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Etiqueta: SAT

La informalidad laboral no es sinónimo de pobreza 

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Temas selectos.

Una idea popular es que las personas en condiciones de informalidad laboral obtienen ingresos muy bajos, por lo que no vale la pena considerarlos para el pago de impuestos. Esta noción es falsa.

¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado la anécdota de que el taquero, el mecánico o la persona que pone uñas, se acaba de comprar una camioneta nueva? Esto no es un mito. 

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al cuarto trimestre de 2024, cerca de un millón de personas son informales y ganan en promedio 31 mil 582 pesos al mes. Esto implica que forman parte del 10% de la población ocupada de mayores ingresos. 

La mayoría de estas personas son comerciantes (14%) o están ocupadas como trabajadores en el sector de la construcción (14%). Además, 13% son profesionistas que trabajan bajo condiciones de informalidad como pueden ser abogados, médicos, odontólogos, arquitectos, nutriólogos por mencionar algunos. 

Se estima que al cuarto trimestre de 2024 hay 7.4 millones de personas (12.4% de la población ocupada) que laboran en la informalidad y ganan más de 8,154 pesos al mes, que es el promedio de ingreso de las personas ocupadas (tanto formales como informales). De ellos, 6.4 millones tuvieron ingresos superiores a los 11 mil pesos mensuales. 

Otra forma de verlo es que la mayoría de las personas que trabajan en la informalidad no entran en la definición demográfica de pobreza. Al cuarto trimestre de 2024 había alrededor de 10.2 millones de personas informales que ganaban mensualmente menos de la línea de pobreza urbana (4,640 pesos mensuales), pero 18.2 millones de personas que ganaban por arriba de ese margen. Esa línea es un estimado de cuánto dinero necesita una persona para cubrir el costo mínimo de alimentos, vivienda, transporte, salud, educación entre otros, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

¿Qué es el empleo informal?

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el empleo informal es todo trabajo que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales. Esto generalmente provoca que los trabajadores informales no cuenten con prestaciones laborales y, al mismo tiempo, que no paguen impuestos sobre sus ingresos. 

No obstante, ni todas las personas que son informales omiten el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ni todas las personas formales tienen acceso a derechos laborales. 

¿A qué se dedican estás personas ocupadas en la informalidad?

Al cuarto trimestre de 2024, la ocupación de la mitad de la personas informales con menores ingresos (primeros cinco deciles) se concentró principalmente en cinco sectores. Destaca que el 20.78% trabaja en servicios personales, seguido por un 19.53% que se desempeñó como comerciante informal. Estos dos sectores agrupan a más del 40% de las personas informales de menores ingresos.

Un sector particularmente relevante es el agropecuario, que ocupa al 17.6% de los trabajadores informales de bajos ingresos. Asimismo, un 10.8% de las personas informales en estos deciles de ingreso trabaja en la industria manufacturera, mientras que el 8.57% lo hace en la construcción.

Entre las personas informales que se ubican en la mitad más rica de la población (últimos cinco deciles de ingreso), se observa menor participación en sectores de baja remuneración (como el agropecuario, el comercio y los servicios personales), y mayor participación en la industria manufacturera y de la construcción. 

El 20.4% de esta población informal de mayores ingresos, reporta una ocupación de trabajadores industriales, artesanos y ayudantes en el sector de la construcción, lo que la consolida como el grupo más representativo dentro de este segmento. Por el contrario, la mitad de la población informal más pobre, sólo tiene un participación de 8.5% en este mismo sector. 

Destaca también que el 8% de los trabajadores informales en los deciles superiores son operadores de transporte, una actividad que, aunque informal, puede ofrecer ingresos elevados, especialmente en contextos urbanos donde la demanda de transporte privado es alta. Por su parte, los trabajadores informales de menores ingresos sólo participa en 3.1% de este sector. 

El sector servicios también tiene un peso importante con el 44.8% de los informales de mayores ingresos versus el 38.3% de los informales de menores ingresos. Es importante el tipo de servicios ofrecidos: el 8.5% de las personas informales de mayores recursos ofreció servicios profesionales vs 3.1% de los informales de menores ingresos. 

Asimismo, el comercio es una fuente relevante de empleo informal: 15.5% de los trabajadores informales de mayores ingresos se desempeñan en este sector. Sin embargo, a diferencia de lo observado en los primeros deciles (22.4%) su peso relativo es menor. 

