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Etiqueta: Paquete Económico 2025

Golpe presupuestario al Estado de derecho en el PEF 2025

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2025.

Para 2025 se vislumbra un panorama poco alentador en materia de Estado de derecho en México. ¿La razón? Los recursos para garantizar la seguridad y la justicia de la población tendrán su peor nivel en más de una década. 

Para 2025, el gasto total de las principales Entidades enfocadas a aplicar el Estado de derecho será de 404 mmdp, una reducción de 30% (174 mmdp) frente al monto aprobado para 2024. Esta cifra contempla el presupuesto total de las secretarías de Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y Gobernación; además de la Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Judicial y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). 

Si solo consideramos la parte del presupuesto que realmente se destina a las funciones de seguridad, asuntos de orden público y justicia, entonces el presupuesto cae a 315 mil millones de pesos (mmdp), el más bajo desde 2010. El recorte, marcado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, será de 17.7% (68.1 mmdp) frente al monto aprobado para 2024. Respecto del tamaño de la economía, representará 0.9% del producto interno bruto (PIB), el mínimo desde 2008.

Las reducciones presupuestarias no sólo limitarán atender la principal exigencia de la ciudadanía —la inseguridad y falta de justicia— sino que dejarán al país debilitado ante las exigencias del próximo presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, de que México combata de forma efectiva a los grupos delictivos. 

La reducción de recursos al Estado de derecho se engloba en toda una estrategia de ajuste fiscal que detallamos en nuestras Cinco Evidencias de las Finanzas Públicas en el Paquete Económico 2025. 

Yendo a detalle, los principales hallazgos en materia del presupuesto para el Estado de derecho son:

  • El gasto enfocado a policías civiles (Asuntos de Órden Público y Seguridad Interior) será 77% inferior al máximo reportado en 2015, si descontamos los recursos de la Guardia Nacional, que es en realidad un ente militar. 
  • Los recortes en los entes civiles, no se traducen en aumentos en los ramos militares, lo que debilitará la capacidad del Estado de garantizar la seguridad de la población. 
  • Pese a los recortes, se mantiene la militarización del gasto: los entes castrenses recibirán el 63.4% del presupuesto de los ramos enfocados a garantizar el Estado de derecho, la segunda mayor proporción histórica. 
  • Los subsidios federales hacia los estados para el fortalecimiento de sus policías civiles serán 93.2% inferiores al máximo de 2013. Es decir, todos los cuerpos enfocados a la seguridad, de cualquier nivel de Gobierno, tendrán castigos presupuestarios. 
  • El Poder Judicial, tendrá su peor presupuesto desde 2011, lo cual hará más lento e inefectivo el acceso a la justicia en México. 
  • Finalmente, el Instituto Nacional de Migración (INM) tendrá su peor presupuesto aprobado desde 2008. Ello limitará su actuar ante la crisis migratoria y las exigencias de nuestro principal socio comercial. 

Panorama fiscal del Estado de derecho 

Los recursos para garantizar el Estado de derecho comprenden las funciones del gasto público (áreas u objetivos) de Seguridad Nacional, Asuntos de Orden Público, y Justicia. El siguiente año, todas estas funciones sufrirán recortes, lo cual podría tener un impacto en los diferentes componentes que ayudan a aplicar la Ley: las policías civiles, el ejército, las fiscalías y el Poder Judicial. 

El mayor recorte frente a 2024 se da en la función de Asuntos de Orden Público (policías civiles) por 42.9% (38.4 mmdp), seguido del recorte en la función de Seguridad Nacional, por 11.0% (17.2 mmdp)1. Por último, se encuentra el recorte de 9.1% (12.5 mmdp) de la función de Justicia2. 

El retroceso no sólo es frente al monto aprobado de 2024, sino también con respecto a lo observado en sexenios pasados. Por ejemplo, para 2025 el presupuesto para estas funciones será 17.5% (66.7 mmdp) menor en términos reales, contra el promedio de lo ejercido por Peña Nieto (2013-2018). El sector más afectado será Justicia, con una caída de 19% (29.3 mmdp) frente al gasto del sexenio peñanietista. 

Objetivo Seguridad Nacional

La función de Seguridad Nacional es ejercida por tres secretarías: La Defensa Nacional (72.3% del total), la Marina (25.7%) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (2%). 

El recorte en esta función viene, principalmente, en el gasto corriente, con una disminución de 12% (16.7 mmdp) frente al monto aprobado para 2024. El gasto corriente es el principal componente del presupuesto de esta función porque cubre el pago de sueldos y salarios del personal. Esta reducción podría limitar la contratación de más fuerzas militares o el incremento de sus remuneraciones. 

El presupuesto en Seguridad Nacional también presenta un fuerte ajuste a la baja en materia de inversión, tanto en obra pública, como en gasto de capital diferente a este concepto (compra de maquinaria y equipo, inversión en tecnología o adquisición de inmuebles). Frente a 2024, el primero cae 100% (5.5 mmdp): desaparece. Por su parte, el gasto de capital diferente de obra pública se reduce en 72.3% (7.8 mmdp).

Comparado con el gasto promedio ejercido durante la administración de Peña Nieto, el recorte a la función de Seguridad Nacional será de 8.5% (13 mmdp). Además de la anulación del presupuesto para gasto de obra pública (una reducción de 6.6 mmdp), el estimado para el capital diferente de obra pública trae una caída de 83.7% (15.4 mmdp) frente al promedio ejercido de 2012 a 2018.

El presupuesto de 2025 también es inferior al gasto promedio ejercido durante la administración de López Obrador3. El mayor recorte se observa en los recursos que se transfieren para el pago de fideicomisos relacionados con proyectos de inversión, por 78.1% (23 mmdp). Hay que tener en cuenta que, durante la presidencia lopezobradorista, se transfirieron grandes recursos a fideicomisos para la construcción de los proyectos principales a cargo de los ramos militares, como fue el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya. 

Los recortes en el presupuesto de inversión de la función de Seguridad Nacional pueden afectar la adquisición de armamento, equipo militar, modernización de vehículos, desarrollo de sistemas de información y modernización de bases militares. Todo lo anterior, debilitaría la estrategia de seguridad del Gobierno. Esta inversión es distinta a aquella relacionada al Tren Maya, la cual se aborda más adelante. 

Si analizamos el recorte por programa presupuestario dentro de la función de Seguridad, son cinco los programas más afectados frente a 2024. En orden de magnitud, son: 

  1. Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional. Recorte de 8.4% (-3.9 mmdp) en términos reales.
  2. Previsión para el fortalecimiento de Infraestructura Naval y Militar. Reducción de 64.9% (-3.7 mmdp) en términos reales. 
  3. Provisiones para la construcción y fortalecimiento de infraestructura. Recorte por 78.6% (-3.61 mmdp). 
  4. Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana. Recorte por 35.3% (-3.59 mmdp).
  5. Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. Disminución de 13.9% (-3.33 mmdp).

En síntesis, el presupuesto para la Seguridad Nacional en 2025 se verá reducido frente al monto aprobado para 2024, pero también contra el promedio que se ejerció durante la administración de Peña Nieto. Los recortes provienen principalmente en el gasto corriente, seguido del gasto en inversión. Si lo analizamos por programa presupuestario, hay un debilitamiento en los programas que tienen por finalidad fortalecer las capacidades militares. Todo ello podría comprometer la capacidad de las fuerzas armadas para enfrentar a la ola de inseguridad que azota en el país. 

Objetivo Policías Civiles 

La función de Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior presenta un presupuesto por 51.2 mmdp para 2025: un desplome de 42.9% (38.5 mmdp) versus el monto aprobado para 2024. Estos recursos se destinan a las acciones de seguridad de las policías civiles. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) concentra el 84.7% de este presupuesto, seguido del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) con el 13.6% y por último, Gobernación con el 1.7%.

Dentro del presupuesto de la SSyPC todavía se encuentran 32.1 mmdp para la Guardia Nacional, que implica una reducción de 55% (39.5 mmdp) contra 2024. Esto a pesar de que, desde septiembre, la Guardia Nacional fue trasladada a la Defensa por reforma constitucional4. El problema es que los recursos de este cuerpo policial deberían clasificarse como Seguridad Nacional al ser un ente militar. Sin embargo, siguen dentro de la función de Asuntos de Órden Público. Este recorte a la Guardia Nacional no se corresponde con un incremento en el presupuesto de las Fuerzas Armadas (que corresponde a la función Seguridad Nacional); es decir, no se compensa la pérdida presupuestaria. Si desagregamos a la Guardia Nacional, la función de Asuntos de Órden Público tendría sólo 19 mmdp. Esto es 77% (65.4 mmdp) menos que el máximo alcanzado en 2015 y refleja la militarización de la seguridad en el país. 

Con la reducción, el principal componente afectado será el gasto corriente. Sin embargo, también se verá afectado el gasto de inversión y aquel que se destina para el pago de fideicomisos públicos. El gasto de capital de obra pública presenta un recorte por 60.6% (8.0 mmdp) frente al monto aprobado para 2024, mientras que el gasto de capital diferente de obra pública (compra de maquinaria y equipo, inversión en tecnología o adquisición de inmuebles) trae un recorte por 41.8% (4.3 mmdp). 

Si lo analizamos frente al gasto promedio ejercido por Peña Nieto, se observa que el gasto en la función de Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, trae un recorte de 32.3% (24.4 mmdp). Este recorte se explica por una disminución de 40.3% (26.9 mmdp) en el gasto corriente, principalmente de la extinta Policía Federal. 

En síntesis, la función de Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior presenta una fuerte rebaja frente al monto aprobado para 2024 y, contra lo ejercido por Peña Nieto. El recorte proviene de la disminución de su gasto corriente, principalmente por un presupuesto de la Guardia Nacional que es reducido a la mitad, así como un menor estimado de egresos para la provisión de infraestructura, que es reflejo de la desmilitarización del gasto en inversión pública.

Objetivo Justicia 

La función de Justicia tendrá una caída de 9.1% (12.5 mmdp) frente a lo aprobado para 2024. Este rubro presupuestal es ejercido principalmente por el Poder Judicial (59.3% del total), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (17.8%), la Fiscalía General de la República (FGR) (14.1%) el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) (2.3%), además de otros ramos con menor participación, como los Tribunales Agrarios, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

El recorte en esta función para 2025 proviene, principalmente, de la reducción del presupuesto del Poder Judicial. Para 2025 se propusieron originalmente 85 mmdp para este fin, sin embargo, las recientes modificaciones bajaron aún más la dotación y queda en 70.9 mmdp. Sería la estimación de costos más baja desde 2010 para este poder. Frente al monto aprobado para 2024 sería una rebaja en términos reales de 13.1% (10.7 mmdp), mientras que contra 2019 y 2018 sería una caída real de 12% (10 mmdp) y 19.2% (16.9 mmdp) respectivamente. 

Aún no es posible detallar en qué objeto del gasto se focalizarán las reducciones al Poder Judicial, debido a que no se han publicado los datos abiertos del presupuesto aprobado. Si consideramos que alrededor del 98.2% de sus recursos van para gasto corriente, es decir, para el pago de los ministros y el personal necesario para ejercer la justicia en México, entonces este rubro podría traer un recorte de 9.1% (12.3 mmdp) frente a lo aprobado para 2024. 

Otros ramos bajo el presupuesto de Justicia también se disminuyen. La CNDH tendrá 4% (72.3 mdp) menos recursos; la STPS, 13% (137 mdp) y los Tribunales Agrarios, 11% (107 mdp). 

Poder fiscal de las entidades: gasto total

Anteriormente analizamos el presupuesto en Estado de derecho visto desde el punto de vista de la clasificación funcional o por objetivos del gasto. Sin embargo, las principales entidades encargadas de aplicar la Ley, ejercen muchas veces otras funciones, como Transporte, Turismo, Salud, o Educación. Sólo al contabilizar estos gastos es posible entender su verdadero poder fiscal y apreciar si está alineado con sus funciones primordiales. 

Para 2025, el gasto total de las principales Entidades enfocadas a aplicar el Estado de derecho será de 404 mmdp, una reducción de 30% (174 mmdp) frente al monto aprobado para 2024. Este monto contempla el presupuesto total de la Defensa, Marina, SSyPC, FGR, Gobernación, Poder Judicial y el FASP. 

Aunque el presupuesto de estas instituciones es 3% (12.2 mmdp) mayor al primer año de López Obrador y 10.8% (39.4 mmdp) superior al inicio de Peña Nieto, se encuentra al mismo nivel de lo observado en 2014 a 2016, lo cual muestra un estancamiento histórico y una pérdida de prioridad en el primer Paquete Económico de Claudia Sheinbaum. Este hecho se comprueba al analizar el peso de las entidades respecto al presupuesto total. En 2025 controlarán el 4.4%, mientras que en 2024 gestionaron el 6.2% y en 2014 —hace más de una década— el 5.2%. 

El mayor recorte se da en el presupuesto de la Defensa, con una caída de 41.5% (112.1 mmdp) en términos reales versus el monto aprobado para 2024. Esto, como ya mencionamos anteriormente, da cuenta de la desmilitarización del gasto en inversión pública. En nuestro análisis de inversión pública en el PEF 2025  destacamos la caída en los recursos para la inversión en la función Transporte, es decir del Tren Maya (en manos de la Defensa), frente a la creación de nuevos proyectos de trenes que estarán a cargo de la Secretaría Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Lo anterior puede confirmarse al analizar en qué programa presupuestario de la Defensa (antes Sedena) se encuentra la rebaja, identificando que el programa de “Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros” prácticamente desaparece. Este rubro, que registraba los recursos para el Tren Maya, tenía un presupuesto por 125 mmdp en 2024. Para 2025 no cuenta con capital asignado. 

La segunda mayor disminución en el presupuesto está en la SSyPC: 36.2% (39.9 mmdp) frente al monto aprobado para 2024. Este recorte se focaliza en la Guardía Nacional, sin que haya un incremento correspondiente en el gasto operativo para la Defensa, como explicamos anteriormente. 

Por otro lado, la Marina presenta una reducción por 12% (9.0 mmdp) contra lo aprobado para 2024. La mayor rebaja se da en su gasto corriente: 12.6% (5.6 mmdp) en términos reales respecto a 2024. Es decir, esta dependencia tendrá menos recursos para el pago de nómina. Además, enfrentará un recorte en su gasto de obra pública de 9.4% (2.59 mmdp) ante la misma métrica de comparación. 

Hay que señalar que la Marina aún se encuentra a cargo de la construcción del proyecto Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Para este fin se ha presupuestado 22.1 mmdp, superior a los 21.7 mmdp aprobados para 2024. Así, la Marina no pierde participación en el desarrollo de obras prioritarias, pero sí pierde presupuesto para inversión en Seguridad Nacional. 

Por otro lado se encuentran los recortes de Gobernación. Esta secretaría tendrá menos recursos en términos reales en todos sus programas presupuestarios. Los más castigados son Política y servicios migratorios: con 14.0% (292.9 mdp) menos que el monto aprobado para 2024. Esto impacta al Instituto Nacional de Migración (INM) sobre el cual detallaremos más adelante, así como del recorte al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 0.3% (0.03 mmdp). 

En otras palabras, las principales entidades para garantizar el Estado de derecho tienen recortes importantes en su presupuesto, ya sea en sus áreas sustantivas o en funciones que tradicionalmente no realizaban, como las obras de infraestructura prioritarias. 

El presupuesto destinado a Defensa y Marina pasará de representar el 9.0% del gasto programable en 2024 al 6.3%, un nivel comparable al observado en 2021. Aunque esto podría podría mostrar una reducción en la militarización del presupuesto, las entidades civiles encargadas de aplicar la Ley también sufrirán recortes. Dicho de otro modo, habrá una política de austeridad generalizada para el siguiente año, salvo excepciones contadas en pensiones o becas, como lo explicamos en esta investigación.

Distribución de poder fiscal entre entidades civiles y militares

A pesar de la disminución de recursos para la Defensa en 2025, la distribución del gasto sigue reflejando un desequilibrio entre instancias civiles y militares.

Entre las principales entidades encargadas de garantizar el Estado de derecho, en 2025, las instancias civiles recibirán sólo el 36.6% del presupuesto, una proporción que se ha reducido desde el 52.9% en el primer año de López Obrador y el 58.7% en el de Peña Nieto. Nos referimos al estimado de costos de la FGR, Gobernación, SSyPC (sin contabilizar los recursos para la Guardia Nacional5, el Poder Judicial y el FASP). Su gasto total será de 148 mmdp, 41% (102 mmdp) frente al máximo de 2015, lo que demuestra el debilitamiento reciente de estas dependencias. 

Por otro lado, las instancias militares recibirán el 63.4% del presupuesto para 2025. Aquí nos referimos a los recursos de la Defensa, Marina y Guardia Nacional. Su presupuesto para 2025 será de 256 mmdp, el segundo mayor monto después del observado en 2024, lo cual refleja que las Fuerzas Armadas, aunque castigadas en áreas específicas, siguen dominando si las comparamos con las instituciones civiles.

Como se explicó anteriormente, el presupuesto total de estas entidades militares y civiles se mantiene estancado respecto de lo observado entre 2014 y 2016. No obstante, los entes militares han ganado una mayor concentración de recursos. Esto ha sido en detrimento de las instancias civiles y de los gobiernos locales. 

Retroceso en seguridad pública en los estados

Los estados de la República son altamente dependientes de las transferencias que reciben de la Federación. En este sentido, los recursos en materia de seguridad pública determinan el éxito de sus estrategias para garantizar el órden público. Sin financiamiento adecuado y estable, los gobiernos locales enfrentan limitaciones para invertir en equipamiento, capacitación policial, prevención del delito y mantenimiento de infraestructura crítica.

En 2025, se proyecta un presupuesto de 59.2 mmdp para transferencias federales en seguridad pública, lo que representa un incremento de 2% (1.3 mmdp) respecto a lo aprobado en 2024. Pese al aumento, el monto es todavía inferior al máximo histórico de 67.3 mmdp registrado en 2014. 

¿La razón? Si bien algunos componentes de las transferencias en seguridad tendrán más recursos, es porque están blindados por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). En contraste, gran parte de los subsidios en seguridad que no estaban blindados han desaparecido. Vamos por partes… 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) ha sido históricamente una de las principales fuentes de financiamiento para la seguridad pública a nivel local, promediando el 69% de las transferencias totales. Este protagonismo se debe a que su monto está ligado a la Recaudación Federal Participable (RFP), lo que garantiza estabilidad en los recursos que recibe anualmente. 

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2019 y 2021, el 38.5%6 del Fortamun se destinó, en promedio, a seguridad pública. Si asumimos que este porcentaje se mantiene, en 2025 se estiman 48.5 mmdp para seguridad provenientes del Fortamun. Esto representa un incremento del 3% (1.3 mmdp) respecto a 2024 y un aumento del 12% (5.3 mmdp) comparado con el primer año de López Obrador. 

Actualmente no existe una base consolidada que permita identificar el uso específico de los recursos otorgados a los estados a través del Fortamun. Este fondo puede usarse para el saneamiento financiero, mantenimiento de infraestructura y otros. Por ejemplo, en Mexicali para servicios personales y generales7; en Monterrey para seguridad pública8. La LCF obliga a que por lo menos el 20% de este fondo se utilice en seguridad, pero como lo muestra la Auditoría, se ha llegado a utilizar para esa función una proporción mayor. Esta institución también ha señalado que el uso del Fortamun carece de transparencia y seguimiento adecuado, lo que dificulta evaluar su impacto real en seguridad pública. En ausencia de datos recientes, se asume que el porcentaje destinado a seguridad pública se mantiene constante.

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es el segundo mayor componente de las transferencias federales para seguridad pública a nivel local, y promedia el 25% de las transferencias totales. Su asignación obedece a factores como la población, índices delictivos y necesidades específicas de profesionalización, equipamiento e infraestructura. Sin embargo, al no estar ligado a la RFP, es más fluctuante que el Fortamun, lo que resta estabilidad a los recursos asignados. Para 2025 se proyectan 9.6 mmdp, un leve descenso del 0.4% (0.04 mmdp) respecto a 2024 y un aumento marginal de 0.1% (0.01 mmdp) en comparación con el primer año de López Obrador. Este estancamiento resulta preocupante, considerando que el FASP financia actividades esenciales como la capacitación de fuerzas policiales, la modernización tecnológica y la implementación de sistemas de inteligencia, todas claves para mejorar la seguridad pública a nivel estatal y municipal.

