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Presupuesto en salud 2026: más dinero, pero no para todos 

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2026.

El presupuesto federal en salud aumentará 5.9% respecto a 2025, pero hay estancamiento per cápita, frente al PIB, y ante el presupuesto total. Además, los recursos para quienes no cuentan con seguridad social caen a su nivel más bajo desde 2010. 

La propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026 en materia de salud presenta una paradoja: bajo la apariencia de un incremento histórico en términos nominales, se esconde un estancamiento crónico y una profundización de la desigualdad en el acceso a la sanidad pública. 

El monto total de 965.7 mil millones de pesos (mmdp) representa un aumento del 5.9% respecto a 2025. Sin embargo, este crecimiento se diluye al analizarlo en relación con el tamaño de la economía, el gasto por persona y su prioridad dentro del gasto total del Gobierno. Lejos de fortalecer el sistema, el proyecto presupuestario consolida una tendencia preocupante: la salud ha perdido centralidad en la agenda pública.

La aparente recuperación encubre, de hecho, una distribución profundamente inequitativa. El análisis por institución revela que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acapara los incrementos. Mientras tanto, el resto de las dependencias enfrentan recortes. 

La consecuencia más grave de esta asignación es que el presupuesto destinado a las personas sin seguridad social —que suelen ser la población más vulnerable— caerá a su nivel más bajo desde 2010. De este modo se amplía de manera alarmante la brecha en la calidad y el financiamiento de la atención entre los mexicanos con y sin afiliación formal.

Ligera recuperación del gasto total en salud

Como ya lo señalamos, en 2026 se propone un presupuesto federal en salud por 965.7 mmdp. Esto es 5.9% mayor —o 53.5 mmdp adicionales— frente a lo aprobado en 2025. Pese al incremento, en realidad esos recursos están 4% (39.1 mmdp) por debajo de 2024, cuando se ejerció una cota máxima de 1,005 mmdp. 

Los egresos federales en sanidad pública están conformados por los recursos de ocho ramos: el IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud (SSA), Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y las Aportaciones para la Seguridad Social (Ramo 19). En conjunto se les conoce como gasto funcional en salud y para su análisis se excluyen el pago de pensiones del IMSS e ISSSTE, así como el gasto en defensa de las Fuerzas Armadas. 

La evolución presupuestaria de cada uno de estos ramos es muy diversa, como se detalla más adelante. Sin embargo, se puede adelantar que sólo hay incrementos considerables en el IMSS, mientras que se dan recortes en el resto de las dependencias. 

A pesar del incremento del gasto total, es común que no se cumpla con el presupuesto aprobado debido a recortes o subejercicios, como ya sucedió en 2014, 2015, 2016, 2019, 2023 y 2024. Además, si descontamos los sobreejercicios en transferencias en fideicomisos —que explicaremos también más adelante— el presupuesto en salud también se quedó corto en 2020, 2021 y 2022. 

El incremento del presupuesto en salud, asegurará el segundo mayor monto destinado a la materia en al menos 25 años. No obstante, si analizamos este presupuesto en función del tamaño de la economía, los recursos por persona o su participación en la totalidad del gasto del Gobierno, se muestra que en realidad estos recursos siguen estancados. 

Los 965.7 mmdp que propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) representan un 2.5% del producto interno bruto (PIB). Esto es 0.2 puntos menos del máximo alcanzado de 2.7% del PIB entre 2011 a 2013, y entre 2020 a 2024 (excepto 2023). Es decir, el presupuesto se mantendrá por debajo de sus mejores niveles. Además, no llegará ni a la mitad del gasto recomendado en sanidad pública que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 6% del PIB. 

En pesos por persona, el presupuesto ascenderá a 7,185 pesos, nivel similar a lo observado en 2022 (7,225 pesos) e inferior a lo observado en 2024 (7,601 pesos). Esto significa que las instituciones tendrán menos recursos por paciente, lo que limitará solucionar la saturación de los sistemas de salud, reducir los tiempos de espera o resolver el desabasto de medicamentos. 

Finalmente, como porcentaje del gasto total, el presupuesto en salud representará sólo el 9.5%, lo mismo que lo aprobado en 2024 y un nivel similar al de 2016. En su mejor momento —2011 y 2012— llegó a representar el 11.2%. Esta tendencia indica que el gasto en salud ha perdido prioridad para el Gobierno, en tanto que otros conceptos del gasto lo han desplazado en importancia, como lo son las pensiones no contributivas (las llamadas pensiones del Bienestar) o el pago del servicio de la deuda. 

Al analizar la evolución del gasto por institución, encontramos que sólo el IMSS tiene incrementos considerables, aunque el Ramo 19 y el FASSA aumentan ligeramente. En contraste, hay recortes en el resto de los ramos con presupuesto en salud: IMSS-Bienestar, SSA, ISSSTE, Semar o Defensa.

Del lado ganador, el IMSS contará con recursos para la salud por 556 mmdp, 11.8% (58.5 mmdp) más que en 2025. Alcanzará un nuevo presupuesto histórico y acumulará cuatro años con incrementos presupuestales. Esta condición es gracias a que los recursos del Instituto aumentan según el número de trabajadores formales afiliados y no por decisiones políticas. 

Asimismo, el Ramo 19 contará con 10.3 mmdp, un incremento del 0.5% o 51.4 millones de pesos (mdp) versus lo aprobado en 2025. En su mayoría, estos recursos son subsidios y transferencias que el Gobierno federal da al IMSS e ISSSTE para fortalecerlos financieramente. 

Por su parte, el FASSA contará con 82 mmdp, un aumento de 0.7% (578.6 mdp) frente a 2025. No obstante, este monto será el segundo menor desde 2005. La razón de este desplome a lo largo de los años se explica a profundidad más adelante. 

Del lado perdedor, el ISSSTE destaca por un recorte de 3.6% (3 mmdp) versus 2025 para colocarse en un nivel de 82 mmdp, su nivel más bajo desde el año 2021. A pesar de ser una institución que atiende a personas aseguradas formalmente —empleados del Estado— su presupuesto no se calcula según su número de afiliados, sino más bien por decisiones políticas. 

El segundo ramo con el mayor recorte será la SSA, que contará con 57 mmdp, un descenso de 3.2% (1.9 mmdp) para colocarse en su menor presupuesto desde 2004. 

Cabe recordar que los recursos de esta dependencia se redujeron de forma considerable luego de que en 2023 se eliminó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) cuyos recursos se presupuestaban dentro de la SSA. En su lugar se creó el IMSS-Bienestar, que hasta 2025 pertenece al Ramo 47 de Entidades no Sectorizadas. En 2026 esta institución saldrá del Ramo 47 y se conformará en uno nuevo, el 56. Este cambio es positivo, ya que facilitará dar seguimiento al ejercicio de recursos de la institución.

Sin embargo, en 2026 el IMSS-Bienestar contará con un presupuesto de 167 mmdp, 0.2% (276.7 mdp) millones de pesos menos de lo aprobado en 2025. Aunque la reducción es limitada, era de esperarse que recibiera un incremento lo suficientemente grande para compensar el recorte de la SSA: no sucedió así. 

Finalmente, para la Defensa se prevé un gasto en salud de 6.9 mmdp, 5.1% (373 mdp) menos frente a 2025 y para la Semar de 3.5 mmdp, 2.9% (105 mdp) menos. A pesar de atender también a trabajadores formales del Gobierno, en los últimos años ambas instituciones han sufrido recortes presupuestarios. Esto va en contra del fortalecimiento de los cuerpos encargados de la protección y la seguridad pública del país. 

Salud para las personas sin seguridad social formal 

El presupuesto conjunto de las instituciones que atienden a las personas sin seguridad social formal será, en 2026, de 307 mmdp, es decir un recorte de 0.5% (1.6 mmdp) menos contra lo aprobado en 2025. Se trata del monto más reducido para este sector de la población desde 2010. 

El presupuesto para las personas sin seguridad social contempla el gasto de instituciones y programas que atienden a las personas que no tienen afiliación a un sistema estructurado vinculado a su situación laboral. Aquí nos referimos al IMSS-Bienestar, la SSA (encargada de los hospitales de alta especialidad) y el FASSA (a través del cual se otorgan recursos a las entidades federativas para la salud). 

Si bien el FASSA tendrá un incremento de 578.6 mdp, será insuficiente para compensar el recorte de 1.9 mmdp de la SSA y de 276.7 mdp del IMSS-Bienestar. En 2025 el presupuesto para este sector de la población también disminuyó, como lo detallamos en esta investigación. Es preocupante que por segundo año consecutivo vuelva a decrecer esta dotación. 

El recorte del presupuesto en salud para las personas sin seguridad social es más grave, si se mide en términos por usuario estimado. Hay que recordar que, previo a 2019, la población objetivo del sistema de salud para personas sin seguridad social se basaba en los afiliados al Seguro Popular, que en 2018 tuvo 53.5 millones. Por el contrario, tanto el desaparecido Insabi y ahora el IMSS-Bienestar identifican a su población objetivo como aquellas con “carencia de acceso a la seguridad social”. El organismo encargado de definir a este grupo es actualmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En 2024 se contabilizaron 62.7 millones de personas en esta situación y para 2026 se estima1 que el número ascienda a 63.7 millones. Esto significa que el IMSS-Bienestar buscará atender a 10 millones de personas más de lo que pretendía el Seguro Popular en 2018, pero con menos recursos. 

Así, el siguiente año se destinarán tan sólo 4,820 pesos por persona sin acceso a la seguridad social, 1.3% (62 pesos) menos frente a lo aprobado en 2025 y el monto más bajo en al menos 15 años.

Si se compara con 2018, el presupuesto por persona será 18.2% (1,075 pesos menor) al de 2026, y frente al máximo alcanzado en 2007 (11,118 pesos por persona), el retroceso es de 57% (6,299 pesos menos por persona). La caída en el gasto per cápita entre 2007 y 2018 muestra que los mecanismos de gobernanza presupuestaria vigentes en ese periodo no eran perfectos. No obstante, el riesgo actual es que ya no existe mecanismo alguno que evite que el presupuesto por usuario siga cayendo. 

El menor presupuesto para este sector en 2026 podría agravar la carencia de acceso a la salud, automedicación y preponderancia de los servicios médicos privados, más allá de lo observado en 2024, como exponemos en este estudio. 

Gasto en salud para las personas aseguradas formalmente

Los sistemas que atienden a las personas con seguridad social formal cuentan otra historia a nivel presupuestal: habrá 659 mmdp, 9.1% (55 mmdp) más que en 2025. Se trata del mayor monto histórico en términos absolutos. 

Aunque nos referimos a los recursos conjuntos del IMSS, ISSSTE, Defensa, Semar y del Ramo 19, el incremento se debe principalmente al IMSS. Como ya se mencionó anteriormente, este Instituto tendrá un aumento de 58.5 mmdp, que compensa con creces el recorte en el ISSSTE de 3 mmdp, de 373 mdp en la Defensa y de 105 mdp en la Semar. 

Aunque en términos absolutos el gasto para personas aseguradas tendrá su mayor monto histórico, si se mide respecto del total de la población a atender, en realidad se nota un estancamiento. En 2026 el gasto por asegurado será de 10,160 pesos. Es el mayor monto desde 2013, pero inferior a lo observado en años como 2007 (10,342 pesos), 2009 (10,362 pesos) y 2012 (10,423 pesos). 

Este estancamiento se debe a que el número de afiliados al IMSS, ISSSTE e Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) ha crecido a mayor ritmo que el presupuesto. En 2024 el INEGI identificó a 63.3 millones de afiliados, 38% (17.5 millones) más que en 2012. Para 2026, se estima2 esta cifra en 64.8 millones, 40% (18.5 millones) más que en 2012. No obstante, en este mismo periodo, el presupuesto total sólo habrá crecido en un 36% o 176 mmdp. 

De forma histórica, los recursos en salud para las personas aseguradas han sido superiores al de las personas no aseguradas. Sin embargo, a partir de la creación del Seguro Popular en 2003, esa brecha comenzó a reducirse. En el mejor momento (2013), los recursos para las personas aseguradas llegaron a ser sólo 37% superiores. La disparidad se amplió nuevamente con las medidas de austeridad en los últimos años de Peña Nieto y se agravó con la eliminación del Seguro Popular en 2019, y la transición hacia el Insabi que ya no contemplaba garantías presupuestarias de financiamiento por persona. 

En 2025, en un proceso de recortes al gasto en salud por el proceso de contención fiscal, la asimetría entre asegurados y no asegurados llegó al 96%, un nivel no visto desde 2005. Para 2026 la brecha se hará todavía mayor: los recursos en salud para las personas aseguradas (659 mmdp) serán 115% mayores al de las personas no aseguradas (307 mmdp). 

Esta diferencia en materia presupuestaria impacta directamente en la calidad de atención de los usuarios. Como lo demostramos en nuestra investigación “Cambios en la Atención Pública de la Salud en México (2018–2024): Evidencia desde la ENIGH y Perspectivas Comparadas”, las personas sin seguridad social formal enfrentan mayores gastos catastróficos y empobrecedores en salud, así como un mayor uso de servicios médicos privados, lo cual perpetúa la pobreza de ingreso de este sector de la población. 

Debilidad del financiamiento a los estados 

Dentro del presupuesto público se incluyen recursos que se transfieren a los estados. En el caso del sector salud, estos se concentran en el FASSA. Para 2026 se propone asignarle 82.4 mil millones de pesos. Es decir, un aumento de tan sólo de 0.7% (0.6 mil millones de pesos) respecto al monto aprobado para este año. 

Si bien la propuesta para 2026 plantea un ligero incremento en el FASSA, al compararlo con lo efectivamente ejercido en 2024 se observa una caída del 20% (20.3 mmdp en términos reales). En perspectiva histórica, esto confirma que los recursos destinados a la salud para los estados siguen disminuyendo.

Hay que recordar que esta merma en los recursos del FASSA no es una casualidad. En realidad demuestra el nuevo carácter centralista de la política de salud para las personas sin seguridad social, la cual comenzó con la creación del IMSS-Bienestar. 

Antes de ese organismo, la atención a la salud pública se distribuía de manera más amplia entre los distintos niveles de Gobierno. Esta distribución no era sólo formal: a través del FASSA, la Federación transfería recursos a los estados para fortalecer su capacidad de brindar servicios, especialmente dirigidos a la población sin seguridad social.

Con el nuevo modelo del IMSS-Bienestar se revierte la distribución de responsabilidades en la atención a la salud, al devolverlas al Gobierno central. Este cambio se ha formalizado mediante convenios entre los estados y la Federación para cederle la administración de los servicios de salud.

De los 32 estados del país, 23 han firmado estos convenios. Esto, por sí mismo, motiva un recorte muy significativo en las transferencias del FASSA: en promedio las entidades signatarias recibirán en 2026 un 66% (2 mmdp) menos que en 2024. 

No obstante, no significa que los estados que no han firmado mantengan sin cambios sus recursos, ya que estos estados —aunque siguen recibiendo su asignación—, obtendrán en promedio 9.1% (332 mdp) menos que en 2024.

La disminución del FASSA para los estados no signatarios del IMSS-Bienestar puede entenderse a partir de la propia estructura de cálculo prevista en el artículo 30 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). Este fondo se determina con base en los inventarios históricos de infraestructura sanitaria y personal transferidos durante la descentralización, así como en los recursos efectivamente ejercidos el año anterior para servicios personales, operación e inversión. 

En la práctica, al haberse recentralizado parte del gasto y del personal bajo el nuevo organismo federal, el universo sobre el cual se calculan estas previsiones se redujo, lo que comprimió el monto global del fondo. Dado que las fórmulas de distribución operan sobre una bolsa total más pequeña y no reconocen las responsabilidades que los estados conservan, incluso las entidades no signatarias —que continúan prestando servicios a su población sin seguridad social— han visto mermados sus recursos. La reasignación de gasto hacia el IMSS-Bienestar, sin crear mecanismos compensatorios para el resto de los estados, ha generado así una caída estructural del FASSA que profundiza las asimetrías intergubernamentales en el financiamiento de la salud.

Presupuesto estancado en salud especializada y riesgos sanitarios

Para 2026, el presupuesto destinado a las dependencias especializadas de la SSA seguirá en sus niveles más bajos de los últimos años. Recordemos que este organismo atiende los problemas de salud prioritarios en todo el país.

Para la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios (Cofepris) se está proponiendo un presupuesto por 748 millones de pesos (mdp). Es un recorte de 5.9% (47 mdp) frente a los 795 mdp que se aprobaron para este año. Se trata del menor presupuesto para el control de riesgos sanitarios al menos desde 2013. 

Hay que señalar que entre las actividades principales de la Cofepris se encuentra la regulación y vigilancia de la venta de medicamentos. Esto toma mayor relevancia considerando el acuerdo alcanzado en julio de este año con la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm)3, para combatir el mercado de medicamentos piratas. Este mercado ha pasado de representar el 7% al 11% del mercado entre 2023 y 2024.

La regulación del mercado de medicinas toma mayor relevancia ya que la automedicación es una de las principales prácticas de los hogares mexicanos. Como señalamos en nuestro estudio, en 2024 hubo 16 millones de personas que tuvieron un problema médico y prefirieron la automedicación a buscar atención profesional. Esta práctica ha venido en aumento desde 2018 y es reflejo de las deficiencias del sector público de salud.

Por otro lado, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CenSIA) encargado de proteger y mejorar la salud de niños, niñas y adolescentes presenta un presupuesto por 4.83 mmdp. Es un ínfimo crecimiento de 0.4% (17 mdp) frente al monto aprobado para 2024. Aún no logra recuperar sus niveles previos a 2023, cuando llegó a ejercer hasta 9 mmdp. 

Por último, los principales hospitales de alta especialidad de la SSA, son los más afectados por los esfuerzos de mantener un “déficit público bajo control». Después del gran recorte que tuvieron en 2025 para reducir la merma que dejó la administración anterior, el presupuesto de estos hospitales se mantiene hundido.

El estancamiento del presupuesto de los hospitales de alta especialidad limita el acceso a tratamientos que suelen ser muy costosos. Esto afecta tanto la economía de los hogares mexicanos como el bienestar de las personas que requieren atención médica especializada.

Medicamentos: diferencias entre asegurados y no asegurados

Para 2026 se proponen 148 mmdp para compra de fármacos por parte de las instituciones públicas federales de salud. Es un crecimiento de 12% (15.3 mmdp) en términos reales frente al monto aprobado para 2025. Aunque pareciera un crecimiento importante, en realidad es una recuperación frente al recorte que tuvo este año la compra de medicamentos. 

Además, no se distribuye de manera uniforme entre las instituciones de salud, lo que genera desigualdad en el suministro de medicinas según el centro de salud al que acudan los pacientes.

Por ejemplo, el IMSS es el instituto que presenta el mayor incremento. Contará con 121 mmdp para 2026, un aumento de 16% (17 mmdp) frente a lo aprobado para 2025. Lo anterior es una buena noticia para los trabajadores y sus familias aseguradas, quienes se verán beneficiados de esta ampliación del presupuesto para medicamentos del Instituto. 

Sin embargo, los trabajadores informales o sin acceso a un instituto de salud, enfrentan un escenario más complicado. Este grupo demográfico se atiende en el IMSS-Bienestar, que presenta un fuerte recorte de 74% (2.2 mmdp) en su presupuesto para compra de medicinas. Por su parte, el presupuesto para este mismo rubro en la SSA, presenta un aumento de tan sólo 0.6 mmdp (6%) frente al monto aprobado de 2025. Es así que la caída del presupuesto para adquisición de fármacos del IMSS-Bienestar no se ve compensada por un aumento en el presupuesto de la SSA.

En resumen, se propone destinar 137 mmdp a la compra de medicinas para personas con seguridad social, un aumento del 14% (17 mmdp) respecto a 2025. En contraste, en las instituciones para personas sin seguridad social, el presupuesto sería de 10.8 mmdp, es decir, un 13% (1.7 mmdp) menos que en 2025.

Esta brecha en los presupuestos para medicinas impacta principalmente en aquellos hogares que no cuentan con seguridad social. Como hemos identificado previamente, cuando el jefe o jefa de familia no cuenta con seguridad social, su gasto de bolsillo se elevó en promedio 141% (324 pesos) entre 2018 y 2024. 

Inversión histórica en salud, para población asegurada 

El gasto de inversión en salud también apunta a acrecentar la desigualdad entre asegurados y no asegurados. En total, la inversión en infraestructura para la salud en 2026 será de 52.3 mmdp, 57.9% (19 mmdp) mayor a la aprobada en 2025. Sin embargo, los mayores aumentos se darán en los sistemas que atienden a las personas aseguradas formalmente.

En cambio, la inversión conjunta de la SSA, IMSS-Bienestar y FASSA será de sólo 6 mmdp. Si bien es un aumento de 67.2% (5 mmdp) versus 2025, apenas es una recuperación limitada luego del recorte de 74% (9 mmdp) sufrido de 2024 a 2025. De hecho, el presupuesto para inversión se quedará por debajo del promedio observado en la última década (2014-2024), de 10.9 mmdp.

Por su parte, la inversión de la Defensa, Semar, IMSS, e ISSSTE sumará 46.2 mmdp, un aumento de 38.9% (5.9 mmdp) en comparación a 2025, para alcanzar el mayor monto en por lo menos 15 años. Cabe recordar que el presupuesto en salud para este sector de la población no fue recortado de 2024 a 2025, por lo que el incremento propuesto para 2026 provocará un avance efectivo de este gasto.

De aprobarse el PEF 2026 como se plantea, el 88% de la inversión en infraestructura de 2026 será en beneficio de las personas aseguradas. Es la segunda mayor concentración desde 2013. Además, el gasto para este grupo será 664% superior que para las personas sin seguridad social, la segunda mayor diferencia, después de lo aprobado para 2025.

Cabe recordar que la población que más ha incrementado su recurrencia al sistema privado de salud, han sido aquellos sin acceso a los sistemas públicos para asegurados.

Desfondo del Fonsabi

El Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) es un mecanismo federal destinado a financiar servicios de salud para la población sin seguridad social. Por sexto año consecutivo, la Iniciativa de Ley de Ingresos (ILIF) propone que la SHCP tenga total libertad para decidir cómo usar los recursos de este fondo. Esta medida no sólo aumenta el riesgo de afectar el derecho a la salud de quienes no cuentan con seguridad social, sino que puede alterar la transparencia del gasto público.

Entre 2021 y 2025, la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) estableció que los recursos del Fonsabi debían transferirse a la Tesorería de la Federación (Tesofe), salvo autorización de la SHCP. Para 2026, el Noveno transitorio de la LIF repite esta misma disposición, otorgando nuevamente esta discrecionalidad.

Hay que recordar que de 2019 a 2024, el Fonsabi erogó 381 mmdp. Sin embargo, de ese monto, 256 mmdp —equivalentes al 67.2%— fueron reintegrados a la Tesofe, sin que exista información pública que permita rastrear su destino final4. 

Por otro lado, como señalamos en la investigación “El ocaso del Fonsabi”, la posibilidad de disponer de los recursos del Fonsabi de manera discrecional ha contribuido a distorsionar la contabilidad pública en salud. Cuando la Federación hace transferencias al Fonsabi, éstas se registran como gasto efectivo en salud, pero al regresar esos recursos a la Tesofe, no se puede constatar que efectivamente se hayan erogado en sanidad pública. 

Para 2026 se proyectan transferencias a fideicomisos por sólo 14 mmdp, 4.5% del gasto en salud para las personas sin seguridad social y un monto reducido frente a lo observado en años anteriores. No obstante, este presupuesto podría excederse. Entre 2020 y 2022, las transferencias a fideicomisos fueron, en promedio, 190% superiores a lo aprobado, llegando a representar más del 14% del gasto total en salud para la población sin seguridad social entre 2020 y 2022. 

Por otro lado, la disposición de la ILIF 2026 permitirá una reducción aún mayor del Fonsabi, limitando la garantía de enfermedades catastróficas. Al tercer trimestre de 2025, este fondo reportó un saldo de 32.0 mmdp, el menor registro desde marzo de 2009. Se trata de una reducción de 78% (111 mmdp) frente a 2019. Sobra mencionar que la reducción se ha dado por salidas a la Tesofe. 

Ante las presiones de un presupuesto cada vez más comprometido, el Gobierno podría verse tentado a echar mano nuevamente de los recursos del Fonsabi, lo que limitaría la función de este fondo: financiar enfermedades de alto costo como el cáncer, VIH/Sida, enfermedades renales, entre otras. 

El debilitamiento del Fonsabi limitará la incidencia en gastos catastróficos de la población más vulnerable. Hemos identificado un incremento en el número de hogares que incurren en gastos catastróficos por salud, principalmente entre los hogares sin seguridad social. Mientras que en 2024 menos del 2% de los hogares afiliados a instituciones como IMSS o ISSSTE enfrentaron este tipo de desembolsos —y en el caso de Pemex e ISSFAM no se registraron casos—, la proporción fue mucho mayor entre quienes carecen de afiliación: 4.1% de los hogares de trabajadores independientes y 2.0% de los hogares con subordinados informales tuvieron que destinar recursos extraordinarios para cubrir necesidades de salud.

Notas al pie

  1. Estimación propia con base en la proyección de crecimiento de la población del Consejo Nacional de Población (Conapo). Se trata de una proyección simple, ya que la medición formal de este indicador no estará disponible hasta 2027. ↩︎
  2. Estimación propia con base en la proyección de crecimiento de la población del Consejo Nacional de Población (Conapo). ↩︎
  3. El Sol de México (2025). Desabasto abre la puerta al medicamento pirata. Disponible en: https://oem.com.mx/elsoldemexico/finanzas/desabasto-abre-la-puerta-al-medicamento-pirata-en-mexico-24743680 ↩︎
  4. México Evalúa (2025) Sin rastro, 256 mil millones para la salud durante el sexenio de AMLO. Disponible en: https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2025/05/15/sin-rastro-256-mil-millones-para-la-salud-durante-el-sexenio-de-amlo/ ↩︎

Gasto federalizado 2026: un aumento que esconde retrocesos históricos

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2026.

Los recursos que otorga la Federación a los estados aumentarán 3% en 2026 frente a lo aprobado en 2025; muy por debajo de lo alcanzado hace una década. Además, el incremento es menor al crecimiento poblacional.

El gasto federalizado —los recursos que otorga la Federación a los estados— aumenta en 2026 frente a lo aprobado en 2025. Sin embargo, se mantiene por debajo de lo alcanzado hace una década. Al mismo tiempo, se recortan componentes esenciales para el bienestar social y la coordinación entre Federación, estados y municipios. A ello se suma que el crecimiento de estos recursos en términos reales es menor al incremento de la población, lo que significa que avanzan a un ritmo más lento que las demandas que deberían atender.

Las transferencias financieras a estados y municipios fomentan la gobernabilidad democrática y el desarrollo equilibrado del país. Al conjunto de reglas, mecanismos y procedimientos que distribuyen los recursos entre los diferentes niveles de gobierno, se le conoce como federalismo fiscal. Entre las razones principales de este diseño está que las administraciones locales son más cercanas a la gente y a sus necesidades, por lo tanto gestionan mejor el gasto. En cambio, concentrar el presupuesto en el Gobierno central, lejos de ser una solución, puede agravar los problemas de ineficiencia, opacidad y lejanía a las demandas de la ciudadanía. 

El aumento del gasto federalizado en 2026 se debe a rubros que crecen de forma automática según los ingresos del Gobierno. Sin embargo, se debilitan los fondos que dependen de la voluntad política. En resumen: pese al incremento, no se observa una voluntad política en el Paquete Económico 2026 para fortalecer el federalismo fiscal. 

Para analizar el gasto federalizado en 2026 se realizan tres comparaciones clave: frente a lo aprobado para 2025, con lo efectivamente ejercido en 2024 y con el máximo histórico registrado en 2015. Con ello se busca mostrar no sólo cuánto ha crecido en el último año, sino cómo luce en el mediano plazo y qué tan lejos está de los niveles más altos del pasado.

Evolución reciente del gasto federalizado y pérdida de poder adquisitivo

El monto total del gasto federalizado para 2026 será poco menos de 2.82 billones de pesos. Respecto a lo aprobado para 2025 es un aumento de 3%, es decir de 82.7 mil millones de pesos (mmdp). Sin embargo, este incremento resulta modesto al compararse con la trayectoria reciente: el monto proyectado es apenas 0.4% (11.9 mmdp) mayor al ejercido en 2024. Es una ganancia mínima en poder adquisitivo en dos años.

La brecha es más clara al revisar el año de 2015, cuando se alcanzó el máximo histórico desde 1998. En esa etapa el gasto federalizado adoptó su estructura actual de participaciones y aportaciones del Ramo 33. En 2015, el gasto federalizado llegó a 2,838.9 mmdp, cifra 1% (28.2 mmdp) superior a la proyectada para 2026 en términos reales. Esto confirma que, a pesar de leves aumentos recientes, las transferencias federales permanecen estancadas desde hace una década.

La tendencia se agudiza al analizar el gasto federalizado por habitante. Para 2026 equivale a 20,912 pesos por persona. Aunque este monto supera al de 2025 (20,456 pesos por habitante), se mantiene por debajo del nivel registrado en 2024 (21,159) e implica casi 2,300 pesos menos por persona en comparación con el máximo alcanzado en 2015, cuando se registraron 23,200 pesos por habitante. La diferencia es de -9.9%, pues ese lapso se estima1 que la población del país se haya incrementado en un ritmo similar: 9.8% (12 millones de habitantes) Incluso, en una perspectiva de largo plazo, hay todavía otros siete años con mayores recursos per cápita que 2026, lo que evidencia que la recuperación reciente es insuficiente para revertir el deterioro acumulado.

En otras palabras, el estancamiento del gasto federalizado, junto con el crecimiento poblacional, muestra que la capacidad de estas transferencias para atender necesidades sociales avanza más lento que las propias demandas. Estas necesidades incluyen funciones que los estados y municipios deben realizar, como la provisión de seguridad pública local, alumbrado, drenaje, alcantarillado, recolección de basura, panteones, rastros, calles y protección civil, lo que limita su impacto en el bienestar de la población.

El gasto federalizado crece en monto, pero pierde espacio en el gasto total

Aunque en términos absolutos el gasto federalizado aumentará en 2026, de hecho lo que avanza es la tendencia hacia la centralización de las finanzas públicas. Esto significa que, pese al incremento en monto, los estados reciben una proporción menor del presupuesto federal y su participación dentro del gasto total del Gobierno federal se reduce.

En 2026, el gasto federalizado tendrá la menor proporción del gasto total registrada desde que hay datos disponibles: 27.8%. Lo anterior pone de relieve cómo el crecimiento de las transferencias a los estados ha ido más lento que el gasto total de la Federación. En otras palabras, mientras el presupuesto federal continúa expandiéndose —en pago de pensiones, intereses de la deuda, transferencias sociales, etcétera—, la parte que se destina a los gobiernos subnacionales disminuye en términos relativos. El resultado es que su papel dentro del esquema de coordinación fiscal se debilita.

La comparación con años anteriores confirma el retroceso: en 2015, las transferencias a los estados alcanzaron 33.8% del gasto total, seis puntos porcentuales más que en la actualidad. Esta caída significa que, en términos relativos, las administraciones públicas estatales y municipales cuentan con menos recursos provenientes de la Federación, lo que pone en entredicho la capacidad del federalismo fiscal para sostener un proceso real de descentralización.

Este retroceso no es un hecho aislado, sino una tendencia sostenida a lo largo de once años, de 2015 a 2026. En ese periodo, la participación de las transferencias federales en el gasto total ha disminuido de manera constante. Aunque ocasionalmente ha crecido en términos absolutos, lo ha hecho a un ritmo menor que el gasto total del Gobierno. En pocas palabras, el gasto federalizado ha perdido relevancia en el presupuesto federal.

Este menor peso relativo dentro del gasto total se acompaña de un cambio en la forma en que se distribuyen los recursos. Más allá de la reducción en su participación, lo relevante es cómo se reconfiguran los distintos rubros, lo que permite observar con mayor claridad las prioridades del Gobierno federal y las áreas que se debilitan.

Transferencias a estados: entre la pérdida de peso y el rezago internacional

Las transferencias del Gobierno central a los estados se mantienen por debajo de varias referencias internacionales. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2023 estas transferencias representaron, en México, 7.4% del producto interno bruto (PIB). La cifra es más de 10 puntos porcentuales menor a la de países como Dinamarca (17.6%), donde los municipios son responsables de servicios sociales clave como la salud o educación. 

Es cierto que México supera a países de la región como Chile (1.4%) y Costa Rica (0.3%), con la diferencia de que sus regímenes no son federales —cuando los estados cuentan con entidad jurídica propia y, en teoría, autonomía política— sino unitarios —es decir, sus demarcaciones políticas son meras divisiones administrativas—. En estos países, el Gobierno central es el responsable de gastos clave como salud, educación o seguridad social, por lo cual las transferencias hacia sus distintas regiones no son preponderantes. 

