PPEF). Sin
embargo, parece que 2022 es una excepción, por lo menos a la hora de
presupuestar recursos, ya que sí se desglosan los diferentes proyectos de APP y
coinciden con el monto global de la inversión impulsada de la Exposición de
Motivos.
Para el siguiente año, el 36% (5.1 mmdp) estará enfocado a
proyectos carreteros, 19% (2.6 mmdp) a proyectos de salud del ISSSTE, 16% (2.2
mmdp) a proyectos hídricos, 10% (1.4 mmdp) a proyectos de la Secretaría de
Salud, 8% (1.1 mmdp) a proyectos de salud del IMSS, 9% (1.3) para el sistema
penitenciario y 2% (230 mdp) para el sector educación.
Frente a los datos desglosados de otros años, la inversión
carretera, en salud o hídrica tampoco sorprende. En 2022 los proyectos APP carreteros
serán 30% (2.2 mmdp) menores a los presupuestados para 2021. Los proyectos para
el IMSS serán apenas 4% (43 mdp) mayores y los proyectos para el ISSSTE 1% (26
mdp) superiores. Los proyectos hídricos serán sólo 2% (49 mdp) superiores a los
de 2019, año en el cual se desglosan los montos para este tipo de proyectos.
En proyectos carreteros, los 5.1 mmdp serán para continuar
la operación de los proyectos Oaxaca-Salina Cruz, tramo
Mitla-Tequisistlan-Entronque Tehuantepec II, Querétaro-Irapuato, México-Tuxpan,
tramo Nuevo Necaxa-Tihuatlán, San Luis Potosí-Ciudad Valles tramo Río
Verde-Ciudad Valles, Irapuato-La Piedad, Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad
Hidalgo y Nueva Italia-Apatzingán.
Para el sector salud los 1.4 mmdp serán para los
Hospitales Regionales de Alta Especialidad en Ixtapaluca, Estado de México,
Ciudad Victoria, Tamaulipas y de la región del Bajío, Guanajuato. Los 1.1 mmdp
de infraestructura hospitalaria del IMSS corresponden al Hospital General en la
localidad de Tapachula, Chiapas, y hospital de Bahía de Banderas, Nayarit. Los
2.6 mmdp del ISSSTE serán para la Clínica Hospital en Mérida, Yucatán; Hospital
General Aquiles Calles Ramírez en Tepic, Nayarit; Hospital General Dr. Daniel
Gurría Urgell en Villahermosa, Tabasco, y el Hospital General en la Delegación
Regional Sur de Ciudad de México.
En proyectos hídricos, entrarán en ejecución dos en Baja
California, con una inversión de 1.8 mmdp, y uno de gestión de residuos sólidos
urbanos en Michoacán, con una inversión de 437 mdp. En el sector educación, el
proyecto para la prestación de servicios denominado Nuevo Campus de la
Universidad Politécnica de San Luis Potosí, con 230 mdp, y 1.3 mmdp en el
sector penitenciario para la construcción, rehabilitación, adecuación,
equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla, Veracruz.
Hasta
agosto se ejerció 59% del gasto funcional en salud aprobado, pero a estas
alturas se debería haber gastado el equivalente al 66.7% del presupuesto anual.
El gasto acumulado fue de 395.6 mmdp,
monto 3.5% (13.3 mmdp) mayor al observado el año pasado.
Del análisis de las instituciones
de salud con respecto al gasto aprobado en el periodo se desprende lo
siguiente:
El gasto de la Secretaría de Salud y el ISSSTE continúan
acumulando subejercicios. Salud reportó un
recorte de 11% en su gasto, mientras que el ISSSTE acumuló un recorte aún
mayor: 21%.
El gasto en inversión física sigue en mínimos, si se
compara con los últimos años. En el periodo alcanzó los 4.2 mmdp, 50.1% por
debajo del gasto programado hasta agosto, y con una caída anual de 60%.
Al mes de agosto el
Insabi acumuló un gasto de 48.8 mmdp, monto que se encuentra 15% por debajo de
lo programado y 20% por debajo de lo ejercido en 2020.
Hasta septiembre el Insabi dio 3.6 veces menos consultas que
las brindadas por el Seguro Popular en el mismo periodo de 2018, en parte por
la reducción del gasto, el proceso de transición institucional y la pandemia de
covid-19. Y no se vislumbra una
recuperación en el horizonte próximo: por ejemplo, hasta septiembre de 2020
las consultas de enfermedades transmisibles cayeron 63.9%, y en el mismo
periodo de 2021 se han reducido aún más: 21.1%. Lo mismo sucede con las
consultas de salud bucal, que exhiben caídas de 79% y 16.1% en 2020 y 2021.
