LO BUENO 🙂

1. El crecimiento económico para 2019 parece realista. Se estima un crecimiento económico 2%, en un rango de 1.5-2.5%. Lo propuesto está en línea con lo estimado por otros analistas del sector público y privado.

2. El Poder Ejecutivo propuso un presupuesto con un nivel de ingreso más realista, en relación a lo observado en años anteriores. Se estima que los ingresos totales del Sector público tengan una disminución de -0.1% respecto al estimado del cierre de 2018.

Derivado de lo anterior, no se esperan ingresos excedentes tan altos -como en años anteriores- para financiar sobre ejercicios discrecionales como los observados históricamente en los rubros de “Publicidad Gubernamental”, “Presidencia” y programas discrecionales del Ramo 23 como “Fortafin”. No obstante, continúa siendo posible modificar el presupuesto durante el año y financiar posibles sobre ejercicios con otras bolsas discrecionales, como recortes a otros rubros de gasto o recursos del endeudamiento público.

3. Se propone un balance primario positivo que aumente de 0.7% del PIB en 2018 a 1% del PIB en 2019. De esta manera, se continúa con el esfuerzo emprendido en la administración anterior, para darle fin a una etapa que duró nueve años cuándo el gobierno bajó la guardia en materia de disciplina financiera y presentó déficits primarios. Es decir, no tenía dinero en las arcas para pagar los intereses del saldo de su deuda y por eso pedía prestado para pagarlos.

Es importante aclarar, que actualmente se propone que el superávit primario se financie con recortes al gasto público y no con ingresos extraordinarios provenientes de liquidar las reservas internacionales del Banxico, como sucedió en la administración anterior.

A pesar de la mejora en el Balance primario, este sigue siendo insuficiente para pagar los intereses de la deuda. Por ese motivo, será necesario endeudarse para pagar la totalidad de los intereses de la deuda. Para pagar los intereses sin pedir prestado, el superávit primario debería ser 3% del PIB pero se propuso que sea 1% del PIB.

4. Se mantiene estable el nivel de endeudamiento en relación al PIB (45.3%). Además, hay una perspectiva más realista sobre la evolución de este indicador en los siguientes años. En la administración anterior se prometió una disminución ambiciosa y poco creíble del indicador, que no se cumplió.

5. Hay una mejora en la “Regla de Oro”, se propone un mayor nivel de inversión en relación al monto de endeudamiento solicitado, especialmente en el Sector público, es decir cuándo se incluye a las empresas productivas del Estado.

Se planea invertir 91 centavos por cada peso de endeudamiento para el sector público, cuando en 2018 se invirtió 80 centavos por cada peso de endeudamiento aprobado. Esto sugiere una mejor composición del Paquete Económico.

6. Se propone desaparecer los programas de subsidios del Ramo 23 que entregaban recursos a los gobiernos locales de manera discrecional, sin contar con Reglas de Operación, sin orientación a resultados, y con motivaciones de control político[1], especialmente Fortafin y Programas Regionales.

7. Se propone formalizar 108 plazas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Estas plazas ya existían en 2018 pero eran eventuales y ahora están inventariadas en la propuesta de plazas del gobierno. Esto puede fortalecer la continuidad de SNA, así como, la responsabilidad y la transparencia sobre el manejo de los recursos humanos de esa institución.

LO MALO 🙁

1. La presión del costo financiero ha desplazado los gastos en educación y salud como proporción del PIB. El crecimiento del monto de la deuda en la administración anterior, aunado a un incremento en las tasas de interés, ha hecho que el costo de tener deuda aumente de manera significativa. Esta obligación financiera ha ido desplazando el gasto en otros sectores prioritarios.

Ante este contexto, en el Paquete Económico 2019 se proyecta un escenario nada alentador, un crecimiento económico plano durante todo el sexenio, sin aumento de los ingresos públicos en proporción al PIB. No se tiene prevista una propuesta definida para cambiar el marco económico y fiscal en el mediano plazo, de tal forma que desde 2019 ya se tuviera un plan concreto con base en el cual poder emitir mejores proyecciones de la situación fiscal. Es necesario ampliar el espacio fiscal para aumentar los gastos en salud, educación así como la inversión, entre otros.

