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Ahora la soberanía energética está más lejos que antes. Al cierre del sexenio, el Gobierno apoyó a Pemex con 2.2 billones de pesos, mientras la empresa reportó 1.8 billones de pérdidas tras seis años de ser “rescatada”.

En materia energética, la principal apuesta del sexenio anterior fue: 1) “rescatar” a Petróleos Mexicanos (Pemex), de las millonarias pérdidas en las que la empresa estaba hundida, y 2) buscar incrementar los niveles de producción con el fin de lograr la soberanía energética. Pero al cierre del sexenio, el Gobierno incurrió en incentivos perversos: destinó 2.2 billones de pesos en apoyos, mientras la empresa reportó 1.8 billones de pérdidas tras seis años de ser “rescatada”. Ahora la soberanía energética está más lejos que antes.

¿En qué consistió el rescate? 

Cuando terminó la administración de Enrique Peña Nieto (EPN), la petrolera mexicana contaba con deudas financieras con un valor de 4.8 billones de pesos. El tamaño de su pasivo era tan grande que incluso era mayor al valor total de la empresa (2.86 billones de pesos), por lo que en términos financieros se decía que la empresa estaba en bancarrota. Esto debido a que incluso vendiendo toda la empresa no podría pagar la totalidad de sus deudas. 

La decisión del sexenio anterior fue rescatar a la empresa mediante dos estrategias principales. Primero mediante las transferencias financieras a la empresa, que en otras palabras es la entrega directa de dinero a las arcas de la petrolera. Estas aportaciones tenían el objetivo de financiar la construcción de la refinería Dos Bocas, y rehabilitar las ya existentes; pero principalmente, de fortalecer la posición financiera de Pemex.

La segunda estrategia fue la reducción de la tasa del impuesto que debe pagar la empresa por el aprovechamiento del petróleo mexicano, pero también el “perdón” del pago de estos impuestos. Cuando el equipo de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió la empresa, ésta pagaba hasta el 65% por el Derecho de Utilidad Compartida (DUC), que es el principal impuesto que paga la empresa por la extracción y venta del petróleo mexicano. Sin embargo, para 2024 la tasa que paga se redujo hasta el 30%. 

Además de que ahora paga menos menos impuestos, Hacienda le permitió durante el sexenio aplazar su pago y, al mismo tiempo perdonarle otros impuestos. Por ejemplo, en febrero de 2024, le condonó los últimos tres meses de 2023 y en agosto de 2024 le perdonó el saldo del DUC de mayo a julio de 2024. Esto provocó que los ingresos petroleros exclusivos del Gobierno federal tocarán su peor nivel desde 1990, como lo explicamos en esta nota de investigación. 

En resumidas cuentas, la estrategia de la administración anterior fue, por un lado, darle dinero a la empresa para impulsar una mejoría productiva y financiera, y a la vez dejarle de cobrar impuestos para que la empresa se quede con mayores ganancias por el aprovechamiento del petróleo. Esta última estrategia resulta ser sumamente costosa al Gobierno, porque obtiene menos recursos para financiar otros gastos, como pueden ser salud, educación o seguridad pública. 

¿Cuáles fueron los resultados? 

Empezando por la parte de las deudas de la empresa, tenemos que, al cierre del sexenio anterior, Pemex continuó con una deuda por arriba de los 4.2 billones de pesos. Si bien se redujo en 12% (571 mmdp) frente al cierre de 2018, aún sigue siendo superior al valor de la empresa. En términos simples, después de seis años, Pemex sigue en quiebra técnica: incluso si se vendiera por completo, el dinero no alcanzaría para pagar todas sus deudas. La causa es que sus pasivos son 1.8 veces mayores que el valor total de la empresa. Para contextualizar, al cierre de 2018 esa deuda era 1.7 veces el valor de la empresa.

Pemex sigue en quiebra técnica porque los últimos seis años continuó generando pérdidas. Tan sólo en 2024, la empresa petrolera reportó pérdidas por 620 mmdp. Así, durante el sexenio anterior, las pérdidas totales de la empresa sumaron 1.8 billones de pesos. Esto representa prácticamente el 81% de los 2.2 billones que le otorgó el gobierno en apoyos fiscales. 

Paradójicamente, las principales pérdidas de Pemex provienen del segmento encargado de la refinación del petróleo, la principal apuesta del gobierno de AMLO. 

Pérdidas millonarias por una mala apuesta a la refinación

Si analizamos a Pemex por segmento de negocios, observamos que la refinación de petróleo es el negocio que ha generado más pérdidas durante el sexenio anterior, incluso generando más que en el sexenio de EPN.

Al cierre de 2024, Pemex Transformación Industrial (TRI), encargada principalmente de llevar a cabo la refinación de petróleo, reportó pérdidas por 585.8 mmdp, lo cual es 8.5 veces mayor a las pérdidas que reportó al cierre del sexenio de Peña Nieto. 