Se transfirieron 44.0
mmdp a las entidades federativas a través del programa de Medicamentos
Gratuitos para la Población sin Seguridad Social, monto 23.8% menor al
transferido el año pasado. No extraña la caída: en lo que va del año dichas
transferencias no se realizaron en enero, mayo y julio. Además, en 31 entidades
hay reducciones en las transferencias con respecto al año previo, y en 19 la
caída es mayor a 40%. Sólo se incrementaron en la CDMX: 3% con respecto a 2020.
Avances del gasto
funcional hasta agosto de 2021
Hasta agosto el gasto en salud
acumuló 395.6 mmdp. Con respecto al gasto ejercido en el mismo periodo de 2020,
hay un aumento de 3.5% (13.3 mmdp). Con relación al gasto aprobado para todo el
año, se ha ejercido el equivalente a 59% del presupuesto.
Este gasto había sido, mes a mes de este año,
mayor a todos los de 2020. Sin embargo, desde junio disminuye a los niveles
observados en 2019 y 2020. Se erogó un monto de 51.2 mmdp, el cual fue apenas
2% mayor al realizado en 2020.
Gasto de las
principales instituciones del sector salud hasta agosto de 2021
A falta de información oportuna
por institución del gasto funcional en salud, en esta sección le damos
seguimiento al gasto realizado por las principales instituciones, sin incluir
el pago de pensiones y jubilaciones en el caso IMSS y el ISSSTE[1].
En conjunto, las instituciones
reportaron un avance de 61% con respecto al presupuesto anual aprobado. Por
institución, el IMSS y el FASSA reportaron un mayor avance con relación a sus
metas anuales: 64% y 62%, respectivamente. Debido al recorte acumulado, el
ISSSTE y la Secretaría de Salud reportan un gasto rezagado con respecto a las
metas anuales. El ISSSTE ha gastado el equivalente a 55% del presupuesto anual,
mientras que la Secretaría de Salud reportó un avance de 58%.
Estas instituciones acumularon
hasta agosto 429.4 mmdp, monto que se quedó corto en 2.1% (-9.2 mmdp) con
respecto al gasto aprobado, de 438.6 mmdp. A pesar de esto, fue 4.0% (16.4
mmdp) mayor al que se observó en el mismo periodo de 2020.
Sólo el IMSS y el FASSA gastaron
más de lo calendarizado: 8% (16.3 mmdp) y 2% (1.2 mmdp), respectivamente. En
contraste, el ISSSTE continúa acumulando el mayor recorte en lo que va del año:
21% (-16.4 mmdp) con respecto al presupuesto aprobado hasta agosto. Este mes la
Secretaría de Salud también reportó un subejercicio de 11% (-10.3 mmdp).
Al comparar el gasto de las
instituciones con el que realizaron el año pasado, observamos que sólo el IMSS
reportó un incremento anual: 14.2% (27.1 mmdp). En contraste, el gasto del
ISSSTE y la Secretaría de Salud son los que presentan mayores caídas anuales:
8.0% (-5.3 mmdp) y 5.2% (-5.4 mmdp), respectivamente. Las transferencias a los
estados a través del FASSA tuvieron una reducción anual de 1.2% (-0.8 mmdp).
Clasificación económica del gasto en salud
Si bien el gasto en conjunto del
IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud aumentó 4.0% anual, este incremento no
se reflejó en la suma de los componentes de la clasificación económica. Del
total de estas instituciones, se destaca una fuerte caída en la inversión pública,
ya que disminuyó 60% en relación con el mismo periodo del año anterior. El
concepto de ayudas y otros gastos también disminuyó de manera considerable
(-111%). Los incrementos del gasto se observaron solamente en dos rubros: el
gasto en servicios personales (5%) y en otros gastos de operación (8%).
En el gasto ejercido por la
Secretaría de Salud para el periodo, predominó el gasto en “Subsidios,
transferencias y aportaciones”, al representar 89% del total; no obstante, en
lo que va del año acumulan una caída anual de 3%. Esta Secretaría destinó el 6%
del gasto al pago de nómina, rubro que acumuló una caída anual de 6%. En
inversión física se destinó sólo 3% del presupuesto y tuvo una reducción anual
de 23%; el 1% restante se ejerció en ayudas y otros gastos, rubro que
incrementó 13% anual.
De acuerdo con el avance del gasto, hasta agosto el IMSS ejerció 68% de su presupuesto en el pago de nómina. Los 149.3 mmdp destinados a este rubro tuvieron un incremento anual de 7%. En otros gastos de operación, el instituto destinó 35% de su presupuesto y reportó un incremento anual de 32%. Sólo 0.5% del presupuesto del IMSS se ejerció en inversión física, la cual tuvo una caída anual de 75%.
Por su parte, el ISSSTE ejerció
29.2 mmdp en el pago de nómina, 50% de su presupuesto. Este año, el pago de
nómina es muy similar al que se erogó hace un año. En “otros gastos de
operación”, el instituto ejerció 24.6 mmdp, equivale a 40% de su presupuesto. Este
rubro tuvo una caída anual de 29%, y la inversión física se desplomó en 89%.
