Así tomó forma el gasolinazo: noviembre 2021



La inflación y caída en ingresos presionaron un gasolinazo, a pesar de que el presidente insiste en que no van a aumentar los impuestos. En los últimos días de 2021, el Gobierno federal aplicó el mayor gasolinazo de los últimos cinco años, al incrementar en 7.4% las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)[1]. ¿Qué está detrás de este incremento? Una inflación no vista en los últimos 20 años y la necesidad de recaudar más en 2022, ante unos ingresos tributarios que simplemente no despegan. Te contamos.

El IEPS como clavo ardiendo

El diseño del IEPS sobre combustibles es complicado porque el monto neto del impuesto depende del monto de las cuotas (que suman valor al impuesto) y de los estímulos (que le restan valor). Esto es, se establecen cuotas anuales por cada litro de combustible y, al mismo tiempo, cada semana se designan estímulos que reducen en cierta medida tales cuotas. Sí, el valor del impuesto puede cambiar cada semana.



Debido a este diseño, un alza en las cuotas del IEPS no necesariamente implica un alza en el precio de las gasolinas; todo dependerá del comportamiento del estímulo. Eso sí: un aumento de las cuotas, en principio, aumenta la ‘probabilidad’ de sufrir un incremento en el precio de las gasolinas.

Estamos ante un mecanismo de control de precios. En teoría, esto permite mantener estable el precio de las gasolinas. Un cambio en el precio de las mismas –ocasionado, regularmente, por una variación en el precio del crudo– se enfrenta mediante un ajuste en el impuesto. Así, cuando el precio del petróleo aumenta se puede aplicar un mayor estímulo para cobrar menos IEPS; cuando baja, se pueden reducir los estímulos y aumentar el cobro del IEPS.

Pues bien, para 2022 las cuotas del IEPS sobre gasolinas aumentaron 7.4%, el mayor incremento en los últimos cinco años, debido a que la inflación hasta noviembre de 2021 medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó ese nivel. Esto significa que la pérdida de poder adquisitivo que los mexicanos sufrieron por la inflación de 2021 se trasladará hacia 2022 con mayores cuotas en los combustibles.

De tal forma, la cuota por litro de la gasolina Magna (menor a 92 octanos) será de 5.49 pesos, 38 centavos más que en 2021 o 90 centavos por arriba en comparación con 2018. En el caso del diésel, la cuota se colocará en 6.04 pesos por litro, 41 centavos más que en 2021 o un peso más que en 2018.



Ahora, el aumento del IEPS sobre combustibles a inicios de año vino acompañado de un aumento súbito de los estímulos, lo que ha evitado que en la práctica observemos un aumento en los precios de las gasolinas… hasta ahora. No obstante, sabemos que con el aumento de las cuotas la SHCP puede incrementar el IEPS neto en cualquier momento del año. Digamos que ya está ‘preautorizado’.

Durante 2020, con los precios del petróleo casi por los suelos, los estímulos estuvieron en cero pesos casi todo el año. En 2021 se revirtió la tendencia y los estímulos promediaron 1.94 pesos por litro para la gasolina de menos de 92 octanos, 0.7 pesos para la superior a 92 octanos y 1.15 pesos para el diésel.

En la última semana de 2021 los estímulos fueron de 2.3 pesos para la Magna, 0.56 para la Premium y 1.72 para el diésel; no obstante, para la primera semana de enero de 2022 los estímulos aumentaron en 0.94 pesos (un aumento de 118%), 0.88 pesos (286%) y 0.91 pesos (298%), respectivamente. Esto suprimió el efecto de las más altas cuotas del IEPS sobre el precio de las gasolinas.



Desde abril de 2021 los precios de las gasolinas se han mantenido estables, con variaciones mensuales menores a un punto porcentual. No obstante, hay que recordar que en los primeros tres meses del año pasado los combustibles tuvieron aumentos de entre 2 a 3%  en enero y de hasta 6.5% en febrero.

Esto nos hace pensar que el gasolinazo está latente, aunque esté siendo disimulado con estímulos en las cuotas del IEPS, por el momento.



Las motivaciones fiscales del gasolinazo

El alza en los precios de las gasolinas tiene un gran costo político. Que el Gobierno haya decidido asumir tal costo al aumentar las cuotas del IEPS no puede ser en vano. Detrás del gasolinazo de 2022 está la urgente necesidad del Gobierno de fortalecer o por lo menos de mantener la recaudación tributaria, en el contexto de unos estimados de recaudación de ISR e IVA sumamente ambiciosos para este año pero que quedan en duda ante los ingresos tributarios que simplemente no despegaron en 2021.

Los datos de la recaudación tributaria en los últimos meses del año pasado han sido preocupantes. En el mes de noviembre –los datos oficiales más actualizados– se recaudaron 256 mmdp de impuestos, una reducción de 9.2% (26 mmdp) frente al mismo mes de 2020, la caída intermensual más grande que se ha registrado en 2021. Esto generó que los ingresos a ese mes fueran los más bajos desde 2015.

Es decir, no sólo la recaudación tributaria empeoró frente a noviembre de 2020 (cuando la economía comenzaba a recuperarse del covid-19), sino que también empeoró frente a años previos a la pandemia. Asimismo, la recaudación tributaria fue la segunda más baja del año, sólo por encima de lo observado en octubre. Todo apunta a un debilitamiento económico y fiscal en México, que desde luego puede mantenerse en 2022.



Lo que más sorprendió en noviembre fue la caída del IVA, pues fue la recaudación que mejores signos de recuperación había mostrado con anterioridad en 2021. Se recaudaron 131 mmdp en ese mes, 9% (11.8 mmdp) menos que en el mismo mes de 2020 y su peor registro de 2021.

Si bien el IVA a noviembre acumula 1,024 mmdp –un superávit de 14% (125 mmdp) frente al calendario–, en los últimos tres meses se ha desacelerado y en noviembre registra un incremento real de sólo 9.5%. Con estos datos volvemos a afirmar que los estimados de crecimiento del IVA para 2022 –de 19%– no reconocen la realidad ni la trayectoria, la cual presionará los ingresos y gastos del Gobierno durante 2022. Este panorama es consistente con el incremento de las cuotas de IEPS de gasolinas que entró en vigor al inicio de este año.

Por su parte, la recaudación de ISR fue de 135 mmdp, 3,5% (4.7 mmdp) menor que en el mismo mes de 2020. Este tributo acumula 1,684 mmdp de enero a noviembre, un déficit de 3% (49 mmdp) frente al calendario. Además, en el acumulado a noviembre registra una caída real de 0.2%, a pesar del rebote económico de 2021, lo que nos hace pensar que la expansión de 4.5% que estima Hacienda para 2022 será muy difícil de lograr.

Finalmente, la recaudación en noviembre del IEPS –el tercer impuesto de mayor peso– fue de 27 mmdp, 35% (11.8 mmdp) menor que en el mismo mes de 2021, lo que supone la mayor contracción mensual del año. En el acumulado este impuesto registra 370 mmdp, un monto 21% (98 mmdp) menor de lo programado o una contracción real de 16.5%.

Para 2022, se espera que el IEPS tenga una contracción de 4.6% (24 mmdp) frente a lo presupuestado para 2021. ¿Será?


 

 


Finalmente, hay que apuntar que el retraso de los ingresos tributarios frente al calendario se ha agravado en noviembre. Al mes de octubre el déficit era de 2.2 mmdp, pero al onceavo mes del año los tributos han alcanzado los 3,211 mmdp, 13.6 mmdp (0.4%) por debajo de lo calendarizado.

Por desgracia, ya se identifica una tendencia negativa: al mes de noviembre se acumulan tres meses seguidos de retrasos de los ingresos tributarios frente al calendario, situación que podría mantenerse para finales de año y principios de 2022. El incremento de las cuotas de IEPS es una estrategia necesaria de la Secretaría de Hacienda para incrementar la recaudación en 2022 y compensar el mal desempeño hasta la fecha.



[1] Diario Oficial de la Federación (DOF) 23 de diciembre de 2021.  Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios para 2022. Recuperado de: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639152&fecha=23/12/2021

Los impuestos caen a su peor nivel: octubre 2021



Octubre negro fiscal: el declive en la recuperación económica en el tercer trimestre de 2021 impactó en los ingresos tributarios, los cuales registraron en octubre su peor nivel mensual de 2021.

En el décimo mes del año los ingresos tributarios acumularon 253 mil millones de pesos, 16% menos (47 mmdp) que el promedio de enero a septiembre, y 2% menos (6 mmdp) que en septiembre, el segundo peor mes registrado en el año. En el comparativo anual, desde 2017 no se presentaba una recaudación tan baja para un mes de octubre.

Con este resultado, los ingresos tributarios acumularon en lo que va del año 2.9 billones de pesos, apenas 1.6% (46 mmdp) más que en el mismo periodo de 2020. El rebote económico no se ha sentido en los ingresos.

En efecto, la recuperación económica se ha venido deteriorando en los últimos meses. En agosto el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)[1] cayó en 1.2% frente a julio y en septiembre hubo una contracción de 0.4% frente a agosto.

Lo anterior ha impactado a las expectativas económicas del sector privado[2]. En septiembre el consenso era que la economía mexicana tendría un rebote de 6.2% en 2021, pero en octubre esta proyección cayó a 6% y en noviembre se coloca en 5.7%.



Análisis por tipo de ingreso tributario

El derrumbe de los ingresos tributarios se explica por la caída de los tres principales impuestos: ISR, IVA e IEPS, que tocaron de igual forma su peor nivel en octubre.

El gran perdedor fue el ISR, el cual ascendió a 131 mmdp en octubre, 17% menos (26 mmdp) que el promedio de enero a septiembre y 7.2% inferior (20 mmdp) al mismo mes de 2020. De hecho, se trata de un nivel similar al observado en octubre de 2017.

En cuanto al IVA, se recaudaron 82 mmdp, 13% menos (13 mmdp) que el promedio de los primeros nueve meses del año y 6% menos (5 mmdp) que en octubre de 2020.

Finalmente, en octubre el IEPS acumuló tan sólo 26.3 mmdp, 25% menos (9 mmdp) que el promedio anual y 34% (14 mmdp) menos que en 2020.

Estos resultados reflejan que la pérdida de empresas y empleo sigue lastrando la recaudación del principal impuesto: el ISR. No obstante, el mercado interno –el motor usual del IVA– presenta un mejor desempeño posiblemente impulsado por las remesas, programas sociales o deuda de las personas.



Frente al calendario, los ingresos tributarios se han quedado cortos con respecto al programa en cinco meses de 10, por lo que los 2.9 billones recaudados están 2 mmdp o 0.1% en déficit. Al interior de este monto identificamos que el ISR se encuentra 3% por debajo (48 mmdp) de lo estimado a octubre, y el IEPS lo está en 25% (83 mmdp). Esto ha sido compensado por un IVA 15% (120 mmdp) más de lo anticipado y por otros impuestos, que están 9% por encima (10 mmdp) del programa.

Esta situación sirve para refrendar nuestra postura de que la expectativa de crecimiento de 4.7% en el ISR para 2022 en el Paquete Económico está muy lejos de la realidad, y de que el IVA –incluso con un buen desempeño– difícilmente logrará una expansión de 19%.



Se resiente la inversión

La caída en la recaudación tributaria en octubre se reflejó en una contracción de la inversión pública. En el décimo mes la inversión física ascendió a 50 mmdp, 8% menos (5mmdp) que el promedio de enero a septiembre, y cayó a su peor nivel desde mayo. Una demostración más de que cuando los ingresos se contraen, lo más fácil de recortar es la inversión.

En cuanto a la inversión sin Pemex, el monto registrado fue de 33 mmdp, 4% más (1 mmdp) que el promedio de enero a septiembre, y el peor registro desde agosto.



Con este resultado, la inversión total en 2021 acumula tan sólo 1% (1 mmdp) frente a lo observado en el mismo periodo de 2020. Sin embargo, la inversión sin Pemex se colocó en 314 mmdp, 11% menos (37 mmdp) que en 2020, y registró su peor nivel desde 2011, año a partir del cual hay datos disponibles.

Si se considera que la viabilidad e impacto social de los proyectos de Pemex son cuestionables –como la refinería de Dos Bocas, que costará alrededor de 180 mmdp según la Secretaría de Energía–  el bajo nivel del resto de la inversión pública es sumamente preocupante, ya que limitará las capacidades de crecimiento y desarrollo del país en el futuro.



[1] IGAE. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/temas/igae/

[2] Encuesta de Expectativas del Sector Privado. Banco de México. Recuperado de https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=24&accion=consultarDirectorioCuadros&locale=es

Rechinan las finanzas de CFE: 3T 2021



Al tercer trimestre del año, la disparidad entre costos e ingresos provocaron que el balance financiero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), si no tomamos en cuenta las transferencias que recibió del Gobierno federal, cayera a -86 mmdp, un crecimiento de 179% en el déficit (-55 mmdp), situación sólo superada por el déficit registrado en 2018. Si consideramos las transferencias (subsidios, en realidad), el balance fue de -16 mmdp, lo que de cualquier forma significó un retorno al espectro negativo, luego de que en 2020 registrara un saldo positivo de 35 mmdp en el mismo periodo.

Si sólo tomamos los gastos operativos e ingresos por venta de bienes y servicios, también se registró un déficit financiero de 66 mmdp, 420% (53 mmdp) superior al observado en 2020 al mes de septiembre. Esto se debe a ventas netas de bienes y servicios por 276 mmdp, 3% (8.2 mmdp) menores a las de 2020, y a gastos de operación de 343 mmdp, 15% (45 mmdp) mayores. De hecho, desde 2016 este balance se ha mantenido negativo.



Jalonados por un aumento de los precios de los combustibles, los gastos totales de la CFE mostraron al tercer trimestre un aumento de 11% (37.5 mmdp), su tercer mayor nivel luego de 2018 y 2019 para este periodo. No obstante, a pesar del mayor dinamismo del mercado energético en 2021, los ingresos propios registran una caída de 6% (17.9 mmdp) hasta llegar a 283 mmdp, su peor nivel desde 2016.



Al tercer trimestre de 2021, el aumento de los precios de los combustibles ha impactado en la estructura financiera de la CFE; tanto, que dio pie al mayor sobregasto de energéticos para la producción de electricidad desde 2016. En consecuencia, los subsidios a las tarifas eléctricas exhibieron su mayor nivel visto para los primeros nueve meses del año desde 2016, año en que se inició este registro.

De los 322 mmdp presupuestados para la CFE al mes de septiembre, el 44% (142 mmdp) residen en el capítulo de Materiales y Suministros, donde se registran conceptos como combustibles, alimentos, refacciones, vestuarios entre otros. Le sigue el capítulo de Servicios Generales, con 52.2 mmdp, (16.5% del total), donde se tienen los conceptos de arrendamientos, comisiones, mantenimiento y servicios telefónicos, entre otros. Es en estos dos capítulos donde se registran sobrejercicios. En el resto de capítulos –cuyo gasto conjunto no supera el 15% del total– hay ligeros subejercicios.

Sí, este problema debe importarnos a todos porque afecta nuestro bolsillo. Considerando los mencionados capítulos con sobrejercicios, el gasto de la CFE en el tercer trimestre del año acumula 369 mmdp, 15% (47.5 mmdp) por arriba de lo aprobado al periodo. La mayor parte de este ‘exceso de gasto’ proviene del capítulo de Materiales y Suministros, en la partida de combustibles lubricantes y aditivos por 165 mmdp, 57% (59.9 mmdp) superior a lo aprobado al periodo. Éste es el mayor sobregasto registrado para esta partida desde 2018, que se tiene desglose trimestral.

Dicho sobrejercicio ha sido compensado en parte con un menor gasto en obras de abastecimiento de agua, gas y electricidad, por 3.8 mmdp, y por 3.4 mmdp menos en coberturas cambiarias. El esfuerzo no es menor, pues ha implicado efectuar recortes en el presupuesto de ámbitos relevantes de la empresa para la operación de los servicios y la administración de riesgos financieros.



Como se ve, la adquisición de insumos para la producción de electricidad estresa las finanzas de CFE. Al interior de tal sobrejercicio, identificamos que la partida Pidiregas Gastos Variables gastó 72.8 mmdp, 122% (39.9 mmdp) más de lo aprobado al periodo. En esta partida se registran los gastos por asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones que realizan las entidades públicas (CFE) en proyectos de inversión financiada condicionada, por compras de energía, nitrógeno y otros productos o servicios que intervienen en el proceso productivo. Con estos cargos, el contratista o productor (privado) recupera los diversos gastos que están asociados al volumen de producción de las entidades, e incluyen insumos y otros gastos de operación y mantenimiento[1].