El resto de los recursos que aporta la Federación a las entidades federativas corresponde a diferentes programas de subsidios que han evolucionado en cuanto a las reglas de asignación y en el monto total a repartir. 

En 2009 se creó el Subsidio a la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), que llegó a beneficiar hasta 280 municipios9. Este subsidio se enfocaba en la profesionalización de policías, así como en la adquisición de tecnología y equipamiento. En sus últimos tres años ejerció 7.2 mmdp en promedio. 

Por su parte, en 2010 se creó el Subsidio para la Policía Acreditable. Este programa convivió con el Subsemun y, a diferencia de éste, entregaba recursos a los gobiernos estatales con el objetivo de crear el Mando Único Policial10. En sus últimos tres años de funcionamiento, este programa transfirió a las entidades 4 mmdp en promedio. 

En 2013 se creó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred). Éste buscaba reducir factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia, con un enfoque en grupos vulnerables y de prevención. La mayor parte de los recursos de este programa se entregó a los estados, con un promedio de 3.3 mmdp en sus últimos tres años de operación.

En 2016, el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) reemplazó al Subsemun, mientras que el Subsidio para la Policía Acreditable desapareció ese mismo año sin un sustituto. El Fortaseg, al igual que el Subsemun, apoyó a los municipios con mayores índices delictivos —alrededor de 300— y asignó 5.6 mmdp en promedio en sus últimos tres años de operación. En 2021 desapareció este programa y no hubo subsidios en seguridad hasta 2023. 

En 2023, surgió el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp). Este fondo se destina principalmente a proyectos de equipamiento, capacitación policial, infraestructura y fortalecimiento institucional en los municipios, aunque su presupuesto limitado dificulta atender las necesidades crecientes en seguridad pública.

El Fofisp no puede considerarse un sustituto de los programas anteriores debido a que no se focaliza en los municipios con mayores índices delictivos sino que se entrega de forma generalizada. En 2025, contará con un presupuesto de 1.1 mmdp, significativamente menor que los recursos que manejaban los fondos previos y beneficiará a los 2,478 municipios del país. Esta entrega generalizada diluye los efectos del programa. En 2025, cada municipio recibirá apenas 452 mil pesos, mientras que el Subsemun —que estaba focalizado— llegó a otorgar 25.7 millones por municipio, en promedio. 

El mejor momento para las entidades federativas y municipios, en cuanto a subsidios federales en seguridad, se dió en 2013 cuando existió el Subsemun, Pronafed y Subsidio para la Policía Acreditable. Ese año recibieron 16.4 mmdp a través del Fortamun, Policía Acreditable y Pronafed. En el presupuesto de 2025 sólo hay un programa de subsidios, el Fofisp, cuyos recursos son 93.2% o 15.3 mmdp inferiores a lo logrado en 2013. 

Por su parte, el máximo histórico de transferencias para seguridad pública fue 2014, con 68.4 mmdp (asumiendo que el 38.5% del Fortamun se destinó a este propósito). El presupuesto de 2025 (59.2 mmdp) es menor en 13.5% (9.2 mmdp). 

Ahora, al excluir el Fortamun del análisis de las transferencias federales para seguridad pública, los datos revelan un panorama alarmante: el FASP y el Fofisp suman sólo 10.7 mmdp destinados a este rubro en 2025. Respecto de 2013, este monto es 64% (19.3 mmdp) inferior, evidenciando la reducción drástica en recursos etiquetados para enfrentar los retos de seguridad en el país.

Ahorros públicos en manos militares

El análisis de los fideicomisos bajo el ramo de Defensa Nacional sirve también para analizar el poder fiscal de esta dependencia, a partir de sus ahorros públicos. En los últimos años, estos recursos se han incrementado de forma acelerada. Si bien en el PEF 2025 pareciera que esta situación puede detenerse, la situación podría cambiar a lo largo del año. 

Al tercer trimestre de 2024, el monto total de sus fideicomisos fue de 56.7 mmdp, lo que representa una disminución del 35% (-30.5 mmdp) respecto al mismo periodo de 2023, cuando alcanzaron 87.2 mmdp. Sin embargo, esta cifra sigue siendo 1,669% mayor (53.5 mmdp) a la registrada en 2019, el primer año de López Obrador, cuando sumaban apenas 3.2 mmdp, y 471% superior (46.8 mmdp) al cierre de la administración de Peña Nieto en 2018, que acumuló 9.9 mmdp.

Entre los aspectos más relevantes, destaca el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM), que de un año para otro (2019-2020) experimentó un aumento de 3,949% (37.3 mmdp), pasando de 0.9 mmdp en 2019 a 38.2 mmdp. Al tercer trimestre de 2024, este fondo cuenta incluso con un capital extra por 43.1 mmdp. Este fideicomiso fue utilizado para la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), lo cual dificultó la trazabilidad de los recursos, ya que no existen informes de estos instrumentos11. 

En 2023 surgió el Fideicomiso para Obras Públicas, con 54.9 mmdp, probablemente relacionado con proyectos prioritarios de infraestructura a cargo de Defensa Nacional, como explicamos en esta nota. Para 2024, este fideicomiso alcanza 10.1 mmdp. Aún es incierto el uso de los fondos de este fideicomiso, pero es probable que se hayan gastado en alguna obra prioritaria como el Tren Maya. Habrá que esperar a que la ASF haga una auditoría para verificar esta hipótesis. 

El Gobierno de López Obrador se pronunció en varias ocasiones sobre la opacidad en el uso de los fideicomisos como el Fondo de Desastres (Fonden) o los fondos en ciencia y tecnología. No obstante, el aumento de los fideicomisos militares reflejan su doble discurso hacia estos instrumentos. 

Cabe mencionar que los fideicomisos de la Defensa que favorecen directamente al personal militar y sus familias no ha tenido un crecimiento sostenido. El Fideicomiso a favor de los hijos del personal adscrito al Estado Mayor Presidencial y el Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos en actos del servicio de alto riesgo, se mantienen estancados. 

Para 2025, no se prevén grandes transferencias a fideicomisos de la Defensa, frente al promedio histórico. Sólo se presupuestan 6.4 mmdp, cuando de 2019 a 2023 se transfirieron en promedio 39.4 mmdp a sus fondos, lo cual resultó en mayor opacidad y falta de control.

Destacamos que, en años anteriores, estas transferencias han sido excedidas de manera constante. No sería extraño que, a lo largo del año, veamos tales sobreejercicios respecto a lo aprobado en el PEF 2025. 

Los rebases presupuestales en los fideicomisos a cargo de la Defensa han sido una constante histórica desde al menos 2008, cuando el gasto comenzó a superar sistemáticamente al presupuesto. Sin embargo, esta tendencia se intensificó notablemente con el inicio de la administración de López Obrador en 2019. Antes de 2019, el sobreejercicio anual promedio (de 2008 a 2018) era de 3.7 mmdp, cifra que representaba 1% del gasto promedio anual en la función salud (730.6 mmdp), 0.4% en educación (999 mmdp) y 5% en ciencia y tecnología (69 mmdp). 

Desde el inicio de la administración de López Obrador, el rebase presupuestal promedio anual (de 2019 a 2023) se incrementó hasta 39.4 mmdp: equivalente a 5% lo ejercido en la función salud (836 mmdp) y 4% en función educación (979 mmdp), así como 64% de los egresos por ciencia y tecnología (61.9 mmdp).

El gasto, de por sí ya desmedido, tuvo un incremento dramático en 2019, cuando se excedió en 35.1 mmdp, a pesar de que sólo se aprobaron 0.02 mmdp. Esto significa que la entonces Sedena gastó 1,503 veces lo aprobado para sus fideicomisos: por cada peso asignado, se ejercieron 1,503 pesos. No obstante, este no fue el mayor exceso registrado. En 2021, los fideicomisos de esta secretaría alcanzaron un sobreejercicio histórico de 54.9 mmdp, con un presupuesto aprobado nuevamente de únicamente 0.02 mmdp, lo que equivale a 2,493 pesos ejercidos por cada peso aprobado. 

Este análisis refleja la magnitud de la opacidad y la falta de control en la gestión de los fideicomisos de la Defensa, lo que plantea interrogantes sobre la eficiencia, transparencia y prioridades en la asignación de recursos públicos. La relevancia del tema radica en que estos sobregastos ocurren en un contexto donde sectores clave como salud, educación y ciencia enfrentan restricciones presupuestarias, evidenciando el costo de oportunidad y la necesidad de un mayor escrutinio sobre el destino y uso de los recursos públicos asignados al sector militar.

Negación histórica al presupuesto del Poder Judicial 

De forma histórica, el Congreso ha aprobado al Poder Judicial un presupuesto inferior al que solicita. No obstante, la negación presupuestaria para 2025 es la mayor en casi 20 años. 

Para este año, el Poder Judicial solicitó al Congreso recursos por 85 mmdp, lo que hubiera significado un aumento de 4% (3.4 mmdp) respecto a lo aprobado en 2024. El monto solicitado no representaba realmente un incremento, sino un regreso a un nivel observado entre 2014 a 2020. Sin embargo, el Congreso le aprobó al Poder Judicial sólo 71 mmdp, una rebaja de 17% (14 mmdp) respecto a lo solicitado, la mayor negación de presupuesto desde 2006. Con este resultado, este poder del Estado contará con la menor repartición desde 2011. 

Desde 2017, el Poder Judicial ha enfrentado un recorte progresivo en su presupuesto. El año pasado, en nuestro análisis del Paquete Económico 2024, identificamos un deterioro acelerado en los recursos de este órgano de Gobierno, situación que se ha agravado incluso más en 2025. 

La reducción de capital destinado al Poder Judicial puede afectar la eficiencia y rapidez de la impartición de justicia en México. Esto podría derivar en despidos de personal —especialmente empleados bajo el esquema de honorarios— lo que incrementaría la carga laboral, afectando los tiempos de los procesos judiciales. 

La falta de recursos podría reducir los servicios de defensoría pública (abogados del Estado que dan servicio sin costo a los ciudadanos), lo que dificultaría el acceso equitativo a la justicia de las personas más pobres del país. Es posible que también se den recortes en las áreas de infraestructura, tecnología o capacitación, lo que limitaría la mejora de procesos y la enseñanza de nuevos funcionarios públicos. Esto último, preocupa en gran medida ante la llegada de nuevos jueces y magistrados sin experiencia, a partir de las elecciones por voto popular del siguiente año, promovidas por la reforma constitucional al Poder Judicial. 

Es evidente que la aprobación del presupuesto del Poder Judicial se ha politizado en los últimos años. Los recortes no están fundamentados en análisis de costo-beneficio o de factibilidad técnica, sino en una lógica de concentración de poder del Ejecutivo y Legislativo frente al tercer poder de la República. Para evitar que el presupuesto se use con fines políticos y se afecte el acceso a la justicia, es necesario establecer una garantía presupuestaria. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, recomiendan que el presupuesto de los poderes judiciales de cada país sea igual o superior al 2% del gasto. Además, es una práctica que ya existe en las Constituciones de algunos estados, como en Jalisco12.

La reducción del presupuesto del Poder Judicial va en contra de las mejores prácticas internacionales y estatales. Para 2025, su presupuesto representará el 1.1% del gasto programable, la peor proporción desde el año 2000. 

Migración con menor presupuesto frente a Trump

El Instituto Nacional de Migración (INM) tiene recursos proyectados de 1.6 mmdp para 2025, una reducción aproximada del 15% (-0.3 mmdp) respecto a los 1.9 mmdp aprobados para 2024. Es el peor monto aprobado en más de 18 años.

Esta disminución podría entorpecer el control del flujo migratorio, así como la protección de los derechos de los migrantes. Cabe recordar que Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, ha amenazado con imponer aranceles del 25% a México si el Gobierno no toma medidas efectivas para frenar la migración de personas hacia Estados Unidos.

Sin embargo, el presupuesto del INM resulta engañoso. Para bien o para mal, desde 2008, el INM ha registrado sobreejercicios de manera constante en su presupuesto aprobado. Esto muestra que la Secretaría de Hacienda amplía sin fricciones los recursos de este Instituto, lo cual podría jugar de manera favorable el siguiente año. Claro está que tales ampliaciones van en contra del control democrático del gasto público. 

El sobreejercicio más alto del INM se registró en 2018, durante la administración de Peña Nieto, cuando se aprobaron 2.3 mmdp y se ejerció 3.6 veces lo aprobado: 8.2 mmdp. Este hecho coincidió con la llegada de Donald Trump a su primer periodo en la presidencia de Estados Unidos. 

Los siguientes máximos ocurrieron, no obstante, bajo la administración de López Obrador. En 2022, el INM gestó 7.4 mmdp, 4.2 veces lo aprobado (1.8 mmdp); mientras que en 2021, lo ejercido fue de 6.8 mmdp, superando 3.8 veces lo aprobado (1.8 mmdp). Entre 2019 y 2023, los rebases presupuestales promediaron 4.6 mmdp, lo que representa un incremento del 60% (1.7 mmdp) respecto al promedio de 2.9 mmdp registrado entre 2008 y 2018, siendo 1.6 veces más altos.

Queda por verse si en 2025 habrá recursos que redirigir al INM para atender la crisis migratoria. En cualquier caso, las modificaciones al gasto tendrán implicaciones importantes. Los sobreejercicios del INM durante el mandato de López Obrador equivalen a 7.5% lo ejercido en ciencia y tecnología. 

Conclusiones

El presupuesto 2025 no está alineado con la principal demanda ciudadana de resolver la inseguridad y falta de justicia en México. La reducción de recursos para los policías civiles y el Ejército, limitará su accionar y combate efectivo contra la delincuencia en México. 

Además, el menor presupuesto enfocado a seguridad y migración nos colocará en una situación vulnerable ante las exigencias del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quién ha demandado a México mejores resultados en el combate al crimen organizado y control de flujos migratorios. 

Es probable que dependiendo de la coyuntura política, el presupuesto en seguridad o migración sea modificado para atender las exigencias de nuestro principal socio comercial. No obstante, esto implicaría recortes en otras áreas también vitales para el bienestar de los ciudadanos. 

Notas al pie

  1. Calculado a partir del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) más la ampliación de 6.3 mmdp aprobada en la Cámara de Diputados. ↩︎
  2. Calculado a partir del PPEF menos el recorte de 14 mmdp en el Poder Judicial aprobado por la Cámara de Diputados. ↩︎
  3. Para 2024 se considera el monto aprobado. ↩︎
  4. Publica DOF reforma constitucional para que la Guardia Nacional se incorpore a la Sedena
    https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/publica-dof-reforma-constitucional-para-que-la-guardia-nacional-se-incorpore-a-la-sedena ↩︎
  5. Se considera como un ente militar debido a que sus dirigentes son militares y a que constitucionalmente ya es parte de la Sedena, aunque se clasifiquen sus recursos dentro de la SSyPC. ↩︎
  6. Calculado promediando el porcentaje del Fortamun destinado a Seguridad Pública contenido en las siguientes auditorías:
    https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018b/Documentos/Auditorias/2018_MR-FORTAMUN_a.pdf
    https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019c/Documentos/Auditorias/MR-FORTAMUN-DF_a.pdf
    https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2020c/Documentos/Auditorias/MR-FORTAMUNDF_a.pd
    fhttps://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2021b/Documentos/Auditorias/MR-FORTAMUNDF_a.pdf  ↩︎
  7. Información obtenida de la Cuenta Pública de Mexicali 2022 disponible en https://www.mexicali.gob.mx/24/finanzas/programacion%20y%20destino%20anual/FORTAMUN%202022.pdf ↩︎
  8. Obtenido del Informe del destino del Fortamun 2023 del Ayuntamiento de Monterrey, disponible en: https://www.monterrey.gob.mx/pdf/dictamenes_cabildo/2023/Dictamen_referente_a_la_Asignacion_de_Recursos_del_Fondo_de_Aportaciones_para_el_Fortalecimiento_de_los_Municipios_y_de_las_Demarcaciones.pdf  ↩︎
  9. Reglas de Operación Subsemun 2015. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5378563&fecha=15/01/2015#gsc.tab=0 ↩︎
  10. El Mando Único Policial fue una estrategia propuesta en México con el objetivo de centralizar y unificar el control de las fuerzas policiales municipales bajo un mando estatal. ↩︎
  11. ASF (2022). Auditoría De Cumplimiento Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar. Recuperado de: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2022c/Documentos/Auditorias/2022_0337_a.pdf ↩︎
  12. Según el Artículo 57 de la Constitución Política del estado de Jalisco, el Poder Judicial del estado debe contar con por lo menos el 2% del presupuesto estatal. Recuperado de: https://congresoweb.congresojal.gob.mx/bibliotecavirtual/legislacion/Constituci%C3%B3n/Documentos_PDF-Constituci%C3%B3n/Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20del%20Estado%20de%20Jalisco-160823.pdf ↩︎

Pros y contras del presupuesto 2025 en subsidios del Bienestar

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Paquete Económico 2025, Temas selectos.

El presupuesto 2025 para programas de subsidios del Gobierno alcanza un máximo histórico. Pero no todas las subvenciones tendrán aumentos y habrá fuertes recortes en rubros clave que impactan a educación y salud.

Por Jorge Cano y Christopher Cernichiaro | Programa de Gasto Público de México Evalúa

En 2025, el presupuesto proyectado para programas de subsidios del Gobierno alcanza un máximo histórico. Se repartirán 1.1 billones de pesos. Es decir, 24.7 mil millones de pesos (mmdp) más, respecto a 2024, un aumento del 2.3%. 

Los nuevos programas, como la Pensión Mujeres Bienestar (con 15 mmdp) y la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina (78.8 mmdp) contribuyen al incremento global de los subsidios. Sin embargo, el programa favorito del Gobierno, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tendrá un ligero recorte de 0.3%. 

El enfoque en subsidios también tiene costos de oportunidad importantes. Debido a la priorización de pensiones y becas, se afectan otros sectores clave como educación, salud pública y agricultura, como mencionamos más adelante. 

De igual manera, la apuesta por incrementar los subsidios ha desplazado el gasto de inversión en infraestructura, que para 2025 caerá al 2.3% del PIB (como explicamos en esta investigación). Este gasto es importante para construir carreteras, hospitales, escuelas, obras de irrigación, transmisión de electricidad, entre otras.  Además, la apuesta mantiene la presión sobre la deuda pública (como explicamos en esta otra nota). 

Desde México Evalúa consideramos que se deben de equilibrar las prioridades en el Paquete Económico 2025, para garantizar no solo beneficios inmediatos, sino sostenibilidad fiscal y desarrollo económico a largo plazo.

Programas de subsidios con máximo histórico

En 2025, los programas de subsidios estarán distribuidos en 69 programas y su monto, de 1.1 billones, supera al de los primeros años de López Obrador y Peña Nieto, con aumentos del 44.6% (343.4 mmdp) y 13.7% (134.1 mmdp), respectivamente, además de rebasar el máximo histórico de 2015. Respecto del tamaño de la economía representarán 3.1% del PIB, mismo nivel que en 2019. 

El incremento de los programas de subsidios para el siguiente año también refleja recortes en programas prioritarios. De los diez programas con mayor asignación, todos recibirán menos recursos que en 2024, incluso la Pensión para Adultos Mayores. El aumento del gasto total en subsidios se debe a la creación de nuevos programas. 

Por ejemplo, La Escuela es Nuestra, crucial para mejorar la infraestructura educativa, disminuye (-4.6 mmdp), también los subsidios para organismos descentralizados estatales (universidades de los estados) sufrirán un recorte (-4.7 mmdp), Sembrando Vida (-1.5 mmdp), Jóvenes Construyendo el Futuro (-1 mmdp), Fertilizantes (-700 mdp) o Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos (-3.6 mmdp).  Es decir, se afecta castigan subvenciones de educación, salud y agricultura. 

Finalmente, el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez que en 2024 contó con 51.9 mmdp desaparece para darle lugar a la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina y se crea el programa de Pensión Mujeres Bienestar.

