Gasto en salud en el PEF 2024: se profundiza la inequidad
Para 2024 se promete un gasto federal en salud de 962 mmdp. Se trata de un aumento de 5.8% (53 mmdp) en comparación con lo aprobado para este año. Se alcanzaría así el mayor monto de la historia, pero no festejemos todavía: las personas sin seguridad social recibirían la menor parte de ese aumento, y se mantiene la posibilidad de simular el gasto a través de fideicomisos.
El presupuesto de las instituciones que atienden a los sectores más desfavorecidos, como la SSA o el IMSS-Bienestar, crecerá 2.2% (8 mmdp) frente a 2023, pero los recursos del IMSS, ISSSTE, Sedena y Marina, que atienden a la población asegurada, aumentarán 7.8% (45 mmdp). Este crecimiento dispar provocará que el gasto en salud orientado a las personas con seguridad social sea 68% mayor frente al de las no aseguradas. Se trata de la mayor brecha desde 2007.
Medido en términos per cápita, el gasto por paciente en las instituciones de la seguridad social será de 28,925 pesos, 57% superior al gasto por paciente de las personas que potencialmente se atienden en la SSA o IMSS-Bienestar (15,507 pesos).
Además, se mantiene el riesgo de simulación del gasto precisamente destinado a la población más desfavorecida. En 2021 y 2022 identificamos que el Insabi mandó recursos al Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), y luego los regresó a la Tesofe, perdiendo su trazabilidad en el camino; es decir, se simuló el gasto en salud. Pues bien, para 2024 se mantendrá la obligación de que el Fonsabi, ahora gestionado por el IMSS-Bienestar, mande recursos a la Tesofe, y con ella la posibilidad de inflar el gasto en salud.
Con esta perspectiva, la ‘apuesta oficial’ por garantizar el derecho humano a la salud para toda la población luce como un despropósito. El IMSS-Bienestar contará con 128.6 mmdp, 14.5% (16 mmdp) más de lo que tuvo el Insabi (su antecesor) en 2023, pero tendrá menos recursos frente a lo gastado en 2021 y 2022.
Te contamos la historia detrás de la promesa de acceso universal a la salud.
La antesala de la simulación
En 2020, con todo y pandemia de covid-19, el Gobierno prometió un gasto en salud histórico para el presupuesto 2021, y posteriormente para el presupuesto 2022. Las mayores promesas se hicieron para los sistemas de salud que atienden a personas sin seguridad social, y si bien en las cifras oficiales los objetivos se cumplieron, en realidad el gasto se infló a golpe de transferencias a fideicomisos, que luego regresaron a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Si no tomamos en cuenta estos esquemas de transferencias, en realidad no hubo mejora frente al sexenio pasado.
En 2021, el Insabi realizó transferencias al Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) por 64.4 mmdp[1], los cuales fueron contabilizados como gasto efectivo en salud. Sin embargo, ese mismo año el Fonsabi regresó a la Tesofe 101 mmdp, con lo que se perdió el registro de los recursos (es decir, es imposible saber si se gastaron en salud). Luego, en 2022 el Insabi transfirió 49 mmdp al Fonsabi, que le ‘regresó’ 72 mmdp a la Tesofe. Es decir, por dos años consecutivos el gasto en salud estuvo inflado.
Como lo explicamos en nuestro análisis “El ocaso del Fonsabi”, este fondo dejó de usarse para atender enfermedades catastróficas e invertir en infraestructura. Vale la pena apuntar que en 2022 sólo el 3.4% de los gastos a partir de este instrumento se orientaron a cumplir con su misión, y el 91.9% fueron transferencias a la Tesofe.
Con la desaparición del Insabi a mediados de 2023, no desaparece el Fonsabi: será administrado por el IMSS-Bienestar. Sin embargo, se mantendrá el marco legal que permite la simulación del gasto.
Revisemos ese marco. Desde noviembre de 2019, en la Ley General de Salud (LGS) se establece en el artículo 77 bis 17 que “cuando el Fondo acumule recursos en un monto superior a dos veces la suma aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 como aportaciones al Fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar (32 mmdp), el remanente podrá (énfasis añadido por nosotros) destinarse a fortalecer acciones en materia de salud a través del reintegro de recursos correspondiente a la Tesorería de la Federación”.