Asimismo, se destacó un gasto de 55 mmdp para combustibles de importación para plantas productivas, 44% (19.9 mmdp) superior a lo aprobado, y de 36 mmdp de combustibles nacionales para plantas productivas, 9% (3 mmdp) superior a lo aprobado.

Desde 2018, que se tiene el desglose de esta partida, los gastos por combustibles, lubricantes y aditivos ha promediado 130 mmdp aprobados de enero a septiembre, pero 158 mmdp ejercidos, lo que ha supuesto sobrejercicios en tres de cuatro años, con un promedio de 44 mmdp de sobregasto.

La gran diferencia entre el presupuesto aprobado y el gastado de 2021 se debe a que la CFE y Hacienda previeron gastos por energéticos en un contexto recesivo. En 2020, durante la pandemia por covid-19 y un menor consumo energético, el gasto en combustibles, lubricantes y aditivos al tercer trimestre fue de 120 mmdp, 30% (51 mmdp) menos que en 2019, y quedó 13% (18 mmdp) por debajo del presupuesto al periodo. Esta reducción en los gastos operativos/presupuestarios de la CFE en 2020 se reflejó en una presupuestación 24% (33 mmdp) inferior para 2021.

No obstante, desde febrero de 2021 los costos de producción de electricidad han sido presionados por los precios extraordinarios del gas natural, provocados por las heladas en el sur de Estados Unidos y Norte de México, según el Reporte al Consejo de Administración de la CFE, publicado en julio de este año. Desde entonces, los costos de los energéticos han seguido aumentando.

Para 2022, la partida de combustibles, lubricantes y aditivos tiene presupuestados sólo 149.7 mmdp, 9% (15 mmdp) menos de los erogados al tercer trimestre del año, 7% (10.5 mmdp) por debajo del promedio aprobado de 2016 a 2021 y 25% (48.9 mmdp) menos del promedio gastado de 2016 a 2020. Todo esto vaticina más sobregastos de la CFE por este concepto en el siguiente año. Lo que las autoridades no han aclarado es cómo se va a financiar: ¿habrá nuevos recortes en otras áreas del presupuesto?



Situación financiera y subsidios

Para mantener los precios de la electricidad estables, de enero a septiembre se han gastado 70.3 mmdp en subsidios a las tarifas eléctricas, monto 6% (4 mmdp) superior a lo erogado en el mismo periodo del año anterior y el monto más alto registrado desde 2016, año a partir del cual se tienen datos disponibles. Asimismo, ya se han superado los 70 mmdp anuales aprobados para estos subsidios, en 0.4% (279 mdp).

Esta consideración es importante, ya que para 2022 se tienen presupuestados 73 mmdp en subsidios a las tarifas eléctricas, que podrían no ser suficientes en el contexto financiero actual de la CFE y menos aún si se aprueba la reforma energética, la cual incrementará los costos de producción de esta empresa, según diversos analistas.




[1] Clasificador del Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal (2007) recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/89647/Clasificador_por_Objeto_del_Gasto__11.enero.2007_.pdf

Números de Erario: agosto de 2021


Un símil de lo que podría pasar en 2022


Al mes de agosto de este año los ingresos totales tuvieron un crecimiento anual de 5.5%. El erario se ha mantenido a flote principalmente por un incremento de los ingresos petroleros y del Impuesto al Valor Agregado (IVA). No obstante, otros componentes de los ingresos, como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) o los ingresos de la CFE se mantienen estancados o presentan caídas, a pesar de la recuperación económica. Además, este año se han resentido los ingresos no tributarios no petroleros, ya que no han ingresado recursos de los fondos de emergencia.

En el contexto de la discusión de los estimados de finanzas públicas que la Secretaría de Hacienda presentó para el Presupuesto 2022, los datos al mes de agosto de este año nos recuerdan qué tan difícil es lograr las metas de ingresos.



Petróleo, al rescate

De enero a agosto los ingresos totales del sector público acumulan 3.89 billones de pesos, un aumento de 5.5%, es decir, 203 mil millones de pesos (mmdp), frente al mismo periodo de 2020. No obstante, frente a 2019 (previo a la pandemia) tal crecimiento es sólo de 3% (116 mmdp).

La recuperación de los ingresos se debe, principalmente, a los mejores ingresos petroleros. Al mes de agosto dichos ingresos acumulan 609 mmdp, un crecimiento anual de 66.4% (243 mmdp). Parte de esta fortaleza es algo artificial, ya que las aportaciones (capitalizaciones) que el Gobierno federal le transfiere a Pemex se contabilizan como ingresos petroleros. Sin esas capitalizaciones, en realidad los ingresos petroleros hubieran crecido sólo 35.3% en el periodo de enero a agosto.

El impulso de estos ingresos también viene del precio del barril, aunque no de la producción. La plataforma petrolera se mantiene en 1,680 miles de barriles diarios (mbd), 101 mdb por debajo del programa. En efecto, el aumento en el precio del crudo ha compensado la estancada producción de Pemex. Mientras que en el Paquete Económico 2021 se estimó un precio de 41.6 dólares por barril (dpb), el observado ha sido de 59.4 (dpb), 17 dólares por arriba.

Cabe recordar que para 2022 se estima una plataforma de 1,826 miles de barriles diarios (mbd), y la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se estima en 55.1 dólares por barril (dpb). Al mes de agosto la plataforma está lejos de esa meta, y con un precio mucho más alto esperado para 2022, difícilmente el próximo año se compensará la baja producción de la misma forma en que se ha hecho este año.

El otro salvavidas de las finanzas públicas ha sido el IVA, que acumula 777 mmdp al mes de agosto, un aumento de 14% (96 mmdp). Este impuesto incluso supera los niveles prepandemia, pues frente a 2019 es 12% (83 mmdp) superior.

En otras palabras, el IVA está teniendo su gran rebote este año. El punto es que para 2022 se espera otro gran crecimiento, pero de 19% (198 mmdp), algo que no se ha visto nunca. Esto se ve complicado, como ya lo hemos explicado en otros estudios.

Rezago del resto de ingresos

Fuera de los ingresos petroleros y el IVA, las demás fuentes de ingreso están muy apagadas. El ISR, el principal tributo del Gobierno, acumula 1.28 billones, una contracción de 0.2% (2.6 mmdp) frente al mismo periodo de 2020 y frente a 2019 el aumento es apenas de 0.9% (11.3 mmdp).

A pesar de la recuperación del PIB esperada de 6.2% (Banco de México), el ISR simplemente no despegó en el octavo mes del año. En 2022 se espera un crecimiento de 4.8% (94 mmdp) frente a los ingresos presupuestados para 2021, algo que por la tendencia actual se ve igualmente difícil.

Asimismo, el IEPS ha generado al mes de agosto 286 mmdp, una caída de 10.3% (32 mmdp), y se coloca en su peor nivel desde 2018. Para el siguiente año se espera una contracción de 4.6% (24 mmdp) frente a lo presupuestado para 2021; aunque se espera una pérdida, no queda claro cómo se va a revertir la tendencia, cuando no se espera que el rebote económico tenga la misma fuerza el próximo año. La expectativa parece optimista por lo observado hasta la fecha.

Finalmente, los ingresos no tributarios no petroleros acumulan 287 mmdp, una caída de 21.9% (80 mmdp) frente al mismo periodo de 2020. Hay que recordar que al mes de agosto del año pasado dentro de los ingresos no tributarios se contabilizaron transferencias del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) por 119 mmdp, del Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por 21.6 mmdp y de otros fideicomisos por 33.6 mmdp.

Si bien este año continúa la estrategia de extinción de fideicomisos, los ingresos obtenidos por los mismos –incluyendo los 25.4 mmdp del Fonden– no han llegado a compensar el agotamiento del FEIP.

Ingresos frente al calendario

Ahora, frente al calendario, los 3.89 billones de ingresos totales están 4.4% (164 mmdp) por arriba. Sin embargo, al desagregar por impuesto la historia es diferente con respecto al crecimiento frente al año pasado. Frente al calendario, los ingresos petroleros van 1.2% (7.6 mmdp) por debajo y los tributarios sólo 1% (24 mmdp) por arriba de lo previsto.

El ISR va 3% (-39 mmdp) por debajo del calendario, otra muestra de que Hacienda ha sido muy optimista al estimar el desempeño de este tributo este año, un símil de lo que podría pasar en 2022. En contraparte, el IVA está 17% (112 mmdp) por encima de lo calendarizado, situación que ha provocado que la SHCP apueste casi todo el crecimiento tributario a partir de este impuesto en 2022.



Avance frente a las expectativas: petróleo sobrestimado

Los ingresos al mes de agosto van en línea frente a los estimados al cierre, proyectados en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE). No obstante, esto se ha debido a un avance al mes de agosto superior al 80% de los ingresos no tributarios y de un 68% de avance de los ingresos tributarios. A pesar del mejor desempeño de los petroleros frente a 2020, si mantienen el ritmo visto hasta ahora, quedarán muy por debajo de lo estimado al cierre.

Al octavo mes los 3.89 billones de pesos de ingresos totales representan el 66% de los 5.8 billones de pesos esperados al cierre de 2021. De mantenerse el rimo de crecimiento promedio mensual, los ingresos totales quedarían -0.6% (36.6 mmdp) por debajo de lo estimado.

Esto se debe principalmente a que los 610 mmdp de ingresos petroleros representan sólo el 56% de los 1.07 billones estimados al cierre de 2021. Si esta tendencia continúa, los ingresos petroleros quedarán 15% (161 mmdp) por debajo de lo estimado al cierre. En otras palabras, los ingresos petroleros han sido mucho mayores frente a 2020, pero las expectativas de la Secretaría de Hacienda para el cierre del año eran todavía mayores, situación que se repite en el PPEF 2022.

El menor desempeño del ingreso del petróleo frente al estimado al cierre ha sido compensado principalmente por los ingresos tributarios y no tributarios. Al mes de agosto los 287 mmdp de ingresos no tributarios representan el 81% de los 354 mmdp estimados al cierre. Por su parte, los 2.4 billones de ingresos tributarios representan un 68% de avance frente a los 3.5 billones estimados.

Si la tendencia continúa, los no tributarios quedarán 21% (76 mmdp) por arriba de lo estimado y los tributarios se colocarán 2.5% (90 mmdp) por encima de lo esperado al cierre. No obstante, los ingresos no tributarios, al no ser recurrentes, en cualquier momento podrían dejar de crecer frente a su ritmo previsto, lo que podría implicar que los ingresos al cierre de año caigan a terrenos negativos frente a lo estimado.



Gasto público: los favoritos de siempre

Al igual que los ingresos, el gasto público al mes de agosto ha crecido de forma limitada (4.5%).

Sin embargo, al interior se observa que los consentidos de siempre: Pemex, CFE o la Secretaría de Energía, registraron grandes aumentos en su gasto, mientras que otros, como Seguridad y Protección Ciudadana o la Fiscalía General de la República, presentan retrasos importantes frente a su calendario.



Al octavo mes del año, el gasto programable del Sector Público acumula 3.12 billones de pesos, un aumento de 7.3% (213 mmdp) frente al mismo periodo de 2020. Ese aumento en algunos ejecutores es mucho más grande. Por ejemplo, la Secretaría de Energía acumula 164 mmdp, un aumento de 209% (111 mmdp). Pemex que ha gastado 375 mmdp, un aumento de 209% (61 mmdp) más que en el mismo periodo de 2020.

En la contraparte se encuentra la Secretaría de Economía, con 3.3 mmdp, 91% (34 mmdp) menos que en 2020, luego de la reducción del programa de Créditos del Bienestar. Asimismo, las Aportaciones para las Entidades llevan 503 mmdp, una caída real de 3% (17 mmdp), cuando por Ley deberían de ser siempre superiores a las del año anterior.



Gasto frente al calendario

Frente al calendario el panorama es más preocupante. Si bien el gasto total está en 4.18 billones, 0.3% (12.5 mmdp) por arriba del programa, la situación por ejecutor es sumamente variable. En monto, la Sener, con sus 164 mmdp gastados a agosto, se encuentra 253% (117 mmdp) por arriba de su calendario anual, y la CFE, con 315 mmdp, está 19%  (50 mmdp) por arriba de lo programado. Le siguen el IMSS con 570 mmdp, 8.3% (16 mmdp) por arriba del programa, y la Secretaría del Bienestar, con 135 mmdp, 8.3% (10 mmdp) por arriba del programa.

Sin embargo, las Aportaciones a la Seguridad Social, con 638 mmdp, están 3.6% (24 mmdp) por debajo de su calendario. El gasto del ISSSTE, con 248 mmdp, se ubica 8.1% (21 mmdp) retrasado, y las Aportaciones Federales, con sus 503 mmdp, van 2.4 (12 mmdp) por debajo del programa.

En porcentaje también sorprenden sobregastos o subejercicios de algunos ejecutores. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda ha ejercido 20 mmdp, 51% (6.7 mmdp) más de lo que debía, al igual que la Secretaría de Gobernación, que con 4.9 mmdp acumula 58% (1.8 mmdp) en exceso a su programa.

Por el contrario, la Seguridad Pública y Protección Ciudadana ha gastado 24.9 mmdp, un retraso de 32% (12 mmdp); el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con 1.2 mmdp, va 28% (521 mdp) retrasado, y la Fiscalía General de la República ha gastado 7.5 mmdp, un subejercicio de 32% (3.6 mmdp).



Sablazo al gasto, luego de elecciones: julio 2021


El Gobierno frenó el ritmo de gasto al iniciar el segundo semestre del presente año, justo después de las elecciones. El gasto programable del Sector Público cayó 11% durante el mes de julio. Una de las entidades más afectadas fue la Secretaría de Salud, encargada de atender a las personas más vulnerables del país. Con la evidencia disponible, todo indica que los programas o proyectos prioritarios para el presidente no sufrieron. La cuestión es que antes y después que nada el presupuesto debe responder al cumplimiento de los derechos de los ciudadanos; la salud es un derecho humano.



En los primeros seis meses del año el gasto programable acumuló un crecimiento de 7.7% frente al mismo periodo de 2020, pero el Gobierno activó el freno mano en julio, por lo que el crecimiento acumulado se redujo: quedó en 4.6%.

El sector donde se concentró el recorte de gasto en julio fue en las secretarías del Gobierno Federal, donde la ejecución de recursos se desplomó en 43.5% frente julio del año pasado, a 82 mil millones de pesos (63 mil 232 millones menos), con lo que retrocedió a niveles de 2005. Hasta el mes de junio el gasto programable de las de las secretarías federales acumuló un crecimiento de 14.5% frente al mismo periodo de 2020. Con la caída de julio de este año, el crecimiento acumulado cayó a 3.5%.



Por el tamaño del monto de afectación, las secretarías más afectadas fueron: Bienestar, Salud y Educación. Sin embargo, la Secretaría de Salud es la que va más rezagada en su presupuesto acumulado de enero a julio. Sufrió un recorte de 77.3% en julio, al gastar 4.06 mil millones de pesos (13 mil 807 millones de pesos menos que en julio de 2020), su peor nivel desde 2007 para este mes. Además, se quedó corto frente al calendario en 83.6%.



Con el recorte en julio, la Secretaría del Bienestar ‘equilibró’ sus cuentas y se colocó en un subejercicio acumulado de 0.6% frente al calendario al séptimo mes. Hay que recordar que al mes de junio iba adelantada en 26% o 24 mil millones frente a su programa. En el caso de Educación, aún va 1.1% por arriba de lo programado en su gasto a julio, debido a que acumulaba un sobrejercicio al primer semestre de 2.4%.



Ahora, todo indica que los programas prioritarios del Gobierno no fueron castigados. Aunque en los informes mensuales de las finanzas públicas no se publica información desagregada a nivel programa, el gasto de las secretarías a cargo de programas o proyectos emblemáticos no se vio afectado. El gasto para la Secretaría de Energía, desde donde se destinan recursos para la refinería de Dos Bocas o se hacen transferencias a Pemex, creció en 2,148% a 7.9 mil millones de pesos o 4,620% más al programado para ese mes. Esto es casi el doble que los 4.6 mil millones gastados en la Secretaría de Salud en julio.

