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Etiqueta: Paquete Económico 2026

¿Qué pasa con el sistema de cuidados en el Presupuesto 2026?

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2026.

En 2026 se creará el Anexo 31: “Consolidación de una Sociedad de Cuidados”. De cada 100 pesos 64 serán de transferencias universales, 29 de programas de salud y sólo 5.1 pesos de programas que sí cumplen con los criterios para ser considerados de cuidados. 

En México, las mujeres destinan el 64.8% del tiempo en tareas de trabajo no remunerado que implican labores de cuidado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1. De hecho, 75.1% de las mujeres de 15 años en adelante asisten a otras personas del hogar en situación de vulnerabilidad. Además, 58.3 millones de personas en nuestro país son susceptibles de recibir cuidados en los hogares, lo que evidencia la magnitud del desafío que enfrentan las familias2. 

Por su parte, de acuerdo a un estudio de 2019 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los costos anuales de cuidado por etapa de vida muestran diferencias significativas en nuestro país. Mientras que para una persona de 90 años sumaban 14,709 pesos, en la primera infancia este monto ascendía a 25,309 pesos dado que los menores de edad requieren mayor intensidad de cuidados3.

De mantenerse las condiciones actuales, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que, a nivel global, 12.5 mil millones de horas de trabajo no remunerado serán desempeñadas predominantemente por mujeres4. 

Por estos motivos, un sistema de cuidados robusto es en realidad una inversión. Por un lado, se traduce en un retorno económico a través de la ampliación de la participación laboral femenina. Por el otro, contribuye a la autonomía económica de las mujeres y combate las desigualdades estructurales.

El adecuado diseño de un sistema de cuidados debe garantizar no solamente el bienestar de las personas que requieren asistencia. También necesita reconocer el valor de quienes desarrollan estas tareas: esa mayoría femenina. Además, implica generar corresponsabilidad entre la población masculina y el Estado para disminuir la carga que cae sobre las mujeres, en especial las jefas de hogar. 

México dio un primer paso hacia la institucionalización de los cuidados con la reforma al artículo 4 constitucional en 2020. Con él, se reconoció formalmente el Sistema Nacional de Cuidados, sin embargo, aún continúa en desarrollo. A pesar de los diversos programas públicos orientados a las tareas de atención a la población infantil, siguen siendo insuficientes las acciones que podrían contribuir a aligerar la carga de las mujeres. 

El nuevo Anexo 31

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026, se asigna por primera vez una dotación a un sistema de cuidados, con un monto de 466.8 mil millones de pesos (mmdp)5, equivalente al 1.2% del producto interno bruto (PIB). Se trata del Anexo 31: “Consolidación de una Sociedad de Cuidados”. De acuerdo con el PPEF 2026, su propósito es impulsar “una sociedad de cuidados con perspectiva de género, interseccional, intercultural e intergeneracional, promoviendo el reconocimiento, redistribución y reducción de los trabajos domésticos, y de cuidados, con corresponsabilidad entre familias, el Estado, la comunidad y el sector privado”.6

Para evaluar si este nuevo anexo cumple con su objetivo, es clave precisar qué entendemos por un sistema o sociedad de cuidados. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lo define como el conjunto de trabajos vinculados a la producción de bienes y servicios esenciales para la vida, desde la preparación de alimentos y el apoyo físico y emocional, hasta la transmisión de conocimientos y valores. Este trabajo enfatiza la interdependencia entre quienes reciben asistencia y quienes la proveen, y debe comprenderse como el derecho a cuidar, a ser cuidado, a no cuidar y a autocuidarse7.

Sin embargo, un rápido análisis muestra que el Anexo 31 se trata en realidad de una reclasificación de recursos existentes en los programas de transferencias, ahora dispuestos bajo un nuevo anexo transversal8. En la práctica, agrupa recursos de programas previos que pertenecen a distintos sectores —salud, educación, desarrollo social e infraestructura— bajo la premisa de compartir un objetivo común: reconocer el cuidado como un derecho y una responsabilidad compartida. 

A pesar de estar integrado con recursos provenientes de 20 ramos administrativos, el 97.6% del capital proviene de sólo tres: Secretaría de Educación Pública (SEP), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el IMSS Bienestar. En su diseño se establecen 48 programas presupuestarios, pero el 81.3% de los recursos se concentra en la Beca Rita Cetina (129.4 mmdp), los Servicios de Atención a la Salud (126.9 mmdp) y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (123.3 mmdp). 

De hecho, de cada 100 pesos del anexo, 64 pesos provienen de transferencias universales9, 29 pesos pertenecen a programas enfocados a la salud10 y sólo 5.1 pesos emanan de programas que a nuestro parecer sí cumplen con los criterios para ser considerados de cuidados: Servicios de Guardería del IMSS, Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, de la Secretaría del Bienestar. 

La realidad es que el Anexo 31 también incluye programas muy diversos y conceptualmente muy alejados de una definición incluso amplia de los cuidados: desde desarrollo forestal sustentable y caminos artesanales11, hasta servicios de producción y transmisión de materiales radiofónicos o la planeación demográfica del país. Hay que aclarar que estos programas suman sólo 6 centavos de cada 100 pesos del anexo. 

Históricamente, la integración de los anexos transversales suele carecer de criterios claros que regulen su inclusión, continuidad o desaparición. Como lo señaló un análisis aplicado a otros anexos presupuestales del ejercicio 2025 del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la conformación de tales anexos depende, en la práctica, de factores discrecionales —entre ellos, la disponibilidad presupuestaria y las prioridades políticas del momento—. Tampoco se tiene la costumbre de definir criterios que aseguren su alineación real con las metas de desarrollo o con los objetivos declarados del propio anexo12. 

El mismo documento del Coneval señala que, ya en 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había publicado los lineamientos para la integración de los anexos transversales. En ellos se justificaba que diversos programas podían contribuir a objetivos específicos, pero nunca se establecieron mecanismos para verificar dicha contribución. A marzo de 2025, estos lineamientos no se habían actualizado. Esta situación parece repetirse con la creación del Anexo 31. 

El único anexo que cuenta con una metodología diseñada por la SHCP y el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es el Anexo 18: “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes”. Esta metodología se actualiza cada año en el documento titulado “Disposiciones para la Programación y Presupuestación”. En la publicación correspondiente para 202613 no se actualiza la metodología del Anexo 18 ni se publica alguna adicional14. 

En suma, los programas que componen el nuevo Anexo 31 pueden contribuir a reducir vulnerabilidades y ampliar derechos sociales. De igual manera, su implementación puede tener efectos indirectos en la provisión de cuidados. No obstante, incorporar esos programas a esta categoría asistencial genera el riesgo de diluir el sentido del cuidado como un derecho específico que requiere servicios e infraestructura dedicados —como estancias infantiles, apoyos para personas con discapacidad o servicios comunitarios—. Además, dificulta el seguimiento puntual de los recursos orientados estrictamente a esta función.

Los cuidados como derecho para unos pocos

En México, desde hace años, existe un sistema de cuidados fragmentado con obstáculos importantes. El principal escollo es un financiamiento insuficiente que impide ampliar la cobertura de servicios de guardería. Actualmente, el sistema recae en tres programas que operan de manera segmentada entre la población con y sin acceso a seguridad social. Esto genera una brecha importante para las mujeres que dedican prioritariamente su tiempo en tareas no remuneradas, cuyo acceso al mercado laboral es limitado y por ende a los programas que requieren de una afiliación a la seguridad social.

Los tres programas que componen el sistema de cuidados son: Servicios de Guardería del IMSS, Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del ISSSTE y el Programa de Bienestar para Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras15. En conjunto, estos programas tuvieron un presupuesto aprobado de 24.1 mmdp en 2025. Para 2026, se proyecta que su presupuesto ascienda a 24.4 mmdp; se trata de un incremento real de apenas 1.03%, que equivalen a 247 millones de pesos (mdp) contra lo aprobado de este año. No obstante, frente al gasto máximo ejercido para este fin en 2016 (27.1 mmdp), el presupuesto para 2026 se mantendrá 10% (2.7 mmdp) por debajo, lo que muestra una década de estancamiento. 

Hay que señalar que los programas específicos para infantes concentran sólo 5.2% del total del Anexo 31. Esta distribución muestra un enfoque poco alineado a las recomendaciones de organismos internacionales sobre la relevancia de la primera etapa educativa tanto para los menores como para las mujeres responsables de su cuidado. 

Brechas entre sistemas 

El gasto por infante proyectado para 2026 revela diferencias significativas entre programas. Éstas se explican por la caída en la cobertura de atención, que incrementa de manera artificial el gasto per cápita.

Mientras que el Programa de Bienestar para Hijos de Madres Trabajadoras proyecta un gasto de 15,125 pesos por infante —el menor gasto per cápita de los tres subsistemas— el Programa de Estancias del ISSSTE alcanzará 177,370 pesos por niña o niño, es decir, casi 12 veces más que el programa de la Secretaría del Bienestar, para personas sin seguridad social formal. Asimismo, el gasto por cada menor en el ISSSTE será dos veces superior al de las guarderías del IMSS (85,106 pesos), lo que muestra las disparidades incluso para la población asegurada. 

En una perspectiva histórica, el ISSSTE alcanzará su mayor gasto por infante en 202616, el programa de la Secretaría del Bienestar el mayor desde su creación en 2019 y aquel del IMSS se mantendrá estable. La aparente alza en el gasto del ISSSTE no obedece a una mayor inversión en servicios, sino a una drástica reducción en el número de niñas y niños atendidos desde 2019 (una reducción de 36.5% de infantes atendidos) al pasar de 35.4 mil a 22.5 mil en junio de 202517. Es decir, el presupuesto se distribuye entre una población beneficiaria mucho menor, lo que eleva artificialmente el costo per cápita.

De manera similar, en junio de 2025 el Programa para Madres Trabajadoras presentó una caída en la atención de 26.8% (299 mil a 218 mil) en comparación con 2024. Si se compara frente al número de niñas y niños atendidos al cierre de las Estancias Infantiles de Sedesol en 2018 (310.6 mil), la caída en la atención es del 30%. 

En el caso de las Guarderías del IMSS, el incremento es marginal: de 2.9% de 2024 (195 mil) a junio de 2025 (201 mil), aunque sus indicadores de atención se mantienen por debajo del máximo alcanzado en 2019 cuando se registraron 217.5 mil niñas y niños. En síntesis, el mayor gasto por infante no refleja una mejora en la calidad ni un esfuerzo adicional de inversión, sino una caída importante en el acceso al servicio. 

Infraestructura de cuidados a la baja

En los últimos años, ha declinado la capacidad instalada o infraestructura de cuidados para la niñez en México. La reducción se explica por el cierre de las Estancias Infantiles, la cancelación de contratos con terceros del IMSS y del ISSSTE y la falta de expansión de los sistemas para las personas aseguradas, a lo que se sumó el impacto de la pandemia de COVID-19. Esta contracción ha dejado a miles de familias con menos opciones de acceso a servicios formales de cuidado y educación temprana, generando una mayor presión sobre los hogares y profundizando las desigualdades en el desarrollo infantil.

El caso de las Guarderías del IMSS es emblemático. El sistema enfrenta una presión por la demanda de servicios y, al mismo tiempo, su capacidad instalada se contrae de manera sostenida desde 2019. Aquel año alcanzó el mayor número de guarderías en funcionamiento, con 1,422. En cambio, de acuerdo al informe 2024-2025 que presenta el IMSS ante el Congreso, para  2025 ya sólo quedan 1,275 guarderías, una reducción de 10% o 147 unidades. Paralelamente, el número de niñas y niños atendidos se redujo de 217.5 mil en 2019 a 201.2 mil en 2025, lo que implica una disminución de 7.5% en la cobertura18.

Los servicios de Guarderías del IMSS operan bajo dos modalidades: 1) la prestación directa a través de guarderías propias y 2) la externalización de servicios mediante la contratación de terceros. La reducción en el número de guarderías del IMSS se explica por la finalización de los contratos de los prestadores de servicios privados. Esto ha dado como consecuencia que la capacidad total del sistema pasara de su punto máximo en 2019 con 254.3 mil espacios disponibles a 235.7 mil espacios en 2024.

El presupuesto de los Servicios de Guardería del IMSS será en 2026 de 17.1 mmdp, el mayor monto histórico en términos reales. Sin embargo, no parece viable que esta suma ayude a incrementar la oferta de servicios. Por un lado, del total del presupuesto, sólo el 0.3% (58 mdp) será para inversión física. Por el otro, en todos los años, de 2008 a 2024, se han subejercido recursos de este programa con un promedio anual de 1.4 mmdp. En este contexto, la recuperación de las guarderías privadas o subrogadas sería la opción más viable en el corto plazo. 

El escenario proyectado para 2026 confirma que el problema no radica en la falta de recursos, sino en la pérdida de infraestructura y en la debilidad de los mecanismos de provisión del servicio. De mantenerse esta tendencia, el sistema de guarderías del IMSS corre el riesgo de profundizar la exclusión de mujeres y familias que dependen de estos espacios para conciliar el trabajo con el cuidado.

En el caso del programa de Estancias Infantiles del ISSSTE, su infraestructura ha menguado considerablemente desde 2008. Al igual que el IMSS, la reducción se ha visto impulsada, en gran medida, por la disminución constante en la modalidad de contratos privados. Entre 2016 y 2025 el ISSSTE perdió 26 espacios: pasó de 243 estancias en 2016 a 217 en 2025. La pérdida de capacidad instalada —que impacta en la cobertura del servicio—, es resultado de la concentración de la oferta de prestaciones de cuidado por el Estado, lo que ha restado participación a los privados. Esta caída en la cobertura es generalizada y afecta a los tres esquemas de estancias del ISSSTE: servicios propios (116 guarderías) contratos por terceros (96) y servicios de la sociedad civil (5), que en conjunto suman apenas 217 en operación.

Para el mes de junio de 2025, 22.5 mil niños fueron atendidos: una caída del 39.6% respecto al máximo histórico de 2008 (37.3 mil menores). Asimismo, los recursos asignados al programa para 2026 serán de 4.0 mmdp, en términos reales 7.3% más que en 2025 y equivalentes a 271 mdp adicionales; pero 32% menos (1.9 mmdp) frente al máximo de 2018. 

El abandono de la población sin seguridad social

Por su parte, la atención para la población sin seguridad social también refleja un panorama crítico. El Programa de Bienestar para hijos de madres trabajadoras registró 218.9 mil niños, niñas y adolescentes atendidos a junio 2025, una contracción de 26.8% frente a 2024, lo que se traduce que 80.1 mil menores dejaron de recibir atención. La magnitud del recorte se acentúa al compararlo con su antecesor, el programa de Estancias Infantiles de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol): el presupuesto proyectado es 6.6% menor en comparación con 2018 (1.7 mmdp) y la cobertura se ha reducido en 29.5% (91,649 menores menos). 

El programa de Estancias Infantiles fue el antecedente directo del actual Apoyo a Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Su objetivo era facilitar el acceso y permanencia en el mercado laboral de madres, padres solos y tutores que trabajaban, a través de servicios de cuidado y atención infantil semejantes a los que ofrecen los esquemas de seguridad social.

El programa operaba bajo dos modalidades (llamadas A y B): En la primera, las familias recibían un apoyo directo para cubrir el costo de los servicios de cuidado. Los montos iban de 800 a 1,800 pesos mensuales, dependiendo de la edad del menor (de uno a tres años, y de uno a cinco años en caso de discapacidad). En la segunda, se apoyaba a las personas físicas y morales interesadas en operar estancias infantiles, con el fin de ampliar la oferta de servicios disponibles19.

Con el cambio de administración federal en 2019, este esquema fue sustituido por el programa de Apoyo a Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, que dejó de financiar la Modalidad B —la operación de estancias— para convertirse en transferencias directas a las familias. Ello modificó de manera sustancial el alcance y la forma de provisión de los servicios de cuidado infantil. Esta reorientación no se ha visto acompañada de un incremento presupuestal: la asignación se ha mantenido prácticamente estancada, mientras que la población que demanda estos servicios no ha dejado de crecer. 

La reducción en la cobertura ocurre a pesar de que en 2021 el programa amplió su alcance con la creación de una nueva Modalidad B, dirigida a niñas y niños en situación de orfandad. A la par, la Modalidad A original mantiene el apoyo a hijas e hijos de cero a cuatro años (hasta seis en caso de discapacidad), cuyos tutores trabajan o buscan empleo y no tienen acceso a guarderías del IMSS o ISSSTE. 

La disparidad de los distintos sistemas se acentúa por la forma en que operan: en algunos casos (como el programa de Apoyo a Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras) la demanda crece mientras la infraestructura se reduce, y en otros (como el ISSSTE) el presupuesto aumenta sin que ello se traduzca en mayor cobertura. 

Sin embargo, el panorama resulta aún más complejo para la población sin seguridad social, pues el programa que la atiende ha enfrentado una contracción en su padrón de beneficiarios. Esto responde tanto a una asignación presupuestal limitada y prácticamente estancada, como al cambio de modelo. Anteriormente había un esquema de cuidado infantil centrado en garantizar calidad y acceso a derechos mediante espacios que favorecen el desarrollo de las niñas y los niños, y que al mismo tiempo permiten a madres y cuidadores incorporarse a actividades remuneradas. Actualmente, el enfoque privilegia la entrega de subsidios directos, que son insuficientes para compensar la pérdida de cobertura.

Cobertura insuficiente, impacto limitado

Además de los programas de cuidados específicos del IMSS, ISSSTE y Bienestar, existen programas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que integran funciones similares —ya que financian espacios para el cuidado y estimulación temprana, así como oferta de servicios educativos en zonas rurales marginadas—. Su implementación reduce la pobreza de tiempo de las mujeres e incrementa las oportunidades para que se puedan incorporar al mercado laboral. 

Esta oferta se conforma de dos componentes. El primero es Expansión a la educación inicial. Su objetivo es contribuir a que los niños y niñas de cero a dos años y 11 meses accedan a servicios de educación inicial mediante la ampliación de la cobertura escolarizada y no escolarizada20. El segundo se llama Educación Inicial y Básica Comunitaria. Éste se encarga de brindar servicios educativos a niñas, niños y adolescentes de las comunidades rurales susceptibles de atención por parte del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), y cuyas familias han solicitado el servicio educativo y aceptan su corresponsabilidad21.

En conjunto, estos programas contarán para 2026 con un presupuesto de 3.3 mmdp reales con una reducción de 53.4% en comparación con el aprobado en 2025 (equivalente a 3.8 mmdp menos). Además, en relación a 2015, que fue el mejor año en cuanto al financiamiento a la educación inicial, la caída en 2026 será de 58% (4.6 mmdp). Pese a que a partir de la reforma educativa de 201922, la educación inicial se estableció como obligatoria, desde entonces existe una disparidad entre la norma y su financiamiento. 

Si además de la educación inicial, consideramos los programas de escolarización ampliada, el presupuesto para 2026, será 84.2% menor en términos reales en comparación con 2019 (17.7 mmdp). Esta contracción se explica fundamentalmente por la decisión de eliminar el programa de Escuelas de Tiempo Completo23, que consistía en ampliar las jornadas escolares hasta completar de seis a ocho horas diarias, lo que facilitaba que las madres trabajadoras conciliaran su vida laboral y familiar, además de potenciar sus oportunidades económicas y personales. 

La propuesta de eliminar el programa de Escuelas de Tiempo Completo se sustenta en la idea de transferir los recursos directamente a las sociedades de padres de familia. El objetivo de este cambio es empoderar a las comunidades para que decidan cómo invertir ese capital, eliminando a los intermediarios —que, se argumenta, obstaculizaban que el apoyo llegara efectivamente a los sectores más vulnerables.

La revisión de la oferta programática muestra que se han perdido recursos estratégicos tras la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo, que en 2019 llegó a concentrar más de la mitad de la oferta educativa. Sin embargo, el número de intervenciones se ha mantenido prácticamente sin cambios. La eliminación de este programa también dejó un vacío en la oferta de cuidados y servicios educativos. Su desaparición crea dificultades tanto para la conciliación de los horarios de trabajo de las madres, padres o tutores, como en el desarrollo educativo de los propios infantes.

Lo que se necesita vs. lo que se asigna

Las brechas de género en el sistema de cuidados no sólo son un problema de equidad, también representan un freno al desarrollo económico. Estimaciones de la ONU, apuntan a que cerrar estas brechas requiere de una inversión equivalente al 0.47% del PIB anual durante una década. Este gasto incluye una inversión en cuidados, no sólo infantiles, sino de adultos mayores y personas con discapacidad. 

En apariencia, el presupuesto proyectado para 2026 en el Anexo 31, alcanza el 1.2% del PIB (466.8 mmdp), pero están concentrados en su mayoría en transferencias. Dentro de este monto, la inversión específicamente destinada a cuidado infantil llega apenas al 0.1% del PIB (24.4 mmdp). No hay programas específicos para cuidados de adultos mayores o personas con discapacidad. Si sólo se consideran estos programas de cuidado de las infancias, para lograr la meta establecida por la ONU, el presupuesto efectivo de estos programas debería ser de 195 mmdp cada año, ocho veces más de lo propuesto para 2026, es decir, 171 mmdp adicionales. 

La brecha entre lo necesario y lo asignado revela una subestimación persistente del costo real de la política de cuidados. Mientras no se reconozca y atienda esa diferencia, el Estado seguirá limitado para reducir la sobrecarga que hoy asumen las mujeres y para aprovechar plenamente el potencial económico y social de un sistema nacional de cuidados. 

No es posible consolidar un sistema de cuidados sin haber cimentado previamente sus bases: infraestructura adecuada, marcos normativos sólidos, recursos humanos capacitados y mecanismos de coordinación interinstitucional efectivos. La dispersión actual de programas relacionados con cuidados, evidencia que aún prevalece un enfoque fragmentado que limita el potencial transformador de esta política pública, además de que no se están creando servicios que liberen efectivamente la carga de cuidados en las mujeres. En otras palabras, la problemática persiste sin una solución.

El paradigma del cuidado está experimentando una transformación en el mundo, pues ya no se concibe como una responsabilidad que recae exclusivamente sobre las mujeres, sino que emerge como un modelo de corresponsabilidad familiar y se reconoce como un derecho fundamental que debe garantizarse de manera equilibrada. 

Recomendaciones de política pública

Para mejorar la implementación y uso de los recursos en el Anexo 31, desde México Evalúa advertimos la necesidad de considerar lo siguiente:

  • Definir de manera precisa y operativa los conceptos y la problemática. Es necesaria una definición explícita de los términos “cuidados”, “corresponsabilidad y “sociedad de cuidados”. Esto evitará ambigüedades que puedan forzar el encuadre de políticas preexistentes para aparentar el cumplimiento de los objetivos, en lugar de diseñar respuestas emergentes orientadas a resolver la problemática.
  • Avanzar en el diseño de metodologías homogéneas para determinar, de manera clara y objetiva, la inclusión de programas que sí sean pertinentes a los cuidados en el anexo transversal, así como las acciones a desarrollar y los recursos a emplear. 
  • Establecer mecanismos institucionalizados de armonización intersectorial que garanticen la coherencia y complementariedad de las acciones entre dependencias. De esta manera se evitan duplicidades, vacíos de cobertura y contradicciones en la implementación de las políticas de cuidados.
  • Asegurar la suficiencia presupuestal. El presupuesto asignado debe ser coherente con la magnitud de la problemática y las metas establecidas para impedir que el anexo se vea limitado por recursos insuficientes. Además, se debe de avanzar en la igualación entre sistemas del presupuesto por infante. 
  • Fortalecer el sustento jurídico del anexo, mediante la actualización o creación de instrumentos normativos que le den obligatoriedad y permanencia. El objetivo es evitar su dependencia a decisiones administrativas coyunturales.

Notas al pie

  1. Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2024. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enut/2024/ ↩︎
  2. Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENASIC/ENASIC_23. ↩︎
  3.  Los Sistemas de Cuidado y Apoyo en América Latina y el Caribe: Un marco para la acción de Unicef. Disponible en: https://www.unicef.org/lac/media/43746/file/Los%20sistemas%20de%20cuidado%20y%20apoyo%20en%20América%20Latina%20y%20el%20Caribe.pdf  ↩︎
  4. El envejecimiento de la población abre el camino al cuidado como derecho, pero ha de repartirse entre hombres y mujeres. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2025/08/1540340  ↩︎
  5. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026. Disponible en: https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PP3F2609/PPEF2026/Fiw326fP/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf ↩︎
  6. Anexos informativos. Disponible en: https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PP3F2609/PPEF2026/Fiw326fP/docs/Anexos/consolidacion_cuidados.pdf ↩︎
  7. El Trabajo de Cuidados. Disponible en: https://ciss-bienestar.org/trabajo-de-cuidados/ ↩︎
  8. Los anexos transversales son documentos que agrupan la información presupuestaria por tema o política pública específica sin importar que ramo o dependencia ejerza esos recursos. Algunos ejemplos son el Anexo 13: Erogaciones para la igualdad entre hombre y mujeres o el Anexo 14: Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes. ↩︎
  9. Considera a la Beca Universal Rita Cetina, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Presión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente y Pensión Mujeres Bienestar. ↩︎
  10. Considera al programa Servicios de Atención a la Salud, Servicios de Prevención y Control de Enfermedades, Servicios de vacunación, Salud casa por casa, Servicios de atención a la salud, Política en salud materna sexual y reproductiva e Infraestructura integral para el derecho a la salud. ↩︎
  11. Se trata de un programa presupuestario cuyo objetivo es conectar a comunidades indígenas y zonas de alta marginación para promover su desarrollo. ↩︎
  12. Coneval (2025). Análisis de los Anexos Transversales 10,11,13,14, 17 y 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/Documents/Informes/Analisis_AT_PEF.pdf ↩︎
  13. SHCP (2025). Disposiciones para la Programación y Presupuestación 2026. Disponible en: https://www.gob.mx/shcp/documentos/disposiciones-para-la-programacion-y-presupuestacion-2026 ↩︎
  14. Este anexo se alinea a los objetivos prioritarios, estrategias y líneas de acción mencionados en el Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en México (PRONAPINNA) que garantizan y atienden los derechos, protección y desarrollo de la niñez. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/852094/Metodologia_Anexo_18_PPEF_2024.pdf ↩︎
  15. A partir de 2019, este programa sustituyó al Programa de Estancias Infantiles de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). ↩︎
  16. Se supone que el número de infantes atendidos en 2026 será el mismo registrado en 2025. ↩︎
  17. Se consideró el último año de referencia a partir del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. ↩︎
  18. Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Disponible en: https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20242025/19-informe-completo.pdf ↩︎
  19. Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5551573 ↩︎
  20. Reglas de Operación del Programa Expansión a la Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2025. Disponible en: https://educacionbasica.sep.gob.mx/reglas-de-operacion/#flipbook-df_48575/1/ ↩︎
  21. Reglas de Operación del Programa Educación Inicial y Básica Comunitaria para el Ejercicio Fiscal 2025. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5749672 ↩︎
  22. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo%3D5560457%26fecha%3D15/05/2019#gsc.tab=0 ↩︎
  23. Reglas de operación del programa Escuelas de Tiempo Completo para el Ejercicio Fiscal 2019. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/2019/SEP/ANEXO_AL_ACUERDO_08_02_19.pdf ↩︎

Cobrarán más impuestos en 2026 para apoyar a Pemex

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2026.

El Paquete Económico 2026 plantea que cada contribuyente pagará en promedio 2,023 más de impuestos frente a 2025. Casi todo servirá para darle a Pemex 1,960 pesos por persona en ayudas fiscales. 

Gracias al endurecimiento de la fiscalización, la actualización de gravámenes y la aplicación de aranceles, la recaudación alcanzará el siguiente año un máximo histórico de 15.1% del PIB. Sin embargo, mientras los ingresos tributarios crecen, Pemex dejará de aportar al erario y, por primera vez, será el Gobierno quien destine más dinero para sostener a la petrolera1. En otras palabras, un escenario indeseable: más carga para los ciudadanos, pero menos alivio para las finanzas públicas.

Ingresos tributarios y cuotas de seguridad social en 2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima ingresos tributarios por 5.8 billones de pesos. Esto es un crecimiento de 6.5% o 358 mil millones de pesos (mmdp) frente a lo aprobado para 2025. Esto implica que, en promedio, cada persona pagará 43,439 pesos en impuestos, 4.9% (2,023 pesos) más que en 2025. De cumplirse este estimado, el cobro de impuestos llegaría a un máximo histórico de 15.1% del PIB para 2026. 

Además, se esperan ingresos por cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)2 por 774 mmdp, un aumento de 9% (64 mmdp) frente a 2025. Es decir, que los patrones y trabajadores pagarán en promedio 34,216 pesos para su seguridad social, un aumento de 8.2% (2,585 pesos) vs. 20253. Si se cumple este pronóstico, los ingresos por cuotas a la seguridad social también llegarían a un máximo histórico de 2% del PIB, no visto desde 2016. 

A nivel internacional, organismos como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), así como el Banco Mundial, consideran a las cuotas a la seguridad social dentro de la carga tributaria total, junto con los impuestos. Bajo este parámetro, en 2026 la carga impositiva total (impuestos más cuotas a la seguridad social) representarán el 17.1% del PIB, el mayor monto histórico. No obstante, permaneceremos por debajo del 21.3% del PIB recaudado en promedio en América Latina o del 33.9% de los países miembros de la OCDE. ¿La razón? Pese a las medidas de fiscalización, poco se ha hecho en varias décadas para reducir la informalidad y aumentar el número de contribuyentes. 

Las proyecciones de una recaudación récord en 2026 descansan, sobre todo, en la expectativa de un mayor crecimiento económico frente a los años recientes. Sin dinamismo en la economía no se generan nuevos empleos que aporten más impuestos, ni aumentan las ventas de bienes y servicios sobre los que se aplican gravámenes al consumo.

Para el siguiente año, Hacienda anticipa un crecimiento de 2.3%. Sin embargo, analistas del sector privado y el FMI esperan por igual uno de 1.4%. Es muy habitual que la autoridad hacendaria se equivoque en sus predicciones: sus estimados de crecimiento económico se quedaron cortos en 13 ocasiones en los 17 años que van de 2008 a 2024. Claro está que predecir el futuro es complicado. En el mismo periodo, las predicciones del FMI fueron mayores a lo realmente observado en seis ocasiones, mientras que en nueve esperó un menor crecimiento y lo observado fue superior. Sólo en dos ocasiones atinó exactamente al crecimiento efectivo de la economía. 

No obstante, las predicciones de Hacienda conllevan una mayor responsabilidad. Más vale ser pesimistas que optimistas. Si se espera un gran crecimiento y no se cumple, hay menos recursos y se tienen que hacer recortes. Si se espera un crecimiento moderado, y la realidad supera las expectativas, hay más recursos de los estimados y eso se puede destinar a más programas o ahorrarse para el futuro. 

Según las propias sensibilidades de ingresos que publica la SHCP en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2026, si el crecimiento económico es del 1.4% y no del 2.3%, habría una pérdida recaudatoria de 52.9 mmdp. Para dar una idea, esto equivale al 80% del presupuesto de la Secretaría de Salud (66.8 mmdp) para 2026. 

Miscelánea fiscal 2026 y sus impactos

Aunque el Paquete Económico 2026 no incluye una reforma fiscal que modifique la estructura de cobro de los dos principales gravámenes —el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA)—, ni establece nuevos tributos, sí contiene una serie de propuestas que buscan robustecer la recaudación. Entre sus principales componentes destacan los ajustes en el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), cambios al marco aduanero, nuevas disposiciones para sectores como las Fintech y los Servicios de Plataformas Digitales, así como nuevas estrategias de fiscalización. 

Comercio exterior

Uno de los ejes centrales en el Paquete Económico 2026 es la reforma a la Ley Aduanera4, orientada a impulsar la digitalización y transparencia del sistema de aduanas. Esta iniciativa contempla algunas innovaciones como sistemas biométricos y candados electrónicos para el monitoreo de mercancías en tiempo real, además de la implementación de inteligencia artificial (IA) para detectar el contrabando —a pesar de que, en el país, la IA aún es un área sin marco regulatorio—.  También, se propone la creación de una nueva figura: el Consejo Aduanero, Éste busca ampliar la competitividad de los agentes y agencias aduanales, y combatir las prácticas indebidas que afectan a la recaudación.

De igual manera, se incluye una Iniciativa de reforma a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación5. Esta propuesta plantea la imposición de aranceles ad valorem de entre el 10% y el 50% a las importaciones originarias de países con los que México no mantenga Tratados de Libre Comercio (TLC). La reforma impactaría los aranceles de diversos sectores industriales, entre los que destacan el automotriz, el siderúrgico, el textil, el del calzado, y el de manufacturas de plástico y papel. Por ejemplo, las autopartes, el calzado y los textiles tendrán un impuesto de importación de hasta 35%, mientras que insumos de maquillaje y plásticos podrán tener un impuesto de hasta 50%.

Otras modificaciones incluyen mejorar los sistemas de monitoreo y establecer candados para la evasión fiscal de las empresas IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación). Este sector tiene permitido importar mercancías sin pagar IVA en los insumos que emplea para exportar mercancías producidas en México. No obstante, se ha reportado6 que en muchas ocasiones dichas empresas abusan de esa prerrogativa al importar mercancías y venderlas en el territorio nacional sin pagar IVA. 

Debido a las anteriores medidas, pero principalmente a la imposición de nuevos aranceles, para 2026 se estima que el Impuesto General de Importación (IGI), sea de 254.7 mmdp, el mayor monto histórico. Frente a lo aprobado en 2025 se espera un crecimiento de 40.7% (73.7 mmdp), el mayor aumento interanual registrado desde el 2000. Para ponerlo en perspectiva, en 2026 cada persona pagará en promedio 1,895 pesos del IGI —principalmente aranceles— lo cual supone 40% (538 pesos) más de lo estimado para 2025. 

Cabe advertir que este incremento en la recaudación por aranceles puede tener efectos adversos en la economía. Una mayor carga impositiva a las importaciones encarece los bienes intermedios y finales, lo que eleva los costos de producción para las empresas y presiona al alza los precios al consumidor. En consecuencia, aunque el Gobierno logre obtener ingresos adicionales, las familias y las empresas podrían enfrentar un entorno de mayor inflación y menor competitividad frente a productos de otros países.

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

En materia de impuestos al consumo, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF)7 plantea actualizar el cobro de varios productos sujetos al IEPS. El producto con el mayor incremento serán las bebidas saborizadas cuya cuota prácticamente se duplica, al pasar de 1.64 a 3.08 pesos por litro. Algo similar ocurre en el caso de los cigarros y otros tabacos labrados, los cuales pasarán de pagar una cuota ad valorem de 160% a 200% de forma gradual hacia 2030.También se aumentarán los gravámenes a juegos con apuestas, y se introducirá un nuevo impuesto a los videojuegos con contenidos violentos. 

La justificación oficial de estas medidas es mejorar la salud pública al reducir el consumo de estos productos. Sin embargo, la realidad es que estos impuestos no están etiquetados para un fin específico. El Gobierno puede argumentar que el incremento en la recaudación se destinará a la sanidad pública, pero mientras no quede establecido en la legislación —ya sea en el Código Fiscal de la Federación (CFF), la Ley del IEPS o la Ley General de Salud (LGS)—, el uso de esos recursos quedará sujeto a la discrecionalidad de las autoridades, lo cual reducirá el posible impacto positivo de estos gravámenes. 

Por otro lado, la introducción del impuesto a los videojuegos abre la puerta a cuestionar los límites de la tributación con fines regulatorios. ¿Se podría en el futuro proponer la aplicación de IEPS a música, series y películas con contenido clasificado como violento? 

Por el IEPS distinto a gasolinas, para 2026 se esperan ingresos por 288 mmdp, un incremento de 15.8% (39.4 mmdp) versus lo aprobado en 2025. El 77% del incremento (30.4 mmdp) provendrá de un mayor cobro en bebidas saborizadas (refrescos) por 67.9%. De este gravamen específico se esperan obtener 75,290 millones de pesos, es decir, 560 pesos por persona. 

En el caso del IEPS al tabaco, se estima una recaudación de 62,098 mmdp o 14% (7,633) pesos más que lo aprobado para 2025. De cumplirse la expectativa, se pagarían 462 pesos por persona por este impuesto. No obstante, si se considera que sólo hay cerca de 15 millones de personas fumadoras en México8, el pago per cápita subiría hasta 4,140 pesos, y sólo de IEPS. 

En el caso de la recaudación de IEPS en juegos con apuestas también se espera un crecimiento considerable de 31% o 1.1 mmdp contra 2025, para llegar a 5 mmdp. Esto es 37 pesos por persona. En el caso de la nueva aplicación del IEPS a videojuegos violentos, sólo se espera una recaudación de 183 millones de pesos (mdp) en 2025 o 1.4 pesos por persona. 

Pese a estas modificaciones, el componente principal de donde se obtendrá un mayor cobro del IEPS será de los combustibles: 473.3 mmdp, que equivalen al 62% del total del gravamen. Éste cobro caerá en 3.4% (16,793 mdp) según los estimados. Es decir, las actualizaciones en el resto de productos serán lo que permita mantener el cobro general del IEPS a flote. 

Medidas de fiscalización

En 2026 se continuará con la estrategia de fiscalización mediante cambios administrativos, reducción de las deducciones y mayor flexibilidad para los programas de regularización de los contribuyentes9. No obstante, no se plantean medidas para incrementar la base recaudatoria mediante la reducción de la informalidad laboral o empresarial.

Las principales medidas son: 

  1. Eliminación de la deducción de tres cuartas partes de las cuotas pagadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) por instituciones de banca múltiple
  • ¿Cómo impacta?: Actualmente los bancos descuentan parte de estas cuotas de sus impuestos. Al quitar la deducción, pagarán más ISR efectivo, lo que incrementa la recaudación.
  1. Homologación —con el resto de los contribuyentes— de las reglas de deducción de créditos incobrables de las instituciones de crédito.
  • ¿Cómo impacta? Las instituciones financieras tienen reglas más flexibles para deducir préstamos no recuperados. Igualarlas al resto de contribuyentes limita las deducciones y evita que se reduzca la base gravable, lo que aumenta los ingresos tributarios. 
  1. Aumento de la tasa de retención de ISR aplicable a individuos en México que vendan o presten servicios a través de plataformas de intermediación, de 1% a 2.5%
  • ¿Cómo impacta? Pasar de 1% a 2.5% significa que quienes venden o prestan servicios en apps de intermediación (comercio electrónico, transporte, delivery, etc.) aportarán más impuestos de forma automática, mejorando el control sobre este sector.
  1. Retención de ISR sobre intereses: se establece una tasa de 0.90% anual para 2026 (misma que ha sido de 0.50% en 2025)
  • ¿Cómo impacta? Elevar la tasa de retención del 0.50% a 0.90% implica que los ahorradores pagarán más impuestos anticipados por los intereses que generen sus inversiones, lo que eleva la recaudación de forma inmediata y asegura un flujo más alto al fisco.
  1. Programa de regularización fiscal: considerará únicamente el ejercicio fiscal 2024 y el límite de ingresos totales se incrementará hasta 300 mdp.
  • ¿Cómo impacta? Este programa está diseñado para que personas físicas y morales con adeudos o incumplimientos pasados tengan la posibilidad de ponerse al corriente en el pago de impuestos bajo condiciones más flexibles, incluyendo eliminación de multas y recargas. Generalmente para determinar si un contribuyente puede acogerse al programa, se revisaban varios ejercicios fiscales. Ahora se simplifica al tomar únicamente como referencia el año 2024. Esto elimina la complejidad, agiliza la revisión de casos y reduce los obstáculos para acceder al estímulo. Además, ampliar el límite de ingresos de los contribuyentes a 300 mdp, cuando en 2025 fue de 35 mdp10, lo permite que más contribuyentes se pongan al corriente en el pago de impuestos. 

Salvo el programa de regularización fiscal que puede impactar en un mayor cobro de varios impuestos, el resto de las medidas mencionadas impactarán principalmente en el cobro del ISR. Por este motivo, se espera que la recaudación de este tributo llegue a 3 billones de pesos, un incremento de 2.5% (74.9 mmdp) más frente al estimado al cierre de 2025. Destaca que este incremento es sólo ligeramente superior al aumento esperado por impuestos al comercio exterior (+73.7 mmdp). 

Para dimensionar esta cantidad, se proyecta que el crecimiento del ISR sea similar al presupuesto para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (75.1 mmdp). No obstante, visto en pesos por persona, se pagarán 22,842 un aumento de sólo 2% o 384 pesos más frente al estimado al cierre del año. Esto se debe a que el crecimiento económico para 2026 será limitado (+2.3%), incluso si está sobrestimado. 

El petróleo es de Pemex

Se dice que el petróleo es de los mexicanos, pero este lema de orgullo nacional es cada día menos cierto, debido a que Pemex aporta cada año una menor cantidad de recursos para financiar servicios como la salud, educación, seguridad, entre otros. En 2026 será el punto de quiebre pues, según se plantea en el Paquete Económico, el petróleo será solamente de Pemex y ya no de los ciudadanos. 

Hay tres factores para entender esta situación: 1) Una plataforma petrolera en declive 2) Cambios en el cobro de derechos para favorecer a la petrolera y 3) Transferencias multimillonarias de recursos a la empresa. 

El primer factor para entender esta historia es el declive de la producción petrolera en México. Tanto por el agotamiento natural de los pozos petroleros, como por una menor inversión en exploración, la producción de crudo en el país no ha dejado de caer. A junio de 2025, se produjeron en el país un promedio de 1,366 miles de barriles diarios (mbd), el monto más bajo en por lo menos 35 años. De hecho, la producción no ha parado de caer desde 2021. Si comparamos esta cifra frente al promedio de 2004 (3,306 mbd), la producción ha caído en más de la mitad. Si se produce menos crudo, hay menos ingresos por su venta. 

Aquí hay que hacer una precisión. Desde 2018, las cifras oficiales de producción de hidrocarburos contienen no sólo la producción de crudo, sino de condensados. Estos son hidrocarburos que en el subsuelo se encuentran en forma gaseosa y que, al salir a la superficie, se transforman en líquidos. Los condensados se utilizan principalmente para fabricar plásticos, solventes y gasolinas ligeras, mientras que el crudo tiene aplicaciones más amplias en la refinación. Antes de 2018, estos volúmenes no se contabilizaban dentro de la producción nacional, por lo que las metas de Hacienda y Pemex sólo incluían al crudo. ¿Por qué importa esta distinción? Porque al integrar los condensados en las cifras actuales, la caída en la producción de hidrocarburos parece menos pronunciada que si se midiera únicamente el petróleo crudo, como ocurría en años anteriores.

En cualquier caso, para 2026 se estima una producción de 1,794 mbd de hidrocarburos incluyendo condensados, lo cual no se ha alcanzado desde 2023. A junio de 2025, la producción promedia un nivel de 1,626 mbd, el monto más bajo desde 2018 que hay cifras comparables. De no cumplirse la meta, como probablemente sucederá, los ingresos petroleros serán menores a lo anticipado. 

El segundo factor del declive de la renta petrolera para la Federación es el menor cobro de impuestos que se le aplican a Pemex. En los últimos años se redujo el Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), el principal derecho que pagaba la petrolera a la Federación. Este pasó de 65% en 2019 a 30% en 2024. Ello ha provocado que Pemex se quede con una mayor “rebanada” de los ingresos petroleros. Para 2025 se anunció un nuevo cambio en la estructura fiscal de la empresa, al unificar todos los gravámenes que pagaba en un sólo derecho. Así, Pemex pasó de pagar tres derechos: el DUC, el Derecho de Exploración de Hidrocarburos (DEXPH) y el Impuesto por la actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos (DEXT) a pagar sólo el Derecho Petrolero para el Bienestar (DPB).

Según la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LIH)11 en su artículo 39, el pago del DPB se calcula en función del valor de los hidrocarburos extraídos por una tasa base del 30% más una sobretasa en función del precio del crudo. Básicamente, cuando el precio del petróleo sea inferior a los 57.8 dólares por barril (dpb) Pemex pagará menos del 30% de tasa y cuando el valor sea superior, pagará más. Anteriormente, al valor de los hidrocarburos se le descontaba una parte del gasto en inversión y al monto restante (base gravable) se le aplicaban las distintas tasas de derechos. El cambio simplifica la estructura de cobro para Pemex. 

Para 2026, Hacienda estima que el precio del petróleo promedio sea de 54.9 —debajo del rango de los 57.8 dpb— lo que significa que Pemex pagará a la Federación una tasa de 29.6% en lugar de 30%, de cumplirse tal estimado.  Esta ligera reducción en la tasa pagada no parece explicar por completo la mayor proporción de la renta petrolera que obtendrá Pemex el siguiente año (81%, como se menciona más adelante). Sin cambios normativos, la única explicación restante es que Hacienda está previendo “perdonar” o postergar el pago de impuestos a Pemex mediante decretos, como lo explicamos en esta investigación. 

En 2026 se espera que el total de ingresos por la venta de petróleo de Pemex (ingresos petroleros del sector público) sea de 1.2 billones de pesos, un crecimiento de 20% (204 mmdp) frente al cierre estimado de 2025. Este incremento se basa en el supuesto de una mejora en la producción, lo cual es optimista. 

De estos recursos, la empresa se quedará con 81% de los ingresos (2.5 puntos del PIB o 971 mmdp), mientras que la Federación tendrá sólo 19% (0.6 puntos del PIB o 233 mmdp), la menor distribución histórica. Este monto de 233 mmdp también sería el segundo menor registrado en la historia, sólo por arriba del observado en 2024 (220 mmdp). En pesos por persona, la petrolera otorgará únicamente 1,731 pesos, una reducción de 57% (2,299 pesos) frente a lo observado una década atrás (2016). Pero eso no es todo: todavía faltan las transferencias a Pemex…

El tercer factor para entender la aportación nula de Pemex al Erario, es que además de la reducción de impuestos, la Federación transfiere a la empresa recursos millonarios a través de la Secretaría de Energía. Entre 2019 y 2024, la empresa recibió del Gobierno 1.24 billones de pesos, que fueron usados principalmente para el pago de deuda y, en menor medida, para obras productivas. Esto equivale a que, durante el sexenio pasado, cada ciudadano pagó a Pemex 9,585 pesos. 

Para 2026 se proponen transferencias por 263 mmdp, superiores a todo el presupuesto del recién creado Seguro Social para el Bienestar (172.4 mmdp). Es igual a que los mexicanos pagáramos a la paraestatal 1,960 pesos per cápita. 

Entonces, si los ingresos que aportará Pemex a la Federación en 2026 serán de 233 mmdp, pero el Gobierno le devolverá incluso más: 263 mmdp vía transferencias, el Gobierno dejará de obtener ingresos petroleros y tendrá pérdidas por 31 mmdp. El primer saldo negativo en la historia que se plantea desde un Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Vale la pena recapitular con otro enfoque. En 2026, Pemex aportará a cada ciudadano 1,731 pesos (57% menos que en 2016). Por su parte, le tendremos que devolver a Pemex 1,960 pesos para pagar sus deudas (85% más que en 2025). Esto significa que en lugar de recibir recursos por Pemex, los ciudadanos tendrán que pagarle 230 pesos de sus impuestos a la petrolera para que siga operando. 

Las implicaciones de este cambio son profundas. Pemex pasa de ser una fuente estratégica de ingresos públicos a convertirse en una carga estructural para las finanzas del país. En la práctica, los contribuyentes pagan más impuestos no para financiar salud, educación o seguridad, sino para sostener a una empresa que no logra generar utilidades ni reducir su deuda. Este esquema no sólo limita el margen fiscal del Gobierno, sino que compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas, al destinar recursos crecientes a una petrolera cuya rentabilidad permanece en entredicho.