El FASSA a detalle
Hasta agosto se transfirieron
68.0 mmdp a las entidades federativas a través del FASSA, lo que equivale a 62%
del presupuesto aprobado en el año. Este monto es 1.2% menor al transferido el
año pasado y 2% por arriba del monto calendarizado en el PEF 2021.
A nivel nacional, el gasto per
cápita del FASSA asciende a 534.6 pesos. El análisis por estado revela que
Colima (1,309.1), Campeche (1,173.7) y Zacatecas (995.9) son los estados que
más recursos reciben por habitante, y en el otro extremo se encuentran
Guanajuato (374.3), la CDMX (342.6) y Nuevo León (335.0).
Con respecto al año pasado, el
gasto per cápita fue mayor en 14 estados. El mayor incremento se observó en
Sonora (5.0%), Nayarit (4.8%) y Baja California (3.8%). El resto de los estados
tuvieron caídas en los recursos recibidos por habitante, y en los siguientes
éstas fueron mayores a 5%: Jalisco (-5.2%), Yucatán (-6.1 %), Q. Roo (-6.8%),
Aguascalientes (-8.6%), Nuevo Léon (-10.0%) y Querétaro (-14.8%).
Gasto de las
instituciones de salud en agosto
Sólo en agosto el gasto aprobado
para el IMSS, el ISSSTE, el FASSA y la Secretaría de salud fue de 53.6 mmdp, de
los cuales se ejercieron 56.0 mmdp. Es decir, hubo un sobregasto de 4.4% (2.4
mmpd).
El gasto de la Secretaría de
Salud aumentó 21% con respecto al mismo mes de 2020, y fue 16.4% mayor que el
gasto aprobado. El origen del incremento en el gasto se identificó en los
rubros de “otros gastos de operación” y de “subsidios, transferencias y
aportaciones”, que aumentaron 155% y 34% anual, respectivamente. En este último
rubro se registran las transferencias del Insabi a las entidades federativas a
través del programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral. En agosto estas transferencias fueron
1.9% menor a las realizadas el año pasado.
El gasto del ISSSTE fue de 9.5
mmdp, y tuvo una caída anual de 2%. Después de dos recortes consecutivos, en
agosto el gasto de este instituto reportó un sobregasto de 16.2%
EI IMSS ejerció 28.1 mmdp, monto
2% menor que el observado el año pasado y 1.8% menor que los recursos previstos
en el calendario. Con respecto al FASSA, las transferencias a los estados
fueron de 7.4 mmdp; se encontraron en línea con lo aprobado y fueron 2% menores
que las realizadas el año pasado.
Inversión acumulada
entre enero y agosto
La inversión física ejercida en
el periodo fue de 4.2 mmdp, 50.1% menor a la programada hasta agosto y con una
caída anual aún mayor: de 60%. Con respecto a su meta anual, exhibió un avance
de 27%.
Este año, la inversión física de la Secretaría de Salud es la única que
no acumula recortes. Se ejerció el 53.8% del presupuesto aprobado en el año
y se reportó un sobregasto de 15%, al ejercer 2.8 mmdp en lugar de los 2.4 mmdp
aprobados. A pesar de este sobregasto, la inversión física fue 23% menor que la
observada en 2020.
El IMSS y el ISSSTE acumularon
rezagos en el gasto en este rubro. El IMSS tuvo un avance de 13% con respecto a
su meta anual; en el periodo ha gastado sólo 1.1 mmdp de los 4.7 mmdp
aprobados, acumulando un recorte de 77% y una caída anual similar en magnitud,
de 75%. Por su parte, el ISSSTE ejerció 14% del presupuesto anual; esto
equivale a 0.3 mmdp. La inversión física de este instituto se encuentra 77% por
debajo del gasto programado en el periodo y es 89% menor a la observada en
2020.
Ante estos recortes tan dramáticos, no sorprende que el 67%
de la inversión física realizada en el periodo sea de la Secretaría de Salud,
26% del IMSS y 7% del ISSSTE.
Inversión física en
agosto
En el mes de agosto se tenía
previsto un gasto en inversión física de 2.6 mdp; de éstos se ejercieron 0.5
mdp, 82% menos gasto que el programado en el mes. El presupuesto original
considera recursos para el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. Ésta
última gastó 89% menos de lo aprobado, el IMSS 66% y el ISSSTE 94%.
A pesar de estos recortes en la
inversión física del mes de agosto, el gasto del mes no dista mucho de la
tendencia histórica que se observó entre 2015 y 2019. Más bien, en este mes el
gasto previsto sobrepasaba al gasto observado, al ser muy similar a lo registrado
en 2020.