Por su parte, la Secretaría de Turismo, de donde se financia el Tren Maya, aumentó su gasto en julio 13 veces más que en 2020 y quedó por encima de lo presupuestado en 113%. Otras dependencias también sufrieron grandes recortes en su gasto del mes de julio: Economía en 91.7%; Desarrollo Agrario Territorial y Urbano en 68%, y Comunicaciones y Transportes en 27.8%.

Con estos movimientos, el gasto total del Sector Público en julio se contrajo en 9% frente al mismo mes de 2020, al acumular 496 mil millones de pesos, un retraso de 11% respecto del calendario.

Aun así, el gasto total acumulado alcanzó un monto de 3.6 billones de pesos en los primeros siete meses del año (enero-julio). Creció 2.1% frente al mismo periodo de 2020, dado el gasto acelerado en los primeros meses del año. No obstante, registró un déficit de 1.1% respecto a lo programado, el cual comenzó en enero de este año con retraso de 19%, que a la fecha no se ha podido recuperar completamente.

El gasto va rezagado, y si continúa la tendencia observada en el mes de julio hacia el cierre del año, y los ‘perdedores’ siguen siendo los mismos (Secretaría de Salud, Educación Pública y Bienestar, entre ellos), se alcanza a ver un fin de año con focos críticos.

Fideicomisos públicos y la huella del daño: junio 2021



El Gobierno federal, integrado por la administración de López Obrador y un Congreso dominado por Morena, pusieron en marcha una política fiscal durante los primeros dos años y medio de sexenio que ha debilitado a varias políticas públicas indispensables para el desarrollo de México, entre ellas a las propias finanzas públicas, lo que aumenta el riesgo de inestabilidad macroeconómica en el país. El riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes Global (EMBIG) de J.P. Morgan[1], se ubicó el 2 de julio de 2021 en 347 puntos base (pb), equivalente a 3.47 puntos porcentuales; en términos acumulados, ha disminuido 14 pb en lo que va de 2021. Al cierre de 2018, el EMBIG para México fue de 241 pb. Es decir, en la presente administración el riesgo país se ha incrementado 44% (106 pb).

A mitad de este preocupante panorama se verifica un fenómeno que es al mismo tiempo síntoma y causa, y que no se trata en la conversación pública con el cuidado y la precisión que debería. Y es que en lo que va de la presente administración, ya se utilizó prácticamente la mitad (48%) del patrimonio del Gobierno federal que se encontraba administrado en diversos fideicomisos. Debió perseguir una reforma fiscal que buscará aumentar la rentabilidad económica y social del gasto público y fortalecer los ingresos recurrentes que permiten financiarlo de manera sostenible; en su lugar, el Gobierno ha estado liquidando patrimonio (activos) para compensar la debilidad de los ingresos federales ante los aumentos en el gasto de programas sociales, transferencias a Pemex y proyectos de infraestructura que exceden su presupuesto (y que además son cuestionables por su falta de rentabilidad).

En el camino quedaron sin certeza de financiamiento varios fideicomisos y, con ellos, numerosos proyectos, programas públicos y objetivos de política pública, como la inversión en ciencia e innovación a través del Conacyt, la reparación del daño ocasionado a víctimas del Estado y la estabilización presupuestaria que se opera y financia a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) desde el principio del milenio. Ésta tiene como objetivo suavizar los recortes en el gasto durante un año fiscal, cuando los ingresos programados son menores a los observados. Pero veamos cómo luce esto en números, comenzando con el FEIP.

‘Consumo’ a conciencia del patrimonio

Al inicio del presente sexenio el FEIP contaba con casi 300 mil millones de pesos (mmdp), pero al 30 de junio de 2021 sólo tiene 15.5 mmdp. Claramente esta administración hizo un uso exhaustivo del FEIP, pues lo usó de manera intensiva durante más de un año fiscal. Ahora está prácticamente extinto, por lo que hoy la estabilización presupuestaria es una política pública en agonía. El Gobierno federal ya no cuenta con los recursos de este fondo para atender la persistente debilidad de los ingresos, y cada vez quedan menos recursos “que se puedan utilizar” de los fideicomisos para financiar el presupuesto. El país está más expuesto que antes a una crisis de las finanzas federales que pueda afectar el equilibrio macroeconómico.

Al 30 de junio de 2021, SHCP reportó que cuenta con 301 fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos sin estructura orgánica, los cuales suman un saldo de 508.4 mmdp. Esto significa que se han consumido 471.1 mmdp del patrimonio de fideicomisos desde inicio de la administración (2.5 años): 183.0 mmdp durante 2019, 176.0 mmdp durante 2020 y 112.2 mmdp durante el primer semestre de 2021.



De los 301 actos jurídicos –279 fideicomisos, 17 mandatos y cinco análogos–, registrados al segundo trimestre de 2021, 159 son federales y no están sujetos al decreto de extinción, mientras que 106 sí lo están –70 federales sujetos y 36 fondos mixtos Conacyt para estados–. También hay 36 estatales y privados, no sujetos al mencionado decreto.



Por otra parte, al analizar su tenencia por ramo administrativo, se aprecia que la SHCP, la Sedena y la Secretaría de Salud concentraron los fideicomisos que disponían del 90.5% del saldo total que aún quedaba en estas figuras al cierre de junio pasado. Tan sólo 10 fideicomisos concentraban el 75% de la disponibilidad total a esa fecha.

Visto por número de fideicomisos en operación, la mayor concentración estaba todavía en Conacyt (97 en total), a pesar de que varios fueron incluidos en el  decreto de extinción. Le siguen la SHCP (74) y la SEP (19), que en conjunto concentraron el 63% del número total.




¿Qué ha sucedido con la extinción de fideicomisos públicos?

El decreto de extinción impactó con fuerza en la opinión pública, sobre todo porque con esta iniciativa se retiró el financiamiento a ciertas causas urgentes o en beneficio directo de la sociedad, sin certeza de cuándo se restablecería o de si lo haría algún día. Destaca la cobertura de siniestros naturales, entre otros ya mencionados.

El 8 de octubre de 2020, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen para la extinción de 109 fideicomisos, con un saldo equivalente a 68.5 mmdp, aprobado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado el 19 de octubre de 2020.

Al momento del decreto de extinción, el saldo de los 109 fideicomisos era de 68.5 mmdp. Al 30 de junio de 2021, el saldo se redujo a 0.9 mmdp; es decir, a la fecha ya se transfirió a la Tesorería de la Federación casi la totalidad (67.6 mmdp) de los recursos autorizados en el Decreto[2]. Al 31 de diciembre de 2020 se registró una disponibilidad de 65.8 mmdp, lo que significa que en 2021 se han extinguido 64.9 mmdp, la mayor parte del total. Tomaremos este último dato para hacer el análisis, ya que no hay información sobre las extinciones que sucedieron en noviembre y diciembre de 2020. Es importante aclarar que aún hay un pequeño remanente pendiente por transferir de los recursos de los fideicomisos de Conacyt, SHCP, Cultura y Gobernación.



El proceso[3], en todo caso, ha sido más complejo que lo descrito por las autoridades, y posiblemente no libre de irregularidades. Aquí te explicamos las razones…

Primero, la mayor parte de los recursos (471.1 mmdp) que el Gobierno ha obtenido de esta ‘fuente’ provinieron de fideicomisos que no están extintos. De hecho, la mayor salida de recursos se observó en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios FEIP, que no está incluido en el decreto de extinción:  representó el 63% (296.3 mmdp) del monto consumido. Éste nos parece excesivo, pues de acuerdo con las reglas del fondo y los parámetros establecidos en la Ley de Responsabilidad Hacendaria, se debieron extraer menos recursos y dejar una mayor reserva[4].

A través del decreto de extinción se obtuvo tan sólo 14% (64.9 mmdp); del Fondo de Salud para el Bienestar, 7% (33.0 mmdp); del Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 5% (21.6 mmdp); del Fonden 5% (25.4 mmdp), de los fondos Conacyt 3% (15.9 mmdp), y de otros fideicomisos cuyos recursos se traspasaron a otros programas o secretarías, 3% (14.0 mmdp). En ese último rubro se incluyó, por ejemplo, al Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, que asumió la Secretaría de Gobernación; al Fondo Metropolitano y Fondo Regional, que pasó al Programa de Mejoramiento Urbano a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial, y al Fondo de Financiera Rural, que ahora forma parte del patrimonio de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).



Segundo, el Gobierno obtuvo los recursos del decreto de extinción antes de concretar el proceso. De los 109 fideicomisos del decreto sólo se habían extinguido completamente tres, al 30 de junio de 2021. Pero ya se habían obtenido 67 mmdp de ellos. De los 106 actos jurídicos sujetos a la extinción derivada del decreto, se reporta una disponibilidad (remanente) de 905.6 millones de pesos. La extinción de los actos antes mencionados deberá concluir durante del ejercicio fiscal 2021, pero de los 301 actos jurídicos registrados al segundo trimestre de 2021, 233 se encuentran en operación y sólo 68 están en proceso de extinción o terminación. De éstos últimos, 30 están en la lista del decreto de extinción: uno corresponde a Comunicaciones y Transportes y 29 a Conacyt. Sin duda, deben acelerar el paso para cumplir con los términos del decreto de extinción.

Tercero, el Gobierno extinguió (dio de baja) otros fideicomisos que no estaban en el decreto de extinción. Al cuarto trimestre de 2020 se tenían 329 actos jurídicos registrados, y a junio de 2021 se reportan 301 actos jurídicos, lo que significa que de enero a junio de 2021 se dieron de baja 28 actos jurídicos, de los cuales sólo tres corresponden al universo de los 109 vinculados al decreto: 1) Mandato para la Administración de los Recursos del Programa de Cooperación Energética para Países de Centroamérica y el Caribe; 2) Fondo Institucional del Conacyt (FOINS), y 3) Fondo de la Financiera Rural. Los 25 restantes se extinguieron pero no estaban en el decreto.

Cuarto, el Gobierno extinguió fideicomisos antes del decreto. A marzo de 2020, los actos de extinción sumaban 30, con un monto de 1.9 mmdp.



Uno de los fideicomisos extinguidos más sensibles es sin duda el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). De acuerdo con los artículos transitorios de la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) del 6 de noviembre, los remanentes de recursos del Fonden se deben concentrar en la Tesorería de la Federación a más tardar el 30 de junio de 2021. Se definió que se seguirían empleando para la atención de desastres naturales, y que serían manejados directamente por la SHCP para tal objetivo, así como para cubrir las obligaciones pendientes y que no se pagarán con cargo al patrimonio del fideicomiso.

El pasado 27 de julio de 2021 la SHCP publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se abroga el diverso por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, publicado el 3 de diciembre de 2010”, con lo que oficializó la desaparición del Fonden. El acuerdo para su extinción estuvo a cargo de la SHCP y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Además, se reformó el artículo 37 de la LFPRH, el cual explica que el presupuesto para desastres naturales quedará bajo la disposición de la SHCP[5].

Ya quedó prácticamente vacío el Fonden: tenía 55.1 millones de pesos al 30 de junio de 2021, después de que al cierre de 2020 registrara 28.7 mmdp. La Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP será la que emita y modifique las disposiciones que establezcan los mecanismos presupuestarios que permitan ejercer recursos para programas y proyectos que atiendan daños ocasionados por fenómenos naturales. Los convenios suscritos por la SHCP y la SSPC con las entidades federativas en relación con el Fonden continuarán vigentes hasta que se suscriban los instrumentos jurídicos que los sustituyan.

Es lamentable que el uso de los recursos de los fideicomisos se haya  consentido sin haber evaluado el impacto que tendría esta extinción en el desarrollo nacional. Queda pendiente calcular el costo de oportunidad de “matar” el financiamiento para ciertas políticas o bien, en el mejor de los casos, de mermar la certeza de estas políticas en torno a su financiamiento.

Se sabe de sobra que la SHCP tiene amplias facultades para reasignar las asignaciones autorizadas por los diputados, las que se establecen cada año en el decreto del PEF. Lo hemos visto en la práctica. ¿La SHCP cuidará el presupuesto asignado a la protección ante desastres naturales o lo reasignará  a las prioridades del presidente para complacerlo? 


Anexo. Fideicomisos con mayor disponibilidad de recursos



[1] Es la diferencia (spread o swap) entre la tasa de interés que paga los bonos emitidos por los países emergentes y la de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos que se consideran «libres» de riesgo. Se expresa en puntos base (100 pb=1 punto porcentual). Los bonos más riesgosos pagan un interés más alto, por lo tanto el spread de estos bonos respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos es mayor.

[2] “Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos” fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de abril de 2020.

[3] En el artículo Quinto Transitorio del “Decreto de Fideicomisos”#, publicado el 6 de noviembre de 2020 en el DOF, se estableció la obligación para los ejecutores de gasto, por conducto de sus unidades responsables, de coordinarse con las instituciones fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir 109 actos jurídicos vinculados con las disposiciones que se reformaron o derogaron por virtud de dicho instrumento, con la finalidad de que durante el primer semestre del ejercicio 2021 se suscribieran los convenios de extinción o terminación respectivamente.

[4] Mariana Campos (2021), “Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (279.7 mmdp)”, Nexos, 1 de julio de 2021, https://www.nexos.com.mx/?p=57798

[5] Como parte de la reforma del 6 de noviembre de 2020 y la emisión del Decreto para ese fin se establecieron artículos transitorios, primero al vigésimo, en la la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), destacan los siguientes puntos: 1) Las dependencias y entidades, serían las encargadas de coordinar las acciones para concentrar, en la TESOFE la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte de los fideicomisos, mandatos y análogos públicos previstos en las disposiciones que se abrogan, reforman o derogan en el Decreto, 2) que los recursos de Fondos Conacyt se concentran a más tardar el 30 de junio de 2021 en la TESOFE, 3) La Ley General de Cultura Física y Deporte establecerá los criterios y bases para el otorgamiento pensión vitalicia a deportistas olímpicos y paraolímpicos, 4) La Segob asumirá Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, 5) los recursos del Fondo Metropolitano y Fondo Regional pasan al Programa de Mejoramiento Urbano a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial, 6) La extinción total del Fideicomiso para promover el acceso al financiamiento de MIPYMES y Emprendedores, 7) El Fondo de Financiera Rural formará parte de del patrimonio de FIRA..

¿Recuperación de los ingresos petroleros? Mayo 2021



A lo largo de los primeros cinco meses de 2021, los ingresos del Sector Público se ubicaron en 2.5 billones de pesos[1], 6.7% (155.3 mmdp[2]) por arriba de los observados de enero a mayo de 2020. Esto es resultado del mayor dinamismo de la actividad económica y de una mejoría en el precio del petróleo.

En efecto, los ingresos petroleros mostraron una importante recuperación en los últimos meses, particularmente en relación con los obtenidos el año pasado. Por ese motivo, en esta entrega de los Números de Erario vamos a poner la lupa en estos ingresos para entender con mayor profundidad la magnitud y la naturaleza de su recuperación.



Un impulso ‘multifactorial’

Los ingresos petroleros registraron un monto de 363.3 mmdp en el periodo de enero a mayo de 2021. Al comparar estos ingresos en periodos similares de sexenios anteriores (Fox, Calderón y EPN), se revela que su mayor nivel promedio fue en el Gobierno de Calderón (663 mmdp), por el beneficio obtenido del precio del petróleo (77.2 dpb[3] promedio en el sexenio) y una producción promedio de 2,272 mdb[4].

Aunque en el panorama transexenal estos ingresos se ven claramente en ‘desventaja’, es necesario cerrar la ventana temporal. Y es que los ingresos petroleros –Pemex y Gobierno federal– crecieron 86.6% (168.8 mmdp), en comparación con igual periodo de 2020. Se identificó que se trata del crecimiento más alto observado en los ingresos petroleros del que se tenga registro para periodos similares desde 2000. Por debajo, destacan los crecimientos observados en 2000 (58.3%), 2003 (62.6%) y 2010 (30.6%).

Este crecimiento se debe, en gran medida, a que el año pasado los ingresos petroleros alcanzaron mínimos históricos. De cualquier forma, la recuperación del precio promedio de la mezcla mexicana de crudo, aunque no llegara a niveles excepcionales (se ubicó en niveles similares a los reportados en enero-mayo de 2018 [58.5 dpb] y 2019 [58.8 dpb]), sí fue un factor clave.

