Inversión pública 2023: beneficios disparejos
La inversión pública garantiza el desarrollo de un país si y sólo si: 1. se distribuye en múltiples proyectos, 2. de forma equitativa entre regiones, y 3. aumenta progresivamente. Es lamentable, pero México se aleja cada día más de estas premisas.
Para 2023 se promete una inversión de 1.1 billones de pesos, 21.7% (196 mmdp) más que en 2022. Es el monto más alto de la década. El asunto es que Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán acapararían el 55% de tal crecimiento. El resto de los estados tendrá aumentos mínimos. Además, frente al sexenio pasado, 17 entidades tendrán menos inversión: los principales perdedores son el Estado de México, Baja California Sur y Tamaulipas.
El sector más beneficiado será el de Transporte (por el Tren Maya), con un aumento de 55% o 73 mmdp. Por contra, la promoción de infraestructura para ciencia y tecnología, comunicaciones, educación, protección ambiental, seguridad y turismo sale mal parada frente al sexenio anterior.
Pero incluso dentro del sector Transporte habrá perdedores. Aunque en 2023 aumentará en 130 mmdp la inversión en ferrocarriles frente al sexenio pasado, aquélla dedicada al transporte aéreo, carretero y marítimo se desplomará.
Como es tradición, Pemex será el ramo con más inversión, con el 40% del total. La sorpresa es que Turismo tendrá el 13% de la inversión, su mayor proporción histórica, gracias al Tren Maya, y esto convive con el hecho de que la Secretaría de Comunicaciones Infraestructura y Transportes, dejada en el olvido, ejercerá sólo 6% del total, la mitad de lo observado el sexenio pasado.
El PEF 2023 contempla siete proyectos consentidos, con un presupuesto de 236.1 mmdp, 21.2% de la inversión física presupuestaria. Es decir, que uno de cada cinco pesos destinados en inversión física será para ellos. Sobresale el Tren Maya, con un presupuesto de 143 mmdp, un aumento del 115.6% (76.7 mmdp) respecto del aprobado en 2022.
Por otro lado, la refinería de Dos Bocas (que extrañamente no es considerado prioritario) tendrá sólo 47.2 mmdp, cifra ínfima frente a los 153.6 mmdp que se estima terminará gastando en 2022. No sería sorpresa que termine ejerciendo más de lo que se estimó, a costa de otros proyectos.
Encima de estos datos desconcertantes, en sí la promesa de inversión parece muy optimista, pues se sustenta en estimados de crecimiento económico endebles. En 2022 también se prometió la mejor inversión desde 2016, pero sigue estancada. Si los ingresos del gobierno son menores a los estimados, es probable que sectores de inversión no prioritarios sean aún más castigados, que durante esta administración en todos los años se han quedado cortos en el programa de infraestructura.
Por último, hay que apuntar que se sigue desperdiciando el potencial de las Asociaciones Público Privadas (APP). Para 2023 el monto presupuestado será de 12.5 mmdp, un 16% (2.4 mmdp) menos que el aprobado para 2022, y representará solamente el 1.1% de la inversión física del siguiente año.
Te contamos esta historia de consentidos y olvidados…
Prometer no cuesta nada
La inversión pública es una válvula de escape cuando las finanzas públicas del Gobierno van mal; es decir, se tiende a recortar el gasto en este sector para acomodar las cuentas. Para 2023 se espera un crecimiento económico muy optimista, una plataforma petrolera no vista desde 2017, una inflación no acorde con la tendencia actual y otros supuestos irreales, como lo hemos expuesto anteriormente. Si estos supuestos no se cumplen, la primera sacrificada será la infraestructura.
La inversión presupuestada para 2023, de 1.1 billones, será 21.7% (196 mmdp) mayor de lo aprobado en 2022 o 38% (303 mmdp) superior a 2018, último año de la administración pasada. Con todo, es sólo 5% (51 mmdp) superior al promedio observado en el sexenio pasado. Es decir, de cumplirse las metas de inversión, apenas se recuperaría el terreno perdido. Y no lo duden: sería toda una hazaña, pues implicaría un aumento de 40% (316 mmdp) frente a 2021, el último dato observado de esta administración.
