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Subsidios sin destino ¿rehén político?

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2020.

Identificar geográficamente a los beneficiarios de todos programas y los subsidios del gobierno es una obligación de transparencia señalada en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH[1]).  Sin embargo, en los planes de gasto el 75% de éstos recursos el Gobierno federal es opaco. Es decir, no podemos conocer el destino de 477 mil millones de pesos y, por lo tanto, si llegarán o no a la población objetivo y, si efectivamente, contribuirán a mejorar su bienestar.

Para 2020 se planea transferir más recursos en subsidios respecto a lo aprobado en 2019. La bolsa asciende a 631 mil millones de pesos, ¿serán para el bienestar o para las clientelas de la nueva administración?

Existen dos tipos de programas de subsidios del Gobierno federal, aquellos sujetos a tener reglas de operación (programas S) y aquellos que no están obligados por ley (“Otros subsidios” programas U). Para 2020 se propone incrementar el presupuesto en “otros subsidios” (+32mmdp) y disminuir el presupuesto en los sujetos a reglas de operación (-38mmdp), respecto a lo aprobado en 2019.[2]

Los programas de subsidios (S y U) en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) no cumplen adecuadamente con la clasificación geográfica. Lo podemos saber porque en el 90% del presupuesto de los programas de subsidios sujetos a reglas de operación -S[3]– y el 68% de los programas “otros subsidios-U[4]”, se clasificaron en la en la Ciudad de México o no cuentan con la distribución geográfica; 205 mil mdp -S- y 272 milmdp –U-, respectivamente.

La Ciudad de México concentra el 7% de la población del país, sin embargo, en más de la mitad del total del presupuesto 2020 para programas de subsidios federales, se usa la clasificación geográfica de la capital. No es algo nuevo pero se agudiza la práctica.

En los últimos años, se ha incrementado el porcentaje del presupuesto propuesto y aprobado de los programas sujetos a reglas de operación (S) y de “otros subsidios” (U) en la Ciudad de México.

El presupuesto se aprueba en la capital, pero se gasta en otro lado. Gran parte del presupuesto se eroga en otras entidades federativas y una vez erogado se reporta su distribución geográfica. Para 2020, el presupuesto de estos tipos de programas representa 72% (S) y 47% (U) para la CDMX del total de sus presupuestos, mientras que en 2012 este era 37% y 26% respectivamente.

Para fondos y fideicomisos también se aplica. Algunos programas de subsidios depositan los recursos en fondos y fideicomisos y utilizan la clasificación geográfica de la CDMX en su presupuesto, a pesar que ahí no se realiza su gasto. El Seguro Popular es un ejemplo. Con la información disponible no es posible conocer el plan de gasto de estos fondos ni dónde se planea realizar el gasto.

“No distribuible geográficamente (NDG)”, es la etiqueta de 124 mil millones de pesos. En el PPEF2020 el 17% del presupuesto de programas S y el 21% del presupuesto de programas U tienen esta clasificación.

Los recursos no distribuibles geográficamente disminuyeron respecto a lo observado en 2012, cuando eran 36% para programas S y 35% para programas U.

Parece buena noticia, sin embargo, al mismo tiempo se incrementó lo distribuido en la CDMX, y este aumento no corresponde al gasto ejercido en esta localidad de manera histórica.

Si súmanos NDG más lo aprobado o en CDMX en 2012 y lo comparamos con lo presupuestado para 2020, tenemos un incremento de 26% real (100 mil millones de pesos).

[1] Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

[2] https://www.mexicoevalua.org/numerosdeerario/inversion_fisica/ Para más información respecto al presupuesto ejercido y aprobado para cada tipo de programa de 2008 a 2020.

[3] Por su modalidad presupuestaria S: Sujetos a reglas de operación

[4] Por su modalidad presupuestaria U: Otros subsidios

¿Por qué se alebrestan los gobiernos locales?

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2020.

Mariana Campos (@mariana_c_v) y Xhail Balam (@XhailBL)

Los gobiernos de las entidades federativas y municipios están desdibujados en el Paquete Económico 2020. Para el próximo año se propone una disminución en las transferencias de la Federación a estos gobiernos subnacionales.

La previsión de recortes al gasto federalizado y a los fondos que reciben los estados y municipios ya ocasionaron en los últimos días protestas por parte de alcaldes de diversas entidades. A esto se suma la reducción de las transferencias vía Ramo 23, que ha desnudado por completo al Sistema de Coordinación Fiscal, y lo ha mostrado en toda su disfuncionalidad y obsolescencia, disfrazadas a punta de transferencia durante casi una década.

El problema es estructural y complejo. Aquí te explicamos 10 puntos clave para ayudarte a entender lo que posiblemente esté motivando el descontento:

1. BOLSA DISMINUIDA

Se espera que en 2020, la Recaudación Federal Participable (RFP) [1] , el universo o bolsa total a partir de la cual los gobiernos reciben sus transferencias, caiga 0.52% o 17,896 mdp[2] en relación con el año anterior. La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) mandata que el gasto federalizado[3], en el que se incluyen las participaciones y aportaciones, se financie con la RFP. La última caída de la RFP se registró en 2015; fue de 1% (-37,661 mdp).

2. EL RIESGO DE LOS INGRESOS SOBRESTIMADOS

También se propone que el gasto federalizado[4] sea menor en 0.51% al aprobado (-10,008 mdp) en relación con 2019. Este gasto ha disminuido en tres de los últimos cuatro presupuestos. Además, la cantidad efectivamente asignada a los gobiernos locales en 2020 podría ser menor a lo aprobado; hay una aparente sobrestimación de los ingresos públicos del próximo año, especialmente en los petroleros[5]. Esto hace probable que observemos menores ingresos a los presupuestados. No sería una sorpresa, sino todo lo contrario: replicaría a lo que hemos observado a lo largo de 2019.

3. A LAS ENTIDADES SE LES ESTÁ ‘DEVOLVIENDO’ MENOS

El gasto federalizado ha dejado de tener peso en la RFP en los últimos años, después de varios años en los que se le dio mayor prioridad. Para 2020 se propone que el gasto federalizado represente 58.2% de la RFP, la misma proporción que en el presupuesto aprobado en 2019. Pero es importante destacar que esta proporción ha venido disminuyendo de manera importante en los últimos años. En 2015 alcanzó el mayor peso, 69%.

A pesar de que se propone que la proporción del gasto federalizado con respecto a la recaudación federal participable en 2020 sea similar a la aprobada para 2019, no olvidemos que el gasto federalizado es menor al año anterior.

4. UNA PROVISIÓN DE SERVICIOS COMPROMETIDA

Se propone que el total de participaciones y aportaciones disminuya 0.6% (-10,179 mdp) en relación al PEF 2019. El último año en el que se registró otra caída en la suma de estas importantes transferencias fue en 2009, durante la crisis macroeconómica mundial. Éstas se redujeron en 104,849 mdp (-8%) y todos los estados del país resultaron afectados.