¿Qué relación tiene la informalidad con el pago de impuestos? 

La informalidad laboral suele implicar la evasión o elusión de obligaciones fiscales. La evidencia muestra que entre menor es la informalidad, mayor suele ser el pago de impuestos. 

Por ejemplo, en países como Francia, Suecia, Finlandia o Noruega, donde menos del 4% de su población trabaja en condiciones de informalidad, se obtiene una recaudación de impuestos que supera el 40% del tamaño de sus respectivas economías. Por el contrario, en países como Perú, Ecuador, Colombia o México, donde la informalidad supera el 50% de la población que trabaja, la recaudación de impuestos es menor al 20% del Producto Interno Bruto (PIB). 

Esta relación se debe a que los trabajadores informales no están registrados oficialmente ante el Gobierno, por lo que generalmente no pagan Impuesto Sobre la Renta (ISR) ni contribuciones a la seguridad social como las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Asimismo, en el sector informal, muchas transacciones no se documentan con facturas oficiales, lo que disminuye el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

¿Todos los informales omiten su pago de ISR? 

A pesar de que la informalidad se relaciona estrechamente con un menor pago de ISR, no todas las personas omiten esta obligación: hay personas que aunque están ocupadas en condiciones laborales de informalidad, cumplen con sus obligaciones fiscales. 

Como mencionamos anteriormente, la medición de la informalidad contempla como variables principales el acceso a la seguridad social y el pago de impuestos. Estas condiciones son definidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se aplican según el tipo de ocupación de las personas:

  • Para trabajadores subordinados y remunerados, se es formal si se cuenta con seguridad social. 
  • Los trabajadores subordinados y no remunerados son considerados directamente como informales. 
  • Los trabajadores independientes no agropecuarios son formales sólo si registran sus actividades ante el SAT o si pagan impuestos
  • Los trabajadores independientes del sector agropecuario son designados automáticamente como informales. 

Por ejemplo, al cuatro trimestre de 2024 1.7 millones de personas subordinadas, ocupadas en la informalidad pagaron el Impuesto Sobre la Renta (ISR), a pesar de que no gozaban de seguridad social. Se trata de trabajadores subordinados que al no tener seguridad social son considerados como informales. No obstante, reportan tener contrato, por lo que se supone que pagan impuestos. Estos trabajadores podrían estar contratados bajo el régimen de asimilados a salarios, donde el patrón retiene el pago de ISR pero no otorga beneficios laborales. 

Sin embargo, es claro que la mayor parte de personas ocupadas en la informalidad opera fuera de los marcos legales, por lo cual aún queda un largo camino por recorrer para poder ofrecer tanto los derechos laborales a las personas ocupadas y hacer efectivo el pago de impuestos sobre los ingresos de estas personas. 

Conclusión

Aunque tradicionalmente se ha asociado la informalidad con la pobreza, la realidad actual muestra que una parte significativa de los trabajadores informales genera ingresos superiores a la línea de pobreza, y en muchos casos, comparables o superiores a los de trabajadores formales. Esta situación plantea la necesidad de replantear las políticas públicas: en lugar de tratar a la informalidad exclusivamente como un problema de vulnerabilidad social, es urgente construir mecanismos que fomenten su incorporación al sistema fiscal y de seguridad social. 

Establecer estrategias progresivas, justas y adaptadas a la realidad de estos trabajadores permitirá ampliar la base tributaria, fortalecer el financiamiento de servicios públicos y promover una competencia económica más equitativa. Formalizar ya no debe ser visto sólo como un acto de apoyo social, sino como una responsabilidad compartida para el desarrollo sostenible y justo de nuestras economías.

El SAT aprieta, pero flaquean sus estrategias de recaudación

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Temas selectos.

Los esfuerzos del SAT por incrementar la recaudación vía mayor fiscalización no son suficientes. La discusión de una reforma fiscal empieza a ser inevitable. 

Por Jorge Cano (@Jorge_eCano), Laura Cabañas y Carlos Vazquez (@VazquezAviud) | Programa de Gasto Público de México Evalúa

Los adeudos de los contribuyentes con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) han alcanzado un máximo histórico. Al segundo trimestre de 2024, los llamados créditos fiscales suman 2.6 billones de pesos.

Sin embargo, esa deuda récord no se está traduciendo en mayor recaudación. De hecho, la efectividad en la recuperación es alarmantemente baja. Del total de créditos fiscales, sólo se ha recuperado cerca de la centésima parte: 1.3% o 34.3 mil millones de pesos (mmdp), la cifra más baja desde 2011. El restante 98.7% de los adeudos sigue en trámite, está en disputa o es incobrable.

