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Etiqueta: Finanzas de Pemex

5 evidencias sobre las finanzas públicas al 3T de 2023

La debilidad de los ingresos públicos que se arrastra al tercer trimestre de 2023 impacta negativamente en la mayoría de sectores del gasto. En esta edición de “5 evidencias de finanzas públicas” ponemos la lupa en el IMSS-Bienestar, Pemex, el Gasto Federalizado, la atención a desastres naturales y la Conade, como muestra de las adversidades que enfrentan las finanzas públicas hacia el cierre del año.

A septiembre los ingresos totales del Sector Público ascendieron a 5.1 billones de pesos, 2.9% (157.6 mmdp) por debajo de lo calendarizado para el periodo, el segundo peor retraso desde 2020. Por su parte, los ingresos del Gobierno federal fueron de 3.8 billones, 4.4% (178.3 mmdp) menos de lo presupuestado al tercer trimestre, el peor retraso en más de dos décadas, incluso superior al retraso durante la pandemia, como hemos detallado anteriormente.

Uno de los sectores sacrificados en vista del mal desempeño recaudatorio es el gasto en salud para las personas sin seguridad social, como ha sido costumbre en el sexenio. Pese al arranque oficial del IMSS-Bienestar, el gasto en salud para la población no asegurada sufrió un recorte de 14% frente al programa a septiembre, quedando muy lejos de lo logrado cuando aún existía el Seguro Popular.

La mala situación fiscal también se manifiesta en empresas públicas como Pemex, quien reporta un retroceso de 26.6% en sus ingresos, a causa de una menor producción y de la apreciación del peso. Lo anterior ha llevado a la petrolera a registrar su segundo peor balance operativo del sexenio, y sólo la reducción de impuestos pagados ha evitado que su resultado neto caiga en números rojos.

Otro sector gravemente afectado es el gasto para la atención a desastres naturales. Antes del impacto del huracán Otis (octubre), este gasto registraba a septiembre su peor nivel en el sexenio. Peor aun: el presupuesto anual para atención a desastres fue recortado en 33%, limitando los recursos disponibles para atender emergencias hacia el cierre de 2023.

Asimismo, el Gasto Federalizado, los recursos que la Federación transfiere a los estados, se mantiene 2.9% o 53.2 mmdp por debajo de lo logrado en 2018. Además de recortes discrecionales a fondos como el Ramo 23, la caída de estos recursos se debe al mal desempeño de los ingresos tributarios en lo que va del año, y al ‘perdón’ de impuestos a Pemex.

No menos importante, el gasto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se mantiene 3.4% por debajo de lo pagado en el mismo periodo de 2018, lo cual ha tenido implicaciones en los indicadores de alta competencia deportiva o las becas otorgadas a los atletas.

Aquí un panorama de las finanzas públicas hacia el cierre del año.

1. Se inicia IMSS-Bienestar sin mejoras presupuestales

El inicio de operaciones del IMSS-Bienestar en agosto de 2023 no ha podido frenar la caída en picada que arrastraba el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en este año, presupuestalmente hablando. Al tercer trimestre de 2023 el gasto en conjunto de estas dos entidades aún está 24% por debajo de lo logrado con el Seguro Popular, extinto en 2019.

El 25 de abril de 2023 se aprobó en la Cámara de Diputados la desaparición del Insabi, para ser sustituido por por el órgano desconcentrado llamado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar). ¡Ojo! No confundir con el programa IMSS-Bienestar del Ramo 19, el cual es continuación del programa IMSS-Prospera, antes IMSS-Oportunidades. 

El 29 de mayo de este año se publicó en el DOF[1] el decreto que estableció en los artículos transitorios un plazo de 180 días para que la Secretaría de Salud transfiera los servicios de salud del Insabi al órgano IMSS-Bienestar. Es decir, hacia finales de agosto de este año se extinguió oficialmente el Insabi, y comenzó a operar el IMSS-Bienestar.

Los primeros meses de transición no son esperanzadores. Al tercer trimestre de este año el órgano IMSS-Bienestar erogó 22.7 mmdp que no estaban previstos en el Presupuesto 2023, pero estos recursos no lograron compensar el retraso en el gasto que arrastraba el Insabi a septiembre, por 33 mmdp o 44% del gasto aprobado a la fecha. Como resultado, el gasto conjunto del Insabi y del órgano IMSS-Bienestar fue de 65.5 mmdp, 14% (10.3 mmdp) inferior al programado para el Insabi a septiembre.

Como hemos analizado anteriormente, al tercer trimestre de 2023 los ingresos del Gobierno federal van 4.4% (178 mmdp) por debajo de la meta, el peor retraso en 20 años, lo que ya ha provocado recortes en 26 dependencias, así como en las Participaciones Federales y Ramos Generales. Los programas para garantizar la salud de las personas sin seguridad social no se han salvado de estos recortes.



La transición al IMSS-Bienestar no ha parado el declive en el gasto en salud, si lo miramos con la perspectiva de años anteriores. Al tercer trimestre de 2023, el gasto del Insabi fue de 42.8 mmdp, un retroceso de 35% (22.9 mmdp) frente al mismo periodo de 2022. Por su parte, los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar erogaron 22.7 mmdp, compensando así casi todo el recorte del Insabi. No obstante, en conjunto estos programas ejercieron 65.5 mmdp, una caída de 0.3% (165 mdp) frente a 2022 o 24% (20 mmdp) menos que el promedio de 2013 a 2018, cuando existía el Seguro Popular. La nueva apuesta en salud del Gobierno federal ha iniciado con el pie izquierdo.

Si consideramos el gasto del programa IMSS-Bienestar del Ramo 19, el retroceso del gasto federal en salud para las personas sin seguridad social luce más grave. Hay que recordar que este programa, que data de 1979 con el IMSS-Coplamar, fue la inspiración para crear el órgano desconcentrado IMSS-Bienestar. Pues bien, el gasto de este programa a septiembre de 2023 fue de 13.4 mmdp, 16.3% (2.6 mmdp) por debajo de 2022. Para decirlo claro: con el nacimiento del órgano IMSS-Bienestar se recortó el programa IMSS-Bienestar.

En conjunto, el gasto federal para atender la salud de las personas sin seguridad social al tercer trimestre de 2023 (Insabi, órgano IMSS-Bienestar y programa IMSS-Bienestar del Ramo 19) fue de 78.9 mmdp, un retroceso de 3.4% (3 mmdp) frente 2022 o 11% (4 mmdp) menos que en 2018. Frente al promedio del sexenio pasado, estimamos[2] una caída de 19% (18.2 mmdp).

Para 2024 no se prevé una mejora, pues como lo explicamos en el análisis del Paquete Económico 2024 en salud, los recursos del IMSS-Bienestar serán menores a los del Seguro Popular. 



El otro gran tema en torno a la transición del Insabi al IMSS-Bienestar es la situación del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi). En tiempos del Seguro Popular, este fondo se llamaba Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como el Fondo de Gastos Catastróficos. Al cierre del sexenio pasado este fondo contaba con 117 mmdp, y al cierre de 2019 (cuando pasó a manos del Insabi) llegó a contar con 130 mmdp, su mayor cifra registrada.

Sin embargo, en 2020 se modificó la Ley General de Salud de modo que se permitieron salidas del Fonsabi a la Tesofe, lo que ha reducido los ingresos del Fondo, como lo explicamos a detalle en nuestra investigación “El ocaso del Fonsabi”. En septiembre de 2023 este fideicomiso cambió de manos, oficialmente, al IMSS-Bienestar, con sólo 41 mmdp, 65% (76 mmdp) por debajo de lo que tenía al cierre de 2018, o 68% (89 mmdp) menos de lo que llegó a contar antes del cierre del Seguro Popular. Es decir, el Insabi agotó más de la mitad de los recursos que le dejó el Seguro Popular, y heredó un Fondo gravemente diezmado al IMSS-Bienestar.