En lo que se refiere sólo a las participaciones, en 2020 se plantea una reducción de 0.9% (-8,660 mdp); no se había registrado una disminución desde 2012 (fue de 0.31% o -2,031 mdp), que terminó afectando a 14 entidades federativas. Dicha reducción se asocia, de nuevo, con el magro crecimiento de 0.3% en la RFP.

Las aportaciones también disminuirán 0.2% (-1,519 mdp) en 2020. La última vez que se redujeron fue en 2017 (un 1.0% o -7,534 mdp).

En suma, se estima que en 2020 27 estados recibirán menos recursos a través de participaciones y aportaciones federales. Llama la atención que, a pesar de que el monto de disminución de las transferencias en 2020 es menor que el del año previo (1% o -10,179 mdp) el número de entidades que recibirán menos recursos será similar a 2009, en un contexto en donde la economía se desaceleraba por la crisis mundial.

Siguiendo con las participaciones, la disminución de los recursos de libre disposición se reflejará en 26 estados. Las excepciones son Quintana Roo, Puebla, Nuevo León, Oaxaca, Aguascalientes y Guanajuato. CDMX recibirá 1,406 mdp menos con respecto a lo aprobado en el PEF 2019.

Las aportaciones se reducirán en 27 entidades federativas, lo cual afectará la provisión de servicios en sectores esenciales para la población: salud, educación, seguridad, entre otros. En suma, sólo Quintana Roo, Nuevo León y Aguascalientes recibirán más recursos vía participaciones y aportaciones.

Recordemos: con las participaciones y aportaciones se financia la provisión de servicios públicos a nivel local. Menos recursos para los gobiernos locales podrían implicar que los servicios y bienes públicos que reciben los ciudadanos no sean adecuados, eficientes y de calidad. Las aportaciones se distinguen por ser transferencias etiquetadas con un objetivo y uso específico, como salud, educación, seguridad pública, entre otros. Y las participaciones son transferencias no etiquetadas, es decir, recursos de uso libre. En varios gobiernos locales se encuentran comprometidas para el pago de la deuda.

5. LA INDEPENDENCIA FISCAL, SÓLO UNA ASPIRACIÓN

Las aportaciones y participaciones son la fuente principal de recursos para la mayoría de estados, municipios y alcaldías de Ciudad de México. En 2018, a nivel estatal, las transferencias federales en promedio representaron 89% de los ingresos totales estatales, mientras que los ingresos propios[6] representaron sólo el 11%. Por encima de este promedio se encontraron sólo nueve estados: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, CDMX, Guanajuato, México, Nuevo León, Querétaro y Quintana Roo. La mayoría de los estados con mayor independencia fiscal están gobernados por la oposición; sólo CDMX está gobernada por Morena.

Por el lado de los gobiernos municipales, las aportaciones y participaciones federales y estatales constituyeron el 91% de los ingresos municipales[7], mientras que los municipios sólo recaudaron el 9% del total de sus ingresos. Los municipios con ingresos propios por debajo del promedio se localizan principalmente en los estados del sur: Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Michoacán y Guerrero. Algunos municipios de Quintana Roo y Colima registraron esfuerzos recaudatorios para incrementar los ingresos propios en un punto porcentual.

6. FORTAMUN, FORTASEG, FAIS Y OTROS FONDOS, DE CAPA CAÍDA

Se proponen disminuciones en los fondos municipales que se reparten a través de las participaciones, aportaciones federales y en un fondo de seguridad.

Estos son los fondos de las aportaciones distribuidos a municipios:

  • Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)[8], que tiene un recorte de 0.5% (-459 mdp) en el PPEF 2020, con respecto a lo aprobado en 2019. Los recursos del FORTAMUN los utiliza el municipio para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, mantenimiento de infraestructura, seguridad pública del municipio y descargas de aguas residuales, entre otros. Sólo Quintana Roo y Baja California Sur aumentarán en 2020 los recursos por parte del FORTAMUN, 0.6% y 0.7% respectivamente. Los estados más afectados por los recortes son: Veracruz (0.8% o -46 mdp), México (0.5% o -38 mdp) y la CDMX (0.3% o -37 mdp).

  • El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) tiene dos componentes: el FAIS estatal y el FAIS municipal. El total del FAIS tendrá un recorte en 2020 de 453 mpd (-0.5%). En lo que se refiere al componente municipal, se reducirá 398 mdp (-0.5%). El objetivo del fondo es entregar recursos a localidades con rezago social alto o muy alto, localizadas dentro de las Zonas de Atención Prioritaria que determina la Secretaría de Bienestar. Los recursos de destinan a agua potable, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura en salud y otros rubros definidos en los lineamientos del fondo. En 2020, los recortes no alcanzarán a todas las entidades, sólo a 23. Los mayores recortes se observan en Chiapas (-131 mdp), Puebla (-65 mdp), Guerrero (-48 mdp) y Oaxaca (-39 mdp). En tres de los estados con recortes mayores a 30 mdp la población en situación de pobreza extrema[9] representa un alto porcentaje de la población estatal.

  • El Fondo de Fomento Municipal se integra dentro de las participaciones. Se integra con el 1% de la RFP y corresponde a recursos de libre disposición. Se prevé en 2020 un recorte de 179 mdp (-0.5%), lo que ocasionará que 23 estados tengan disminuciones en el presupuesto. Los más afectados son la CDMX (-147 mdp), Jalisco (-144 mdp), Morelos (-63 mdp) y Zacatecas (-61 mdp). En contraste, Nuevo León (274 mdp), Estado de México (152 mdp) y Guerrero (89 mdp) tendrán un aumento mayor a 50 mdp.

  • El Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG)[10] no se otorga como parte del SCF, pero se distribuye a través convenios por la Secretaría de Seguridad y Protección a municipios y a algunos estados que ejercen la función de seguridad pública. El objetivo del fondo es fortalecer los temas de seguridad, apoyando la profesionalización, certificación y equipamiento de elementos policiales; el equipo tecnológico y la infraestructura de las instituciones de seguridad pública. Su presupuesto varía con el tiempo, pero a partir de 2016 se reduce de manera constante. En 2020 el presupuesto se reducirá 27.8% (-1,009 mdp): será el más bajo en los últimos ocho años. En el PPEF 2020 se clasifica como un programa de “otros subsidios” o ‘U’[11], y no cuenta con la distribución geográfica. Por tanto, no es posible identificar los estados y municipios con mayores recortes.