Cabe mencionar que en naciones como Alemania la estructura política es federal y, además, son fiscalmente descentralizados. Esto implica que los estados tienen más facultades para el cobro de impuestos. Por ello, las transferencias federales en Alemania son de sólo 1.9% del PIB. Por el contrario, México es un país federal, pero los estados tienen pocas facultades del cobro de impuestos, lo que las hace más dependientes de las transferencias federales.

Por su naturaleza federalista, los estados en México tienen vastas responsabilidades hacia sus ciudadanos, por lo que la mengua de recursos que reciben del Gobierno central limita el cumplimiento. Esta disminución también es evidente al comparar el gasto federalizado en relación al tamaño de la economía. En 2015 representó 8.6% del PIB, pero para 2026 se estima en 7.3%, mismo nivel que 2025 y 0.2% inferior a 2023 y 2024. 

Estructura del gasto federalizado y cambios en sus componentes

El gasto federalizado se integra por rubros con diversas funciones relevantes para el nivel de vida de la población. Entre ellas se encuentran las participaciones y las aportaciones. Las primeras son recursos de libre disposición que los estados pueden usar según sus prioridades locales. En contraste, las aportaciones están etiquetadas para aplicarse en áreas estratégicas como salud, educación, infraestructura social, seguridad pública y asistencia social. Ambas son transferencias automáticas, ya que su entrega y distribución están normadas en la Ley de Coordinación Fiscal.

El gasto federalizado también incluye los recursos para salud pública, destinados a la atención de personas sin seguridad social; los convenios de descentralización, que buscan coordinar proyectos con la Federación; y los subsidios del Ramo 23, que apoyan objetivos específicos del Gobierno central. A diferencia de las participaciones y aportaciones, estos recursos no tienen un marco normativo tan rígido y dependen en mayor medida de decisiones discrecionales del Ejecutivo federal.

En conjunto, los componentes descritos determinan el tamaño y la orientación del gasto federalizado y su posible impacto con el bienestar de la población. Analizar su evolución es importante, porque sus variaciones muestran la evolución en las prioridades del Gobierno federal y el mayor o menor margen que conservan los estados para atender las necesidades sociales.

El crecimiento observado del Gasto federalizado en 2026 frente a 2025 se explica principalmente por el impulso de las participaciones y las aportaciones. Las primeras subieron 5% (69.2 mmdp), mientras que las segundas avanzaron 2.6% (28.5 mmdp). Este aumento es automático, ya que estos componentes aumentan a la par de los ingresos federales. 

En contraste, los recursos para salud pública retrocedieron 9.1% (8.1 mmdp), los subsidios del Ramo 23 cayeron 4.6% (0.7 mmdp) y los convenios de descentralización disminuyeron 4.5% (6.2 mmdp). La caída en los recursos para la salud se deben al proceso de integración del IMSS-Bienestar, donde los estados han cedido progresivamente la responsabilidad de la atención pública a la Federación. Debido a ello, ésta les ha recortado los recursos que antes les otorgaba para el cumplimiento de estos derechos. En el caso del Ramo 23, la merma se debe a una reducción progresiva desde 2019 en programas de fortalecimiento financiero e infraestructura. 

Como se señaló en el análisis de los totales, si se compara con años previos el incremento global del gasto federalizado en 2026 es limitado. En contraste con 2024, a pesar de que las participaciones crecieron 7.6% (102.8 mmdp) y las aportaciones 1.3% (14.2 mmdp), otros componentes registraron caídas pronunciadas: los subsidios del Ramo 23 retrocedieron 36.8% (-7.9 mmdp) y los convenios de descentralización 40.9% (-92.3 mmdp). La expansión en las transferencias automáticas apenas compensa de forma parcial la reducción de los fondos más flexibles y orientados a proyectos.

La comparación con el máximo histórico de 2015 refuerza esta tendencia. Los recursos destinados a salud pública son 34.6% (-42.8 mmdp) menores que en 2016, los subsidios del Ramo 23 prácticamente han desaparecido al ser 94.8% (-246.2 mmdp) más pequeños, los convenios de descentralización se reducen a la mitad (-128.6 mmdp) y los de reasignación pasaron de 12.9 mmdp en 2015 a quedarse sin presupuesto proyectado para 2026. 

La evidencia muestra que, si bien hay incrementos en las transferencias automáticas, éstos no alcanzan para revertir la pérdida sostenida en los fondos destinados a funciones sociales y coordinación intergubernamental.

Desigualdades de hasta 11 mil pesos en las participaciones y las aportaciones por habitante

Analizar el gasto federalizado por habitante en cada estado dimensiona con más precisión las desigualdades en la distribución de recursos. Para este análisis resulta apropiado aproximarlo con participaciones y aportaciones, pues son los componentes que efectivamente cuentan con distribución geográfica en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF)2.

Considerando las participaciones y aportaciones proyectadas para 2026, en promedio por estado serán de 19,044 pesos per cápita. Sin embargo, la distribución es desigual: más de la mitad de los estados (20 en total) recibirán menos que esa cantidad. El mayor perdedor es Puebla, con apenas 15,845 pesos por habitante, alrededor de 3,000 pesos menos que el promedio nacional. Guanajuato ocupa el segundo lugar con menos recursos, al captar 16,318 pesos por persona, es decir, unos 2,700 pesos menos que el promedio.

En el otro extremo se ubican Ciudad de México, Guerrero y Campeche, que concentran los mayores beneficios. La Ciudad de México recibirá 27,113 pesos per cápita, Guerrero 22,821 y Campeche una cifra muy similar, de 22,767 pesos. Esto implica que la capital del país obtendrá cerca de 6,000 pesos más por persona que el promedio nacional y alrededor de 11,000 pesos adicionales respecto a lo recibido por Puebla y Guanajuato.

Estas diferencias no son casuales. La Ciudad de México concentra la mayor parte de la actividad económica nacional y es sede de las principales instituciones del Gobierno federal. En Campeche, el peso de los recursos petroleros eleva el nivel de transferencias, mientras que en entidades con poblaciones grandes como el Estado de México o Guanajuato, los recursos se diluyen entre un número mayor de habitantes. 

Además, las fórmulas de distribución de participaciones consideran variables como la recaudación local y la actividad económica, lo que favorece a estados con mayor dinamismo fiscal. A su vez, las aportaciones incorporan indicadores de rezago socioeconómico, que atraen recursos hacia regiones específicas. Estos criterios, sumados a la estructura económica y demográfica de cada entidad, explican por qué persisten desigualdades de hasta 11,000 pesos por habitante en el federalismo fiscal mexicano.

Dependencia de las entidades federativas del gasto federalizado

El sistema de coordinación fiscal en México parte de un acuerdo central: los estados ceden a la Federación facultades tributarias relevantes, como la recaudación del impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA), a cambio de recibir una parte de esos recursos a través de transferencias. Este esquema busca garantizar una recaudación más eficiente y homogénea, pero también genera una fuerte dependencia de los gobiernos locales al gasto federalizado.

Las entidades federativas están supeditadas en gran medida a estas transferencias para sostener sus presupuestos y poner en marcha políticas públicas. En promedio, 85% de los recursos estatales provienen del gasto federalizado; en otras palabras, de cada 100 pesos con los que cuentan los gobiernos locales, 85 se originan en tales dotaciones. Esta proporción revela que el federalismo fiscal determina, en buena medida, la capacidad de los estados para proveer bienes y servicios públicos.

Aunque todos los estados muestran una marcada sujeción a los recursos federales, existen diferencias importantes en su grado de autonomía financiera. Las entidades con mayor rezago socioeconómico, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, reciben casi la totalidad de su financiamiento de la Federación, con alrededor de 95% de sus presupuestos.

En el extremo opuesto, los estados con menor vinculación —Ciudad de México, Nuevo León y Baja California— todavía cubren cerca de 70% de sus ingresos a partir del gasto federalizado. Incluso en estos casos, la elevada proporción confirma que ningún estado puede prescindir de las transferencias para sostener su operación cotidiana y atender las necesidades de su población.

El gasto federalizado constituye la columna vertebral de las finanzas públicas estatales. Más allá de las diferencias entre entidades, el hecho de que entre 70% y 95% de los presupuestos locales dependan de recursos federales demuestra que el sistema actual limita la autonomía de los gobiernos estatales y coloca al federalismo mexicano en una posición frágil frente a las decisiones del Gobierno central.

Notas al pie

  1. Para 2026, el Consejo Nacional de Población (Conapo) proyecta que la población de México a mitad de año será de 134.4 millones de personas. En 2015, eran 122.3 millones. ↩︎
  2. Otros componentes como el Ramo 23, o los convenios de reasignación o descentralización suelen no contar con información geográfica en el PPEF y sólo cuentan con esa información en la presentación de la Cuenta Pública. ↩︎

El rompecabezas financiero de Pemex: deuda, liquidez y presupuesto

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2026.

Entre 2025 y 2026, Pemex enfrentará su mayor carga financiera desde 1993: 190 mil millones de pesos en intereses y 960 mil millones en vencimientos de deuda y pago de proveedores. Falta de liquidez, y espacio para invertir son los retos y el Gobierno federal entra de nuevo al rescate. 

Pemex, la empresa más importante del Estado mexicano, enfrenta un crítico panorama financiero. En tan sólo dos años deberá cubrir 23.8 mil millones de dólares (MMDD) en vencimientos de deuda, equivalentes a 450 mil millones de pesos (mmdp)1. Si se agregan los adeudos con proveedores y otras obligaciones financieras de corto plazo, el monto total se eleva a 960 mmdp (50.8 MMDD)2, lo que representa 2.5% del PIB.3 Para darnos una idea, es prácticamente igual a todo el presupuesto propuesto en salud pública para 2026 (965 mmdp).

Ante este escenario, el reto para el Gobierno federal es el siguiente: ¿Cómo dotar de liquidez a la empresa para pagar sus deudas y a la par cubrir sus gastos operativos, administrativos y de inversión? (Todo esto, claro, con un presupuesto público que ya está comprometido.) 

Las cifras presentadas en el Paquete Económico 2026, muestran un horizonte poco favorable para su inversión productiva a causa de la fuerte presión que enfrentará la petrolera por sus compromisos de deuda en 2026. Veamos a detalle el plan financiero y presupuestario para Pemex.

Empecemos con el presupuesto total. Se espera que Pemex reciba una asignación de hasta 708 mmdp para 2026. Éste se compone de 517 mmdp de presupuesto programable —aquel que destina a inversión, pago de nómina, administración, etcétera— y de 191 mmdp para pagar los intereses de su deuda. ¿Qué nos dice esto?.

En primer lugar, se trata del mayor presupuesto que se está proponiendo para el pago de intereses y servicio de su deuda desde 1993. En otras palabras, en los últimos 32 años, Pemex no había pagado tanto dinero en los intereses de su deuda como se espera lo haga en 2026. De cada 100 pesos de su presupuesto, 27 se irán a pagar intereses. Esto representa un incremento de 25% (38 mmdp) en términos reales, frente a lo que se aprobó en 2025.

En segundo lugar, el presupuesto programable (517 mmdp) se encontrará en el segundo nivel más bajo desde 2008. Mientras que se propone un gasto histórico para pagar intereses, se propone el segundo más bajo para cubrir sus actividades operativas; pago de nómina, inversión y gastos administrativos. Frente al monto aprobado para este año, representa un incremento real del 8% (37 mmdp). En otras palabras, para 2026 se incrementará más el presupuesto para pagar intereses que aquel para cubrir sus actividades operativas y administrativas. 

Liberar recursos para el pago de intereses

Este presupuesto altamente cargado hacia el pago de intereses de la deuda, repercute en el gasto de inversión productiva. Para 2026, Pemex contará con un presupuesto por 247.2 mmdp para inversión física. Se trata del segundo nivel más bajo para inversión productiva también desde 2008. Si bien, presenta un crecimiento real de 14% (29.9 mmdp) frente a lo que se aprobó para este año, se encuentra muy lejos de lo que se invirtió durante 2021 y 2024. 

La realidad es que las obligaciones financieras de Pemex ya absorben más presupuesto que la inversión en exploración y producción. En 2026, por cada peso que Pemex use para pagar su deuda, sólo podrá destinar otros 87 centavos al negocio productivo. Es decir, que los compromisos financieros de Pemex están sofocando su capacidad de invertir en la producción de hidrocarburos. Con esto se hilan dos años en que el gasto de inversión será menor a los compromisos financieros de la empresa. 

La consecuencia de esto es que reduce el margen que tiene la empresa para expandir su capacidad operativa. Para ese año, se planean invertir 185.7 mmdp en producción de petróleo y petroquímicos (extracción de hidrocarburos y su refinación en gasolinas, diésel, etcétera.), 34% menos (93.7 mmdp) que en 2024.

Hasta este punto, ya podemos deducir cuál es la respuesta presupuestaria al dilema que enfrenta Pemex para el siguiente año. Un presupuesto histórico para el pago de intereses de su deuda, mientras que el gasto operativo y de inversión se mantiene en niveles de 2008: prácticamente en niveles de supervivencia, pero no de expansión productiva. 

Inyecciones de liquidez o seguir pateando el bote

Como señalamos antes, el principal reto de Pemex es la ola de vencimientos de pasivos financieros que enfrenta la petrolera entre 2025 y 2026. De acuerdo con el Plan Estratégico 2025-2030, sólo en 2026 debe financiar el pago de 18.7 MMDD de pasivos financieros (353.4 mmdp). Se trata del mayor monto programado para los siguientes cinco años. 

En términos menos técnicos es que la fecha de pago de la tarjeta de crédito de la empresa se acerca, y el monto a pagar asciende a 28 MMDD (529.5 mmdp), a los cuales además hay que agregar la deuda que tiene la empresa con sus proveedores por 22.8 MMDD (430.5 mmdp). En total, la empresa debe pagar 50.8 MMDD equivalentes a 960 mmdp entre este y el próximo año. Ni siquiera su presupuesto total para el siguiente año permite cubrir sus compromisos financieros de corto plazo. 

En otras palabras, la empresa no cuenta con liquidez suficiente para hacer frente a estos compromisos. La opción es emitir más deuda para lograr refinanciar estos pasivos. Es como sacar una nueva tarjeta de crédito para pagar la que se está venciendo este mes. 

Aquí es donde entran las recientes acciones por parte del Gobierno federal en materia de refinanciamientos, recompra de bonos y otras acciones, para dotar de liquidez a la empresa y poder cubrir los compromisos que están próximos a vencer. 

¿Cómo funcionan estas acciones y por qué hacerlas? Pemex es una empresa altamente endeudada, por lo que salir a buscar préstamos o emitir bonos u otros instrumentos de deuda puede salir muy costoso, e incluso complicado. En cambio, el Gobierno federal cuenta con una reputación financiera mucho mejor, por lo que el costo por endeudarse es menor al de Pemex, y es más fácil conseguir quién le preste dinero. 

En pocas palabras, el Gobierno federal está pidiendo deuda para cubrir el 79% de los compromisos de corto plazo de Pemex. Esto hace que la deuda de la petrolera disminuya, pero la del Gobierno aumente en la misma proporción. Sin embargo, en las cifras totales de deuda del país —medidas a través del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP)— no se verá un cambio, ya que este indicador suma tanto la deuda de Pemex como la del Gobierno federal y otros organismos. En otras palabras, sólo se está moviendo la deuda de un lugar a otro, sin reducir el monto total. 

En este sentido, durante 2025 el Gobierno federal realizó cuatro acciones para dotar de liquidez a la empresa, y cubrir con el 79% de los compromisos financieros a corto plazo: 

  1. Emisión de notas pre-capitalizadas4, anunciada el 29 de julio, por un valor de 12 MMDD (227 mmdp). 
  2. Recompra de bonos5, anunciada el 1 de septiembre, por 12 MMDD (227 mmdp).
  3. Emisión de bonos, entre el 15 y 16 de septiembre, por un valor de 13.8 MMDD (261 mmdp). 
  4. Creación de un fondo de inversión para Pemex6, anunciado el 05 de agosto, con un valor de 250 mmdp.

En conjunto, estas acciones suman alrededor de 964 mmdp, prácticamente el mismo valor que la deuda financiera a corto plazo y la deuda con proveedores de Pemex (960 mmdp), a pagar entre éste y el siguiente año. Sin embargo, esto le brindaría a la empresa la liquidez necesaria para hacer frente únicamente al 79% de sus obligaciones totales de corto plazo. Esto debido a que aún faltarían 250 mmdp ó 13.2 MMDD para poder saldar la totalidad de sus pasivos de corto plazo, que ascienden a 1.2 billones de pesos (64.3 MMDD). Las obligaciones de pago pendientes serían: 

  1. 84.4  mmdp en impuestos que debe al gobierno.
  2. 76.6 mmdp de otros gastos pasados.
  3. 83.6 mmdp en instrumentos financieros 
  4. 10.0 mmdp de deuda por arrendamiento financiero. 