El precio promedio de petróleo aumentó 82.6% en relación con el reportado en periodo similar de 2020 (58.4 dpb vs. 32.0 dpb, enero-mayo 2021 vs. 2020). El precio promedio de la mezcla mexicana de exportación en 2012 y 2013 fueron superiores a los observados este año, de 109.2 dpb y 102.0 dpb, respectivamente, años en los que los ingresos petroleros fueron igualmente altos en los primeros cinco meses del año.

Queda claro que el dinamismo de los ingresos petroleros observado este año en definitiva no ha sido impulsado por la producción de petróleo. Su volumen promedio en enero-mayo de 2021 (1,678 mbd) fue el segundo más bajo observado para periodos similares desde 2000, después de los 1,666 mbd de 2019. La tendencia de la producción ha sido a la baja: desde el nivel promedio registrado en enero-mayo de 2000 (3,001 mdb), el volumen de producción se desplomó 44.1%,. En 2012 y 2013 los niveles observados fueron considerablemente más altos: 2,543 mbd y 2,532 mbd, respectivamente.



Ahora bien, de alguna manera el dinamismo de los ingresos petroleros también es impulsado hasta cierto punto de forma artificial. Es decir, la recuperación también se debió a factores exógenos al mercado de crudo. Nos referimos a las aportaciones patrimoniales por 63.1 mmdp (y cada vez mayores) que realizó durante el 1T2021 el Gobierno federal a Pemex, para la reducción de su carga fiscal. Éstas se registran como ingreso petrolero de Pemex, cuando en realidad ésa no es su naturaleza.

Sin las transferencias del Gobierno federal a Pemex, los ingresos petroleros hubieran crecido sólo 52.4% (105.7 mmdp), quedando en 300.6 mmdp.



Finalmente, el monto de las transferencias del Gobierno federal Pemex es el más alto registrado en periodos similares desde 2014. En periodo similar de 2020 estas transferencias fueron de 16.8 mmdp.



El peso real de los ingresos petroleros

Hay dos argumentos más que ponen en perspectiva el buen desempeño de los ingresos petroleros en los primeros cinco meses del año.

En términos de estructura porcentual, estos ingresos han ido perdiendo peso a lo largo de los años en el total de ingresos del Sector Público. Pasaron de representar el 24.7% en enero-mayo de 2000 a alcanzar el 14.8%, para periodo similar de 2021.

El segundo argumento: a pesar de su buen desempeño anual, los ingresos petroleros no lograron cumplir la expectativa de la recaudación programada para el periodo enero-mayo (incluso contando las transferencias del Gobierno federal a Pemex). Presentaron un rezago de 8.0% (-31.8 mmdp) con respecto a la meta de inicio de año, de 395.4 mmdp. Sin las transferencias el rezago se eleva a 24.0% (-94.9 mmdp).

Sin embargo, con respecto a la meta mensual establecida en la LIF2021 (82.3 mmdp), presentan un excedente de 11.8% (9.7 mmdp).

La perspectiva sexenal

Durante la administración de AMLO se han presentado los niveles promedio (para periodos enero-mayo) más bajos, tanto de ingresos petroleros como de producción de petróleo: 309 mmdp y 1,685 mbd. Respecto al precio promedio, es el segundo más bajo (49.7 dpb), después de los 30.3 dpb promedio en el sexenio de Fox.

Respecto a las tasas de crecimiento de los ingresos petroleros, las del periodo de Fox fueron las más altas: 114.2%, 16.5% promedio anual. En cambio, en el sexenio de EPN y en lo que va de la administración de AMLO las tasas del periodo han sido negativas: -37.4% vs. -1.7%.



Sólo en mayo de este año, los ingresos petroleros se ubicaron en 92.0 mmdp, monto 207.0% (62.0 mmdp) superior al observado en mayo de 2020, la tasa más alta registrada para meses similares desde 2000. Esto se debe principalmente a una mejora en el precio del petróleo, pues éste se incrementó 152.5% en términos anuales: 62.4 dpb (mayo 2021) vs. 24.7 dpb (mayo 2020). Además, la producción de petróleo aumentó 2.5% respecto a la observada un año antes, ubicándose en 1,683 mbd.

El nivel de los ingresos petroleros, en mayo de 2021, es similar al reportado en igual mes de 2015, pero se encuentra 48.2% por debajo de su nivel máximo reportado para mes similar desde 2000, de 177.7 mmdp de mayo de 2012.



Comparando sexenios anteriores, el ingreso petrolero promedio mensual del mes de mayo, en lo que va de la administración de AMLO, 69 mmdp, ha sido el más bajo desde el sexenio de Fox. Respecto al periodo de EPN se encuentra 31.4% (-31.8 mmdp) por debajo.

Las tasas de crecimiento por periodo más altas se observan en las administraciones de Fox (132.5%) y de Calderón (81.1%). En la de EPN fue negativa (-31.0%). En lo que va de la administración de AMLO el incremento ha sido de 6.6%.

En el sexenio de Calderón se alcanzó el promedio del precio del petróleo más alto del mes de mayo (81.9 dpb); el más bajo se registró en el sexenio de Fox (32.4 dpb).

Respecto a la producción, el nivel más alto se observó en el promedio de mayo del sexenio de Fox (3,275 mbd), y el más bajo se ha verificado en los años que van de la administración de AMLO (1,661 mbd); es decir, se ha caído casi 50%.



Respecto al mes inmediato anterior (abril), los ingresos petroleros aumentaron 37.2% (25.0 mmdp), ya que el precio de la mezcla mexicana de exportación aumentó en mayo 2.9 dpb (4.9%), para ubicarse en 62.4 dpb. Han sido los más altos observados en los cinco meses que van de 2021.

Conclusión

El buen desempeño en los ingresos petroleros en el acumulado de los primeros cinco meses de 2021 entusiasma mucho, especialmente por lo llamativo de las tasas anuales de crecimiento, que superan a las históricas. Desde la misma perspectiva histórica, el nivel de ingresos, los precios y volumen de producción observados de petróleo en la actualidad superan lo visto el año pasado, pero no los máximos niveles vistos en años anteriores.

De cualquier forma, este mayor dinamismo no ha logrado que los ingresos petroleros superen la meta planteada para el periodo de enero a mayo de 2021; tampoco ha revertido la baja participación de estos ingresos en la bolsa total de ingresos presupuestarios.

La recuperación obedece principalmente a dos factores: 1) las transferencias recibidas por Pemex, provenientes del Gobierno federal, y 2) la recuperación del precio del petróleo. El primer factor obedece a un incremento por ingresos no recurrentes, mientras que el segundo puede verse limitado por la volatilidad propia de los precios del petróleo. En este contexto, recomendamos cautela a la hora de juzgar esto como una recuperación real.


Análisis del gasto

El gasto neto total del sector público acumuló 2.5 billones de pesos al mes de mayo, lo que supone un incremento anual de 4% (99.8 mmdp) y un subejercicio de 0.1% (-3.0 mmdp) con respecto al presupuesto aprobado.

El crecimiento medio anual del gasto neto total en lo que va del sexenio es de 3%, es decir, la tasa de variación acumulada del periodo de enero a mayo de 2019 a 2021. Dicha tasa contrasta con el crecimiento medio anual de 6% y 7% de los primeros tres años de los sexenios anteriores.



Gasto programable

En este periodo, el incremento anual observado en el gasto neto total fue resultado de un mayor gasto programable, pues el gasto no programable tuvo una caída en relación con el año anterior. Este tipo de gasto sumó 2.0 mmdp hasta mayo de 2021, lo que representó un aumento anual de 8% (151.4 mmdp) y de 1.8% (34.5 mmdp) con respecto al presupuesto aprobado en el periodo.

El crecimiento promedio anual (tasa de variación acumulada) en lo que va de esta administración es de 5%, mientras que en en el sexenio de Calderón fue de 9% y de 7% en el sexenio de Peña Nieto. Si bien el ritmo de crecimiento del gasto programable a estas alturas de la administración de AMLO es menor en comparación con las anteriores, sí nos llaman la atención los componentes que impulsan el gasto programable.

Con el incremento en el gasto programable este año, la proporción que éste representa dentro del gasto total se modificó. Sin considerar la inversión física representó 63% del gasto total. Desde el 2016 su participación en el gasto total no excedía 60%. Por otro lado, la participación de la inversión física en el gasto total continúa en mínimos históricos, 13%. Esta proporción es muy similar al promedio que se observó entre 2002 y 2008.



El dinamismo del gasto programable fue impulsado por dos de los rubros que lo integran, ya que aproximadamente el 87% del sobregasto proviene de ellos. El rubro de “Otros gastos de capital” sumó 167.7 mmdp y aumentó 160% anual (103 mmdp); de igual manera lo hizo la proporción que representa este rubro del propio gasto programable, al pasar de 4% en 2020 a 9% en 2021. En este rubro se registran las transferencias de capitalización a Pemex por 63.0 mmdp, realizadas por la Secretaría de Energía (Sener) durante el primer trimestre de este año, última información disponible sobre este asunto. Pero dados los aumentos en la inversión financiera de esta Secretaría en el último mes, es probable que el Gobierno federal haya transferido más recursos a la paraestatal. Será hasta el reporte trimestral cuando podamos confirmar o no esta hipótesis. Pero hasta mayo, la inversión financiera de Sener sumó 109.1 mmdp, con un aumento anual de 189%. Además, representó 99% del presupuesto ejercido. Claramente la mala situación financiera de Pemex representa una carga pesada para el Erario.

Sin las transferencias a Pemex, el comportamiento del gasto programable no tendría el mismo dinamismo. Excluyendo las transferencias del total, el gasto programable sería de 1.91 billones de pesos y exhibiría un menor incremento anual: uno de 5% (88.3 mmdp) y no de 8%. Con respecto al gasto aprobado tendría un subejercicio de 1% (-28.6 mmdp). Como resultado, el gasto neto total sumaría 2,533 mmdp, con un crecimiento anual de 3% (73.6 mmdp) y un subejercicio de 2.6% (-66.0 mmdp).

El otro capítulo de gasto que aumentó considerablemente fue el de “Materiales y suministros”, que acumuló 158.9 mmdp y aumentó 50% (52.7 mmdp) anual. Estos resultados contrastan con la narrativa de la austeridad. En 2020 su participación en el gasto programable fue de 6%. En este año aumentó dos puntos porcentuales y representó 8%, participación muy similar al promedio de 8% observado entre 2000 y 2020. Cuando se analiza la serie histórica de este rubro desde 2000 hasta la fecha, no se observan incrementos anuales de 50%; no obstante, en 2012, 2017 y 2018 los incrementos anuales fueron de 32%, 35% y 37%, respectivamente. En el mismo periodo de otros sexenios, este rubro tuvo una tasa de variación acumulada negativa (-2% y -6%), pero en esta administración la tasa fue de 2%. Recordemos que este capítulo agrupa erogaciones destinadas a la adquisición de insumos y suministros para el desempeño de actividades administrativas y productivas. Algunos conceptos que integran el capítulo son: materiales de administración; emisión de documentos y artículos oficiales; alimentos y utensilios; materias primas y materiales de producción y comercialización; productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio; materiales y suministros para seguridad, entre otros.

En los reportes mensuales la información de este rubro no se desagrega por Ramo. Sin embargo, se cuenta con información del rubro de “Otros gastos de operación”, el cual agrupa información de tres conceptos: materiales y suministros, servicios generales y otras erogaciones. Son ocho ramos los que tuvieron incrementos en este rubro, de los cuales destacan la Secretaría de Bienestar (+114%), el IMSS (+62%), Sedatu (+55%) y la CFE (+44%).



[1] Dólares por barril (dpb)

[2] Miles de barriles diarios (mbd)

[3] Base mayo de 2021.

[4] Miles de millones de pesos

Can los ingresos tributarios tradicionales: abril 2021



A pesar de que en el acumulado de los primeros cuatro meses de 2021 los ingresos del sector público aumentaron 2.4% real respecto al mismo periodo de 2020, el resultado no obedece precisamente a la apertura gradual de la actividad económica. La explicación proviene mayormente de las transferencias que en el primer trimestre hizo el Gobierno federal a Pemex, y a los recursos provenientes de fideicomisos extintos que la Tesofe transfirió a aprovechamientos. Ambos rubros sumaron 103.7 mil millones de pesos (mmdp), que si no los tomamos en cuenta los ingresos en realidad hubieran caído 2.9%.

La historia, como se ve, no es tan feliz. Los ingresos tributarios se están debilitando: fueron 2.8% menores a los reportados en enero-abril de 2020. Tanto los IEPS como el ISR y el IVA mostraron una menor recaudación. Esta debilidad en los ingresos tributarios tradicionales se está compensando con impuestos a las importaciones, lo cuales aumentaron 7.7%.

Si analizamos los datos en términos mensuales, los ingresos del sector público reportados en abril disminuyeron 31.5% respecto a marzo, resultado de la caída de 32.2% en los ingresos tributarios, de la disminución de 13.2% en los petroleros y de la reducción de los ingresos no tributarios no petroleros por 68.4%.

Por el lado de las transferencias a las entidades federativas a través del gasto federalizado continúa la tendencia a la baja; en el periodo enero-abril disminuyeron 4.5%, y aunque en abril este gasto presentó un incremento de 5.9% con respecto a igual mes de 2020, no fue suficiente para compensar las reducciones que se han ido presentando de manera consecutiva desde el año pasado.

Por otra parte, hubo un aumento en el gasto público con respecto al año pasado, impulsado por las ya mencionadas transferencias a Pemex, el crecimiento del gasto en programas sociales y por algunos proyectos de infraestructura, como el Tren Maya. A pesar de esto, el gasto público se alejó un poco de los planes de gasto: presentó un subejercicio de 1.3% (-27.1 mmdp). Se ejercieron 2.13 billones de pesos de los 2.15 billones aprobados para el periodo. 

Preocupan los recortes constantes en rubros tan esenciales como el de salud. Aun cuando el gasto funcional en salud se incrementó un 7% anual, el gasto por institución revela dramáticas caídas en el gasto del IMSS y el ISSSTE. El rubro de infraestructura el más afectado (para más detalle consultar el Erario en salud de abril). 

Lamentablemente, la inversión física en general no tiene la prioridad que debería en el gasto del gobierno, aunque bien podría contribuir a la recuperación económica. Desde hace varios años se mantiene en niveles bajos, y ya mostró una caída en los primeros cuatro meses de este año, con relación al mismo periodo del año anterior. Además, los bajos niveles de inversión en ciertos sectores, como en la infraestructura educativa y para el agua, son alarmantes.



Ingresos totales del Sector Público enero-abril de 2021

Los ingresos totales se ubicaron en 2 billones de pesos[1] durante el periodo enero-abril de 2021, lo que se tradujo en un incremento de 2.4% real (46.5 mmdp) respecto al mismo periodo de 2020, el nivel más alto observado en periodos similares desde los 2.2 billones de pesos de 2017. Lo anterior podría interpretarse como resultado de la apertura económica y de mayores ingresos petroleros por una mejoría en el precio del petróleo, pero habría que poner el foco, más bien, en las transferencias por 63.1 mmdp del primer trimestre del año que realizó el Gobierno federal a Pemex, y de la Tesofe a aprovechamientos por recursos provenientes de fideicomisos extintos, por 40.6 mmdp. Así, sin considerar estas transferencias, los ingresos totales del Sector Público hubieran sido de 1.8 billones de pesos, 2.9% (-57.1 mmdp) menores a los reportados en igual periodo del año anterior.

Por componentes, los ingresos petroleros alcanzaron los 271.6 mmdp, lo que supone un aumento de 64.8% (106.8 mmdp) también con respecto al año pasado, debido a la recuperación de los precios del petróleo y al beneficio fiscal otorgado a Pemex. Sin estas transferencias, los ingresos petroleros hubieran sido de 208.5 mmdp, 26.6% (43.8 mmdp) superiores al dato reportado en enero-abril de 2020.

Los ingresos no petroleros reportaron 1.7 billones de pesos. Disminuyeron 3.4% (-60.3 mmdp) en términos anuales. Los del Gobierno federal fueron menores en 2.3%; los de Organismos de control presupuestario directo se redujeron en 1.5% y los de CFE cayeron 17.5%.