7. #SONLOSINCENTIVOS (O LA FALTA DE ELLOS)

Los estados y municipios no tienen opciones en el corto plazo para recibir más recursos de la Federación, pues el sistema de coordinación fiscal NO asigna recursos a partir de criterios relacionados con desempeño o el esfuerzo y el logro de resultados. La evidencia señala que los recursos de las participaciones se asignan inercialmente; sobre todo con base en el número población estatal y otros criterios igual de inerciales relacionados con la ubicación geográfica; si se ubica en el litoral, en la frontera norte, o cuenta con petróleo. El 72% de las participaciones se reparte a través del Fondo General de Participaciones (FGP) y equivalen al 2.6% del PIB en 2018.

A pesar de las reformas realizadas a las fórmulas de distribución del Fondo General de Participaciones (FGP) en 2007, con el fin de incentivar el crecimiento económico y la recaudación local, ésta no fue útil por deficiencias en las nuevas fórmulas propuestas.

8. EL VACÍO DEJADO POR EL RAMO 23

Están casi extintas las transferencias de los fondos del Ramo 23, las cuales fueron útiles para sobrellevar las deficiencias del sistema de coordinación fiscal. Las transferencias mediante fondos del Ramo 23 llegaron a representar el 9% del gasto federalizado en 2014 y 2015, a pesar de su precaria gobernanza, excesiva discrecionalidad y considerable daño que provocaron al erario. Lamentablemente, en lugar de darles a dichas tranferencias un buen propósito, un diseño y regulación apropiada, fueron prácticamente eliminadas. Para 2020 se prevé que el 48% del gasto federalizado se distribuya a través de las participaciones; 41% con aportaciones; 1% mediante el Ramo 23; otro 6% a través de convenios y 4% a través del programa que sustituirá al Seguro Popular. En 2018 se distribuyó 44%, 38%, 6%, 8% y 4%, respectivamente.

9. LA DIMENSIÓN DESCONOCIDA

Una incertidumbre más en el PPEF 2020 se relaciona con los 477 mdp de los programas federales cuyo destino geográfico de ejecución se desconoce. Es decir, es complicado saber si estos recursos llegarán a la población objetivo, si contribuirán a su bienestar y en qué entidades federativas se gastarán.

De los 447 mdp, 205 mdp corresponden a programas de subsidios (S[12]) y 272 mpd a programas de “otros subsidios” (U[13]), clasificados en Ciudad de México o sin distribución geográfica. El gasto se clasifica de esta manera para no identificar claramente en dónde se gastarán los recursos públicos.  

Si bien, Ciudad de México concentra parte importante de la actividad económica y de la población del país, los recursos asignados a esta entidad no corresponden con el gasto histórico ejercido. Gran parte de los recursos asignados terminarán gastándose en otro lado y, una vez gastados, se reportará su distribución. 

Esta deficiencia de información, además de propiciar falta de transparencia, dificulta la  corresponsabilidad del Gobierno federal con el Congreso y los gobiernos locales. También evidencia la falta de planeación compartida entre la administración pública federal y local para cumplir con los planes de gasto y con los objetivos de los recursos públicos designados en el PPEF 2020.

10. COORDINACIÓN SIN REGLAS

Las Reglas de Operación (ROP) en programas federales, además de favorecer la rendición de cuentas y el trato justo, equitativo y no discriminatorio a los beneficiarios, permite que exista una coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos locales para cumplir los objetivos de política pública. Inquieta que, además de reducirse el presupuesto en transferencias federales a estados y municipios, el presupuesto en programas de otros subsidios sin ROP se incremente en el PPEF 2020. 

Este hecho no cumple con lo establecido en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual establece los criterios que deben de cumplir las ROP de los programas federales:

 “Se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes a los programas federales que por su naturaleza así lo permitan, sea desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo indispensable los gastos administrativos y de operación del programa respectivo; los gobiernos municipales deberán llevar un registro de beneficiarios y realizar el seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la evaluación de las acciones”[14]

“Se deberán tomar en cuenta las características de las diferentes regiones socioeconómicas del país”

Esto implica un obstáculo en el fortalecimiento del federalismo fiscal y en el desarrollo de las capacidades institucionales de las administraciones locales, las cuales se encuentran en contacto directo con la población. De igual manera, la disminución de recursos y la falta de claridad en el gasto de éstos, a través de los programas sin ROP, afectarán a la ciudadanía en general.

* * *

Ante esta perspectiva problemática, vemos esfuerzos desesperados –especialmente por parte de los municipios– para solicitar recursos a la Federación. ¿Ejemplos? Ahí está la propuesta de los alcaldes para compensar la eliminación de los fondos de transferencias y subsidios del Ramo 23 con un Fondo Municipal de Infraestructura; los impuestos a puestos informales de tacos y elotes y hasta la propuesta de un impuesto a autos-chocolate en la Ley de Ingresos de la Federación 2020, la cual se eliminó cuando la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) se turnó al Senado[15].

Para reducir la dependencia de las transferencias federales en el mediano plazo, es necesario repensar el diseño del Sistema de Coordinación Fiscal. Debe incluir, efectivamente, al menos cuatro elementos: promoción al crecimiento económico, equidad, vinculación al costo de provisión de servicios e incentivos al esfuerzo para la construcción de capacidades institucionales locales, transparencia y rendición de cuentas, que tanta falta nos hacen para hacer frente a los principales desafíos de México.

Mientras se logra ese nuevo arreglo, sería idóneo que sí se concedieran desde el Gobierno federal nuevos fondos a los gobiernos locales, PERO superando los vicios anteriores. Además de todas la medidas de transparencia debidas, dichos fondos no podrían otorgarse sin lo siguiente: 1) Reglas de Operación, 2) Incentivos al esfuerzo recaudatorio local, 3) Pago por la construcción de capacidades y obtención de resultados, 4) Consideración del nivel de desarrollo y capacidad inicial y 5) Premiar la coinversión.  

No es una situación de buenos y malos. Hay varios pecados originales en el sistema de coordinación fiscal que contribuyen a nuestro bajo desarrollo y a la falta de capacidades y bajo desempeño en varios gobiernos locales, lo cual debe ser un asunto prioritario para la Federación. Para superar este desafío, de la Federación se espera liderazgo, hoy ausente.

Es necesario el esfuerzo y compromiso en los tres niveles de gobierno; sin ellos NO será posible la tan anunciada y esperada Cuarta Transformación, y lamentablemente los perdedores seremos los ciudadanos.

[1] La recaudación federal participable son los ingresos que percibe la Federación a través de impuestos federales, derechos de minería y parte de los ingresos petroleros. Excluye los conceptos definidos en las fracciones I a X del Art. 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, tales como: ingresos petroleros por asignaciones y contratos, ISR de funcionarios públicos de gobiernos subnacionales, el ISAN y otros derechos e impuestos relacionados con la exploración y extracción de hidrocarburos y venta de gasolinas.

[2] Millones de pesos.

[3] El gasto federalizado corresponde a las transferencias de recursos federales a los gobiernos de las entidades federativas y municipios a través de: aportaciones federales, participaciones, subsidios, convenios de descentralización y transferencias a la protección social en salud del Seguro Popular. 

[4] A diferencia del gasto federalizado publicado por la SHCP, en este artículo no se considera como parte del gasto federalizado al Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) ya que los recursos sólo se transfieren para compensar la disminución en las Participaciones.

[5] Para un análisis más detallado revisar https://www.mexicoevalua.org/numerosdeerario/erario-5/

[6] Se consideran como ingresos propios a la suma de aprovechamientos, contribuciones de mejora, derechos, impuestos y productos.

[7] De acuerdo con los datos de la EFIPEM 2018. La información está disponible para 1,710 municipios de 2,457 hasta octubre de 2019.

[8] Se reparte en proporción directa al número de habitantes de cada Estado y posteriormente el 75% de estos recursos se distribuye a los municipios utilizando el mismo criterio y el otro 25% con base a la población flotante.

[9] En Chiapas, Guerrero y Oaxaca el 29.7%. 26.8% y 23.3%, respectivamente, de la población de cada estado se encontraba en situación de pobreza extrema. Con base en la medición de la pobreza de Coneval.

[10] Antes de 2016 se llamaba Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN).

[11] Por su modalidad presupuestaria U: Otros subsidios.

[12] Corresponde a la modalidad presupuestaria: S: sujetos a reglas de operación.

[13] Modalidad presupuestaria U: Otros subsidios.

[14] Artículo X del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2019.

[15] https://www.elfinanciero.com.mx/economia/senado-eliminara-legalizacion-de-autos-chocolate-en-la-ley-de-ingresos-de-la-federacion-2020

Proyectos de inversión VIP

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2020.

¿Por qué en mi estado no?

En el contexto de tensiones y forcejeo político en torno al presupuesto, se miran con lupa las tajadas del pastel de las transferencias a los gobiernos locales. Pero hay otro elemento que tiene igual o más repercusión en las finanzas de los estados: los proyectos de inversión del gobierno federal.

Veamos. En el PPEF 2020 se propone gastar 2.4% del PIB en inversión física total. De esa tajada, el 0.9% del PIB se gasta prácticamente a través de fondos del Ramo 33 (Aportaciones), vía entidades federativas y municipios. Pero el resto, más de la mitad de esa inversión (1.5% del PIB: 401 mmdp), se asignaría a 34 programas 100% propios de la Federación (ver lista en el anexo), clasificados como ‘K-Proyectos de inversión’. Ese monto luce sustancial: 6.6% del PPEF 2020, pero es 21% (110 mmdp) menor a lo ejercido en promedio en 2013-2018 por el Sector Público en este rubro, como se puede ver en la siguiente gráfica.

Cómo se compone esa inversión cuenta otra historia: 85% (340 mmdp) del monto a invertir en estos proyectos está clasificado en el sector de “Combustibles y Energía”, y se propone que 291 mmdp sean ejercidos por Pemex; el restante, por CFE. Esta concentración temática de la inversión, contribuye a que su distribución geográfica también se ‘cargue’ en pocos estados. Es pertinente aclarar que el sesgo geográfico siempre ha existido, pero se radicalizó en la definición del Presupuesto 2020.

Ganadores y perdedores de la inversión federal en 2020

La mayor parte del gasto propuesto en proyectos de inversión para el próximo año (76%) se concentra en sólo tres de 32 entidades federativas: Campeche (41.7% o 167 mmdp), Tabasco (21.4% o 85 mmdp) y la CDMX (13.2% o 53 mmdp).

Se propone distribuir únicamente 15% de la inversión entre 27 estados de la República. En los últimos siete presupuestos, esos mismos 27 estados obtenían entre 22% y 23% de la inversión. La pérdida de este beneficio en la mayoría de los estados resulta de aumentar la inversión en Pemex, especialmente en la refinería, el cierre del NAIM y en general de una mirada distinta del ‘desarrollo’. Y el efecto que tiene en los estados es aún peor cuando se considera que se redujeron transferencias relacionadas con distintos fondos de obra pública del Ramo 23, que si bien se operaban en condiciones de discrecionalidad y malas prácticas, funcionaban para compensar la falta de dispersión geográfica de la inversión federal en Proyectos K.

Sin duda, llama la atención los giros quizá no-del-todo-azarosos en la geografía de la inversión. En tiempos de Peña Nieto ganó participación el Edomex; al subir AMLO pierde participación Edomex y gana participación CDMX (¿cada quien le da a sus hijos?). Por otro lado, se observa que Campeche y Tabasco siempre han tenido una buena participación por su relación con Pemex, empresa que siempre se ha llevado una tajada relevante en la inversión, pero que ahora ve incrementada todavía más su participación.

En el gasto propuesto en proyectos de inversión ‘K’ ajenos a Pemex apreciamos el mismo fenómeno de concentración, pero con mayor detalle.

La distribución de los proyectos de inversión ‘K’ (sin Pemex) ha incrementado su concentración de manera considerable para 2020; CMDX 44% (48 mmdp) o casi la mitad de a inversión, nueve entidades federativas obtendrán 35% (38mmdp) y las veintidós restantes se repartirán 21% (23 mmdp).

Las nueve entidades que concentran el presupuesto en proyectos de inversión distinta de Pemex después de la CDMX son Estado de México (9% o 9.8 mmdp), Chiapas (5% o 5 mmdp), Coahuila y Oaxaca (4% o 4 mmdp cada una), Puebla y Veracruz (3% o 3.6 mmdp y 2.6 mmdp respectivamente), Sonora y Nuevo León (2% o 2.2 mmdp cada una).

Con todo, hay que subrayar que este gasto en proyectos de inversión sin Pemex mermó aún más que la inversión total. Para 2020 se redujo 63 mil millones de pesos (37%), respecto al promedio observado en la última administración (2013-2018). Sin duda, éste es el menor presupuesto propuesto en los últimos siete años, como se aprecia en la caída de la siguiente gráfica.

Al comparar el promedio de inversión federal en proyectos K por estado en la administración actual vs. la anterior, destacan tres aspectos:

  • Hay recorte para 27 entidades federativas
  • En 13 estados la pérdida de esa inversión supera 50%
  • En contraste, cinco estados exhiben un incremento significativo respecto al promedio observado en la administración anterior: CDMX (aumento en 80% o 17 mmdp), Coahuila (186% o 5 mmdp), Oaxaca (37% o 1.2 mmdp), Puebla (28% o 950 mmpd) y Morelos (4% o 53 mdp).