La cantidad menguada de recursos que recibe el IMSS-Bienestar por parte del Insabi limitará su capacidad de garantizar la cobertura de enfermedades de alto costo, así como el desarrollo de infraestructura médica en zonas marginadas. Además, como se mantiene la posibilidad de transferir recursos del Fonsabi hacia la Tesofe, este fideicomiso se seguirá usando para inflar el gasto.



2. El deterioro disimulado de Pemex

Al mes de septiembre Pemex presentó el segundo peor resultado operativo del sexenio; sin embargo, la disminución en su pago de impuestos, y el menor costo financiero de la deuda (también por apoyo del Gobierno federal) han amortiguado el impacto en su resultado financiero. 

Al tercer trimestre Pemex reporta una contracción de 26.4% (549 mmdp) en sus ingresos totales, frente al mismo periodo del año anterior. La caída se debe a un desplome de 22.8% (402 mmdp) en las ventas de la petrolera, lo cual puede atribuirse principalmente al superpeso, el cual reduce el valor de las exportaciones. Si comparamos frente al mismo periodo de 2018, el retroceso de los ingresos alcanza el 20.4% (391 mmdp), mientras que la disminución de las ventas totales de la empresa llega al 27.9% (527 mmdp), frente a 2018.

El segundo concepto con mayor caída son ‘otros ingresos’, donde se reportan las devoluciones del IEPS y las transferencias del Gobierno. Éste cae 48.7% (150 mmdp) en términos anuales. Sin embargo, frente a 2018 los otros ingresos presentan un crecimiento de 488% (131 mmdp). Es decir, Pemex está recibiendo menos apoyo que en otros años de este sexenio, pero más que con Peña Nieto. 

Hay que recordar que en 2022, ante el aumento de los precios del petróleo, se implementó una política de estímulos complementarios a las gasolinas, mediante la cual Pemex recupera la diferencia entre el precio de referencia internacional de gasolina y el precio al que se comercializa en el mercado nacional. Según la Cuenta Pública 2022[3], Pemex recibió por estos incentivos 111.8 mmdp. Sin embargo, este año no se han otorgado estímulos complementarios, lo que ha reducido los otros ingresos. Finalmente, al mes de septiembre, Pemex ha recibido transferencias de la Sener por 109.4 mmdp, una reducción de 4% (4.9 mmdp) respecto de 2022.

La caída en los ingresos lleva a un fuerte recorte en los gastos de la paraestatal: 26.5% (549 mmdp) frente a 2022. En efecto, el recorte es exactamente de la misma magnitud que la reducción de ingresos, previsiblemente para tratar de mantener el balance neto, como veremos a continuación.

Una de las mayores reducciones se observa en el pago de impuestos, derechos y aprovechamientos por parte de la empresa: 27.7% (199 mmdp) frente a lo pagado a septiembre de 2022. Como primera observación, el pago de impuestos cae por la menor base gravable por la reducción de las ventas generales. En segunda instancia, puede deberse a la postergación en el pago del DUC, ya que el pago de impuestos por Pemex cayó 98% en términos anuales en el mes de septiembre, situación que sólo puede explicarse por beneficios fiscales. Si comparamos frente al mismo periodo de 2018, el pago de impuestos es 41.9% (375 mmdp) inferior, y se coloca en el mínimo histórico de los últimos 24 años.

El otro concepto destacado por la reducción sufrida son los gastos para la recompra de mercancía, los cuales tuvieron una caída anual de 38% (277 mmdp). Estos gastos están relacionados con la compra de productos que realiza Pemex en el extranjero para suplir la demanda interna. La disminución observada al tercer trimestre se relaciona con la caída en los precios internacionales de los productos para reventa al interior del país[4], causada por la apreciación del peso en el año.

En efecto, Pemex gastó menos en pago de impuestos y en importaciones, y también ha recortado su inversión en 17.6% (59 mmdp) respecto a septiembre del año anterior. En otras palabras, se está sacrificando la mejora en la productividad futura, para equilibrar las cuentas en el presente.

Finalmente, el pago de intereses de la deuda disminuyó en 15.4% (19 mmdp) frente al mismo periodo de comparación, una reducción relacionada con la monetización de bonos gubernamentales por parte de Pemex, lo cual permite que la tasa de interés que paga Pemex en su deuda sea inferior a la cual pagaría de emitir bonos por su cuenta; esto se ve reflejado en la caída del costo financiero de su deuda.



Por el lado productivo, al mes de septiembre se reporta un crecimiento de 5.8% o 103.8 miles de barriles diarios (mbd) en la producción de crudo. Este crecimiento, sin embargo, luce inflado debido al registro de condensados[5] en la producción a partir de 2018. Sin embargo, aun con este registro, la producción no recupera los niveles de años anteriores. Si comparamos frente al promedio de lo producido en el mismo periodo del sexenio anterior, se observa que la petrolera está operando 20.2% (445.8 mbd) por debajo.

El volumen de ventas internas de gasolinas, por su parte, cayó 3.6% (24.4 mbd) frente al tercer trimestre del año anterior. Al compararlo frente a las ventas logradas a septiembre de 2018, la caída asciende a 16.1% (124.1 mbd); de esta forma, las ventas de Pemex en promedio se encuentren 19.5% (153 mbd) por debajo de lo que se vendía en el sexenio anterior.

Por último, se reporta un incremento anual de 8.6% (83.3 mbd) en el volumen de exportación de crudo. Aun con este aumento, la cantidad de petróleo exportado se encuentra 13.3% (161 mbd) por debajo de lo registrado a septiembre de 2018. Esto hace que, en promedio, al tercer trimestre la exportación de crudo se encuentre 9.2% (106.4 mbd) por debajo de lo que se exportaba en el sexenio anterior.

Los datos operativos de la paraestatal explican la caída en los ingresos por ventas que está experimentando la empresa al tercer trimestre, que es el principal motivo del deterioro de sus ingresos totales: si bien hay un aumento en la producción de crudo y el volumen de exportación frente al año pasado, hay una caída en el volumen de las ventas internas, así como el precio de exportación, lo cual reduce el efecto positivo del incremento en las exportaciones, al abaratar las ventas externas.



Ante la caída de las ventas de la petrolera, el balance operativo[6] reporta un resultado de 904 mmdp al tercer trimestre, 24% (280 mmdp) por debajo de lo reportado en el año anterior. Se trata del segundo resultado operativo más bajo desde 2003, solamente superado por el observado durante la pandemia. En otras palabras, la empresa no registra una mejora en su rentabilidad ni en su flujo de operaciones; más bien, sufre un grave retroceso.

Al considerar el gasto de inversión, el balance primario –balance operativo menos gasto de inversión, sin considerar pago de impuestos– cae 26% (220.7 mmdp) frente al mismo periodo del año anterior, y si lo comparamos con 2018, el balance primario se encuentra 31.5% (288.9 mmdp) por debajo. Frente a 2021, ese balance se encuentra ligeramente en mejor situación, debido a que se ha recortado el gasto de inversión.

A pesar del grave deterioro del balance operativo y primario, el balance financiero –balance primario menos costo de la deuda y pago de impuestos–[7] prácticamente no se ha visto afectado en 2023. ¿Por qué? El resultado financiero se está viendo protegido por la disminución en el pago de impuestos. Este balance reporta un leve superávit por 12.7 mmdp, el cual aun así es 4% (0.5 mmdp) inferior al observado el año anterior.