Para saldar estos últimos adeudos, el gobierno ha propuesto realizar una transferencia mediante el presupuesto público por 263 mmdp a Pemex. Con ello se espera que a final de 2026 la empresa tenga un ahorro por la misma magnitud y pueda cubrir el resto de pasivos financieros a corto plazo. Así, para el cierre de ese año, Pemex podría estar reduciendo sus obligaciones de corto plazo de manera importante, ya que un 79% está siendo refinanciado prácticamente por el gobierno federal, y el restante 21% se estará pagando con dinero del presupuesto.

En resumen, Pemex cuenta con deudas a vencer en el corto plazo por un valor de 1.2 billones de pesos (64.3 MMDD). Para poder financiarlas, el Gobierno Federal realizó un paquete de cuatro acciones que le dotan de liquidez por 964 mmdp (51 MMDD) y así cubrir el 79% de sus pasivos a corto plazo. Para poder saldar el restante 21% se está proponiendo realizar una aportación con dinero del presupuesto por 263 mmdp (13.9 MMDD).

Hay que señalar que entre las deudas pendientes a corto plazo se encuentran 84.4 mmdp que debe Pemex al propio gobierno por pagos pendientes de impuestos y derechos. Dicho de otro modo, en realidad Pemex no requiere de una transferencia por 263 mmdp para cubrir el restante 21% de adeudos, sino de tan sólo de 179 mmdp para cubrir el restante de sus pasivos de corto plazo. Esto deja un margen de 98 mmdp que pudieran ser reasignados para gasto de inversión de la petrolera, u otros sectores prioritarios como la salud o la seguridad. 

Por último, estas acciones no implican, en la mayoría de los casos, una liquidación definitiva de estos compromisos financieros, sino únicamente un refinanciamiento o cambio de acreedor. En el mejor de los casos, se logran condiciones más favorables, como una tasa de interés más baja o un vencimiento a mayor plazo, lo que brinda a la empresa un respiro temporal en sus finanzas, a cambio de que el Gobierno federal adquiera parte de sus compromisos. 

Así, la respuesta al dilema financiero de Pemex es un paquete de acciones por parte del Gobierno federal que le dota de liquidez para enfrentar sus obligaciones de corto plazo. El 79% de estos pasivos se cubrirán mediante inyecciones de liquidez y el restante 21% mediante las transferencias presupuestarias. Hay que acotar que al segundo trimestre de 2025 Pemex cuenta con pasivos por 4.1 billones de pesos y activos financieros por 2.1 billones de pesos. Es decir, la empresa sigue en quiebra técnica y reporta un patrimonio deficitario por 2 billones de pesos, prácticamente del mismo valor que en 2018. 

A pesar de este paquete financiero, el pago de intereses de la deuda de la petrolera se estima en montos históricos para 2026, a tal grado que destinará más recursos en pago de intereses y pensiones que en inversión productiva. 

Por último, aunque el impacto sobre la deuda pública total podría ser nulo —pues los pasivos simplemente pasarían de estar a nombre de Pemex a estar a nombre del Gobierno federal—, sí habrá un efecto en el pago de intereses. Al asumir estos compromisos financieros de corto plazo, el Gobierno también se hace responsable de cubrir esos intereses, lo que resta recursos del presupuesto público y reduce el financiamiento disponible para otros sectores. Como ya señalamos en otro análisis, para 2026 se espera el mayor pago de intereses y servicio de la deuda pública en los últimos años. 

Notas al pie

  1. Considerando un tipo de cambio de 18.9 pesos por dólar ↩︎
  2. Anexo del Reporte Financiero al segundo trimestre de Pemex: https://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados/Anexos%202T25.pdf ↩︎
  3.  Se considera un PIB de 38,715,900 millones de pesos, estimado por Hacienda para el paquete económico 2026. ↩︎
  4. Comunicado Pre-Caps:  https://www.gob.mx/shcp/prensa/nota-informativa-404268 ↩︎
  5. Comunicado Recompra de Bonos: https://www.gob.mx/shcp/prensa/la-secretaria-de-hacienda-anuncia-la-conclusion-de-las-operaciones-de-capitalizacion-y-financiamiento-de-petroleos-mexicanos ↩︎
  6. Comunicado Fondo de Inversión: https://www.gob.mx/banobras/articulos/fondo-de-inversion-para-pemex?idiom=es ↩︎

¿Qué pasa con el sistema de cuidados en el Presupuesto 2026?

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2026.

En 2026 se creará el Anexo 31: “Consolidación de una Sociedad de Cuidados”. De cada 100 pesos 64 serán de transferencias universales, 29 de programas de salud y sólo 5.1 pesos de programas que sí cumplen con los criterios para ser considerados de cuidados. 

En México, las mujeres destinan el 64.8% del tiempo en tareas de trabajo no remunerado que implican labores de cuidado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1. De hecho, 75.1% de las mujeres de 15 años en adelante asisten a otras personas del hogar en situación de vulnerabilidad. Además, 58.3 millones de personas en nuestro país son susceptibles de recibir cuidados en los hogares, lo que evidencia la magnitud del desafío que enfrentan las familias2. 

Por su parte, de acuerdo a un estudio de 2019 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los costos anuales de cuidado por etapa de vida muestran diferencias significativas en nuestro país. Mientras que para una persona de 90 años sumaban 14,709 pesos, en la primera infancia este monto ascendía a 25,309 pesos dado que los menores de edad requieren mayor intensidad de cuidados3.

De mantenerse las condiciones actuales, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que, a nivel global, 12.5 mil millones de horas de trabajo no remunerado serán desempeñadas predominantemente por mujeres4. 

Por estos motivos, un sistema de cuidados robusto es en realidad una inversión. Por un lado, se traduce en un retorno económico a través de la ampliación de la participación laboral femenina. Por el otro, contribuye a la autonomía económica de las mujeres y combate las desigualdades estructurales.

El adecuado diseño de un sistema de cuidados debe garantizar no solamente el bienestar de las personas que requieren asistencia. También necesita reconocer el valor de quienes desarrollan estas tareas: esa mayoría femenina. Además, implica generar corresponsabilidad entre la población masculina y el Estado para disminuir la carga que cae sobre las mujeres, en especial las jefas de hogar. 

México dio un primer paso hacia la institucionalización de los cuidados con la reforma al artículo 4 constitucional en 2020. Con él, se reconoció formalmente el Sistema Nacional de Cuidados, sin embargo, aún continúa en desarrollo. A pesar de los diversos programas públicos orientados a las tareas de atención a la población infantil, siguen siendo insuficientes las acciones que podrían contribuir a aligerar la carga de las mujeres. 

El nuevo Anexo 31

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026, se asigna por primera vez una dotación a un sistema de cuidados, con un monto de 466.8 mil millones de pesos (mmdp)5, equivalente al 1.2% del producto interno bruto (PIB). Se trata del Anexo 31: “Consolidación de una Sociedad de Cuidados”. De acuerdo con el PPEF 2026, su propósito es impulsar “una sociedad de cuidados con perspectiva de género, interseccional, intercultural e intergeneracional, promoviendo el reconocimiento, redistribución y reducción de los trabajos domésticos, y de cuidados, con corresponsabilidad entre familias, el Estado, la comunidad y el sector privado”.6

Para evaluar si este nuevo anexo cumple con su objetivo, es clave precisar qué entendemos por un sistema o sociedad de cuidados. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lo define como el conjunto de trabajos vinculados a la producción de bienes y servicios esenciales para la vida, desde la preparación de alimentos y el apoyo físico y emocional, hasta la transmisión de conocimientos y valores. Este trabajo enfatiza la interdependencia entre quienes reciben asistencia y quienes la proveen, y debe comprenderse como el derecho a cuidar, a ser cuidado, a no cuidar y a autocuidarse7.

Sin embargo, un rápido análisis muestra que el Anexo 31 se trata en realidad de una reclasificación de recursos existentes en los programas de transferencias, ahora dispuestos bajo un nuevo anexo transversal8. En la práctica, agrupa recursos de programas previos que pertenecen a distintos sectores —salud, educación, desarrollo social e infraestructura— bajo la premisa de compartir un objetivo común: reconocer el cuidado como un derecho y una responsabilidad compartida. 

A pesar de estar integrado con recursos provenientes de 20 ramos administrativos, el 97.6% del capital proviene de sólo tres: Secretaría de Educación Pública (SEP), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el IMSS Bienestar. En su diseño se establecen 48 programas presupuestarios, pero el 81.3% de los recursos se concentra en la Beca Rita Cetina (129.4 mmdp), los Servicios de Atención a la Salud (126.9 mmdp) y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (123.3 mmdp). 

De hecho, de cada 100 pesos del anexo, 64 pesos provienen de transferencias universales9, 29 pesos pertenecen a programas enfocados a la salud10 y sólo 5.1 pesos emanan de programas que a nuestro parecer sí cumplen con los criterios para ser considerados de cuidados: Servicios de Guardería del IMSS, Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, de la Secretaría del Bienestar. 

La realidad es que el Anexo 31 también incluye programas muy diversos y conceptualmente muy alejados de una definición incluso amplia de los cuidados: desde desarrollo forestal sustentable y caminos artesanales11, hasta servicios de producción y transmisión de materiales radiofónicos o la planeación demográfica del país. Hay que aclarar que estos programas suman sólo 6 centavos de cada 100 pesos del anexo. 

Históricamente, la integración de los anexos transversales suele carecer de criterios claros que regulen su inclusión, continuidad o desaparición. Como lo señaló un análisis aplicado a otros anexos presupuestales del ejercicio 2025 del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la conformación de tales anexos depende, en la práctica, de factores discrecionales —entre ellos, la disponibilidad presupuestaria y las prioridades políticas del momento—. Tampoco se tiene la costumbre de definir criterios que aseguren su alineación real con las metas de desarrollo o con los objetivos declarados del propio anexo12. 

El mismo documento del Coneval señala que, ya en 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había publicado los lineamientos para la integración de los anexos transversales. En ellos se justificaba que diversos programas podían contribuir a objetivos específicos, pero nunca se establecieron mecanismos para verificar dicha contribución. A marzo de 2025, estos lineamientos no se habían actualizado. Esta situación parece repetirse con la creación del Anexo 31. 

El único anexo que cuenta con una metodología diseñada por la SHCP y el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es el Anexo 18: “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes”. Esta metodología se actualiza cada año en el documento titulado “Disposiciones para la Programación y Presupuestación”. En la publicación correspondiente para 202613 no se actualiza la metodología del Anexo 18 ni se publica alguna adicional14. 

En suma, los programas que componen el nuevo Anexo 31 pueden contribuir a reducir vulnerabilidades y ampliar derechos sociales. De igual manera, su implementación puede tener efectos indirectos en la provisión de cuidados. No obstante, incorporar esos programas a esta categoría asistencial genera el riesgo de diluir el sentido del cuidado como un derecho específico que requiere servicios e infraestructura dedicados —como estancias infantiles, apoyos para personas con discapacidad o servicios comunitarios—. Además, dificulta el seguimiento puntual de los recursos orientados estrictamente a esta función.

Los cuidados como derecho para unos pocos

En México, desde hace años, existe un sistema de cuidados fragmentado con obstáculos importantes. El principal escollo es un financiamiento insuficiente que impide ampliar la cobertura de servicios de guardería. Actualmente, el sistema recae en tres programas que operan de manera segmentada entre la población con y sin acceso a seguridad social. Esto genera una brecha importante para las mujeres que dedican prioritariamente su tiempo en tareas no remuneradas, cuyo acceso al mercado laboral es limitado y por ende a los programas que requieren de una afiliación a la seguridad social.

Los tres programas que componen el sistema de cuidados son: Servicios de Guardería del IMSS, Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del ISSSTE y el Programa de Bienestar para Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras15. En conjunto, estos programas tuvieron un presupuesto aprobado de 24.1 mmdp en 2025. Para 2026, se proyecta que su presupuesto ascienda a 24.4 mmdp; se trata de un incremento real de apenas 1.03%, que equivalen a 247 millones de pesos (mdp) contra lo aprobado de este año. No obstante, frente al gasto máximo ejercido para este fin en 2016 (27.1 mmdp), el presupuesto para 2026 se mantendrá 10% (2.7 mmdp) por debajo, lo que muestra una década de estancamiento. 

Hay que señalar que los programas específicos para infantes concentran sólo 5.2% del total del Anexo 31. Esta distribución muestra un enfoque poco alineado a las recomendaciones de organismos internacionales sobre la relevancia de la primera etapa educativa tanto para los menores como para las mujeres responsables de su cuidado. 

Brechas entre sistemas 

El gasto por infante proyectado para 2026 revela diferencias significativas entre programas. Éstas se explican por la caída en la cobertura de atención, que incrementa de manera artificial el gasto per cápita.

Mientras que el Programa de Bienestar para Hijos de Madres Trabajadoras proyecta un gasto de 15,125 pesos por infante —el menor gasto per cápita de los tres subsistemas— el Programa de Estancias del ISSSTE alcanzará 177,370 pesos por niña o niño, es decir, casi 12 veces más que el programa de la Secretaría del Bienestar, para personas sin seguridad social formal. Asimismo, el gasto por cada menor en el ISSSTE será dos veces superior al de las guarderías del IMSS (85,106 pesos), lo que muestra las disparidades incluso para la población asegurada. 

En una perspectiva histórica, el ISSSTE alcanzará su mayor gasto por infante en 202616, el programa de la Secretaría del Bienestar el mayor desde su creación en 2019 y aquel del IMSS se mantendrá estable. La aparente alza en el gasto del ISSSTE no obedece a una mayor inversión en servicios, sino a una drástica reducción en el número de niñas y niños atendidos desde 2019 (una reducción de 36.5% de infantes atendidos) al pasar de 35.4 mil a 22.5 mil en junio de 202517. Es decir, el presupuesto se distribuye entre una población beneficiaria mucho menor, lo que eleva artificialmente el costo per cápita.

De manera similar, en junio de 2025 el Programa para Madres Trabajadoras presentó una caída en la atención de 26.8% (299 mil a 218 mil) en comparación con 2024. Si se compara frente al número de niñas y niños atendidos al cierre de las Estancias Infantiles de Sedesol en 2018 (310.6 mil), la caída en la atención es del 30%. 

En el caso de las Guarderías del IMSS, el incremento es marginal: de 2.9% de 2024 (195 mil) a junio de 2025 (201 mil), aunque sus indicadores de atención se mantienen por debajo del máximo alcanzado en 2019 cuando se registraron 217.5 mil niñas y niños. En síntesis, el mayor gasto por infante no refleja una mejora en la calidad ni un esfuerzo adicional de inversión, sino una caída importante en el acceso al servicio. 

Infraestructura de cuidados a la baja

En los últimos años, ha declinado la capacidad instalada o infraestructura de cuidados para la niñez en México. La reducción se explica por el cierre de las Estancias Infantiles, la cancelación de contratos con terceros del IMSS y del ISSSTE y la falta de expansión de los sistemas para las personas aseguradas, a lo que se sumó el impacto de la pandemia de COVID-19. Esta contracción ha dejado a miles de familias con menos opciones de acceso a servicios formales de cuidado y educación temprana, generando una mayor presión sobre los hogares y profundizando las desigualdades en el desarrollo infantil.

El caso de las Guarderías del IMSS es emblemático. El sistema enfrenta una presión por la demanda de servicios y, al mismo tiempo, su capacidad instalada se contrae de manera sostenida desde 2019. Aquel año alcanzó el mayor número de guarderías en funcionamiento, con 1,422. En cambio, de acuerdo al informe 2024-2025 que presenta el IMSS ante el Congreso, para  2025 ya sólo quedan 1,275 guarderías, una reducción de 10% o 147 unidades. Paralelamente, el número de niñas y niños atendidos se redujo de 217.5 mil en 2019 a 201.2 mil en 2025, lo que implica una disminución de 7.5% en la cobertura18.

Los servicios de Guarderías del IMSS operan bajo dos modalidades: 1) la prestación directa a través de guarderías propias y 2) la externalización de servicios mediante la contratación de terceros. La reducción en el número de guarderías del IMSS se explica por la finalización de los contratos de los prestadores de servicios privados. Esto ha dado como consecuencia que la capacidad total del sistema pasara de su punto máximo en 2019 con 254.3 mil espacios disponibles a 235.7 mil espacios en 2024.

El presupuesto de los Servicios de Guardería del IMSS será en 2026 de 17.1 mmdp, el mayor monto histórico en términos reales. Sin embargo, no parece viable que esta suma ayude a incrementar la oferta de servicios. Por un lado, del total del presupuesto, sólo el 0.3% (58 mdp) será para inversión física. Por el otro, en todos los años, de 2008 a 2024, se han subejercido recursos de este programa con un promedio anual de 1.4 mmdp. En este contexto, la recuperación de las guarderías privadas o subrogadas sería la opción más viable en el corto plazo. 

El escenario proyectado para 2026 confirma que el problema no radica en la falta de recursos, sino en la pérdida de infraestructura y en la debilidad de los mecanismos de provisión del servicio. De mantenerse esta tendencia, el sistema de guarderías del IMSS corre el riesgo de profundizar la exclusión de mujeres y familias que dependen de estos espacios para conciliar el trabajo con el cuidado.

En el caso del programa de Estancias Infantiles del ISSSTE, su infraestructura ha menguado considerablemente desde 2008. Al igual que el IMSS, la reducción se ha visto impulsada, en gran medida, por la disminución constante en la modalidad de contratos privados. Entre 2016 y 2025 el ISSSTE perdió 26 espacios: pasó de 243 estancias en 2016 a 217 en 2025. La pérdida de capacidad instalada —que impacta en la cobertura del servicio—, es resultado de la concentración de la oferta de prestaciones de cuidado por el Estado, lo que ha restado participación a los privados. Esta caída en la cobertura es generalizada y afecta a los tres esquemas de estancias del ISSSTE: servicios propios (116 guarderías) contratos por terceros (96) y servicios de la sociedad civil (5), que en conjunto suman apenas 217 en operación.

Para el mes de junio de 2025, 22.5 mil niños fueron atendidos: una caída del 39.6% respecto al máximo histórico de 2008 (37.3 mil menores). Asimismo, los recursos asignados al programa para 2026 serán de 4.0 mmdp, en términos reales 7.3% más que en 2025 y equivalentes a 271 mdp adicionales; pero 32% menos (1.9 mmdp) frente al máximo de 2018. 

El abandono de la población sin seguridad social

Por su parte, la atención para la población sin seguridad social también refleja un panorama crítico. El Programa de Bienestar para hijos de madres trabajadoras registró 218.9 mil niños, niñas y adolescentes atendidos a junio 2025, una contracción de 26.8% frente a 2024, lo que se traduce que 80.1 mil menores dejaron de recibir atención. La magnitud del recorte se acentúa al compararlo con su antecesor, el programa de Estancias Infantiles de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol): el presupuesto proyectado es 6.6% menor en comparación con 2018 (1.7 mmdp) y la cobertura se ha reducido en 29.5% (91,649 menores menos). 

El programa de Estancias Infantiles fue el antecedente directo del actual Apoyo a Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Su objetivo era facilitar el acceso y permanencia en el mercado laboral de madres, padres solos y tutores que trabajaban, a través de servicios de cuidado y atención infantil semejantes a los que ofrecen los esquemas de seguridad social.

El programa operaba bajo dos modalidades (llamadas A y B): En la primera, las familias recibían un apoyo directo para cubrir el costo de los servicios de cuidado. Los montos iban de 800 a 1,800 pesos mensuales, dependiendo de la edad del menor (de uno a tres años, y de uno a cinco años en caso de discapacidad). En la segunda, se apoyaba a las personas físicas y morales interesadas en operar estancias infantiles, con el fin de ampliar la oferta de servicios disponibles19.

Con el cambio de administración federal en 2019, este esquema fue sustituido por el programa de Apoyo a Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, que dejó de financiar la Modalidad B —la operación de estancias— para convertirse en transferencias directas a las familias. Ello modificó de manera sustancial el alcance y la forma de provisión de los servicios de cuidado infantil. Esta reorientación no se ha visto acompañada de un incremento presupuestal: la asignación se ha mantenido prácticamente estancada, mientras que la población que demanda estos servicios no ha dejado de crecer. 

La reducción en la cobertura ocurre a pesar de que en 2021 el programa amplió su alcance con la creación de una nueva Modalidad B, dirigida a niñas y niños en situación de orfandad. A la par, la Modalidad A original mantiene el apoyo a hijas e hijos de cero a cuatro años (hasta seis en caso de discapacidad), cuyos tutores trabajan o buscan empleo y no tienen acceso a guarderías del IMSS o ISSSTE. 

La disparidad de los distintos sistemas se acentúa por la forma en que operan: en algunos casos (como el programa de Apoyo a Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras) la demanda crece mientras la infraestructura se reduce, y en otros (como el ISSSTE) el presupuesto aumenta sin que ello se traduzca en mayor cobertura. 

Sin embargo, el panorama resulta aún más complejo para la población sin seguridad social, pues el programa que la atiende ha enfrentado una contracción en su padrón de beneficiarios. Esto responde tanto a una asignación presupuestal limitada y prácticamente estancada, como al cambio de modelo. Anteriormente había un esquema de cuidado infantil centrado en garantizar calidad y acceso a derechos mediante espacios que favorecen el desarrollo de las niñas y los niños, y que al mismo tiempo permiten a madres y cuidadores incorporarse a actividades remuneradas. Actualmente, el enfoque privilegia la entrega de subsidios directos, que son insuficientes para compensar la pérdida de cobertura.

Cobertura insuficiente, impacto limitado

Además de los programas de cuidados específicos del IMSS, ISSSTE y Bienestar, existen programas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que integran funciones similares —ya que financian espacios para el cuidado y estimulación temprana, así como oferta de servicios educativos en zonas rurales marginadas—. Su implementación reduce la pobreza de tiempo de las mujeres e incrementa las oportunidades para que se puedan incorporar al mercado laboral. 

Esta oferta se conforma de dos componentes. El primero es Expansión a la educación inicial. Su objetivo es contribuir a que los niños y niñas de cero a dos años y 11 meses accedan a servicios de educación inicial mediante la ampliación de la cobertura escolarizada y no escolarizada20. El segundo se llama Educación Inicial y Básica Comunitaria. Éste se encarga de brindar servicios educativos a niñas, niños y adolescentes de las comunidades rurales susceptibles de atención por parte del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), y cuyas familias han solicitado el servicio educativo y aceptan su corresponsabilidad21.

En conjunto, estos programas contarán para 2026 con un presupuesto de 3.3 mmdp reales con una reducción de 53.4% en comparación con el aprobado en 2025 (equivalente a 3.8 mmdp menos). Además, en relación a 2015, que fue el mejor año en cuanto al financiamiento a la educación inicial, la caída en 2026 será de 58% (4.6 mmdp). Pese a que a partir de la reforma educativa de 201922, la educación inicial se estableció como obligatoria, desde entonces existe una disparidad entre la norma y su financiamiento. 

Si además de la educación inicial, consideramos los programas de escolarización ampliada, el presupuesto para 2026, será 84.2% menor en términos reales en comparación con 2019 (17.7 mmdp). Esta contracción se explica fundamentalmente por la decisión de eliminar el programa de Escuelas de Tiempo Completo23, que consistía en ampliar las jornadas escolares hasta completar de seis a ocho horas diarias, lo que facilitaba que las madres trabajadoras conciliaran su vida laboral y familiar, además de potenciar sus oportunidades económicas y personales. 

La propuesta de eliminar el programa de Escuelas de Tiempo Completo se sustenta en la idea de transferir los recursos directamente a las sociedades de padres de familia. El objetivo de este cambio es empoderar a las comunidades para que decidan cómo invertir ese capital, eliminando a los intermediarios —que, se argumenta, obstaculizaban que el apoyo llegara efectivamente a los sectores más vulnerables.

La revisión de la oferta programática muestra que se han perdido recursos estratégicos tras la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo, que en 2019 llegó a concentrar más de la mitad de la oferta educativa. Sin embargo, el número de intervenciones se ha mantenido prácticamente sin cambios. La eliminación de este programa también dejó un vacío en la oferta de cuidados y servicios educativos. Su desaparición crea dificultades tanto para la conciliación de los horarios de trabajo de las madres, padres o tutores, como en el desarrollo educativo de los propios infantes.

Lo que se necesita vs. lo que se asigna

Las brechas de género en el sistema de cuidados no sólo son un problema de equidad, también representan un freno al desarrollo económico. Estimaciones de la ONU, apuntan a que cerrar estas brechas requiere de una inversión equivalente al 0.47% del PIB anual durante una década. Este gasto incluye una inversión en cuidados, no sólo infantiles, sino de adultos mayores y personas con discapacidad. 

En apariencia, el presupuesto proyectado para 2026 en el Anexo 31, alcanza el 1.2% del PIB (466.8 mmdp), pero están concentrados en su mayoría en transferencias. Dentro de este monto, la inversión específicamente destinada a cuidado infantil llega apenas al 0.1% del PIB (24.4 mmdp). No hay programas específicos para cuidados de adultos mayores o personas con discapacidad. Si sólo se consideran estos programas de cuidado de las infancias, para lograr la meta establecida por la ONU, el presupuesto efectivo de estos programas debería ser de 195 mmdp cada año, ocho veces más de lo propuesto para 2026, es decir, 171 mmdp adicionales. 

La brecha entre lo necesario y lo asignado revela una subestimación persistente del costo real de la política de cuidados. Mientras no se reconozca y atienda esa diferencia, el Estado seguirá limitado para reducir la sobrecarga que hoy asumen las mujeres y para aprovechar plenamente el potencial económico y social de un sistema nacional de cuidados. 

No es posible consolidar un sistema de cuidados sin haber cimentado previamente sus bases: infraestructura adecuada, marcos normativos sólidos, recursos humanos capacitados y mecanismos de coordinación interinstitucional efectivos. La dispersión actual de programas relacionados con cuidados, evidencia que aún prevalece un enfoque fragmentado que limita el potencial transformador de esta política pública, además de que no se están creando servicios que liberen efectivamente la carga de cuidados en las mujeres. En otras palabras, la problemática persiste sin una solución.

El paradigma del cuidado está experimentando una transformación en el mundo, pues ya no se concibe como una responsabilidad que recae exclusivamente sobre las mujeres, sino que emerge como un modelo de corresponsabilidad familiar y se reconoce como un derecho fundamental que debe garantizarse de manera equilibrada. 

Recomendaciones de política pública

Para mejorar la implementación y uso de los recursos en el Anexo 31, desde México Evalúa advertimos la necesidad de considerar lo siguiente:

  • Definir de manera precisa y operativa los conceptos y la problemática. Es necesaria una definición explícita de los términos “cuidados”, “corresponsabilidad y “sociedad de cuidados”. Esto evitará ambigüedades que puedan forzar el encuadre de políticas preexistentes para aparentar el cumplimiento de los objetivos, en lugar de diseñar respuestas emergentes orientadas a resolver la problemática.
  • Avanzar en el diseño de metodologías homogéneas para determinar, de manera clara y objetiva, la inclusión de programas que sí sean pertinentes a los cuidados en el anexo transversal, así como las acciones a desarrollar y los recursos a emplear. 
  • Establecer mecanismos institucionalizados de armonización intersectorial que garanticen la coherencia y complementariedad de las acciones entre dependencias. De esta manera se evitan duplicidades, vacíos de cobertura y contradicciones en la implementación de las políticas de cuidados.
  • Asegurar la suficiencia presupuestal. El presupuesto asignado debe ser coherente con la magnitud de la problemática y las metas establecidas para impedir que el anexo se vea limitado por recursos insuficientes. Además, se debe de avanzar en la igualación entre sistemas del presupuesto por infante. 
  • Fortalecer el sustento jurídico del anexo, mediante la actualización o creación de instrumentos normativos que le den obligatoriedad y permanencia. El objetivo es evitar su dependencia a decisiones administrativas coyunturales.

Notas al pie

  1. Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2024. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enut/2024/ ↩︎
  2. Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENASIC/ENASIC_23. ↩︎
  3.  Los Sistemas de Cuidado y Apoyo en América Latina y el Caribe: Un marco para la acción de Unicef. Disponible en: https://www.unicef.org/lac/media/43746/file/Los%20sistemas%20de%20cuidado%20y%20apoyo%20en%20América%20Latina%20y%20el%20Caribe.pdf  ↩︎
  4. El envejecimiento de la población abre el camino al cuidado como derecho, pero ha de repartirse entre hombres y mujeres. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2025/08/1540340  ↩︎
  5. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026. Disponible en: https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PP3F2609/PPEF2026/Fiw326fP/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf ↩︎
  6. Anexos informativos. Disponible en: https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PP3F2609/PPEF2026/Fiw326fP/docs/Anexos/consolidacion_cuidados.pdf ↩︎
  7. El Trabajo de Cuidados. Disponible en: https://ciss-bienestar.org/trabajo-de-cuidados/ ↩︎
  8. Los anexos transversales son documentos que agrupan la información presupuestaria por tema o política pública específica sin importar que ramo o dependencia ejerza esos recursos. Algunos ejemplos son el Anexo 13: Erogaciones para la igualdad entre hombre y mujeres o el Anexo 14: Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes. ↩︎
  9. Considera a la Beca Universal Rita Cetina, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Presión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente y Pensión Mujeres Bienestar. ↩︎
  10. Considera al programa Servicios de Atención a la Salud, Servicios de Prevención y Control de Enfermedades, Servicios de vacunación, Salud casa por casa, Servicios de atención a la salud, Política en salud materna sexual y reproductiva e Infraestructura integral para el derecho a la salud. ↩︎
  11. Se trata de un programa presupuestario cuyo objetivo es conectar a comunidades indígenas y zonas de alta marginación para promover su desarrollo. ↩︎
  12. Coneval (2025). Análisis de los Anexos Transversales 10,11,13,14, 17 y 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/Documents/Informes/Analisis_AT_PEF.pdf ↩︎
  13. SHCP (2025). Disposiciones para la Programación y Presupuestación 2026. Disponible en: https://www.gob.mx/shcp/documentos/disposiciones-para-la-programacion-y-presupuestacion-2026 ↩︎
  14. Este anexo se alinea a los objetivos prioritarios, estrategias y líneas de acción mencionados en el Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en México (PRONAPINNA) que garantizan y atienden los derechos, protección y desarrollo de la niñez. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/852094/Metodologia_Anexo_18_PPEF_2024.pdf ↩︎
  15. A partir de 2019, este programa sustituyó al Programa de Estancias Infantiles de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). ↩︎
  16. Se supone que el número de infantes atendidos en 2026 será el mismo registrado en 2025. ↩︎
  17. Se consideró el último año de referencia a partir del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. ↩︎
  18. Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Disponible en: https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20242025/19-informe-completo.pdf ↩︎
  19. Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5551573 ↩︎
  20. Reglas de Operación del Programa Expansión a la Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2025. Disponible en: https://educacionbasica.sep.gob.mx/reglas-de-operacion/#flipbook-df_48575/1/ ↩︎
  21. Reglas de Operación del Programa Educación Inicial y Básica Comunitaria para el Ejercicio Fiscal 2025. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5749672 ↩︎
  22. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo%3D5560457%26fecha%3D15/05/2019#gsc.tab=0 ↩︎
  23. Reglas de operación del programa Escuelas de Tiempo Completo para el Ejercicio Fiscal 2019. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/2019/SEP/ANEXO_AL_ACUERDO_08_02_19.pdf ↩︎

Presupuesto 2026: tres de cada cuatro pesos ya están comprometidos 

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2026. 1 comentario en Presupuesto 2026: tres de cada cuatro pesos ya están comprometidos 

La mayor parte del presupuesto federal 2026 irá a pensiones, transferencias a los estados e intereses de la deuda: gastos obligatorios que por habitante suman 48,732 pesos. Tres veces más que salud, educación y seguridad juntos.

La propuesta de presupuesto para 2026 deja muy poco margen para atender a los sectores prioritarios. De cada peso de ingresos propios del Gobierno, 75 centavos ya están comprometidos para cubrir gastos ineludibles, como el pago de pensiones, las transferencias a los estados y los intereses de la deuda pública. 

Esta será la mayor proporción de gastos obligatorios dentro del presupuesto federal, al menos desde 1995. En términos per cápita, esto significa que 48,732 pesos por habitante se destinarán a cubrir compromisos fijos, como el pago de pensiones y de intereses de la deuda. Esta cifra triplica los apenas 17,195 pesos por persona que, en conjunto, se asignarán a áreas clave como salud, educación, cuidados y seguridad. Veamos las cifras a detalle. 

Gasto en pensiones 

El pago de pensiones y jubilaciones es el gasto obligatorio que más ha crecido en los últimos años. Deriva de los compromisos legales que el Gobierno ha adquirido a través de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). Su objetivo es garantizar que los trabajadores formales reciban una pensión al jubilarse. Adicionalmente, el Artículo 4° constitucional obliga al Estado a otorgar una pensión no contributiva a todas las personas adultas mayores, incluso a quienes no contaron con seguridad social durante su vida laboral, lo que convierte a este gasto en una responsabilidad ineludible, tanto legal como social, para el Gobierno federal.

En 2018, el gasto total en pensiones ascendía a 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB), pero para 2026 se prevé que alcance 6.0% del PIB (2.3 billones de pesos), prácticamente el doble en solo ocho años. Este aumento ha elevado su peso dentro de las finanzas públicas: pasó de absorber 16% de los ingresos propios del Gobierno a 27%, lo que significa que, de cada peso que recauda el Estado, 27 centavos se destinarán exclusivamente al pago de pensiones.

El pago de pensiones depende, en parte, de la transición demográfica que experimenta el país, es decir, de cómo evoluciona el número de personas adultas mayores. También incide cómo se financia el pago de las propias pensiones. En el caso de México, su financiamiento depende del estatus laboral de las personas. 

Para un trabajador formal, el financiamiento de su pensión es contributivo, lo que significa que se construye con aportaciones compartidas: una parte se descuenta directamente de su salario, otra la cubre el empleador y, finalmente, el Gobierno aporta un porcentaje adicional para conformar el ahorro destinado al retiro. El pago de las pensiones contributivas ha evolucionado de manera más ordenada y para 2026 se estima gastar 4.4% del PIB (1.7 billones de pesos) en estas dotaciones Esto es apenas un punto del PIB mayor frente a lo que se destinó frente a 2018. 

En cambio, para un trabajador informal, el financiamiento de su pensión es no contributivo. Es decir, proviene de los impuestos generales y no de aportaciones directas del trabajador o su empleador. Aquí se encuentran la Pensión del Bienestar de Adultos Mayores, la Pensión del Bienestar para mujeres Adultas Mayores1, y las pensiones para personas con discapacidad permanente. Estos subsidios han sido los que más han crecido en los últimos años: para 2026 se prevé un gasto de poco más de 619 mil millones de pesos (mmdp), equivalente al 1.6% del PIB. Es 12 veces mayor a lo que se gastó apenas en 2018, cuando apenas representaba 0.1% del PIB.

Transferencias a los estados

Además, para 2026, de cada peso que el Gobierno recaude por ingresos propios, 30 centavos se destinarán a transferencias hacia los estados. Estas transferencias incluyen principalmente las Participaciones, que son recursos de libre uso para las entidades federativas, y las Aportaciones, que están etiquetadas para financiar servicios específicos como educación, salud o seguridad. En conjunto, estas transferencias representan 6.7% del PIB (2.6 billones de pesos), lo que refleja su gran peso dentro de las finanzas públicas. 

El carácter obligatorio de estas transferencias a los estados tiene un fundamento legal. Las protege y regula la Ley de Coordinación Fiscal. En consecuencia, no pueden ser objeto de recortes discrecionales año con año, salvo que dicha Ley sea modificada, lo que explica en buena medida su comportamiento tendencial en cada paquete económico.

Estas transferencias del Gobierno federal son la principal fuente de ingresos para las administraciones estatales y municipales. Gracias a ellas, los gobiernos locales pueden financiar políticas públicas y atender áreas clave como salud, educación, infraestructura y, muy importante, la seguridad pública. Lo anterior toma relevancia considerando que en los últimos años se ha estancado el presupuesto destinado a las transferencias para las entidades federativas.

Pago de intereses y servicio de la deuda pública

Por último, uno de los compromisos financieros que más ha crecido en los últimos años es el pago de intereses y servicio de la deuda pública, como ya se mencionó anteriormente. Si a este concepto se suman los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) —es decir, las obligaciones que quedan pendientes este año y deberán pagarse el siguiente—, el monto total a cubrir en 2026 asciende a 4.24% del PIB (1.64 billones de pesos). Esto representa el 19% de todos los ingresos del Gobierno.

El carácter obligatorio de los compromisos financieros deriva tanto de las restricciones legales como del costo reputacional que implicaría incumplir con el pago de los intereses de la deuda pública. Un impago colocaría al Gobierno en una situación de default o moratoria, que afectaría gravemente su credibilidad. Cabe recordar que este tipo de escenarios resultan extremadamente costosos, tanto en términos económicos como sociales.

Se trata de la mayor proporción de recursos destinada al pago de compromisos financieros desde 1996, después de la crisis económica de 1994-1995. La diferencia es que ahora ocurre sin que el país atraviese una crisis evidente.

En conclusión: más impuestos y más deuda

En total para 2026, los compromisos financieros y sociales del Gobierno absorberán 16.9% del PIB (6.5 billones de pesos). Es decir, tres de cada cuatro pesos que recaude ya están comprometidos, la mayor proporción desde 1995. Nunca antes los ingresos del Estado habían estado tan atados a gastos obligatorios, lo que explica en gran parte por qué será necesario un aumento significativo en la deuda el próximo año, a pesar de que los ciudadanos también estaremos pagando más impuestos. 

La propuesta de presupuesto para 2026 es histórica desde varias perspectivas. Por un lado, supera los 10 billones de pesos, un monto sin precedentes. Al mismo tiempo, es inédito que la mayor parte de este presupuesto ya esté comprometida: lo que se destinará a pensiones, deuda y otros compromisos fijos triplica lo que se asignará por habitante a educación, salud, seguridad y cuidados. Esto se traduce también en niveles récord de endeudamiento y pago de intereses, que marcan un hito en la historia reciente de las finanzas públicas.

Una parte importante de estos compromisos es el pago de pensiones, especialmente las no contributivas, que han crecido de manera significativa en los últimos siete años. Este aumento refleja la fragmentación de la política de seguridad social en México. Además, la diferencia en el esquema de financiamiento entre trabajadores formales e informales distorsiona el funcionamiento del mercado laboral, ya que eleva los costos de contratación y fomenta la informalidad. Esto provoca que una mayor proporción de recursos se dirija hacia actividades con menor productividad (informales), en lugar de canalizarse a los sectores formales con mayor productividad (Levy, 2019)2. 

Sin un replanteamiento de la política de seguridad social, es probable que continúe el crecimiento del gasto en pensiones, la alta informalidad y la baja productividad, todo ello en un contexto de crecimiento económico estancado. El resultado son mayores presiones sobre el presupuesto, menor capacidad de recaudación y un endeudamiento estructural que mantiene en tensión las finanzas públicas.

Notas al pie:

  1. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un apoyo universal para quienes tienen 65 años o más, mientras que la nueva pensión para mujeres adultas mayores se dirige a mujeres de 60 a 64 años, hasta que ingresen al programa general al cumplir 65 años. ↩︎
  2. Levy, S. (2019). Una prosperidad compartida. Ciudad de México: Secretaría de Análisis Económico y Desarrollo, Universidad Nacional Autónoma de México. ↩︎

Cobrarán más impuestos en 2026 para apoyar a Pemex

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2026.

El Paquete Económico 2026 plantea que cada contribuyente pagará en promedio 2,023 más de impuestos frente a 2025. Casi todo servirá para darle a Pemex 1,960 pesos por persona en ayudas fiscales. 

Gracias al endurecimiento de la fiscalización, la actualización de gravámenes y la aplicación de aranceles, la recaudación alcanzará el siguiente año un máximo histórico de 15.1% del PIB. Sin embargo, mientras los ingresos tributarios crecen, Pemex dejará de aportar al erario y, por primera vez, será el Gobierno quien destine más dinero para sostener a la petrolera1. En otras palabras, un escenario indeseable: más carga para los ciudadanos, pero menos alivio para las finanzas públicas.

Ingresos tributarios y cuotas de seguridad social en 2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima ingresos tributarios por 5.8 billones de pesos. Esto es un crecimiento de 6.5% o 358 mil millones de pesos (mmdp) frente a lo aprobado para 2025. Esto implica que, en promedio, cada persona pagará 43,439 pesos en impuestos, 4.9% (2,023 pesos) más que en 2025. De cumplirse este estimado, el cobro de impuestos llegaría a un máximo histórico de 15.1% del PIB para 2026. 

Además, se esperan ingresos por cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)2 por 774 mmdp, un aumento de 9% (64 mmdp) frente a 2025. Es decir, que los patrones y trabajadores pagarán en promedio 34,216 pesos para su seguridad social, un aumento de 8.2% (2,585 pesos) vs. 20253. Si se cumple este pronóstico, los ingresos por cuotas a la seguridad social también llegarían a un máximo histórico de 2% del PIB, no visto desde 2016. 

A nivel internacional, organismos como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), así como el Banco Mundial, consideran a las cuotas a la seguridad social dentro de la carga tributaria total, junto con los impuestos. Bajo este parámetro, en 2026 la carga impositiva total (impuestos más cuotas a la seguridad social) representarán el 17.1% del PIB, el mayor monto histórico. No obstante, permaneceremos por debajo del 21.3% del PIB recaudado en promedio en América Latina o del 33.9% de los países miembros de la OCDE. ¿La razón? Pese a las medidas de fiscalización, poco se ha hecho en varias décadas para reducir la informalidad y aumentar el número de contribuyentes. 

Las proyecciones de una recaudación récord en 2026 descansan, sobre todo, en la expectativa de un mayor crecimiento económico frente a los años recientes. Sin dinamismo en la economía no se generan nuevos empleos que aporten más impuestos, ni aumentan las ventas de bienes y servicios sobre los que se aplican gravámenes al consumo.

Para el siguiente año, Hacienda anticipa un crecimiento de 2.3%. Sin embargo, analistas del sector privado y el FMI esperan por igual uno de 1.4%. Es muy habitual que la autoridad hacendaria se equivoque en sus predicciones: sus estimados de crecimiento económico se quedaron cortos en 13 ocasiones en los 17 años que van de 2008 a 2024. Claro está que predecir el futuro es complicado. En el mismo periodo, las predicciones del FMI fueron mayores a lo realmente observado en seis ocasiones, mientras que en nueve esperó un menor crecimiento y lo observado fue superior. Sólo en dos ocasiones atinó exactamente al crecimiento efectivo de la economía. 

No obstante, las predicciones de Hacienda conllevan una mayor responsabilidad. Más vale ser pesimistas que optimistas. Si se espera un gran crecimiento y no se cumple, hay menos recursos y se tienen que hacer recortes. Si se espera un crecimiento moderado, y la realidad supera las expectativas, hay más recursos de los estimados y eso se puede destinar a más programas o ahorrarse para el futuro. 

Según las propias sensibilidades de ingresos que publica la SHCP en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2026, si el crecimiento económico es del 1.4% y no del 2.3%, habría una pérdida recaudatoria de 52.9 mmdp. Para dar una idea, esto equivale al 80% del presupuesto de la Secretaría de Salud (66.8 mmdp) para 2026. 

Miscelánea fiscal 2026 y sus impactos

Aunque el Paquete Económico 2026 no incluye una reforma fiscal que modifique la estructura de cobro de los dos principales gravámenes —el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA)—, ni establece nuevos tributos, sí contiene una serie de propuestas que buscan robustecer la recaudación. Entre sus principales componentes destacan los ajustes en el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), cambios al marco aduanero, nuevas disposiciones para sectores como las Fintech y los Servicios de Plataformas Digitales, así como nuevas estrategias de fiscalización. 

Comercio exterior

Uno de los ejes centrales en el Paquete Económico 2026 es la reforma a la Ley Aduanera4, orientada a impulsar la digitalización y transparencia del sistema de aduanas. Esta iniciativa contempla algunas innovaciones como sistemas biométricos y candados electrónicos para el monitoreo de mercancías en tiempo real, además de la implementación de inteligencia artificial (IA) para detectar el contrabando —a pesar de que, en el país, la IA aún es un área sin marco regulatorio—.  También, se propone la creación de una nueva figura: el Consejo Aduanero, Éste busca ampliar la competitividad de los agentes y agencias aduanales, y combatir las prácticas indebidas que afectan a la recaudación.

De igual manera, se incluye una Iniciativa de reforma a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación5. Esta propuesta plantea la imposición de aranceles ad valorem de entre el 10% y el 50% a las importaciones originarias de países con los que México no mantenga Tratados de Libre Comercio (TLC). La reforma impactaría los aranceles de diversos sectores industriales, entre los que destacan el automotriz, el siderúrgico, el textil, el del calzado, y el de manufacturas de plástico y papel. Por ejemplo, las autopartes, el calzado y los textiles tendrán un impuesto de importación de hasta 35%, mientras que insumos de maquillaje y plásticos podrán tener un impuesto de hasta 50%.

Otras modificaciones incluyen mejorar los sistemas de monitoreo y establecer candados para la evasión fiscal de las empresas IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación). Este sector tiene permitido importar mercancías sin pagar IVA en los insumos que emplea para exportar mercancías producidas en México. No obstante, se ha reportado6 que en muchas ocasiones dichas empresas abusan de esa prerrogativa al importar mercancías y venderlas en el territorio nacional sin pagar IVA. 

Debido a las anteriores medidas, pero principalmente a la imposición de nuevos aranceles, para 2026 se estima que el Impuesto General de Importación (IGI), sea de 254.7 mmdp, el mayor monto histórico. Frente a lo aprobado en 2025 se espera un crecimiento de 40.7% (73.7 mmdp), el mayor aumento interanual registrado desde el 2000. Para ponerlo en perspectiva, en 2026 cada persona pagará en promedio 1,895 pesos del IGI —principalmente aranceles— lo cual supone 40% (538 pesos) más de lo estimado para 2025. 

Cabe advertir que este incremento en la recaudación por aranceles puede tener efectos adversos en la economía. Una mayor carga impositiva a las importaciones encarece los bienes intermedios y finales, lo que eleva los costos de producción para las empresas y presiona al alza los precios al consumidor. En consecuencia, aunque el Gobierno logre obtener ingresos adicionales, las familias y las empresas podrían enfrentar un entorno de mayor inflación y menor competitividad frente a productos de otros países.

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

En materia de impuestos al consumo, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF)7 plantea actualizar el cobro de varios productos sujetos al IEPS. El producto con el mayor incremento serán las bebidas saborizadas cuya cuota prácticamente se duplica, al pasar de 1.64 a 3.08 pesos por litro. Algo similar ocurre en el caso de los cigarros y otros tabacos labrados, los cuales pasarán de pagar una cuota ad valorem de 160% a 200% de forma gradual hacia 2030.También se aumentarán los gravámenes a juegos con apuestas, y se introducirá un nuevo impuesto a los videojuegos con contenidos violentos. 

La justificación oficial de estas medidas es mejorar la salud pública al reducir el consumo de estos productos. Sin embargo, la realidad es que estos impuestos no están etiquetados para un fin específico. El Gobierno puede argumentar que el incremento en la recaudación se destinará a la sanidad pública, pero mientras no quede establecido en la legislación —ya sea en el Código Fiscal de la Federación (CFF), la Ley del IEPS o la Ley General de Salud (LGS)—, el uso de esos recursos quedará sujeto a la discrecionalidad de las autoridades, lo cual reducirá el posible impacto positivo de estos gravámenes. 

Por otro lado, la introducción del impuesto a los videojuegos abre la puerta a cuestionar los límites de la tributación con fines regulatorios. ¿Se podría en el futuro proponer la aplicación de IEPS a música, series y películas con contenido clasificado como violento? 

Por el IEPS distinto a gasolinas, para 2026 se esperan ingresos por 288 mmdp, un incremento de 15.8% (39.4 mmdp) versus lo aprobado en 2025. El 77% del incremento (30.4 mmdp) provendrá de un mayor cobro en bebidas saborizadas (refrescos) por 67.9%. De este gravamen específico se esperan obtener 75,290 millones de pesos, es decir, 560 pesos por persona. 

En el caso del IEPS al tabaco, se estima una recaudación de 62,098 mmdp o 14% (7,633) pesos más que lo aprobado para 2025. De cumplirse la expectativa, se pagarían 462 pesos por persona por este impuesto. No obstante, si se considera que sólo hay cerca de 15 millones de personas fumadoras en México8, el pago per cápita subiría hasta 4,140 pesos, y sólo de IEPS. 

En el caso de la recaudación de IEPS en juegos con apuestas también se espera un crecimiento considerable de 31% o 1.1 mmdp contra 2025, para llegar a 5 mmdp. Esto es 37 pesos por persona. En el caso de la nueva aplicación del IEPS a videojuegos violentos, sólo se espera una recaudación de 183 millones de pesos (mdp) en 2025 o 1.4 pesos por persona. 

Pese a estas modificaciones, el componente principal de donde se obtendrá un mayor cobro del IEPS será de los combustibles: 473.3 mmdp, que equivalen al 62% del total del gravamen. Éste cobro caerá en 3.4% (16,793 mdp) según los estimados. Es decir, las actualizaciones en el resto de productos serán lo que permita mantener el cobro general del IEPS a flote. 

Medidas de fiscalización

En 2026 se continuará con la estrategia de fiscalización mediante cambios administrativos, reducción de las deducciones y mayor flexibilidad para los programas de regularización de los contribuyentes9. No obstante, no se plantean medidas para incrementar la base recaudatoria mediante la reducción de la informalidad laboral o empresarial.

Las principales medidas son: 

  1. Eliminación de la deducción de tres cuartas partes de las cuotas pagadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) por instituciones de banca múltiple
  • ¿Cómo impacta?: Actualmente los bancos descuentan parte de estas cuotas de sus impuestos. Al quitar la deducción, pagarán más ISR efectivo, lo que incrementa la recaudación.
  1. Homologación —con el resto de los contribuyentes— de las reglas de deducción de créditos incobrables de las instituciones de crédito.
  • ¿Cómo impacta? Las instituciones financieras tienen reglas más flexibles para deducir préstamos no recuperados. Igualarlas al resto de contribuyentes limita las deducciones y evita que se reduzca la base gravable, lo que aumenta los ingresos tributarios. 
  1. Aumento de la tasa de retención de ISR aplicable a individuos en México que vendan o presten servicios a través de plataformas de intermediación, de 1% a 2.5%
  • ¿Cómo impacta? Pasar de 1% a 2.5% significa que quienes venden o prestan servicios en apps de intermediación (comercio electrónico, transporte, delivery, etc.) aportarán más impuestos de forma automática, mejorando el control sobre este sector.
  1. Retención de ISR sobre intereses: se establece una tasa de 0.90% anual para 2026 (misma que ha sido de 0.50% en 2025)
  • ¿Cómo impacta? Elevar la tasa de retención del 0.50% a 0.90% implica que los ahorradores pagarán más impuestos anticipados por los intereses que generen sus inversiones, lo que eleva la recaudación de forma inmediata y asegura un flujo más alto al fisco.
  1. Programa de regularización fiscal: considerará únicamente el ejercicio fiscal 2024 y el límite de ingresos totales se incrementará hasta 300 mdp.
  • ¿Cómo impacta? Este programa está diseñado para que personas físicas y morales con adeudos o incumplimientos pasados tengan la posibilidad de ponerse al corriente en el pago de impuestos bajo condiciones más flexibles, incluyendo eliminación de multas y recargas. Generalmente para determinar si un contribuyente puede acogerse al programa, se revisaban varios ejercicios fiscales. Ahora se simplifica al tomar únicamente como referencia el año 2024. Esto elimina la complejidad, agiliza la revisión de casos y reduce los obstáculos para acceder al estímulo. Además, ampliar el límite de ingresos de los contribuyentes a 300 mdp, cuando en 2025 fue de 35 mdp10, lo permite que más contribuyentes se pongan al corriente en el pago de impuestos. 

Salvo el programa de regularización fiscal que puede impactar en un mayor cobro de varios impuestos, el resto de las medidas mencionadas impactarán principalmente en el cobro del ISR. Por este motivo, se espera que la recaudación de este tributo llegue a 3 billones de pesos, un incremento de 2.5% (74.9 mmdp) más frente al estimado al cierre de 2025. Destaca que este incremento es sólo ligeramente superior al aumento esperado por impuestos al comercio exterior (+73.7 mmdp). 

Para dimensionar esta cantidad, se proyecta que el crecimiento del ISR sea similar al presupuesto para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (75.1 mmdp). No obstante, visto en pesos por persona, se pagarán 22,842 un aumento de sólo 2% o 384 pesos más frente al estimado al cierre del año. Esto se debe a que el crecimiento económico para 2026 será limitado (+2.3%), incluso si está sobrestimado. 

El petróleo es de Pemex

Se dice que el petróleo es de los mexicanos, pero este lema de orgullo nacional es cada día menos cierto, debido a que Pemex aporta cada año una menor cantidad de recursos para financiar servicios como la salud, educación, seguridad, entre otros. En 2026 será el punto de quiebre pues, según se plantea en el Paquete Económico, el petróleo será solamente de Pemex y ya no de los ciudadanos. 

Hay tres factores para entender esta situación: 1) Una plataforma petrolera en declive 2) Cambios en el cobro de derechos para favorecer a la petrolera y 3) Transferencias multimillonarias de recursos a la empresa. 

El primer factor para entender esta historia es el declive de la producción petrolera en México. Tanto por el agotamiento natural de los pozos petroleros, como por una menor inversión en exploración, la producción de crudo en el país no ha dejado de caer. A junio de 2025, se produjeron en el país un promedio de 1,366 miles de barriles diarios (mbd), el monto más bajo en por lo menos 35 años. De hecho, la producción no ha parado de caer desde 2021. Si comparamos esta cifra frente al promedio de 2004 (3,306 mbd), la producción ha caído en más de la mitad. Si se produce menos crudo, hay menos ingresos por su venta. 

Aquí hay que hacer una precisión. Desde 2018, las cifras oficiales de producción de hidrocarburos contienen no sólo la producción de crudo, sino de condensados. Estos son hidrocarburos que en el subsuelo se encuentran en forma gaseosa y que, al salir a la superficie, se transforman en líquidos. Los condensados se utilizan principalmente para fabricar plásticos, solventes y gasolinas ligeras, mientras que el crudo tiene aplicaciones más amplias en la refinación. Antes de 2018, estos volúmenes no se contabilizaban dentro de la producción nacional, por lo que las metas de Hacienda y Pemex sólo incluían al crudo. ¿Por qué importa esta distinción? Porque al integrar los condensados en las cifras actuales, la caída en la producción de hidrocarburos parece menos pronunciada que si se midiera únicamente el petróleo crudo, como ocurría en años anteriores.

En cualquier caso, para 2026 se estima una producción de 1,794 mbd de hidrocarburos incluyendo condensados, lo cual no se ha alcanzado desde 2023. A junio de 2025, la producción promedia un nivel de 1,626 mbd, el monto más bajo desde 2018 que hay cifras comparables. De no cumplirse la meta, como probablemente sucederá, los ingresos petroleros serán menores a lo anticipado. 

El segundo factor del declive de la renta petrolera para la Federación es el menor cobro de impuestos que se le aplican a Pemex. En los últimos años se redujo el Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), el principal derecho que pagaba la petrolera a la Federación. Este pasó de 65% en 2019 a 30% en 2024. Ello ha provocado que Pemex se quede con una mayor “rebanada” de los ingresos petroleros. Para 2025 se anunció un nuevo cambio en la estructura fiscal de la empresa, al unificar todos los gravámenes que pagaba en un sólo derecho. Así, Pemex pasó de pagar tres derechos: el DUC, el Derecho de Exploración de Hidrocarburos (DEXPH) y el Impuesto por la actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos (DEXT) a pagar sólo el Derecho Petrolero para el Bienestar (DPB).

Según la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LIH)11 en su artículo 39, el pago del DPB se calcula en función del valor de los hidrocarburos extraídos por una tasa base del 30% más una sobretasa en función del precio del crudo. Básicamente, cuando el precio del petróleo sea inferior a los 57.8 dólares por barril (dpb) Pemex pagará menos del 30% de tasa y cuando el valor sea superior, pagará más. Anteriormente, al valor de los hidrocarburos se le descontaba una parte del gasto en inversión y al monto restante (base gravable) se le aplicaban las distintas tasas de derechos. El cambio simplifica la estructura de cobro para Pemex. 

Para 2026, Hacienda estima que el precio del petróleo promedio sea de 54.9 —debajo del rango de los 57.8 dpb— lo que significa que Pemex pagará a la Federación una tasa de 29.6% en lugar de 30%, de cumplirse tal estimado.  Esta ligera reducción en la tasa pagada no parece explicar por completo la mayor proporción de la renta petrolera que obtendrá Pemex el siguiente año (81%, como se menciona más adelante). Sin cambios normativos, la única explicación restante es que Hacienda está previendo “perdonar” o postergar el pago de impuestos a Pemex mediante decretos, como lo explicamos en esta investigación. 

En 2026 se espera que el total de ingresos por la venta de petróleo de Pemex (ingresos petroleros del sector público) sea de 1.2 billones de pesos, un crecimiento de 20% (204 mmdp) frente al cierre estimado de 2025. Este incremento se basa en el supuesto de una mejora en la producción, lo cual es optimista. 

De estos recursos, la empresa se quedará con 81% de los ingresos (2.5 puntos del PIB o 971 mmdp), mientras que la Federación tendrá sólo 19% (0.6 puntos del PIB o 233 mmdp), la menor distribución histórica. Este monto de 233 mmdp también sería el segundo menor registrado en la historia, sólo por arriba del observado en 2024 (220 mmdp). En pesos por persona, la petrolera otorgará únicamente 1,731 pesos, una reducción de 57% (2,299 pesos) frente a lo observado una década atrás (2016). Pero eso no es todo: todavía faltan las transferencias a Pemex…

El tercer factor para entender la aportación nula de Pemex al Erario, es que además de la reducción de impuestos, la Federación transfiere a la empresa recursos millonarios a través de la Secretaría de Energía. Entre 2019 y 2024, la empresa recibió del Gobierno 1.24 billones de pesos, que fueron usados principalmente para el pago de deuda y, en menor medida, para obras productivas. Esto equivale a que, durante el sexenio pasado, cada ciudadano pagó a Pemex 9,585 pesos. 

Para 2026 se proponen transferencias por 263 mmdp, superiores a todo el presupuesto del recién creado Seguro Social para el Bienestar (172.4 mmdp). Es igual a que los mexicanos pagáramos a la paraestatal 1,960 pesos per cápita. 

Entonces, si los ingresos que aportará Pemex a la Federación en 2026 serán de 233 mmdp, pero el Gobierno le devolverá incluso más: 263 mmdp vía transferencias, el Gobierno dejará de obtener ingresos petroleros y tendrá pérdidas por 31 mmdp. El primer saldo negativo en la historia que se plantea desde un Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Vale la pena recapitular con otro enfoque. En 2026, Pemex aportará a cada ciudadano 1,731 pesos (57% menos que en 2016). Por su parte, le tendremos que devolver a Pemex 1,960 pesos para pagar sus deudas (85% más que en 2025). Esto significa que en lugar de recibir recursos por Pemex, los ciudadanos tendrán que pagarle 230 pesos de sus impuestos a la petrolera para que siga operando. 

Las implicaciones de este cambio son profundas. Pemex pasa de ser una fuente estratégica de ingresos públicos a convertirse en una carga estructural para las finanzas del país. En la práctica, los contribuyentes pagan más impuestos no para financiar salud, educación o seguridad, sino para sostener a una empresa que no logra generar utilidades ni reducir su deuda. Este esquema no sólo limita el margen fiscal del Gobierno, sino que compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas, al destinar recursos crecientes a una petrolera cuya rentabilidad permanece en entredicho.

Lo preocupante es que esta relación perdedora para la ciudadanía no está cerca de acabar. Pese a todo el apoyo fiscal que recibirá Pemex, su inversión en infraestructura será la segunda menor en más de 25 años: sólo 0.6% del PIB. En sus mejores momentos invirtió hasta 2%. Esto significa que Pemex no apostará a volverse más productiva para ser independiente de apoyos fiscales y eventualmente aportar al bienestar de los mexicanos. 

Ingresos del Gobierno federal

Aunque en 2026 se espera que aumenten los ingresos tributarios, los menores recursos de la renta petrolera limitarán el crecimiento de los ingresos del Gobierno federal: aquellos utilizados para financiar el gasto en educación, seguridad y la mayor parte de las dependencias. Es decir, recursos ajenos a las empresas estatales u organismos de control directo, como el IMSS o ISSSTE. 

El siguiente año se espera que estos recursos asciendan a 6.44 billones de pesos o 16.7% del PIB. Sería un nivel inferior a lo observado en 2016 y 2017. Si descontamos los apoyos a Pemex, los recursos disponibles en realidad serían de 6.18 billones o 16% del PIB, nivel similar al de 2015. En otras palabras, los recursos para financiar los derechos de los ciudadanos se encontrarán a un nivel similar al observado hace 10 años, pese al esfuerzo fiscal de muchos contribuyentes. ¿La razón? La reducción en la contribución de Pemex a las finanzas públicas. 

Reflexiones finales

El Paquete Económico 2026 plantea un esfuerzo importante en materia de ingresos públicos, al recurrir a un mayor cobro del IEPS, la introducción y actualización de aranceles, así como una fiscalización más estricta para combatir la evasión. Estas medidas explican, en buena medida, que la recaudación tributaria alcance un nivel histórico equivalente a 15.1% del PIB. Sin embargo, este avance presenta un lado menos favorable: la dependencia creciente en instrumentos de recaudación indirecta o de corto plazo, mientras que los problemas estructurales de las finanzas públicas permanecen intactos.

Un punto central es que no se han implementado políticas sustantivas para reducir la informalidad ni para ampliar la base gravable. La economía informal representa todavía más de la tercera parte del empleo en México, lo cual implica que una proporción significativa de trabajadores y pequeños negocios queda fuera del sistema fiscal. En lugar de diseñar mecanismos que incentiven la transición hacia la formalidad —como simplificación regulatoria, acceso a seguridad social o esquemas graduales de incorporación—, el Gobierno ha optado por medidas que cargan el peso sobre quienes ya contribuyen. Esto no sólo genera inequidad, sino que limita el potencial recaudatorio a mediano y largo plazo.

En este contexto, el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), que en su momento fue presentado como una innovación para facilitar el cumplimiento y ampliar la base, no ha sufrido modificaciones relevantes. Ello significa que el esquema mantiene un tratamiento fiscal diferenciado que, si bien facilita el pago de impuestos a personas físicas con ingresos relativamente bajos, también reduce la capacidad del Estado para captar recursos adicionales en segmentos donde existe potencial de recaudación. La falta de ajustes o evaluación crítica del Resico refleja la ausencia de una estrategia clara para reordenar el sistema tributario y hacerlo más equitativo y eficiente.

Por otra parte, la decisión de reducir la aportación neta de Pemex al erario, e incluso convertirla en un saldo negativo, marca un hito en la política fiscal. Que la empresa productiva del Estado reciba más recursos de los que aporta, significa que los contribuyentes financian, con mayor carga impositiva, a una compañía que no logra resolver sus problemas estructurales. Esta situación implica un costo de oportunidad considerable, pues los recursos destinados a sostener a Pemex podrían invertirse en sectores con mayor retorno social, como salud, educación o infraestructura.

Finalmente, incluso con los ingresos extraordinarios previstos para 2026, México sigue muy lejos de los estándares internacionales en materia de recaudación pública. Mientras que en los países de la OCDE la recaudación ronda el 34% del PIB, en México no alcanzará ni la mitad con una recaudación de 15.1%. Esta brecha refleja no sólo la persistente debilidad de la política fiscal, sino los límites del actual modelo de recaudación, que descansa en impuestos indirectos y medidas coyunturales, en lugar de consolidar un sistema robusto y progresivo.

En suma, el incremento de la recaudación proyectado para 2026 es un logro en términos nominales, pero no representa un cambio de fondo. La política fiscal mexicana continúa evitando reformas estructurales que permitan ampliar la base de contribuyentes, reducir la informalidad y dar mayor progresividad al sistema. Mientras esos pendientes no se atiendan, el país seguirá atrapado en un círculo donde se cobran más impuestos a los mismos de siempre, se transfieren recursos crecientes a Pemex y se mantiene una recaudación insuficiente para responder a las demandas sociales y de desarrollo de la población.

Anexos

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Notas al pie

  1. En 2024 por varios meses se registró esta situación deficitaria; sin embargo, al cierre de año la petrolera pagó  dinero extraordinario  a la Federación y se evitaron las pérdidas. En 2025 aún no se alcanzan números negativos. Esto se explica más a detalle en el capítulo “El petróleo es de Pemex” en este mismo análisis. ↩︎
  2. Alrededor del 8% de estos recursos corresponden a ingresos por la prestación de servicios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ya que el Gobierno reporta la proyección de cuotas para la seguridad social junto a dichos recursos. ↩︎
  3. Se considera un número de trabajadores formales de 22.6 millones para 2026, según lo observado a agosto de 2025, actualizado por la tasa de crecimiento esperada de la población según el Consejo Nacional de Población (Conapo). ↩︎
  4. Con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera. Disponible en: https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2025/sep/20250909-IX.pdf ↩︎
  5. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Disponible en: https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2025/sep/20250909-X.pdf ↩︎
  6. Milenio (25 de agosto de 2025). Aduanas detecta evasión fiscal de empresas IMMEX. Recuperado de: https://www.milenio.com/negocios/aduanas-detecta-evasion-fiscal-de-empresas-immex ↩︎
  7.  Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, Disponible en: https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PP3F2609/PPEF2026/Fiw326fP/paquete/ingresos/LIF_2026.pdf ↩︎
  8. Instituto Nacional de Salud Pública. México Presenta Resultados de la tercera encuesta global de tabaquismo en adultos. Disponible en: https://www.insp.mx/informacion-relevante/mexico-presenta-resultados-de-la-tercera-encuesta-global-de-tabaquismo-en-adultos ↩︎
  9. Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026, Disponible en: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2026.pdf ↩︎
  10. Programa de Regularización Fiscal 2025. Recuperado de: https://www.sat.gob.mx/minisitio/RegularizacionFiscal/LIF/index.html ↩︎
  11. Ley de Ingresos sobre hidrocarburos. Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIH.pdf ↩︎

Deuda y responsabilidad fiscal para 2026: tiempo de replantear reglas

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2026.

En tan sólo dos años (2025 y 2026), la deuda por habitante habrá aumentado 5.1% en términos reales: 7 mil pesos más per cápita. El pago de un sólo día en intereses y servicio de la deuda pública, cubriría el tratamiento anual de 16 mil 571 pacientes con cáncer de mama.

La propuesta de presupuesto para 2026 marca un giro respecto a las directrices planteadas al inicio de la actual administración. También revela la posible ruta que seguirá el Gobierno en el manejo de las finanzas públicas en los próximos cinco años: el incremento sostenido de la deuda pública. 

En el paquete económico 2026 se prevé que el endeudamiento del Estado alcance 20.3 billones de pesos, equivalente al 52.3% del Producto Interno Bruto (PIB). En otras palabras, es poco más de la mitad del tamaño de la economía mexicana. Este nivel de adeudo tiene varias implicaciones. Por un lado, marca un máximo histórico, al superar por primera vez la barrera de los 20 billones de pesos de deuda en al menos 35 años. Por otro lado,  en términos relativos al PIB, es comparable a lo registrado durante 1983 (50.8% del PIB1), cuando México se encontraba en una crisis de deuda pública, si bien se trataba de un contexto económico y financiero distinto.

Para dimensionar el tamaño de las obligaciones de pago gubernamentales previstas para el próximo año, si se divide su total entre la población mexicana2, se obtiene que cada ciudadano cargaría con una deuda de 151 mil pesos para 2026. Lejos de disminuir, estamos ante un endeudamiento en rápido crecimiento: entre el cierre de 2024 y del próximo, 2026, la deuda por persona habrá aumentado 5.1% en términos reales, equivalente a 7 mil pesos adicionales por habitante en sólo dos años.

Este incremento acelerado de la deuda pública por persona refleja un cambio en la estrategia en el manejo de las finanzas del Estado. Mientras que para este año se planteó reducir la deuda a través de recortes al gasto y una disminución del déficit, para 2026 se propone lo opuesto: mayor gasto y un déficit más amplio. Veamos las cifras a detalle.

Ampliación del déficit fiscal 

El Gobierno requerirá 1.4 billones de pesos para cuadrar el presupuesto en 2026. Si bien espera ingresos por 8.7 billones de pesos o 22.5% del PIB, se propone un gasto por 10.1 billones de pesos o 26.1% del PIB. Para poder cubrir el déficit presupuestario resultante (los ya mencionados 1.4 billones de pesos), se propone un incremento en términos reales de 15.1% (182.4 mmdp) en el déficit frente al monto que se aprobó para 2025. 

Es importante considerar que el Gobierno necesita financiamiento adicional que no aparece de forma explícita en el presupuesto, pero que sí engrosa el saldo de la deuda. Un ejemplo son los créditos contratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para financiar proyectos de inversión. Al sumar estos compromisos, el déficit público global —agrupados bajo el rubro Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP)— asciende a 1.6 billones de pesos, que son 4.1 puntos porcentuales del PIB. Así, en el paquete económico 2026 se espera que los RFSP incrementen 7.4% (109 mmdp) frente a lo que se aprobó para este año. 

Al inicio de la presente administración se habló sobre un proceso de consolidación fiscal, el cual consistía en realizar esfuerzos por bajar los niveles de endeudamiento del país. Sin embargo, para este paquete económico se posponen estos esfuerzos para continuar aprobando niveles de endeudamiento cada vez mayores. 

Para dimensionar el aumento en el ritmo de endeudamiento, en 2026 el Gobierno contratará deuda por 4,349 millones de pesos cada día, lo cual equivale a comprar diariamente unas 2,175 casas con un valor aproximado de 2 millones de pesos. Este ritmo de endeudamiento es incluso superior a los 4,274 millones diarios estimados para 2025.

El pago de intereses de la deuda: un desafío para las finanzas públicas

Quizá el principal desafío de las finanzas públicas en este paquete económico sea el aumento del gasto destinado al pago de intereses y servicio de la deuda pública que se prevé alcance los 1.57 billones de pesos, equivalentes al 4.1% del PIB. Es casi la misma cantidad que el déficit público global —los RFSP—. Es semejante a sacar de una tarjeta de crédito para pagar otra. Esto representa un crecimiento real de 10.4% respecto al monto esperado para este año, es decir, 148 mil millones de pesos adicionales. 

Para entender la magnitud del desafío, será el mayor monto destinado al pago de intereses y servicio de la deuda pública en más de tres décadas: desde 1991. Se estarán pagando alrededor de 4,307 millones de pesos al día. Con esos recursos, se podría pagar el tratamiento anual de 16 mil 571 pacientes con cáncer de mama3. Según las estadísticas más recientes, en 2022 se detectaron 23 mil 790 casos nuevos de este padecimiento. También se podría cubrir, durante todo un año, el costo de las becas para 123,766 estudiantes de nivel superior4.

En la práctica, casi una quinta parte de cada peso que ingrese a las arcas del Gobierno —18 centavos— se destinarán únicamente a cubrir estos compromisos, la proporción más alta desde 1996.

A medida que una mayor proporción de los ingresos públicos se destina al pago de intereses y al servicio de la deuda pública, se reducen los recursos disponibles para áreas clave del desarrollo humano y económico. Por ejemplo, mientras en 2026 se asignará el equivalente a 4.1% del PIB para cubrir estos compromisos financieros, sólo se prevé destinar 2.9% del PIB a educación y 2.5% a salud. En otras palabras, el gasto en intereses de la deuda sería suficiente para casi duplicar el presupuesto destinado a cualquiera de estos sectores estratégicos. 

Más deuda, menos inversión

El endeudamiento público no es, por sí mismo, negativo para las finanzas públicas. De hecho, casi todos los gobiernos del mundo recurren a él en algún momento. Sin embargo, la verdadera diferencia radica en el propósito y el uso que se le da a esos recursos. De ello depende mantener la estabilidad y el crecimiento de la economía, así como sembrar las condiciones necesarias para el bienestar social. 

Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, establece que los préstamos contratados por el Gobierno deben destinarse a obras que generen directamente un aumento en los ingresos públicos. En otras palabras, a inversión física, infraestructura o al fortalecimiento de las capacidades productivas del país.

Determinar con precisión qué tan productivo es el endeudamiento —o en qué medida se destina a proyectos que generen mayores ingresos públicos— no es una tarea sencilla. Una manera de aproximarse a esta respuesta es analizar cuántos centavos de cada peso de deuda contratada realmente se dirigen a infraestructura pública. A esto se le conoce como la regla de oro del endeudamiento. 

Con la propuesta de endeudamiento y gasto de inversión física para 2026, por cada peso de deuda contratada se destinarán 61 centavos a inversión, mientras que los 39 centavos restantes se dirigirán a gasto corriente, como el pago de intereses de la deuda pública. Esta sería una de las proporciones más bajas para inversión desde 2009, lo que refleja cómo cada vez una mayor parte del endeudamiento deja de financiar el futuro y se destina simplemente a cubrir el presente.

¿Es responsable el paquete económico 2026?

Respuesta corta: La regla del equilibrio presupuestario ya es obsoleta. La regla legal de responsabilidad fiscal está completamente sobrepasada como medida para garantizar la estabilidad de la deuda pública. Este principio no es sólo una idea académica o una declaración de buenas intenciones: es un mandato legal con indicadores, métricas y objetivos claros para evaluar su cumplimiento. Sin embargo, esos mismos indicadores hoy evidencian que la norma ya no funciona como debería. Vayamos por partes.

En México, el presupuesto debe elaborarse conforme a los criterios de responsabilidad fiscal que marca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Según sus artículos 16 y 17, el principio central es el equilibrio presupuestario, es decir, que los ingresos y los gastos del Gobierno sean iguales, para no recurrir al endeudamiento.

Se reconoció, sin embargo, que esta regla podía resultar demasiado rígida en tiempos de crisis económicas. Por ejemplo, su inflexibilidad obligaría a recortar la inversión productiva justo cuando más se necesita para reactivar la economía. Por ello, se modificó el principio para permitir que el equilibrio presupuestario excluya el gasto en inversión. Es decir, se permite que el déficit sea igual al gasto de inversión, facilitando así la posibilidad de endeudarse con fines de crecimiento económico.

Así, para determinar si un presupuesto es fiscalmente responsable, se utilizan dos metas principales: el balance presupuestario sin gasto de inversión y los RFSP que, como ya dijimos, son el déficit público global.

Con estos dos indicadores, se establecen las siguientes dos metas que todo presupuesto elaborado con responsabilidad debe seguir:

Condición 1. Que el balance presupuestario sin inversión sea igual a cero, o en otras palabras que el tamaño del déficit presupuestario sea igual al gasto en inversión.

Condición 2. Que los RFSP sean de tal magnitud que se mantenga estable el saldo de la deuda pública frente al año anterior.

De acuerdo con el paquete económico 2026, se propone un déficit público o RFSP por 4.1% del PIB, el cual mantiene constante el saldo de la deuda pública en 52.3% del PIB estimado para el cierre de este año. Ello cumple con la condición 2 de la responsabilidad fiscal.

Sin embargo, esta regla tiene un gran punto débil: el presupuesto del año siguiente se ancla al nivel de deuda que se estima al cierre del año en curso, no al que se aprobó oficialmente. Esto significa que si cada año el paquete económico proyecta más deuda para el cierre del año en curso, el límite para el año siguiente también sube, creando un círculo vicioso de endeudamiento, como se ha visto recientemente. 

Por otro lado, el cumplimiento de la condición 1 se ha distorsionado, y el Paquete Económico 2026 es prueba de ello. Hoy, incluso con un supuesto “equilibrio presupuestario sin inversión”, se propone un déficit mayor al aprobado para este año, lo que resulta incongruente con la meta de mantener estable la deuda pública.

La razón está en la ampliación del concepto de inversión que se debe considerar para los efectos del equilibrio presupuestario. El paquete económico para 2026 introduce una nueva categoría que permite, en el papel, cumplir con el principio de responsabilidad fiscal, aunque en la práctica el déficit siga creciendo respecto al año anterior.

En un inicio, la Ley sólo contemplaba la inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex). A partir de 2015 se incorporó también la inversión de la CFE y del Gobierno federal, criterio que se mantuvo hasta 2022, cuando se amplió para incluir todo el gasto de inversión del sector público presupuestario; incluyendo la inversión fìsica más la inversión financiera5. A pesar de lo anterior, en 2025 se omitió por completo el indicador de balance presupuestario sin inversión, con lo que se incumplieron los indicadores de responsabilidad hacendaria.

Para 2026, la propuesta es distinta. Con el fin de alcanzar el equilibrio presupuestario, se plantea contabilizar la inversión física y financiera del sector público con un nuevo componente: la inversión en desarrollo de capital humano. 

Con este nuevo concepto de inversión, las cuentas terminan “cuadrando” de manera perfecta: la inversión suma 3.6% del PIB, exactamente del mismo tamaño que el déficit presupuestario, también de 3.6% del PIB. Así, sobre el papel, el balance presupuestario sin inversión aparece en equilibrio, aunque en la realidad el Gobierno se endeuda cada vez más. El punto es que si excluimos este nuevo concepto, el balance sin inversión en realidad presenta un déficit por 142 mmdp.

¿Qué es exactamente la inversión en desarrollo de capital humano que ahora sirve para “equilibrar” el presupuesto? Según el paquete económico, se trata del gasto en educación, salud pública preventiva y formación o certificación de competencias;  señalado como una inversión que, en teoría, aumenta de manera sostenible la productividad y los ingresos de la población.

Sin embargo, el documento no detalla programas específicos, montos claros ni explica por qué estos conceptos se consideran inversión en capital humano. Falta una explicación técnica y metodológica. Podrían incluirse, por ejemplo, becas, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro u otros gastos corrientes. En palabras coloquiales se podría decir que “se está estirando” demasiado el concepto de inversión a considerar sólo para cuadrar cuentas. 

Antes, el balance presupuestario sin inversión estaba estrechamente ligado al verdadero nivel de endeudamiento del Gobierno. Si el balance sin inversión mejoraba, el endeudamiento bajaba, como ocurrió en 2013, 2016, 2017 y 2019. Pero a partir de 2022 (cuando se incluyó la inversión financiera dentro de la regla) se rompió por completo esa relación. 

Hoy, aunque sobre el papel se presente un balance sin inversión “equilibrado”, la realidad es otra: para 2026 se estaría aprobando el segundo nivel de endeudamiento más alto desde el año 2000, oculto detrás de un equilibrio virtual que es logrado bajo la introducción de ese nuevo concepto de inversión. 

No se cuestiona la inversión en capital humano; al contrario, es algo necesario. El problema es que, al usar este tipo de gasto para lograr un equilibrio presupuestario sin inversión, se desvía del objetivo original de la norma y abre la puerta a que los presupuestos se presenten con endeudamiento creciente. De esta manera, se puede aprobar un presupuesto más endeudado, pero simulando un equilibrio presupuestario, el cual ya es completamente virtual. 

Áreas de oportunidad

El Paquete Económico 2026 introduce un cambio significativo en materia de responsabilidad fiscal: al incorporar la inversión en desarrollo de capital humano se amplía el concepto de inversión a considerar para lograr el equilibrio presupuestario. De esta manera, aunque el déficit y la deuda pública aumenten, el presupuesto puede mostrarse como equilibrado “sin inversión”, cumpliendo con los principios de responsabilidad fiscal, aunque en la práctica este equilibrio sea más virtual que real.

Para que las finanzas públicas sean responsables, señalamos tres áreas de oportunidad que deben ser atendidas.

  1. Hacer transparente y ciudadano el proceso bajo el cual se escogen los programas públicos considerados como inversión en desarrollo de capital humano. Estos programas deberían incluir un anexo con una evaluación técnica sobre su impacto, seguimiento y evaluación. De lo contrario podría haber espacios para incorporar cada vez más gasto corriente sin evaluar su impacto en productividad y crecimiento —pero sí equilibrar el presupuesto—. 
  1. El crecimiento económico de México ha sido muy bajo en los últimos 25 años, con apenas un 1.5% anual en promedio. Durante este periodo, la productividad prácticamente no ha aumentado, lo que revela un gran espacio de oportunidad para invertir en mejorar las capacidades productivas del país. Esto implica destinar recursos a proyectos que fomenten la innovación y el crecimiento, así como al desarrollo del capital humano para fortalecer las habilidades laborales. Con una economía más dinámica, sería posible generar mayores ingresos públicos y estabilizar la deuda. México necesita apostar por incrementar su productividad.
  1. Es necesario replantear los principios de responsabilidad fiscal. La evidencia muestra que el equilibrio presupuestario tradicional ha quedado obsoleto. Hoy, los artículos de responsabilidad fiscal ya no garantizan la estabilidad del endeudamiento ni de la deuda pública. De hecho, sus indicadores están desfasados respecto a la verdadera situación fiscal del Gobierno. Cumplir con un presupuesto equilibrado ya no asegura la estabilidad de la deuda. Una alternativa más adecuada sería discutir la implementación de una regla de equilibrio presupuestario cíclico, al estilo de algunas economías desarrolladas, que ajuste el tamaño del déficit según el estado de la economía.

Notas al pie:

  1. Dato obtenido del Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI). ↩︎
  2. Considerando la población estimada a mitad de año por el Consejo Nacional de Población (Conapo). ↩︎
  3. Se considera un costo promedio anual de atención de 251,018 pesos que, actualizado a precios de 2026, asciende a 259,760 pesos. Fuente:  “Costos médicos directos de la atención médica de pacientes con cáncer de mama”. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 60(2). ↩︎
  4.  Se considera el valor de la beca de Benito Juárez la cual consiste en un apoyo bimestral de 5,800 pesos bimestrales. ↩︎
  5. La inversión financiera hace referencia a compra de títulos y valores, pero también a transferencias hacia fideicomisos públicos como las que realiza la Secretaría de Energía a Pemex. ↩︎