Los ingresos tributarios sumaron 1.2 billones de pesos, ubicándose 2.8% (-37.8 mmdp) por debajo de su nivel reportado en enero-abril de 2020. Los IEPS cayeron 13.2% (los de gasolina y diésel se redujeron 18.0% y los distintos de gasolina y diésel fueron menores en 4.6%); otros impuestos (ISAN, exportaciones y accesorios) disminuyeron 9.5%; el ISR fue menor en 1.8% y el IVA se redujo 0.2%. Los impuestos a la importación aumentaron 7.7%.

Los ingresos no tributarios no petroleros (NTNP) sumaron 168.6 mmdp, lo que significó un incremento de 2.4% respecto al dato reportado en el acumulado de los primeros cuatro meses de 2020. A su interior, los aprovechamientos se incrementaron 6.0%, mientras que los derechos disminuyeron 0.7% en términos anuales y los productos en 48.4%. Sin considerar las transferencias por fideicomisos recibidas en el primer trimestre de 2021 (40.6 mmdp), los ingresos NTNP hubieran sido de 128.0 mmdp, 22.3% (-36.6 mmdp) menores a los reportados en el periodo enero-abril de 2020.

En términos de estructura porcentual, los ingresos tributarios han pasado de representar el 52.5% de los ingresos totales del Sector Público en 2000 a abarcar el 64.9% en 2021. El ISR es el impuesto de mayor peso (35.7%), seguido del IVA (19.4%). En cambio, los ingresos petroleros han ido perdiendo peso en el total de ingresos del Sector Público: en enero-abril de 2000 abarcaron el 23.9%, y para el mismo periodo de 2021 sólo representaron el 13.6%.

En relación con su meta inicial establecida en la LIF2020,los ingresos totales del Sector Público se colocaron 2.9% (55.6 mmdp) por arriba.

En el acumulado, los ingresos tributarios fueron 0.3% (4.2 mmdp) superiores a su meta estimada a inicio de año: la recaudación de IVA fue mayor en 13.9% (47.4 mmdp). En contraste, el ISR fue menor en 4.5% (-33.3 mmdp) y los IEPS observados se ubicaron 7.9% (-13.0 mmdp) por debajo del dato aprobado en la LIF.

Los ingresos petroleros del Sector Público reportaron un rezago de 13.3% con relación a lo que se esperaba para este periodo (-41.5 mmdp). Si no consideramos las transferencias del Gobierno federal a Pemex del primer trimestre del año, registradas como ingresos petroleros, el rezago es mayor:de 33.4% (-104.5 mmdp).

En contraste, los ingresos no tributarios no petroleros superaron en 151.9% (101.7 mmdp) la meta aprobada en 2021: los derechos fueron 79.4% (20.6 mmdp) mayores y los aprovechamientos 222.0% (82.3 mmdp).

En resumen, durante los primeros cuatro meses de 2021 los ingresos del Sector Público se beneficiaron marginalmente de 1) la apertura económica; 2) la recuperación de los precios del petróleo; 3) las transferencias que realizó el Gobierno Federal a Pemex en el primer trimestre del año, y 4) las transferencias a ingresos no recurrentes, registradas en el rubro de aprovechamientos, provenientes de la extinción de fideicomisos. Sin estos recursos, los ingresos totales del Sector Público hubieran registrado 1 billón 896.4 mmdp, con un rezago de 2.5% (-48.0 mmdp) respecto a la meta establecida en la LIF 2021.


Ingresos totales del Sector Público en abril de 2021

Sólo en abril de 2021la SHCP reportó que se obtuvieron 436.0 mmdp de ingresos totales, monto mayor en 1.1% (4.9 mmdp) al reportado el mismo mes de 2020. Es importante desagregar sus componentes para identificar qué produjo dicho aumento anual:

  • Los ingresos petroleros se ubicaron en 67.1 mmdp, monto 179.8% superior al de abril de 2020, debido principalmente a una mejora en los precios del petróleo.
  • Los ingresos tributarios fueron de 273.5 mmdp. Eso implica una disminución anual de 5.6%, resultado de la caída de 16.1% del ISR, y de las disminuciones de 6.6% de ‘otros impuestos’ (ISAN, exportaciones y accesorios) y de 1.7% de impuestos por la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos. En cambio, la recaudación de impuestos a la importación aumentó 11.5%, la de IVA 1.2% y la de los IEPS 1.0% (aunque la de gasolinas y diésel disminuyó 3.6%, la distinta a gasolinas y diésel se incrementó 12.0%).
  • Los ingresos no tributarios no petroleros fueron de 28.1 mmdp; presentaron un caída anual de 31.3% respecto a igual mes de 2020, principalmente por la disminución de 37.4% de los aprovechamientos y de 40.6% en los productos, ya que los derechos se incrementaron 5.6%.


Respecto al mes inmediato anterior (marzo), los ingresos presupuestarios del Sector Público disminuyeron 31.5% (-200.4 mmdp), lo que se explica principalmente, por:

  • La caída mensual en los ingresos tributarios de 32.2%, respecto a marzo de 2021.
  • La disminución de los ingresos petroleros de 13.2% respecto a marzo, ya que el precio de la mezcla mexicana de exportación bajó respecto a marzo 1.2 dólares por barril (-1.9%), para ubicarse en 59.5 dólares por barril.
  • La reducción de los ingresos no tributarios no petroleros por 68.4%.

En términos mensuales, en abril de 2021 los ingresos totales del Sector Público presentaron una disminución de 5.9% (-27.2 mmdp) respecto al dato aprobado.

Los ingresos tributarios fueron 8.1% (-24.0 mmdp) menores respecto a su meta estimada en el calendario para el mes…

  • Al desagregarse los ingresos por tipo, en abril se observaron ingresos excedentes en el IVA de 19.7% (14.5 mmdp).
  • En cambio, el ISR tuvo una pérdida de 21.3% (-37.2 mmdp).

Hubo un rezago entre el monto observado y aprobado en los ingresos petroleros: reportaron un faltante de 15.2% (-5.2 mmdp).

Los ingresos NTNP tuvieron excedentes por 81.6 % (-12.0 mmdp).



Gasto neto total

El gasto neto total del sector público acumuló 2.1 billones de pesos al mes de abril, lo que supone un incremento anual de 4% (86.0 mmdp). Por su parte, el gasto primario, que excluye el costo financiero, sumó 1.9 billones de pesos, y fue 6% (118.6 mmdp) mayor al observado en el mismo periodo de 2020.

En lo que va del año se tiene registro de aportaciones patrimoniales del Gobierno federal a Pemex con el fin de amortizar su deuda. Con los datos disponibles y si se descuentan dichas aportaciones del gasto neto total, éste sería de 2,055 mmdp al mes de abril, y habría aumentado sólo 2.3% (45.9 mmdp) con relación al año previo.

Por componentes del gasto, el gasto programable sumó 1.6 billones de pesos: aumentó 9.7% (142.7 mmdp) con relación al año previo. El gasto no programable fue de 523.2 mmdp, lo que implica una caída anual de 15.6% (-32.5 mmdp), impulsada por un menor costo financiero debido a la gestión de la deuda. 75% del gasto neto total corresponde al gasto programable y 25% al gasto no programable.


Gasto programable

Al interior de la clasificación económica del gasto programable, el gasto corriente se incrementó 7% (78.8 mmdp) con respecto a 2020, al acumular 1.2 billones de pesos. Este incremento podría ser el resultado de aumentos en el rubro de materiales y suministros (52% por arriba, o 44.5 mmdp) y de subsidios y transferencias (11% o 33 mmdp).

El gasto de capital acumuló 330.2 mmdp; con respecto a 2020 aumentó 24% (63.9 mmdp). Son los ‘otros gastos’ de capital los que impulsaron dicho incremento en este componente, el tener un aumento anual de 139%. Por su parte, y de forma contrastante, el gasto en inversión física tuvo una caída anual de 3% (-7.0 mmdp).

Inversión física

La inversión física al mes de abril se ubicó en 208.4 mmdp, con una caída anual de 3% (-7.0 mmdp). Si no consideramos a Pemex, la caída sería de 1% (-1.3 mmdp). La inversión física de Pemex fue de 86.0 mmdp: disminuyó 6.2% (-5.7 mmdp) en términos anuales. Dicho nivel de inversión es similar al observado entre 2011 y 2012. Los niveles de inversión observados hasta abril se encuentran en mínimos históricos. Desde 2015, la inversión del sector público se reduce año con año y ni con los proyectos de inversión prioritarios ha podido repuntar.

Hasta abril, las caídas de la inversión física presupuestaria se observan en casi todos los rubros, excepto en educación (29% por arriba) y en el rubro de otros (9.5%). A pesar del aumento en la inversión física en educación, desde abril de 2015 el gasto en este rubro acumula caída tras caída, hasta llegar a mínimos históricos: pasó de tener un monto de 9.8 mmdp en 2015 a 0.3 mmdp en este año.

De los rubros con caídas anuales destacan los siguientes:

  • Eléctrico (-47.4%)
  • Salud (-44.6%)
  • Abastecimiento, agua potable y alcantarillado (-40.6%)
  • Comunicaciones y transportes (-24.7%)

La inversión física en salud en 2021 alcanza un récord mínimo en los últimos cuatro años, y es el segundo mínimo desde 2011. Los recortes de inversión del IMSS (-82%) y el ISSSTE (-88%) profundizaron la caída. 

El gasto en infraestructura para el agua potable y alcantarillado también se encuentra en récords mínimos. Si bien desde abril de 2017 comenzó a decrecer la inversión en este rubro, el monto que se ejercía era muy superior a los 0.8 mmdp que actualmente se gastaron.

La inversión en comunicaciones y transportes también ha mostrado caídas en los últimos tres años; desde 2013 no se observaba una inversión tan baja en este sector.

La inversión en el sector eléctrico también exhibe recortes y se encuentra en un mínimo histórico: en este periodo tuvo una caída de 47.4% con respecto al año pasado. A abril de este año se gastaron 5.4 mmdp en infraestructura eléctrica, gasto muy por debajo de los 6.2 mmdp observados en 2017, cuando también se observó un gasto mínimo.

Por funciones, la inversión física se comportó de la siguiente manera:

  • La de Gobierno fue de 16.4 mmdp; en términos anuales aumentó 60.2% (6.2 mmdp). A su interior, las subfunciones con mayores aumentos son las de Coordinación de la Política de Gobierno (160%, que incluye funciones relacionadas con procesos electorales), Legislación (76%) y Seguridad Nacional (76%).
  • La de Desarrollo Social fue de 75.8 mmdp; exhibió una disminución de 2.9% (-2.3 mmdp). Por componentes se observaron caídas en el gasto de cuatro de las seis subfunciones: Protección ambiental (-51%), Salud (-44%), Vivienda y servicios a la comunidad (-6%) y Educación (-5%). En contraste, el gasto en Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales fue 396 veces el ejercido el año pasado, y el gasto en Protección social aumentó 627%.
  • La de Desarrollo Económico se ubicó en 116.2 mmdp; con respecto a 2020 se redujo en 8.5% (-10.8 mmdp). Si no consideramos el gasto en el rubro de Combustibles y Energía, este tipo de inversión sería sólo de 23.1 mmdp, y habría caído 1% (-0.2 mmdp). De este tipo de inversión destaca la disminución anual en Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General (-34%), Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza (-21%) y Combustibles y Energía (-10%). Las subfunciones que más aumentos anuales tuvieron fueron: Turismo (86%), Ciencia, Tecnología e Innovación (64%) y Transporte (54%).

Por clasificación administrativa

El gasto programable del Gobierno federal fue de 1.2 billones de pesos; aumentó 9% con relación al monto observado en 2020. A su interior:

  • Los entes autónomos gastaron 37.6 mmdp; este gasto tuvo una caída anual de 9%. Por un aumento anual de 90% destaca el INE, a causa  del periodo electoral. En contraste, se reportaron caídas anuales en los siguientes ramos: Inegi (-78%), Tribunal Federal de Justicia Administrativa (-14%), FGR (-14%), INAI (-6%), Legislativo (-4%) e IFT (-2%).

El gasto de la Administración Pública Centralizada ascendió a 1.1 billones de pesos, con un aumento real anual de 10%. Esto se puede entender en el marco del fortalecimiento de acciones y programas de protección social. Dentro de ella destacan:

  • Los Ramos Administrativos, que sumaron 517.5 mmdp, con un incremento anual de 20%. La Secretaría de Turismo y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano continúan con aumentos reales considerables; la primera gastó 16 veces más que el año pasado y la segunda tuvo un incremento anual de 367%. Las mayores reducciones, en términos porcentuales, se observaron en Seguridad Pública y Protección Ciudadana (-49%), Economía (-26%) y la Comisión Reguladora de Energía (-22%).
  • Los Ramos Generales aumentaron su gasto programable en 3%. Sumaron 673.2 mmdp, principalmente por el incremento anual de 21% en las Provisiones Salariales y Económicas. Por su parte, las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos presentaron una caída de 15% anual, y las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33) vieron disminuidos sus recursos en 3%.

En las entidades bajo control presupuestario directo el gasto fue de 751.4 mmdp, 11% mayor que el del mismo periodo del año pasado. Por componentes, el gasto programable de Pemex fue de 196.4 mmdp, con un incremento anual de 20%; el del IMSS fue de 256.4 mmdp, con un crecimiento de 11%, y el de CFE fue de 170.0 mmdp, con un incremento de 17%. El ISSSTE gastó 128.4 mmdp, monto 5% menor al observado en 2020.


Por clasificación funcional

La función Gobierno sumó 109.7 mmdp, y tuvo una caída anual de 5%. Destaca la disminución de gasto en ‘Otros servicios generales’ (-71%) y Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior (-29%). De las subfunciones que mayor aumento anual tuvieron se encuentra la de Coordinación de la Política de Gobierno (59%) y Seguridad Nacional (22%).

El gasto conjunto en las funciones de Desarrollo Social y Desarrollo Económico llegó a 1.4 billones de pesos, y aumentó 11.3% anual. De acuerdo con el informe de la SHCP en estas funciones se concentran los apoyos para la atención de los efectos de la covid-19 y el gasto en programas de subsidios. En particular, el gasto en la función de ‘Otros Asuntos Sociales’ fue de 5.1 mmdp, y fue 79 veces mayor al gasto observado hasta abril de 2020. Por su parte, los fondos de estabilización (Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios-FEIP y Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas-FEIEF) vieron disminuidos sus recursos en 20%.


Gasto no programable

Los tres componentes de este gasto presentaron caídas anuales:

  • Las Adefas y otros se ubicaron en 2.2 mmdp, lo que significa una disminución real anual de 88% (-16.2 mmdp);
  • El costo financiero fue de 176.3 mmdp, con una reducción de 16% (-32.6 mmdp), y
  • Las participaciones alcanzaron un nivel de 344.7.6 mmdp y una caída de 2% (-7.9 mmdp).

¿Cómo se comportó el gasto neto con respecto a su meta?

En relación con su meta inicial establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, hasta abril de 2021 el gasto neto total del Sector Público presentó un subejercicio de 1.3% (-27.1 mmdp); no estuvo tan alejado de la meta estimada, que es de 2.15 billones de pesos. El gasto observado fue de 2.13 billones de pesos. Por componentes:

  • El gasto programable presentó un sobregasto de 0.4% (6.5 mmdp), respecto a la meta del PEF2021. El dato mensual aprobado fue de 1.602 billones de pesos, y el observado de 1.608 billones.
  • El gasto no programable exhibió un mayor subejercicio: se quedó 6% (-33.7 mmdp) por debajo de la meta calendarizada hasta abril, que era de 557 mmdp.
  • El costo financiero aprobado fue de 199 mmdp, y el observado alcanzó los 176.3 mmdp, por lo que exhibió un recorte de 12.8% (-22.8 mmdp).

Por componentes del gasto programable:

El Gobierno federal presentó un ligero sobregasto de 0.5% (6.6 mmdp):

  • Ramos autónomos (-30.5% o -16.5 mmdp)
  • Ramos generales (-5.9% o -70.4 mmdp)
  • Ramos administrativos (32.9% o 128.2 mmdp)

En conjunto, los organismos de control presupuestario directo exhibieron un subejercicio de 5.6% (-11.5 mmdp):

  • ISSSTE (-50% o -126.2 mmdp)
  • Sin embargo, el IMSS tuvo un sobregasto de 68% (103.4 mmdp).