Una descompensación casi súbita

Las malas prácticas de algunos fondos del Ramo 23 debían terminarse, pero la solución no es cortar de tajo los recursos para los gobiernos locales, lo que ha creado tensiones políticas crecientes. Además, es necesario considerar que la dependencia fiscal de los gobiernos locales es alta por definición (90% de sus ingresos son de origen federal). A pesar de que es perfectamente factible que mejoren su esfuerzo recaudatorio, la realidad es que el Gobierno federal recauda los tributos que tienen mayor potencial.

En adición, para 2020 también se propone que el total del gasto federalizado[1] sea de 1.97 billones de pesos, lo que representa una caída de 0.51% (-10,008 millones) respecto al aprobado en 2019. Es importante notar que este gasto ha venido disminuyendo en tres de los últimos cuatro presupuestos.

Hay otros aspectos que posiblemente contribuyen a las tensiones entre la Federación y los gobiernos y grupos de interés locales.

  • La inversión en agua en el PPEF 2020 disminuye 79% respecto a lo ejercido en 2012, lo que afecta la actividad agrícola.
  • Se cerraron programas para el campo sujetos a Reglas de Operación (ROP) y se abrieron programas que no estarán sujetos a ROP, lo que ocasiona incertidumbre sobre su funcionamiento y posible beneficio para el campo.
  • El presupuesto del Ramo de Agricultura y Desarrollo Rural presenta un recorte de 31% real (-21 mmdp) respecto a lo ejercido en 2018 y 27% real (-17 mmdp) respecto a lo aprobado en 2019.
  • A partir de 2019, el presupuesto aprobado en la Sader cambió su composición para tener en su mayoría el presupuesto en programas de subsidios que no están sujetos a reglas de operación. En el PPEF2020 los programas de “Otros subsidios” representan el 50% del presupuesto del Ramo, mientras que en 2018 esto representaba 4.7%.
  • Existe, prácticamente, nula transparencia en el plan de distribución de los programas de subsidios de SADER en 2020 el 92% del presupuesto de subsidios está clasificado como no distribuible geográficamente, lo que incrementa la incertidumbre sobre dónde será gastado y la discrecionalidad asociada.
  • Al tercer trimestre 2019, los sectores de salud-IMSS, comunicaciones y transportes y agua exhibieron un subejercicio importante en el rubro de inversión física, parece que Gobierno federal no puede solo.

La falta de ROP y la opacidad en la distribución geográfica de los programas de subsidios bien pueden equipararse a la discrecionalidad y malas prácticas de varios fondos del Ramo 23, que precisamente fueron cerrados por esos motivos.

Naturalmente, varios gobiernos locales claramente han exigido más presupuesto para obra pública municipal, al parecer las organizaciones campesinas también han exigido recursos para el mismo fin. Aportar recursos federales a la inversión local es una buen propuesta, siempre y cuando se realice en el seno de una relación de corresponsabilidad entre el gobierno federal y los gobiernos locales, que a la fecha no se ha logrado, que suponga el uso obligatorio de ROP en los programas de transferencias y subsidios y la transparencia en la inversión en infraestructura y obra pública; la asignación de recursos a estados y municipios con buenas prácticas de gobernanza y la formación de capacidades institucionales en los gobiernos locales.

Anexo con gráficos

Los principales proyectos de inversión (K) de esta administración por monto, son:

Fuente: Elaboración propia con información de Cuenta Pública 2013-2018, PEF 2019 y PPEF 2020, de Transparencia Presupuestaria SHCP. Datos en miles de millones de pesos constantes de 2020, por medio del INPC promedio anual observado reportado por Inegi y estimado en CGPE2020.

Fuente: Elaboración propia con información de Cuenta Pública 2013-2018, PEF 2019 y PPEF 2020, de Transparencia Presupuestaria SHCP. Datos en miles de millones de pesos constantes de 2020, por medio del INPC promedio anual observado reportado por Inegi y estimado en CGPE2020.

[1] A diferencia del gasto federalizado publicado por la SHCP, en este artículo no se considera como parte del gasto federalizado al Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) ya que los recursos sólo se transfieren para compensar la disminución en las Participaciones.

Presupuesto por ramo

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2020.

Aquí se presentan gráficos con el presupuesto aprobado y ejercido por ramo presupuestario, es decir, por entidad responsable del gasto público federal.

Los ramos administrativos son, en su mayoría, las secretarías de Estado; los autónomos son los que cuentan con autonomía presupuestaria, como el Inegi, el INE, la CNDH, el Poder Legislativo y el Judicial, entre otros.

Los ramos generales son aquéllos que no representan a una institución u órgano concreto, sino a una obligación de pago del gobierno establecida en leyes. Son erogaciones que la Secretaría de Hacienda asigna a diversos ejecutores de gasto como, por ejemplo, los gobiernos locales, o a entidades de control directo, como el IMSS y el ISSSTE, para cubrir obligaciones de pago en nombre del Gobierno federal.

Análisis general del Presupuesto 2020 por ramos presupuestarios

El gasto neto total propuesto en el proyecto de Presupuesto de egresos (PPEF) para 2020 fue de 6 billones 59 mil millones de pesos. Este monto es 1% real (45 mmdp[1]) mayor al presupuesto aprobado para 2019.

La Secretaría de Hacienda propuso para 2020 en el PPEF un recorte para los ramos administrativos de 3% (38 mmdp), respecto a lo aprobado para 2019. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural sufrió el mayor recorte (21 mmdp), seguida por Trabajo y Previsión Social (15.8 mmdp) y, en tercer lugar, Comunicaciones y Transportes (14 mmdp). El ramo de Gobernación presentó una disminución de 56 mmdp; sin embargo, se debió a que en 2020 se presupuestó en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) gran parte del presupuesto y funciones que realizaba –recuerden de dónde veníamos: de la megasecretaría de Osorio Chong–. En total, el proyecto de presupuesto de Gobernación y de la SSPC incrementó 4% (2.3 mmdp) para este 2020.

De manera similar, el ramo de la Procuraduría General de la República se modificó para dejar de ser ramo administrativo y convertirse en autónomo (“Fiscalía General de la República”), el cual tuvo un incremento de presupuesto de 2 mmdp (15%), respecto a lo aprobado en 2019.

El presupuesto de la Secretaría de Energía incluye las transferencias que el Gobierno federal realiza a Pemex. Este Ramo administrativo subió 73% (20 mmdp) respecto a lo aprobado en 2019.  En el proyecto de presupuesto no se considera el total de las transferencias anunciadas por 66 mmdp en el Plan de Pemex; se presupuestaron 46 mmdp –el 70% de lo anunciado–.

Los ramos autónomos presentaron un incremento en su presupuesto de 24% (27 mmdp), respecto a lo aprobado en 2019. Sin embargo, gran parte de esto se debe a que la FGR pasó a ser ramo autónomo, con un presupuesto de 18 mmdp y a que el Inegi presentó un incremento respecto al presupuesto del año previo de 4 mmdp (33%) por una razón sencilla: 2020 es año de censo económico. También se observa un aumento en el presupuesto del Poder Judicial de 3 mmdp (5%) respecto a 2019 y del Instituto Nacional Electoral por 1.9 mmdp (12%).

Los ramos generales, que representan el 56% del total del presupuesto federal, registran un incremento en el PPEF de 45 mmdp (1%) respecto a lo aprobado en 2019. El ramo general cuyo presupuesto se incrementó de forma más notoria fue el “Ramo 19 – Aportaciones a seguridad social”, con un aumento de 7% real (53.9 mmdp). Le siguió el Ramo 23, con 14 mmdp (13% real): la totalidad del incremento se relaciona con el programa “Subsidio a tarifas eléctricas”, que tiene un presupuesto de 70 mmdp.

Por último, es importante recalcar que el «Ramo 28 – Participaciones federales a Estados y Municipios» presenta una disminución de 3 mmdp respecto a lo aprobado en 2019, situación no vista desde 2009.

[1] Miles de millones de pesos. Las cifras de comparación en este texto son en pesos constantes de 2020. Lo que quiere decir que consideran el efecto de la inflación.

 

 

 

 

 

De acuerdo con la clasificación administrativa, los ejecutores del gasto se dividen en cinco grupos o ramos: administrativos, generales, autónomos, empresas productivas (Pemex y CFE) y entidades de control presupuestario directo (IMSS e ISSSTE).

 

Recomendaciones para un Presupuesto realista 2020

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2020.

10 recomendaciones

Las 10 recomendaciones de México Evalúa para este Paquete económico 2020:

  1. Es fundamental fortalecer la confianza en la economía para promover la inversión, el crecimiento, la recaudación y, por ende, el financiamiento de instrumentos que impulsen el desarrollo de México y cierren la brechas sociales.
  1. Enriquecer el Paquete con información sobre la posición del gobierno ante posibles cambios en sus principales supuestos, como en el caso de 1) Menor crecimiento económico: para entender las acciones que emprendería (si compensaría ingresos o bien recortaría gasto) y 2) Menor producción petrolera: para entender como sería la adaptación de las metas de exportación y refinación de crudo.
  1. Se necesita fortalecer la transparencia sobre el avance en los contratos de producción de crudo de utilidad compartida, para comprender mejor el estado de avance y su contribución a la producción nacional.
  1. La composición del gasto no es adecuada para apuntalar el crecimiento económico, falta inversión y falta asegurar un buen diseño de los programas de subsidios sin ROP que garanticen su orientación a resultados y rendición de cuentas.
  1. Debe evitarse el círculo vicioso de poca inversión en infraestructura — poco crecimiento económico — poca recaudación —poca inversión, etc.
  1. La limitante de recursos para la inversión requiere acciones inmediatas en el corto plazo, pero también para el mediano y largo plazo: 1) Atraer la inversión privada en la inversión pública de Pemex y distinta de Pemex; 2) Desarrollar procesos más efectivos, eficientes y sostenibles de generación y conservación de infraestructura.
  1. Aprovechar el instrumento de coordinación fiscal para apuntalar la inversión física en todo el país. Los estados están desdibujados en el Paquete, pero reciben recursos que pueden utilizarse mejor para apuntalar su impacto en el desarrollo.
  1. Dado el poco espacio fiscal federal para transferir recursos mediante convenios con los gobiernos locales, éstos deben iniciar acciones para hacer un mayor esfuerzo recaudatorio, ejerciendo a cabalidad sus facultades recaudatorias.
  1. Abrir la puerta a una discusión fiscal que busque mejorar el arreglo fiscal actual, considerando tanto el costado de los ingresos como el de gasto, y la participación de todos los niveles de gobierno.
  1. Crear un CONSEJO FISCAL en el Poder Legislativo, técnico y apartidista, para evaluar la política fiscal, promover su mejora contínua y su sostenibilidad.

Inversión pública en un sótano histórico

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2020.

Inversión física

Una mala noticia del Paquete Económico 2020 es el gasto propuesto para inversión física del sector público[1]. Este gasto –incluyendo a Pemex– será de 2.4% del PIB para 2020. Si no se considera la inversión en la petrolera, este gasto como proporción del PIB será de 1.3% para 2020, un porcentaje históricamente bajo.

Preocupa que el gasto en inversión diferente de Pemex esté tan deprimido. La inversión en infraestructura –en agua, carreteras y caminos, transporte, electricidad, salud, entre otros– es un componente vital para lograr bienestar y desarrollo para los ciudadanos. Además, la inversión en infraestructura contribuye a propiciar y sostener el crecimiento económico en un país.

Lo que dicen los datos

  • Del total de inversión física pública, 49% es para Pemex. Es decir, de cada 100 pesos que el gobierno invierte, 50 son para Pemex, 3 pesos para salud, 2 para a educación y sólo 43 centavos para agua. Los altos recursos canalizados a Pemex implican menores recursos para sectores prioritarios. La muestra: el Paquete Económico 2020 propone una caída en la inversión en agua[2] de 35% en 2020 respecto a 2019; una disminución en inversión en transporte igualmente de 35% respecto a 2019; en seguridad nacional de 16% y en salud de 5%, entre otros.
  • El gasto en inversión física pública para 2020 presenta una caída de 5.4% real respecto a 2019. Entretanto, el gasto en inversión física para Pemex tiene un incremento de 25% real en 2020 respecto a 2019.
  • El Global Infrastructure Outlook estima que México debería invertir en infraestructura casi el doble de lo que actualmente hace[3], considerando sus necesidades en este sector. Mientras el faltante de inversión promedio en la región americana es de 27%, en México el faltante será de 47% en 2020.
  • En el caso de las entidades federativas en México, el gasto en inversión también ha sido bajo: 0.3% del PIB en promedio en 2016[4]. Mientras en otros países, como Colombia, el gasto en inversión en los estados, en el mismo periodo, fue de 8.9% del PIB, Bolivia 7.9%, Argentina 2.1%, Perú 1.9%, Ecuador 1.4%, entre otros.
  • Las entidades en México han privilegiado el gasto corriente en detrimento del gasto en inversión pública. Desde 1990, el gasto en nómina (servicios personales) creció 377% como promedio nacional, mientras la inversión lo hizo en 54%.

Gasto en subsidios y otros rubros

La composición del gasto también arroja datos negativos. En el Paquete Económico 2020 continúa el estancamiento de rubros prioritarios de gasto como salud, educación e inversión física.

Además, preocupa que se propone que 64% del gasto en programas de subsidios sea para aquellos “sin reglas de operación”, lo cual representa una mala práctica que incrementa los riesgos de corrupción y de mal desempeño. (ver más)

Lo que dicen los datos

  • El gasto en Salud propuesto para 2020 es de 2.4% del PIB. La tragedia: en 2012 era 2.8%. El gasto en Educación también ha venido cayendo; mientras en 2012 era 3.5% del PIB, para 2020 será 2.8%. El gasto en inversión física, sin incluir a Pemex, presenta una historia similar, al pasar de 2.3% del PIB en 2012 a 1.3% en 2020.
  • Las obligaciones de pago como pensiones y costo financiero de la deuda han reducido el espacio fiscal disponible para invertir en otros rubros. El gasto en pensiones en 2012 era 2.7% del PIB y para 2020 representará 3.6% del PIB. El costo financiero era 2% del PIB en 2012 y para 2020 será 2.9%.

[1] Total para el sector público, incluye el gasto total del gobierno federal, las empresas productivas del estado (Pemex y CFE) y los entes de control directo (IMSS e ISSSTE).
[2] Incluye abastecimiento, ordenación y alcantarillado.
[3] Datos de Global Infraestructure Outlook. Se refiere a inversión en infraestructura económica que incluye 7 sectores: carreteras, electricidad, telecomunicaciones, agua, infraestructura ferroviaria, puertos y aeropuertos. No considera infraestructura social: educación, vivienda, educación, entre otros.
[4] Datos de CEPAL 2016 para gasto en capital en las entidades federativas.

Panorama fiscal

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2020.

Escenarios altamente sensibles:

Panorama fiscal

El problema: en el Paquete Económico 2020 se cree que la economía será más grande de lo que los analistas externos al gobierno opinan y la producción petrolera será más alta de lo que el consenso opina. Por tanto, hay un riesgo real de que el próximo año observemos menores ingresos presupuestarios.

Nos llamó la atención que de abril a septiembre las previsiones sobre los ingresos tributarios de la SHCP para 2020 pasaron de una tendencia a la baja (PCGPE) a un escenario que supone su crecimiento en 2020 (CGPE). Esta diferencia no se explica por el crecimiento económico, ya que las previsiones de abril se centraban en un crecimiento de 1.9% y las del Paquete se fundan en uno de 2% –las tasas de crecimiento son muy similares–. Incluso, los ingresos de 2019 no han evolucionado favorablemente: en julio la recaudación de IVA e ISR cayeron -8% y -10% respectivamente, en relación con julio de 2018. Fue el primer mes de 2019 en que la recaudación cayó en relación al año anterior. Por añadidura, se mantiene por debajo de su meta.

La diferencia entre ambas perspectivas se funda en el incremento recaudatorio que el gobierno espera de la implementación de las nuevas medidas para evitar la evasión fiscal. Disminuir la evasión fiscal es desde luego una labor legítima y deseable del gobierno, pero el fundamento del ingreso recaudatorio está en la actividad económica. Dicho con otras palabras: para que se expidan facturas primero debe tener lugar la transacción económica. Además, las propias medidas pueden promover la propia economía informal, especialmente en un contexto de desaceleración económica. No es claro el efecto neto que tendrán dichas medidas.

Erario emprendió un ejercicio para estimar qué tan sensible es su ingreso por recaudación de IVA e ISR ante tasas de crecimiento menores al 2% esperado por el gobierno. Identificó que si el crecimiento económico es 1%, en lugar de 2%, Erario perdería 27,668 millones de pesos. Además, si la producción de crudo esperada por el gobierno no se materializa y se mantiene en el nivel inercial (1,562 mbd) se observarían aproximadamente 177 mil millones de pesos menos en los ingresos del Sector Público. Esto implicaría usar una proporción considerable de los recursos disponibles en los fondos de ahorro: el FEIP (Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios) y el FEIEF (Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas), que ascienden a 244 mmdp.

El espacio fiscal, es decir, el ingreso disponible después de pagar los gastos fijos en el corto plazo (un año), se está reduciendo rápidamente. Éste no es un problema nuevo. No obstante, la caída en los ingresos tributarios observada este año plantea nuevos desafíos. Estimamos que el espacio fiscal en 2020 para financiar políticas públicas e infraestructura sin deuda es 1.3% del PIB y con endeudamiento (2.1%) ascenderá a 3.4%. Hace diez años el espacio fiscal sin deuda fue de 3.2% del PIB y con endeudamiento (2.2%) ascendió a 5.4%. El margen actual es muy estrecho, por lo que en el corto plazo es clave mantener la recaudación y comenzar una discusión fiscal para definir un nuevo arreglo que le de sostenibilidad a las finanzas públicas.

Panorama económico

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2020.

El no-muy-realista punto de partida:

Panorama económico

El Paquete Económico 2020 se elaboró bajo una expectativa optimista de crecimiento económico de 2% real. Este crecimiento, aunque es bajo, contrasta con lo que esperan diversos especialistas externos al gobierno y los datos económicos observados durante este año, que nos indican que la economía mexicana atraviesa un desaceleración económica. La Encuesta Citibanamex de Expectativas más reciente[1] revisó a la baja las expectativas de crecimiento del PIB para nuestro país para 2020: de 1.4% a 1.3%. En la misma dirección, HR Ratings espera que el crecimiento del PIB sea de 1.4% y Moody´s espera un 1.5%.


Nos preocupa que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2020 suponga un crecimiento económico poco realista, pues se podrían estar sobreestimando los ingresos para el año próximo, especialmente de la recaudación del IVA y del ISR –que representan el ingreso más importante de la Federación y, por ende, el de los gobiernos locales–.

Dicho de forma más descarnada: si en 2020 el crecimiento resulta menor al programado, el gobierno tendrá menos recursos para invertir en programas y políticas públicas para impulsar el bienestar y desarrollo de la población. ¿Y qué provoca un escenario de ingresos faltantes? Se aumenta el endeudamiento, se recorta el gasto o se utilizan los ahorros –pero éstos últimos son limitados–.

El precio del barril impone su ‘ley’

En el Paquete Económico 2020 se ‘reconoce’ la estimación realista del precio de la mezcla mexicana de petróleo, en línea con la caída que ya anticipan los precios de futuros del petróleo. En los Precriterios presentados por Hacienda en abril pasado, estimaban el valor de este indicador, para 2020, en 55 dólares por barril. Pero en el presupuesto efectivamente enviado al Congreso el precio se ajustó a la baja: 49 dólares por barril.

En efecto: la baja de los precios del petróleo en los últimos meses impuso uno de los mayores desafíos al Paquete Económico y representa un riesgo para las finanzas públicas de 2020.

Detectamos un gran acierto del PEF 2020: el aumento en la plataforma de exportación, en relación a lo previsto inicialmente por Hacienda. En abril pasado el Gobierno había establecido en los Precriterios que en 2020 Pemex exportaría únicamente 1,085 mbd (miles de barriles); eso implicaría a una disminución en los ingresos petroleros y, por ende, del gasto público. No obstante, al perecer el asunto se reconsideró y ya en el Paquete enviado la plataforma de exportación aumentó, y esto permite esperar mayores ingresos. Para 2020 se plantea una plataforma de exportación de 1,134 mbd,  2% mayor que la de 2019, que alcanzó 1,115 mbd[2].

Eso sí, la producción esperada de Pemex en 2020 es una historia muy diferente. Creemos que no es probable que se materialice. Año tras año, desde 2004, la producción ha venido cayendo por el agotamiento de los principales yacimientos –Cantarell y Akal[3]–. Ahora, al parecer de manera milagrosa, se plantea revertir la tendencia observada. La expectativa de pasar de 1,707 mdb en 2019 a 1,951 en 2020 es tan asombrosa que resulta poco creíble y, más importente, difícil de cumplir. En el Paquete incluso se aumenta la plataforma de producción de crudo para 2019 respecto a lo que se había establecido originalmente en el Plan de Negocios de Pemex apenas publicado (de 1,707 mdb diarios, a 1,847 en 2019). Y para seguir abonando a nuestro escepticismo: en las dos administraciones anteriores se destinó entre 2009 y 2016 una inversión en Pemex de casi el doble de lo que se invierte actualmente, y no se logró un aumento tan importante de su producción. Lo que sí es verdad es que dicha inversión implicó una fuerte presión para las finanzas públicas, y contribuyó al deterioro observado en el balance primario en esos años. ¿Repetiremos la historia?

Ahora, es importante aclarar que los ingresos petroleros del sector público están directamente relacionados con la plataforma de exportación, que representa la mayor fracción de la producción total. El incremento en la plataforma de exportación mencionado anteriormente sí es viable incluso con el nivel de producción actual.

Entonces ¿por qué sobrestimar la producción de petróleo es un problema?

El resto de la producción que no se exporta se destina a las refinerías. Es un insumo para los procesos de refinación. Una mayor plataforma de exportación, a mitad de una circunstancia en la que no se materializa el aumento prodigioso de la producción, claramente va a implicar menos barriles para las refinerías. Es decir, se tendría que sacrificar la meta establecida en el Plan Pemex, que promete refinar 788 mbd. Esto plantea un desafío a los planes que la administración tiene para fortalecer la industria estatal de refinación. Haría aún más cuestionable el proyecto de la construcción y operación de la nueva refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

¿Qué va a hacer el gobierno cuándo la producción sea efectivamente menor a la esperada, ante la disyuntiva de enviar los barriles a la exportación o las refinerías? Por supuesto, debe cumplir con lo prometido en el Paquete Económico 2020, ya que eso le permitiría alcanzar sus metas fiscales y abona en mantener su calificación soberana.

[1] Publicada 5 de septiembre de 2019
[2] Criterios Generales de Política Económica 2020, pag. 184
[3] Plan de Negocios de Pemex 2019-2023, pag. 35

Presentación Erario especial 2020

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2020.

El 12 de septiembre México Evalúa presentó su análisis del Proyecto del Presupuesto de Egresos 2020.

Aquí podrás revisar los datos y gráficos presentados.

 

Ausencia de reglas de operación: mala práctica de manual

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2020.

Gasto en subsidios y transferencias

La composición del gasto arroja datos negativos. En el Paquete Económico 2020 continúa el estancamiento de rubros prioritarios de gasto como salud, educación e inversión física.

Nos preocupa que se proponga que el 64% del gasto en programas de subsidios y transferencias (SyU) sea para aquéllos “sin reglas de operación”, lo cual representa una mala práctica que incrementa los riesgos de corrupción y de mal desempeño.

  • En este Paquete 2020 decepciona que la gran mayoría del gasto en programas de subsidios sea para programas “sin reglas de operación” (ROP) (64%), y únicamente 36% para programas sujetos a ROP. En 2020 se propone gastar 402 mil millones de pesos en programas de subsidios sin ROP. Es decir, 45% de los recursos que tiene el gobierno, después hacer sus pagos obligatorios, se va a ir a programas que no están obligados a regular su diseño, mientras que en 2019 fue de 40%.
  • Una de las principales herramientas de las ROP es la promoción de un trato equitativo hacia los beneficiarios. Además, obligan a realizar una evaluación de resultados, lo cual es clave, porque no hay otra forma de obtener suficiente evidencia para saber si el subsidio ha sido bien o mal manejado. Sin ellas, es más difícil juzgar su desempeño, mejorar su diseño y exigir la rendición de cuentas.
  • Que el Presupuesto 2020 se haya redistribuido hacia nuevos programas sin ROP es signo de que continuará la discrecionalidad y queda en entredicho la seriedad de la nueva política social.
  • Las reglas de operación facilitan que los distintos programas sociales incluyan distintos enfoques transversales, principalmente el de género. Los principales programas de subsidios de esta administración no cuentan con reglas de operación por lo que se dificulta que atiendan demandas sociales con una visión de atención de derechos humanos y con mayor eficacia en sus objetivos buscados. Un ejemplo de esto es Jóvenes Construyendo el Futuro, en sus lineamientos no se incluye el enfoque de género, a pesar de que su población objetivo es mayoritariamente mujeres.

Los principales programas de «otros subsidios» son:

  • Subsidios para organismos descentralizados estatales con 90 mil millones de pesos. Este programa es de ayuda a 68 universidades públicas estatales.[1]
  • El antes Seguro Popular con 72 mil millones de pesos, próximamente INSABI. Este programa será sustituido por uno nuevo el proceso legislativo vigente. A pesar de que este programa cuenta con reglas de operación, cuenta con una clasificación U.[2]
  • Subsidios a Tarifas eléctricas con 70 mil millones de pesos. Este subsidios no da a conocer información de su distribución y ejercicio en años anteriores.
  • En la segunda gráfica pueden identificar 10 programas insignia de subsidios NO sujetos a reglas de operación (sombreados en negro), que suman un presupuesto de 124 mil millones de pesos.
  • Los ganadores: los programas de subsidios que tienen los mayores aumentos respecto al cierre estimado de 2019 son: Subsidios a las Tarifas Eléctricas (30%), Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (11%), Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez (62%), Sembrando Vida (73%), Precios de Garantía a Productos Alimentarios (61%) y La Escuela Nuestra (nuevo programa).
  • Los perdedores: los programas de subsidios que tienen los mayores recortes respecto al cierre estimado de 2019 son: Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez (-29%), Jóvenes Escribiendo el Futuro (-27%), Fomento a la Agricultura (-99%), Prospera Programa de Inclusión Social (-100%) y Programa Nacional de Reconstrucción (-66%).
 

[1] https://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/SFODE.aspx
[2] https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/diputados-remiten-al-senado-dictamen-que-crea-el-insabi