Insabi
Al mes de agosto el Insabi
acumula un gasto de 48.8 mmdp, monto que se encuentra 15% por debajo del gasto
programado y 20% por debajo del ejercido en 2020. Desde 2017 no se reportaba un
gasto tan bajo en los servicios de salud para la población sin seguridad
social.
Los rubros de subsidios,
transferencias y aportaciones y ayudas y otros gastos representan 91% del
presupuesto de este instituto. El primer rubro exhibió un recorte de 38% con
respecto al presupuesto aprobado en el periodo. En contraste, el monto
destinado al segundo rubro tuvo un sobregasto de 197%.
De
los 48.8 mmdp gastados por esta Secretaría, 44.0 mmdp se transfirieron a las
entidades federativas a través del programa de Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social, monto 23.8% menor al transferido el año pasado.
Además, en lo que va del año dichas transferencias no se realizaron a los
estados en tres meses: enero, mayo y julio. Cuando desagregamos las
transferencias a los estados, observamos que en 31 entidades hay reducciones
con respecto al año previo, pero en 19 la caída es mayor a 40%. Sólo en la CDMX
las transferencias se incrementaron 3% con respecto al 2020.
Con la disminución del gasto
ejercido por el Insabi, también observamos una caída en las consultas
otorgadas. Hasta septiembre de
este año el Insabi otorgó 3.6 veces menos consultas que las brindadas por el
Seguro Popular en el mismo periodo de 2018. Si bien parte de esta caída se
puede explicar por la transición del Seguro Popular al Insabi y la llegada de
la pandemia por covid-19 en 2020, no se descarta que simplemente se haya
verificado un recorte al gasto
La caída de más del 50% en las
consultas entre enero y septiembre de 2020 y 2021 fue en consultas de primera
vez y subsecuentes, así como en todos los programas. Por ejemplo, para este
periodo en 2020 las consultas de enfermedades transmisibles cayeron 63.9%. Lo
preocupante es que en lo que va del año se han reducido aún más: 21.1%. Lo
mismo sucede con las consultas de salud bucal, que exhiben caídas de 79% y
16.1% en 2020 y 2021, respectivamente. Por el contrario, las consultas de
enfermedades crónico-degenerativas, que se redujeron en 58.7% en 2020, se han
mantenido de forma muy similar en 2021, mientras que en este año hay una
recuperación de 13.7% y 38.9% en las consultas de planificación familiar y
salud mental.
[1] Y es que en los reportes mensuales de la SHCP el gasto
funcional en salud no se puede desagregar por ejecutor. Por lo tanto, a partir
de esta sección y en adelante se realiza el seguimiento del gasto neto total de
la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE sin incluir el gasto en pensiones y
jubilaciones como un aproximado del gasto funcional en salud. Dentro del gasto
analizado en esta sección y en las siguientes, se incluye parte del presupuesto
de estas secretarías destinado a funciones de salud, ciencia, tecnología e
innovación, coordinación de la política de gobierno y protección social.
Lo hemos enunciado ya, y debemos insistir: los ingresos esperados para 2022 están sobreestimados. Les explicaremos por qué.
Para 2022 la Secretaría de Hacienda pretende alcanzar una
cifra récord de ingresos por6.17
billones de pesos, 7.5% (429 mil millones de pesos [mmdp]) más de lo aprobado
para 2021 o 1.3% (80 mmdp) más de lo estimado al cierre de este año. Al
analizar esta proyección se identifican tres factores en los que el Gobierno
basa sus expectativas: un aumento
histórico del IVA, ingresos petroleros sin precedente en el sexenio y
aprovechamientos no explicados cada
vez más grandes. Vamos por partes…
Apuesta
por un IVA histórico
Para 2022 el Gobierno está apostando por un crecimiento de
7.7% (280 mmdp) de los ingresos tributarios, lo cual de inicio se ve difícil,
debido que desde 2016, cuando tuvieron un aumento de 11.9% (372 mmdp), no se ha
repetido tal hazaña. Desde entonces, el mejor crecimiento que se ha reportado
es un 2.3% en el último año de Peña Nieto, seguido por 0.9 y 0.8% en 2019 y
2020, respectivamente. Es verdad que de enero
a julio los ingresos tributarios han crecido en 8.2%
(258 mmdp) impulsados por el rebote de la actividad económica luego de la
crisis sanitaria de 2020, pero ese factor se diluirá para 2022.
Específicamente, detrás de las estimaciones optimistas de
recaudación para 2022 está un crecimiento esperado de 19% (198 mmdp) del
Impuesto al Valor Agregado (IVA), una expansión de la cual no se tiene
precedente. El mejor registro de crecimiento de este tributo se dio en 2010: en
18.8%, por un efecto rebote luego de la crisis de 2009, cuando el PIB se
contrajo 6.5% y el IVA 15.3%. También en 2010 entró en vigor el aumento de la
tasa del IVA cobrada a los consumidores, de 15 a 16%. Ya en 2011, en el segundo
año de recuperación, el IVA creció sólo 3%, lo cual sirve de analogía para
2022, el segundo año postcrisis.