Por otra parte, en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2021, 2022 y 2023, mediante artículos transitorios, se ha establecido la obligación de que el Fonsabi transfiera recursos a la Tesofe. En 2022 y 2023 se instruyó que todo el remanente fuera depositado en la Tesofe, salvo que la SHCP autorizara lo contrario. Esta misma disposición se contempla en la LIF 2024, en el décimo cuarto transitorio.
Es urgente que el Congreso elimine este artículo de la LIF 2024, ya que se presta a la simulación. No hay ninguna necesidad de regresar recursos a la Tesofe para después posiblemente gastarlos en salud. El gasto en la materia debe ser transparente y verificable.
Todavía hay una sospecha más en torno a las promesas de incrementar el gasto: siempre se puede recortar el gasto aprobado en salud a lo largo del año. Y es que en 2023 también se prometió el mayor gasto funcional en salud de la historia; no obstante, al mes de julio se colocó en 373 mmdp , 5% (19 mmdp) por debajo de lo visto en 2022 y por debajo también de 2018, 2022 o 2021, en el mismo periodo. Esto se debe a los distintos recortes que se hicieron en distintos programas (y que hemos detallado), lo que provocó que el avance del gasto anual a julio fuera de sólo 43%, el peor desde la crisis de 2009.
Así, en 2024 los ingresos bien pueden quedarse por debajo de lo estimado, o el Gobierno puede verse tentado a recortar el gasto en salud, como lo ha hecho en 2023, para no superar su ya holgado margen de deuda.
La promesa en salud de 2024
Para 2024 se promete un gasto federal en salud de 962 mmdp, el mayor monto registrado. Representaría un aumento de 5.8% (53 mmdp) frente a 2023, o de 27% (203 mmdp) frente al cierre del sexenio anterior, en 2018. Si se logra este aumento, la evolución del gasto en salud será mejor que con Peña Nieto, cuando los recursos cayeron 0.2% frente al cierre del sexenio de Calderón, a causa de las medidas de austeridad aplicadas a partir de 2017. No obstante, el aumento del gasto en salud de AMLO sería menor al logrado por Calderón (35%) o al de Fox (32%).
Por otro lado, y como hemos visto, es posible que el gasto efectivo en salud sea inferior, si hay transferencias. De 2020 a 2022 se han ‘regresado’ 66 mmdp a la Tesofe. Si se mantiene esta tendencia en 2024, el gasto real en salud sería de sólo 896 mmdp, un aumento de 18% (137 mmdp) frente al cierre del sexenio pasado.
A esto hay que sumarle otra consideración. A partir del presupuesto 2023 detectamos que se comenzaron a presupuestar recursos en el capítulo 7000 (“Inversiones financieras”), situación que no había sucedido antes. Al igual que las transferencias a fideicomisos, las inversiones financieras son opacas, y es difícil conocer su impacto en la prestación de servicios públicos. Estos recursos bien podrían depositarse en el Fonsabi y luego ser ‘sacados’ a la Tesofe, o simplemente no gastarse. Si descontamos estos recursos, el gasto en salud llegaría a 920 mmdp, un 21% (160 mmdp) por arriba de 2018.
En cualquier caso, hay que advertir que el crecimiento del gasto funcional en salud se da principalmente en el IMSS, que atiende a personas aseguradas. El presupuesto del instituto llegará a 455 mmdp, un aumento de 9.7%, lo que representa 40.4 mmdp adicionales. Es decir, de los 53 mmdp de gasto extra en salud frente a 2023, el 76% será para el IMSS.
La Secretaría de Salud tendrá un presupuesto de 87 mmdp, 58% (123.3 mmdp) menos que en 2023, debido a la desaparición del Insabi. Su sustituto, el IMSS-Bienestar, estará asignado a las Entidades no sectorizadas (Ramo 47), y contará con 127 mmdp. Es decir, el nuevo organismo público descentralizado contará con apenas 4 mmdp más que su antecesor. Visto de otro modo, sólo el 7% del incremento del gasto en salud se debe al mayor presupuesto asignado al IMSS-Bienestar.