En 2022 ya hemos visto que a la inversión se la rebaja en las prioridades a la menor provocación, sobre todo cuando coincide con tiempos políticos. Como detectamos en nuestro análisis trimestral, para 2022 se planeó la mayor inversión pública desde 2016, pero al mes de marzo acabó teniendo el peor registro desde 2011. Esto se debió a que el Gobierno ‘avanzó’ sólo el 11.3% del plan anual de la inversión física directa[1], el menor ritmo para un primer trimestre desde 2013, en el contexto de la revocación de mandato y el adelanto del gasto en subsidios.
Al mes de junio el avance de la inversión física directa es de tan sólo 34%, el segundo peor ritmo después de 2019, mientras que la inversión acumulada sigue por debajo de lo observado en 2018. Es posible que en 2023, acercándose las elecciones presidenciales, se vuelva a dejar de lado la inversión. Por todo esto, hay que tomarnos la propuesta de inversión para 2023 con cautela.
Otro hecho para documentar el escepticismo es que la inversión física generalmente se queda corta frente a lo previsto. Entre 2019 y 2021 el subejercicio promedio fue de 7% o 55 mmdp. Esto difiere del sexenio pasado, cuando sólo en dos años (2015 y 2018) la inversión quedó por debajo de la meta, y en promedio el retraso fue de sólo 0.3% (5 mmdp). Otra forma de verlo es que el subejercicio de la administración actual es 10 veces superior al del Gobierno anterior.
Es probable que en 2023 se repita de nuevo esta historia, sobre todo porque el año próximo es la pista de salida para las elecciones presidenciales. Si se mantiene la racha actual –retraso de 7% anual– la inversión en 2023 sería de 1.02 billones de pesos, y así no se superarían los niveles alcanzados entre 2013 y 2016.
Tren al sur: ganadores y perdedores
No hay duda de que existen entidades consentidas en cuanto a proyectos de infraestructura. De los 196 mmdp de inversión extra que habrá en 2023 frente a 2022, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán obtendrán 109 mmp, el 55% de crecimiento.
La entidad más beneficiada el siguiente año será Yucatán, con 37.5 mmdp de inversión pública, 542% (31.6 mmdp) más que este año. Este incremento se debe, principalmente, a que recibirá 29.2 mmdp para la construcción del Tren Maya.
El incremento en inversión para los siguientes tres estados más beneficiados también será impulsado por dicha obra prioritaria del Ejecutivo: Quintana Roo obtendrá 37.8 mmdp, 152% (22.7 mmdp) más que en 2022; Chiapas recibirá 58.5 mmdp, 109% (30.5 mmdp) más, y posteriormente Tabasco tendrá 222.8 mmdp, 12% (23.9 mmdp) más. Hay que recordar que este último estado también es un gran receptor de inversiones de Pemex, lo cual también ayuda a explicar la cantidad de recursos que obtendrá.
La entidad con mayor crecimiento no relacionado con el Tren Maya será Ciudad de México. La capital recibirá 134.7 mmdp, 19% (21.4 mmdp) más, principalmente por la ampliación de proyectos de mantenimiento de carreteras y proyectos ferroviarios –tren suburbano al AIFA, otro proyecto prioritario–. Asimismo, recibirá un aumento sustancial de obras del ISSSTE.
Del resto de entidades sólo Campeche y Tlaxcala tendrán disminuciones en 6% (13.1 mmdp) y 1% (26 mdp), respectivamente. En el caso del estado del sureste, se deberá a una disminución de inversiones de Pemex; a pesar de ella, Campeche seguirá siendo la entidad con la mayor concentración de la inversión física, con 20.4% del total, seguida de Tabasco, con el 20.2%, ambas por la sólida presencia de la petrolera en la entidad.
La historia de la inversión pública es distinta si la contamos con la referencia de lo observado en el sexenio pasado[2]. Frente al promedio de 2013 a 2018, en 2023 17 entidades recibirán en conjunto 117.5 mmdp menos inversión. El principal perdedor será el Estado de México, que recibirá 35.5 mmdp, 57% (47.7 mmdp) menos que lo promediado en la administración de Peña Nieto, a pesar de que dicha entidad es la más poblada del país. Si en algo se nota el cambio de régimen es en la inversión.