Contemplemos, además, que para 2022 no se plantea un incremento en las
tasas del IVA, ni una reducción de las exenciones o bienes sujetos a la tasa
cero; por el contrario, se añaden bienes a la lista que no tributará IVA, como
mostramos en el siguiente cuadro:
Principales
cambios fiscales en materia del IVA para 2022
Medida
Descripción
No acreditamiento del IVA por el pago de inversiones, compra de bienes, objetos intangibles, importaciones, etc.
Cuando las actividades que no se consideren realizadas en México; el pedimento de importación no venga al nombre del acreditado.
Tasa 0% alimentos para mascotas, excepto alimentos procesados para perros y gatos
En fechas recientes han surgido algunos criterios jurisdiccionales y administrativos que consideran que la tasa del 0% del IVA sólo es aplicable a los productos destinados a la alimentación humana. A efecto de que exista seguridad jurídica, se clarifica que la tasa 0 aplica también en alimento de mascotas.
Tasa 0% a productos de gestión menstrual
Actualmente las toallas, tampones y copas sanitarias para uso menstrual, están gravados con el IVA a tasa del 16%
Definir que el uso o goce temporal de bienes en territorio nacional siempre esté sujeto al pago del IVA
En algunas ocasiones, los contribuyentes consideran que el uso o goce de bienes no se encuentra gravado por haber sido entregados en el extranjero, a pesar de que éstos se utilizan en territorio nacional
Como se ve, las modificaciones que se proponen para 2022
en la Ley del IVA no parecen justificar directamente los incrementos en la
tributación que se esperan. La mayoría de los cambios más bien van en la
dirección contraria a su impulso. Por otro lado, los cambios para la
acreditación del IVA tampoco parecen demasiado significativos en términos de
aumento de la recaudación, ya que se enfocan en el IVA recaudado a través del
comercio exterior, que representa sólo el 30% del total de este impuesto. En
otras palabras, el mayor potencial de recaudación de este impuesto se genera en
el mercado interior. En efecto: el hipotético impulso en la recaudación del IVA
en 2022 dependerá de la actividad económica.
Regresemos al factor rebote económico. Hay que apuntar que
éste, luego de la crisis de 2020, no parece estar impulsando al IVA como en las
crisis previas. De enero a julio de 2021, el IVA acumula un crecimiento de 13%
(75 mmdp) luego de que en 2020 se contrajera 4% (22 mmdp) en el mismo periodo.
No obstante, es mejor que lo esperado por Hacienda, que pronosticó para 2021 un
IVA 5% (53 mmdp) menor a lo observado al cierre de 2020 y 6.9% (75 mmdp) menor
a lo aprobado en 2020, como si no esperase que la demanda se mantuviera fuerte. De cualquier forma, frente a la crisis de
2009, este tributo acumula una menor recuperación, incluso con estimaciones de
crecimiento superiores al 6% que plantea el Banco de México. Desde esta
perspectiva, con una estimación de crecimiento inferior a la de 2021 (3% de
Banxico), un crecimiento de 19% del IVA en 2022 se ve complicado.
Otro factor que limita la consecución de altos niveles de
IVA es el Indicador Mensual de Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI)[1],
que no acaba de recuperarse, a pesar del rebote del PIB. Con los datos más
recientes a junio, el IMCPMI se observa 3 puntos por debajo de su nivel previo
al primer bimestre de 2020, antes de la pandemia. Además, en junio retrocedió
0.8% frente al mes previo, con lo que se rompió la racha de aumentos, según
datos del Inegi.
El SAT tiene otra manera de aumentar la recaudación del
IVA: limitando las devoluciones y compensaciones de este impuesto, algo que al
parecer ha venido sucediendo. Al segundo trimestre de 2021 el dinero que el SAT
devolvió o compensó cayó 4%; el monto se redujo a 501 mmdp, frente al mismo
periodo de 2020. Como referencia, las devoluciones y compensaciones de enero a
junio de 2017 alcanzaron un monto histórico de 590 mmdp. Así, se acumularon
cuatro años seguidos en los que el SAT ha reducido el flujo de efectivo de las
empresas, lo que afecta su operación. Estas limitaciones deben llevarse a la
práctica con estricto apego a la normativa y con claridad de las razones que
las motivan. No deben percibirse como un acto arbitrario; de lo contrario
pueden incrementar la incertidumbre sobre los retornos, desmotivar la
inversión, la actividad económica y, por ende, la propia recaudación del IVA.
¿Un
ISR en coma aumentará 4.8%?