Las Empresas Productivas del Estado gastaron 7.2% (29.3 mmdp) más de lo aprobado:

  • Pemex (-2% o -5.4 mmdp)
  • CFE (24% o 34.7 mmdp)

Por componentes del gasto no programable:

  • Las Participaciones presentaron un sobrejercicio de 6% (19.1 mmdp).
  • Adefas y otros, un subejercicio de 93% (-30.1 mmdp).


Gasto Federalizado

Durante los primeros cuatro meses de 2021 la Recaudación Federal Participable (RFP) sumó 1.2 billones de pesos, lo que representó una disminución de 4.9% (-64.6 mmdp) respecto a enero-abril de 2020, resultado de menores ingresos en sus componentes tributarios (-0.8%) y petroleros (-34.6%). En abril, la RFP fue de 394.7 mmdp, 0.7% mayor al dato reportado en igual mes de 2020.

El gasto federalizado, es decir, las transferencias que realiza el Gobierno Federal a los estados y municipios, fue de 681.3 mmdp, lo que se tradujo en una caída anual de 4.5% (-32.4 mmdp) respecto a igual periodo de 2020, resultado de la disminución en todos sus componentes: Subsidios[2] (-61.1%), Recursos para Protección Social en Salud (-13.5%); Convenios de Descentralización[3] (-12.1%); Aportaciones Federales o Ramo 33 (-3.7%), y Participaciones-Ramo 28[4] (-2.2%).

Sólo en abril, el gasto federalizado fue de 194.0 mmdp, presentando un incremento de 5.9%, respecto a abril de 2020.

Las participaciones a entidades federativas, de enero a abril de 2021, se ubicaron en 344.7 mmdp, lo que significó una caída de 2.2% (-7.9 mmdp) respecto a los recursos recibidos en igual periodo de 2020 (352.6 mmdp), resultado de una menor recaudación. Destacan las disminuciones anuales de los fondos con mayores recursos del Ramo 28: el Fondo General (-2.3%), el Fondo de Fomento Municipal (-2.4%) y el Fondo de Fiscalización (-2.8%). Sólo en abril de 2021 las participaciones fueron de 104.0 mmdp, 0.2% menores a las reportadas en abril de 2020.

En los primeros cuatro meses del año la disminución anual de los recursos vía Participaciones Federales se reflejó en menores crecimientos en 25 entidades federativas; en 17 disminuyeron más que en el promedio nacional. Las más afectadas fueron: San Luis Potosí (-9.0%), Zacatecas (-8.8%), Hidalgo (-8.0%), Guanajuato (-7.9%) y Oaxaca (-7.6%). Por otro lado, seis entidades recibieron mayores recursos respecto al mismo periodo del año anterior: Durango (21.8%), Veracruz (6.6%), Colima (5.6%), Tabasco (4.5%), Michoacán (2.5%) y Tlaxcala (2.2%).

Las aportaciones a entidades federativas y municipios ascendieron a 258.0 mmdp, y presentaron una disminución anual de 3.7% (-10.0 mmdp) en el periodo enero-abril de 2021, la cual se explica por la reducción de recursos en siete de sus ocho fondos: el Fondo de Aportaciones Múltiples-FAM (-6.0%); el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social-FAIS (-5.8%); el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal-FAFM y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas-FAFEF (-5.5%, cada uno); el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo-FONE (-3.2%); el de Aportaciones para los Servicios de Salud-FASSA (-1.2%), y el de Aportaciones para la Seguridad Pública-FASP (-0.9%). El único fondo que presentó un incremento en sus recursos fue el de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos-FAETA (0.7%).

Como puede observarse, los fondos cuyos recursos están destinados al desarrollo regional (infraestructura social y fortalecimiento de entidades) siguen teniendo disminuciones en sus transferencias.

En abril de 2021, los recursos del Ramo 33 permanecieron sin cambio en términos anuales, reportando 55.3 mmdp.

Las 32 entidades federativas vieron disminuidos sus recursos en enero-abril de 2021; la más afectada fue la Ciudad de México, con una caída anual de 10.8%. Le siguió Querétaro, con una disminución de 5.9%.


El balance del Sector Público y sus requerimientos financieros

El Balance Primario se ubicó por arriba de su meta calendarizada, ya que presentó un superávit de 52.9 mmdp; el programado para el periodo enero-abril era un déficit de 16.4 mmdp, pero es menor al superávit registrado el mismo periodo del año anterior (119.9 mmdp).

El déficit del Balance Público fue menor al calendarizado en los primeros cuatro meses de 2021: -109.7 mmdp, cuando se tenía un déficit estimado de 215.4 mmdp. En el mismo periodo de 2020, se registró un déficit de 77.3 mmdp.

El Balance Público sin inversión (es decir, excluyendo hasta el 2.2% del PIB de la inversión física del Gobierno federal y las Empresas Productivas del Estado, de acuerdo con el artículo 1 de la LIF 2021) fue superavitario en 98.3 mmdp.

El costo financiero fue de 176.3 mmdp, inferior al programado de 199.0 mmdp.

La medida más amplia de endeudamiento público, los Requerimientos Financieros del Sector Público o RFSP[5], fue de -219.4 mmdp en el acumulado enero-abril de 2021, o 0.9% del PIB. El déficit acumulado previsto para cierre de año es de -3.3% del PIB. Sólo en abril de 2021, el saldo de los RFSP fue de -43.6 mmdp.

A abril de 2021 el Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), o deuda neta total, sumó 12.3 billones de pesos; se redujo 2.4% o 298.9 mmdp respecto a igual periodo de 2020, debido a una disminución en el componente externo por la apreciación del tipo de cambio. El SHRFSP representó el 49.5% del PIB en el periodo de referencia. Para cierre de año, la SHCP estima que el SHRFSP se ubique en 51.4% del PIB, en lugar de 53.7% del PIB previsto en un inicio, debido al menor déficit como proporción del PIB, la apreciación del tipo de cambio y el mayor dinamismo de la economía.


[1] Base marzo de 2021.

[2] Incluyen recursos que son entregados a las entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada. Estos se destinan para apoyar el desarrollo conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y se ejercen de acuerdo a lo señalado en el PEF de cada año.

[3] Corresponden a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas.

[4] Forman parte del gasto no programable y derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que es un

mecanismo por medio del cual se acuerda el ejercicio de las facultades tributarias entre los distintos niveles de gobierno que componen un Estado. Son un mecanismo de compensación a los gobiernos locales, dependiendo de la Recaudación Federal Participable (RFP).

[5] Los RFSP se miden como la diferencia entre los ingresos y los gastos distintos de la adquisición neta de pasivos y activos financieros, incluyendo las actividades del sector privado y social cuando actúan por cuenta del Gobierno Federal o de las entidades públicas, en línea con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con las guías internacionales, Esta medida incluye además del balance tradicional, las necesidades de financiamiento del IPAB, Fonadin, bancos de desarrollo y fondos de fomento, programas de apoyo a deudores y PIDIREGAS de CFE y un ajuste por los ingresos derivados de la venta neta de activos financieros y por la adquisición neta de pasivos distintos a la deuda pública. En los RFSP y el resultado primario el signo negativo (-) significa déficit o requerimiento de recursos y el signo positivo (+) superávit.

De la austeridad nos queda el recuerdo: 1T 2021



En marzo de 2021, los ingresos mostraron signos de recuperación: aumentaron 2.8% real (42.8 mil millones de pesos [mmdp]) con respecto al mismo mes de 2020. Y con respecto a febrero de este año los ingresos tributarios subieron un contundente 52.3%, aunque a causa de las pérdidas acumuladas en los primeros dos meses del año el primer trimestre siguió por debajo del año anterior (2.0%), en este sentido.

Los ingresos petroleros sumaron 204.6 mmdp, lo que significa un aumento de 45.6% (64.1 mmdp) con respecto al mismo periodo de 2020. Pero este ‘boost’ se debe más al beneficio fiscal otorgado a Pemex (con nuestros impuestos) que a la recuperación de los precios del petróleo. En su informe trimestral Pemex reportó, dentro de sus actividades de financiamiento, un incremento en las aportaciones del Gobierno federal por 63.1 mmdp. Hay que destacar que dicha aportación en 2021 tuvo un incremento real anual de 278%. Sin esas transferencias federales los ingresos petroleros hubieran sido de 141.5 mmdp, apenas 0.7% por arriba (1.0 mmdp) del dato reportado en el primer trimestre del año pasado. El propósito de esta transferencia fue amortizar la deuda de la paraestatal.

Asimismo, el Gobierno sigue liquidando recursos de los fideicomisos; obtuvo recursos del Fondo de Salud para el Bienestar (33 mmdp) y del Fondo de Desastres Naturales–Fonden (7.6 mmdp).

Observamos, por lo demás, el muy probable fin de la era de la austeridad. Se nota la influencia del año electoral en el vigor del gasto, el cual crece mientras los ingresos siguen con pérdida a pesar de su mejoría en marzo. En el primer trimestre de 2021 el gasto neto total del Sector Público acumuló 1.6 billones de pesos. Con respecto al mismo periodo de 2020 hubo un incremento de 8% o 122.2 mmdp. Si descontamos la aportación del Gobierno federal a Pemex del gasto neto total, éste ascendería a 1.5 billones de pesos, y habría aumentado sólo 5.0% (75.88 mmdp) con relación al año previo.

El incremento en el gasto fue impulsado por el gasto en programas con Reglas de Operación (ROP) y “Otros subsidios”, que incluye el gasto de los programas prioritarios del Ejecutivo. Fue 18% mayor (37.8 mdp) al observado en el mismo periodo de 2020. Este gasto atípico lo justificó el Gobierno al afirmar que “se habían adelantado las transferencias a programas sociales” a causa de la “veda electoral”. También destacó el gasto en el Banco del Bienestar, pues fue 2,703% mayor (4.4 mmdp) a lo previsto en el programa: gastó 5.2 mmdp y se tenían aprobados sólo 184.7 mdp al primer trimestre del año. El gasto que esta institución realizó a través del Programa de Inclusión Financiera de la SHCP en lo que va del año es 16 veces el presupuesto aprobado en todo el año.

Aun así, las transferencias a las entidades federativas a través del gasto federalizado, continúan cayendo: en el primer trimestre de 2021 disminuyeron 8.2%.

La deuda pública, como necesidad de financiamiento y saldo acumulado, aumentó. En parte lo hizo por efectos del tipo de cambio, pero también porque el ritmo de gasto ha excedido por mucho al de obtención de ingresos públicos.

Se reportaron 14 bajas y 39 fideicomisos en proceso de extinción –siete más que los reportados al cuarto trimestre de 2020–; éstos últimos equivalen a 965.8 millones de pesos, de los cuales no se presentan usos ni estados financieros.


Ingresos totales del Sector Público al primer trimestre de 2021

Los ingresos totales del Sector Público se ubicaron en 1.5 billones de pesos[1] al primer trimestre de 2021, lo que equivale a un incremento de 2.8% real (42.8 mmdp) respecto al mismo periodo de 2020. Esto es reflejo de la reactivación económica y de mayores ingresos petroleros y no tributarios no petroleros –en específico, de aprovechamientos–. Si no consideramos las transferencias por 63.1[2] mmdp del Gobierno federal a Pemex, los ingresos totales hubieran sido de 1.5 billones de pesos[3], 1.3% menores (-20.3 mmdp) a los reportados en igual trimestre del año pasado.

Al hacer el análisis por componentes, observamos que los ingresos petroleros sumaron 204.6 mmdp, lo que significa un aumento de 45.6% (64.1 mmdp) con respecto al mismo periodo de 2020. Esto se debe a la recuperación de los precios del petróleo y al beneficio fiscal otorgado a Pemex que ya describimos. Sin estas transferencias federales los ingresos petroleros hubieran sido de 141.5 mmdp, 0.7% por arriba (1.0 mmdp) del dato reportado en el primer trimestre del año pasado.



Los ingresos no petroleros ascendieron a 1.3 billones de pesos, una disminución de 1.5% (-21.3 mmdp) en términos anuales. Los del Gobierno federal fueron menores en 0.3%; los de los organismos de control presupuestario directo se redujeron en 2.4% y los de CFE cayeron 14.7%.

Los ingresos tributarios sumaron 1.02 billones de pesos, ubicándose 2.0% (-20.7 mmdp) por debajo de su nivel reportado en el primer trimestre de 2020. A su interior, los IEPS cayeron 16.9%: los de gasolina y diésel se redujeron 22.4%, y los distintos de gasolina y diésel lo hicieron en 7.9%; otros impuestos –ISAN, exportaciones y accesorios– disminuyeron 10.5% y el IVA se redujo en 3.2%. En cambio, la recaudación por ISR aumentó 2.4%.

Los ingresos no tributarios no petroleros (NTNP) sumaron 140.5 mmdp, lo que equivale a un incremento de 13.6% respecto al dato reportado en el primer trimestre de 2020. A su interior, destaca el incremento de 24.6% en el rubro de aprovechamientos, debido a la recuperación de los siguientes activos financieros:

  • Fondo de Salud para el Bienestar, por 33.0 mmdp (liquidado en su totalidad), previstos en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2021 para financiar gasto en salud.
  • Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, por 7.6 mmdp, correspondientes a recursos no comprometidos y en línea con el proceso de extinción de los fideicomisos.
  • Ingresos derivados por operaciones de financiamiento por 17 mmdp.

Por su parte, los derechos disminuyeron 1.4% en términos anuales, y los productos en 50.3%. Si no consideramos las transferencias por fideicomisos (40.6 mmdp), los ingresos NTNP suman 99.9 mmdp, 19.3% (-23.8 mmdp) por debajo de los reportados en el primer trimestre de 2020.



Los ingresos tributarios han pasado de representar el 51.4% de los ingresos totales del Sector Público en 2000, a 65.5% en 2020. El ISR es el impuesto de mayor peso (36.9%), seguido del IVA (19.2%).

En cambio, los ingresos petroleros han ido perdiendo peso en el total de ingresos del Sector Público: de abarcar el 23.7% en el primer trimestre de 2000, al primer trimestre de 2021 sólo representan 13.1%.



En relación con su meta inicial establecida en la LIF2020, los ingresos totales del Sector Público se colocaron 5.6% (82.8 mmdp) por arriba.

En el acumulado, los ingresos tributarios fueron 2.8% (28.3 mmdp) superiores a su meta estimada a inicio de año: la recaudación de IVA fue mayor en 12.4% (33.0 mmdp) y la del ISR en 0.7% (3.9 mmdp). En cambio, los IEPS se quedaron 9.0% (-11.3 mmdp) por debajo del dato aprobado en la LIF.

Los ingresos petroleros del Sector Público reportaron un rezago de 12.6% (-29.5 mmdp) en relación con lo que se esperaba para este periodo. Si no consideramos las transferencias del Gobierno federal a Pemex (registradas como ingresos petroleros), el rezago es mayor: de 39.5% (-92.6 mmdp).

En contraste, los ingresos NTNP superaron en 173.1% (89.0 mmdp) la meta aprobada en 2021: los derechos fueron 89.9% mayores (19.1% mayores) y los aprovechamientos 261.7% (71.0 mmdp).

En conjunto, en el primer trimestre de 2021 los ingresos petroleros del Sector Público se beneficiaron por las transferencias que realizó el Gobierno Federal a Pemex (63.1 mmdp), y por las transferencias a ingresos no recurrentes, registradas en el rubro de aprovechamientos, provenientes del Fondo de Salud para el Bienestar y del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (40.6 mmdp). Sin estos recursos, los ingresos totales del Sector Público hubieran sumado 1.4 billones de pesos[4], con un rezago de 1.4% (-20.8 mmdp) respecto a la meta establecida en la LIF 2021.



Ingresos totales del Sector Público en marzo de 2021

En términos mensuales, en marzo de 2021 la SHCP reportó que se obtuvieron 636.4 mmdp de ingresos totales, monto 15.2% mayor (87.6 mmdp) que el reportado en el mismo mes de 2020. Es importante desagregar sus componentes para identificar qué produjo dicho aumento anual:

  • Los ingresos petroleros se ubicaron en 77.3 mmdp, monto 93.4% superior al de marzo de 2020. La causa principal: mayores ingresos de Pemex.
  • Los ingresos tributarios sumaron 403.6 mmdp, lo que representa un crecimiento anual de 2.4%, resultado del incremento de 9.2% del ISR y de 35.4% de los impuestos a la importación. Sin embargo, la recaudación de IVA se redujo 7.8%; la de los IEPS fue menor en 13.8% –27.3% por debajo la de gasolinas y diésel, aunque la distinta a gasolinas y diésel se incrementó 39.3%–.
  • Los ingresos NTNP fueron de 89.1 mmdp; presentaron un crecimiento anual de 94.0% respecto a igual mes de 2020, principalmente por el incremento en 227.0% en los aprovechamientos, ya que los derechos aumentaron 6.3% y los productos cayeron 30.5%.