El segundo factor que está ayudando a Pemex es la disminución en el costo financiero de su deuda: al tercer trimestre se pagaron 107 mmdp en pago de intereses de la deuda, lo cual representó una caída anual de 15.4% (19 mmdp) frente a 2022, o de 22.1% (30 mmdp) frente a 2018. De hecho, el costo financiero de la deuda de Pemex en 2023 se encuentra en el nivel más bajo del sexenio, para un mismo periodo de comparación.

Esta caída en el costo financiero de la deuda puede ser atribuida a la monetización de deuda gubernamental por parte de Pemex[8], lo cual se refleja en que las tasas de interés que debe de pagar la empresa son menores a las que tendría que pagar de levantar los recursos por sí misma.



Al mes de agosto[9], estimamos que Pemex ha recibido un apoyo fiscal de 105 mmdp, por la reducción del cobro del DUC de 65% en 2019 a 40% en 2023, así como la prórroga en el pago de este impuesto. El estimado considera la disminución en las ventas netas de la petrolera, ya que se calcula a partir de los ingresos totales por comercialización que reporta el Fondo Mexicano del Petróleo (FMP). Sin este apoyo, el balance primario después de impuestos de Pemex pasaría de los 108.9 mmdp reportados, a sólo 3.9 mmdp, el segundo peor del sexenio. Asimismo, al considerar el pago de intereses de la deuda, el balance financiero reportaría un déficit por 92.3 mmdp, estando al nivel del reportado en 2021.



3. El gasto en el deporte no recupera el fuelle

Una buena noticia y dos malas: al tercer trimestre de 2023, el gasto de la Comisión de Cultura Física y Deporte se ha recuperado frente a 2022; sin embargo, aún se encuentra lejos de alcanzar los niveles del sexenio anterior, y los indicadores deportivos reportan mayores retrocesos en la entrega de becas y apoyos para nuevos prospectos deportivos.

Al mes de septiembre se observa que el gasto ejercido por la Conade asciende a 2.03 mmdp, lo cual representa un crecimiento real de 31.9% (492.8 mdp) frente a lo pagado en 2022. El programa que se vio mayormente beneficiado con este incremento fue el de Cultura Física y Deporte, el cual subió 46.5% (471.9 mdp) frente al año anterior. El programa de Atención al Deporte presenta un aumento real de 4% (21.2 mdp) frente al mismo periodo de comparación.

Si bien éstas son buenas noticias para el deporte, lo cierto es que aun con este incremento no se recuperan los niveles observados antes de la pandemia. Y si comparamos el gasto ejercido respecto a 2018, en realidad éste se encuentra 3.4% (72.2 mdp) por debajo de lo pagado para el mismo periodo de comparación.

El mayor recorte, bajo esta comparación, se localiza en el programa de Atención al Deporte, el cual presenta una caída de 19.5% (131.5 mdp) frente a lo que se pagó a septiembre de 2018. Entretanto, el programa de Cultura Física y Deporte tiene un incremento de 5.5% (77.1 mdp).



Todo indica que la recuperación del gasto para deporte al tercer trimestre se debe a que se ha acelerado el ejercicio del gasto anual. Al tercer trimestre se reporta un avance del 81.1% en su calendario, el segundo mayor avance para este periodo en el sexenio, solamente superado por el observado en 2019, cuando el avance reportado fue de 91%.

Con este nivel de avance en el gasto, la brecha entre el presupuesto aprobado anual y el pagado a septiembre es de apenas el 19%, lo cual implica que para el último trimestre del año sólo resta el ejercicio de 475 mdp. Este avance es positivo, ya que de forma sistemática la Conade ha subejercido recursos cada año, como veremos más adelante.



Este adelanto del gasto, desgraciadamente, no se traduce en una recuperación en los indicadores de alta competencia deportiva; incluso se ha reportado un retroceso en algunos de ellos. Por ejemplo, para el caso de las becas económicas para el deporte convencional, se observa un descenso de 35%, o 700 becas menos otorgadas respecto a 2022. Si comparamos frente al promedio otorgado en 2018, la caída es de 43.9%, o 1,016 becas menos.

En el caso de las becas para deporte adaptado, se reporta un incremento de 5.1%, o 23 becas más otorgadas frente a 2022, hilando así dos años de recuperación, después de haber caído al mínimo histórico de 271 becas otorgadas en 2021. Sin embargo, no es suficiente para recuperar los niveles observados en años anteriores. De hecho, se encuentra 12.3% o 67 becas menos respecto del máximo histórico de becas otorgadas en 2017.

Por otro lado, no es posible saber si se han atendido nuevos prospectos deportivos. En el Quinto Informe de Gobierno se reporta que durante 2022 y al mes de junio de 2023 no se ha otorgado ningún apoyo por parte del Programa de Seguimiento a Deportistas en Formación y Desarrollo hacia el Alto Rendimiento (PRODEFAR), el programa que vino a suplir las Academias Deportivas Nacionales.

Según el Informe, no se reportan avances para este indicador, ya que no se otorgó ningún apoyo directo por la Conade, pues a partir de 2022 los Órganos Estatales de Cultura Física y Deporte son los encargados de dar seguimiento a deportistas para su iniciación y desarrollo hacia el alto rendimiento. Hay que notar que esta transferencia de responsabilidades a los estados no ha venido acompañada de mayores recursos asignados a las entidades.

De hecho, se ha visto una mayor centralización de los recursos ejercidos por la Conade: en el sexenio pasado el 59% del gasto de la Comisión se ejerció en la Ciudad de México, pero de 2019 a 2022 lo ha hecho el 80%. En otras palabras, el desarrollo de prospectos de alto rendimiento ha sido efectivamente abandonado por la Federación.



¿Qué podemos esperar para el siguiente año? La respuesta corta es: en el mejor de los casos, los mismos resultados. Es decir, que aún no se recuperen los niveles alcanzados en el sexenio anterior. Con la aprobación del PEF 2024 no se presentaron cambios en el presupuesto de la Conade; se aprobó un presupuesto por 2.6 mmdp, lo que representa un crecimiento real de apenas 0.1% (2.8 mdp) frente al monto aprobado para este año.

Si comparamos con el gasto ejercido en promedio de 2013 a 2018, el presupuesto aprobado tiene un fuerte recorte de 51.7% (2.8 mmdp). El programa con mayor recorte es el de Cultura Física y Deporte, el cual tiene una caída de 41% (1.3 mmdp) frente al mismo periodo de comparación, mientras que la atención al deporte presenta un recorte de 35% (348.2 mdp).



En el peor de los casos, podríamos estar viendo recortes a la Conade durante el transcurso de 2024. No sería raro: entre 2022 y 2020 se reportaron recortes por 18% o (547 mdp) en su presupuesto, esto sin considerar las recientes demandas de recursos para la recuperación de Acapulco, el proceso electoral, o la necesidad de no superar el endeudamiento aprobado, lo cual podría meter presión a rubros del presupuesto como el de la Conade.



4. Gasto contra desastres, antes de Otis

Antes del impacto de Otis en octubre de 2023, los recursos dedicados a la reconstrucción de infraestructura ya habían sido azotados por recortes presupuestarios: al tercer trimestre el gasto fue de sólo 5.7 mmdp, el más bajo registrado en el sexenio. El retroceso institucional y presupuestario ya era un hecho cuando llegó el huracán a Guerrero.

Pese a que en 2023 el presupuesto para atender desastres consecuencia de fenómenos naturales dentro del Ramo 23 fue de 17.3 mmdp, 79% (7.5 mmdp) superior al aprobado en 2022, al tercer trimestre sólo se había ejercido el 33% de estos recursos. Como lo explicamos en “Tormenta fiscal: sin Fonden ni ingresos”, la mala recaudación del Gobierno provocó un recorte de 24% (4.1 mmdp) de los recursos para atención de desastres, frente al presupuesto aprobado. Con todo que el presupuesto modificado para 2023 (13.2 mmdp) sigue siendo mayor al de 2022, simplemente no hay mejoras en el gasto.

A septiembre, el gasto para atender desastres fue de 5.7 mmdp, 4% (246 mdp) menor al observado en el mismo periodo de 2022, y 74% (16.6 mmdp) menor al promedio del sexenio pasado. A pesar del recorte total, el gasto enfocado a la reconstrucción de infraestructura llegó a 4.5 mmdp, 103% (2.3 mmdp) superior al observado en 2022. Esta aparente contrariedad se debe a que en 2022 el gasto para atender este tipo de desastres fue impulsado por el ejercicio de 2.6 mmdp para la compra de enseres domésticos para la población afectada por fenómenos naturales. En 2023 no se reporta este tipo de gastos.

Es positivo que dentro del gasto para atender este tipo de desastres se le esté dando mayor prioridad a la reconstrucción de infraestructura, ya que ésta favorece la recuperación sostenible de las comunidades afectadas, además de que su uso clientelar se complica. Además, es destacable que la proporción del gasto en reconstrucción en 2023 representó el 80% del total, cuando en el  sexenio pasado promedió 72%. No obstante, en términos absolutos el gasto en reconstrucción al mes de septiembre fue 72% (11.4 mmdp), inferior al observado en el sexenio pasado.



El menor gasto en reconstrucción de infraestructura ha afectado a unos sectores más que a otros: de 18 sectores económicos que de forma recurrente recibían recursos para la reconstrucción, sólo seis recibieron recursos en 2023; es decir, 12 no obtuvieron financiamiento. Se destaca el sector educativo, que en el sexenio pasado recibió 1.6 mmdp en promedio al tercer trimestre y que este año no recibió recursos, o el sector hidráulico, que antes recibió 4.1 mmdp, pero este año está olvidado. Asimismo, se destaca negativamente el sector salud, que no ha recibido recursos en 2023, pero que en el sexenio pasado recibía 54 mdp en promedio al tercer trimestre.

Incluso los sectores que siguen recibiendo presupuesto para la reconstrucción este año se han visto mermados con recortes. El sector carretero tiene un recorte de 71% (5 mmdp) frente al promedio, y el de vivienda de 99% (971 mdp). Los pocos sectores beneficiados son el de cultura, que este año ha recibido 1.9 mmdp, más de 14 veces lo que obtuvo en el sexenio pasado por acciones de reconstrucción de monumentos arqueológicos. De igual forma, el sector naval ha recibido 301 mdp, 10% (28 mdp) más que el promedio del sexenio pasado.

Finalmente, hay que destacar que luego de la desaparición del Fonden en 2021, se perdió la transparencia en cuanto al reporte de gasto por entidad federativa. Tanto en 2022 como en 2023 la Secretaría de Hacienda no ha reportado dónde ejerce los recursos de atención a desastres naturales, por lo que no es posible evaluar cuáles son los estados ganadores y perdedores durante esta transición.



5. Las finanzas estatales, asediadas por subejercicios

Al tercer trimestre el Gasto Federalizado aún no recupera los niveles que tenía antes de la pandemia y del inicio del sexenio, debido a decisiones discrecionales por parte del Gobierno federal y al retraso de los ingresos tributarios. Los impactos más graves se han sorteado al contratar 50 mmdp en deuda a través de fideicomisos, postergando la resaca financiera para el futuro.

Al mes de septiembre las Aportaciones a las entidades federativas ascendieron a 898.3 mmdp, lo que representa un crecimiento real de 2.7% (23.3 mmdp) frente al mismo periodo del año anterior. Llegaron así a un nivel no visto desde 2008. No obstante, frente al programa anual las Aportaciones exhiben el segundo peor retraso en el ejercicio del gasto en el sexenio: el subejercicio al mes de septiembre asciende a 136.4 mmdp, o 15.2%. 

De forma recurrente las Aportaciones sufren retrasos; sin embargo, estos subejercicios se han incrementado durante el sexenio. Por ejemplo, durante el sexenio de Peña Nietio los subejercicios que se presentaron al tercer trimestre promediaron 39.3 mmdp, mientras que con AMLO aumentaron a 46.6 mmdp, lo que implica un crecimiento de 18% o 7.2 mmdp del subejercicio.



Las Participaciones, por su parte, ascendieron a 898.3 mmdp al tercer trimestre, lo que representó un crecimiento real de 5.2% (35.2 mmdp) frente al mismo periodo del año anterior, hilando así tres años consecutivos de crecimiento (esto después de haberse desplomado durante la pandemia de covid-19). Frente a 2018, las Participaciones presentan un crecimiento de 6.6% (55.7 mmdp).

De igual forma, a pesar del crecimiento observado a septiembre, no se gastó en Participaciones lo que se tenía programado para el periodo, puesto que se habían programado 1.03 billones de pesos en este concepto, dando como resultado un subejercicio de 136.4 mmdp o 15.2%, uno de los más altos del sexenio. 



Por otro lado, los recursos para protección social en salud que transfiere la Federación a los estados cayeron 11.25% (6.3 mmdp) frente al año anterior. Esto ubica al Gasto Federalizado para salud en su nivel más bajo al tercer trimestre, desde que se tiene registro en 2012. A su vez, los subsidios del Ramo 23 cayeron 2.5% (0.4 mmdp) frente al mismo periodo, el segundo nivel más bajo del sexenio, debido a un recorte discrecional por parte del Gobierno federal.

En conjunto, el Gasto Federalizado ascendió a 1.8 billones al tercer trimestre, lo que representó un crecimiento real de 3.6% (62.5 mmdp) frente al mismo periodo del año anterior. A pesar del incremento anual, este gasto, como decimos, aún no recupera los niveles previos a la pandemia, e incluso está por debajo de lo que se transfería a los estados en 2018. Al mes de septiembre, el gasto federalizado está 2.9% (53.2 mmdp) por debajo de lo que se transfirió en el mismo periodo en 2018, lo cual se explica, principalmente, porque los subsidios del Ramo 23 se encuentran 87% (102.7 mmdp) por debajo del mismo periodo de comparación. 



El comportamiento del Gasto Federalizado depende en gran medida, según hemos visto, de cómo se encuentra la Recaudación Federal Participable (RFP). Al tercer trimestre, ésta ascendió a 3.3 billones de pesos, lo que representó un crecimiento real de 4.8% (151.2 mmdp) frente al mismo periodo del año anterior, hilando tres años consecutivos de incremento (esto, después de la caída que se observó durante la pandemia en 2020). 

Sin embargo, aun con este crecimiento, ha bajado el desempeño de la RFP frente a periodos pasados, debido, principalmente, al efecto que tienen el superpeso y la disminución del DUC sobre los ingresos petroleros de los estados. Esta caída se hace presente en el avance trimestral que tiene la RFP frente a lo programado anualmente. En años anteriores, la RFP promedió un avance de 80.6% al tercer trimestre; sin embargo, durante este año el avance descendió a 74.7%, siendo el segundo más bajo del sexenio. 



Con la caída en el desempeño de la RFP, y el retraso en las Participaciones al tercer trimestre del año, se tendrían que estar viendo transferencias del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), para compensar estos retrasos. Sin embargo, al mes de septiembre, este fondo no cuenta con recursos suficientes para compensar retrasos o caídas en las Participaciones y Aportaciones: sus recursos ascendieron apenas a 23.9 mmdp, esto es, 79.6% (91.9 mmdp) por debajo del monto que se tenía en septiembre de 2019.

Con todo, los estados no se han quejado ostensiblemente sobre los retrasos en las Aportaciones y Participaciones. Entonces, ¿cómo se están compensando estos retrasos? Todo parece indicar que el Gobierno sí está transfiriendo recursos de compensación, pero no a través del FEIEF, sino a través del fideicomiso CIB/3484.

El fideicomiso CIB/3484 se creó en agosto de 2020, con el objetivo de compensar la caída en las Participaciones a los estados, derivada de la crisis por la covid-19. El fideicomiso nació con una deuda de alrededor de 80 mmdp, contratada mediante créditos bancarios. Los recursos de la deuda serían utilizados para compensar las transferencias de los recursos federales. 

Si bien durante 2021 y 2022 no se añadieron nuevos créditos al fideicomiso para compensar las transferencias federales, durante este año se adquirieron otros 50 mmdp en deuda, para poder potencializar los recursos a los estados.

El tema con estos 50 mmdp que fueron solicitados mediante el fideicomiso es que son recursos levantados mediante crédito bancario, los cuales devengan intereses a una sobretasa que es aplicada sobre la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE). Esta sobretasa va desde 1.0% a 1.83% sobre la TIIE de 11.24%. En otras palabras, los recursos que se han solicitado para financiar los retrasos en el Gasto Federalizado estarán pagando intereses por encima de las tasas de mercado, mismos que se estarán pagando hasta 2035.

La falta de transparencia en torno a los recursos del fideicomiso es un problema adicional en este esquema complementario para financiar las transferencias a los estados. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, estos recursos son transferidos a los estados a través de Banobras, por lo que no se registran como Gasto Federalizado, y tampoco como salidas del FEIEF. De igual manera, las entradas, salidas y saldo del fideicomiso no se encuentran disponibles, al estar el fideicomiso a cargo de CIBanco. 


 


[1] DOF. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para regular el Sistema de Salud para el Bienestar.

[2] Previo a 2016 no se cuenta con datos trimestrales del programa IMSS-Prospera del Ramo 19, por lo que el promedio sexenal se construye con datos de 2016 a 2018.

[3] Cuenta Pública 2022. Informe del Auditor externo. Recuperado de: https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2022/tomo/VIII/52TYY.05.DAR.pdf

[4] Resultado al tercer trimestre, Pemex 2023. https://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados/Reporte%203T23.pdf

[5] Los condensados son hidrocarburos que se encuentran en forma de gas en los yacimientos de petróleo, pero que al contacto de la temperatura ambiente se transforman en un líquido ligero. Pemex comenzó a contabilizar la producción de condensados dentro de su monto global de producción petrolera a partir de 2018, lo que le ayudó a disimular la caída en su producción tradicional de crudo. El problema con esta modificación es que los estimados de producción petrolera de la SHCP y los reportados por Pemex ya no son comparables con años anteriores.

[6] De acuerdo con el balance presupuestal de Pemex, el balance operativo es ingreso corriente menos gasto de operación, operaciones ajenas (netas) y mercancía para reventa. No confundir con el Balance de Operación, que son los ingresos propios menos el gasto programable. El balance primario es igual al balance operativo menos el gasto de inversión.

[7] El balance financiero, considera los ingresos totales, menos los gastos totales, incluyendo el pago de servicios de la deuda y de impuestos.

[8]Para más información puede consultarse nuestro análisis “El empobrecimiento de las empresas públicas”, disponible en: https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2023/07/14/el-empobrecimiento-de-las-empresas-publicas/

[9] Los datos del Fondo Mexicano del Petróleo se publican con un mes de retraso respecto de los datos de Hacienda.

El empobrecimiento de las empresas públicas

Al inicio del sexenio el rescate de las empresas públicas fue planteado como un objetivo político de primera importancia. Sin embargo, la realidad es que tanto la CFE como Pemex estarán empequeñecidas cuando un nuevo gobierno entre en funciones, debido a un incremento de su deuda y un desplome de sus activos.

Al cierre de 2022 el patrimonio de la CFE ha caído en 21.6% (188.1 mmdp), respecto al cierre del sexenio anterior. Esto implica que la empresa ha perdido capacidad para generar electricidad con tecnologías no contaminantes y para vender electricidad con tarifas amigables para la economía familiar, sin dependencia de subsidios. Por su parte, el patrimonio de Pemex ha caído 0.6% (10.8 mmdp), lo que la convierte en una empresa más chica, endeudada y con menor capacidad productiva, que seguirá siendo un pozo sin fondo de recursos federales. Este debilitamiento de las empresas públicas obligará al Gobierno a seguir otorgándoles subsidios, lo que restará recursos para atender servicios de salud, educación o seguridad pública.

Te contamos cómo los planes del rescate terminaron disminuyendo la solvencia de las empresas públicas:

CFE: más endeudada y con un bajo ritmo de inversión

Pasivos

En el sexenio de Peña Nieto los pasivos de la CFE se encontraban ligeramente diversificados: entre 2013 y 2018, los pasivos de largo plazo representaron en promedio 36%, mientras que los de corto plazo alcanzaron el 5%. Esto nos habla de una estrategia de financiamiento blindada ante movimientos en la tasa de interés, con miras a reducir el impacto de la volatilidad de los mercados financieros sobre los pasivos de la empresa. El restante 58% de los pasivos estaban registrados dentro del concepto de ‘otros pasivos’, que incluyen, principalmente, pasivos contingentes o de largo plazo como el pago de pensiones, los cuales abordaremos más adelante.

Sin embargo, durante el sexenio pasado los pasivos totales se incrementaron, principalmente, por los cambios realizados al esquema de pensiones de la energética, entre los cuales se encuentran el reconocimiento de antigüedad a trabajadores eventuales al momento de ser contratados y el otorgamiento de aumentos salariales por encima del promedio nacional. Estos cambios se tradujeron en el reconocimiento, en 2014, de 42 mil jubilados[1], lo cual implicó que al año siguiente se registrará un pasivo laboral de 564 mmdp, aumentando en 98% (532 mmdp) en términos reales el concepto de ‘otros pasivos’.

Sin embargo, Hacienda no dejó sola a la energética, y en 2016 anunció a través del Diario Oficial de la Federación que asumiría 230 mmdp[2] de los pasivos generados por el cambio en el esquema de pensiones. Esto ayudó a que a finales de ese año se redujera el concepto de ‘otros pasivos’ en 37% (397 mmdp) en términos reales. A partir de ese momento, los pasivos de la CFE siguieron un comportamiento tendencial, con disminuciones en la provisión para el pago de pensiones, principalmente.



Con la entrada del gobierno de López Obrador, se anunciaron una serie de medidas para rescatar a la energética de un posible endeudamiento insostenible, a pesar de que los pasivos de la empresa venían disminuyendo. Entre las medidas con mayor impacto sobre los pasivos se cuentan las renegociaciones de contratos de arrendamientos de gasoductos, por los cuales se transporta el principal insumo para la generación de electricidad[3].

El efecto inmediato de tal renegociación fue que los pasivos totales de la empresa se incrementaron en un 50% en términos reales (finales de 2019), lo cual equivale a 605 mmdp. Para entender este incremento, debemos explicar cómo se registran los arrendamientos bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIF).

Un arrendamiento financiero es un contrato que le cede al arrendatario el derecho de uso de un activo –en este caso, la CFE como arrendatario adquiere el derecho de uso de gasoductos–, pero debe registrar como un pasivo el valor presente de los pagos futuros que debe realizar por la renta del activo, sin importar si al final del periodo compra o no el activo. En otras palabras, la renegociación en el uso de gasoductos provocó un incremento en los pasivos por arrendamiento, los cuales se registran en la Cuenta Pública en el rubro de ‘otros pasivos’ de largo plazo. Así, dicho rubro aumentó 126% (765 mmdp) en 2019, incrementando considerablemente su participación en la acumulación de pasivos de la empresa. Entre 2018 y 2019, este concepto pasó de representar 50% a hacerlo en un 76%. Dicho de otro modo, la CFE salió perdiendo financieramente con la renegociación de los gasoductos.

Un segundo factor que explica el aumento de los pasivos tiene que ver con el hecho de que en agosto de 2020 se revirtieron los cambios realizados en 2016 en el Contrato Colectivo de Trabajo. Como hemos analizado anteriormente, el resultado de esto fue que al cierre de 2020 aumentara en 10% (48.5 mmdp) el pasivo laboral de la empresa, mientras que el costo de las obligaciones laborales presentó un incremento de 236% (89.5 mmdp).

De esta forma, y según los estados financieros de la empresa, durante el sexenio de AMLO el 65% de los pasivos ha estado concentrado, en promedio, en dos conceptos:1. los pasivos por arrendamientos, que han representado el 38% de los pasivos totales para el mismo periodo, y 2. la carga de las pasivos pensionarios, que ha representado el 27% en promedio entre 2019 y 2022 (y que vienen en aumento: al cierre de 2022 los pasivos por pensiones aumentaron 9% [36.5 mmdp] frente a 2019).

Por último, se ha comenzado a verificar presión sobre los pasivos por parte de las deudas de más corta disposición, como la deuda con proveedores. En los estados financieros de la CFE se lee que al inicio del sexenio los pasivos a corto plazo con proveedores disminuyeron en un 45%, al pasar de 85.7 mmdp a 46.9 mmdp entre 2018 y 2019. Sin embargo, en los últimos años se revirtió esta tendencia: pasaron de 43.6 mmdp en 2020 a 76.3 mmdp en 2022. El aumento de la deuda con proveedores podría comenzar a meter presión de liquidez a la empresa, teniendo en cuenta que ésta lleva dos años seguidos con cierres en números rojos.



Activos

Durante la administración de EPN, los activos totales de la empresa lograron aumentar 37.3% (564 mmdp), principalmente a causa del incremento que se dio en los activos no circulantes –relacionados con la infraestructura y maquinaría de la empresa–, que crecieron 41% (531 mmdp) entre 2013 y 2018. Parte del incremento en las inversiones en bienes de capital se dio como resultado del Programa de Aceleración del Crecimiento[4], el cual tuvo la finalidad de potencializar el crecimiento económico, después de que a finales de 2013 se observara una importante desaceleración en la economía mexicana[5].

En este contexto, se comenzaron a realizar inversiones en sectores estratégicos como el energético, lo que se tradujo en una tasa de crecimiento promedio de los activos no circulantes de la CFE de 8% entre 2013 y 2018, impulsado principalmente por el incremento en los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso. En 2013, el valor de tales activos era de 1.5 billones de pesos y para el cierre de 2018 el valor ascendió a 2,319 mmdp, lo cual representa un crecimiento real de 54% (815 mmdp).



Con la entrada del gobierno de AMLO se observó un incremento real de 26% (532.7 mmdp) en los activos totales de la energética, principalmente por las ya mencionadas renegociaciones de los contratos de gasoductos que, como se ve, no sólo redundaron en un incremento de pasivos.

Según los estados financieros de la CFE, la renegociación de contratos se reflejó en un aumento real de 25% (474.2 mmdp) en los activos no circulantes de la empresa, como resultado del registro de 588 mmdp de activos por uso de derechos de los arrendamientos de gasoductos. Sin embargo, tal incremento de activos (588 mmdp) fue inferior al aumento de los pasivos (765 mmdp), por lo que la operación en realidad implicó un mayor pasivo.

Además, con todo y discurso oficial a favor del fortalecimiento de la CFE, la evidencia es que se han caído los activos relacionados con la infraestructura y maquinaría de la empresa: tan sólo al cierre de 2019, el valor de los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso cayó 5% (112 mmdp) con respecto al año anterior. Según la Cuenta Pública, para el cierre de 2022 el valor de estos activos es 16% menor al observado en 2018, lo cual representa una caída de 363 mmdp.



Durante el presente sexenio las inversiones no han sido suficientes para incrementar la capacidad productiva de la empresa. Éstas han consistido, mayormente, en operaciones contables como revaluaciones efectuadas al equipo e infraestructura en las redes de transmisión[6], lo cual no implica necesariamente un incremento en la productividad de la energética y/o mejora en el equipo productivo. Es más: a pesar de que durante 2019 y 2020 la inversión física aumentó, esto no se vio reflejado en un incremento de los activos de la energética: la depreciación y deterioro del equipo hace que en conjunto caiga el valor de la infraestructura. Peor aún, después de 2020 la inversión presupuestaria retrocedió, evaporando el aumento que se había dado al inicio del sexenio: la caída en los dos últimos años suma 1.02 billones de pesos, lo cual evapora el aumento de 758 mmdp que se observó entre 2018 y 2020.

Patrimonio

El desempeño de la CFE a lo largo de la última década se refleja en un deterioro de su patrimonio neto –el cual es resultado de la diferencia entre los activos y pasivos totales–, e indica un retroceso en el manejo de la empresa, su solvencia y capacidad de pago.

Entre 2013 y 2018, el patrimonio de la empresa se vio afectado, principalmente, por los cambios en el régimen de pensiones de la CFE. Como ya explicamos, en 2015 se reconoció un pasivo laboral sin que hubiera un aumento en los activos, lo cual hizo que cayera 73% el patrimonio neto de la empresa. Un año después, el patrimonio comenzó a recuperarse. Tan sólo entre 2015 y 2018 el patrimonio neto aumentó 350%, al pasar de 190 mmdp a 871 mmdp. Esta recuperación se dio como resultado del compromiso de Hacienda con la CFE, ante las medidas para reducir el pasivo laboral. Además de que la autoridad hacendaria asumió parte del pasivo laboral de la CFE, aportó 322.1 mmdp para capitalización directa de la empresa[7], fortaleciendo su patrimonio.

Después de tres años seguidos de recuperación del patrimonio, el cual venía creciendo a una tasa promedio de 6.2% (principalmente porque los pasivos estaban controlados y los activos se veían fortalecidos por las políticas de inversión), comenzó la gestión del nuevo gobierno con una caída de 8.3% (72.5 mmdp). A partir de 2018, los pasivos totales de la empresa crecieron a una tasa mayor que los activos, debilitando el patrimonio de la empresa: entre 2019 y 2022, los activos crecieron a una tasa promedio de 5%, mientras que los pasivos lo hicieron a una tasa de 13%.

El hecho de que los pasivos crezcan a una tasa mayor que los activos se traduce en desahorro para la empresa. En 2021, el primer año en que la CFE cerró con números rojos, se dio un desahorro por 127 mmdp, monto que no se había visto desde 2015, cuando se reconoció el pasivo pensionario. En nuestro Erario Anual de 2021 analizamos cómo el abandono fiscal de la CFE llevó a la empresa a tener su peor resultado financiero desde 1990, desde que hay datos disponibles.

El desahorro total acumulado entre 2020 y 2022 suma 254 mmdp, que es 54% mayor al desahorro generado durante el sexenio de EPN en sus primeros tres años de gestión. Esto da como resultado que para el cierre de 2022 el patrimonio neto se ubicara en su peor nivel desde 2015: 682 mmdp, lo cual representa una caída real de 21.6% (188 mmdp) respecto al cierre del sexenio anterior.

Esto además implica que la CFE ahora es menos solvente que en el sexenio anterior. La razón de solvencia[8] durante el gobierno de EPN fue en promedio de 0.63, lo que implica que de cada peso de activo se contaba con obligaciones por 63 centavos, mientras que con AMLO esta razón subió a 0.71: por cada peso de activo ahora se cuenta con obligaciones por 0.71 centavos.