Para el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el gravamen de
mayor importancia para el Gobierno federal, también se tienen estimados
optimistas. En 2022 se espera un crecimiento de 4.8 % (94 mmdp) frente a los
ingresos presupuestados para este año. Cabe señalar que en 2021 se esperaba que
este tributo creciera en 3.9% frente a lo observado a finales de 2020; sin
embargo, al mes de julio se mantiene 0.7% (7.5 mmdp) por debajo de lo reportado
en el mismo periodo de 2020.
La
escasa recuperación del ISR está relacionada con la destrucción de empresas
durante la pandemia y con la pérdida de empleos formales. Según el Estudio de la Demografía de los Negocios del
Inegi, de 4.86 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos
reportados en los Censos Económicos 2019 se registró una reducción de 8% (391
mil negocios) en 2020. Este resultado se debió al cierre permanente de 1.01
millones de unidades económicas, compensado en parte por el nacimiento de 619
mil negocios[2].
Finalmente, en materia de cambios fiscales la creación del
Régimen Simplificado de Confianza (RSC) es la principal apuesta para
incrementar la recaudación de ISR (describimos sus medidas principales en el
cuadro siguiente). Con este régimen se pretende la incorporación de 30 millones
de nuevos contribuyentes, entre 2022 y 2026. No obstante, esta cifra se logrará
a cuatro años, según declaraciones de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, por
lo que el aumento en la base de contribuyentes poco tendrá que ver con el 4.8%
de crecimiento que se espera para 2022 en el ISR.
Régimen
Simplificado de Confianza
Medida
Descripción
Unión de distintos regímenes
EL RSC absorberá 4 regímenes actuales: personas físicas con actividad empresarial; incorporación fiscal; arrendamiento; y actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas.
Simplificación administrativa
Mediante un algoritmo el SAT determinará las declaraciones preliminares para simplificar el pago de impuestos.
Tasas reducidas
Las personas físicas con menos de 3.5 millones de pesos anuales pagarán ISR de entre 1 y 2.5%. La medida excluye al régimen de salarios. Para personas morales el límite será hasta 35 millones, aunque no está claro qué tasa de impuestos se les aplicará. No obstante, un beneficio adicional que tendrán será la deducción de inversiones a menor plazo y pagos provisionales conforme la utilidad fiscal determinada a partir de ingresos y deducciones amparadas con CFDI.
IEPS
a la baja
En el caso del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios (IEPS), el tercer impuesto de mayor peso, el siguiente año se espera
una contracción de 4.6% (24 mmdp) frente a lo presupuestado para 2021, pero una
recuperación de 1.4% (6.8 mmdp) frente a lo observado al cierre de 2020. A
pesar de que se estima una contracción, este pronóstico podría ser también
optimista si se considera que al mes de julio el IEPS reporta una contracción
de 8% (22.8 mmdp), impulsado por menores ingresos en su componente de gasolinas
y diésel.
Para 2022 se espera que el IEPS por gasolinas y diésel sea
de 318 mmdp, 12.7% (46 mmdp) menos de lo presupuestado para 2021 y 1.9% (6
mmdp) menor a lo observado en 2020; es decir, peor a lo observado durante el
punto álgido de la crisis económica.
Es
importante destacar que las expectativas sobre la recaudación de este impuesto
resultan contradictorias con el panorama que se tiene sobre el resto. Los crecimientos que se esperan en la recaudación del
IVA, ISR e ISAN suponen que en 2022 continuará el rebote o el dinamismo
económico. Entonces, uno se pregunta por qué ese dinamismo está ausente en los
estimados del IEPS de gasolinas y diésel (¿o se debe más bien al auge del
mercado negro?).
Para compensar, destaca un pronóstico de IEPS sobre
cervezas y bebidas refrescantes de 42.7 mmdp, 18% (6.5 mmdp) mayor a lo
presupuestado para 2021 y 12.8% (4.8 mmdp) mayor a lo observado al cierre de
2020. Este nivel sería similar al observado en 2018. Igualmente, por el IEPS
sobre bebidas alcohólicas se esperan 20.2 mmdp, es decir, un incremento de 24%
(3.9 mmdp) frente a lo presupuestado para 2021 o de 7.4% (1.4 mmdp) frente a lo
observado en 2020. Este nivel no tiene precedente en ningún año que se tenga
registro.
Para lograr esta nueva hazaña la autoridad fiscal no
apuesta por un aumento de impuestos en las bebidas alcohólicas, sino a una
reducción del mercado negro. Para conseguirlo, impondrá mayor control a través
de códigos QR en las botellas de bebidas alcohólicas y la obligación por parte
de los centros de consumo de verificar en presencia del consumidor que las
bebidas son legales.