Subsidios por habitante y su peso creciente en el gasto total

Para 2025, el gasto en subsidios por persona será apenas 1% mayor que en 2024, alcanzando 8,344 pesos per cápita anuales. Esta cifra representa un aumento significativo del 38% (2,296 pesos por habitante) respecto al primer año de López Obrador y un incremento más modesto del 2% en comparación con el primer año de Peña Nieto. 

Por su parte, el análisis del gasto en subsidios como porcentaje del gasto neto total y programable refleja su creciente relevancia en las finanzas públicas. En 2025, representará 12.1% del gasto neto total, medio punto porcentual más que en 2024, pero aún 1.2% por debajo del primer año de Peña Nieto. Como porcentaje del gasto programable, el presupuesto para subsidios alcanzará 17.2%, superando todos los registros desde 2013 (16.6%). 

Pensión para Adultos Mayores: otro crecimiento histórico

En 2025, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores contará con un aumento de 8% respecto a 2024 y un crecimiento extraordinario de 466% (398 mmdp) en comparación con el primer año de López Obrador, cuando el presupuesto fue de 85 mmdp. Desde 2019, este programa ha crecido repetidamente: el monto asignado en 2019 fue 232% superior al de 2018, y desde entonces ha mostrado aumentos anuales significativos. 

Este programa beneficia directamente a millones de personas mayores, mejorando su calidad de vida. Sin embargo, la asignación de recursos a este programa limita la capacidad de atender otras prioridades nacionales. 

Evolución de subsidios educativos

Además, del crecimiento de las Pensiones del Bienestar, las Becas de Educación Básica destacan con un aumento del 52% (26.9 mmdp), para colocarse en 78.8 mmdp. El objetivo de estos apoyos es asegurar la permanencia escolar de los alumnos. Si bien se atiende la falta de ingresos como un problema que causa deserción escolar, no se solucionan los problemas de infraestructura o calidad de la educación. 

Subsidios para la salud 

Debido al aumento en los subsidios, la atención a la salud es castigada en distintos ámbitos. Además del ya mencionado recorte a Atención Médica y Servicios Gratuitos, desaparece el programa IMSS-Bienestar (antes IMSS-Prospera), que en 2023 todavía contó con 22.5 mmdp. Este programa es distinto al organismo descentralizado IMSS-Bienestar, aunque lleven el mismo nombre. 

Una reducción en estos subsidios en salud podría limitar aún más la cobertura y la calidad de los servicios, afectando de manera directa a las personas más vulnerables, como explicamos a fondo en esta investigación.

5 recomendaciones de Política Pública

Para maximizar el impacto del gasto en subsidios y garantizar su sostenibilidad a largo plazo, se deben implementar medidas que equilibren los beneficios sociales con la eficiencia fiscal y el desarrollo económico:

1. Definir criterios para la priorización de subsidios. Es necesario establecer criterios de asignación (basados en indicadores medibles de equidad y eficiencia) que garanticen un equilibrio entre atender a los sectores más vulnerables y fomentar áreas de impacto económico estratégico, como infraestructura educativa y salud pública.

2. Fortalecer los mecanismos de evaluación y monitoreo. La implementación de sistemas para dar seguimiento y evaluar el desempeño de los programas de subsidios es esencial. Esto incluye el seguimiento del impacto en el bienestar de la población beneficiaria y el análisis de costos de oportunidad en sectores desplazados (como infraestructura y salud).

3. Impulsar la progresividad en los subsidios. Rediseñar los programas para priorizar a quienes más lo necesitan, asegurando que los recursos beneficien de manera eficiente a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Esto también contribuye a reducir desigualdades regionales y sociales.

4. Asegurar la sostenibilidad fiscal de los subsidios. Es importante crear mecanismos que vinculen el crecimiento de los programas de subsidios con ingresos recurrentes, evitando presiones excesivas sobre la deuda pública. Una opción viable sería integrar estos programas en un marco fiscal de mediano plazo que permita planificar su evolución.5. Complementar el gasto en subsidios con inversión en infraestructura y servicios públicos. Los subsidios no deben desplazar recursos de sectores que generan desarrollo económico y bienestar sostenible. Es crucial destinar una proporción adecuada del presupuesto a infraestructura educativa, salud y obras públicas, que permitan fortalecer las bases para el crecimiento a largo plazo.

Inversión en infraestructura 2025: un motor en retroceso

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2025. 1 comentario en Inversión en infraestructura 2025: un motor en retroceso

Para reducir el déficit presupuestario en 2025, sin realizar una reforma fiscal, el Gobierno se verá obligado a castigar uno de los principales motores del desarrollo económico: la inversión en infraestructura. 

¿Cuáles serán los verdaderos objetivos económicos de la administración entrante de Claudia Sheinbaum? El hecho de que hacia el siguiente año la mayoría de los sectores económicos tendrán recortes, pero no todos, nos muestra claramente las prioridades de su gestión.

Algunos datos claves de la inversión física en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 son: 

  • La inversión física proyectada para 2025 ascenderá a 836.6 miles de millones de pesos (mmdp), lo que representa el 2.3% del PIB. Se trata de una reducción del 12.7% respecto a lo aprobado en 2024 o de 0.4% del PIB. 
  • El gobierno de Sheinbaum destinará 189 mmdp a proyectos prioritarios (principalmente en transporte por ferrocarril) equivalentes al 22.6% de la inversión física total. No obstante, habrá una disminución del 18.6% respecto a 2024 de los proyectos considerados prioritarios.
  • Los ramos con los mayores recortes serán la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Petróleos Mexicanos (Pemex). Aumentará la inversión de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), lo cual es un precedente positivo en contra de la militarización de la inversión. 
  • El sector económico más castigado será el de Combustibles y Energía, por recortes a Pemex, lo cual dificultará el rescate productivo de la empresa. Preocupan también recortes en abastecimiento de agua, cultura, seguridad y salud. 
  • Por región, la Ciudad de México se volverá la entidad con la mayor recepción de la inversión (24% del total), superando a Tabasco y Campeche por primera vez en décadas. ¿La razón? Los proyectos de trenes de pasajeros. 
  • Por último, pese a la reducción del déficit en 2025, el endeudamiento seguirá siendo superior al gasto de inversión. Esto muestra que aún no se recupera la senda de la sostenibilidad fiscal. 

La inversión en infraestructura pública es un motor para el desarrollo económico y social de cualquier nación. A través de obras como carreteras, escuelas y hospitales, el sector público no solo fomenta el crecimiento económico mediante la generación de empleo y el estímulo a la productividad, sino que mejora el nivel de vida de la población al ampliar el acceso a servicios básicos y reducir desigualdades regionales.

Este análisis detalla cómo las decisiones presupuestales para 2025 afectarán la inversión física en México desde múltiples ángulos. También ofrece una herramienta para comprender cómo las estrategias gubernamentales influirán en el desarrollo económico y humano del país, así como en el bienestar de su población. Nuestro objetivo es fomentar un debate informado sobre la política pública.

El declive de la inversión física en perspectiva

La inversión física proyectada para 2025 será de 836.6 mmdp, un 12.7% (121.5 mmdp) menos que en 2024. Este recorte refleja una disminución no sólo en términos absolutos, sino en relación con el tamaño de la economía y el gasto total. En 2025, la inversión física representará el 2.3% del PIB (contra el 2.7% de 2024) y apenas el 9.1% del gasto neto total, menor al 10.1% del año previo. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México se encuentra muy por debajo en los recursos públicos destinados para inversión como porcentaje de su PIB. Por ejemplo, en Hungría es 6.6%; Estonia, 5.5%; Noruega, 5.1%; y Corea del Sur, 5.1%. Si bien estas son cifras para 2021, aún así rebasan el desempeño del Gobierno federal mexicano. 

Comparar esta proyección con los primeros años de las administraciones anteriores revela dinámicas preocupantes. Si bien el monto proyectado para 2025 supera los 748.6 mmdp de 2019 con López Obrador, es sustancialmente menor a los 1,303.6 mmdp registrados en el primer año de Peña Nieto. Más alarmante es la perspectiva relativa al PIB: la inversión física solo creció 0.1% respecto a 2019, pero es inferior en 2% al primer año de Peña Nieto. Esto refleja no sólo un estancamiento de largo plazo sino un retroceso.

Esta tendencia también se confirma al analizar la inversión como proporción del gasto neto total. En 2025, representará 9.1%, una cifra menor al 9.7% de López Obrador en 2019 y significativamente inferior al 17.6% observado en el inicio de Peña Nieto. Estos datos muestran una reducción drástica en la prioridad otorgada a este rubro esencial para el desarrollo.

Ritmo del Gasto en Inversión Física: ¿riesgo de subejercicio? 

El análisis de los montos aprobados y ejercidos en inversión física sirve para evaluar la efectividad del gasto público y su impacto en el desarrollo económico. Un subejercicio en 2025 podría agravar la ya limitada inversión física proyectada para 2025, reduciendo recursos que son esenciales para financiar infraestructura y generar empleo. Por otro lado, un sobreejercicio, aunque menos común, podría representar una oportunidad para mitigar los efectos de recortes presupuestarios y acelerar proyectos clave.

Es común que no se cumpla con el programa de inversión aprobado. En 2019, el primer año de López Obrador, se aprobaron 888.1 mmdp para inversión física, pero sólo se ejerció el 84% (748.6 mmdp), por lo que 140 mmdp quedaron sin utilizar. Esta situación es común por la curva de aprendizaje de cada Gobierno entrante, la falta de un plan de inversión a largo plazo y el cambio de prioridades. Además, se incumplió el programa de inversión en 2021 y 2023 por restricciones presupuestarias. 

En contraste, durante el primer año del sexenio de Peña Nieto (2013), se ejercieron 1,303.6 mmdp, un 106% del monto aprobado, lo que representó un sobreejercicio de 77 mmdp. No obstante, en 2015 se incumplió el programa de inversión por la crisis fiscal que provocó la caída del precio del petróleo. 

Con el inicio de la gestión de Sheinbaum se podrían presentar subejercicios por las mismas razones institucionales que aquejaron a López Obrador, salvo que se mantendrán varios proyectos de la administración pasada. Además, existe el riesgo de recortes adicionales a la inversión, si es que los estimados de ingresos no se cumplen. Lo explicamos en nuestra nota macro del PEF 2025. 

Para 2025, la inversión física proyectada asciende a 836.6 mmdp, un monto menor que el aprobado en los inicios de López Obrador y Peña Nieto, lo que subraya la necesidad de una ejecución eficiente y efectiva para evitar que el recorte proyectado limite aún más su impacto.

Regla de Oro de la Inversión: Priorizando el Presente a costa del Futuro 

La Regla de Oro de la Inversión es un indicador fundamental en las finanzas públicas, ya que mide el tamaño de la inversión física del Gobierno en comparación con el endeudamiento. En palabras sencillas, esta regla verifica si el Estado está invirtiendo al menos tanto como se endeuda. Un cociente igual o mayor a 1 significa que la inversión física iguala o supera el endeudamiento, priorizando proyectos que generan beneficios futuros —como infraestructura. que reduce costos y mejora la calidad de vida—. Sin embargo, cuando el cociente es menor a 1, refleja que la deuda supera la inversión física, priorizando necesidades inmediatas a expensas de comprometer la capacidad de atender demandas futuras, un enfoque que podría afectar el desarrollo sostenible.

¿Por qué importa? Un cociente bajo como el proyectado para 2025, de 0.59, indica que la inversión física será apenas el 59% del endeudamiento, es decir, poco más de la mitad de lo que se planea adquirir en deuda. Esto refleja que gran parte de los recursos provenientes del endeudamiento no están siendo destinados a inversión productiva, lo que limita su capacidad para generar crecimiento económico y beneficios sostenibles. Aunque este nivel mejora frente al 0.49 observado en 2024, sigue siendo preocupante en comparación con el inicio del sexenio de López Obrador, cuando el cociente era de 1, cumpliendo con que la inversión física igualaba el endeudamiento.

Este retroceso se agrava al contrastarlo con años previos, cuando el cociente siempre superaba la unidad. En 2013, con Peña Nieto, alcanzó 1.22, y en 2017 llegó a un máximo de 2.44, cuando la inversión física más que duplicaba el endeudamiento1. En un contexto donde la inversión física ya enfrenta recortes significativos, este indicador subraya una preocupante falta de alineación entre el endeudamiento público y las necesidades de desarrollo del país. Para los tomadores de decisiones, elevar la Regla de Oro debería ser una prioridad, pues promueve que el presupuesto contribuya al crecimiento económico y al bienestar de la población.

Proyectos prioritarios 2024 vs 2025

Los proyectos prioritarios de inversión física representan las obras de infraestructura insignia del Gobierno federal, diseñadas para impulsar el crecimiento económico y mejorar el nivel de vida de la población. Su importancia radica no solo en los beneficios directos que generan, como empleo e infraestructura funcional, sino en su capacidad de transformar regiones enteras al mejorar la conectividad y la movilidad. Además, reflejan la estrategia de desarrollo del Estado según los proyectos que son considerados prioritarios y los que no. 

En 2025, la administración de Sheinbaum destinará 189 mmdp a proyectos prioritarios, equivalentes al 22.6% de la inversión física total. Sin embargo, este monto es 18.6% (43 mmdp) inferior a lo asignado en 2024, lo que podría influir en la ejecución de las obras heredadas y en el inicio de nuevos proyectos. De los diez proyectos propuestos para 2025, nueve están relacionados con obras de transporte público, mientras que uno se enfoca en obras hidráulicas. En particular, el plan ferroviario, que incluye ocho trenes y aglomera 79% (149 mmdp) del presupuesto para proyectos prioritarios, destaca por su ambición de duplicar las líneas férreas operativas y mejorar la movilidad de personas y mercancías.

El proyecto con mayor asignación es el Tren Maya, heredado de la administración anterior, que recibirá 40 mmdp en 2025. Entre las nuevas iniciativas, el Tren México-Querétaro sobresale con un presupuesto de 30 mmdp. Se consolida así como el segundo proyecto con más recursos. Este enfoque refuerza la intención de priorizar la infraestructura de transporte, especialmente los trenes de pasajeros y de carga, como motores del desarrollo económico y la integración territorial.

Es importante resaltar que la influencia de estos proyectos prioritarios afecta directamente la distribución de la inversión física por ramo, función y estado. Por ejemplo, el enfoque en proyectos ferroviarios explica el aumento significativo en el ramo de Comunicaciones y Transportes, mientras que la continuidad del Tren Maya beneficia de manera particular a Tabasco y Campeche. 

Este patrón subraya la necesidad de un análisis detallado y una planeación estratégica, temas que se desarrollan con mayor profundidad en los apartados posteriores, donde se analiza la distribución de los recursos por ramo, función y estado. Estos análisis permiten comprender cómo se alinean estas decisiones con las necesidades de desarrollo del país y la mejora del bienestar general de la población.

Prioridades de inversión 2025 por Ramo

El análisis por ramo del gasto sirve para identificar las áreas prioritarias, evaluar los impactos de las decisiones presupuestales en sectores clave y entender las estrategias gubernamentales para el desarrollo económico y social. Además, este análisis destaca incrementos o recortes en áreas específicas, lo que facilita prever sus efectos en infraestructura, bienestar y competitividad. De esta manera, se provee información valiosa para tomadores de decisiones y para la ciudadanía interesada en el destino de los recursos públicos.

Las medidas de ajuste al déficit público significarán recortes a la inversión a la mayoría de los ramos presupuestarios del sector público: de 28 ramos que en 2024 contaron con presupuesto para inversión, 20 tendrán recortes, dos apenas mantendrán sus recursos en términos reales y seis tendrán incrementos. 

Del lado ganador, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) encabeza esta lista, con un aumento de 53.8 mmdp respecto a 2024, equivalente a una tasa de crecimiento real del 72.9%. Este incremento está claramente vinculado a la priorización de obras de movilidad y conectividad, ya que siete de los diez proyectos prioritarios corresponden a este ramo: 

  1. Vías de comunicación.
  2. Tren México-Toluca.
  3. Tren Lechería-Jaltocan-AIFA.
  4. Tren México-Querétaro.
  5. Tren AIFA-Pachuca.
  6. Tren Saltillo-Nuevo Laredo.
  7. Tren Querétaro-Irapuato. 

Aportaciones Federales, el segundo ramo con mayor incremento en magnitud: recibirá 7.3 mmdp adicionales o un incremento de 2.7%. El incremento de este ramo se debe a su mayor blindaje institucional por parte de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). Es decir, es más complicado que el Gobierno federal reduzca los recursos que reparte a las entidades, porque se calculan con fórmulas bien definidas. Estos recursos representan una oportunidad clave para que estados y municipios fortalezcan su infraestructura local, satisfagan necesidades urgentes de sus comunidades y promuevan el desarrollo económico en sus territorios.

En tercer lugar, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) verá un aumento significativo de 7.7% o 4.3 mmdp para llegar a un monto de 60.8 mmdp. Este crecimiento obedece a que 44% de sus recursos de inversión física se destinarán al mantenimiento de infraestructura existente, mientras que otro 40% financiará proyectos de infraestructura económica relacionados con la electricidad. Estas inversiones son fundamentales para garantizar la seguridad energética, reducir interrupciones en el suministro eléctrico y apoyar la industrialización y el comercio. Pese al incremento, su presupuesto de inversión se mantendrá por debajo de lo observado en 2014 (65.3 mmdp). 

Los otros ramos que tendrán incrementos son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 16.2% (3.7 mmdp). Esto también se debe a su mayor blindaje presupuestario, como lo explicamos en nuestra nota de salud para el PEF 2025. Además, se proyecta un incremento de 119% para el Poder Judicial, equivalente a 342 millones de pesos (mdp) y en el Legislativo de 56% o 215 mdp. Hay que recordar que al ser ramos autónomos, tienen la facultad de solicitar en el proyecto de egresos el monto que deseen, pero el Congreso posteriormente les suele aprobar menos recursos. 

El ramo con el mayor recorte será la Defensa Nacional. Contará con 47.4 mmdp, una contracción de 64.4% (85.6 mmdp) frente a 2024. El ajuste se debe a la reducción de los recursos para la construcción del Tren Maya, que en 2024 ascendieron a 125 mmdp, y para 2025 sólo se proyectan 40 mmdp. Pese al recorte, la Defensa seguirá siendo una de las principales dependencias encargadas de la inversión, como explicaremos más adelante. Esto es importante para la población porque impacta directamente en los recursos públicos destinados a proyectos de infraestructura como el Tren Maya, que prometen generar empleos, fomentar el turismo y estimular economías locales. Sin embargo, la menor inversión proyectada podría retrasar sus beneficios sociales esperados, así como la rentabilidad del proyecto. 

Le sigue un recorte a Petróleos Mexicanos (Pemex) de 18.9% o 49 mmdp. Así, su gasto de inversión será de sólo 209 mmdp, el peor monto en décadas. Frente a su mejor nivel de 2014 (605 mmdp) la inversión de Pemex será de apenas un tercio. Esto limitará aún más el rescate productivo de la empresa y las aspiraciones de lograr metas como la autosuficiencia y estabilidad energética, así como de desarrollo económico; y podemos decir que Pemex no aprovechará la reducción de impuestos y transferencias financieras para impulsar su inversión.

Preocupa también una reducción en la inversión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de 57.4% o 26.9 mmdp, para colocarse 20 mmdp. Los recortes se concentran en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de manera que se limitará el desarrollo de obras de saneamiento o de distribución del recurso hídrico Todo ello podría afectar el acceso al agua, el manejo de recursos naturales y la calidad de vida de las comunidades vulnerables.

De manera similar, el ramo de la Secretaría de Salud (SSA) sufrirá un desplome de 91.9%. Pasa de 1.8 mmdp en 2024 a solamente 0.1 mmdp en 2025 (-1.7 mmdp). Este recorte puede traducirse en hospitales y clínicas inconclusos o deteriorados. Como explicamos en nuestra nota del PEF 2025 en salud, el recorte en la inversión no se compensa por mayor gasto del IMSS-Bienestar. 