Lo anterior confirma lo que México Evalúa junto con todas las organizaciones que integran el Colectivo Peso han señalado desde hace más de tres años; que el gobierno carece de una función: la planeación de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo. Sin esta función será difícil financiar servicios públicos suficientes y de calidad para superar la pobreza y alentar e crecimiento económico. Es muy difícil que un equipo de transición pueda construir una propuesta bien definida en tan poco tiempo, esto limita las posibilidades de mejorar el escenario fiscal en el mediano plazo. Insistimos en que es indispensable crear un verdadero Consejo Fiscal en el Congreso; apartidista, con autonomía presupuestaria y de gestión y voz pública, que evalué la política fiscal que haga prospectiva de finanzas públicas y sea capaz de emitir recomendaciones de política pública. En el Paquete económico 2019 no se propone la creación de un Consejo Fiscal.

2. El aumento en la inversión como proporción de PIB es mínimo. No es una buena noticia, dado que México tiene una brecha en materia de infraestructura y para atenderla tiene que destinar más recursos a este fin.

El gasto en inversión tiene mayor efecto multiplicador que el consumo. Además, la propuesta de inversión es una decepción; privilegia al sector energético, mientras la inversión en infraestructura de salud, educación y servicios básicos se mantiene estancada. Esto sugiere que se propone un esquema en el cual el estado intensifica sus recursos hacia el sector energético, en lugar de destinarlos a la formación de capital humano que es el prerrequisito para aumentar el ingreso de las personas y promover la movilidad social. Es un retorno a un esquema anterior que se intentaba superar, porque en el pasado no dejó buenos resultados. Se tiene una deuda social que para saldarse requiere de la presencia de la inversión pública, en donde la iniciativa privada no tiene incentivos a invertir por sí sola, como sí los tiene para invertir en el sector energético.

Un punto negativo en los nuevos programas de inversión, catalogados como prioritarios por esta administración, es que su gasto se está aprobando en partidas provisionales[2] que no explican en qué rubros específicos se planean gastar dichos recursos. Esto no ayuda a la rendición de cuentas. Un ejemplo de esto es el programa “Provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad”, que tiene un monto asignado de 18 mil millones de pesos en dos Secretarías. La Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con un presupuesto 15 mil millones pesos para dicho proyecto, mientras que los otros 3 mil millones se proponen para la SCT.

Existe evidencia de la Auditoría Superior de la Federación sobre la ineficiencia y la opacidad en la ejecución de los proyectos de infraestructura por la Sedena. Por ejemplo iniciar proyectos con una planeación incompleta (o sin planeación), llevando a ajustes excesivos en tiempo y presupuesto. Un caso emblemático es el caso de la barda perimetral del NAIM. [3]

3. Se esperan menos ingresos excedentes debido a que hay una propuesta de ingresos más realista en relación a los ingresos observados en los años anteriores, pero en caso de que se reciban, no se propone un avance sobre la política del uso de ingresos excedentes. Por un lado, la regulación de estos ingresos se mantiene sin cambio en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La regulación actual no garantiza que se destinen en mayor medida al pago de la deuda, al ahorro y a la inversión, además se mantienen vicios de transparencia y rendición de cuentas.

Por otro lado, en la ILIF 2019 se propone que la Secretaría de Hacienda pueda decidir durante el año la asignación de los ingresos por recuperaciones de capital, un tipo de ingreso por aprovechamientos, pero sin obligarla a que rinda cuentas al Congreso sobre esa asignación. Esto permite la discrecionalidad.

Tampoco se avanzó en la transparencia de los ingresos por aprovechamientos. En la ILIF 2019, 90% de los mismos continúa sin desglosarse, sigue siendo un misterio el origen de estos ingresos.