Otras entidades con sustanciales recortes son Baja California Sur, Colima y Tamaulipas, todas con reducciones superiores al 50%. También Aguascalientes, Baja California, Veracruz y Zacatecas tendrán recortes mayores al 30%.
Hay que destacar que, frente al sexenio pasado, los estados con mayor crecimiento en la inversión serán prácticamente entidades del sur del país. La más beneficiada será Quintana Roo, con 674% (32.9 mmdp) más que el promedio de 2013 a 2018. Yucatán crecerá 382% (29.7 mmdp) frente al promedio, Oaxaca 78% (15.9 mmdp) y Tabasco 75% (95.5 mmdp). Es positivo que se invierta más en el sur, que ha sido históricamente una región rezagada; lo cuestionable es que este aumento ha sido a costa de otras entidades.
Todos los huevos en pocas canastas
Así como con las entidades consentidas, también habrá en 2023 sectores favorecidos en cuanto al aumento de la inversión: de los 196 mmdp extra para infraestructura, Transporte se llevará 73 mmdp adicionales (37%), y Combustibles y Energía 37.6 mmdp (19%). Es decir, tan sólo dos sectores de 23 existentes se llevarán más del 50% del incremento.
El sector Transporte contará con 206 mmdp (18% de la inversión total), el mayor monto de la década. Este presupuesto estará impulsado principalmente por el subsector de Transporte por Ferrocarril (Tren Maya), el cual aumentará 90% (73 mmdp), así como el de Transporte Carretero, que crecerá 29% (11.1 mmdp). Sin embargo, el Transporte Aéreo caerá 89% (11.6) mmdp, ahora que “terminó” la fase de construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles. Además, por segundo año consecutivo no se presupuestan recursos para Transporte por Agua y Puertos.
El sector de Combustible y Energía contará con un presupuesto de 488 mmdp (el 44% del total), el mayor monto desde 2015. Su crecimiento se deberá a un aumento de 9% (36.9 mmdp) en la subfunción de Petróleo y Gas, y en mucho menor medida al crecimiento de 1% (709 mdp) en Electricidad. Es decir, se espera un fortalecimiento de Pemex, pero un estancamiento de la CFE, como veremos más adelante.
El otro sector con un aumento considerable será Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, que llegará a 23.8 mmdp, un aumento de 301% (17.8 mmdp), y alcanzaría así su mayor presupuesto en la década. Por subfunción se puede observar que la totalidad del aumento se lo llevará la inversión Hidroagrícola de la Conagua.
Asimismo, el sector Salud tendrá una inversión de 30.5 mmdp, 70% (12.5 mmdp) superior al de 2022. No obstante, como lo analizamos en nuestra investigación de gasto en salud para 2023, el aumento será empujado principalmente por la inversión en los institutos para personas con seguridad social, como IMSS e ISSSTE, y no en la Secretaría de Salud, que atiende a la gente sin seguridad formal, el grupo más vulnerable de la sociedad.
De igual forma, se destaca un aumento de 20% (41 mmdp) en el sector de Vivienda y Servicios a la Comunidad, que llegará a 252 mmdp. Una parte se debe al incremento de 211% (14 mmdp) en la inversión para la subfunción de Abastecimiento de Agua, y otra al de 14% (27.5 mmdp) en Desarrollo Regional (Aportaciones a Entidades).
Finalmente, llama la atención un aumento del sector Otros Asuntos Económicos, que tendrá 17.4 mmdp, 79% (7.7 mmdp) extras, frente a 2022. Aquí se clasifican los recursos del Fonden, el cual ciertamente tendrá un incremento en recursos. Sin embargo, como lo hemos analizado, el gasto para atender desastres naturales ha visto reducida su función de reconstrucción en más de 80%, y se ha vuelto un programa de transferencias clientelares.