Pemex: un barco a la deriva

Activos

El desempeño de Pemex durante el sexenio de EPN estuvo marcado por una débil acumulación de los activos, sin poder mantener una racha de crecimiento. En promedio, los activos totales de la empresa gravitaron sobre los 2,800 mmdp, exceptuando 2016, año en que se observó un crecimiento real de 15% (611 mmdp) en su infraestructura, lo cual se reflejó en el aumento esporádico de los activos. Sin embargo, para el final del sexenio el tamaño de la empresa, medido por el valor de los activos, únicamente creció 4.6% (108 mmdp) entre 2013 y 2018.



El estancamiento en los activos de la empresa se debe a dos motivos: 1. las inversiones no fueron suficientes para mantener un ritmo de constante acumulación en sus activos productivos (en promedio, durante este periodo, no hubo crecimiento en los bienes inmuebles e infraestructura), y 2. el ritmo constante en la depreciación y deterioro de los activos físicos de la empresa: entre 2013 y 2018, la depreciación de activos avanzó a un ritmo promedio de 4% anual.

Si con EPN la tendencia era de estancamiento en el crecimiento de la empresa, con AMLO esta tendencia se agravó, hasta verificarse como un achicamiento de su tamaño: según la Cuenta Pública de la petrolera, al cierre de 2022 los activos totales de la empresa fueron 10.5% (281.5 mmdp) menores a lo observado al cierre de 2018. Esto implica que han caído a un ritmo promedio de 2.7% anual.

Esta caída se explica, de nuevo, con el hecho de que las inversiones no han sido suficientes para poder contrarrestar el efecto que tiene la depreciación de los activos sobre el valor del capital de la empresa: en los últimos cuatro años el valor de los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso ha crecido a un ritmo promedio anual de 1.2% (213 mmdp), mientras que la depreciación y deterioro de bienes lo ha hecho a un ritmo de 4.8% (513 mmdp). Como vemos, el problema de depreciación de activos se ha agravado, al tiempo que no se ha presentado un paquete de inversión focalizado que permita incrementar la acumulación de activos de la empresa.

Pasivos

En materia de endeudamiento, el sexenio de EPN puede enmarcarse en un crecimiento exponencial de los pasivos. Entre 2013-2018, la deuda financiera más otros pasivos de la petrolera crecieron a un ritmo promedio anual de 13.8%. Tan sólo al cierre de 2018, éstos crecieron 91% (2,175 mmdp) frente a 2013. El aumento se dio tanto en la deuda financiera como en otros pasivos que incluyen la carga de las provisiones pensionarias de la empresa.



Entre 2013 y 2018, la deuda financiera creció a un ritmo promedio anual de 15.8%, impulsada por la acumulación de la deuda externa, la cual creció a un ritmo de 17.8%. Para el cierre del sexenio, la deuda externa de la petrolera aumentó 127% en términos reales (1,307 mmdp) respecto a 2013.

El aumento de la deuda externa responde, por una parte, a la depreciación del tipo de cambio que se dio durante el sexenio de EPN. Desde el inicio de ese periodo el 80% de la deuda se encontraba denominada en monedas extranjeras (según los estados financieros de la entidad, el tipo de cambio utilizado para realizar sus transacciones en 2013 fue de 12.77 pesos por dólar). Para el cierre de 2018, éste se encontraba en 19.24 pesos, lo que representa una depreciación de 50.7% de nuestra moneda.

El otro factor determinante en la acumulación de deuda externa de Pemex fue el deterioro de su déficit financiero, que entre 2013-2014 se salió de control, al crecer 258% (144 mmdp). Para 2015 continuaba creciendo a una tasa de 7% anual (14.9 mmdp). Con el fin de frenar el aumento del endeudamiento, Hacienda duplicó las transferencias que hace a la entidad a través del presupuesto: en 2016 estas transferencias crecieron 161% (141 mmdp) en términos reales, ascendiendo a 229 mmdp.



La disminución de la deuda financiera y de los pasivos de Pemex le ha salido muy cara al erario público, sin que se verifiquen resultados claros en la disminución de su deuda total. Si bien del cierre de 2018 a de 2022 la deuda financiera y los pasivos de la petrolera disminuyeron 5.9% (270 mmdp), en total se han aportado 772 mmdp en transferencias durante los últimos cuatro años. A continuación te contamos cuáles han sido los factores que explican este barril sin fondo.

El limitado efecto que se ha observado en la disminución de la deuda total y pasivos de la petrolera se debe a que hay más de un componente que mete presión. En primer lugar están las pensiones: al cierre de 2019, el pasivo pensionario de largo plazo se incrementó 29.4% (410 mmdp), lo que contrarrestó el efecto de las transferencias y aumentó los pasivos totales de la petrolera. Debido a esto, en 2019 las obligaciones financieras de la empresa crecieron 6.1% (281 mmdp), frente al año anterior.

En segundo lugar, la crisis internacional obligó a Pemex a abrir la llave del endeudamiento: para finales de 2020, la empresa volvió a caer en un déficit financiero por 133 mmdp, provocado por el derrumbe del precio del crudo, la depreciación del peso y la caída en la demanda mundial de petróleo, lo cual no se resarció mediante transferencias por parte del Gobierno federal. El efecto de la crisis económica y sanitaria por la covid-19 llevó a las obligaciones financieras de la paraestatal a un máximo de 5.2 mmdp, lo cual no se había observado en la última década.

Como resultado de los constantes déficits de la empresa, así como del manejo incierto de la política energética del país, dos agencias calificadoras degradaron la calificación de la nota crediticia de Pemex. Esto provoca que en el mercado financiero sea más costoso e incluso inviable conseguir financiamiento, debido a que aumenta el riesgo de incumplimiento por parte de la empresa. En respuesta,para ayudarla a no tener problemas de pago de deuda durante 2020 y ofrecerle un respiro de liquidez, Hacienda decidió realizar una operación de canje de bonos.



En efecto, la SHCP otorgó a Pemex bonos para realizar una operación de reporto[9], y de esa forma conseguir el financiamiento para pagar sus obligaciones. Esto funcionó así: Hacienda otorgó a Pemex Bonos Gubernamentales de Largo Plazo; tras tenerlos acudió al mercado financiero para monetizarlos, es decir, intercambiarlos por efectivo. Según la Cuenta Pública, Pemex obtuvo en efectivo 95 mmdp, los cuales debe pagar en tres años (es decir, este año) a una tasa de 8.5%. Con estos recursos Pemex logró cumplir con sus obligaciones, pero en sus pasivos se registró la deuda por 96 mmdp de la monetización de los bonos, lo cual formó parte del 40% del incremento que se observó en el pasivo total de la empresa en 2020.

A partir de este año, se observa una menor presión en las obligaciones financieras de la petrolera. Al cierre de 2022, la deuda financiera, más otros pasivos de la entidad, disminuyeron 17.4% (908 mmdp). Esto se debe, de nuevo, a las transferencias de Hacienda, que para 2021 aumentaron 555% (308 mmdp) en términos reales, lo que ayudó a que se volviera a dar un superávit financiero por 74 mmdp, cerrando la llave del endeudamiento.Con esta ayuda, la deuda financiera cayó 5% (126 mmdp) con respecto a 2020. No obstante, a pesar de todos los apoyos otorgados a la paraestatal, su patrimonio sigue en declive.

Patrimonio

Pemex lleva casi una década con un patrimonio negativo. Prácticamente desde 2013 las pérdidas y deudas se han comido el valor de la empresa. En la última década sus pasivos totales han sido mayores que los activos, lo que ha generado un patrimonio neto negativo (es decir, las deudas son mayores que los recursos con los que cuenta la empresa). Esta tendencia se observó desde el inicio del sexenio de EPN, a partir del cual se encadenaron dos años consecutivos con un patrimonio deficitario. Y es que las deudas de la empresa comenzaron a crecer sin que se reflejarán en un aumento en los activos o recursos propios de la empresa: tan sólo entre 2013-2015, el pasivo total de la empresa creció a un ritmo promedio anual de 37.9%, mientras que los activos totales lo hicieron a un ritmo de 0.4%.



Durante el sexenio de Peña el único año en que el patrimonio neto resultó ser positivo (esto es, que los recursos propios de la empresa fueran mayores que sus pasivos) fue 2016. Sin embargo, esto no fue necesariamente resultadode un buen desempeño de la empresa, sino más bien de las cuantiosas aportaciones que realizó el Gobierno a su patrimonio. La primera aportación directa fue por 26.5 mmdp. La segunda fue por 135 mmdp directo al patrimonio de Pemex, como resultado de la asunción por parte de Hacienda de 184.2 mmdp del pago de pensiones y planes de jubilación de la paraestatal[10]. Esto ayudó a que las operaciones de Pemex resultaron en un ahorro por 108 mmdp, que a su vez provocó que su patrimonio neto se colocara en números verdes.

Sin embargo, a partir de 2016 las deudas volvieron a comerse los activos de la empresa, para encadenar cinco años consecutivos con déficit en el patrimonio neto. En los dos últimos años de la administración de Peña Nieto, los activos de la empresa cayeron a un ritmo promedio anual de 10.5%, mientras que los pasivos lo hicieron a un ritmo de 5.5%. O sea, que si bien las deudas estaban disminuyendo, los recursos de la empresa caían de manera más acelerada. Al cierre de 2018 los pasivos eran 544 mmdp menores en comparación con el cierre de 2016, pero los activos eran 668 mmdp inferiores en la misma comparación.

Si con Peña Nieto los pasivos crecieron más rápido que los activos de la empresa, con AMLO se ha invertido el problema: tanto los activos como los pasivos están cayendo, pero los primeros caen más rápido que los segundos. En otras palabras, la empresa pierde valor más rápido que sus deudas. El resultado: sigue perdiendo patrimonio.

Comparando los datos al cierre de 2022 con los del cierre de 2018, los activos totales de la empresa disminuyeron a un ritmo promedio anual de 2.7%, mientras que los pasivos totales lo hicieron a un ritmo de 1.5%. Para el final del periodo, los activos de la petrolera fueron 10.5% (282 mmdp) menores, y los pasivos lo fueron por 5.9% (271 mmdp). Lo que ha logrado el esfuerzo en los últimos dos años por disminuir los pasivos de Pemex es empequeñecer la empresa, con respecto a sus obligaciones financieras. El resultado: en cuatro años de gobierno de AMLO el patrimonio neto ha sido deficitario, generando un desahorro por 1.2 billones de pesos al cierre de 2022.

Además, estas obligaciones financieras se han hecho más pesadas: durante el sexenio de Peña Nieto la razón de solvencia fue en promedio de 1.5, lo que implica que de cada peso de activo de la empresa se tenía una deuda de un peso con 50 centavos. Con AMLO esta relación subió a dos; es decir, por cada peso de activo se cuenta con una deuda de dos pesos; deteriorándose la solvencia de la empresa.

Conclusión

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se planteó como objetivo el rescate del sector energético. Esto implicó el ‘levantamiento’ de Pemex y CFE para que operaran como palancas del desarrollo del país, a través de modernizaciones en sus infraestructuras que las convertirían en empresas más productivas. Sin embargo, para el cierre de 2022 los datos muestran una historia totalmente diferente. Por un lado, la CFE es una empresa más endeudada y con inversiones que no son suficientes para mantener un ritmo de acumulación en sus activos. Por ello, estamos muy lejos de contar con una energética moderna y eficiente que pueda ofrecer tarifas más bajas para la población. Sin la acumulación de infraestructura y equipo, difícilmente se podrá lograr dotar de electricidad a las pequeñas comunidades aisladas que aún no cuentan con este servicio básico. Más aun, y como lo ha documentado la ASF, parte de las inversiones han sido sólo movimientos contables, y no compra o creación de infraestructura eléctrica.

Por otro lado, todo apunta a que el actual gobierno dejará una empresa petrolera más chica y endeudada. Debido a que los esfuerzos por reducir los pasivos de la empresa también han implicado un empequeñecimiento de la misma, aun con la compra de la refinería Deer Park Pemex no da señales de una verdadera acumulación de infraestructura y equipo, mientras que las obligaciones financieras se hacen cada vez más pesadas. Lo peor es que se han duplicado las ayudas que recibe de parte del gobierno… Éstas representan un costo de oportunidad en el presupuesto, pues son recursos que bien podrían destinarse a rubros esenciales como la salud, la educación o la seguridad pública.

Nuestras recomendaciones:

  1. Realizar y publicar estudios de factibilidad de las nuevas inversiones de estas empresas, que ayuden orientar de manera objetiva los recursos hacia proyectos productivos que permitan incrementar su patrimonio.
  2. Realizar una reforma integral al sistema de pensiones de las empresas productivas del Estado. El objetivo: disminuir la presión ejercida por uno de los principales problemas en la estructura de pasivos de estos entes públicos.
  3. Analizar la factibilidad de orientar el portafolio de pasivos de Pemex hacia el mercado interno, con miras a disminuir la exposición de sus obligaciones a la volatilidad del tipo de cambio.
  4. Condicionar las transferencias financieras a Pemex para que, más que un apoyo, sirvan como un incentivo para el logro de objetivos trimestrales, lo cual, además, podría ayudar a mejorar la perspectiva crediticia de la entidad. Para ello, se tendría que dar seguimiento puntual y público de los ingresos, gasto y endeudamiento de proyectos claves de la estatal.
  5. Realizar y publicar una revisión de todos los proyectos de inversión de las entidades, con el objetivo de encontrar áreas de oportunidad que permitan mantener un ritmo de acumulación en los activos de las empresas.

[1] Senado, 2015. Boletín informativo. http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/22127-cfe-registra-pasivo-laboral-de-564-millones-52-mil-593-pesos-informa-la-asf.html?month=7&year=2015

[2] Cifra a precios de 2023.

[3] Según la CFE, las renegociaciones implicaron tarifas fijas en los contratos, eliminación de riesgos financieros y acuerdos equilibrados sobre casos fortuitos.

[4] SHCP, 2013. Cuenta Pública https://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2013/doc/t1/RGE.211.05.02.vd.pdf

[5] Las perspectivas de crecimiento pasaron de 3.5% a 1.8%, se estimó una reducción de 20 mbd para la producción de petróleo, así como una caída en el precio del crudo al pasar de 98 dpb a 86 dpb.

[6] ASF, 2021.Desempeño Integral de la Comisión Federal de Electricidad  https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2021_0047_a.pdf

[7] CFE, 2016. Reporte financiero anual. https://www.cfe.mx/finanzas/reportes-financieros/Informe%20Anual%20Documentos/Informe%20Anual%202016%20CFE.pdf?csf=1&e=eUcCiv

[8] La razón de solvencia puede ser interpretada como la inversa de la razón de endeudamiento, es decir: pasivos totales/activos totales, por lo cual una razón de endeudamiento más alta implica menor solvencia.

[9] Una operación de reporto es una transacción financiera en la cual una empresa que posee acciones o bonos los presta a cambio de efectivo, con el compromiso de re-comprarlos a un plazo establecido al precio original más una prima de riesgo o interés.

[10] Pemex, 2016. Estados Financieros Dictaminados. https://www.pemex.com/ri/finanzas/Resultados%20anuales/161231_EstFin_e.pdf