Respecto al mes inmediato anterior (febrero), los ingresos presupuestarios del Sector Público aumentaron 46.2% (201.2 mmdp), lo que se explica con estos hechos:

  • El crecimiento mensual en los ingresos tributarios, de 52.3%, respecto a febrero de 2021.
  • El incremento de los ingresos NTNP por 265.4%, debido a los mayores aprovechamientos.

En cambio, los ingresos petroleros disminuyeron 2.4% en términos mensuales, a pesar de que el precio de la mezcla mexicana de exportación aumentó 2.2% (1.3 dólares por barril) en marzo respecto a febrero, para ubicarse en 59.2 dólares por barril.

En términos mensuales, en marzo de 2021 los ingresos totales del Sector Público presentaron un incremento de 17.4% (94.5 mmdp) respecto al dato aprobado. Se observaron aumentos en los ingresos tributarios y NTNP.

Los ingresos tributarios fueron 11.9% mayores (43.1 mmdp) respecto a su meta estimada en el calendario para el mismo periodo. Al desagregarse los ingresos por tipo, se observa en marzo:

  • Ingresos excedentes de IVA por 22.5% (17.7 mmdp).
  • El ISR tuvo una ganancia de 10.8% (25.4 mmdp).

Por su parte, los ingresos NTNP tuvieron excedentes por 55.6 mmdp (166.2%).

En cambio, hubo un rezago entre el monto observado y aprobado en los ingresos petroleros: el faltante fue de 6.3% (-5.2 mmdp).



Saldo en los fondos de estabilización

A lo largo del primer trimestre de 2021, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) registró entradas por 7.6 mmdp y salidas por 1.6 mmdp. Su saldo fue de 15.8 mmdp,91.3% (-166.1 mmdp) menor al reportado en el primer trimestre de 2020.

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) a marzo de 2021 tuvo ingresos por 2.5 mmdp y egresos por 4.2 mmdp. Su saldo se ubicó en 28.9 mmdp, lo que representa una disminución anual de 56.0% (-36.9 mmdp).

Por su parte, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo (FMP) tuvo un saldo al 31 de marzo de 2021 de 23.0 mmdp, 14.4% (-3.9 mmdp) menor al reportado en igual periodo de 2020.



Fideicomisos al primer trimestre de 2021

Para el periodo la SHCP reportó 315 actos jurídicos[5]: 287 fideicomisos[6], 22 mandatos y seis análogos[7], los cuales suman un total de 541.6 mmdp y muestran una disminución de 30.5% real (-237.7 mmdp) respecto al monto observado en igual periodo de 2020. Respecto al trimestre previo (diciembre), se observa una reducción de 12.2% (-75.1 mmdp).

Entre los fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos sin estructura con los montos más elevados de disponibilidades, destacan al 31 de marzo de 2021:

  • Apoyos financieros y otros. Su saldo representa el 30.5% del total, y a su interior destacan: el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, con 64.6 mmdp; el Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar, con 64.4 mmdp, y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), con 28.9 mmdp.
  • Estabilización presupuestaria, con el 23.6% del total. Destacan: el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera, con 78.8 mmdp.
  • Infraestructura pública, con el 11.9% del total; del cual destacan: el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera, con 28.2 mmdp, y el Fideicomiso 2065 – Plan de Pensiones de los Jubilados de Banobras, con 22.8 mmdp.
  • Pensiones, con 14.1% del total. Destacan: el Fondo de Retiro de los Trabajadores de la SEP (FORTE), con 19.4 mmdp; el Fondo de Retiro de los Trabajadores de la SEP (FORTE) con 18.7 mmdp y el Fondo de Retiro de los Trabajadores de la SEP (FORTE) con 18.1 mmdp.


Se reportaron 14 bajas y 39 fideicomisos en proceso de extinción –siete más que los reportados al cuarto trimestre de 2020–; éstos últimos equivalen a 965.8 millones de pesos, de los cuales no se presentan usos ni estados financieros.



Derivado del Decreto de Fideicomisos[8], se reportaron 107 actos jurídicos –106 fideicomisos y un análogo– sujetos al proceso de extinción, por un monto de 49.7 mmdp.



Transferencias a fideicomisos

Al primer trimestre, la aportación a fideicomisos públicos fue de 27.2 mmdp. Ésta ha disminuido a partir de 2018, cuando fue de 43.4 mmdp. Si bien este año las aportaciones a fideicomisos representan un monto mínimo con respecto al periodo de 2017-2021, lo que destaca es que dicho monto sea un 115% mayor a los planes de gasto.

Además, tres ramos concentran estas aportaciones:

  • El 42% de estas aportaciones las realizó la Secretaría de Defensa Nacional a sus fideicomisos, y representaron el 34% del presupuesto total de dicha secretaría, con un monto de 11.3 mmdp. Las aportaciones se realizaron a través de los programas de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Nacional (11.3 mmdp) y de Fideicomisos de apoyo a deudos de militares  fallecidos o que hayan adquirido una incapacidad (4.5 mdp).
  • El 32% de las transferencias las realizó el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, sumaron un monto de 10.3 mmdp. La fuente de estos recursos son los siguientes programas presupuestarios: Fondo de Ahorro Capitalizable (655.8 mdp), el FEIP (7.5 mmdp) y el FEIEF (2,1 mmdp).
  • 19% del total de las aportaciones se realizaron por la Secretaría de Salud;acumularon 5.2 mmdp y representan el 18% del presupuesto ejercido por esta Secretaría. Dichas aportaciones provienen del programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.
  • El 1% restante fueron aportaciones que realizaron la Secretaría de Energía, el INE y Turismo.


El caso de Sedena

La Secretaría de la Defensa Nacional ejerció 33.2 mmdp y 34% de ese gasto fueron aportaciones a fideicomisos públicos. Este gasto se hizo a través de los programas presupuestarios de “Infraestructura gubernamental de seguridad nacional” y de “Fideicomisos de apoyo a deudos de militares fallecidos o que hayan adquirido una incapacidad”. La aportación a fideicomisos realizada en el primer trimestre de este año es al menos 52 veces la aportación realizada en 2018 (de 217.7 mdp), que de acuerdo con los datos disponibles, es la máxima aportación realizada entre 2017 y 2020.

Llama la atención que el presupuesto de esta Secretaría creció vertiginosamente en los últimos tres años, pasó de gastar 19.1 mmdp en el primer trimestre de 2019 a ejercer 33.2 mmdp en el trimestre más reciente. Éste es el resultado de otorgar cada vez más atribuciones a las Fuerzas Armadas, tales como la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, tramos del Tren Maya, sucursales del Banco de Bienestar y distribución de vacunas del covid-19, por mencionar sólo algunas.



Gasto programable al primer trimestre de 2021

El gasto programable fue 13.9% (155.1 mmdp) mayor al ejercido en 2020: cerró el trimestre en 1.2 billones de pesos. Con relación al programa de gasto, se ejercieron 2.6% más recursos (32.5 mmdp). Este incremento en el gasto programable se debe principalmente a tres razones:

  • El gasto en programas con Reglas de Operación (ROP) y “Otros subsidios”, que incluye el gasto de los programas prioritarios del Ejecutivo, fue 18% mayor (37.8 mdp) al observado en el mismo periodo de 2020. Este gasto atípico lo justificó el Gobierno al afirmar que se habían adelantado las transferencias a programas sociales a causa de la “veda electoral”.
  • El presupuesto del Banco del Bienestar fue 2,703% mayor (4.4 mmdp) a lo previsto en el programa: gastó 5.2 mmdp y se tenían aprobados sólo 184.7 mdp al primer trimestre del año. El gasto que esta institución realizó a través del Programa de Inclusión Financiera de la SHCP en lo que va del año es 16 veces el presupuesto aprobado en todo el año. 
  • El rubro de otros gastos de capital creció 185% con relación al año previo, debido a los 63.1 mmdp transferidos a Pemex para su capitalización.

Gasto programable por Ramos Presupuestarios

Por su clasificación administrativa, destaca el gasto programable del Gobierno federal, que fue de 967.7 mmdp, 11% superior al del mismo mes de 2020. A su interior:

  • Los entes autónomos tuvieron un gasto de 25.3 mmdp, 14% menor al acumulado en el primer trimestre de 2020. La mayor variación porcentual se observó en el Inegi (-81%) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (-14%). En cambio, el INE incrementó su gasto en 86% anual.

El gasto de la Administración Pública Centralizada ascendió a 942.4 mmdp, con un aumento real anual de 12% derivado de un adelanto en el pago de programas sociales, la construcción del Banco del Bienestar, las transferencias a Pemex y al fideicomiso de la Sedena.

Como parte de esta clasificación de gasto, los Ramos Administrativos sumaron 428.7 mmdp, con un incremento anual de 32%. Las mayores reducciones, en términos porcentuales, se observaron en Seguridad Pública y Protección Ciudadana (-46%), Entidades no Sectorizadas (-32%), Salud (-26%) y la Comisión Reguladora de Energía (-32).

Entre los ramos que tuvieron un mayor gasto programable se encuentran:

  • La Secretaría de Turismo, que gastó 3.7 veces el presupuesto aprobado en el periodo y 20.5 veces el presupuesto observado en 2020. Se le aprobaron 2.9 mmdp de pesos al primer trimestre, pero gastó 10.7 mmdp. El 97% del gasto se realizó en el Tren Maya, a través de dos programas: Estudios de Pre-inversión (30.6 mdp) y Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros (10.4 mmdp).
  • La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que tuvo un incremento de 418% anual.
  • La Secretaría de Economía, que gastó 180% más que en el 2020. El gasto del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares fue el que impulsó este aumento; incluso representa 66% del presupuesto ejercido.

Los Ramos Generales, por su parte, disminuyeron su gasto programable en 1%, sumando 513.7 mmdp. La reducción se observó en las Provisiones Salariales y Económicas (-23%) y en las Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, que presentaron una caída de 32% anual. En contraste, sólo las Aportaciones a Seguridad Social tuvieron un incremento de 6% anual.

Por último, en las entidades bajo control presupuestario directo el gasto fue de 580.9 mmdp, 14% mayor al del mismo periodo del año pasado. Por componentes, el gasto programable de Pemex fue de 151.5 mmdp, con un incremento anual de 22%; el del IMSS fue de 183.8 mmdp, con un crecimiento de 7% y el de CFE fue de 144.5 mmdp con un incremento anual de 31%. En cambio, el del ISSSTE sumó 101.0 mmdp, con una disminución de 4% anual.



Gasto en inversión física

La inversión física total se ubicó en 154.3 mmdp, lo cual significa que se redujo, en términos anuales, 3.5% (-5.5 mmdp). Si sólo tomamos en cuenta la inversión distinta a Pemex, entonces fue de 92.8 mmdp, y creció 7% (6 mmdp) con relación a 2020, acumulando dos años al alza (aunque todavía se encuentra en niveles mínimos de inversión, si se compara con la observada en 2018 o en el periodo de 2014 a 2016).

Por otro lado, si a la inversión física sin Pemex le restamos el gasto en el Tren Maya (10.5 mmdp) y en el Aeropuerto de Santa Lucía (0.7 mmdp), ésta exhibiría una caída de 6% con respecto a 2020, ya que sólo sumaría 81.6 mmdp en el trimestre.

Por su parte, la inversión física de Pemex fue de 61.5 mmdp: disminuyó 15.8% (-11.6 mmdp) en términos anuales. Dicho nivel de inversión es similar al observado entre 2011 y 2012 y en los últimos cinco años.

Al primer trimestre de 2021, en los principales rubros de la inversión física destaca lo siguiente:

  • Eléctrico (-34.8%)
  • Comunicaciones y transporte (-34.8%)
  • Hidrocarburos (-15.8%)
  • Abastecimiento, agua potable y alcantarillado (-1%)
  • Salud (41.3%)
  • Educación (5.3%)


En esta edición incluimos una lista de los proyectos de inversión que más variaciones exhibieron con relación al presupuesto aprobado al primer trimestre.

Proyectos que gastaron más que el presupuesto aprobado:

  • Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa Maria, Estado de Sinaloa, de la Secretaría de Medio Ambiente (1,084,602% por arriba, o 10,847 veces el presupuesto aprobado, que fue de 37,382 pesos)
  • Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Federal, que conforma el Sistema Hidrológico de la Cuenca del Valle de México 2016-2020 de la Secretaría de Medio Ambiente Medio Ambiente (1,278%)
  • Mantenimiento 2019-2020 CCC Dos Bocas de la CFE (636%)
  • Mantenimiento 2019-2020 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno de la CFE (569%)
  • Proyecto Tren Maya de la Secretaría de Turismo (325%)

Proyectos de inversión que no ejercieron recursos a pesar de tenerlos aprobados:

  • Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del HGZMF No. 2 en Irapuato, Guanajuato del IMSS
  • Ampliación y Remodelación de la Clínica de Medicina Familiar Autlán de Navarro en el Estado de Jalisco del ISSSTE
  • Ampliación y Remodelación para implementar el Programa de Dignificación de Espacios en Unidades de Primer Nivel en el Estado de San Luis Potosí del ISSSTE
  • Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital San Cristóbal de las casas en el Estado de Chiapas del ISSSTE
  • Equipamiento Médico en Unidades del Segundo nivel de atención a la Salud del ISSSTE, 2021 del ISSSTE

Gasto en Subsidios, transferencias y aportaciones del Sector Público

Al primer trimestre se gastaron 270.6 mmdp en subsidios, transferencias y aportaciones del Sector Público, sin incluir el gasto que se realiza para el pago de servicios personales y a entidades bajo control presupuestario directo. Este monto representa 21% del gasto programable y es 20% mayor que el año anterior.

El gasto en este rubro es fluctuante: desde 2011 se caracteriza por incrementos súbitos mayores a 15% en ciertos años, para después declinar. Tal es el caso de 2012 (16% por arriba), 2015 (37%) y 2021 (20%).

Los 270.6 mmdp gastados en el primer trimestre imponen un nuevo máximo en el periodo de 2011 al presente; además, se acumulan ya dos años con incrementos consecutivos.



Programas Presupuestarios

Los programas presupuestarios que más variaciones tuvieron con respecto a su gasto aprobado son:

  • Fortalecimiento de las capacidades de auxilio a la población civil mediante el PLAN DN-III-E de la Sedena (318,278% por arriba)
  • Servicios Integrales a Pensionados del IMSS (7,045%)
  • Programa de Inclusión Financiera de la SHCP (2,703%), que es operado exclusivamente por el Banco del Bienestar.
  • Estudios de preinversión de la CFE (2,112%)
  • Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos de la Secretaría de Medio Ambiente (1,566%)
  • Fortalecimiento de los Servicios Estatales de la SSA (-100%, es decir, que no ejerció recursos a pesar de tenerlos presupuestados)
  • Expansión de la educación inicial de la Secretaría de Educación (-100%)
  • Programa para la Protección de Ecosistemas y Especies Prioritarios de la Secretaría de Educación (-100%)
  • Previsión para la Armonización Contable del Ramo 23 (-100%)
  • Programa Nacional de Reconstrucción de la Secretaría de Cultura (-100%)


Los programas presupuestarios que más variaciones tuvieron con respecto a 2020 son:

  • Fortalecimiento de las capacidades de auxilio a la población civil mediante el PLAN DN-III-E de la Sedena (318,278% por arriba)
  • Investigación y desarrollo militar en coordinación con centros públicos de investigación superior de la Sedena (35,172%)
  • Programa de Inclusión Financiera de la SHCP (15,390%)
  • Programa de Mejoramiento Urbano de la Sedatu (13,436%)
  • Normalización y certificación en competencias laborales de la Secretaría de Educación (5,129%)
  • Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior para Estudiantes con Discapacidad de la Secretaría de Educación (-100%)
  • Calidad en la Atención Médica de la SSA (-100%)
  • Seguro de Vida para Jefas de Familia de Bienestar (-100%)
  • Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial de la Secretaría de Educación (-100%)


Programas con Reglas de Operación (ROP) y «Otros subsidios«

Al primer trimestre, el gasto en estos programas acumuló 242.7 mmdp; con respecto al gasto de 2020 hay un incremento anual de 18%, y con relación al presupuesto aprobado se gastó 4% más. Al primer trimestre se tiene un avance de 37% con respecto al presupuesto aprobado en el año. Esto contrasta con los avances que se registraban en años anteriores: en los últimos cuatro años el avance con respecto al presupuesto anual no fue mayor a 31%, porcentaje observado en 2018.