Aunque de enero a junio, los ingresos tributarios crecieron un 20% en comparación con el mismo periodo de 2018, este incremento resulta modesto en comparación con los aumentos al final de sexenios anteriores. Por ejemplo, al final del gobierno de Peña Nieto, el incremento fue del 87.1%, y al final del sexenio de Fox, alcanzó un 23.65%. Es decir, la “mano dura” del SAT no está rindiendo suficientes frutos. Tampoco nos acercamos a los niveles de recaudación de las economías desarrolladas. 

Los esfuerzos del SAT por incrementar la recaudación vía una mayor fiscalización no van a evitar la discusión de una necesaria reforma fiscal. 

El máximo histórico de los créditos fiscales

Al segundo trimestre de 2024, los adeudos de los contribuyentes con el SAT, o créditos fiscales, alcanzaron un máximo histórico de 2.66 billones, un incremento del 25.3% real (537 mmdp) respecto al año pasado. Si lo comparamos con el último año del sexenio anterior, estos adeudos prácticamente se triplicaron al aumentar 197% (1.7 billones). 

El monto del adeudo no sólo es histórico sino que va en sentido opuesto a lo observado en el sexenio pasado: durante la gestión de Peña Nieto, el saldo de los créditos fiscales se redujo en 34% (460 mmdp), por adeudos que fueron determinados como incobrables y quedaron fuera del registro del SAT.

Los contribuyentes no aceptan los adeudos

Una cosa es que el SAT afirme que le deben y otra muy distinta es que los contribuyentes acepten esa deuda. 

Cuando el fisco finca un crédito fiscal, los pagadores de impuestos tienen la opción de impugnar ante el propio SAT o recurrir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). En estos casos, se dice que un crédito fiscal ha sido “controvertido” y su recuperación se vuelve más complicada. 

Del saldo total de los créditos fiscales al segundo trimestre de 2024, el 64.1% (1,707.4 mmdp) corresponde a créditos controvertidos. Es la proporción más alta en los últimos 12 años. Esto deja sólo el 35.9% (955.1 mmdp) disponible para acciones de cobro sin recurrir a la vía legal. Sin embargo, se estima que sólo se recuperará el 22.4% del total de los adeudos (595.7 mmdp). Esto es así porque el SAT ya sabe cuáles contribuyentes cuentan con solvencia para el pago.

La alta proporción de créditos controvertidos retrasa la entrada de recursos al erario y aumenta la incertidumbre sobre su recuperación. También sugiere una mayor resistencia de los contribuyentes a las determinaciones fiscales, ya sea por discrepancias legales o técnicas, o como parte de estrategias fiscales. 

El SAT recupera sólo una fracción de los adeudos

La recuperación de créditos fiscales es un indicador crucial de la efectividad del sistema recaudatorio. Como mencionamos al inicio, al segundo trimestre de 2024, el monto recuperado apenas representó el 1.3% del total de créditos fiscales, equivalente a 34.3 mmdp, la proporción más baja desde 2011. El resto de los adeudos se mantiene en los libros del SAT, pero no puede recuperarse por temas administrativos, de insolvencia de los contribuyentes o porque está en disputa legal. 

Si comparamos lo recuperado en lo que va de 2024 frente a los créditos considerados factibles de cobro, lo obtenido apenas representó el 5.8%. Esto evidencia que incluso los llamados créditos factibles de cobro están teniendo serias dificultades para ser recuperados, lo que también muestra la ineficacia en los mecanismos de cobro actuales.

La menor recuperación de créditos puede deberse a los bajos incentivos actuales. Hay que notar que en 2013, durante el primer semestre del primer año de Peña Nieto, hubo una recuperación de créditos fiscales por 79.4 mmdp (o 9.2% del total). Esto fue gracias al programa “Ponte al Corriente”, que condonaba el 100% de multas y recargos distintas a las de impago para los ejercicios de 2007 a 2012 (sexenio de Calderón). 

O sea, se perdonaban las penalizaciones relacionadas a declaraciones incompletas, a destiempo, errores de contabilidad, pero no por impago. Sobra decir, que no se condonaba el capital inicial del crédito. Programas de condonación similares se aplicaron también en los sexenios de Calderón (2007) y Fox (2000).