En el caso del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), que transfiere recursos a las entidades para atender a personas sin seguridad social, se propone un gasto de 131 mmdp, lo que supone apenas un crecimiento de 3% o 4 mmdp. Es decir, del total del incremento en salud, un 7% provendrá de este componente.
También se destaca el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Social, el Ramo 19, el cual tendrá un gasto de 74.2 mmdp o 17% (11 mmdp) más que en 2023, lo que explica el 20.7% del incremento total en salud. Dentro de este ramo hay gasto que se destina a las personas sin seguridad social, contabilizado como el del programa IMSS-Bienestar (no confundir con el presupuesto del recién creado organismo público descentralizado). El presupuesto de este programa se mantiene sin cambios frente a 2023, como expondremos más adelante. El otro componente del Ramo 19 va dirigido a personas con seguridad social, en conceptos como apoyos financieros al IMSS e ISSSTE e, incluso, gasto en pensiones[2]. Es decir, el aumento de este ramo va mayormente para las personas aseguradas.
Finalmente, se destaca una caída de 9.2% (7.7 mmdp) en el presupuesto del ISSSTE, para colocarse en 76.3 mmdp en 2024. Por su parte, Pemex tendrá un presupuesto de 19.3 mmdp en su programa de Servicios Médicos[3], 0.3% (50 mdp) menos que en 2023. En otras palabras, no todos los sistemas para asegurados tienen ganancias; más bien, éstas se concentran en el IMSS.
Como porcentaje del PIB, el presupuesto en salud asciende a 2.8%, lo que representaría el segundo monto más alto de todo el sexenio, ligeramente por debajo del observado durante la pandemia (2.84%). Si descontamos las transferencias a la Tesofe, entonces el gasto en salud desciende a 2.63%, nivel que aún se encuentra muy lejos de representar el 6.0% del PIB que, de acuerdo con la OMS, debe gastar un país en su sistema de salud público. Para alcanzar el nivel de 6% del PIB, sería necesario destinar al sector salud 2 billones de pesos adicionales.
Aquí la pregunta relevante es si el dinero que se piensa gastar es suficiente para cubrir la demanda de los servicios de la salud. Podemos explorar una respuesta mediante el análisis del gasto per cápita en salud respecto de la población total que registra la Conapo.
Si consideramos que el objetivo del Gobierno es brindar servicios de salud a toda la población, y tomando el Presupuesto 2024, el Gobierno gastaría 7,276 pesos por persona para el siguiente año, lo cual representa un crecimiento real de 4.9% (338 pesos) respecto a 2023, y un aumento de 20.8% (1,254 pesos) respecto a 2018. Sin embargo, cuando en el cálculo incluimos las esperadas transferencias a la Tesofe, entonces el gasto per cápita en salud efectivo sería de 6,844 pesos, con un crecimiento de 5.6% (362 pesos) frente al año pasado, y de 13.6% (822 pesos) respecto a 2018.
Ahora bien, si analizamos cuánto se gastó en promedio durante el sexenio, el gasto per cápita en salud acumularía 6,207 pesos por persona, tomando en cuenta las posibles transferencias a la Tesofe. En el sexenio pasado el gasto per cápita en salud promedió 6,314 pesos. Así, en este sexenio el gasto por persona bien podría acabar siendo inferior al observado en el pasado.
Entonces, ¿en este sexenio ha aumentado o no el gasto per cápita en salud? Algo queda claro: los 128 millones de habitantes no se atienden todos en las instituciones públicas de salud. Por ello, una forma más efectiva de analizar si el dinero que se destina a salud es suficiente es tomando como dato a las personas que realmente se atienden en el sistema de salud pública, que se puede estimar a partir de la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH).
Considerando a las personas que realmente se atienden en los servicios de salud pública (38.8 millones de usuarios), y con el Presupuesto 2024, el Gobierno estaría gastando 27,174 pesos por persona, lo cual representaría un incremento de 5.5% (1,406 pesos) con respecto al gasto per cápita en salud de 2022 (tomando en cuenta también el número real de personas que acuden a la salud pública), y un crecimiento de 48% (8,765 pesos) respecto a 2018. Ahora, si descontamos las posibles transferencias a la Tesofe, el gasto per cápita en salud efectivo sería de 25,486 pesos, lo que representaría un crecimiento real de 7.9% (1,858 pesos) respecto a 2022, y un aumento de 38.4% (7,077 pesos) respecto a 2018.
Esto parecerían buenas noticias. Sin embargo, este incremento en el gasto de salud por persona es resultado de que cada vez hay menos personas que se atienden en el sistema de salud pública y cada vez más que recurren al sector privado, como lo hemos explicado anteriormente. ¡Les toca más a menos personas! Entre 2022 y 2018 el número de personas que se atienden en el sistema público de salud cayó 16%. O sea, el pastel se reparte entre menos personas.
Si en 2024 se atendiera a las mismas personas que en 2018, el gasto per cápita sería de 22,309 pesos por persona, una variación de -13.4% (-3,459 pesos) frente a 2022 o apenas un aumento de 21.2% (3,900) frente a 2018. Si descontamos las posibles transferencias a la Tesofe, entonces el gasto per cápita sería de 20,923 pesos por persona, lo que implicaría una caída de -11.4% (-2,705 pesos) frente a 2022 o una subida mínima de 13.7% (2,514 pesos) frente a 2018.
Salud para dos clases de ciudadanía
Para evaluar el cumplimiento de la justicia social que conlleva el gasto en salud conviene dividir los recursos destinados para las personas con y sin seguridad social formal.
- El gasto para las personas sin seguridad social se refiere a los recursos de la Secretaría de Salud, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), el programa IMSS-Bienestar del Ramo 19 (antes IMSS-Prospera) y los recursos del órgano descentralizado IMSS-Bienestar dentro del Ramo 47.
- El gasto de personas con seguridad social se refiere a los recursos del IMSS, ISSSTE, Sedena, Marina y el Ramo 19, sin contar el programa IMSS-Bienestar. De forma oficial, el gasto de Pemex no se considera, pues su programa de Servicios Médicos no está catalogado como gasto en salud, pero debe considerarse.
Con esta distinción, se tiene que para 2024 el gasto en salud para las personas sin seguridad social llegará a 367 mmdp, 2.2% (8 mmdp) por arriba del aprobado en 2023, o 24% (70 mmdp) superior al de 2018. En comparativa sexenal, Peña Nieto disminuyó este gasto en 4% al cierre de su sexenio frente al fin del sexenio de Calderón, mientras que con esta misma métrica, Calderón tuvo un incremento de 43% frente al cierre del sexenio de Fox, mientras que éste último aumentó el gasto en 67% frente a lo heredado por Zedillo, gracias a la creación del Seguro Popular. En otras palabras, la herencia de AMLO en materia de presupuesto en salud de las personas más vulnerables será minúscula frente a dos de los tres últimos sexenios.
Por otro lado, hay que considerar el hecho de que la simulación del gasto en salud, a través de transferencias a la Tesofe, se realiza en los sistemas que atienden a personas sin seguridad social. Si en 2024 se transfieren 66 mmdp del Fonsabi a la Tesofe, como ha sucedido en promedio en los últimos años, el gasto efectivo en salud para las personas sin seguridad social quedaría en 301 mmdp, un aumento de apenas 1% (4 mmdp) frente a 2018.
Por su parte, el gasto en salud para las personas con seguridad social será de 615 mmdp, 7.8% (40 mmdp) mayor al aprobado en 2023 o 30% (141 mmdp) mayor al de 2018. Este incremento supera por mucho al logrado durante el sexenio de Peña Nieto (3%), Calderón (17%) o Fox (20%). No obstante, si se descuentan las referidas transferencias financieras, el crecimiento del gasto para 2024 sólo sería 19% (90 mmdp) mayor al de 2018, en línea con lo logrado por Calderón y Fox. En cualquier caso, si alguien se ha beneficiado de un mayor gasto en salud, son las personas con seguridad social, y no aquéllas sin seguridad social formal.
Recapitulemos: si para 2024 el presupuesto para personas con seguridad social será de 615 mmdp, entonces será superior en 68% (248 mmdp) al presupuesto para personas sin seguridad social (367 mmdp). Se trata de la mayor brecha entre sistemas desde 2007, cuando la distancia era de 79%. Y si llegara a haber una salida de recursos a la Tesofe, la brecha alcanzaría el 98%, la segunda mayor desde 2005, después de la observada en 2021 (111%), cuando hubo salidas de más de 100 mmdp del Fonsabi a la Tesofe.