Los cambios en los montos proyectados para 2025 reflejan un reajuste en las prioridades gubernamentales. Si bien el impulso a Comunicaciones y Transportes y CFE puede fortalecer la conectividad vial y la seguridad energética, los recortes en Pemex, Educación y Salud subrayan un costo de oportunidad significativo, que compromete áreas esenciales para el desarrollo sostenible y el bienestar general.

El análisis por ramos del gasto en inversión física proyectado para 2025 revela una concentración significativa en tres sectores clave: Aportaciones Federales, Petróleos Mexicanos y Comunicaciones y Transportes. En conjunto, estos tres ramos absorberán el 74% de la inversión física. La cuarta parte restante se distribuirá en otras áreas fundamentales como Educación, Salud y Seguridad. Tales son las prioridades gubernamentales. Inevitablemente impactarán en la población y el desarrollo económico.

Para 2025, las Aportaciones Federales serán el ramo con la mayor inversión en infraestructura, con una tercera parte del monto total (34% o 283 mmdp). Este porcentaje es el más alto del periodo reciente, excepto en 2019, cuando alcanzaron el 35%. De forma histórica, las Aportaciones Federales han sido el segundo ramo con la mayor inversión después de Pemex, pero los recientes recortes a la petrolera han cambiado el órden. Destaca además que el 43% de estas aportaciones de inversión física se destinan para fondos de infraestructura social (5% para estados y 38% para municipios), 24% para fortalecimiento estatal y 22% para fortalecimiento municipal2. 

Petróleos Mexicanos (Pemex), que concentra el 25% de la inversión física en 2025, sigue siendo un actor clave. Recibe una menor proporción de recursos respecto a 2024, cuando percibió el 27%, o frente a 2014 cuando obtuvo el 52% de la inversión. Este retroceso refleja la ausencia de proyectos prioritarios en el sector energético. También podría limitar su capacidad para garantizar la seguridad energética y promover el desarrollo industrial, factores que son esenciales para la estabilidad económica a largo plazo. El 86% de los recursos de inversión física para Pemex se destinarán a programas presupuestarios relacionados con proyectos de hidrocarburos y 11% a mantenimiento de infraestructura.

Pasando a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT), ésta concentrará el 15% de la inversión física en 2025, equivalente a 127.7 mmdp. Este aumento no solo representa el mayor porcentaje desde 2018, sino que también supera el nivel alcanzado en toda la administración de López Obrador. La mayor participación de la SICT es positiva, ya que se recupera (en parte) una de las principales dependencias civiles encargadas de la inversión. Muestra también, un cambio de rumbo frente a la militarización que detectamos en 2024. 

Hay que señalar que las Fuerzas Armadas (Defensa Nacional y Marina) concentrarán el 9% de la inversión física en 2025. Aunque son ocho puntos porcentuales menos que en 2024 (17%), sigue siendo un presupuesto más alto que en cualquier otro año del periodo analizado y un aumento significativo respecto al 7% registrado en 2019. . En contraste, en el primer año de Peña Nieto apenas obtuvieron el 1.5% de la inversión física total. Este incremento subraya la creciente importancia que se le otorga a las Fuerzas Armadas para el desarrollo de infraestructura. Sus principales proyectos de inversión serán el Tren Maya (Defensa) con 40 mmdp y el Corredor Interoceánico “Istmo de Tehuantepec” (Marina) con 25 mmdp. 

Prioridades de inversión 2025 por Función

El análisis de la distribución de la inversión física por funciones evalúa cómo las prioridades gubernamentales se alinean con las necesidades de desarrollo del país. Una asignación adecuada en áreas como Transporte y Vivienda puede impulsar la infraestructura y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, una distribución limitada en funciones clave como Salud, Educación, Ciencia, Tecnología, Justicia y Seguridad Pública, que deberán repartirse apenas el 15% de la inversión física en 2025, compromete la satisfacción de necesidades vitales y factores estratégicos para el desarrollo. Para 2025, de 22 funciones de inversión, 19 sufrirán recortes y sólo tres tendrán incrementos. 

En el lado ganador destaca la función de Protección Social con un presupuesto de 449 mdp, un aumento de 2,737% frente a los 16 mdp aprobados en 2024. Se trata de inversiones del IMSS e ISSSTE para el desarrollo de guarderías. Es una buena noticia, puesto que desde 2017 no se observaba una inversión de esta magnitud en este componente. 

Asimismo, se proyecta un alza de la inversión física de 110 mdp en la función de Justicia y 215 mdp para Legislación (5% y 56%) respectivamente frente a 2024. Es la inversión solicitada por los poderes Legislativo y Judicial. Como se explicó anteriormente, es probable que se recorte durante la aprobación final del presupuesto. 

El resto de funciones sufrirá recortes. La reducción más severa será para Combustibles y Energía (Pemex y CFE). Esta función contará con 270.8 mmdp en 2025, 14% (44.6 mmdp) menos que en 2024. Se trata de la peor inversión combinada en más de 10 años, para las Empresas Públicas del Estado. 

Destaca negativamente un recorte de 91% (19.4 mmdp) en la función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, para colocarse en 2 mmdp, el peor monto desde 2020. El recorte se focaliza principalmente en obras hidroagrícolas de la Conagua. Este recorte limitará la productividad del campo y la resiliencia ante las sequías, como lo explicamos en nuestra investigación sobre la inversión de la Conagua. 

Desaparece de tajo la inversión en Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales. En 2024, este sector contó con 4.4 mmdp, principalmente para el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La inversión en Salud también tendrá un recorte de 9% o 3.1 mmdp. Como explicamos en nuestra investigación sobre el PEF 2025 en Salud, el recorte se da principalmente en los sectores sin seguridad social formal. 

Finalmente, destaca que la función Transporte contará con 192.6 mmdp, un recorte de 5% o 10 mmdp. Pese al anuncio de nuevos proyectos ferroviarios de Claudia Sheinbaum, esa función tendrá una disminución frente al último año de López Obrador. Aunque la inversión de transporte por ferrocarril aumentará para 2024, se reducirá la inversión en carreteras, como explicaremos más adelante. 

En 2025, la función de Combustibles y Energía concentrará la mayor proporción de la inversión física, con 32.5% del total (270.8 mmdp). Le siguen muy de cerca Vivienda y Servicios Comunitarios, con 31.1% (268.3 mmdp), y Transporte, con 23% (192.7 mmdp). Estas tres funciones concentran más del 85% de los recursos proyectados. Queda de manifiesto su relevancia estratégica dentro del presupuesto de inversión física. Esto implica que el resto de las funciones, entre ellas áreas fundamentales como Salud, Educación, Ciencia, Tecnología, Justicia y Seguridad pública, deben repartirse apenas el 15% de la inversión física. Esta distribución limitada afecta la capacidad de satisfacer necesidades esenciales y compromete aspectos estratégicos. Por ejemplo, un sistema de justicia ineficiente y un entorno inseguro son factores clave para desincentivar la llegada de capitales nacionales y extranjeros.

Combustibles y Energía mantendrá su posición dominante a pesar de recibir 14.2% menos recursos que en 2024 (-44.6 mmdp). Este porcentaje proyectado para 2025 es similar al registrado en el último año de López Obrador, pero significativamente menor al promedio de su mandato (41%), donde esta función llegó a acaparar hasta el 46% de la inversión física en 2021. También es inferior al 58% observado en el primer año de Peña Nieto, lo que señala un cambio en las prioridades de gasto público para el sector energético. Destaca que esta función esté ausente en los proyectos prioritarios de la nueva administración hacia 20253.

Por otro lado, las funciones de Vivienda y Servicios Comunitarios y Transporte, aunque experimentaron recortes, aumentaron su participación en el total de la inversión física. Esto debido a la caída más acelerada en la inversión en Combustibles y Energía. 

Vivienda y Servicios Comunitarios (95% de esta función corresponde a las Aportaciones Federales) registró una disminución marginal de 0.2% (-0.5 mmdp) pero aumentó su participación en el total de la inversión a 32%. Por su parte, Transporte alcanzó también el 23% de la inversión, el nivel más alto en en una década. Este comportamiento está alineado con la composición de los proyectos prioritarios de 2025, donde nueve de los diez que están contemplados se relacionan con trenes y vialidades.

Inversión a detalle: subfunciones 

El análisis de las subfunciones del gasto público en México proporciona un panorama detallado sobre los rubros específicos que son favorecidos o afectados por las decisiones presupuestales. De 34 subfunciones de la inversión física que proyectan presupuesto en 2025, sólo 12 tendrán incrementos en comparación con 2024 y el resto sufrirá recortes. 

Del lado ganador, la subfunción de Transporte de Ferrocarril destaca en el PPEF 2025 con un presupuesto de 157 mmdp, el monto más elevado desde 2022. Se trata de un incremento de 13% (18.5 mmdp) frente a lo aprobado en 2024 o 77.6% (68.5 mmdp) frente al promedio del sexenio de López Obrador. 

No obstante, otras subfunciones de transporte enfrentan recortes significativos, como Transporte por Carretera (-12.8 mmdp), Transporte Aéreo (-1.7 mmdp) y Transporte por Agua y Puertos (-1.8 mmdp), frente al promedio del sexenio de López Obrador. Para 2025, las subfunciones ferroviarias y de carreteras concentran el 100% de la inversión física destinada al transporte, con una distribución de 81% y 19%, respectivamente. En lo que respecta al transporte ferroviario, 73% de su presupuesto se destina a proyectos de trenes de carga y de pasajeros. Se olvidan por completo los subsectores de transporte aéreo y marítimo. Este enfoque asimétrico limitará la capacidad del Estado para sostener el comercio y la conectividad, elementos esenciales para el crecimiento económico, la integración territorial y la movilidad eficiente de bienes y personas.

Asimismo, la subfunción Electricidad (CFE) contará con 60.8 mmdp, 8% (4.3 mmdp) más que en 2024 y Desarrollo Regional (Aportaciones Federales) tendrá 254.9 mmdp, 3% (6.9 mmdp) más que en 2024. Ambas funciones también tienen un incremento frente al promedio de Gobierno de López Obrador por 15.6% y 10.5% respectivamente. En el caso de la inversión en electricidad, se observa mayor voluntad política para favorecer a este sector. Por su parte, la inversión en Desarrollo Regional, está blindada por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), y su aumento es tendencial. 

Preocupa la reducción en las subfunciones relacionadas a los recursos hídricos. Abastecimiento de Agua tendrá 13.3 mmdp (-7.4 mmdp frente a 2024), Hidroagrícola contará con 2 mmdp (-19.4 mmdp menos) y Ordenación de Aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado tendrá cero pesos (-4.4 mmdp menos). Compensará ligeramente la subfunción Administración del Agua con 4.3 mmdp en 2025, mientras que en 2024 no tuvo recursos aprobados. En suma, para 2025 se prevén 19.7 mmdp para inversión relacionada con el agua, 58% (26.9 mmdp) menos que en 2024. No obstante, este monto seguirá siendo superior al promedio de López Obrador (20. 3 mmdp) o de Peña Nieto (17 mmdp). Esta reducción en inversión puede impactar directamente en el acceso a servicios básicos como agua potable, drenaje y riego agrícola, afectando especialmente a las comunidades vulnerables que dependen de estas infraestructuras.

Finalmente, el análisis por subfunciones del gasto proyectado para 2025 revela recortes significativos en el sector de Defensa. Se prevé una asignación de 7.4 mmdp, es decir, una disminución de 30.5 mmdp frente al promedio recibido durante el sexenio de López Obrador. Asimismo, Marina contará con 2 mmdp, 72.3% (5.2 mmdp) menos que en el sexenio pasado. Si bien las Fuerzas Armadas mantendrán su papel en el desarrollo de infraestructura con obras como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, tendrán menos recursos para cumplir sus funciones naturales de protección de la soberanía nacional. Estos recortes podrían limitar la capacidad operativa de las fuerzas armadas en un contexto donde la seguridad nacional es la preocupación más importante para el desarrollo económico y la estabilidad social, como lo señala un artículo reciente de México Evalúa. 

Aunque la distribución de recursos entre subfunciones refleja las prioridades del Gobierno, también pone en evidencia los costos de oportunidad asociados. Se priorizan rubros como el transporte ferroviario y el desarrollo regional, mientras recortes en áreas clave como seguridad, infraestructura carretera o energía comprometen la conectividad, el comercio, la estabilidad y la competitividad económica del país. Estos patrones subrayan la necesidad de decisiones presupuestales balanceadas que maximicen el impacto positivo en el desarrollo sostenible y el bienestar general.

Tres estados concentran casi la mitad del presupuesto en 2025

Analizar la distribución territorial de la inversión física permite comprender cómo se asignan los recursos públicos entre las entidades federativas y evaluar si esta asignación responde a las necesidades de desarrollo regional y equidad. Este análisis contribuye a identificar disparidades, priorizar proyectos estratégicos y promover un crecimiento económico equilibrado en todo el país.

La distribución de la inversión física por estado en 2025 pone de manifiesto las prioridades regionales del nuevo Gobierno y los desafíos asociados a la equidad territorial en la asignación de recursos. En el primer año de Sheinbaum, Ciudad de México y Tabasco concentran el 40% de la inversión física proyectada, lo que significa que cuatro de cada diez pesos destinados a infraestructura irán a estas dos entidades, mientras el 60% restante se repartirá entre los otros 30 estados. Ciudad de México lidera con 202.6 mmdp, equivalentes al 24.2% del total, seguida por Tabasco con 130.1 mmdp (15%). Campeche ocupa un distante tercer lugar con 55.5 mmdp (6.6%).

Comparando con el promedio del sexenio de López Obrador, las tres principales receptoras de inversión física –Campeche, Ciudad de México y Tabasco– mantienen su liderazgo, concentrando en conjunto el 47% de los recursos en ambos periodos. Sin embargo, se observa un cambio significativo: mientras que Campeche lideró con casi el 17% de la inversión física durante el sexenio anterior —debido a la inversión petrolera de Pemex— Ciudad de México tomará la delantera en 2025, con un incremento de casi 10 puntos porcentuales respecto al promedio recibido durante el gobierno de López Obrador (14.3%). Este cambio se debe a la inclusión de proyectos prioritarios relacionados con trenes que involucran a esta entidad, mientras que no se consideran proyectos del sector petrolero, tradicionalmente enfocados en Campeche. Tabasco, por su parte, mantiene una posición estable, concentrando el 16% de la inversión física en ambos periodos. Esta preponderancia se debe a que Tabasco es el estado con la mayor producción de petróleo terrestre4 con el 25% del total, por lo que recibe inversión constante de Pemex para la extracción de hidrocarburos. 

En el otro extremo, los estados con menor asignación de inversión física en 2025 son Aguascalientes y Zacatecas. El primero recibirá apenas 0.3% del total, mientras que el segundo obtendrá 0.4%. Estas cifras reflejan una continuidad respecto al sexenio anterior, donde ambas entidades ocuparon las últimas posiciones, con promedios de 0.3% y 0.5%, respectivamente.

La concentración de casi la mitad de la inversión física en tres estados plantea interrogantes sobre la equidad del gasto público en infraestructura. Si bien es necesario priorizar proyectos estratégicos en regiones clave como Ciudad de México y Tabasco, esta distribución asimétrica puede perpetuar desigualdades regionales, y limitar el desarrollo económico y social en entidades con menores recursos. Aguascalientes y Zacatecas, con asignaciones mínimas, enfrentan retos significativos para mejorar su infraestructura y atraer inversión privada.

Una distribución más equilibrada de la inversión física podría generar mayores beneficios a nivel nacional, al fortalecer la conectividad, la competitividad regional y la cohesión territorial. Los tomadores de decisiones deben considerar cómo optimizar estos recursos para impulsar el bienestar de todas las regiones del país, asegurando que la infraestructura pública se traduzca en oportunidades reales para sus habitantes.

Frenón a las asociaciones público-privadas

Como hemos expuesto hasta este punto, para 2025 se propone un recorte importante en el gasto de inversión física. No es una condición deseable, considerando que se espera que la economía crezca al 2.3% en términos reales. Con una menor inversión pública, cumplir con esta meta será todo un desafío. Sin embargo, la nueva administración puede impulsar la inversión mediante otros esquemas de financiamiento. Una posible solución es el modelo de inversión a través de asociaciones público-privadas (APP)5. Si se planifican adecuadamente, estas alianzas entre particulares y el Gobierno, pueden potenciar la creación de infraestructura para fortalecer las capacidades productivas de un país. Sin embargo, en el nuestro, esta oportunidad ha sido desaprovechada.

Desde la administración anterior se han creado prejuicios negativos sobre la inversión privada y las posibles colaboraciones que pudieran darse en el sector público y privado. A tal punto, que se ha ido reduciendo el número de proyectos de inversión financiados mediante este tipo de mecanismo y, para 2025 se proponen tan sólo 13 proyectos de inversión bajo el esquema APP. Mientras que para 2024 se habían aprobado 18 proyectos de inversión.

La disminución en el número de proyectos se debe a la terminación de dos proyectos a cargo del IMSS para la construcción de un hospital en Chiapas y otro en Nayarit. Así como la terminación de tres proyectos de construcción de hospitales a cargo del ISSSTE. 

Sin embargo, no se están proponiendo nuevos proyectos de inversión mediante este esquema de financiamiento La nueva administración está desaprovechando esta oportunidad para impulsar la inversión en el país y fortalecer el crecimiento económico. 

Conclusiones

El proyecto de inversión en infraestructura para 2025 tendrá graves consecuencias. En el corto plazo, el menor gasto podría desacelerar el crecimiento económico, lo que impactaría indirectamente a la recaudación tributaria y la solvencia del Gobierno. Sin embargo, el mayor impacto se sentirá a mediano plazo, ya que los recortes en áreas sustantivas como la salud, abastecimiento de agua, combustibles o transporte carretero, limitarán la capacidad del Estado de garantizar derechos o proveer servicios a la población. 

En estas circunstancias, una solución para fomentar el desarrollo económico y social sería aprovechar el uso de las APPs. Aunque no se contemplen nuevas figuras en el Paquete Económico 2025, no es tarde para crear un Plan Nacional de Infraestructura que las contemple. Los datos así lo exigen.

Notas:

  1. Esto se debió a que los ingresos del Remanente de Operación del Banco de México (Banxico) fueron utilizado para reducir el endeudamiento de aquel año, lo que mejoró el indicador de la Regla de Oro. ↩︎
  2. Los nombres completos de estos fondos son: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito Federal (Fortamun). ↩︎
  3. Por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, a pesar de ser un proyecto prioritario, no cuenta con presupuesto proyectado para 2025. En el Paquete Económico 2024 tampoco contó con presupuesto, pero durante el año se le reasignaron 43.4 mmdp. ↩︎
  4. Alrededor del 65% de la producción de crudo en México se realiza en aguas territoriales, cerca de las costas de Campeche, Tabasco y Veracruz. ↩︎
  5. Para mayor detalle sobre las APP, consultar el cuadernillo de México Evalúa “Impulso para grandes obras. Detonar a las Asociaciones Público Privadas (APP)”, en: https://politicas-publicas-a-tu-medida.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2024/10/Cuadernillo-2.pdf ↩︎

PEF 2025: menos servicios de salud para los más pobres

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2025.

Los problemas de falta de citas o desabasto de medicamentos que tanto aquejan hoy al sector salud serán aún más difíciles de resolver con el severo recorte al gasto en salud del Paquete Económico 2025.

El Paquete Económico 2025 va en sentido contrario a los principios de desarrollo social y combate a la pobreza que el régimen actual abandera. Plantea un severo recorte al gasto en salud, como parte de la estrategia de consolidación fiscal. 

Las dependencias más afectadas serán aquellas que atienden a las personas sin seguridad social formal, como la Secretaría de Salud o el IMSS-Bienestar. Es la falta de gobernanza y blindaje institucional la que permite que se reduzca el gasto en este derecho humano. Aunque el presupuesto de las y los asegurados también caerá en 2025, su reducción será ínfima frente al recorte que sufrirá la población más vulnerable del país. 

El impacto será el ensanchamiento de las brechas presupuestarias entre asegurados y no asegurados a un nivel no visto en 20 años. Es decir, habrá un retroceso en la equidad de los estándares de atención entre los ciudadanos. Además, en este contexto se hará muy difícil solucionar los problemas de falta de citas o desabasto de medicamentos que tanto aquejan hoy al sector salud. 