Las pérdidas de Pemex TRI reflejan las ineficiencias operativas en la refinación de petróleo, ya que los costos de producción superan significativamente los ingresos por la venta del producto refinado. A lo largo del sexenio, la subsidiaria operó con gastos superiores a sus ingresos, llegando en algunos casos a ser hasta un 14% mayores que sus ventas.

Los apoyos que se le otorgaron a Pemex TRI durante los últimos seis años no mejoraron la rentabilidad de refinar el petróleo mexicano. En vez de ir hacia una mayor rentabilidad por la refinación, esto generó más pérdidas que en el sexenio de EPN cuando se apostó más por reformas estructurales que incentivarán la competencia y con ello la eficiencia de la empresa. 

Pemex exploración y producción: incentivos que promueven las ineficiencias 

Otro de los eslabones en la cadena de valor del sector petrolero es la exploración y producción de petróleo crudo, en donde opera Pemex Exploración y Producción (EP). Esta subsidiaria se encarga principalmente de la exploración y extracción del petróleo crudo y otros hidrocarburos en el territorio nacional. 

Pemex EP fue el otro segmento de la cadena de valor objeto del “rescate”, que consistió en la reducción de los impuestos que paga Pemex EP. Esa estrategia operó como un incentivo perverso. En lugar de mejorar su eficiencia operativa, la subsidiaria incurrió en mayores costos respecto al sexenio de EPN. También produjo menos. Por ende, sus ingresos por ventas de petróleo también fueron menores. 

Para ayudar a Pemex, el Gobierno federal redujo el DUC, gravamen que se aplica directamente a la extracción de hidrocarburos, actividad que realiza Pemex EP.  Esta medida se tradujo en una caída del 80% (484 mmdp), en los impuestos totales pagados por la subsidiaria al cierre de 2024, frente a lo que pagó en 2018. En 2024 pagó tan solo 124.6 mmdp en impuestos, cuando en 2018 llegó a pagar 609 mmdp. 

La reducción de impuestos “infló” artificialmente las ganancias de Pemex EP, durante un par de años. En 2022 y 2023, cuando recibió los mayores estímulos fiscales, la subsidiaria operó con ganancias promedio de 214 mmdp. Dicho de otro modo, las ganancias no se deben a una mejora real en su rentabilidad, sino a la disminución en el pago de impuestos. En realidad, lejos de volverse más eficiente, la empresa ahora opera con mayor ineficiencia.

Al cierre de 2024, Pemex EP cerró con pérdidas por 37 mmdp, un reflejo de que sus ingresos por ventas cayeron 27% (321 mmdp) frente a 2018. Al mismo tiempo, sus gastos fueron 24% (102 mmdp) mayores a los que incurrió en el mismo periodo de comparación. En otras palabras, gano menos y gasto más. 

Además, como explicamos en esta nota, Pemex sigue sin frenar su declive productivo. Al cierre de 2024, su producción promedio de crudo cayó a 1,485 mil barriles diarios (mbd), el nivel más bajo desde que hay registro en 1990. Además, quedó muy por debajo de la meta de 1,745 mbd, fijada por la Secretaría de Hacienda para ese año. De hecho, a lo largo de todo el sexenio de López Obrador, la petrolera nunca alcanzó sus objetivos de producción.

En resumen, las dos principales estrategias para rescatar a Pemex, mediante los apoyos a Pemex TRI y Pemex EP, terminaron siendo incentivos perversos. Nunca estuvieron condicionados a un verdadero cambio institucional, operativo y de rentabilidad de la empresa. Después de seis años y 2.2 billones de pesos, Pemex sigue en quiebra técnica, con menores niveles de producción y, en términos financieros, generó pérdidas por 1.8 billones de pesos. 

En búsqueda de un nuevo modelo para el sector energético. 

Como mencionamos en el análisis de la CFE, la nueva administración tiene la oportunidad de replantear la política energética del país. Continuar con la estrategia de mantener simultáneamente el apoyo financiero a una empresa que sigue generando pérdidas, y subsidiar los precios de las gasolinas, no es una estrategia sostenible. Ambas políticas han drenado los recursos públicos sin generar mejoras estructurales en el sector. Es necesario un replanteamiento que priorice la eficiencia y la viabilidad financiera, en lugar de perpetuar un modelo que compromete la estabilidad fiscal del país.

Una solución viable es gestionar el sector energético (petrolero y eléctrico) mediante una política industrial diseñada a la medida del país. Esto implica reconocer que los subsidios y apoyos fiscales pueden ser herramientas necesarias, pero sólo si están condicionados a objetivos y resultados medibles. Para maximizar su impacto, es clave establecer un esquema de incentivos que premie la eficiencia, la innovación y la productividad, al tiempo que sancione las ineficiencias. Este enfoque no solo optimizaría el uso de los recursos públicos, sino que también impulsaría un cambio institucional, productivo y tecnológico que fortalezca la competitividad del sector energético en el largo plazo.