Esta brecha también se hace presente en el gasto per cápita. Para observarla, segmentamos a las personas con y sin seguridad social[4] a partir de los datos de la ENIGH, atendiendo a la institución en la que son atendidas: IMSS, ISSSTE, Pemex, Defensa, Marina y el DIF por un lado, e IMSS-Bienestar, Secretaría de Salud (que incluye al Insabi) por el otro.
Con el Proyecto de Presupuesto 2024 el gasto per cápita en cuanto a la población con seguridad social sería de 29,799 pesos por persona, mientras que para la no asegurada sería de 27,772 pesos: una brecha de 6.8% o 2,027 pesos por persona.
De nuevo, la brecha es mayor si consideramos las hipotéticas transferencias a la Tesofe: para la población sin seguridad social bajaría a 23,444 pesos por persona (la brecha alcanzaría los 6,355 pesos, o 27% más). En 2018 la brecha era de 7,743 pesos por persona o 52% más, por lo que parece que hay una mejora.
Sin embargo, todavía hay un dato más a tomar en cuenta, al medir la brecha: la privatización de facto del sistema de salud. Y es que el número de personas sin seguridad social que se atienden en el sector público ha caído de manera drástica: en 2018 fueron 19.1 millones, para caer a 11.8 millones en 2022. O sea, el presupuesto en salud es utilizado para atender a cada vez a menos personas.
Si las instituciones de salud pública siguieran atendiendo al mismo número de personas que no cuentan con seguridad social que en 2018, la brecha en el gasto per cápita en salud se incrementaría de manera drástica: una persona con seguridad social estaría ‘recibiendo’ 28,295 pesos, mientras que una sin seguridad social recibiría 18,307 pesos; esto es, una brecha de 54.6% o 9,988 pesos por persona.
La brecha entre los dos tipos de usuarios del sistema de salud pública también se refleja en las inequidades que existen en el presupuesto asignado a las distintas instituciones. Una forma de verlo: el gasto per cápita en salud para los asegurados de Pemex[5] sería de 43 mil pesos para 2024, mientras que los usuarios del IMSS-Bienestar recibirían per cápita 22 mil pesos. Esto es, en el PEF 2024 el gasto por persona que realizaría el IMSS-Bienestar sería 21 mil pesos inferior al que ejercería Pemex.
Esta brecha la medimos considerando a la población que se atendió en 2022 (es decir, tomando como factor la mencionada privatización del sistema de salud). Pero, de nuevo, ¿qué pasaría en un escenario en el que las personas siguieran acudiendo como en el pasado reciente al sistema público? De nuevo, la brecha del gasto per cápita y por institución se ampliaría de manera importante. El caso más notorio es el de la Secretaría de Salud. Considerando a la población que se atendió en ella en 2018, el gasto per cápita cae en el PEF 2023 de 28 mil pesos, a 18 mil pesos por persona, y si descontamos las posibles transferencias a la Tesofe, caería hasta los 8 mil pesos por persona, una brecha de 81% o 34,000 pesos por persona frente al gasto de Pemex.
Lo que estamos viendo es que aun con el incremento el gasto en salud no alcanzaría para tener un sistema público universal, ni mucho menos para cerrar las inequidades existentes. El Gobierno, simplemente, no cuenta con los recursos suficientes como para atender la salud de una población creciente.
Del Seguro Popular al Insabi y ahora al IMSS-Bienestar
En 2020 se desmanteló el Seguro Popular, para ser sustituido por el Insabi. El proyecto duró muy poco, y a mediados de 2023 se decretó la desaparición del Insabi para ser sustituido por el IMSS-Bienestar. Aunque hay una ligera mejoría en términos del monto de los recursos, la nueva apuesta no luce ganadora.