Lo preocupante es que esta relación perdedora para la ciudadanía no está cerca de acabar. Pese a todo el apoyo fiscal que recibirá Pemex, su inversión en infraestructura será la segunda menor en más de 25 años: sólo 0.6% del PIB. En sus mejores momentos invirtió hasta 2%. Esto significa que Pemex no apostará a volverse más productiva para ser independiente de apoyos fiscales y eventualmente aportar al bienestar de los mexicanos. 

Ingresos del Gobierno federal

Aunque en 2026 se espera que aumenten los ingresos tributarios, los menores recursos de la renta petrolera limitarán el crecimiento de los ingresos del Gobierno federal: aquellos utilizados para financiar el gasto en educación, seguridad y la mayor parte de las dependencias. Es decir, recursos ajenos a las empresas estatales u organismos de control directo, como el IMSS o ISSSTE. 

El siguiente año se espera que estos recursos asciendan a 6.44 billones de pesos o 16.7% del PIB. Sería un nivel inferior a lo observado en 2016 y 2017. Si descontamos los apoyos a Pemex, los recursos disponibles en realidad serían de 6.18 billones o 16% del PIB, nivel similar al de 2015. En otras palabras, los recursos para financiar los derechos de los ciudadanos se encontrarán a un nivel similar al observado hace 10 años, pese al esfuerzo fiscal de muchos contribuyentes. ¿La razón? La reducción en la contribución de Pemex a las finanzas públicas. 

Reflexiones finales

El Paquete Económico 2026 plantea un esfuerzo importante en materia de ingresos públicos, al recurrir a un mayor cobro del IEPS, la introducción y actualización de aranceles, así como una fiscalización más estricta para combatir la evasión. Estas medidas explican, en buena medida, que la recaudación tributaria alcance un nivel histórico equivalente a 15.1% del PIB. Sin embargo, este avance presenta un lado menos favorable: la dependencia creciente en instrumentos de recaudación indirecta o de corto plazo, mientras que los problemas estructurales de las finanzas públicas permanecen intactos.

Un punto central es que no se han implementado políticas sustantivas para reducir la informalidad ni para ampliar la base gravable. La economía informal representa todavía más de la tercera parte del empleo en México, lo cual implica que una proporción significativa de trabajadores y pequeños negocios queda fuera del sistema fiscal. En lugar de diseñar mecanismos que incentiven la transición hacia la formalidad —como simplificación regulatoria, acceso a seguridad social o esquemas graduales de incorporación—, el Gobierno ha optado por medidas que cargan el peso sobre quienes ya contribuyen. Esto no sólo genera inequidad, sino que limita el potencial recaudatorio a mediano y largo plazo.

En este contexto, el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), que en su momento fue presentado como una innovación para facilitar el cumplimiento y ampliar la base, no ha sufrido modificaciones relevantes. Ello significa que el esquema mantiene un tratamiento fiscal diferenciado que, si bien facilita el pago de impuestos a personas físicas con ingresos relativamente bajos, también reduce la capacidad del Estado para captar recursos adicionales en segmentos donde existe potencial de recaudación. La falta de ajustes o evaluación crítica del Resico refleja la ausencia de una estrategia clara para reordenar el sistema tributario y hacerlo más equitativo y eficiente.

Por otra parte, la decisión de reducir la aportación neta de Pemex al erario, e incluso convertirla en un saldo negativo, marca un hito en la política fiscal. Que la empresa productiva del Estado reciba más recursos de los que aporta, significa que los contribuyentes financian, con mayor carga impositiva, a una compañía que no logra resolver sus problemas estructurales. Esta situación implica un costo de oportunidad considerable, pues los recursos destinados a sostener a Pemex podrían invertirse en sectores con mayor retorno social, como salud, educación o infraestructura.

Finalmente, incluso con los ingresos extraordinarios previstos para 2026, México sigue muy lejos de los estándares internacionales en materia de recaudación pública. Mientras que en los países de la OCDE la recaudación ronda el 34% del PIB, en México no alcanzará ni la mitad con una recaudación de 15.1%. Esta brecha refleja no sólo la persistente debilidad de la política fiscal, sino los límites del actual modelo de recaudación, que descansa en impuestos indirectos y medidas coyunturales, en lugar de consolidar un sistema robusto y progresivo.

En suma, el incremento de la recaudación proyectado para 2026 es un logro en términos nominales, pero no representa un cambio de fondo. La política fiscal mexicana continúa evitando reformas estructurales que permitan ampliar la base de contribuyentes, reducir la informalidad y dar mayor progresividad al sistema. Mientras esos pendientes no se atiendan, el país seguirá atrapado en un círculo donde se cobran más impuestos a los mismos de siempre, se transfieren recursos crecientes a Pemex y se mantiene una recaudación insuficiente para responder a las demandas sociales y de desarrollo de la población.

Anexos

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Notas al pie

  1. En 2024 por varios meses se registró esta situación deficitaria; sin embargo, al cierre de año la petrolera pagó  dinero extraordinario  a la Federación y se evitaron las pérdidas. En 2025 aún no se alcanzan números negativos. Esto se explica más a detalle en el capítulo “El petróleo es de Pemex” en este mismo análisis. ↩︎
  2. Alrededor del 8% de estos recursos corresponden a ingresos por la prestación de servicios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ya que el Gobierno reporta la proyección de cuotas para la seguridad social junto a dichos recursos. ↩︎
  3. Se considera un número de trabajadores formales de 22.6 millones para 2026, según lo observado a agosto de 2025, actualizado por la tasa de crecimiento esperada de la población según el Consejo Nacional de Población (Conapo). ↩︎
  4. Con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera. Disponible en: https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2025/sep/20250909-IX.pdf ↩︎
  5. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Disponible en: https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2025/sep/20250909-X.pdf ↩︎
  6. Milenio (25 de agosto de 2025). Aduanas detecta evasión fiscal de empresas IMMEX. Recuperado de: https://www.milenio.com/negocios/aduanas-detecta-evasion-fiscal-de-empresas-immex ↩︎
  7.  Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, Disponible en: https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PP3F2609/PPEF2026/Fiw326fP/paquete/ingresos/LIF_2026.pdf ↩︎
  8. Instituto Nacional de Salud Pública. México Presenta Resultados de la tercera encuesta global de tabaquismo en adultos. Disponible en: https://www.insp.mx/informacion-relevante/mexico-presenta-resultados-de-la-tercera-encuesta-global-de-tabaquismo-en-adultos ↩︎
  9. Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026, Disponible en: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2026.pdf ↩︎
  10. Programa de Regularización Fiscal 2025. Recuperado de: https://www.sat.gob.mx/minisitio/RegularizacionFiscal/LIF/index.html ↩︎
  11. Ley de Ingresos sobre hidrocarburos. Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIH.pdf ↩︎