4. El Poder Ejecutivo solicitó un techo de endeudamiento más moderado, pero mayor al déficit propuesto. Es decir, el déficit es menor al techo de endeudamiento, por lo que habrá un monto sobrante de casi 100 mil millones de pesos*, que no sabemos si va a asignarse y en su caso a qué. Hay espacio para discrecionalidad y para que durante el ejercicio algunos recursos del endeudamiento puedan ser asignados de manera discrecional para financiar sobre ejercicios que no fueron presupuestados.

*Estos 100 mil millones de pesos son la diferencia que existe entre el techo de endeudamiento y los Requerimientos Financieros del Sector Público, pues este margen es el que no se explica.

5. Las medidas de transparencia y rendición de cuentas de los nuevos programas sociales que manejará la Secretaría del Trabajo y la Secretaría del Bienestar están ausentes en el Decreto de presupuesto 2019. El aumento de gasto que se propone para financiar estos nuevos subsidios a la población es de tamaño considerable, por lo que debería haber un esfuerzo proporcional a ese aumento que obligue a la Administración Pública a integrar, monitorear y vigilar un padrón ÚNICO y PÚBLICO de beneficiarios de los programas sociales. Esta demanda de la sociedad hacia las autoridades lleva más de una década sin ser efectivamente atendida. El Decreto de presupuesto 2019 debería incluir las siguientes medidas: la integración del padrón, una rutina de monitoreo periódica que se documente y se entreguen los resultados al Congreso, así como evaluaciones de impacto anuales para identificar la efectividad e incidencia que tienen en la población. Sería ideal que se integrara un comité interinstitucional para su adecuada transparencia y seguimiento.

6. Se propone asignar más recursos de uso libre a los estados mediante Participaciones, con esto se mantiene un esquema inercial que no ha funcionado para generar resultados de política pública y propiciar las mejores prácticas en rendición de cuentas. Hace falta un cambio en las reglas de las asignaciones de recursos a los gobiernos locales para verdaderamente motivar el fortalecimiento financiero y el desarrollo institucional en las entidades federativas y en los municipios. Es urgente motivar una mejor disciplina financiera, una mayor recaudación a nivel local, una mejor composición del gasto público al aumentar la inversión y controlar la nómina y gastos superfluos como el de comunicación social. Actualmente, las asignaciones de la Federación no reconocen la realidad local y por el otro lado, las entidades no rinden cuentas de manera adecuada. Hay una fuerte disfuncionalidad en el pacto fiscal que debe atenderse para apuntalar el desarrollo del país y una verdadera transformación.

7. A pesar del recorte respecto al monto ejercido en años anteriores, la asignación de recursos al rubro de comunicación social continua siendo alta, 1 mil 121 millones de pesos más que el presupuesto para el programa de Estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadores (2 mil 265 millones de pesos). No se explica dentro del paquete económico la asignación al rubro de comunicación social ante un escenario de austeridad.

Lo que está por verse :/ 

1. Se propone un alza en los servicios personales, 31.9 mil millones de pesos más respecto a lo estimado para el cierre de 2018 (7.1% real). El PPEF 2019 propone una reorganización del gasto administrativo, en la cual, se cancelan plazas eventuales y se crean plazas permanentes. Está por verse la efectividad de esta nueva estructura de plazas y que no afecte en la provisión de servicios para la población.

2. Se propone un adelgazamiento del gasto administrativo del gobierno federal. Viáticos y servicios de traslado: -30% real respecto a lo estimado para 2018. (3.7 mil millones de pesos) y subcontratación de terceros: -68% real (9.6 mil millones de pesos). Por un lado, se desconoce la metodología que se siguió para hacer los recortes a estos rubros. Por el otro lado, será necesario estar atentos durante al año para revisar que estos recortes no tengan repercusiones en la provisión de servicios públicos y en el cumplimiento de derechos para la población.

[1] https://www.mexicoevalua.org/2018/02/27/arquitectura-del-ramo-23/

[2] “Provisiones para Erogaciones Especiales”

[3] https://www.youtube.com/watch?v=yeL3Dz05vS8