Veamos. En 2024 el IMSS-Bienestar contará con 127 mmdp, 13.7% (15 mmdp) más que el Insabi en 2023, pero inferior a lo logrado por el Seguro Popular en 2013. Además, recordemos, se mantiene la instrucción de regresar recursos del Fonsabi a la Tesofe. Si el siguiente año se simula un gasto de alrededor de 56 a 66 mmdp[6] a través de transferencias al Fonsabi, el gasto efectivo del IMSS-Bienestar sería de casi la mitad del ejercido en cualquiera de los años del Seguro Popular durante el sexenio pasado.
Otra situación interesante en la transición del Insabi al IMSS-Bienestar es que el programa de Atención a la Salud desaparece, y es sustituido por el programa de Atención a la Salud para Personas sin Seguridad Social, el cual, de momento, no cuenta con Reglas de Operación (ROP). Es posible que se publiquen las ROP en los siguientes meses; sin embargo, el hecho de que no existan aún entorpecen la evaluación del programa y su gobernanza misma.
Si tomamos a su población objetivo de 71 millones de personas[7], obtenemos que el gasto per cápita del IMSS-Bienestar será de 1,812 pesos en 2024, una reducción de 4% (77 pesos) frente al último año del Seguro Popular, o de 27% (654 pesos) frente al máximo de 2012. Como lo explicamos anteriormente, con la creación del Insabi se dejó de asignar un presupuesto en función del número de afiliados, lo que ha repercutido en un menor presupuesto per cápita.
Cabe destacar que el gasto per cápita del IMSS-Bienestar podría aumentar hasta los 5,163 pesos si se consideran las Transferencias Federales en Salud para las personas sin seguridad social. Sin embargo, no todas las entidades participan en el programa del IMSS-Bienestar; es decir, no han cedido la administración de estos recursos al Gobierno federal. En cualquier caso, el gasto por afiliado (o población objetivo) del IMSS-Bienestar será inferior a los 6 mil pesos del IMSS.
El Fonsabi: la caja chica
El Fondo de Salud para el Bienestar corre el riesgo de desaparecer con la transición hacia el IMSS-Bienestar. Al segundo trimestre de 2023, el Fonsabi contaba con 33.6 mmdp, una reducción de 58% (46 mmdp) frente al primer trimestre de 2023, o de 71% (82 mmdp) respecto del cierre de 2018. Es previsible que este fideicomiso reciba más recursos al cierre de 2023 (para simular gasto en salud), pero dichos recursos saldrán hacia la Tesofe a inicios de 2024, como ha sucedido en el pasado.
De cualquier forma, salen más recursos de los que entran. De 2010 a 2018, los ingresos trimestrales del Fonsabi* promediaron 5.9 mmdp, y sus salidas 3.8 mmdp. En lo que va del actual sexenio los ingresos promedian 9.6 mmdp (63% más), pero las salidas 18.1 mmdp (368% más). De continuar con este ritmo, el Fonsabi podría quedar agotado para el siguiente sexenio, y el costo de recuperar un fondeo para enfermedades catastróficas sería aún mayor.
La brecha también se amplía en atención
En el sexenio se ha abierto la brecha de consultas para las personas aseguradas y no aseguradas. Se espera que para el cierre de 2023 ésta ascienda a 71.3 millones de consultas, o 87.8% más (a favor de las aseguradas, claro). En 2018, esta brecha era de 41.6 millones de consultas, o 32.8% más.
Está claro que tanto las consultas para las personas aseguradas como para las no aseguradas han caído. Sin embargo, lo ha hecho en mayor medida para este último grupo. Se estima que para el cierre de 2023 el número de consultas de la población que no está asegurada caiga 36% (45.5 millones) frente a 2018, mientras que para la población asegurada caerá 9% (15.8 millones).
Esto también es reflejo de la mencionada privatización de facto del sector salud. Y es que con la extinción del Seguro Popular y la muerte prematura del Insabi, millones de personas sin seguridad social se han visto obligadas a buscar atención médica en el sector privado.
Revisemos con mayor detalle: el número de consultas que ha dado el Insabi, el cual tiene como población objetivo a las personas sin seguridad social, ha caído drásticamente durante el sexenio: entre 2018 y 2023, habrán disminuido 73.6% (31.9 millones de consultas).
Y esta caída es todavía mayor para la gente sana (previsión), con 85% menos consultas (10.9 millones) que en 2018. Las consultas para enfermedades crónico-degenerativas mostraron una caída de 62.7% (4,790 millones de consultas).
Crece el gasto en medicamentos (para los asegurados)
Con la propuesta de Presupuesto 2024, el gasto en medicamentos estaría creciendo más en las instituciones destinadas a atender a los asegurados, mientras que este presupuesto orientado a las personas sin seguridad social presenta un tejerazo.
El presupuesto en medicamentos del IMSS tendría un crecimiento real de 25% (17.8 mmdp), mientras que el de la Secretaría de Salud sufriría un recorte de 11% (2.3 mmdp). Por otro lado, para el IMSS-Bienestar se le está asignando un presupuesto de sólo 0.6 millones de pesos para medicamentos, insuficiente para compensar la caída en la SSA.
Si sumamos el gasto en medicamentos para las instituciones que atienden a personas sin seguridad social, obtenemos 19.5 mmdp para 2024, lo que representa tan sólo el 15% del presupuesto total para medicamentos. Hay que tener en cuenta que la Secretaría de Salud es la segunda institución pública con mayores usuarios. En 2022, el 35.5% (11.8 millones de personas) de los usuarios de los servicios de salud pública se atendieron en esta secretaría. En efecto, el reparto del presupuesto en medicamentos no es acorde a la cantidad de usuarios.
Aumentará la inversión: sólo para el IMSS
Finalmente, se propone que el gasto en inversión física para salud ascienda a 33.7 mmdp, lo que representa un crecimiento real de 5.5% (1.75 mmdp) frente al monto aprobado para 2023. Éste sería el monto de inversión en salud más alto en la última década. Si bien es algo positivo que se incremente la inversión, vemos de nuevo que se hace de manera inequitativa.
Y es que el incremento de la inversión se explica por un aumento de 50% (7.2 mmdp) en inversión para el IMSS frente a 2023, y es a costa del gasto en inversión física para la Secretaría de Salud, pues se le propone un recorte de 75% (5.4 mmdp). ¿Y al IMSS-Bienestar? Se le está presupuestando un gasto de 2.4 mmdp para inversión física, monto que difícilmente compensará la caída de la inversión física en el resto de instituciones que cubren a las personas sin seguridad social.
Y no para allí la caída. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y el Quinto Informe de Gobierno, en 2023 la Secretaría de Salud contará con 972 unidades de salud menos con respecto a 2018. En efecto, el tijerazo a su gasto de inversión contribuirá a la disminución de infraestructura para atender a las personas sin seguridad social.
[1] Datos en miles de millones de pesos de 2024.
[2] Nos referimos al programa de “Cuota correspondiente de los haberes de retiro y pensiones”, que es transferido a las Fuerzas Armadas para apoyar a sus sistema de pensiones. Es posible que estos recursos se utilicen para dar atención en salud a los militares.
[3] El programa de Servicios Médicos de Pemex no está clasificado como gasto funcional en Salud, sino como gasto en Combustibles y Energía. Es necesario hacer esta precisión para conocer el gasto efectivo de las personas con seguridad social.
[4] Mediante la ENIGH detectamos para 2018 21.3 millones con seguridad social; 19.2 millones en 2020 y 20.6 millones en 2022. Para 2024 mantenemos la población de 2022. En el caso de personas sin seguridad social, identificamos 19.1 millones en 2018, 12.8 millones en 2020 y 11.8 millones en 2022. Asumimos el mismo nivel de 2022 para 2024.
[5] Se consideran como asegurados a las personas que estuvieron afiliadas y que utilizaron el servicio médico, lo que puede ayudar considerar a las personas que no están aseguradas pero que utilizan el servicio médico.
[6] La estimación de 56 mmdp corresponde a las transferencias a fideicomisos del Insabi al Fonsabi realizadas entre 2020 y 2022, las cuales no se destinaron a salud. La estimación de 66 mmdp corresponde a las salidas del Fonsabi hacia la Tesofe entre 2020 y 2022. Al ser las salidas del Fonsabi mayores a sus entradas, se tiene un desahorro en el capital disponible para atender el gasto en salud.
[7] Corresponde a la población objetivo más reciente del Insabi, ya que el IMSS-Bienestar no define una población objetivo en millones de personas.