Durante el gobierno de López Obrador no se aplicó un programa de condonación de multas y recargos, aunque la facilidad existe en el Artículo 66 del Código Fiscal de la Federación (CFF). En 2019, el presidente López Obrador firmó un decreto en el que se comprometía a no otorgar condonaciones ni eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios a grandes contribuyentes y deudores fiscales. Esta decisión suya limitó la recuperación del capital principal de los adeudos. 

A pesar de la ausencia de un programa de condonación, la recuperación de créditos al primer semestre de cada año ha sumado 225 mmdp bajo López Obrador, superior a los 186.5 mmdp de Peña Nieto. No obstante, la eficiencia ha sido menor: se ha recuperado en promedio el 2.4% del saldo total de créditos. En el sexenio de Peña Nieto se recuperó el 3.8%.

Los ingresos tributarios dependen cada vez más de las acciones del SAT

No se puede ocultar que la recaudación depende cada vez más de las acciones del SAT. Al segundo trimestre de 2024, la tributación ascendió a 2,529.1 mmdp, de los cuales el 25.7% (650 mmdp) proviene de acciones de cobranza, sin necesidad de judicialización, un incremento del 39.8% respecto a 2023.

A diferencia de la fiscalización tradicional, las acciones de cobranza no implican la determinación de un crédito formal. Por ello, no pueden derivar en un conflicto legal. Algunos ejemplos son el envío de cartas invitación para asistir a las oficinas del SAT, o las llamadas o mensajes de texto para que los contribuyentes corrijan su situación fiscal por “voluntad propia”. El incentivo es evitar una costosa auditoría que derive en un crédito fiscal y posiblemente, en un juicio.

Aunque las acciones de cobranza han impulsado los ingresos tributarios, no se debe perder de vista la recaudación primaria, aquella vinculada al desempeño de la economía, y que excluye la recuperación de cualquier tipo de adeudo. Actualmente, la recaudación primaria representa el 74.30% (1,879 mmdp) de los ingresos tributarios, mientras que a inicios de este sexenio, en 2019, representaba el 94.43% (2,076 mmdp). Es decir, la recaudación es cada vez más dependiente de las medidas de cobranza. 

Las acciones del SAT no son suficientes para evitar una reforma fiscal

Aunque es positivo que de enero a junio de este año los ingresos tributarios hayan registrado un crecimiento de 20%, es muy inferior al aumento del 87.1% del último año del sexenio de Peña Nieto, y al 23.6% del cierre de la administración de Vicente Fox, en relación con el final del gobierno de Zedillo, para el mismo periodo de comparación. Es decir, los ingresos obtenidos por las acciones de cobranza por parte del SAT, no son suficientes para postergar la discusión de una reforma fiscal.

Ese aumento en la recaudación, de hecho, es tan insuficiente que México sigue en el último lugar en ingresos tributarios, como porcentaje del PIB, de los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Está incluso por debajo de Colombia, Costa Rica y Chile.

Hay que destacar que los mayores avances en la recaudación tributaria respecto del Producto Interno Bruto (PIB) se dieron luego de la reforma fiscal de 2014. Los ingresos pasaron de 9.2% del PIB en 2013 a 13.1% en 2016. Desde entonces, el aumento ha sido limitado. Al cierre de 2023 representaron 14.2%, apenas un aumento de un punto porcentual frente a 2016. 

Queda por ver qué decisiones tomará la administración de Claudia Sheinbaum. ¿Otorgará facilidades para el pago de los créditos fiscales? El riesgo de hacerlo es político, pues iría en contra de su predecesor. El riesgo de no hacerlo es que los créditos se vuelvan incobrables por la desaparición de empresas o incapacidad de pago. También podría suceder que más contribuyentes recurran a la vía legal, aumentando el costo de la recuperación de créditos. ¿Encontrarán una forma que maximice la recuperación de adeudos y la recaudación tributaria? ¿Se atreverán, pese al costo político, a implementar la muy necesaria reforma fiscal?

Sin una enmienda a fondo que aborde las actuales debilidades del sistema tributario, el país podría enfrentar serias limitaciones en su capacidad para financiar el desarrollo y cumplir con las crecientes demandas sociales, como las pensiones a los adultos mayores, o el gasto en salud, educación y seguridad. La experiencia positiva de la reforma fiscal de 2014, destaca la importancia de repensar la estructura tributaria de México, para asegurar la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas.