Tormenta fiscal: sin Fonden ni ingresos
Tres años después de la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), queda de manifiesto el gran error que fue eliminarlo. Los recursos restantes para atender las consecuencias desastrosas de fenómenos naturales en 2023, con todo y el bono y seguro catastróficos, difícilmente alcanzarán para reconstruir Acapulco y zonas aledañas tras el huracán Otis. El retraso de los ingresos a lo largo de este año plantea un nudo tremendo: es imperante amparar a las personas afectadas… ¿Cómo hacerlo? ¿Se tendrán que recortar otros gastos?
En los últimos 20 años, los huracanes más potentes en México dejaron daños de entre 32 y 43.4 mmdp, según la Comisión Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred)[1]. Si del huracán Otis se desprende un costo similar, los 7.5 mmdp restantes en 2023 para desastres de este tipo y los 13.7 mmdp que podrían recibirse de bonos y seguros[2] serán insuficientes.
Los recursos de 2023 no alcanzarán, y más: se heredará la presión financiera al siguiente año. Para 2024 se proyectan en el Presupuesto 17.9 mmdp para atender emergencias derivadas de fenómenos naturales, los cuales se tendrían que gastar en su totalidad para reconstruir Guerrero (con el riesgo incluso de ser insuficientes). La consecuencia: careceríamos de recursos para atender otros fenómenos potenciales el siguiente año.
Es inevitable pensar en lo que hubiera pasado de no desaparecer el Fonden. Estimamos que el Fondo habría contado con 36 mmdp en 2023, el doble de lo que la SHCP aprobó para atención de desastres este año. Y si se hubieran mantenido las reglas de asignación de recursos para desastres, el saldo del Fondo y los recursos presupuestarios al tercer trimestre llegarían a 72.1 mmdp, cuatro veces más de lo aprobado en 2023. Con esta ‘bolsa’, más los recursos aprobados en 2023 y los seguros financieros, se habría contado con hasta 85.9 mmdp para atender la emergencia.
Pero la realidad es otra: sin el Fonden el Gobierno está en la disyuntiva de incrementar el presupuesto aprobado para este tipo de fenómenos, con el costo de hacer recortes en otras áreas. El problema es que al tercer trimestre del año los ingresos del Gobierno federal van 4.4% (178 mmdp) por debajo de la meta, el peor retraso en 20 años, lo que ya ha provocado recortes en 26 dependencias, así como en las Participaciones Federales y Ramos Generales. En otras palabras: el huracán Otis, la desaparición del Fonden y el retraso en los ingresos son la tormenta fiscal perfecta.
Les contamos los detalles de la historia de un desastre que no era prevenible, pero sí previsible.
Retroceso institucional
La fuerza de un huracán como Otis es ineludible, pero contar con los recursos para hacer frente a lo dejado por su estela era perfectamente posible. Por más de 20 años, de 1999 al cierre de 2020, el Gobierno federal contó con un mecanismo de ahorro para atender las consecuencias catastróficas de fenómenos naturales: el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). En noviembre de 2020 se decretó su eliminación y, aunque a la fecha sigue en proceso de extinción, ya no es operativo.
La virtud institucional del Fonden es que tenía reglas que favorecían su capitalización año con año. En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en su artículo 37[3], se estipulaba que el Gobierno aportara al Fondo por lo menos el 0.4% del gasto programable. Antes del establecimiento de esta disposición, en 2015, no se habían logrado aportaciones en esa medida (en 2009, 2012, 2013 y 2014, queremos decir). No obstante, de 2015 a 2018 sí se cumplió la regla, e incluso hubo años en que se aportaron más recursos de los obligados; así, de 2008 a 2018 se aportó, en promedio, el 0.5% del gasto programable.
Junto con el Fonden se fue su regla de capitalización, sin que se creara una nueva norma que estableciera un piso mínimo para el presupuesto en atención a desastres. Mientras que en 2020 se aportó al Fondo el 0.6% del gasto programable, en 2021 y 2022 sólo se gastó el 0.2% en atención a desastres, en 2023 se aprobó el 0.3% y para 2024 se proyecta sólo el 0.3% del gasto programable. De aprobarse el Proyecto de Egresos 2024 sin cambios, el gasto promedio sexenal en atención a desastres será de sólo 0.3% del gasto programable: un claro deterioro institucional.
En 2021 y 2022 se gastaron en atención a este tipo de fenómenos naturales 16.6 mmdp y 8.2 mmdp, respectivamente. Sin embargo, de haberse mantenido la regla de la LFPRH, se habrían tenido que gastar (o habrían tenido que ‘entrar’) 4.3 mmdp adicionales en 2021, y 13.9 mmdp más en 2022. Para 2023 se tendrían que haber presupuestado 23.7 mmdp, y no los 17.1 mmdp aprobados, y para 2024 ‘corresponderían’ 25.8 mmdp, pero se proponen sólo 17.9 mmdp.
Un último punto: si bien el Fonden era nutrido por rendimientos financieros, seguros y bonos catastróficos, el 86% (253 mmdp) de las entradas acumuladas que recibió de 2008 a 2018 fueron aportaciones del Gobierno. Es decir, se trataba de un mecanismo que no dejaba el financiamiento de las emergencias a la suerte.
Los recursos disponibles
Llegamos a 2023 desprotegidos ante las consecuencias desastrosas de los fenómenos naturales. Para este año se aprobaron sólo 17.3 mmdp en el Ramo 23 para la atención de esta posibilidad, pero el presupuesto modificado a septiembre era de sólo 13.2 mmdp, un recorte de 24% (4.1 mmdp). Este recorte puede deberse a la lenta evolución de los ingresos en lo que va del año, como explicaremos más adelante. De estos recursos, al tercer trimestre de 2023 se han gastado 5.7 mmdp, por lo que quedan 7.5 mmdp de recursos presupuestarios para la atención y reconstrucción del litoral de Guerrero, luego del huracán Otis.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda tiene contratada una póliza de seguro para catástrofes con una suma asegurada de 5 mmdp, y un bono para catástrofes que ofrece una cobertura de hasta 485 millones de dólares[4]. En suma, de estos mecanismos de coberturas financieras se pueden obtener 13.7 mmdp. Si el Gobierno no modifica al alza su presupuesto contra desastres, contaría con sólo 21.2 mmdp entre recursos presupuestarios y coberturas, lo cual es insuficiente, como expondremos más adelante.
Esto es lo que provocó el fin del Fonden: al cierre de 2020, antes de ejecutarse el decreto de extinción, el Fondo contaba con 33 mmdp (reales de 2023), pero una vez iniciado el proceso de eliminación, el Gobierno federal retiró 32 mmdp, dejando sólo recursos para el proceso de extinción. De haberse mantenido el fideicomiso, en 2023 el Fonden contaría con 36 mmdp ahorrados pues se habrían generado ahorros pues sus salidas (gasto en atención a desastres naturales) habrían sido inferiores a sus entradas (presupuesto corriente aprobado en el Ramo 23). Si bien en 2021[5] se gastó exactamente lo aprobado y no se habrían generado ahorros, en 2022 se habrían obtenido 1.3 mmdp[6] por subejercicios de recursos. Además, se habrían sumado 1.4 mmdp[7] de rendimientos financieros entre 2021 y 2023. En total, con los recursos aprobados para 2023, el Fonden y las coberturas financieras, los recursos habrían llegado a 57.3 mmdp.
Y más: de no haberse modificado a la baja el presupuesto 2023, se contaría con 11.6 mmdp, más los seguros financieros potenciales (13.7 mmdp) y los recursos que se podrían haber tenido del Fonden (36 mmdp), los recursos disponibles para atender la emergencia por el huracán Otis llegarían hasta 61.4 mmdp, el triple de lo disponible actualmente.
La disponibilidad incluso podría haber sido mayor si lo estipulado en la LFPRH –destinar el 0.4% del gasto programable a la atención de estas emergencias– estuviera vigente. En 2021 y 2022 se habrían tenido que presupuestar 20.9 mmdp y 22.1 mmdp, respectivamente. Ya que en 2021 se gastaron sólo 16.6 mmdp en atención a desastres y 8.2 mmdp en 2022, en esos dos años se habrían ahorrado 18.2 mmdp en el Fondo, por subejercicios. O sea, al cierre de 2022 el Fonden habría contado con 53.7 mmdp.
Asimismo, en 2023 se habrían tenido que presupuestar 23.7 mmdp, en lugar de los 17.3 mmdp. Si descontamos los 5.7 mmdp gastados a septiembre, quedarían 17.9 mmdp para el último trimestre. Como resultado, los recursos acumulados en el Fonden, más el restante de 2023, serían de 72.1 mmdp, cuatro veces más de lo presupuestado oficialmente para este año o 9.6 veces más de los recursos presupuestarios sobrantes de 2023 (7.5 mmdp). Ya con los seguros financieros, se habría contado con hasta 85.9 mmdp para atender la emergencia.
Lo que cuesta atender estos desastres
Dada la magnitud del huracán Otis, los recursos presupuestarios restantes en 2023 y los proyectados para 2024 difícilmente alcanzarán para la reconstrucción de Acapulco y aledaños.
Según datos de la Comisión Nacional de Prevención de Desastres Naturales (Cenapred), los huracanes son de los fenómenos meteorológicos potencialmente más destructivos, y cuyas consecuencias provocan costos más abultados. La Comisión refiere que los mayores desastres, hasta ahora, fueron los provocados por los huracanes Karl y Matthew, que azotaron Veracruz en septiembre de 2010, con sólo 10 días de diferencia, afectando a casi 90 mil viviendas, 129 escuelas, 10 hospitales y nueve mil comercios, con un costo total de 43.4 mmdp (a precios de 2023).
El segundo huracán más devastador fue Wilma, que golpeó la península de Yucatán en 2005, dejando un saldo de 22.7 mil viviendas dañadas, 358 escuelas y 14 hospitales, con un costo de 39.9 mmdp. Le sigue el huracán Alex, en el verano de 2010, que afectó principalmente a Nuevo León y causó daños por 37.8 mmdp.
Más recientemente, en 2013 los huracanes Ingrid y Manuel azotaron las costas de Guerrero, dejando 10.4 mil viviendas, 510 escuelas, 35 hospitales y 12.3 comercios dañados, con un saldo de 36.9 mmdp. Asimismo, en 2014 el huracán Odile afectó a cinco mil viviendas, 923 escuelas, 14 hospitales y 5.9 mil comercios, con un daño por 36.5 mmdp.
De momento se desconoce la magnitud del daño que el huracán Otis dejó en Guerrero. No obstante, se sabe que ha sido el huracán más fuerte que ha tocado tierra en este estado. Si, como hemos visto, el costo de las consecuencias de este fenómeno meteorológico ha oscilado en últimas fechas entre los 36.5 y los 43.4 mmdp, los 7.5 mmdp que le restan al Gobierno para atención a desastres y los seguros financieros (13.7 mmdp) no serán suficientes para amparar en lo inmediato a los afectados y para arrancar la reconstrucción de una ciudad que es el motor económico de Guerrero, con la amplia mayoría de sus edificios destruidos o dañados.
Si bien es cierto los gastos en reconstrucción se realizan en varios años, hay que notar, que ante el potencial costo del huracán Otis, los 17.9 mmdp proyectados para el siguiente año podrían no bastar para encaminar la reanimación de Acapulco. Es necesario un incremento del presupuesto 2024, para atender a Guerrero y a otros fenómenos que pudiesen ocurrir.
La reconstrucción anunciada
El 1 de noviembre de 2023, el Gobierno anunció el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez, con un monto estimado de 61.3 mmdp[8]. Este plan consiste principalmente en apoyos directos a la población, exención de pago de impuestos y, en menor medida, de apoyos financieros y reconstrucción de infraestructura.
La principal acción en materia de apoyos directos consiste en pagos de entre 8 mil a 65 mil pesos por vivienda para limpieza y pintura, por un valor estimado de 10.4 mmdp o 17.1% del total. No consideramos este gasto como reconstrucción de infraestructura, sobre todo porque los apoyos de monto reducido difícilmente servirán para reponer estructuras como techos, ventanas o puertas dañados por el huracán. Además, como lo indica la acción, su enfoque va dirigido a limpieza y pintura, lo cual propiamente no es infraestructura.
Otras acciones de apoyos directos son el pago para compra de enseres domésticos dañados por 4 mmdp, otorgamiento de canasta básica a 250 mil familias por 3.2 mmdp, apoyos a locales comerciales (hasta 45 mil pesos por local) con un costo total de 1.9 mmdp y adelanto de distintos programas del Bienestar por un valor de 2.9 mmdp. En suma, los apoyos directos ascienden a 22 mmdp, o 36% del total del monto del Plan General.
En segundo lugar se colocan los apoyos por exención de pago de impuestos y contribuciones a la seguridad social por 19.4 mmdp o 31.7% del total. Destaca la exención de IVA e ISR de octubre a febrero, por 9.1 mmdp (14.9% del total del Plan) y la prórroga del pago al IMSS, Infonavit y Fovissste por 9 mmdp, o 14.7% del total. Asimismo, se condonará el pago de luz a la CFE con un costo de 1.3 mmdp o 2.2% del total.
En materia de reconstrucción, sólo se anunciaron programas por 12.5 mmdp o 20.5% del total. Serán 10 mmdp (16,3% del total) para la reconstrucción de infraestructura urbana: líneas redistribución de agua, drenaje, arreglo de calles, alumbrado, hospitales, escuelas, dos aeropuertos y otros servicios. Además, 218 mdp para rehabilitar la autopista Acapulco-Chilpancingo, y 2.3 mmdp para reparación de infraestructura de la CFE.
¡Ojo! Los 12.5 mmdp anunciados para reconstrucción son menores que los 21.2 mmdp que se podrían acabar dedicando (7.5 mmdp restantes del Presupuesto 2023 y los 13.7 mmdp que potencialmente se recibirán por bonos y seguros), lo que podría significar que una buena parte de los recursos disponibles para atención de desastres y coberturas de riesgo terminen más bien financiando los otros tipos de apoyo, provocando que se mantenga la baja prioridad en las acciones de reconstrucción que se han observado desde la desaparición del Fonden. Queda por verse si en los siguientes días se hacen nuevos anuncios de reconstrucción.
Finalmente, como apoyos financieros se prevén 7.2 mmdp (11.8% del total) para el pago de la mitad de intereses por créditos de la banca comercial a hoteles, con un costo de 5 mmdp; créditos sin intereses de Nafin por 1.7 mmdp, y créditos a la palabra por 500 mdp.
Si bien era indispensable y ugente el lanzamiento de un plan integral, identificamos deficiencias o indeterminaciones, en cuatro aspectos: 1. no queda claro cuánto de los recursos anunciados son adicionales o son reasignaciones de programas que estaban planeados gastarse en otros estados; 2. no hay un anuncio de cómo se compensarán las renuncias recaudatorias por aplazar contribuciones a la seguridad social o postergar el pago impuestos; 3. la inversión en infraestructura parece insuficiente, si se consideran los costos que han provocado otros huracanes de magnitud incluso menor (y, encima, no se especifica de dónde provendrán esos recursos); 4. no existe una clara estrategia para apoyar en el copago de seguros por parte de los negocios.
De lo anterior se desprende la observación de cuatro riesgos inminentes: 1. que los apoyos a través de programas sociales se den a costa de reasignar recursos que se pensaban gastar en otros estados; 2. que entidades como IMSS, ISSSTE y CFE tengan pérdidas o tengan que hacer recortes en sus programas (y que haya más recortes en otras áreas del gasto, al limitarse los ingresos tributarios). 3. que gran parte de las necesidades de reconstrucción sean tan grandes que el Gobierno federal claudique y cargue la responsabilidad al Gobierno estatal y al sector privado. Hay que recordar que a inicios de octubre el Presidente López Obrador mandó una iniciativa[9] a la Cámara de Diputados, para obligar a las entidades a prever sus propios fondos y seguros para la reconstrucción de desastres; 4. que los hoteles y negocios no puedan cobrar sus seguros por falta de recursos para pagar deducibles.
La reconstrucción olvidada
Detengámonos en un riesgo particularmente crítico. La experiencia de los últimos dos años nos dice la reconstrucción de infraestructura, en general, ha sido relegada. Como identificamos en artículos anteriores, luego de la desaparición del Fonden los recursos presupuestados para la atención de este tipo de desastres se han utilizado en mayor medida para programas de atención directa (con posibles fines clientelares), en detrimento de las acciones de reconstrucción. De 2013 a 2020, el 76% de las erogaciones del Fonden fueron destinados al levantamiento de infraestructura, pero en 2021 y 2022 sólo se dedicó a este fin el 28% de los gastos clasificados como atención a las consecuencias desastrosas de fenómenos naturales.
El desglose por destino específico del gasto del Fonden comenzó en 2013. De esta forma, podemos saber que en 2013 se destinaron 32 mmdp para obras de reconstrucción tras fenómenos ocurridos ese año y en periodos anteriores. Por ejemplo, se destinaron recursos para la reconstrucción en Veracruz por el huracán Matthew, así como recursos en Oaxaca y Guerrero por los huracanes Ingrid y Manuel.
No obstante, 2014 fue el año con el mayor gasto en reconstrucción con recursos provenientes del Fonden, con un monto de 40.7 mmdp. Se dio tanto para obras de reconstrucción del huracán Odile de 2014 como para fenómenos pasados como los huracanes Manuel, Ingrid, Bárbara y Raymond de 2013, entre otros.
Ya para 2022 el gasto en reconstrucción fue de sólo 3.4 mmdp, 87% (23.7 mmdp) por debajo del promedio del sexenio pasado. Con la desaparición del Fonden se perdió también la profundidad en los informes del gasto en reconstrucción. Sólo se sabe que los recursos fueron destinados a atender obras dañadas por eventos sucedidos entre 2020 a 2022.
En lo que resta de 2023, es posible que se anuncien otros programas de reconstrucción, pero dependerán de la disponibilidad presupuestaria. Según los nuevos lineamientos de operación para atender daños por fenómenos naturales[10], las dependencias o entidades deben pedir por escrito a la SHCP recursos para los programas de reconstrucción. En caso de no haber suficiencia presupuestaria, la autorización quedará sujeta a futuras previsiones de recursos. Debido a la escasez de recursos este año, lo más probable que sólo se anuncien nuevas obras de reconstrucción de 2024 hacia adelante.
Presión de los ingresos
El desastre tras el huracán Otis llega en el peor momento para las finanzas públicas: los ingresos del Gobierno federal registran a noviembre su peor retraso en décadas y no hay un fondo para contingencias.
Los ingresos del Sector Público se pueden dividir en dos categorías principales: 1. los ingresos totales, incluyen los ingresos petroleros tanto de Pemex como del Gobierno federal; los ingresos tributarios; los ingresos no tributarios no petroleros (NTNP), y los ingresos de empresas y entidades públicas como IMSS, ISSSTE y CFE. 2. los ingresos del Gobierno federal, que incluyen sólo recursos administrados directamente por el Poder Ejecutivo, como los ingresos tributarios, transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) y los NTNP.
Al mes de septiembre los ingresos totales del Sector Público ascendieron a 5.1 billones de pesos, 2.9% (157.6 mmdp) por debajo de lo calendarizado para el periodo, el segundo peor retraso desde 2020. Por su parte, los ingresos del Gobierno federal fueron de 3.8 billones, 4.4% (178.3 mmdp) menos de lo presupuestado al tercer trimestre, el peor retraso en más de dos décadas, incluso superior al retraso durante la pandemia.
Los ingresos totales presentan un menor retraso respecto de los ingresos del Gobierno federal, debido a que los ingresos de CFE, IMSS e ISSSTE en 2023 van por encima del calendario en 99 mmdp en conjunto, lo que compensa en parte los otros faltantes. Durante la pandemia, en el mismo periodo dichas instituciones tenían un retraso de sus ingresos de 22 mmdp.
Asimismo, los faltantes en la renta petrolera se concentran en mayor medida en los ingresos petroleros del Gobierno, debido a la reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) y su postergación. Por ejemplo, en septiembre de 2020, de 370 mmdp faltantes de ingresos petroleros, el 45% ‘lo asumía’ el Gobierno federal y el 55% Pemex. Para 2023, de 216 mmdp faltantes, el 64% era déficit del Gobierno federal y sólo el 36% de Pemex. La Federación está absorbiendo el mayor golpe de las pérdidas recaudatorias.
Los ingresos tributarios registran un retraso de 3.3% (116 mmdp), el segundo mayor desde la pandemia. Las exenciones del pago de IVA e ISR para apoyar a Guerrero profundizarán este déficit tributario.
Finalmente, los ingresos del Gobierno federal presentan un retraso mayor al de 2020, debido al agotamiento de instrumentos como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). Las transferencias de estos fondos a la Federación se registran como ‘aprovechamientos’, dentro de los ingresos NTNP. En 2020 al 3T el Gobierno recibió 189% (292 mmdp) más de ingresos NTNP frente a lo calendarizado, pero este año ha recibido sólo 42% (76 mmdp) adicionales al programa, lo que ha compensado en menor medida los faltantes.
En suma, el fondeo de acciones de reconstrucción por el huracán Otis deberá provenir de los ingresos del Gobierno federal, los cuales, como hemos visto, están en su peor momento histórico en cuanto a faltantes.
La falta de ingresos ha provocado agudas medidas de austeridad. De enero a septiembre de 2023, nueve de 10 Ramos Autónomos tienen retraso en su gasto frente al calendario, y también 13 de los 26 Ramos Administrativos.
En monto, los peores subejercicios se ubican en la Secretaría Salud, la cual erogó a septiembre sólo 81.8 mmdp, 32% o 39.5 mmdp por debajo de su programa. Este retraso puede deberse al proceso de eliminación del Insabi y su transición hacia el IMSS-Bienestar.
Asimismo, la Secretaría de Turismo, encargada todavía este año de construir el Tren Maya, ejerció sólo 77.7 mmdp, 39.6% o 50.9 mmdp menos. Esto significa que ante los retrasos en los ingresos se ha reducido el ritmo de construcción de la principal obra de infraestructura de la actual administración. Por su parte, Pemex gastó 437 mmdp, 19% o 101 mmdp menos que el presupuesto aprobado al periodo, lo que se relaciona con menores gastos operativos, pero también con una reducción de 2.4% de su inversión.
Estos datos sirven para evidenciar la grave situación por la que pasan las finanzas públicas en 2023. Ante lo desencadenado por el huracán Otis, el Gobierno no tiene muchas opciones: se verá obligado a agudizar los recortes para disponer de recursos para la atención de la emergencia, limitará el gasto en reconstrucción o pedirá más deuda. Éstas son las consecuencias de no contar con instrumentos como el Fonden.
Recomendaciones
En el corto plazo es necesario garantizar el acceso pronto, eficiente y transparente a los apoyos gubernamentales. Para esto proponemos:
- Anunciar de manera clara los mecanismos para acceder a los recursos para la reconstrucción, apoyos directos, financieros o postergación de pagos, para dar certidumbre a las personas afectadas por el huracán Otis. Es necesario evitar que estos apoyos se condicionen de manera que puedan ser usados con fines electorales.
- Se debe especificar en los anexos trimestrales de Hacienda de dónde provendrán los recursos para la atención del desastre (por ejemplo, de los ingresos corrientes, de la partida presupuestaria del Ramo 23 o de coberturas financieras). En caso de hacer reasignaciones de gastos entre programas, se debe aclarar cuáles son los programas que sufrirán reducciones.
- Es necesario establecer un porcentaje de gasto en infraestructura, respecto del monto total de atención a desastres naturales financiado con recursos del Ramo 23 o de las coberturas de riesgo. Esto limitará el uso discrecional y electoral de los recursos. Además, se deben precisar los montos, sectores económicos y obras específicas que reciban apoyo en los informes trimestrales de Hacienda.
- El Gobierno debe instalar un programa de copago de pólizas de seguros, para facilitar que las personas y negocios afectados puedan hacer válido el cobro de sus seguros financieros y acelerar la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez.
A mediano plazo es necesario contar con mecanismos de previsión para hacer frente a las consecuencias de fenómenos meteorológicos sin el riesgo de tener que recortar otros programas. Para esto proponemos:
- Instalar un mecanismo de ahorro para atender estos fenómenos, gracias al cual año con año se vayan acumulando recursos. Se deberá determinar un saldo mínimo anual. En caso de que un Gobierno utilice los recursos para atender estas contingencias, deberá incrementar sus aportaciones al Fondo para recapitalizarse en el corto plazo.
- Restablecer la normativa en la LFPRH para capitalizar año con año los fondos contra desastres por un mínimo de 0.4% del gasto programable.
Anexo
Fonden vs. Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales
| Mecanismo anterior | Mecanismo actual |
| El Fondo de Desastres Naturales es un mecanismo que permitía dar acceso a los recursos para atender los daños sufridos por un fenómeno naturales perturbador. Tenía por objeto dar acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales. Se integraba por los siguientes instrumentos: Fondo Revolvente Fonden: proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador.Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23 «Provisiones Salariales y Económicas» del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal.Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales. | Los recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales se proporcionan de manera complementaria y coordinada con las entidades federativas, y las entidades y dependencias federales que intervengan en los procesos de atención de las emergencias, cuando haya mediado una Declaratoria de Emergencia. Con la declaratoria, la Coordinación Nacional de Protección Civil podrá autorizar la adquisición de insumos con el fin de responder de forma inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de las personas. Los insumos y servicios proporcionados dependerán del presupuesto asignado para cada Ejercicio Fiscal. |
| Las dependencias federales podían solicitar apoyos del Fonden cuando los recursos de sus programas se encontraban ejercidos en su totalidad o resulten insuficientes. | La CNPC debe gestionar ante la SHCP la disponibilidad o suficiencia presupuestal, misma que deberá ir actualizando durante el ejercicio para poder garantizar el suministro de insumos y acceso a servicios que se requieran ante las Declaratorias de Emergencia. Cuando los recursos del Programa se encuentren ejercidos o devengados en su totalidad o cuando resulten insuficientes para la atención de las Declaratorias de Emergencia, la CNPC deberá gestionar ante la SHCP las ampliaciones presupuestarias. |
| Las dependencias y entidades federales, así como las entidades federativas, podían solicitar Apoyos Parciales Inmediatos con cargo al Fonden. Para efectos de fortalecer la capacidad de respuesta inmediata en el proceso de evaluación y cuantificación de daños, las dependencias y entidades federales responsables de cada sector afectado podían solicitar recursos con cargo al patrimonio del Fideicomiso Fonden. | Las dependencias y entidades federales únicamente podrán solicitar recursos con cargo al Programa para los Apoyos Parciales Inmediatos para la atención de Fenómenos Naturales Perturbadores que se encuentren corroborados por la Instancia Técnica Facultada correspondiente y que cuenten con la Declaratoria de Desastre Natural respectiva. El otorgamiento de los recursos estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Programa. |
| La reconstrucción de la infraestructura federal estaba a cargo de la dependencia o entidad federal correspondiente y los recursos para atender la misma eran otorgados en su totalidad por el Fonden. La SHCP analizaba las mejoras y adiciones presentadas por las dependencias y entidades Federales, así como las entidades federativas, para lo cual podrá solicitar la opinión y análisis técnico y determinaba la procedencia de las mismas conforme a las disponibilidades financieras existentes. | Mediante el Programa del Ramo General 23 sólo se podrán financiar, de manera total o parcial, programas de reconstrucción que deriven de las obras y acciones que se encuentren previstas en los Diagnóstico de Obras y Acciones Preliminares, los cuales son elaborados por las dependencias y entidades federales. |
[1] Comisión Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Recuperado de: https://www.cenapred.unam.mx/PublicacionesWebGobMX/buscar_buscaSubcategoria
[2] Secretaría de Hacienda (2023). Nota informativa Programa de Fondo de Desastres Naturales: https://www.gob.mx/shcp/prensa/nota-informativa-349793?idiom=es
[3] En noviembre de 2014 se modificó el Artículo 37 de la LFPRH estableciendo que: En el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para el Fondo para la Prevención de Desastres así como para el Fondo de Desastres, y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, con el propósito de constituir reservas para, respectivamente, llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños ocasionados por fenómenos naturales. Las asignaciones en el Presupuesto de Egresos para estos fondos, sumadas a las disponibilidades existentes en las reservas correspondientes, en su conjunto no podrán ser inferiores a una cantidad equivalente al 0.4 por ciento del gasto programable.
[4] Este monto equivale a 8.7 mmdp con un tipo de cambio de 18.1 pesos por dólar
[5] En 2021 el gasto para atender desastres naturales fue igual presupuestado en el Ramo 23, si no consideramos que ese año se gastaron 5.6 mmdp para el programa de vacunación.
[6] En 2022 se aprobaron 9.5 mmdp para la atención de desastres naturales vía el Ramo 23, pero se gastaron sólo 8.2 mmdp, repartidos en varias secretarías.
[7] Calculado a partir de rendimiento financiero obtenido a principios de 2021, previó a la extinción del fideicomiso.
[8] lopezobrador.org (2023). Gobierno de México invertirá 61 mil 313 millones de pesos en reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez; presidente presenta Plan general de apoyo. Recuperado de: https://lopezobrador.org.mx/2023/11/01/gobierno-de-mexico-invertira-61-mil-313-millones-de-pesos-en-reconstruccion-de-acapulco-y-coyuca-de-benitez-presidente-presenta-plan-general-de-apoyo/
[9] El Financiero 2023. AMLO propone que estados pongan de su ‘bolsillo’ para atender desastres naturales. Recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/10/05/amlo-propone-que-estados-pongan-de-su-bolsillo-para-atender-desastres-naturales/
[10] DOF (2021) ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos de Operación Específicos para atender los daños desencadenados por fenómenos naturales perturbadores. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5626531
5 evidencias sobre las finanzas públicas al 3T de 2023 - Números de Erario
[…] A septiembre los ingresos totales del Sector Público ascendieron a 5.1 billones de pesos, 2.9% (157.6 mmdp) por debajo de lo calendarizado para el periodo, el segundo peor retraso desde 2020. Por su parte, los ingresos del Gobierno federal fueron de 3.8 billones, 4.4% (178.3 mmdp) menos de lo presupuestado al tercer trimestre, el peor retraso en más de dos décadas, incluso superior al retraso durante la pandemia, como hemos detallado anteriormente. […]