Golpe presupuestario al Estado de derecho en el PEF 2025
Para 2025 se vislumbra un panorama poco alentador en materia de Estado de derecho en México. ¿La razón? Los recursos para garantizar la seguridad y la justicia de la población tendrán su peor nivel en más de una década.
Para 2025, el gasto total de las principales Entidades enfocadas a aplicar el Estado de derecho será de 404 mmdp, una reducción de 30% (174 mmdp) frente al monto aprobado para 2024. Esta cifra contempla el presupuesto total de las secretarías de Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y Gobernación; además de la Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Judicial y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Si solo consideramos la parte del presupuesto que realmente se destina a las funciones de seguridad, asuntos de orden público y justicia, entonces el presupuesto cae a 315 mil millones de pesos (mmdp), el más bajo desde 2010. El recorte, marcado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, será de 17.7% (68.1 mmdp) frente al monto aprobado para 2024. Respecto del tamaño de la economía, representará 0.9% del producto interno bruto (PIB), el mínimo desde 2008.
Las reducciones presupuestarias no sólo limitarán atender la principal exigencia de la ciudadanía —la inseguridad y falta de justicia— sino que dejarán al país debilitado ante las exigencias del próximo presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, de que México combata de forma efectiva a los grupos delictivos.
La reducción de recursos al Estado de derecho se engloba en toda una estrategia de ajuste fiscal que detallamos en nuestras Cinco Evidencias de las Finanzas Públicas en el Paquete Económico 2025.
Yendo a detalle, los principales hallazgos en materia del presupuesto para el Estado de derecho son:
- El gasto enfocado a policías civiles (Asuntos de Órden Público y Seguridad Interior) será 77% inferior al máximo reportado en 2015, si descontamos los recursos de la Guardia Nacional, que es en realidad un ente militar.
- Los recortes en los entes civiles, no se traducen en aumentos en los ramos militares, lo que debilitará la capacidad del Estado de garantizar la seguridad de la población.
- Pese a los recortes, se mantiene la militarización del gasto: los entes castrenses recibirán el 63.4% del presupuesto de los ramos enfocados a garantizar el Estado de derecho, la segunda mayor proporción histórica.
- Los subsidios federales hacia los estados para el fortalecimiento de sus policías civiles serán 93.2% inferiores al máximo de 2013. Es decir, todos los cuerpos enfocados a la seguridad, de cualquier nivel de Gobierno, tendrán castigos presupuestarios.
- El Poder Judicial, tendrá su peor presupuesto desde 2011, lo cual hará más lento e inefectivo el acceso a la justicia en México.
- Finalmente, el Instituto Nacional de Migración (INM) tendrá su peor presupuesto aprobado desde 2008. Ello limitará su actuar ante la crisis migratoria y las exigencias de nuestro principal socio comercial.
Panorama fiscal del Estado de derecho
Los recursos para garantizar el Estado de derecho comprenden las funciones del gasto público (áreas u objetivos) de Seguridad Nacional, Asuntos de Orden Público, y Justicia. El siguiente año, todas estas funciones sufrirán recortes, lo cual podría tener un impacto en los diferentes componentes que ayudan a aplicar la Ley: las policías civiles, el ejército, las fiscalías y el Poder Judicial.
El mayor recorte frente a 2024 se da en la función de Asuntos de Orden Público (policías civiles) por 42.9% (38.4 mmdp), seguido del recorte en la función de Seguridad Nacional, por 11.0% (17.2 mmdp)1. Por último, se encuentra el recorte de 9.1% (12.5 mmdp) de la función de Justicia2.
El retroceso no sólo es frente al monto aprobado de 2024, sino también con respecto a lo observado en sexenios pasados. Por ejemplo, para 2025 el presupuesto para estas funciones será 17.5% (66.7 mmdp) menor en términos reales, contra el promedio de lo ejercido por Peña Nieto (2013-2018). El sector más afectado será Justicia, con una caída de 19% (29.3 mmdp) frente al gasto del sexenio peñanietista.
Objetivo Seguridad Nacional
La función de Seguridad Nacional es ejercida por tres secretarías: La Defensa Nacional (72.3% del total), la Marina (25.7%) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (2%).
El recorte en esta función viene, principalmente, en el gasto corriente, con una disminución de 12% (16.7 mmdp) frente al monto aprobado para 2024. El gasto corriente es el principal componente del presupuesto de esta función porque cubre el pago de sueldos y salarios del personal. Esta reducción podría limitar la contratación de más fuerzas militares o el incremento de sus remuneraciones.
El presupuesto en Seguridad Nacional también presenta un fuerte ajuste a la baja en materia de inversión, tanto en obra pública, como en gasto de capital diferente a este concepto (compra de maquinaria y equipo, inversión en tecnología o adquisición de inmuebles). Frente a 2024, el primero cae 100% (5.5 mmdp): desaparece. Por su parte, el gasto de capital diferente de obra pública se reduce en 72.3% (7.8 mmdp).
Comparado con el gasto promedio ejercido durante la administración de Peña Nieto, el recorte a la función de Seguridad Nacional será de 8.5% (13 mmdp). Además de la anulación del presupuesto para gasto de obra pública (una reducción de 6.6 mmdp), el estimado para el capital diferente de obra pública trae una caída de 83.7% (15.4 mmdp) frente al promedio ejercido de 2012 a 2018.
El presupuesto de 2025 también es inferior al gasto promedio ejercido durante la administración de López Obrador3. El mayor recorte se observa en los recursos que se transfieren para el pago de fideicomisos relacionados con proyectos de inversión, por 78.1% (23 mmdp). Hay que tener en cuenta que, durante la presidencia lopezobradorista, se transfirieron grandes recursos a fideicomisos para la construcción de los proyectos principales a cargo de los ramos militares, como fue el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya.
Los recortes en el presupuesto de inversión de la función de Seguridad Nacional pueden afectar la adquisición de armamento, equipo militar, modernización de vehículos, desarrollo de sistemas de información y modernización de bases militares. Todo lo anterior, debilitaría la estrategia de seguridad del Gobierno. Esta inversión es distinta a aquella relacionada al Tren Maya, la cual se aborda más adelante.
Si analizamos el recorte por programa presupuestario dentro de la función de Seguridad, son cinco los programas más afectados frente a 2024. En orden de magnitud, son:
- Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional. Recorte de 8.4% (-3.9 mmdp) en términos reales.
- Previsión para el fortalecimiento de Infraestructura Naval y Militar. Reducción de 64.9% (-3.7 mmdp) en términos reales.
- Provisiones para la construcción y fortalecimiento de infraestructura. Recorte por 78.6% (-3.61 mmdp).
- Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana. Recorte por 35.3% (-3.59 mmdp).
- Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. Disminución de 13.9% (-3.33 mmdp).
En síntesis, el presupuesto para la Seguridad Nacional en 2025 se verá reducido frente al monto aprobado para 2024, pero también contra el promedio que se ejerció durante la administración de Peña Nieto. Los recortes provienen principalmente en el gasto corriente, seguido del gasto en inversión. Si lo analizamos por programa presupuestario, hay un debilitamiento en los programas que tienen por finalidad fortalecer las capacidades militares. Todo ello podría comprometer la capacidad de las fuerzas armadas para enfrentar a la ola de inseguridad que azota en el país.
Objetivo Policías Civiles
La función de Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior presenta un presupuesto por 51.2 mmdp para 2025: un desplome de 42.9% (38.5 mmdp) versus el monto aprobado para 2024. Estos recursos se destinan a las acciones de seguridad de las policías civiles. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) concentra el 84.7% de este presupuesto, seguido del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) con el 13.6% y por último, Gobernación con el 1.7%.
Dentro del presupuesto de la SSyPC todavía se encuentran 32.1 mmdp para la Guardia Nacional, que implica una reducción de 55% (39.5 mmdp) contra 2024. Esto a pesar de que, desde septiembre, la Guardia Nacional fue trasladada a la Defensa por reforma constitucional4. El problema es que los recursos de este cuerpo policial deberían clasificarse como Seguridad Nacional al ser un ente militar. Sin embargo, siguen dentro de la función de Asuntos de Órden Público. Este recorte a la Guardia Nacional no se corresponde con un incremento en el presupuesto de las Fuerzas Armadas (que corresponde a la función Seguridad Nacional); es decir, no se compensa la pérdida presupuestaria. Si desagregamos a la Guardia Nacional, la función de Asuntos de Órden Público tendría sólo 19 mmdp. Esto es 77% (65.4 mmdp) menos que el máximo alcanzado en 2015 y refleja la militarización de la seguridad en el país.
Con la reducción, el principal componente afectado será el gasto corriente. Sin embargo, también se verá afectado el gasto de inversión y aquel que se destina para el pago de fideicomisos públicos. El gasto de capital de obra pública presenta un recorte por 60.6% (8.0 mmdp) frente al monto aprobado para 2024, mientras que el gasto de capital diferente de obra pública (compra de maquinaria y equipo, inversión en tecnología o adquisición de inmuebles) trae un recorte por 41.8% (4.3 mmdp).
Si lo analizamos frente al gasto promedio ejercido por Peña Nieto, se observa que el gasto en la función de Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, trae un recorte de 32.3% (24.4 mmdp). Este recorte se explica por una disminución de 40.3% (26.9 mmdp) en el gasto corriente, principalmente de la extinta Policía Federal.