Sacrificio del gasto total en salud

En 2025 se dará una ruptura en materia del gasto público en salud: desde 2017 hasta 2024 se aprobaron incrementos consecutivos en el presupuesto para la sanidad pública, pero en 2025 se acabará esta racha. Para el siguiente año, la Secretaría de Hacienda propone un gasto federal en la materia por 881 mil millones de pesos (mmdp), 12.2% menos o 122 mmdp de recorte frente a lo aprobado en 2024. De aprobarse, se tratará del peor monto presupuestado desde 2022.

Nos referimos al gasto funcional en salud, que contempla exclusivamente1 los recursos para la sanidad de ocho ramos: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud (SSA), los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar)2, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud ( FASSA) y las Aportaciones para la Seguridad Social (Ramo 19). 

Como explicaremos más adelante, la evolución presupuestaria de cada uno de estos ramos es muy diversa. No obstante, podemos adelantar que hay incrementos en el IMSS e ISSSTE, mientras que se dan recortes en el resto de las dependencias, lo que provoca una caída en el gasto total. 

A esta disminución generalizada del gasto en salud para 2025 se le suma un riesgo adicional: que es frecuente que se den recortes o subejercicios durante el año fiscal y no se cumpla con el presupuesto aprobado. Así sucedió en 2014, 2015, 2016, 2019 y 2023. Además, si descontamos los sobre ejercicios en transferencias en fideicomisos —que explicaremos también más adelante— el presupuesto en salud también se quedó corto en 2020, 2021 y 2022. 

Si en 2025 no se cumplen los estimados de ingresos, es posible que el gasto en salud sea aún peor de lo previsto. Como explicamos en nuestro Análisis Macro del Paquete Económico 2025, las estimaciones de ingresos de Hacienda suelen ser optimistas. 

El retroceso social por el recorte al gasto en salud es más evidente si analizamos este presupuesto en función del tamaño de la economía, los recursos por persona o su participación en la totalidad del gasto del Gobierno. 

Los 881 mmdp que propone la SHCP significan un 2.4% del PIB. Esto es 0.4 puntos menos a lo aprobado en 2024 (2.8% de PIB) e inferior al 2.6% alcanzado en 2010. Desde esta perspectiva, se trata de un retroceso de más de 15 años para el gasto en salud. Además, el recorte nos aleja más de la meta del 6% de gasto en sanidad pública que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin un presupuesto alineado a las mejores prácticas internacionales, difícilmente se alcanzarán los niveles de atención de los países desarrollados. 

Como porcentaje del gasto total, el presupuesto en salud representará sólo el 9.5%, lo más bajo desde 2016. Esto indica que otros conceptos del gasto han desplazado en importancia al gasto en salud, como lo son las pensiones no contributivas (las llamadas pensiones del Bienestar) o el pago del servicio de la deuda. Otra forma de verlo es que el gasto en salud no ha sido prioridad para el Gobierno. Lo explicamos a detalle en nuestra nota macro. 

Finalmente, el recorte de los recursos totales combinado con el incremento de la población, provocará que el gasto por persona caiga a 6,633 pesos, similar a lo observado en 2011. Esto significa que las instituciones tendrán menos recursos por paciente, lo que limitará solucionar la saturación de los sistemas de salud o solucionar el desabasto de medicamentos. 

Al analizar la evolución del gasto por institución, encontramos que las dos principales instituciones para la población asegurada (IMSS e ISSSTE) tienen incrementos. En contraste, los recortes se centran principalmente en los sistemas que atienden a las personas sin seguridad social formal: IMSS-Bienestar, SSA o FASSA. 

Del lado ganador, el IMSS contará con recursos para la salud por 481 mmdp, 1.4% (6.5 mmdp) más que en 2024. Será su mayor presupuesto histórico, lo que demuestra la mejor gobernanza en términos presupuestarios del Instituto. Asimismo, el ISSSTE tendrá recursos por 82 mmdp, 2.8% (2.2 mmdp) más que lo aprobado en 2024. En este caso, aún se está lejos de los mejores niveles presupuestarios, pero es positivo el aumento para el siguiente año. 

También destaca el organismo IMSS-Bienestar, quien contará con un presupuesto de 162 mmdp, 22% (29.2 mmdp) más que en 2024. La cuestión es que este incremento no compensa los recortes del SSA y FASSA que describimos a continuación. 

De lado perdedor, el ramo con la mayor reducción será el de Aportaciones para la Seguridad Social, que en 2025 tendrá sólo 9.9 mmdp, un recorte de 87.2% (67.5 mmdp) menos que en 2024. Dentro de este ramo había recursos para la población asegurada y no asegurada. Para los asegurados, desaparecen las inversiones financieras que detectamos en el PEF 2024 por 44.6 mmdp, que eran recursos etiquetados para transferirse al IMSS y al ISSSTE. Para los no asegurados, en 2024 desaparece el programa IMSS-Bienestar (antes IMSS-Prospera), el cual en 2024 contó con 23 mmdp.

Sobre este último punto conviene hacer un breve paréntesis: los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) no es la misma cosa que el programa IMSS-Bienestar aunque lleven el mismo nombre, por confuso que parezca. El primero, es un organismo público descentralizado creado en 2022 para suplir al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), creado en 2020, el cual a su vez fue sustituto del Seguro Popular, creado en 2003. Como sus predecesores, busca ofrecer atención de primer contacto, hospitalización e intervenciones de especialidad. Por su parte, el programa IMSS-Bienestar era hasta 2024 una partida presupuestaria otorgada al IMSS para que éste otorgara servicios gratuitos de primer contacto (no de especialidad) en comunidades rurales. Fue creado en 1979 como IMSS-Coplamar y luego cambió de nombre a IMSS-Solidaridad, luego IMSS-Prospera y en 2019 fue rebautizado como IMSS-Bienestar. Este último nombre fue reutilizado para bautizar al sustituto del Insabi. Para 2025 desaparecen los recursos del programa y también la confusión…

De nuevo en materia de recortes al gasto, destacan que el FASSA contará con sólo 79 mmdp, 42% (57.3 mmdp) menos que este año y para la SSA que tendrá 57 mmdp, 36.8% (33.4 mmdp) menos. Ahondaremos en el presupuesto de cada uno de estos ramos más adelante. 

Finalmente, para la Defensa se prevé un gasto en salud de 6.7 mmdp, 20% (1.7 mmdp) menos frente a 2024 y para la Marina de 3.5 mmdp, 7.7% (293 mdp) menos. A pesar de atender a trabajadores formales del Gobierno, en los últimos años ambas instituciones han sufrido recortes presupuestarios. Esto va en contra del fortalecimiento de los cuerpos encargados de la seguridad pública del país. 

Al ponderar los incrementos y decrementos de las instituciones en salud, identificamos que el presupuesto para las personas sin seguridad social formal será de 298 mmdp, es decir un recorte de 22% (84 mmdp) menos frente a lo aprobado en 2024. Desde 2019 no se observa un gasto tan reducido para este sector. 

El presupuesto para las personas sin seguridad social contempla el gasto de instituciones y programas que atienden a las personas que no tienen afiliación a un sistema estructurado vinculado a su situación laboral. Aquí nos referimos al organismo IMSS-Bienestar (no al programa del mismo nombre), la Secretaría de Salud (encargada de los hospitales de alta especialidad), el FASSA (a través del cual se otorgan recursos a las entidades federativas para la salud) y al programa IMSS-Bienestar del Ramo 19 (que comparte nombre con el organismo IMSS-Bienestar y que desaparece). 

Si bien el organismo IMSS-Bienestar tendrá un incremento para 2025 de 29.2 mmdp, será insuficiente para compensar el recorte de 57.3 mmdp del FASSA, de 33.4 mmdp de la SSA y de 23 mmdp del programa IMSS-Bienestar (que, ya dijimos, desaparece). Para decirlo claro: es falsa la aseveración del Poder Ejecutivo3 de que el presupuesto en salud crezca para el siguiente año debido a los aumentos en el órgano IMSS-Bienestar. 

Peor aún, de aprobarse sin cambios el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), el 2025 será el peor inicio de sexenio en materia de gasto en salud para las personas sin seguridad social en lo que va del siglo. En el primer año de Fox (2001) dichos recursos aumentaron 9.4% frente al año previo, con Calderón el aumento fue de 12.1% y con Peña de 2.9%. Posteriormente López Obrador aplicó un recorte de 2.4% en 2019. No obstante, el recorte de 22% que propone Sheinbaum no tiene punto de comparación. 

La brecha se amplía para las personas sin seguridad social

Para 2025 el gasto per cápita destinado a personas sin seguridad social será de 4,490 pesos, 22.6% (1,313 pesos) menos frente a lo aprobado en 2024 y el monto más bajo en 15 años. En 2019, primer año de López Obrador, el gasto per cápita fue de 5,734 pesos y en 2013, primer año de Peña Nieto, fue de 6,138 pesos.

Hay que recordar que previo a 2019, la población objetivo del sistema de salud para personas sin seguridad social se basaba en los afiliados al Seguro Popular, que en 2019 cerró en 51.9 millones o 41% de la población. Por el contrario, tanto el desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en su momento, como ahora el IMSS-Bienestar identifican a su población objetivo como aquellas con “carencia de acceso a la seguridad social”. El organismo encargado de definir a este grupo es el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Para 2025, se estima que 66.4 millones de personas se encuentran en esta situación4, es decir la mitad de la población. Esto significa que el IMSS-Bienestar busca atender a 14.5 millones de personas más de lo que pretendía el Seguro Popular en 2019, pero con menos recursos5. 

En otras palabras, no sólo hay un recorte en 2025, sino que se reparte entre más personas. Esto podría afectar el número de citas otorgadas, la rapidez en la atención o abasto de medicinas. A su vez, esto podría empujar aún más a la población a los servicios médicos privados, incrementar el gasto de bolsillo y gastos catastróficos en salud, con efectos perniciosos en los niveles de pobreza de la población. 

En el caso de los sistemas que atienden a las personas con seguridad social formal, identificamos un presupuesto de 583 mmdp, 6.2% (38 mmdp) menos que en 2024. Nos referimos a los recursos conjuntos del IMSS, ISSSTE, Defensa, Marina y del Ramo 19. Si bien el IMSS tendrá un incremento de 6.5 mmdp y el ISSSTE de 2.2 mmdp, será insuficiente para compensar el recorte de 45 mmdp en el Ramo 19, de 1.7 mmdp en la Defensa y de 293 mdp en la Marina. 

Pese al recorte, los recursos para las personas aseguradas se mantendrán por arriba de lo observado de 2023 hacia atrás, debido a que en los últimos años se habían otorgado incrementos constantes en su presupuesto. No obstante, resulta un mal augurio el recorte inicial de 6.2% de Sheinbaum, el cual se compara negativamente con el incremento de 2.5% de Fox o 2.3% de Calderón y es incluso peor a los recortes de 1% de Peña en su primer año de Gobierno y el de0.4% de López Obrador. 

Debido al recorte de 6.2% o 38 mmdp en el gasto en salud para las personas con seguridad social en 2025, superado por la caída de 22% (84 mmdp) para las personas sin seguridad social, los recursos para las personas aseguradas serán 95% superiores a las no aseguradas: la mayor brecha desde 2005.

De forma histórica, los recursos en salud para las personas aseguradas han sido superiores al de las personas no aseguradas. Sin embargo, a partir de la creación del Seguro Popular en 2003, la brecha comenzó a reducirse. En el mejor momento (2013), los recursos para las personas aseguradas llegaron a ser sólo 34% superiores. La brecha se amplió nuevamente con las medidas de austeridad en los últimos años de Peña Nieto y se agravó con la eliminación del Seguro Popular en 2019, el cual contemplaba garantías presupuestarias de financiamiento por persona. 

Ahora en el primer Paquete Económico de Claudia Sheinbaum la brecha se ampliará a un nivel no visto en 20 años, borrando los avances logrados en materia de equidad fiscal para las personas sin seguridad social. Esto nos deja dos reflexiones clave: 1. Urge recuperar un blindaje presupuestario para los sistemas de salud que atienden a las personas sin seguridad social. Para esto, el presupuesto debe calcularse por usuario y por enfermedades a tratar. 2. Recordemos que las personas no aseguradas pertenecen en su mayoría a las poblaciones más vulnerables. La Secretaría de Hacienda estima que el 55% de los usuarios que se atienden en los sistemas para personas no aseguradas, pertenecen al 30% con mayor pobreza6.

Retroceso en el federalismo 

En 2025, los recursos en salud otorgados desde la Federación a los estados a través del FASSA sumarán 79 mmdp. Es un recorte de 42% (57.3 mmdp) y llevará a este fondo a su peor nivel desde el año 2000. ¿La razón? La concentración del gasto en salud en manos de la Federación a causa del proyecto del IMSS-Bienestar. 

Se trata de una ruptura con el paradigma de la descentralización del gasto que inició en la década de 1990, para regresar a la centralización que caracterizó la política sanitaria en la mayor parte del siglo XX. Hay que recordar que, en 1996, se suscribió el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud con el fin de transferir la responsabilidad y administración de la sanidad desde el Gobierno federal hacia los gobiernos estatales. 

Para sustentar la descentralización, en 1997 se creó un nuevo fondo en la Ley de Coordinación Fiscal: el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Su función era otorgar recursos financieros a las entidades según su número de plazas médicas e infraestructura hospitalaria. A partir de 2003, el financiamiento a los servicios de sanidad estatales se fortaleció con el Seguro Popular. Este sistema contaba con programas específicos de transferencia de recursos a las entidades para la compra de medicamentos, inversión, materiales y suministros, así como servicios personales. Esta estrategia se mantuvo con el Insabi. 

Es decir, los estados recibían recursos del FASSA enfocados principalmente al pago de nómina y del Seguro Popular (luego del Insabi) para el resto de las necesidades médicas. Con el modelo del IMSS-Bienestar se pretende regresar al sistema previo a 1996. Como explicamos en nuestro Erario en Salud al segundo trimestre de 2024, los estados signatarios han comenzado a transferir de vuelta la infraestructura y personal médico a la Federación y, en consecuencia, devolverán los recursos del FASSA. Además del retroceso en el federalismo que esto significa, la consolidación de recursos implicará una reducción en el presupuesto total de las personas sin seguridad social, como se explicó previamente. 

Como resultado, en 2025 los 23 estados signatarios del IMSS-Bienestar tendrán un recorte conjunto de 53% (54.5 mmdp) en los recursos que reciben del FASSA frente a 2024, puesto que una parte de este capital se dirigirá directamente al Instituto. 

La reducción de este fondo puede agravarse a futuro conforme se avance en la transferencia de plazas médicas a la Federación. Como explicamos en nuestra nota al segundo trimestre, hay estados que han federalizado entre 30 y 40% su nómina médica y aún tienen intenciones de continuar con este proceso. 

Por otro lado, sorprende que los nueve estados no signatarios, tendrán también un recorte de 8.5% (2.7 mmdp) frente a 2014. Esto parece contravenir el artículo 30 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el cual garantiza un presupuesto en función de la plantilla de personal médico en función de lo aprobado el año inmediato anterior. Si bien el gasto de inversión puede recortarse de un año a otro, identificamos que los recortes a las entidades no signatarias se dan principalmente en el gasto corriente, que representa el 99% de los recursos del Fondo. 

La reducción de los recursos en salud para los estados no signatarios del IMSS-Bienestar podría generar cuestionamientos sobre el Pacto Fiscal, como sucedió recientemente con el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro7. 

Recorte a hospitales de alta especialidad 

En 2025, la Secretaría de Salud (SSA) contará con un presupuesto para sanidad de 57 mmdp, 36.8% (33.4 mmdp) menos de lo aprobado en 2024. Se trata del peor monto para esta dependencia desde 2004. Lamentablemente, la reducción afectará negativamente a la mayoría de los hospitales de alta especialidad que son aún responsabilidad de la SSA.

Cabe recordar que el presupuesto de la SSA llegó a un máximo histórico en 2023 cuando se le aprobaron 219 mmdp. A mediados de ese año se decidió eliminar al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) —adscrito a la SSA— y remplazarlo por el IMSS-Bienestar. Esto provocó un recorte en el gasto de la dependencia de 51.1% para lo aprobado en 2023, como detallamos en nuestra nota anual en salud de 2023. 

En 2024, ya sin el Insabi, la SSA recibió un recorte en su presupuesto aprobado, mientras que el IMSS-Bienestar recibió un incremento en compensación. Sin embargo, para 2025 la SSA vuelve a recibir una reducción en su presupuesto, particularmente en los hospitales de alta especialidad, sin que se compense con incrementos en el IMSS-Bienestar. 

En primer lugar, preocupa la reducción del 15.3% (329 mdp) al presupuesto del Instituto Nacional de Cancerología (Incan). Ahora contará con sólo 1.8 mmdp para operar el siguiente año, el peor monto desde 2019. El instituto no sólo da atención médica especializada a los pacientes de cáncer, sino que realiza investigación científica para desarrollar nuevos tratamientos. 

Por su parte, Instituto Nacional de Cardiología contará con 1.6 mmdp; es decir, un recorte de 12.3% o 227 mdp. Este instituto es líder en el tratamiento e investigación contra enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, enfermedades coronarias y cardiopatías congénitas. 

Asimismo, el Instituto Nacional de Pediatría sufrirá un recorte de 10.2% (247 mdp) y contará sólo con 2.2 mmdp, el peor presupuesto desde 2020. Este Instituto está enfocado al cuidado integral de niños y adolescentes. Ofrece diagnósticos y tratamiento a enfermedades complejas que afectan a la población infantil como problemas congénitos, enfermedades cardiovasculares, neurológicas, respiratorias entre otras. También proporciona terapia intensiva pediátrica y neonatal. 

Los hospitales generales “Dr. Manuel Gea González” y “Dr. Eduardo Liceaga” tendrán recortes de 12.7 % (223 mdp) y 12.8% (665 mdp) respectivamente. En ambos casos tendrán la más baja disposición de recursos desde 2020. Se trata de dos de los hospitales con mayores niveles de atención en México. 

Además, para 2025 desaparecen las partidas presupuestarias para seis hospitales regionales de alta especialidad: Chiapas, Ciudad Victoria, Ixtapaluca, Yucatán, Oaxaca y Bajío que en 2024 contaron con un presupuesto conjunto de 8.4 mmdp. Para compensar (parcialmente), se crea dentro del IMSS-Bienestar la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, con un presupuesto de 3.6 mmdp, el cual no compensa ni la mitad de los recursos eliminados para los seis hospitales dentro de la SSA. 

En el caso de los organismos desconcentrados de la SSA, destaca un recorte de 68.4% (10 mmdp) en el presupuesto del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, que sólo contará con 4.7 mmdp el siguiente año. Estarían recibiendo el segundo monto más reducido desde 2013. La importancia de este Centro es que está encargado del Programa Nacional de Vacunación. El recorte afectará la compra y aplicación de vacunas en el país. 

Asimismo, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva contará con 2.6 mmdp, un pequeño recorte de 1.2% frente a 2024, pero uno mucho mayor (de 59.5%) si se compara con el monto máximo alcanzado en 2016 (4.4 mmdp). Este centro implementa programas de planificación familiar, atención prenatal, parto seguro o tratamientos relacionados con salud reproductiva. Además, busca prevenir la violencia de género contra las mujeres en el ámbito de la salud. 

Caen inversión y medicamentos para los más vulnerables

Los recortes en el gasto funcional en salud para 2025 tendrán implicaciones negativas en dos conceptos clave para la atención de las personas: medicamentos e infraestructura. Lamentablemente, la mayoría de los recortes se darán en los sistemas que atienden a las personas sin seguridad social.

En el caso de medicamentos8 identificamos un presupuesto de 128.1 mmdp, un aumento de 0.2% (230 mdp) más frente a lo aprobado en 2024. No obstante, al desagregar por institución, identificamos que el gasto en medicamentos para las personas con seguridad social será de 116 mmdp, 7.9% (8.5 mmdp) superior. En cambio, el de las personas no aseguradas caerá a 12 mmdp, 40.6% (8.3 mmdp) menos frente a este año. 

De esta forma, las personas aseguradas se quedarán con el 91% del gasto en medicamentos del Gobierno federal, la mayor proporción desde 2013. Además, su presupuesto será 861% superior a aquel de las personas sin seguridad formal, la mayor brecha también desde 2013. 

El principal recorte en medicamentos se dará en la SSA. Su presupuesto en la materia será de 9.2 mmdp, 54% (10.6 mmdp) menos, principalmente por recortes en el Programa Nacional de Vacunación. Si bien el IMSS-Bienestar tendrá un incremento en el gasto de medicamentos por 378% (2.3 mmdp), será insuficiente para compensar la caída de la SSA.

En el caso de los sistemas para personas aseguradas, el IMSS tendrá el mayor incremento, por 8% o 7 mmdp, para llegar a 100 mmdp, su mayor gasto histórico. Nuevamente destacamos la buena gobernanza del instituto para garantizar un crecimiento continuo de sus recursos al vincular su presupuesto al número de afiliados. 

Por su parte, el ISSSTE tendrá un aumento de 12% o 1.7 mmdp para llegar a 15.2 mmdp en gasto en medicamentos. Este monto, sin embargo, se mantendrá por debajo de sus mejores niveles. 

El gasto de inversión en salud también apunta a acrecentar las brechas entre asegurados y no asegurados. En total, la inversión funcional en salud será de 32 mmdp, 8.9% (3.1 mmdp) menor a la aprobada en 2024. Sin embargo, los mayores recortes se darán en los sistemas que atienden a las personas más vulnerables.

La inversión conjunta de la SSA, IMSS-Bienestar y FASSA será de 3 mmdp, una caída de 39% (1.9 mmdp) versus 2024. Será el peor monto en más de 10 años. Por su parte, la inversión de la Defensa, Marina, IMSS, e ISSSTE sumará 28.9 mmdp, un recorte de 3.8% (1.1 mmdp) en comparación a 2024. A pesar del recorte, el monto propuesto es superior a todo lo observado previo a 2023. 

De aprobarse el PPEF 2025 como se plantea, las personas aseguradas tendrán el 90% de la inversión en infraestructura de 2025, la mayor concentración desde 2013. Además, su gasto será 842% superior al de las personas sin seguridad social, la mayor diferencia también desde inicios del Gobierno de Peña. Esta situación limitará incrementar las consultas en la población más vulnerable y ampliará la brecha de atención entre las personas con y sin seguridad social. 

Desahorro en salud: riesgo latente

Por quinto año consecutivo la Iniciativa de Ley de Ingresos (ILIF) solicita a la Cámara de Diputados otorgarle total discrecionalidad a la Secretaría de Hacienda, respecto al uso de los recursos depositados en el Fondo de Salud Para el Bienestar (Fonsabi). Esta disposición genera el riesgo de vulnerar aún más el derecho humano a la salud de las personas sin seguridad social y de distorsionar la contabilidad del gasto público. 

De 2021 a 2024, en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) se ha establecido la obligación de que el Fonsabi transfiera sus recursos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), salvo que la SHCP autorice lo contrario. Para 2025, en el Decimoquinto transitorio de la LIF se vuelve a otorgar esta disposición. 

Como explicamos en la investigación “El ocaso del Fonsabi” la posibilidad de retirar recursos del Fonsabi a discreción ha favorecido una distorsión de la contabilidad gubernamental en salud. Para simular un mayor gasto al realmente ejercido, la Federación ha realizado grandes transferencias al Fonsabi —clasificándolas como gasto efectivo en salud— y luego ha regresado esos recursos a la Tesofe, donde se les pierde el rastro. 

Para 2025 se prevén transferencias a fideicomisos por sólo 13 mmdp. No obstante, este monto podría sobrepasarse para inflar el gasto en salud. Por ejemplo, entre 2020 y 2022 el gasto por transferencias a fideicomisos fue, en promedio, 190% superior a lo aprobado. Esto generó que las transferencias representaran más del 14% del gasto total en salud para las personas sin seguridad social. 

Además de favorecer la distorsión de gasto en salud, la disposición de la ILIF 2025 permitirá una reducción aún mayor del Fonsabi. Al tercer trimestre de 2024 el saldo de este fondo reportó un saldo de 33.2 mmdp, el peor registro desde marzo de 2010. Se trata de una reducción en los recursos disponibles del 73% o 89.5 mmdp frente al cierre de 2018. Sobra mencionar que la reducción se ha dado por salidas a la Tesofe. 

Ante las presiones de ingresos por el ajuste fiscal de 2025, el Gobierno podría verse tentado a echar mano nuevamente de los recursos del Fonsabi, lo que limitaría la función de este fondo: financiar enfermedades de alto costo como el cáncer, VIH/Sida, enfermedades renales, entre otras. 

Conclusión

El Paquete Económico 2025 augura que el gasto en salud pública no será prioridad para Claudia Sheinbaum durante su sexenio. Si bien era imperante reducir el déficit público que heredó López Obrador, la nueva administración prefirió crear y expandir programas de transferencias directas, en lugar de blindar el gasto en salud. 

Lamentablemente, los programas de transferencias directas universales no son progresivos, ya que benefician por igual a personas ricas y pobres. Por el contrario, el gasto en salud, favorece principalmente a las personas más vulnerables de la sociedad. Las decisiones de política social del nuevo Gobierno van en contra de combatir la pobreza y reducir la desigualdad social. 

Gráficos anexos

Notas al pie:

  1. Esto significa que no contempla el gasto en pensiones del IMSS o ISSSTE o los recursos de la función educación de la SSA, por ejemplo. ↩︎
  2. Propiamente el IMSS-Bienestar no es un ramo presupuestario, sino que se encuentra dentro del Ramo 47 de entidades no sectorizadas. El presupuesto del IMSS-Bienestar concentra más del 90% de dicho ramo. ↩︎
  3. Milenio (2024). Sheinbaum rechaza que se haya recortado presupuesto a salud en 2025. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=0I_gf6XUjQU ↩︎
  4. Estimado de México Evalúa según la población con carencia a la seguridad social identificada por el Coneval para 2022, actualizado por el crecimiento poblacional esperado por la Comisión Nacional de Población (Conapo). ↩︎
  5. Hay que sumar que el IMSS-Bienestar pretende cubrir todos los padecimientos médicos, mientras que el Seguro Popular sólo definía un catálogo de alrededor de 300 padecimientos cubiertos. ↩︎
  6. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2024). Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público. Resultados para el año 2022. ↩︎
  7. Anews. Enrique Alfaro propone salida de Jalisco del Pacto Fiscal por recortes presupuestales. Recuperado de: https://anews.mx/tag/votacion-en-jalisco/ ↩︎
  8. El gasto en medicamentos contiene las partidas específicas “Materiales, accesorios y suministros médicos”. “Materiales, accesorios y suministros de laboratorio” y “Medicinas y productos farmacéuticos”, de la Función Salud. ↩︎

Paquete Económico 2025: pese a los recortes no hay responsabilidad fiscal 

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2025.

Los severos recortes al gasto social y de inversión que aplicará el Gobierno en 2025 para contener el endeudamiento, serán insuficientes para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

En nuestro análisis inicial del Paquete Económico 2025 advertimos que el gasto en salud, seguridad, agricultura, inversión, entre otros, será recortado para reducir el déficit de 5.9% del PIB en 2024 a 3.9%. Esto impactará gravemente la capacidad del Estado de garantizar los derechos de los ciudadanos. Peor aún, al profundizar nuestro análisis inicial no vemos posibilidades de mejora fiscal hacia el resto del sexenio por dos razones principales: 

1. El Paquete Económico de Sheinbaum no fortalece los ingresos exclusivos del Gobierno federal (aquellos que financian la salud o educación), lo que en el futuro limitará los incrementos al gasto social. 

 2. Tampoco se corrige la dependencia del endeudamiento para financiar el gasto corriente, lo que implica que el uso de la deuda no irá a fines productivos que aumenten la recaudación y permitan pagar los créditos en el futuro. De hecho, por primera vez Hacienda viola la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) al no presentar un paquete fiscal equilibrado, sin contabilizar el gasto total de inversión, como indica su artículo 17. 

Aquí un adelanto de las principales hallazgos que muestran que los riesgos en materia de finanzas públicas se mantienen y pueden agravarse a futuro: 

  • El nuevo esquema tributario de Pemex, el Derecho Petrolero para el Bienestar (DPB), que se propone en el Paquete Económico puede reducir los ingresos petroleros del Gobierno federal y limitar el financiamiento de derechos no sólo en 2025, sino de forma permanente. 
  • Pese al ajuste fiscal, la presión del costo en pensiones sigue imparable: su costo total llegará a 6% del producto interno bruto (PIB), esto considerando pensiones contributivas y no contributivas. Es decir, dos puntos más que al inicio del sexenio de López Obrador. 
  • Con la propuesta de presupuesto, por cada peso de endeudamiento sólo 59 centavos se irán al gasto de inversión física, y los restantes 41 centavos a gasto corriente, lo que viola un principio económico clave: la llamada Regla de Oro de la deuda. 
  • Peor aún, no sólo se viola un principio económico, sino que por primera vez en décadas, el Paquete Económico se presenta sin el principal indicador de responsabilidad hacendaria: el equilibrio presupuestario sin inversión total. Al calcularlo por nuestra parte, observamos un déficit de 173 mil millones de pesos (mmdp), faltando al principio de presupuesto equilibrado. Es decir, se viola el artículo 17 de la LFPRH.

Nuevo optimismo en ingresos públicos 

La Secretaría de Hacienda ha recuperado el optimismo en materia de crecimiento de los ingresos. En el Paquete Económico 2023, estimó un aumento de 10.5% en este rubro frente a lo aprobado en 2022, pero en 2024 cambió su tendencia al pronosticar sólo 1.6% más que el año previo. Para 2025, anticipa ingresos totales del sector público por 8.0 billones de pesos, o 5.4% (415 mmdp) más de lo aprobado para 2024. Frente al estimado de ingresos al cierre de 2024, el crecimiento sería de 3.3% (161 mmdp). 

Es importante que el Gobierno pronostique ingresos públicos creíbles que le permitan diseñar presupuestos realistas y evitar recortes al gasto inesperados o incrementos en el déficit aprobado. Las proyecciones de ingresos para el siguiente año se aprecian sobreestimadas. 

Desde 2016 sólo se logró un crecimiento de los ingresos superior al 3% en 2022 (+4%) y en 2021 (+6.8%) por efecto rebote luego de la pandemia. Esto genera escepticismo de que el estimado de Hacienda para 2025 pueda cumplirse. De hecho, en el sexenio de López Obrador, los estimados de ingresos totales se quedaron por debajo de la meta en 2020 (por la pandemia) y en 2023. En los sexenios previos —de Fox a Peña— los ingresos totales nunca se quedaron por debajo de lo estimado, incluso en las crisis de 2001 y de 2009. 

Incluso si se cumplieran los estimados de Hacienda, los ingresos totales representarían sólo el 22.3% del PIB, inferior al 22.4% de 2022 o al máximo histórico de 23.3% de 2016. Esto significa que, en términos comparativos frente al tamaño de la economía, los ingresos públicos totales seguirán estancados, limitando la capacidad de gasto del Gobierno. 

En materia de ingresos tributarios —es decir, por cobro de impuestos— se estiman 5.3 billones de pesos. Esto es 2.8% (144 mmdp) por arriba de lo aprobado para 2024 o 3% (156 mmdp) más del estimado al cierre de 2024. Desde 2017, sólo en 2023 se observado un crecimiento superior a 2.5%. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) generalmente se equivoca en sus estimaciones de ingresos: en el sexenio de López Obrador sólo en 2021 se cumplieron o superaron las expectativas. Estas circunstancias hacen que los estimados de ingresos tributarios sean poco creíbles. 

Suponiendo que los estimados de Hacienda se logren, los ingresos tributarios llegarían a 14.6% del PIB, lo que sería el mayor nivel respecto al tamaño de la economía que se tenga registro. No obstante, frente al promedio de 34% de los países miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la recaudación seguirá siendo ínfima. Una reforma fiscal es imperativa para incrementar los ingresos. 

Otro factor de riesgo en materia de recaudación, es que los estimados de ingresos tributarios de la Secretaría de Hacienda, se sustentan en un pronóstico de crecimiento de la economía de 2.5% para 2025. En comparación, el conjunto de analistas financieros que entrevista el Banco de México (Banxico) cada mes, anticipa un crecimiento de 1.8% para 2025, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que sea de apenas 1.3%. Hay ocasiones en que la SHCP es más certera y veces en que otras dependencias lo son. El hecho es que no hay un consenso homogéneo en las estimaciones para el siguiente año. 

Un crecimiento inferior al estimado por la Secretaría de Hacienda puede implicar menor recaudación tributaria. Según las sensibilidades de ingresos que publica la propia autoridad hacendaria, si el crecimiento económico es de 1.8%, habría una pérdida presupuestaria de 36.9 mmdp. Para comparar, equivalen al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), que es de 38 mmdp. Si el crecimiento es incluso menor, de 1.3% anual, la pérdida recaudatoria sería de 63.3 mmdp, análogo al presupuesto proyectado para la Secretaría de Salud, de 66.7 mmdp.

Hay motivos de preocupación: en 16 años, de 2008 a 2023, los estimados de crecimiento económico de Hacienda se quedaron cortos en 12 ocasiones.

Otro factor de riesgo es que la Secretaría de Hacienda supone que los ingresos tributarios crecerán a mayor ritmo que la economía. Para 2025 estima que crezcan en 3% frente al estimado al cierre de 2024. Calcula, al mismo tiempo, un crecimiento del PIB para el siguiente año de 2.5%. ¿Es esto una incongruencia? No tanto, pero tampoco es una buena señal. 

En los últimos 15 años, de 2009 a 2023, en ocho ocasiones el crecimiento porcentual de los ingresos tributarios ha sido superior al ritmo de expansión del PIB y en siete ha sido inferior. Esto demuestra que no es descabellado pensar en un crecimiento del 3% de los tributarios para 2025, con un menor crecimiento económico, aunque es siempre riesgoso hacer este planteamiento. 

De nuevo: incluso si se cumplieran estas expectativas de ingresos para 2025, la política recaudatoria tendría un desempeño bastante limitado frente a lo conseguido al inicio de otras administraciones. 

En el primer año del sexenio de Fox se logró un crecimiento de los ingresos tributarios de 5.7%, con Calderón de 6.1%, con Peña de 17%, y con López Obrador de 0.3%. De lograrse el crecimiento esperado para 2025, Claudia Sheinbaum tendría un inicio de sexenio mucho mejor que López Obrador en materia de ingresos tributarios, pero se quedaría por debajo de lo logrado por el resto de presidentes de este siglo. 

Esperanza en el Impuesto Sobre la Renta 

Al desagregar por tipo de impuesto, observamos que el crecimiento de los ingresos tributarios se sustenta principalmente en la expansión del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Para 2025, la Secretaría de Hacienda estima ingresos por este gravamen de 2.86 billones de pesos. Este monto es 1.2% (34.5 mmdp) más de lo aprobado en 2023 o 2.5% (70 mmdp) más del estimado al cierre de 2024.

En los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, sólo en dos ocasiones (2009 y 2014) los ingresos por ISR se quedaron por debajo de la meta. Sin embargo, durante el sexenio de López Obrador, la Secretaría de Hacienda apenas superó o igualó la meta en una ocasión (2022). La racha no es prometedora. 

La buena noticia es que, entre 2021 y 2024, se ha observado un crecimiento del ISR superior al 2%, por lo cual el estimado de 2025 suena factible. No obstante, con un recorte a la inversión y mayor incertidumbre por el cambio de Gobierno, podría repetirse lo que sucedió en el primer año de López Obrador: la recaudación de ISR cayó 2.9%.  En cualquier caso, si se cumple la meta, los ingresos por este tributo representarán 7.9% del PIB, lo mismo que se estima para el cierre de 2024. 

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Secretaría de Hacienda espera ingresos por 1.43 billones, 2% (28.8 mmdp) más del estimado al cierre de 2024 o 5.5% (76.3 mmdp) más de lo aprobado para 2024. Las proyecciones de Hacienda para este tributo tampoco presentan una buena racha: en los últimos 10 años, sus estimaciones se han quedado cortas en la mitad de las veces. 

Nuevamente, de cumplirse, la recaudación de IVA representará el 4% del PIB. Debido a que la economía, según Hacienda, crecerá a mayor velocidad que el IVA (2.5%), el peso de este tributo bajará 4.1% del PIB respecto a 2024 (4.1% del PIB) y quedará lejos del 4.3% de 2023. Es decir, se mantendrá el estancamiento de este tributo. 

Finalmente, en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) no hay gran cambio. Se estima recaudar 714 mmdp, una contracción de 0.5% (3.5 mmdp) a lo aprobado en 2024 y el mismo valor de lo estimado al cierre de 2024. 

Aumentarán ingresos petroleros, sólo para Pemex

Para 2025, los ingresos petroleros tendrán una ligera recuperación, pero sólo en beneficio de Petróleos Mexicanos (Pemex). En suma, se esperan ingresos por la venta de petróleo por 1.1 billones de pesos. Esto es 4.5% (50 mmdp) más que lo aprobado en 2024 o 4.3% (47 mmdp) más de lo estimado al cierre de 2024. Luego de dos años de caídas, se espera una ligera recuperación. 

No obstante, los ingresos petroleros representarán tan sólo 3.2% del PIB. Al inicio del sexenio de López Obrador (2019), esos ingresos ascendieron a 3.8% del PIB; al comienzo del mandato de Peña sumaron 7.9% del PIB; con Calderón 7.7% del PIB y con Fox 4%. Se trata del peor nivel de ingresos petroleros para un despegue de sexenio: una herencia negativa López Obrador, quien no pudo revertir la tendencia decreciente que se arrastra desde el sexenio de Peña. 

El principal problema que nos deja ver el Paquete Económico 2025, es que el Poder Ejecutivo seguirá renunciando a recursos petroleros en favor de Pemex. Es decir, aquellos que paga Pemex a la Federación y que se usan, entre otras cosas, para financiar el gasto en salud, educación, entre otros conceptos— se estiman en 281 mmdp; esto es 2.9% (8.4 mmdp) menos de lo aprobado en 2024. Por el contrario, los de Pemex se calculan en 861 mmdp, 7.3% (58.4 mmdp) más. Desde 2023, los ingresos del Gobierno han caído mientras que los de Pemex han aumentado y en 2025 se mantendrá esta tendencia. 

En los últimos años se ha reducido el Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), el principal derecho que paga Pemex a la Federación. Ello ha provocado que Pemex se quede con una mayor “rebanada” de los ingresos petroleros. Recientemente se anunció un nuevo cambio en la estructura fiscal de la empresa, al unificar los gravámenes que paga actualmente en un sólo derecho. Así, Pemex pasará de pagar tres derechos: el DUC, el Derecho de Exploración de Hidrocarburos (DEXPH) y el Impuesto por la actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos (DEXT) a pagar sólo el Derecho Petrolero para el Bienestar (DPB).

Según la Iniciativa de Ley de Ingresos 2025, el pago del DPB se calculará en función del valor de los hidrocarburos extraídos por una tasa base del 30% más una sobretasa en función del precio del crudo1. Básicamente, cuando el precio del petróleo sea inferior a los 57.8 dólares por barril (dpb) Pemex pagará menos del 30% de tasa y cuando el valor sea superior, pagará más. Anteriormente, al valor de los hidrocarburos se le descontaba una parte del gasto en inversión y al monto restante (base gravable) se le aplicaban las distintas tasas de derechos. El cambio parece simplificar la estructura de cobro para Pemex. 

Sin embargo, el problema con el nuevo sistema es que si el precio del crudo cae de forma considerable, se pagará menos a la federación. Por ejemplo, si el precio del petróleo llega a 30 dpb (como sucedió durante 2020 en la pandemia), Pemex pagaría una tasa de sólo 26%. Es decir, en caso de una crisis económica que tire el precio de crudo (como sucedió con la pandemia) quien las llevará más de perder será el Gobierno federal y no Pemex. 

En la conferencia de prensa del 13 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió que el nuevo derecho para Pemex sería “neutral para las finanzas públicas, sin menoscabo en la recaudación para Hacienda”2. Esto no parece ser así, según las nuevas fórmulas de cálculo del DPB. Además, según los estimados de 2025, Pemex se quedará con 75% de sus ingresos (2.38 puntos del PIB), mientras que la Federación tendrá sólo 25% (0.78 puntos del PIB), la peor distribución histórica. 

Encima de los cambios fiscales en los gravámenes que paga Pemex para 2025, hay que descontar las transferencias millonarias que el Gobierno le regresa a la empresa. Para 2025 se espera que los ingresos que aporte Pemex a la Federación sumen 281 mmdp, pero el Gobierno le devolverá 136 mmdp mediante transferencias financieras de la Secretaría de Energía (Sener). De esta forma, el Estado tendrá ingresos petroleros netos por 145 mmdp, 65% menos (266 mmdp) que López Obrador en su primer año.

Si esto no bastara, hay que considerar la posibilidad de que el Gobierno ahora  postergue y condone el pago del DPB a Pemex el siguiente año. Al mes de septiembre, los ingresos petroleros del Gobierno federal iban 50% (112 mmdp) por debajo de la meta, mientras que aquellos de Pemex iban 9% por arriba. Lo anterior a causa de la postergación del DUC a Pemex. 

En conjunto, la postergación de impuestos a la petrolera y las transferencias millonarias a Pemex, han provocado que los ingresos petroleros netos del Gobierno federal cayeran a términos negativos por primera vez en su historia en 2024. Si bien en el papel no se espera que se repita esta situación en 2025, la contribución neta de Pemex podría volver a ser negativa si se postergan tributos o si se sobrepasan las transferencias a la empresa. 

El truco de los no tributarios no petroleros

De forma histórica la Secretaría de Hacienda ha estimado menores ingresos no tributarios no petroleros (NTNP) —derechos, aprovechamientos, productos, etc.— de los que realmente obtiene cada año. De 2002 a 2023, estos ingresos han superado las expectativas en 135% (241 mmdp) en promedio. Si bien dentro de estos ingresos hay conceptos muy difíciles de pronosticar, la realidad es que el Gobierno presupuesta a la baja para tener un mayor margen de maniobra o para compensar faltantes en los ingresos petroleros o en los tributarios. También, existe el incentivo de tener excedentes de ingresos, porque estos se pueden gastar de forma discrecional. 

Por primera vez en 2025 parece que la SHCP está pronosticando ingresos realistas en este rubro; no con el fin de reducir la discrecionalidad, sino de cuadrar las cifras. Hay que recordar que para reducir el déficit fiscal en 2025, el Gobierno tuvo que presupuestar un buen crecimiento de los ingresos a la par de un gran recorte en el gasto. Con expectativas de crecimiento económico y producción de petróleo poco halagüeñas, el Gobierno no podía presupuestar aumentos en los ingresos tributarios y petroleros enormes. Por esta razón, se ve obligado a estimar un monto histórico en los NTNP.

Para 2025, la SHCP anticipa ingresos NTNP por 374.4 mmdp, el mayor monto tanto presupuestado como aprobado desde el año 2000 y un aumento de 37.3% (102 mmdp) frente al autorizado en 2024. La cifra es, sin embargo, 18% (82 mmdp) menor al promedio de 2002 a 2023. Es decir, por primera vez en décadas Hacienda está pronosticando NTNP realistas. 

Otro factor de discrecionalidad de los NTNP es que generalmente en las Leyes de Ingreso no se explica a detalle los conceptos por los cuales la Federación prevé obtener recursos. Nos referimos a los Aprovechamientos “otros, otros”3. En los últimos años, esta “caja negra” de los ingresos ha representado en promedio el 71% de los NTNP aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF). Para 2025 representará sólo el 47%. Esto no se debe a una reducción en monto de estos ingresos, sino a que el siguiente año el total de NTNP proyectado será muy grande, lo que disminuye la participación porcentual de los “otros otros”. 

El monto aprobado para el siguiente año de esta caja negra será de 177 mmdp, el menor dato desde 2019. No obstante, este monto sigue sin ser pequeño. Es superior a todo el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) (151,2 mmdp). Se mantiene la necesidad de una mayor transparencia en este tipo de recursos.

Al considerar los ingresos tributarios, los petroleros del Gobierno federal y los NTNP, se tiene que para 2025 el Gobierno tendrá recursos por 5.95 billones de pesos o 16.5% del PIB. Se trata de ingresos exclusivos de la federación. Es decir, no incluyen aquellos de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), o el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Estos ingresos se utilizan para financiar a las Secretarías de Estado, los ramos autónomos o para repartir a las entidades federativas. 

El monto de 2025 será 4.2% (238 mmdp) superior al aprobado en 2024 y alcanzará el mayor nivel en pesos de la historia. Sin embargo, visto en puntos del PIB, quedará por debajo del máximo alcanzado de 2016 (17.2% del PIB). Es decir, los ingresos del Gobierno federal siguen estancados por ya casi una década. Además, el dato aprobado puede ser inferior si en 2025 nuevamente se postergan impuestos a Pemex. 

Motosierra al gasto público para contener el endeudamiento 

El gasto neto total importa porque determina la capacidad y las prioridades del Gobierno para financiar bienes y servicios públicos que deben satisfacer necesidades generales de la población. Afecta directamente la calidad de vida de las personas, ya que define los recursos destinados a salud, educación y seguridad, entre otros rubros esenciales para el desarrollo humano. Incluso refleja la capacidad del Estado para impulsar el crecimiento económico, reducir desigualdades y garantizar derechos básicos. En 2025 se anticipa un recorte que afectará a los más vulnerables que dependen de programas públicos esenciales.

El Paquete Económico 2025 proyecta un gasto neto total de 9.2 billones de pesos, equivalente al 25.5% del PIB, una disminución real de 1.9% (179.4 mmdp) respecto a 2024. Este ajuste fiscal es equivalente a 0.9 puntos porcentuales del PIB y marca un cambio de tendencia frente al crecimiento observado durante el mandato de López Obrador, donde el gasto neto pasó del 23% del PIB en 2019 a un máximo de 25.6% en 2022 y 2023. Es probable que el gasto vuelva a expandirse en años posteriores para la instrumentación de políticas propias de la nueva administración, pero de momento, Sheinbaum se ha visto obligada a aplicar un saneamiento a la política fiscal de su predecesor.

El gasto neto total se divide en programable y no programable. El primero financia bienes y servicios públicos esenciales, como servicios sanitarios, educativos, infraestructura, etc., e impacta directamente la calidad de vida de la población. En contraste, el segundo, cubre compromisos obligatorios, como el pago de deuda pública y transferencias a estados y municipios (que también están orientados a satisfacer necesidades básicas de la población). Proporcionalmente a su monto, éste limita la flexibilidad del Gobierno federal para implementar nuevas políticas públicas adaptadas a las necesidades actuales.

En este aspecto, Sheinbaum enfrentará restricciones significativas, ya que casi un tercio del gasto neto total (30%) estará comprometido con gasto no programable. Se trata de la mayor proporción desde el año 2000. Esto limitará su capacidad para instrumentar políticas públicas enfocadas en las necesidades actuales de la población. Comparando los inicios de administraciones recientes, la presidenta enfrentará mayor rigidez presupuestaria: en 2019, López Obrador tuvo un gasto no programable del 27% (2,069 mmdp), Peña Nieto del 21% (1,527 mmdp), Calderón del 24% (1,366 mmdp) y Fox del 29% (1,274 mmdp).

Analizar la relación entre el crecimiento del gasto neto total y el PIB real, ayuda a evaluar si el presupuesto acompaña el desempeño económico y las necesidades sociales. Cuando el gasto se contrae en un contexto de crecimiento económico, como en 2025, puede comprometer la capacidad del Estado para implementar políticas públicas necesarias, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. Para 2025 el gasto neto total se anticipa con una tasa de crecimiento de -2.4% versus 2024, mientras que el PIB real crecerá a un ritmo de 2.5%, supuestamente. Esto implicará que el gasto neto total crezca 4.9 puntos porcentuales; es decir, más lento que la economía, lo que refleja una restricción fiscal. Este ajuste limitará la capacidad del Ejecutivo para mantener programas sociales, financiar infraestructura y atender las necesidades de la población.

Comparado con los primeros años de sexenios anteriores, 2025 marca la primera vez que el gasto neto total se contrae mientras la economía crece. En 2019, el gasto neto total disminuyó 0.7%, pero el PIB real también se contrajo 0.4%, manteniendo una tendencia procíclica4 negativa. En 2013, durante el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, ambos indicadores crecieron: el gasto neto total aumentó 4.8%, superando al PIB real por 3.9 puntos porcentuales (0.9% vs. 4.8%). En 2007, con Felipe Calderón, el gasto neto total creció 3.7%, también sobrepasando al PIB real por 1.6 puntos porcentuales (2.1% vs. 3.7%). En 2001, con Vicente Fox tanto el PIB como el gasto neto total cayeron 0.5% y 0.6%, respectivamente. 

Todos los presidentes anteriores, desde Fox a López Obrador, aplicaron políticas procíclicas en su primer año, lo que tuvo el efecto de agravar las contracciones económicas o impulsar el crecimiento (y la inflación). Sheinbaum será —en el papel— la primera en aplicar una política contracíclica al inicio de su sexenio: lamentablemente para meterle el freno de mano al crecimiento. 

Identificar las funciones ganadoras y perdedoras en el presupuesto es fundamental para comprender las prioridades económicas y de desarrollo del Gobierno. Recortes en áreas como Salud y Seguridad Nacional pueden comprometer la cobertura de servicios esenciales y la estabilidad ciudadana, mientras que incrementos en Protección Social reflejan un esfuerzo por abordar las demandas sociales más urgentes. Hacia 2025 los recortes en distintas áreas del gasto público demuestran que la prioridad para Sheinbaum al inicio de su sexenio es el control del endeudamiento a costa de la garantía de derechos sociales. 

El presupuesto para 2025 muestra cambios significativos en la asignación de recursos entre las distintas funciones del gasto público. Las funciones ganadoras son: Protección Social (donde se incluyen los programas de pensiones no contributivas), que aumenta 75 mmdp (3.5%), Vivienda y Servicios a la comunidad (principalmente Aportaciones Federales, que están blindadas por ley) con 25.2 mmdp adicionales (7.3%), y Coordinación de Política de Gobierno (gasto del INE y Gobernación principalmente), que recibe un incremento de 0.3 mmdp (2.4%). 

Por otro lado, las funciones con mayores recortes son: Salud (IMSS, ISSSTE, SSA e IMSS-Bienestar, principalmente), con una disminución de 122.2 mmdp (-12.2%), Seguridad Nacional y Policías (Defensa, Marina y Protección y Seguridad Ciudadana, principalmente), que pierde 61.9 mmdp (Seguridad nacional cayó 15% y Policías 42.9%), y Combustibles y Energía (Pemex y CFE), con una reducción de 0.3 mmdp (3.9%). Este reordenamiento del gasto refleja un cambio en las prioridades gubernamentales y las áreas donde se aplicarán medidas de austeridad. 

Examinar cómo se concentra el gasto público permite entender las prioridades de cada administración y sus posibles implicaciones. Un análisis por funciones muestra cómo las decisiones presupuestarias moldean las políticas públicas y el impacto que tendrán en el bienestar general de la población y el desarrollo del país.

Al comparar la concentración del gasto por funciones en 2019 y 2025 se evidencia el cambio en las prioridades. En el contexto de los primeros años de López Orador, los rubros principales en la concentración del gasto programable son: Protección Social, Combustibles y Energía, y Educación. Sin embargo, en 2025, Sheinbaum destinará el 35% del gasto programable a Protección Social, superando significativamente el 25% que López Obrador asignó a este rubro en 2019. Esto significa que mientras López Obrador dirigió una cuarta parte del gasto a Protección Social, Sheinbaum dedicará más de un tercio, marcando un cambio claro en la redistribución de recursos.

Esta concentración no está exenta de costos. En 2025, casi todas las funciones, excepto Protección Social, Otros Asuntos Sociales, Transporte y Otras Industrias, recibirán menos recursos que en 2019. De estas, únicamente Protección Social muestra un incremento significativo, aumentando 9% en su concentración (de 25.7% en 2019 a 35.1% en 2025). Las otras funciones experimentarán incrementos marginales de 0.3% o menores. Se trata de un ajuste presupuestario que prioriza marcadamente el gasto social sobre otras áreas.

Un enfoque mayor en Protección Social puede beneficiar a las poblaciones más vulnerables, pero el estancamiento de los recursos disponibles, limita la inversión en áreas económicas como infraestructura o el gasto en salud o educación. De hecho éstas últimas han perdido participación en el gasto. En 2019 el gasto en salud representó el 14.8% del gasto programable y en 2025 tendrá el 13.9%. Por su parte, el gasto en educación representó 17.9% y el siguiente año significará sólo el 16.2%. 

Analizar las funciones estratégicas del gasto público en función del PIB es pertinente para identificar el peso de áreas esenciales respecto del tamaño de la economía. Esto permite dar una idea de su suficiencia y comparar el gasto con otras economías 

En el sexenio de Sheinbaum, las pensiones (contributivas y no contributivas) lideran como las principales receptoras de recursos, representando el 6% del PIB, seguidas del pago de intereses de la deuda (3.8 del PIB) y combustibles y energía (3% del PIB). Esta distribución refleja un fuerte componente inercial con relación al sexenio de AMLO, ya que tanto las pensiones como el pago de intereses están determinados por compromisos adquiridos en años previos. Lo recibido por Sheinbaum contrasta con el inicio del sexenio de Peña Nieto, cuando las pensiones (contributivas y no contributivas) tenían recursos asignados equivalentes a 2.9% del PIB y el pago de intereses 2% del PIB.

Otras funciones estratégicas que no difieren mucho del primer año de López Obrador (2019) son: combustibles y energía con el 3.8% del PIB, seguidas de las pensiones con 3.9%. Una similitud menos favorable entre ambos periodos es que seguridad nacional y policías ocupan la última posición dentro de las funciones estratégicas, recibiendo sólo el 0.5% del PIB en 2025 frente al 0.7% en 2019. Esta tendencia plantea interrogantes sobre el nivel de atención a la seguridad pública como prioridad presupuestaria. La inversión física, un componente clave para el desarrollo económico, continúa rezagada. En 2025, es la penúltima función con mayores recursos proyectados, representando solo el 1.7% del PIB, una posición similar a la registrada en 2019 bajo López Obrador, cuando alcanzó el 1.4% del PIB.

Las categorías de salud y educación, pilares fundamentales del bienestar y el desarrollo social, muestran un preocupante estancamiento al comparar los primeros años de ambas administraciones. En 2025, Salud contará con recursos equivalentes al 2.4% del PIB, solo un punto porcentual más que en 2019 y se aleja del 6% del PIB recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Educación enfrenta un escenario aún más crítico, al permanecer en 2.9% del PIB, sin avances respecto a 2019 y se encontrará muy por debajo del máximo de 3.5% del PIB logrado en 2015. Esto resulta alarmante en una era donde el conocimiento es clave para mejorar ingresos y acceder a mejores oportunidades en un mercado laboral cada vez más digitalizado.

Programas sociales prioritarios proyectados para 2025: continuidad y cambios clave

Los programas sociales son esenciales porque garantizan derechos básicos, reducen desigualdades y mejoran la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Su análisis  permite evaluar si las prioridades presupuestarias responden a las necesidades sociales y generan impactos positivos en quienes más lo requieren. 

En conjunto, el gasto para programas sociales prioritarios (definidos así por el Gobierno por razones sociales, económicas, políticas o ideológicas) aumentará de 773.3 mmdp a 835.7 mmdp en 2025, lo que representa una tasa de crecimiento real del 8.1% (62.4 mmdp). Esto contrasta con el recorte en las funciones de salud o seguridad —las cuales, por cierto, no tienen programas considerados prioritarios. Así las prioridades… 

El incremento de los programas que sí se consideran prioridad se explica principalmente por los rubros de pensiones, vivienda y becas. En particular, la Pensión para Adultos Mayores y el Apoyo para Mujeres de 60 a 64 años tendrán un aumento combinado de 13.4 mmdp, mientras que el Programa de Vivienda Social se incrementará en 27.1 mmdp y el Programa de Becas crecerá 40.5 mmdp. 

Sheinbaum mantiene las principales políticas públicas de 2024, ya que en 2025 se proponen prácticamente los mismos programas que en el último año de AMLO, con excepción de la pensión para mujeres mayores de 60 años, que contará con 15 mmdp. Además, se incorpora el programa Bienestar Casa por Casa, con un presupuesto inicial de 2 mmdp. Por el contrario, dos programas prioritarios desaparecerán: Adquisición de Leche Nacional y Abasto Rural y Mejoramiento Urbano, lo que implica un recorte conjunto de 12.5 mmdp. 

Aumenta más y más el peso de las pensiones

El análisis de las pensiones contributivas y no contributivas es clave para entender las dinámicas del gasto público y su impacto en la sostenibilidad fiscal. Las contributivas dependen de sistemas laborales formales, mientras que las no contributivas son decisiones de política social para reducir la desigualdad. Un crecimiento descontrolado de las pensiones no contributivas podría comprometer recursos destinados a otras funciones prioritarias, y afectar la capacidad del Estado para atender necesidades futuras. 

En 2025, las pensiones totales representarán el 6% del PIB, equivalente a 2.1 billones de pesos. Las pensiones contributivas llegarán a 4.5% del PIB, mientras que las no contributivas serán de 1.5%. Se trata de una expansión drástica frente al primer año de López Obrador: en 2019 el gasto total de pensiones sumó 3.9% del PIB (3.5% por pensiones contributivas y sólo 0.5% por pensiones no contributivas). 

Este año, además, marcará un récord para las pensiones no contributivas, que alcanzarán el 24% del gasto total en pensiones, un salto significativo frente al 11% observado en el primer año de López Obrador y al 4% registrado en 2018. Este crecimiento acelerado se ha producido por aumentos anuales considerables: 204.3% (110.7 mmdp) en 2019, 12.5% (20.3 mmdp) en 2021, 53% (96.5 mmdp) en 2022, 29.4% (81.9 mmdp) en 2023, 34.5% (124.3 mmdp) en 2024 y 8.8% (42.6 mmdp) en 2025. 

Sacrificio de la inversión 

La inversión física proyectada para 2025 asciende a 2.3% del PIB (836.6 mmdp), lo que representa una disminución de 0.4% (-121-8 mmdp) respecto a la cifra aprobada para 2024 (2.7% del PIB). Este nivel de inversión es equivalente al registrado en el primer año de la administración de López Obrador, pero se mantiene por debajo del registro del primer año de Peña Nieto (4.1% del PIB o 1,300 mmdp), así como del promedio de 3.1% (1,004.7 mmdp) ejercido entre 2013 y 2023. 

Esta caída refleja el ajuste fiscal prometido por Sheinbaum y puede tener consecuencias significativas para el crecimiento económico y el desarrollo social, al limitar los recursos destinados a infraestructura. La inversión física es un motor clave para estimular la actividad económica, generar empleo y mejorar la calidad de vida de la población mediante obras de infraestructura que fortalecen la competitividad y conectividad del país. 

Si bien estas cifras son proyectadas, su evolución dependerá de la capacidad del Gobierno para ejecutar el gasto previsto. Un ejercicio por encima de lo proyectado podría mitigar los efectos negativos y apoyar una recuperación económica más sólida. Sin embargo, un subejercicio podría profundizar el impacto adverso, lo que limitaría aún más la capacidad del país para alcanzar sus objetivos de desarrollo. En el primer año de López Obrador, el gasto ejercido fue inferior al aprobado en 0.42% del PIB o 139.5 mmdp. De repetirse esta situación, habría un nuevo descenso en la inversión física. 

Gran endeudamiento pese al recorte

A pesar del recorte en el presupuesto, el déficit público seguirá siendo uno de los más elevados en los últimos 30 años para un inicio de sexenio. Corregir el desbalance fiscal que heredó la administración de AMLO será una tarea complicada para este nuevo periodo de Gobierno, sobre todo considerando que los ingresos siguen una trayectoria tendencial, ante la falta de una reforma fiscal que los fortalezca. 

Como ya mencionamos, se espera que el gasto público disminuya frente a lo que se aprobó y se estima para 2024. Esto implica que del 27% del PIB estimado al cierre del año baje a 25.5% para 2025, lo que equivale a 9,226 mmdp. Sin embargo, se espera que los ingresos públicos apenas avancen dos décimas del PIB, al ir de 22.1% del PIB a 22.3% del PIB, lo que equivale a 8,055 mmdp.

Esto nos da una brecha entre los ingresos y el gasto público por 1,170.5 mmdp que es igual al déficit presupuestario de 3.2% del PIB para 2025, el más elevado para un inicio de sexenio. Recordemos que AMLO inició su mandato con un déficit presupuestario por 1.6% del PIB, Peña con 2.2% del PIB, y no se hable del inicio de sexenio de Calderón quién inició el sexenio con un presupuesto equilibrado. 

La pregunta obligada a hacernos es si con este déficit Sheinbaum cumplió la promesa de recortar el déficit total a 3.5% del PIB, y la respuesta es un rotundo no. Si bien el déficit presupuestario bajó a 3.2% del PIB, al considerar aquellas necesidades de financiamiento que se encuentran fuera del presupuesto, pero que sí incrementan la deuda pública5, el déficit público amplio6 pasa de 5.9% del PIB estimado al cierre de 2024, a 3.9% del PIB para 2025. Esto es 0.4 décimas por arriba del recorte que prometió Sheinbaum durante su campaña. 

Con este déficit, ¿cuál es el techo de endeudamiento para el Gobierno federal? Se propone un techo de endeudamiento interno por 1,580 mmdp, y un techo de endeudamiento externo de hasta por 15,500 millones de dólares (mdd). Esto nos da un límite de endeudamiento total de hasta 1,867 mmdp, considerando el tipo de cambio a final de año estimado por Hacienda. 

Cabe señalar que es el segundo tope al endeudamiento externo más alto desde el año 2012, solamente inferior a los 18,000 mdd que se aprobaron para 2024. Esto nos señala que a pesar de que se espera un tipo de cambio más depreciado, la nueva administración estará buscando colocar mayor deuda en moneda extranjera respecto a años anteriores. Esto podría significar un mayor riesgo a causa de la volatilidad en los mercados internacionales, el tipo de cambio y las tasas de interés externas sobre la deuda pública. 

Asimismo, se propone el segundo techo de endeudamiento más elevado para el Gobierno federal desde el año 2012. Incluso la adquisición de pasivos mediante la colocación de bonos tanto en moneda nacional como extranjera, es mayor al déficit público que se propone. ¿Cómo es posible que el Estado necesite emitir bonos para financiarse por 1,867 mmdp, pero el déficit público sea de apenas 1,428 mmdp? La respuesta es la economía política del balance público. 

El balance público es como un resumen de los ingresos y gastos de todas las entidades que forman parte del Gobierno, no solo del federal. Incluye las finanzas de las empresas públicas como lo son Pemex, CFE, así como los organismos de salud como IMSS e ISSSTE. 

Aunque el Gobierno federal puede tener un gran déficit; es decir, que sus gastos son mayores a sus ingresos, otras entidades, como IMSS, ISSSTE y las empresas públicas tienen más ingresos de lo que gastan, es decir, tienen un superávit. Al sumar todo, estos superávits ayudan a compensar parte del déficit del Estado.

Por eso, el déficit público total (que es la suma de todos los déficits y superávits) suele ser menor que las necesidades de financiamiento del Gobierno federal por sí solo. Sin embargo, el balance público en su conjunto nos muestra las decisiones políticas sobre el manejo de las finanzas de las empresas, organismos públicos y el propio Gobierno. 

Con el Paquete 2025 se observa que la Federación está adquiriendo el segundo mayor monto de endeudamiento desde 1990, para poder financiar el superávit de las empresas públicas. 

Se espera que Pemex alcance un superávit presupuestario por 248 mmdp. Esto implica un crecimiento real del 64.5% (97.6 mmdp) frente al superávit que se aprobó para 2024. Se trata del excedente presupuestario más elevado de la empresa desde 2008. Hay que recordar que este remanente se piensa lograr mediante la continuación de los apoyos fiscales a la empresa y no porque Pemex esté siendo eficiente en términos financieros u operativos.

Además, se espera que la CFE también presente un superávit por 40 mmdp, hay que recordar que se estima que para 2024 tenga un balance equilibrado al igual que lo observado en 2023. Sin embargo, el gasto que recibe del Gobierno federal para mantener los subsidios eléctricos rondan los 84.4 mmdp. Esto implica que también su saldo positivo se debe a los apoyos fiscales del Estado. 

En otras palabras, lo que vemos con el balance público por entidad es que el Gobierno está adquiriendo el segundo mayor monto de endeudamiento, pero espera que las empresas públicas presenten superávits históricos que permitan compensar su déficit. De aquí surgen dos problemas: 1) que si las empresas públicas no cumplen con su meta, entonces el déficit será mucho mayor al 3.9% del PIB que se está proponiendo, y 2) al endeudarse el Gobierno federal para mantener las finanzas de Pemex y CFE, adquiere un compromiso que debe pagar con intereses, lo cual como veremos a continuación comienza ya a ser un problema presupuestario.

En el paquete económico 2025 se espera que el costo financiero de la deuda pública ascienda a 1.3 billones de pesos, equivalente a 3.8% del PIB. Será el costo financiero de la deuda más elevado en los últimos 25 años. Hay que recordar que el costo financiero de la deuda pública es el pago de intereses y servicio de la deuda, por lo que depende de las tasas de interés que se pagan, el tipo de cambio y, claro, el monto de lo que se debe. 

Esto lo señalamos, porque el costo financiero aumenta a pesar de que, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2025, se espera que la tasa de interés de referencia pase de 10% a 8% a final de 2025,. Esto responde a lo que señalamos anteriormente y es que se espera hacer mayor uso de la deuda externa a pesar de un tipo de cambio más depreciado, además de que el déficit del Gobierno federal es el más elevado en los últimos 35 años. 

Para poner en perspectiva lo preocupante que es el elevado costo financiero, podemos ver que éste es mucho mayor al total del presupuesto que se propone para los programas prioritarios. Para 2025 se proponen 15 programas prioritarios, entre los cuales se encuentran los programas de pensiones, Sembrando Vida, La Escuela es Nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros.

La suma del presupuesto de estos 15 programas prioritarios es por 835.7 mmdp, en tanto que el costo financiero de la deuda es 66.1% (552.3 mmdp) superior. De aquí viene nuestra preocupación por el déficit que se propone y el alto costo que está representando en el presupuesto público. 

Mientras se presentan recortes presupuestarios en ramos como educación, salud, ciencia y tecnología, medio ambiente, entre otros es decir, se reducen los bienes y servicios públicos para la población—, aumenta el dinero que se va para cubrir los intereses de la deuda pública. 

Y todo este endeudamiento y sus intereses, ¿para qué son? 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la deuda pública debe destinarse a proyectos que generen, en el corto o largo plazo, un incremento de los ingresos públicos. Esto implica que la deuda pública tendría que destinarse al gasto de inversión física que es aquel que tiene por finalidad mejorar o ampliar la infraestructura, capacidades productivas y el desarrollo del país. 

Sin embargo, con el presupuesto 2025 se propone un déficit público por 1.43 billones de pesos, mientras que se propone un gasto de inversión física por 831 mmdp. Esto implica que, con la propuesta de presupuesto, de cada peso de endeudamiento, 59 centavos se irán al gasto de inversión física, y los restantes 41 centavos a gasto corriente que, como vimos anteriormente, lo más probable es que sea para cubrir intereses de la deuda. Todo esto sugiere que el Gobierno se estará endeudando para pagar los intereses de la deuda. Es como pagar una tarjeta de crédito con otra: insostenible. 

Al proponer un gasto de inversión física por 831 mmdp, que representa una caída real del 12.6% frente al monto aprobado para 2024, se ve complicado que se cumpla el estimado de crecimiento para 2025. Sin inversión, no hay un impulso al crecimiento económico. 

Como vemos, se espera el mayor déficit para un inicio de administración. Incluso, podría ser mayor de no cumplirse el superávit de las empresas públicas. Por otro lado, hay un gran costo financiero que quita recursos al presupuesto y todo indica que el Gobierno se endeudará para pagar intereses de la deuda. 

Ante este contexto, surge la siguiente pregunta: ¿Es responsable el presupuesto 2025? La respuesta es no, no es responsable el presupuesto 2025. Vamos por partes. 

En México, el presupuesto se debe presentar bajo los criterios de responsabilidad fiscal que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Los artículos 16 y 17 de la LFPRH establecen como principal principio de responsabilidad fiscal el equilibrio presupuestario. Esto implica que los ingresos y los gastos deben ser iguales, sin considerar el gasto en inversión. 

Para esto se proponen como metas fiscales el balance presupuestario sin gasto de inversión, y los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), o el déficit público como lo conocemos. 

Con estos dos indicadores, se establecen las siguientes dos metas que todo presupuesto elaborado con responsabilidad debe seguir:

  1. Que el balance presupuestario sin inversión sea igual a cero y,
  2. Que los RFSP sean de tal magnitud que se mantenga estable el saldo de la deuda pública frente al año anterior.

De acuerdo con el paquete económico 2025, se propone un déficit público o RFSP por 3.9% del PIB, el cual sí es consistente con mantener constante el saldo de la deuda pública en 51.4% del PIB estimado para el cierre de este año. Ello cumple con una de las dos condiciones de la responsabilidad fiscal. 

Sin embargo, no es posible confirmar el cumplimiento de la primera condición, ya que en los CGPE no se incluyó el indicador de balance presupuestario sin inversión, lo cual no ocurría desde 2010 cuando se comenzó a aplicar esta regla. En otras palabras, Hacienda omitió publicar el principal indicador para evaluar el equilibrio fiscal, lo que impide verificar si el presupuesto propuesto, cumple con los principios de responsabilidad fiscal establecidos en la legislación vigente.

Nosotros nos dimos a la tarea de calcular este indicador y el resultado podría justificar el por qué no fue incluido dentro del paquete. Se propone que el gasto de inversión total (inversión en infraestructura e inversión financiera) sea de 996 mmdp, mientras que se espera un déficit presupuestario por 1,170 mmdp, por lo que al restarle al déficit presupuestario los 996 mmdp, queda un déficit presupuestario sin inversión por 173 mmdp. Esto implica que no se está cumpliendo el principio de equilibrio presupuestario sin inversión, lo cual podría ser la razón de que a Hacienda se le “olvidó” poner que no está cumpliendo con el principio de responsabilidad hacendaria. 

Se trata del peor déficit sin inversión total para un inicio de sexenio desde que se da seguimiento a esta métrica. Por ejemplo, en su primer año de gobierno, Peña Nieto reportó un déficit sin inversión por 81 mmdp, los cuales se justifican debido a la desaceleración económica que se observaba en esos años. Por otro lado, AMLO inició su sexenio con un superávit por 126 mmdp, presentando un primer paquete muy responsable. Sin embargo, con Sheinbaum su primer paquete es presentado sin el principal indicador de responsabilidad hacendaria, que al calcularlo da un déficit sin inversión por 173 mmdp, faltando al principio de presupuesto equilibrado. 

Hay que aclarar que de acuerdo con el reglamento de la LFPRH es posible presentar un presupuesto con un déficit presupuestario sin inversión, solo bajo las siguientes circunstancias: 

  1. La previsión de un aumento en el costo financiero del sector público, derivado de un incremento en las tasas de interés, que exceda el equivalente al 25% del costo financiero aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior.
  1. El costo de la reconstrucción provocada por desastres naturales, una vez agotados los recursos del Fondo de Desastres Naturales del ejercicio fiscal anterior, que exceda el equivalente al 2.0% del gasto programable aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior.
  1. La previsión de un costo mayor al 2%del gasto programable aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior que origine la implantación o modificaciones de ordenamientos jurídicos o medidas de política fiscal que en ejercicios fiscales posteriores contribuyan a mejorar ampliamente el déficit presupuestario ya sea porque generen mayores ingresos o menores gastos permanentes; es decir, que el valor presente neto del beneficio fiscal de dicha medida supere ampliamente el costo de la misma en el ejercicio fiscal que se implemente.
  1. La previsión del pago de pasivos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores que superen el 2% del gasto programable aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior.
  1. La previsión de una caída de los ingresos tributarios no petroleros que exceda el 2.5% real del monto aprobado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal inmediato anterior que resulte de una previsión de un débil desempeño de la economía que se refleje en una estimación del Producto Interno Bruto que lo sitúe por debajo del Producto Interno Bruto potencial estimado, así como las previsiones de una caída en el precio del petróleo mayor a 10% respecto al precio previsto en la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal inmediato anterior, o de una caída transitoria de la plataforma de producción de petróleo en el país.

Empecemos punto por punto. El primer punto no se cumple, ya que de acuerdo con los CGPE 2025, se espera que disminuya la tasa de interés de los Certificados de la Tesorería (Cetes) del 10.0% esperada al cierre del año, baje a 8.0% para 2025. Además, el crecimiento del costo financiero respecto al monto aprobado es de 6.4% y de 8.5% frente al estimado.

Respecto al segundo punto, es cierto que durante 2024 México ha sufrido el impacto de varios fenómenos naturales, el más reciente fue el huracán John. Sin embargo, de acuerdo con el PEF aprobado para este año, la función de desastres naturales tiene un monto aprobado por 18,445 mdp, de los cuales al tercer trimestre se han ejercido 211 mdp. Para que el costo de reconstrucción por el huracán John y otros desastres naturales observados durante el año, sean la razón del déficit presupuestario, éste tendría que ser mayor al 2.0% del gasto programable, lo cual equivale a 134,506 mdp. Para 2025 se propone un monto para desastres naturales por 19,133 mdp, lo cual sigue siendo inferior al 2.0% del gasto programable aprobado para 2024.

Respecto al tercer punto, el Paquete 2025 no contempla la creación de algún proyecto o política pública nueva que tenga por finalidad incrementar los ingresos en el mediano o largo plazo. Incluso, más de la mitad de las secretarías presentan un recorte presupuestario, por lo que no hay una nueva medida o aplicación de política pública que justifique el déficit de acuerdo con la tercera cláusula de escape de la ley. 

Por otro lado, en la exposición de motivos o los CGPE 2025 no se menciona el pago de pasivos contraídos durante el ejercicio anterior, que sean diferentes del pago de intereses de la deuda. Incluso, el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) se proyecta en 45,800 mdp, que también es inferior al 2.0% del gasto programable aprobado para 2024, de 134,506 mdp. 

Por último, se espera que los ingresos tributarios no petroleros aumenten 2.9% frente al monto aprobado en 2024, y 3.0% frente al monto ejercido. Mientras que se espera que los ingresos petroleros aumenten 4.5% (50 mmdp) más que lo aprobado en 2024 y 4.3% (47 mmdp) más de lo estimado al cierre de 2024. Además, se espera que la plataforma de producción promedio de petróleo aumente para 2025 y 2026, a 1891 mbd y 1902 mbd, respectivamente.

Como podemos observar, no se cumple ninguna de las condiciones que permiten presentar un paquete con un déficit presupuestario sin inversión. Aún así, en la exposición de motivos se hace mención de ser un paquete con responsabilidad fiscal, lo cual claramente no se está cumpliendo. Se trata de un punto de quiebre en la responsabilidad fiscal que muestra el agotamiento del artículo 16 de la LFPRH del equilibrio presupuestario. Con este paquete queda demostrado que no tiene ninguna utilidad al momento de presupuestar, y que no blinda la inversión ni tampoco el equilibrio fiscal. 

Si bien el déficit no es malo, sí lo es no cumplir con la Ley. Hay alternativas al momento de presupuestar y de buscar una consolidación fiscal, y el camino no es olvidar presentar los indicadores fiscales, sino transparentar el proceso. Este debería ser un momento para aprovechar y discutir las reglas de responsabilidad fiscal. De esta manera, se puede plantear un nuevo marco legal que lleve a las finanzas públicas a una consolidación factible. 

Con este presupuesto que no cumple con el equilibrio presupuestario sin inversión, la deuda pública asciende a 18.59 billones de pesos para 2025, es decir 51.4% del PIB. Se trata de un máximo histórico para el saldo de la deuda pública desde que se tiene registro. Ni siquiera durante la crisis por el Covid-19 la deuda pública había representado tanto porcentaje de la economía. 

Si se analiza la variación porcentual del saldo de la deuda pública como porcentaje de la economía, se pueden identificar los componentes que explican su evolución para 2024 y 2025. Se espera que para el cierre del año la deuda pública ascienda al 51.4% del PIB, esto es un incremento de 4.6 puntos del PIB frente al saldo de la deuda en 2023.

Este aumento de la deuda pública para el cierre de este año responde a los siguientes componentes y su impacto: 1.6% del PIB por las tasas de interés, 1.9% del PIB por la depreciación del peso, 1.4% del PIB por el déficit primario y 0.7 % del PIB por otros conceptos, como es el uso de activos financieros. 

Por su parte, para 2025 el principal concepto que explica el anclaje de la deuda en 51.4% del PIB es la estimación del crecimiento económico, seguido de la apreciación esperada del tipo de cambio. Pero el efecto que tendrá la tasa de interés será el más alto desde 2003, esto presiona al alza el saldo de la deuda en 1.7% del PIB.

Así, el anclaje de la deuda pública a 51.4% del PIB para 2025 depende de variables macroeconómicas que suelen tener alto grado de volatilidad. De no cumplirse el crecimiento económico esperado de 2.3% y presentarse un crecimiento de 1.3% como lo estima el FMI, el saldo de la deuda pública ascendería a 52% del PIB, manteniendo todo lo demás constante. Hay que recordar, que las variables que tienen mayor peso son el crecimiento económico, el tipo de cambio y las tasas de interés. 

En conclusión

El Paquete Económico 2025 refleja un preocupante retroceso en la responsabilidad fiscal, pues los ajustes al gasto social e inversión, aunque significativos, no garantizan la sostenibilidad de las finanzas públicas. La falta de fortalecimiento de los ingresos propios del Gobierno federal y la persistente dependencia del endeudamiento para financiar gasto corriente revelan una gestión que sacrifica el futuro financiero del país. Además, la propuesta incumple principios fundamentales, como la Regla de Oro de la deuda y el equilibrio presupuestario. Sin reformas estructurales que atiendan las crecientes presiones en pensiones y aseguren ingresos sostenibles, los riesgos fiscales no sólo persisten, sino que se agravan, poniendo en duda la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones y derechos fundamentales.

  1. Cuando el crudo sea inferior a 57.8 dpb tasa = 30% + (0.1410 x Precio del Petróleo – 8.1433)%. Cuando el crudo sea superior a 57.8 dpb tasa = 30% + (0.0629 x Precio del Petróleo – 3.6320)% ↩︎
  2. Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia nuevo régimen fiscal de Pemex llamado Derecho Petrolero para el Bienestar. https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-claudia-sheinbaum-anuncia-nuevo-regime-fiscal-de-pemex-llamado-derecho-petrolero-para-el-bienestar. ↩︎
  3. En la Ley de Ingresos, dentro de los conceptos por aprovechamientos, se encuentra la categoría “otros” que incluye conceptos como Remanente de Operación del Banco de México, Utilidades por Recompra de Deuda, Rendimiento mínimo garantizado y el concepto “otros”. ↩︎
  4. Una política procíclica es aquella que amplifica las fluctuaciones del ciclo económico (Ej, recortes al gasto en momentos de contracción económica). Una política contracíclica es aquella que contrarresta las fluctuaciones económicas (Ej. Expansión de gasto en una crisis económica). ↩︎
  5. Por ejemplo, el pago de intereses de los instrumentos indexados a la inflación, las necesidades de financiamiento de los Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas) de la CFE, así como las necesidades de financiamiento de la Banca de Desarrollo, entre otras necesidades. ↩︎
  6.  Medido mediante los Requerimientos Financieros del Sector Público. ↩︎