Endebles, los sectores seguridad civil, educación, ciencia…
A pesar de estos incrementos, la estructura de la inversión física se mantendrá prácticamente inalterada: de cada 100 pesos, 44 irán al sector de Combustibles y Energía (Pemex y CFE), mientras que el gasto en sectores relacionados con la educación, salud o protección ambiental se mantendrá bajo, comparativamente.
El gran perdedor frente a 2022 será el sector de Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior, que contará con 23.7 mmdp, 8% (2 mmdp) menos. Esto se debe a un recorte de la misma magnitud en el subsector de Policía, dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto contrasta frente a los aumentos en 188% (9.2 mmdp) de la inversión en Seguridad Nacional (Sedena y Semar). Esto indica una tendencia a la militarización de la inversión, por lo menos de 2022 a 2023, como se precisa más adelante.
Frente al Presupuesto 2022 no se destacan otros grandes recortes, pero la cosa cambia frente al sexenio pasado. En 2023 habrá 15 sectores de 25 con menos presupuesto con respecto al gasto promedio de 2013 a 2018.
De hecho, bajo esa perspectiva el sector de Seguridad Nacional es el gran perdedor, con un recorte de 42% (10.3 mmdp) frente al promedio de 2013 a 2018, mientras que el de Asuntos de Orden Público tiene un incremento de 206% (15.9 mmdp). Esto podría considerarse como una señal de la intención de desmilitarizar al país; no obstante, hay que recordar que los recursos del subsector de Policía se clasifican dentro de la Guardia Nacional, un ente militar de facto, como lo hemos analizado.
El mayor perdedor en monto será el sector de Vivienda y Servicios a la Comunidad, el cual tendrá un presupuesto de 13% o 38 mmdp por debajo del promedio del sexenio pasado. Este sector engloba principalmente a las Aportaciones federales, lo que significa que las transferencias etiquetadas para la inversión en las entidades serán las más afectadas, en cantidad.
El siguiente sector más afectado será el de Comunicaciones, que en 2023 contará con 197 mdp, similar al presupuesto de 2022, pero 95% (3.3 mmdp) menos que en el sexenio pasado. El mayor gasto en este sector se dio entre 2013 y 2016, con 5.5 mmdp en promedio, principalmente en comunicaciones satelitales; sin embargo, entre 2017 y 2018 el gasto promedió 1.3 mmdp. Desde entonces ha seguido cayendo.
Asimismo, la inversión pública en el sector de Ciencia y Tecnología tendrá en 2023 un presupuesto de 463 mdp, 5% más que en 2022, pero 94% (7.1 mmdp) menos que en el sexenio pasado. Esto colabora a perpetuar la dependencia tecnológica que tiene México con respecto al resto del mundo, que limita el desarrollo del país.
De igual forma, el sector de Protección Ambiental tendrá en 2023 sólo 6.3 mmdp, un recorte de 64% (10.9 mmdp), principalmente por recortes en el subsector de ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado. Por un lado, como dijimos, habrá más inversión hidroagrícola, pero se reduce la orientada al manejo de aguas residuales, por lo que la gestión del agua estará incompleta.
Por su parte, el sector Justicia contará con 2.6 mmdp, 48% (2.4 mmdp) menos que el promedio. Esto se debe a un recorte de 36% (679 mdp) en el subsector de Reclusión y Readaptación Social, y a uno de 85% (2.5 mmdp) en Impartición de Justicia, dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Poder Judicial, respectivamente. Esto impacta en el desarrollo de juzgados y en la capacidad por parte del sistema de justicia de enfrentar la congestión de casos.
Finalmente, y no menos importante, el sector de Educación, que contará con 20.4 mmdp para infraestructura, 15% (2.7 mmdp) más que en 2022, pero frente al promedio del sexenio pasado está 25% por debajo (6.8 mmdp). La principal reducción se dará en Educación Superior; luego en Educación Media Superior, compensada ligeramente por un aumento en Educación Básica. Además, por tercer año consecutivo no se presupuestan recursos para infraestructura en Educación para Adultos.
Sectur, la nueva SCT: inversión por ramo
La evolución de la inversión por ramo refleja más claramente las prioridades territoriales y sectoriales ya mencionadas, pero también las políticas. Mientras que la inversión por sector nos permite observar en qué se invierte, la inversión por Ramo refleja quién invierte, es decir la dependencia encargada. De los 196 mmdp extra de inversión para 2023 frente a 2022, 76 mmdp (39%) lo tendrá la Secretaría de Turismo (Sectur), 36.9 mmdp (18.7%) lo ganará Pemex y 31.5 (16%) la Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Conagua. Esto refleja la apuesta por el sector Transporte, Energético e Hidroagrícola que ya mencionamos.
Al analizar por dependencia se puede constatar las prioridades detrás del incremento en la inversión salud. Se observa un aumento de 257% (6.4 mmdp) en la inversión del ISSSTE y de 62% (5.5 mmdp) para el IMSS, pero de sólo 9% (570 mdp) para la Secretaría de Salud.
Se resalta además un incremento de apenas 1% (708 mdp) para la CFE, que contará con 50.4 mmdp para inversión. Este monto es 0.4% (197 mdp) mayor al promedio del sexenio pasado; con él difícilmente se podrá solventar la obsolescencia de plantas eléctricas, los altos costos de producción y la dependencia de subsidios, como lo hemos comentado. Esto contrasta con el gran aumento en el sector de Combustibles y Energía, cuyo ganador es Pemex.
También es llamativa una caída de 36% (4.1 mmp) en la inversión de las Entidades No Sectorizadas, debida, en gran medida, a que el proyecto del Istmo de Tehuantepec contará con sólo 6.8 mmdp, 35% (3.9 mmdp) menos que en 2022. El resto de la caída se explica por la menor inversión en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
Lo más interesante al analizar la inversión por dependencia es que la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes (SCT) tendrá un gasto de 63.2 mmdp, 14% (7.6 mmdp) más que en 2022, pero 52% (68.6 mmdp) menos que en el promedio de 2013 a 2018. El total de la inversión de la SCT representará sólo el 6% del total, mientras que en el sexenio pasado promedió el 15% del total.
Es evidente que la SCT dejó de ser la institución predilecta del Estado para el desarrollo de infraestructura de transporte, y su lugar fue tomado por la Sectur, lo que nos lleva a cuestionar si no se estarán desperdiciando las capacidades institucionales de la primera y si la segunda está preparada para asumir su nuevo rol (aparte de la menor inversión carretera y marítima que este cambio ha supuesto).
Los proyectos consentidos
Los proyectos prioritarios han sido tema de discusión desde los inicios de la actual administración, y este año, con los recursos que se les pretende asignar para el siguiente, se prolongará la conversación. El Paquete Económico 2023 contempla siete proyectos prioritarios –Tren Suburbano AIFA, Tren Interurbano México-Toluca, Obras hidráulicas de la Conagua, Tren Maya, Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, Espacio Cultural de Los Pinos y Proyectos Prioritarios SICT–, con un monto de 236.1 mmdp. Esto representa el 21.2% de la inversión física presupuestaria proyectada para 2023, lo quiere decir que uno de cada cinco pesos destinados en inversión física serán para los proyectos prioritarios del presidente.
Entre estos siete proyectos sobresale el Tren Maya, con un presupuesto de 143 mmdp, un aumento del 115.6% (76.7 mmdp) con respecto al aprobado en 2022. El monto presupuestado para 2023 representa el 12.8% de toda la inversión física presupuestaria. Otra comparación: representa más del 68% de todo el presupuesto de la Secretaría de Salud.
El presupuesto aprobado total (2019-2022) del Tren Maya ha superado los 261 mmdp, y a junio de este año ya se ha ejercido más del 81% (53.9 mmdp) del presupuesto aprobado para 2022, lo que indica que existirá un sobregasto al cierre de 2022.
Por otro lado, para 2023 el Tren Interurbano México-Toluca mantiene, en términos nominales, los 7 mmdp presupuestados en 2022. Se prevé un avance de obra de 17 km, que añadidos a los 41 km ya construidos, completaría el 100% de los 57.87 km de la obra prevista. Sin embargo, aún no se proyecta una fecha de inauguración.
Respecto a los proyectos de construcción y conservación de la infraestructura hidráulica de la Conagua, no se detallan cuáles son todas las obras en que consisten. Sin embargo, el Paquete Económico menciona algunas de carácter vital: el sistema de abastecimiento de agua potable intermunicipal para comunidades yaqui tiene, por ejemplo, un presupuesto asignado de 1 mmdp; entretanto el proyecto más caro será Agua Saludable para la Laguna, con un presupuesto de 8.6 mmdp, destinado a abastecer de agua potable a zonas de Coahuila y Durango.
El aumento de más 177% (26.8 mmdp) en obras de la Conagua llega en el momento preciso en que México se enfrenta a una de las mayores crisis hídricas de la historia. Sin embargo, esta inversión prioritaria representa este año sólo el 10% del presupuesto ejercido de la refinería Dos Bocas en 2022.
Adicionalmente, el Tren Suburbano Lechería-Jaltocan-AIFA registró un avance de obra de 35% a junio de este año, algo preocupante, ya que se planea inaugurar a mediados de 2023. Hacienda reportó que la obra costará 17.9 mmdp y, a pesar de ello, sólo se presupuestaron 1.25 mmdp para la obra en 2023, una disminución del 28% (0.5 mmdp) comparado con 2022. En 2021 la obra ejerció 314 mdp, y a junio de este año sólo se han ejercido 100 mdp… En efecto, los planes para terminar la obra parecen muy optimistas por el momento.
A pesar del aumento en el monto aprobado de los proyectos prioritarios, existe un rezago importante en el avance real de la obra. Por ejemplo, el Espacio Cultural de los Pinos y Bosque de Chapultepec ha ejercido solamente el 0.3% (12.3 mdp) aprobado para 2022, mientras que en 2020 y 2021 ejerció el 5.8% (228 mdp) y 0%, respectivamente. De acuerdo al portal de Transparencia Presupuestaria, la infraestructura para la interconexión del complejo cultural Bosque de Chapultepec tiene un avance físico de 0%; los estudios de preinversión llevan un avance de 0% y el proyecto integral, que está a cargo de cinco unidades diferentes, lleva un avance de 5%, a pesar de que el proyecto ha sido catalogado como prioritario desde 2020.
Dentro de los proyectos mencionados como prioritarios en el Paquete Económico se excluyen varias obras consentidas de la actual administración. La principal de ellas es la refinería Dos Bocas, cuyo monto ejercido total será de 330.8 mmdp entre 2019 y el cierre de 2022, según la Exposición de Motivos del PEF 2023. Este monto es más del doble del presupuestado en un inicio, y sólo en este año se planean ejercer 153.6 mmdp, lo cual representa más del 14% de toda la inversión física presupuestaria estimada para 2022.
Estos 153.6 mmdp para la obra insignia son 106.4 mmdp superiores a lo que fue aprobado este año (47.2 mmdp). Un sobregasto de más de 100 mmdp no debe tomarse a la ligera, ya que para solventar los costos de la refinería se deben hacer recortes en otras áreas. La herramienta para generar estos recortes son las medidas de austeridad, las cuales ya han dejado en las penurias a varias instituciones y programas vitales del país.
Para 2023, el presupuesto propuesto para la refinería será de 47.2 mmdp (misma cifra que el aprobado para 2022), por lo que seguramente se quedará corto, ya que con las presiones políticas que genera el fin del sexenio se buscará finalizar la obra a toda costa. La pregunta es: ¿en dónde se harán los recortes que permitan concluir Dos Bocas?
Además de la refinería, otros proyectos de inversión importantes que no se contemplan como prioritarios en el Paquete Económico 2023 son: la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar, la construcción de las Universidades para el Bienestar, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Parque Ecológico Lago de Texcoco, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Sistema Integrado de Transporte para la Zona Oriente del Valle de México.
El Parque Ecológico Lago de Texcoco mantiene para 2023 el mismo presupuesto que se aprobó para 2022 (2.2 mmdp), a pesar de que sólo se han ejercido 89 mdp este año. Con un avance físico del 3%, según los datos de Transparencia Presupuestaria, la obra parece sólo una idea de último momento para hacer algo con el terreno del aeropuerto cancelado.
Por su parte, el Sistema Integrado de Transporte para la Zona Oriente del Valle de México, proyecto que busca solucionar las problemáticas de movilidad de la zona, tiene proyectado para 2023 un presupuesto 41% menor que el aprobado para 2022. Adicionalmente, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendrá un incremento del 105% (750 mdp) en su presupuesto para 2023, con el fin de mantener su capacidad de operación.
La construcción de las sucursales del Banco del Bienestar tomará un papel aún más relevante, ya que se planea alcanzar la meta de 2,744 nuevas sucursales a mediados del año siguiente. De acuerdo con comunicados recientes, hoy se han concluido 1,560 instalaciones, por lo que se tendrán que construir 1,184 nuevas sucursales en menos de un año, aproximadamente tres cada día.
Según declaraciones del Ejecutivo, la construcción y equipamiento de una sucursal del Banco del Bienestar cuesta aproximadamente 3.5 mdp, pero en Transparencia Presupuestaria se registra que una sucursal cuesta alrededor de 4.2 mdp. Es decir, los costos para su construcción serían mucho más altos de lo que se tenía planeado. Con estos datos, las 1,184 sucursales faltantes por inaugurar tendrán un costo aproximado de casi 5 mmdp.
El olvido de las APP
A pesar de ser detonantes de crecimiento económico, las Asociaciones Público Privadas (APP)[3], han sido relegadas en la actual administración. Desde el Gobierno se ha difundido el estigma de que dichos esquemas generan daño al interés nacional, pues son buenos negocios para el sector privado pero malos para el público. Esta retórica se refleja en los datos, ya que de 14.9 mmdp presupuestados para 2022, sólo se terminarán ejerciendo 11.8 mmdp (20.8% menos).
Para 2023, el monto presupuestado en las APP es de 12.5 mmdp, un 16% (2.4 mmdp) menos que el aprobado para 2022. Esto representará solamente el 1.1% de toda la inversión física presupuestaria proyectada para 2023, que será de 1,115 mmdp.
En cuanto al destino específico de los recursos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se llevará el 60% de los recursos para proyectos carreteros, un total de 7.5 mmdp (en 2022 fueron aprobados 5.1 mmdp).
Por otro lado, el IMSS y el ISSSTE tendrán una disminución de 134 mdp (-4.7%) y 59 mdp (-4.7%), respectivamente, comparado con lo presupuestado en 2022. El resto será para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con una disminución de 164 mdp (-12%) comparado con 2022.
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2023, no se realizarán nuevos proyectos a través de APP. Los recursos presupuestados serán destinados para el cumplimiento de proyectos autorizados en ejercicios anteriores. Los proyectos son los que mostramos en la siguiente gráfica:
Entre estos proyectos se destaca el Complejo Penitenciario Federal de Papantla, cuya primera piedra fue colocada hace 20 años durante la administración de Vicente Fox, y que funciona como una APP con los mismos problemas de una cárcel pública.
Anexos
[1] Inversión física directa se refiere a la inversión realizada por las entidades del sector público, sin contabilizar a las entidades bajo control presupuestario indirecto o transferencias a las entidades federativas. En otras palabras, es la inversión donde el Ejecutivo tiene más discrecionalidad en su gasto.
[2] La inversión desagregada por entidad sólo puede obtenerse a través de información de la plataforma Transparencia Presupuestaria. Sin embargo, los datos de inversión de dicha plataforma son inferiores a aquéllos oficiales de las Estadísticas Oportunas y los Informes al Congreso en un margen promedio de 10%, entre 2013 y 2021. Por lo tanto, los recortes de la inversión frente al sexenio pasado son mayores.
[3] Las Asociación Público-Privadas son acuerdos entre el sector público y el sector privado para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública. Hay que destacar que no son una privatización pues la rendición de cuentas por la prestación del servicio público la retiene el sector público, mientras que en una privatización, la responsabilidad pasa al sector privado.