En síntesis, la función de Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior presenta una fuerte rebaja frente al monto aprobado para 2024 y, contra lo ejercido por Peña Nieto. El recorte proviene de la disminución de su gasto corriente, principalmente por un presupuesto de la Guardia Nacional que es reducido a la mitad, así como un menor estimado de egresos para la provisión de infraestructura, que es reflejo de la desmilitarización del gasto en inversión pública.
Objetivo Justicia
La función de Justicia tendrá una caída de 9.1% (12.5 mmdp) frente a lo aprobado para 2024. Este rubro presupuestal es ejercido principalmente por el Poder Judicial (59.3% del total), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (17.8%), la Fiscalía General de la República (FGR) (14.1%) el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) (2.3%), además de otros ramos con menor participación, como los Tribunales Agrarios, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El recorte en esta función para 2025 proviene, principalmente, de la reducción del presupuesto del Poder Judicial. Para 2025 se propusieron originalmente 85 mmdp para este fin, sin embargo, las recientes modificaciones bajaron aún más la dotación y queda en 70.9 mmdp. Sería la estimación de costos más baja desde 2010 para este poder. Frente al monto aprobado para 2024 sería una rebaja en términos reales de 13.1% (10.7 mmdp), mientras que contra 2019 y 2018 sería una caída real de 12% (10 mmdp) y 19.2% (16.9 mmdp) respectivamente.
Aún no es posible detallar en qué objeto del gasto se focalizarán las reducciones al Poder Judicial, debido a que no se han publicado los datos abiertos del presupuesto aprobado. Si consideramos que alrededor del 98.2% de sus recursos van para gasto corriente, es decir, para el pago de los ministros y el personal necesario para ejercer la justicia en México, entonces este rubro podría traer un recorte de 9.1% (12.3 mmdp) frente a lo aprobado para 2024.
Otros ramos bajo el presupuesto de Justicia también se disminuyen. La CNDH tendrá 4% (72.3 mdp) menos recursos; la STPS, 13% (137 mdp) y los Tribunales Agrarios, 11% (107 mdp).
Poder fiscal de las entidades: gasto total
Anteriormente analizamos el presupuesto en Estado de derecho visto desde el punto de vista de la clasificación funcional o por objetivos del gasto. Sin embargo, las principales entidades encargadas de aplicar la Ley, ejercen muchas veces otras funciones, como Transporte, Turismo, Salud, o Educación. Sólo al contabilizar estos gastos es posible entender su verdadero poder fiscal y apreciar si está alineado con sus funciones primordiales.
Para 2025, el gasto total de las principales Entidades enfocadas a aplicar el Estado de derecho será de 404 mmdp, una reducción de 30% (174 mmdp) frente al monto aprobado para 2024. Este monto contempla el presupuesto total de la Defensa, Marina, SSyPC, FGR, Gobernación, Poder Judicial y el FASP.
Aunque el presupuesto de estas instituciones es 3% (12.2 mmdp) mayor al primer año de López Obrador y 10.8% (39.4 mmdp) superior al inicio de Peña Nieto, se encuentra al mismo nivel de lo observado en 2014 a 2016, lo cual muestra un estancamiento histórico y una pérdida de prioridad en el primer Paquete Económico de Claudia Sheinbaum. Este hecho se comprueba al analizar el peso de las entidades respecto al presupuesto total. En 2025 controlarán el 4.4%, mientras que en 2024 gestionaron el 6.2% y en 2014 —hace más de una década— el 5.2%.
El mayor recorte se da en el presupuesto de la Defensa, con una caída de 41.5% (112.1 mmdp) en términos reales versus el monto aprobado para 2024. Esto, como ya mencionamos anteriormente, da cuenta de la desmilitarización del gasto en inversión pública. En nuestro análisis de inversión pública en el PEF 2025 destacamos la caída en los recursos para la inversión en la función Transporte, es decir del Tren Maya (en manos de la Defensa), frente a la creación de nuevos proyectos de trenes que estarán a cargo de la Secretaría Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Lo anterior puede confirmarse al analizar en qué programa presupuestario de la Defensa (antes Sedena) se encuentra la rebaja, identificando que el programa de “Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros” prácticamente desaparece. Este rubro, que registraba los recursos para el Tren Maya, tenía un presupuesto por 125 mmdp en 2024. Para 2025 no cuenta con capital asignado.
La segunda mayor disminución en el presupuesto está en la SSyPC: 36.2% (39.9 mmdp) frente al monto aprobado para 2024. Este recorte se focaliza en la Guardía Nacional, sin que haya un incremento correspondiente en el gasto operativo para la Defensa, como explicamos anteriormente.