Modificaciones
para la Ley del IEPS 2022
Combustibles automotrices
Cuando se detecte que se introdujeron combustibles automotrices y se omitió el pago de impuesto, se aplicará la cuota que corresponda, además de las sanciones pertinentes
Marbetes electrónicos
Se amplía la definición de marbete. Podrá ser físico o electrónico
Lectura de código QR
Los establecimientos de consumo final tendrán la obligación de realizar, en presencia del consumidor, la lectura del código QR del marbete de las bebidas alcohólicas
Más
ingresos ocultos: los no tributarios no petroleros
Los
ingresos no tributarios y no petroleros, o ingresos no recurrentes, se han
convertido en la salvación del erario ante estimaciones fallidas del resto de
ingresos. Irónicamente, estos
ingresos pronto dejarán de ser “no recurrentes”, porque la Federación los
obtiene ya de manera regular, pero sin explicar cabalmente su origen, es decir,
de dónde los saca. Particularmente, en la parte de Aprovechamientos se han
contabilizado ingresos extraordinarios, como las transferencias del Fondo de
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), los remanentes de
Banxico o los recursos por la extinción de fideicomisos, que evitan que el
déficit público sea aún mayor.
Para 2022, el Gobierno espera obtener 240 mmdp de ingresos
no tributarios, 13.4% (28.3 mmdp) más que lo presupuestado para 2021, de los
cuales el 95% provendrá de los Aprovechamientos. Los otros no tributarios, como
Derechos, Contribuciones y Mejoras y Productos, tendrán variaciones mínimas en
cuanto a porcentaje o monto.
Dentro de los Aprovechamientos se contabilizan los
ingresos por multas, indemnizaciones, cuotas, regalías, entre otros. No obstante, el 97% de los Aprovechamientos
estimados para 2022 (179 mmdp) están clasificados como Otros, otros: la llamada “caja negra de los ingresos”. La
estimación de estos recursos significa que el Gobierno espera algún tipo de
ingreso extraordinario. Ya que el tipo de cambio se ha mantenido constante (sin
afectar las reservas de Banxico que detona el pago del remanente), y que el
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) está casi
agotado, es de suponerse que la Federación aumentará los esfuerzos en la
extinción de fideicomisos para obtener estos recursos no recurrentes. Esta
“caja negra” se ha incrementado en los últimos años.
Recapitulemos: en los últimos años los ingresos no
tributarios observados han sido superiores a los presupuestados, lo que ha rescatado
en parte a la hacienda pública. Esto ha sucedido por el uso de los fondos de
emergencia, remanentes de Banxico y, recientemente, por la extinción de
fideicomisos. No obstante, cabe preguntarse: ¿hasta cuándo se podrá mantener
esta tendencia de disponer de ingresos no recurrentes?
Los petroleros o Jauja
Para 2018 se espera lograr ingresos petroleros de 1.87
billones de pesos, un crecimiento de 11.9% (115 mmdp) más de los presupuestado
para 2021, pero 2.6% (28.9 mmdp) menores a lo estimado al cierre de año. Llegar
a este nivel de recaudación significa regresar a niveles previos de 2018,
cuando la situación de Pemex era muy diferente a la actual.
A julio de este año, los ingresos petroleros acumulan 507
mmdp, un crecimiento de 59.8% (190 mmdp), luego del desplome visto en 2020. Sin embargo, en lo que va del año se le
transfirieron a Pemex 113 mmdp, por lo que el crecimiento sin transferencias
sería de sólo 24.2%. De hecho, con ese nivel de recaudación sin
transferencias a julio (394 mmdp), se encontraría 38% por debajo del nivel de
ingresos de 2018 (640 mmdp), al cual se pretende regresar el siguiente año.
Una posible estrategia para incrementar la recaudación de
impuestos petroleros es la mayor inversión que se le destinará al fracking o fracturación
hidráulica, a pesar de la manifiesta oposición del Gobierno a esta práctica. En
la cartera de inversión para 2022 de Pemex, Exploración y Producción se
anticipa un gasto de 11.6 mmdp para fracking, 438,606% más de lo presupuestado
para este mismo proyecto en 2021, y la mayor asignación de la que se tenga
registro desde 2015. Este gasto para la extracción de gas y aceite de lutitas
se concentrará en Coahuila y Veracruz. No obstante, será complicado que este
crecimiento en inversión se
refleje en una mayor cantidad de petrolíferos, al menos en el corto plazo.
Más
impuestos por automóviles, sin vender más
Otra apuesta recaudatoria
será alcanzar 12.1 mmdp por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), un
crecimiento de 55% (4.3 mmdp) frente a lo aprobado en 2021, o 33% (3 mmdp)
superior a lo observado en 2020. De hecho, este nivel de recaudación es más
parecido al observado en 2018 o 2017, cuando se reportaban mejores niveles de
ventas.
El problema con esta estimación es que la venta de
automóviles nuevos está lejos de recuperarse. Hasta agosto de 2021 la venta de autos fue de 357 mil
unidades, según cifras del Inegi, una recuperación de tan sólo 7.6% (25 mil
unidades) frente al mismo periodo de 2020. Ahora, frente al 2018 las ventas de
autos están 35% (193 mil unidades) por debajo, y frente a 2017 los están 43%
(265 mil unidades). Para el segundo año de la recuperación postpandemia se ve
complicado regresar a esos niveles de ventas y recaudación.
Podría ser que la autoridad
hacendaria federal espera que este aumento en la recaudación se dé por cambios
en la forma de pagar el ISAN. Para 2022, se pretende establecer nuevas reglas
para el pago de automóviles blindados, para que en ningún caso el impuesto a
pagar por dichos vehículos sea menor al que tendría que pagarse por la versión
de mayor precio de enajenación de un automóvil sin blindaje del mismo modelo y
año. Lamentablemente no hay cifras oficiales de la cantidad de vehículos
blindados que se venden en México. Según el Consejo Nacional de la Industria
del Blindaje (CNIB), los vehículos que son reforzados con blindaje son
principalmente los modelos Suburban, Grand Cherokee y Tahoe, que pertenecen a
la categoría SUV. Esta categoría representa alrededor del 30% del total de
vehículos nuevos vendidos en 2021, y aunque todos fueran de tipo blindado, no
parece razonable que una modificación en su cobro de impuestos justifique un
incremento de 55% en el ISAN para 2022.
La
cereza en el pastel: deuda pública
Además de unos ingresos
tributarios y no tributarios difíciles de alcanzar, para 2022 se plantea pedir al Congreso los ingresos derivados de
financiamiento más grandes que se tiene registro: 915 mmdp, un aumento de 17%
(130 mmdp) frente a lo aprobado para 2021. Sí, a pesar de la narrativa
presidencial de que en este sexenio la deuda no ha subido.
Esto se debe a que los gastos
totales del sector público que prevé Hacienda serán de 7.48 billones de pesos,
mientras que los ingresos que anticipa sólo llegarán con todo y todo a 6.17
billones.
Nuestras conclusiones
Los
estimados positivos en recaudación de la Secretaría de Hacienda para 2022
penden de un hilo: un gran crecimiento económico que eleve la dinámica de
consumo y empleo por encima de lo visto antes de la crisis del covid-19.
Lamentablemente, los indicadores débiles
de consumo, empleo, número de contribuyentes, ventas de automóviles, entre
otros, no generan confianza de que estos pronósticos se cumplan.
Las condiciones
tampoco son halagüeñas para 2021, a causa de la permanencia en la desconfianza de
la inversión. Si bien a junio de este año la inversión fija bruta tuvo un
crecimiento de 16.8% con relación a junio de 2020, eso no compensó la caída de
24.21% de 2020 frente a 2019, según el Inegi. De hecho, el Índice de Inversión
Fija Bruta reporta 92 puntos, 4.2 menos que en febrero de 2020 (previo a la
pandemia); 14.6 puntos menos que en diciembre de 2018 (previo a la entrada de este
Gobierno) o 24.6 puntos menos frente a junio, antes de las elecciones
presidenciales.
En el último mes se ha dado a conocer
el cierre de tres terminales de almacenamiento de combustibles del sector
privado por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE); además, la
Secretaría de Energía canceló los permisos de importación de las empresas
Trafigura y Windstar. Esta tendencia a la estatización de la economía para
beneficiar a empresas como Pemex o CFE no deja de añadir desconfianza en el
sector privado, por lo que una recuperación de la inversión, del crecimiento y
de la recaudación se ven complicadas.
Las consecuencias de lanzar
estimaciones de recaudación fuera de la realidad serán mayores en un escenario
de agotamiento de los Fondos de Estabilización. Al segundo trimestre de 2021 el
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) cuenta con sólo
15.5 mmdp, luego de que en 2018 cerrara con más de 308 mmdp. El Fondo de
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) tiene 29.2
mmdp, cuando en 2018 cerró en 96 mmdp. Además, dicho instrumento fue
bursatilizado y debe 70 mmdp a 15 años. Ni hablar del desaparecido Fondo de
Desastres Naturales (Fonden) y los escasos 9.2 mmdp presupuestados contra
desastres para 2022. Todo esto implica
que los cambios en la liquidez del Gobierno podrían impactar directamente en la
capacidad de gasto.
De no materializarse el crecimiento económico
estimado por Hacienda y el crecimiento de la recaudación en los diferentes
ingresos, el Estado podría quedarse sin recursos para financiar el gasto
público y verse orillado a pedir más deuda o a recurrir nuevamente al recorte
indiscriminado de programas sociales, gasto corriente de las dependencias o
transferencias a los estados. Todo esto con graves consecuencias en la
perspectivas de eficiencia del sector público y en el desarrollo social.
[1] Inegi. el Indicador Mensual
de Consumo Privado y Mercado Interior (IMCPMI)
https://www.inegi.org.mx/temas/imcp/