Por otro lado, la Marina presenta una reducción por 12% (9.0 mmdp) contra lo aprobado para 2024. La mayor rebaja se da en su gasto corriente: 12.6% (5.6 mmdp) en términos reales respecto a 2024. Es decir, esta dependencia tendrá menos recursos para el pago de nómina. Además, enfrentará un recorte en su gasto de obra pública de 9.4% (2.59 mmdp) ante la misma métrica de comparación.
Hay que señalar que la Marina aún se encuentra a cargo de la construcción del proyecto Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Para este fin se ha presupuestado 22.1 mmdp, superior a los 21.7 mmdp aprobados para 2024. Así, la Marina no pierde participación en el desarrollo de obras prioritarias, pero sí pierde presupuesto para inversión en Seguridad Nacional.
Por otro lado se encuentran los recortes de Gobernación. Esta secretaría tendrá menos recursos en términos reales en todos sus programas presupuestarios. Los más castigados son Política y servicios migratorios: con 14.0% (292.9 mdp) menos que el monto aprobado para 2024. Esto impacta al Instituto Nacional de Migración (INM) sobre el cual detallaremos más adelante, así como del recorte al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 0.3% (0.03 mmdp).
En otras palabras, las principales entidades para garantizar el Estado de derecho tienen recortes importantes en su presupuesto, ya sea en sus áreas sustantivas o en funciones que tradicionalmente no realizaban, como las obras de infraestructura prioritarias.
El presupuesto destinado a Defensa y Marina pasará de representar el 9.0% del gasto programable en 2024 al 6.3%, un nivel comparable al observado en 2021. Aunque esto podría podría mostrar una reducción en la militarización del presupuesto, las entidades civiles encargadas de aplicar la Ley también sufrirán recortes. Dicho de otro modo, habrá una política de austeridad generalizada para el siguiente año, salvo excepciones contadas en pensiones o becas, como lo explicamos en esta investigación.
Distribución de poder fiscal entre entidades civiles y militares
A pesar de la disminución de recursos para la Defensa en 2025, la distribución del gasto sigue reflejando un desequilibrio entre instancias civiles y militares.
Entre las principales entidades encargadas de garantizar el Estado de derecho, en 2025, las instancias civiles recibirán sólo el 36.6% del presupuesto, una proporción que se ha reducido desde el 52.9% en el primer año de López Obrador y el 58.7% en el de Peña Nieto. Nos referimos al estimado de costos de la FGR, Gobernación, SSyPC (sin contabilizar los recursos para la Guardia Nacional5, el Poder Judicial y el FASP). Su gasto total será de 148 mmdp, 41% (102 mmdp) frente al máximo de 2015, lo que demuestra el debilitamiento reciente de estas dependencias.
Por otro lado, las instancias militares recibirán el 63.4% del presupuesto para 2025. Aquí nos referimos a los recursos de la Defensa, Marina y Guardia Nacional. Su presupuesto para 2025 será de 256 mmdp, el segundo mayor monto después del observado en 2024, lo cual refleja que las Fuerzas Armadas, aunque castigadas en áreas específicas, siguen dominando si las comparamos con las instituciones civiles.
Como se explicó anteriormente, el presupuesto total de estas entidades militares y civiles se mantiene estancado respecto de lo observado entre 2014 y 2016. No obstante, los entes militares han ganado una mayor concentración de recursos. Esto ha sido en detrimento de las instancias civiles y de los gobiernos locales.
Retroceso en seguridad pública en los estados
Los estados de la República son altamente dependientes de las transferencias que reciben de la Federación. En este sentido, los recursos en materia de seguridad pública determinan el éxito de sus estrategias para garantizar el órden público. Sin financiamiento adecuado y estable, los gobiernos locales enfrentan limitaciones para invertir en equipamiento, capacitación policial, prevención del delito y mantenimiento de infraestructura crítica.
En 2025, se proyecta un presupuesto de 59.2 mmdp para transferencias federales en seguridad pública, lo que representa un incremento de 2% (1.3 mmdp) respecto a lo aprobado en 2024. Pese al aumento, el monto es todavía inferior al máximo histórico de 67.3 mmdp registrado en 2014.
¿La razón? Si bien algunos componentes de las transferencias en seguridad tendrán más recursos, es porque están blindados por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). En contraste, gran parte de los subsidios en seguridad que no estaban blindados han desaparecido. Vamos por partes…
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) ha sido históricamente una de las principales fuentes de financiamiento para la seguridad pública a nivel local, promediando el 69% de las transferencias totales. Este protagonismo se debe a que su monto está ligado a la Recaudación Federal Participable (RFP), lo que garantiza estabilidad en los recursos que recibe anualmente.
Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2019 y 2021, el 38.5%6 del Fortamun se destinó, en promedio, a seguridad pública. Si asumimos que este porcentaje se mantiene, en 2025 se estiman 48.5 mmdp para seguridad provenientes del Fortamun. Esto representa un incremento del 3% (1.3 mmdp) respecto a 2024 y un aumento del 12% (5.3 mmdp) comparado con el primer año de López Obrador.
Actualmente no existe una base consolidada que permita identificar el uso específico de los recursos otorgados a los estados a través del Fortamun. Este fondo puede usarse para el saneamiento financiero, mantenimiento de infraestructura y otros. Por ejemplo, en Mexicali para servicios personales y generales7; en Monterrey para seguridad pública8. La LCF obliga a que por lo menos el 20% de este fondo se utilice en seguridad, pero como lo muestra la Auditoría, se ha llegado a utilizar para esa función una proporción mayor. Esta institución también ha señalado que el uso del Fortamun carece de transparencia y seguimiento adecuado, lo que dificulta evaluar su impacto real en seguridad pública. En ausencia de datos recientes, se asume que el porcentaje destinado a seguridad pública se mantiene constante.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es el segundo mayor componente de las transferencias federales para seguridad pública a nivel local, y promedia el 25% de las transferencias totales. Su asignación obedece a factores como la población, índices delictivos y necesidades específicas de profesionalización, equipamiento e infraestructura. Sin embargo, al no estar ligado a la RFP, es más fluctuante que el Fortamun, lo que resta estabilidad a los recursos asignados. Para 2025 se proyectan 9.6 mmdp, un leve descenso del 0.4% (0.04 mmdp) respecto a 2024 y un aumento marginal de 0.1% (0.01 mmdp) en comparación con el primer año de López Obrador. Este estancamiento resulta preocupante, considerando que el FASP financia actividades esenciales como la capacitación de fuerzas policiales, la modernización tecnológica y la implementación de sistemas de inteligencia, todas claves para mejorar la seguridad pública a nivel estatal y municipal.
El resto de los recursos que aporta la Federación a las entidades federativas corresponde a diferentes programas de subsidios que han evolucionado en cuanto a las reglas de asignación y en el monto total a repartir.
En 2009 se creó el Subsidio a la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), que llegó a beneficiar hasta 280 municipios9. Este subsidio se enfocaba en la profesionalización de policías, así como en la adquisición de tecnología y equipamiento. En sus últimos tres años ejerció 7.2 mmdp en promedio.
Por su parte, en 2010 se creó el Subsidio para la Policía Acreditable. Este programa convivió con el Subsemun y, a diferencia de éste, entregaba recursos a los gobiernos estatales con el objetivo de crear el Mando Único Policial10. En sus últimos tres años de funcionamiento, este programa transfirió a las entidades 4 mmdp en promedio.
En 2013 se creó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred). Éste buscaba reducir factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia, con un enfoque en grupos vulnerables y de prevención. La mayor parte de los recursos de este programa se entregó a los estados, con un promedio de 3.3 mmdp en sus últimos tres años de operación.
En 2016, el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) reemplazó al Subsemun, mientras que el Subsidio para la Policía Acreditable desapareció ese mismo año sin un sustituto. El Fortaseg, al igual que el Subsemun, apoyó a los municipios con mayores índices delictivos —alrededor de 300— y asignó 5.6 mmdp en promedio en sus últimos tres años de operación. En 2021 desapareció este programa y no hubo subsidios en seguridad hasta 2023.
En 2023, surgió el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp). Este fondo se destina principalmente a proyectos de equipamiento, capacitación policial, infraestructura y fortalecimiento institucional en los municipios, aunque su presupuesto limitado dificulta atender las necesidades crecientes en seguridad pública.
El Fofisp no puede considerarse un sustituto de los programas anteriores debido a que no se focaliza en los municipios con mayores índices delictivos sino que se entrega de forma generalizada. En 2025, contará con un presupuesto de 1.1 mmdp, significativamente menor que los recursos que manejaban los fondos previos y beneficiará a los 2,478 municipios del país. Esta entrega generalizada diluye los efectos del programa. En 2025, cada municipio recibirá apenas 452 mil pesos, mientras que el Subsemun —que estaba focalizado— llegó a otorgar 25.7 millones por municipio, en promedio.
El mejor momento para las entidades federativas y municipios, en cuanto a subsidios federales en seguridad, se dió en 2013 cuando existió el Subsemun, Pronafed y Subsidio para la Policía Acreditable. Ese año recibieron 16.4 mmdp a través del Fortamun, Policía Acreditable y Pronafed. En el presupuesto de 2025 sólo hay un programa de subsidios, el Fofisp, cuyos recursos son 93.2% o 15.3 mmdp inferiores a lo logrado en 2013.
Por su parte, el máximo histórico de transferencias para seguridad pública fue 2014, con 68.4 mmdp (asumiendo que el 38.5% del Fortamun se destinó a este propósito). El presupuesto de 2025 (59.2 mmdp) es menor en 13.5% (9.2 mmdp).
Ahora, al excluir el Fortamun del análisis de las transferencias federales para seguridad pública, los datos revelan un panorama alarmante: el FASP y el Fofisp suman sólo 10.7 mmdp destinados a este rubro en 2025. Respecto de 2013, este monto es 64% (19.3 mmdp) inferior, evidenciando la reducción drástica en recursos etiquetados para enfrentar los retos de seguridad en el país.
Ahorros públicos en manos militares
El análisis de los fideicomisos bajo el ramo de Defensa Nacional sirve también para analizar el poder fiscal de esta dependencia, a partir de sus ahorros públicos. En los últimos años, estos recursos se han incrementado de forma acelerada. Si bien en el PEF 2025 pareciera que esta situación puede detenerse, la situación podría cambiar a lo largo del año.
Al tercer trimestre de 2024, el monto total de sus fideicomisos fue de 56.7 mmdp, lo que representa una disminución del 35% (-30.5 mmdp) respecto al mismo periodo de 2023, cuando alcanzaron 87.2 mmdp. Sin embargo, esta cifra sigue siendo 1,669% mayor (53.5 mmdp) a la registrada en 2019, el primer año de López Obrador, cuando sumaban apenas 3.2 mmdp, y 471% superior (46.8 mmdp) al cierre de la administración de Peña Nieto en 2018, que acumuló 9.9 mmdp.
Entre los aspectos más relevantes, destaca el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM), que de un año para otro (2019-2020) experimentó un aumento de 3,949% (37.3 mmdp), pasando de 0.9 mmdp en 2019 a 38.2 mmdp. Al tercer trimestre de 2024, este fondo cuenta incluso con un capital extra por 43.1 mmdp. Este fideicomiso fue utilizado para la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), lo cual dificultó la trazabilidad de los recursos, ya que no existen informes de estos instrumentos11.
En 2023 surgió el Fideicomiso para Obras Públicas, con 54.9 mmdp, probablemente relacionado con proyectos prioritarios de infraestructura a cargo de Defensa Nacional, como explicamos en esta nota. Para 2024, este fideicomiso alcanza 10.1 mmdp. Aún es incierto el uso de los fondos de este fideicomiso, pero es probable que se hayan gastado en alguna obra prioritaria como el Tren Maya. Habrá que esperar a que la ASF haga una auditoría para verificar esta hipótesis.
El Gobierno de López Obrador se pronunció en varias ocasiones sobre la opacidad en el uso de los fideicomisos como el Fondo de Desastres (Fonden) o los fondos en ciencia y tecnología. No obstante, el aumento de los fideicomisos militares reflejan su doble discurso hacia estos instrumentos.
Cabe mencionar que los fideicomisos de la Defensa que favorecen directamente al personal militar y sus familias no ha tenido un crecimiento sostenido. El Fideicomiso a favor de los hijos del personal adscrito al Estado Mayor Presidencial y el Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos en actos del servicio de alto riesgo, se mantienen estancados.
Para 2025, no se prevén grandes transferencias a fideicomisos de la Defensa, frente al promedio histórico. Sólo se presupuestan 6.4 mmdp, cuando de 2019 a 2023 se transfirieron en promedio 39.4 mmdp a sus fondos, lo cual resultó en mayor opacidad y falta de control.
Destacamos que, en años anteriores, estas transferencias han sido excedidas de manera constante. No sería extraño que, a lo largo del año, veamos tales sobreejercicios respecto a lo aprobado en el PEF 2025.
Los rebases presupuestales en los fideicomisos a cargo de la Defensa han sido una constante histórica desde al menos 2008, cuando el gasto comenzó a superar sistemáticamente al presupuesto. Sin embargo, esta tendencia se intensificó notablemente con el inicio de la administración de López Obrador en 2019. Antes de 2019, el sobreejercicio anual promedio (de 2008 a 2018) era de 3.7 mmdp, cifra que representaba 1% del gasto promedio anual en la función salud (730.6 mmdp), 0.4% en educación (999 mmdp) y 5% en ciencia y tecnología (69 mmdp).
Desde el inicio de la administración de López Obrador, el rebase presupuestal promedio anual (de 2019 a 2023) se incrementó hasta 39.4 mmdp: equivalente a 5% lo ejercido en la función salud (836 mmdp) y 4% en función educación (979 mmdp), así como 64% de los egresos por ciencia y tecnología (61.9 mmdp).
El gasto, de por sí ya desmedido, tuvo un incremento dramático en 2019, cuando se excedió en 35.1 mmdp, a pesar de que sólo se aprobaron 0.02 mmdp. Esto significa que la entonces Sedena gastó 1,503 veces lo aprobado para sus fideicomisos: por cada peso asignado, se ejercieron 1,503 pesos. No obstante, este no fue el mayor exceso registrado. En 2021, los fideicomisos de esta secretaría alcanzaron un sobreejercicio histórico de 54.9 mmdp, con un presupuesto aprobado nuevamente de únicamente 0.02 mmdp, lo que equivale a 2,493 pesos ejercidos por cada peso aprobado.
Este análisis refleja la magnitud de la opacidad y la falta de control en la gestión de los fideicomisos de la Defensa, lo que plantea interrogantes sobre la eficiencia, transparencia y prioridades en la asignación de recursos públicos. La relevancia del tema radica en que estos sobregastos ocurren en un contexto donde sectores clave como salud, educación y ciencia enfrentan restricciones presupuestarias, evidenciando el costo de oportunidad y la necesidad de un mayor escrutinio sobre el destino y uso de los recursos públicos asignados al sector militar.
Negación histórica al presupuesto del Poder Judicial
De forma histórica, el Congreso ha aprobado al Poder Judicial un presupuesto inferior al que solicita. No obstante, la negación presupuestaria para 2025 es la mayor en casi 20 años.
Para este año, el Poder Judicial solicitó al Congreso recursos por 85 mmdp, lo que hubiera significado un aumento de 4% (3.4 mmdp) respecto a lo aprobado en 2024. El monto solicitado no representaba realmente un incremento, sino un regreso a un nivel observado entre 2014 a 2020. Sin embargo, el Congreso le aprobó al Poder Judicial sólo 71 mmdp, una rebaja de 17% (14 mmdp) respecto a lo solicitado, la mayor negación de presupuesto desde 2006. Con este resultado, este poder del Estado contará con la menor repartición desde 2011.
Desde 2017, el Poder Judicial ha enfrentado un recorte progresivo en su presupuesto. El año pasado, en nuestro análisis del Paquete Económico 2024, identificamos un deterioro acelerado en los recursos de este órgano de Gobierno, situación que se ha agravado incluso más en 2025.
La reducción de capital destinado al Poder Judicial puede afectar la eficiencia y rapidez de la impartición de justicia en México. Esto podría derivar en despidos de personal —especialmente empleados bajo el esquema de honorarios— lo que incrementaría la carga laboral, afectando los tiempos de los procesos judiciales.
La falta de recursos podría reducir los servicios de defensoría pública (abogados del Estado que dan servicio sin costo a los ciudadanos), lo que dificultaría el acceso equitativo a la justicia de las personas más pobres del país. Es posible que también se den recortes en las áreas de infraestructura, tecnología o capacitación, lo que limitaría la mejora de procesos y la enseñanza de nuevos funcionarios públicos. Esto último, preocupa en gran medida ante la llegada de nuevos jueces y magistrados sin experiencia, a partir de las elecciones por voto popular del siguiente año, promovidas por la reforma constitucional al Poder Judicial.
Es evidente que la aprobación del presupuesto del Poder Judicial se ha politizado en los últimos años. Los recortes no están fundamentados en análisis de costo-beneficio o de factibilidad técnica, sino en una lógica de concentración de poder del Ejecutivo y Legislativo frente al tercer poder de la República. Para evitar que el presupuesto se use con fines políticos y se afecte el acceso a la justicia, es necesario establecer una garantía presupuestaria.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, recomiendan que el presupuesto de los poderes judiciales de cada país sea igual o superior al 2% del gasto. Además, es una práctica que ya existe en las Constituciones de algunos estados, como en Jalisco12.
La reducción del presupuesto del Poder Judicial va en contra de las mejores prácticas internacionales y estatales. Para 2025, su presupuesto representará el 1.1% del gasto programable, la peor proporción desde el año 2000.
Migración con menor presupuesto frente a Trump
El Instituto Nacional de Migración (INM) tiene recursos proyectados de 1.6 mmdp para 2025, una reducción aproximada del 15% (-0.3 mmdp) respecto a los 1.9 mmdp aprobados para 2024. Es el peor monto aprobado en más de 18 años.
Esta disminución podría entorpecer el control del flujo migratorio, así como la protección de los derechos de los migrantes. Cabe recordar que Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, ha amenazado con imponer aranceles del 25% a México si el Gobierno no toma medidas efectivas para frenar la migración de personas hacia Estados Unidos.
Sin embargo, el presupuesto del INM resulta engañoso. Para bien o para mal, desde 2008, el INM ha registrado sobreejercicios de manera constante en su presupuesto aprobado. Esto muestra que la Secretaría de Hacienda amplía sin fricciones los recursos de este Instituto, lo cual podría jugar de manera favorable el siguiente año. Claro está que tales ampliaciones van en contra del control democrático del gasto público.
El sobreejercicio más alto del INM se registró en 2018, durante la administración de Peña Nieto, cuando se aprobaron 2.3 mmdp y se ejerció 3.6 veces lo aprobado: 8.2 mmdp. Este hecho coincidió con la llegada de Donald Trump a su primer periodo en la presidencia de Estados Unidos.
Los siguientes máximos ocurrieron, no obstante, bajo la administración de López Obrador. En 2022, el INM gestó 7.4 mmdp, 4.2 veces lo aprobado (1.8 mmdp); mientras que en 2021, lo ejercido fue de 6.8 mmdp, superando 3.8 veces lo aprobado (1.8 mmdp). Entre 2019 y 2023, los rebases presupuestales promediaron 4.6 mmdp, lo que representa un incremento del 60% (1.7 mmdp) respecto al promedio de 2.9 mmdp registrado entre 2008 y 2018, siendo 1.6 veces más altos.
Queda por verse si en 2025 habrá recursos que redirigir al INM para atender la crisis migratoria. En cualquier caso, las modificaciones al gasto tendrán implicaciones importantes. Los sobreejercicios del INM durante el mandato de López Obrador equivalen a 7.5% lo ejercido en ciencia y tecnología.
Conclusiones
El presupuesto 2025 no está alineado con la principal demanda ciudadana de resolver la inseguridad y falta de justicia en México. La reducción de recursos para los policías civiles y el Ejército, limitará su accionar y combate efectivo contra la delincuencia en México.
Además, el menor presupuesto enfocado a seguridad y migración nos colocará en una situación vulnerable ante las exigencias del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quién ha demandado a México mejores resultados en el combate al crimen organizado y control de flujos migratorios.
Es probable que dependiendo de la coyuntura política, el presupuesto en seguridad o migración sea modificado para atender las exigencias de nuestro principal socio comercial. No obstante, esto implicaría recortes en otras áreas también vitales para el bienestar de los ciudadanos.
Notas al pie
- Calculado a partir del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) más la ampliación de 6.3 mmdp aprobada en la Cámara de Diputados. ↩︎
- Calculado a partir del PPEF menos el recorte de 14 mmdp en el Poder Judicial aprobado por la Cámara de Diputados. ↩︎
- Para 2024 se considera el monto aprobado. ↩︎
- Publica DOF reforma constitucional para que la Guardia Nacional se incorpore a la Sedena
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/publica-dof-reforma-constitucional-para-que-la-guardia-nacional-se-incorpore-a-la-sedena ↩︎ - Se considera como un ente militar debido a que sus dirigentes son militares y a que constitucionalmente ya es parte de la Sedena, aunque se clasifiquen sus recursos dentro de la SSyPC. ↩︎
- Calculado promediando el porcentaje del Fortamun destinado a Seguridad Pública contenido en las siguientes auditorías:
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018b/Documentos/Auditorias/2018_MR-FORTAMUN_a.pdf
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019c/Documentos/Auditorias/MR-FORTAMUN-DF_a.pdf
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2020c/Documentos/Auditorias/MR-FORTAMUNDF_a.pd
fhttps://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2021b/Documentos/Auditorias/MR-FORTAMUNDF_a.pdf ↩︎ - Información obtenida de la Cuenta Pública de Mexicali 2022 disponible en https://www.mexicali.gob.mx/24/finanzas/programacion%20y%20destino%20anual/FORTAMUN%202022.pdf ↩︎
- Obtenido del Informe del destino del Fortamun 2023 del Ayuntamiento de Monterrey, disponible en: https://www.monterrey.gob.mx/pdf/dictamenes_cabildo/2023/Dictamen_referente_a_la_Asignacion_de_Recursos_del_Fondo_de_Aportaciones_para_el_Fortalecimiento_de_los_Municipios_y_de_las_Demarcaciones.pdf ↩︎
- Reglas de Operación Subsemun 2015. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5378563&fecha=15/01/2015#gsc.tab=0 ↩︎
- El Mando Único Policial fue una estrategia propuesta en México con el objetivo de centralizar y unificar el control de las fuerzas policiales municipales bajo un mando estatal. ↩︎
- ASF (2022). Auditoría De Cumplimiento Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar. Recuperado de: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2022c/Documentos/Auditorias/2022_0337_a.pdf ↩︎
- Según el Artículo 57 de la Constitución Política del estado de Jalisco, el Poder Judicial del estado debe contar con por lo menos el 2% del presupuesto estatal. Recuperado de: https://congresoweb.congresojal.gob.mx/bibliotecavirtual/legislacion/Constituci%C3%B3n/Documentos_PDF-Constituci%C3%B3n/Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20del%20Estado%20de%20Jalisco-160823.pdf ↩︎