Los programas con ROP y Otros subsidios que más variaciones tuvieron con respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:

  • Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares (1,430% por arriba)
  • Programa de Apoyo al Empleo (PAE) (322 %)
  • La Escuela es Nuestra (320%)
  • Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable (188 %)
  • Programa Nacional de Reconstrucción de la SEDATU (148 %)
  • Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud (-100 %)
  • Expansión de la Educación Inicial (-100 %)
  • Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (-100 %)
  • Provisión para la Armonización Contable (-100 %)
  • Programa Nacional de Reconstrucción de la Secretaría de Cultura (-100 %)

De este análisis llamó nuestra atención el aumento en los recursos que se gastaron sin distribución geográfica: tuvo un incremento de 233% con respecto a 2020. Si bien desde 2017 los recursos estos programas sin distribución geográfica crecieron, el crecimiento anual no sobrepasó el 11% (observado en 2020), y promedió 8% entre 2017 y 2018. También se observó un incremento mayor a 50% en Oaxaca (75%) y Yucatán (59%).



Gasto no programable

El gasto no programable fue de 389.4 mmdp. Con respecto al 2020 fue 7.8% menor (32.9 mmdp) y con relación a lo aprobado en el periodo se ejercieron 8.7% menos recursos (37.3 mmdp). Se observó un menor gasto programable porque las tasas de interés fueron menores, y eso implicó un menor costo financiero (que es el pago de intereses y servicios de la deuda). De igual manera, las Adefas –recursos previstos para cubrir adeudos de servicios devengados, es decir, aquéllos que se recibieron en 2020 pero que quedaron pendientes de pago– fueron menores a lo previsto, debido a que el año pasado se cubrió el mayor monto de recursos devengados.

En la estructura porcentual del gasto neto, el gasto programable representa el 77% del total, y a su interior el mayor peso lo tiene el gasto corriente. Por su parte, los recursos del gasto no programable equivalen al 23% del gasto neto, siendo las participaciones el componente de mayor peso.



¿Cómo se comportó el gasto (programable y no programable) con respecto a la meta prevista en el primer trimestre?

Con relación a la meta establecida para el primer trimestre de 2021, el gasto neto total del Sector Público presentó un ligero subejercicio de 0.3% (-4.8 mmdp); es decir, se encontró muy cerca de la meta estimada de 1.6 billones de pesos. Pero si descontamos los 63.1 mmdp que el Gobierno Federal transfirió a Pemex en el trimestre, el gasto neto total tendría un subejercicio 4.1%, el equivalente a 67.9 mmdp.

Por componentes, el ejercicio del gasto fue el siguiente:

  • El gasto programable presentó un sobrejercicio de 2.6% (32.5 mmdp), respecto a la meta trimestral. Al trimestre se aprobaron 1.24 billones de pesos, pero se ejercieron 1.27 billones.
  • El gasto no programable exhibió un mayor subejercicio: se quedó 8.7% (-37.3 mmdp) por debajo de la meta calendarizada a febrero, que era de 427 mmdp.
  • El costo financiero aprobado fue de 163.4 mmdp, y el observado alcanzó los 145.1 mmdp, por lo que exhibió un recorte de 11.2% (-18.4 mmdp).
  • La inversión física fue de 154.3 mmdp. Se quedó 13% corta con respecto a la meta trimestral, que era de 177.0 mmdp.


Por componentes del gasto programable:

El Gobierno federal ejerció 1.4% (13.6 mmdp) más recursos de lo aprobado. El gasto por ramos se ejerció de la siguiente manera:

  • Los Ramos Autónomos se quedaron 39.1% cortos con respecto al presupuesto calendarizado; se tenía previsto un gasto de 42 mmdp, pero ejercieron sólo 25.3 mmdp. Los 10 ramos autónomos tuvieron recortes, pero el Poder Legislativo (-57.8%), el IFT (-38.9%), el TFJA (-38.4) y la FGR (-37.8%) fueron los más afectados.
  • Los Ramos Administrativos gastaron 54.4% más de lo calendarizado; ejercieron 428.7 mmdp a pesar de que se tenía previsto un gasto de 278 mmdp. En 14 de los 26 Ramos Administrativos se registraron recortes presupuestarios. Los tres ramos con mayores recortes fueron: Entidades no Sectorizadas (-54.3%), Seguridad Pública (-35.9%) y CRE (-27.7%). En contraste, la Secretaría de Turismo, que tiene a su cargo la construcción del Tren Maya, ejerció 257.8% más de lo aprobado. Le siguió la Secretaría de Economía (156.9% por arriba), la Secretaría de Energía (115.5%: la transferencia de 63.2 mmdp a Pemex representó 98% del presupuesto ejercido de esta secretaría) y la SHCP, con 87% más, sobrejercicio que estuvo impulsado por el gasto del Banco del Bienestar.
  • Los ramos generales tuvieron un recorte de 7.8% (71.5 mmdp): de 911 mmdp aprobados gastaron 840 mmdp. El gasto fue menor en las  (-88.1%), la Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (-15.8%) y la Deuda Pública (-14.6%). Sólo las Participaciones reportaron un gasto 4% mayor al calendarizado.

En conjunto, los organismos de control presupuestario directo exhibieron un subejercicio de 8.6% (26.8 mmdp):

  • ISSSTE (46.5% o -87.7 mmdp)
  • Sin embargo, el IMSS tuvo un sobrejercicio de 49.6% (60.9 mmdp).

En las Empresas Productivas del Estado, reportaron en conjunto un sobreejercicio de 9.6% (31.4 mmdp):

  • Pemex (-3% o -6.9 mmdp)
  • CFE (34% o 38.3 mmdp)

El gasto no programable fue de 389.4 mmdp, y se ubicó 8.7% por debajo de la meta trimestral. Por sus componentes, se realizó de la siguiente manera:

  • Las Participaciones presentaron un sobrejercicio de 8% (13.1 mmdp).
  • Adefas, un subejercicio del 90% (-28.9 mmdp).


Gasto federalizado

Durante el primer trimestre de 2021, la Recaudación Federal Participable (RFP) sumó 854.3 mmdp, lo que representó una disminución de 5.5% (-49.3 mmdp) respecto al primer trimestre de 2020, resultado de menores ingresos en sus componentes tributarios (-1.6%) y petroleros (-43.7%). En marzo, la RFP fue de 246.2 mmdp, 7.0% menor al dato reportado en igual mes de 2020.

El gasto federalizado, es decir, las transferencias que realiza el Gobierno Federal a los estados y municipios, fue de 487.2 mmdp, lo que equivale a una caída anual de 8.2% (-43.4 mmdp) respecto al primer trimestre de 2020, la mayor en 21 años. Esto es resultado de una disminución en todos sus componentes: Subsidios[9] (-69.4%), Recursos para Protección Social en Salud (-46.7%); Convenios de Descentralización[10] (-20.2%); Aportaciones Federales o Ramo 33 (-4.6), y Participaciones-Ramo 28[11] (-3.3%).

Sólo en marzo, el gasto federalizado fue de 164.3 mmdp, presentando una disminución de 13.9% con respecto a marzo de 2020.



En el primer trimestre de 2021, las participaciones a entidades federativas se ubicaron en 240.5 mmdp, lo que significó una caída de 3.3% (-8.1 mmdp) en relación con los recursos recibidos en igual periodo de 2020 (248.7 mmdp), resultado de una menor recaudación. Destacan las disminuciones anuales de los fondos con mayores recursos del Ramo 28: el Fondo General (-3.6%), el Fondo de Fomento Municipal (-3.8%) y el Fondo de Fiscalización (-1.9%). Sólo en marzo de 2021 las participaciones fueron de 67.8 mmdp, 5.1% menores a las reportadas en marzo de 2020.

La disminución anual de los recursos vía Participaciones Federales, en el primer trimestre del año, se reflejó en menores crecimientos en 25 entidades federativas; 19 de ellas disminuyeron más que el promedio nacional. Las más afectadas fueron: Oaxaca (-12.0%), San Luis Potosí (-11.8%), Zacatecas (-8.9%), Hidalgo (-8.8%) y Guanajuato (-8.5%). Por otro lado, siete entidades recibieron mayores recursos con respecto al mismo periodo del año anterior: Durango (32.2%), Veracruz (10.1%), Colima (7.2%), Sinaloa (3.9%), Michoacán (2.8%), Coahuila (0.4%) y Morelos (0.1%).



Las aportaciones a entidades federativas y municipios ascendieron a 202.7 mmdp, y presentaron una disminución anual de 4.6% (-9.8 mmdp) en el primer trimestre de 2021, la cual se explica por la reducción de recursos en siete de sus ocho fondos: el Fondo de Aportaciones Múltiples-FAM (-5.5%); el de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo-FONE (-5.4%); el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social-FAIS, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal-FAFM y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas-FAFEF (-5.0%, cada uno); el de Aportaciones para los Servicios de Salud-FASSA (-0.8%), y el de Aportaciones para la Seguridad Pública-FASP (-0.4%). El único fondo que presentó un incremento en sus recursos fue el de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos-FAETA (1.5%).

Como puede observarse, los fondos cuyos recursos están destinados al desarrollo regional –Infraestructura social y fortalecimiento de entidades– siguen teniendo disminuciones en sus transferencias.

Sólo en marzo de 2021, los recursos del Ramo 33 disminuyeron, en términos anuales, 8.1%: reportaron 67.9 mmdp.

Las 32 entidades federativas vieron disminuidos sus recursos en el primer trimestre del año. La más afectada fue la Ciudad de México, con una caída anual de 16.4%; le siguió Querétaro, con una disminución de 9.2%.



El balance del Sector Público y sus Requerimientos Financieros

El Balance Primario se ubicó por arriba de su meta calendarizada, ya que presentó un superávit de 54.1 mmdp; el programado para el trimestre era un déficit de 23.6 mmdp, pero es menor al superávit registrado el mismo periodo del año anterior (141.4 mmdp).

El déficit del Balance Público fue menor al calendarizado al primer trimestre de 2021: -83.0 mmdp, cuando se tenía un déficit estimado de -186.5 mmdp. En el mismo periodo de 2020, se registró un superávit de 28.0 mmdp.

El Balance Público sin inversión, es decir, excluyendo hasta el 2.2% del PIB de la inversión física del Gobierno federal y las Empresas Productivas del Estado de acuerdo con el artículo 1 de la LIF 2021, fue superavitario en 71.1 mmdp.

El costo financiero fue de 145.1 mmdp, inferior al programado de 163.4 mmdp.

La medida más amplia de endeudamiento público, los Requerimientos Financieros del Sector Público o RFSP[12], fue de -180.8 mmdp al cierre del primer trimestre de 2021, o -0.7% del PIB. El déficit acumulado previsto para cierre de año es de -3.3% del PIB. Sólo en marzo de 2021 el saldo de los RFSP fue de -66.3 mmdp (-0.3% del PIB).

El Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) o deuda neta total, al primer trimestre de 2021 sumó 12.4 billones de pesos; se incrementó en 0.8% o 93.2 mmdp respecto a igual periodo de 2020. La deuda pública aumentó (tanto la necesidad de financiamiento como el saldo acumulado). Aunque esto en parte se debió a la variación cambiaria (19.9 pesos por dólar promedio IT2020 vs. 20.3 pesos por dólar promedio IT2021), también se explica porque el ritmo de gasto excede por mucho el de obtención de ingresos públicos. El SHRFSP representó el 51.7% del PIB al primer trimestre de 2021.

Para cierre de año, la SHCP estima que el SHRFSP se ubique en 51.4% del PIB, en lugar del 53.7% previsto en un inicio, debido al menor déficit como proporción del PIB, la apreciación del tipo de cambio y el mayor dinamismo de la economía.


[1] 1,564,100 millones de pesos.

[2] Resultados al primer trimestre de 2021, página 37, Pemex: https://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados/Reporte%201T21.pdf

[3] 1,501,000 millones de pesos

[4] 1,460,400 millones de pesos

[5] De éstos, 247 son actos jurídicos federales, 55 estatales y 28 privados.

[6] Los fideicomisos públicos son contratos por medio de los cuales el Gobierno federal, los gobiernos de los estados o los ayuntamientos, con el carácter de fideicomitentes, a través de sus dependencias centrales o paraestatales, transmiten la titularidad de determinados bienes del dominio público, del dominio privado de la Federación, entidad federativa o municipal, o afecta fondos públicos en una institución fiduciaria para realizar un fin lícito determinado, de interés público.

[7] En los mandatos se obliga, mediante un acto jurídico, el destino de recursos públicos en cumplimiento de un objeto que también debe ser lícito. En los mandatos, el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Los análogos pueden cumplir la misma función.

[8] Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de Protección Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de la Ley de  Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Víctimas, y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicado el 6 de noviembre de 2020 en DOF.

[9] Incluyen recursos que son entregados a las entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada. Estos se destinan para apoyar el desarrollo conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y se ejercen de acuerdo a lo señalado en el PEF de cada año.

[10] Corresponden a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas.

[11] Forman parte del gasto no programable y derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que es un

mecanismo por medio del cual se acuerda el ejercicio de las facultades tributarias entre los distintos niveles de gobierno que componen un Estado. Son un mecanismo de compensación a los gobiernos locales, dependiendo de la Recaudación Federal Participable (RFP).

[12] Los RFSP se miden como la diferencia entre los ingresos y los gastos distintos de la adquisición neta de pasivos y activos financieros, incluyendo las actividades del sector privado y social cuando actúan por cuenta del Gobierno Federal o de las entidades públicas, en línea con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con las guías internacionales, Esta medida incluye además del balance tradicional, las necesidades de financiamiento del IPAB, Fonadin, bancos de desarrollo y fondos de fomento, programas de apoyo a deudores y PIDIREGAS de CFE y un ajuste por los ingresos derivados de la venta neta de activos financieros y por la adquisición neta de pasivos distintos a la deuda pública. En los RFSP y el resultado primario el signo negativo (-) significa déficit o requerimiento de recursos y el signo positivo (+) superávit.

Números de Erario: febrero de 2021

El ‘misterioso’ caso de la caída no compensada de ingresos

¡Ouch! Los ingresos públicos cayeron 4.3% durante el primer bimestre del año, y la debilidad económica ya ha alcanzado de lleno a los tributarios. Éstos últimos disminuyeron 4.7% (-30.8 mil millones de pesos [mmdp]) en términos reales, respecto a lo reportado en el mismo bimestre de 2020. A su interior, el ISR se redujo 2.8% anual, el IVA disminuyó sólo 0.8% y los IEPS cayeron 18.0%. Nótese la resiliencia del IVA: a pesar de la crisis es el impuesto que menos se ha descompuesto. Es por eso que en crisis anteriores, como las de 1995 y 2009, el IVA ha encabezado las reformas fiscales.

Los ingresos no tributarios y no petroleros, es decir, los que no provienen de recaudar impuestos ni de la venta de petrolíferos, cayeron en relación con el año anterior 34.0% (-26.5 mmdp). Sin embargo, al ubicarse en 51.4 mmdp, están por arriba del promedio histórico de los últimos 10 años (43.6 mmdp). No hay rendición de cuentas suficiente por parte del Gobierno para conocer cuáles son las fuentes de estos recursos, pues está prácticamente agotado el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP). Los ingresos petroleros aumentaron en relación con el año anterior, pero siguen en un nivel históricamente bajo, y apenas representan el 13% de la bolsa total.

Subió la deuda 8.5% (970.4 mmdp), según la medida más amplia de endeudamiento público, los Requerimientos Financieros del Sector Público o RFSP, que fue de -100 mmdp, mayor al dato reportado en febrero de 2020, que fue de -17.5 mmdp. ¿Eso quiere decir que se gasta mejor? No necesariamente: se observó un subejercicio inquietante en el gasto de salud (20%) y una caída en el gasto de federalizado de casi 4% en relación con el año anterior.



Ingresos totales

A febrero de 2021, los ingresos totales del Sector Público se ubicaron en 927.7 mmdp, lo que supone una disminución de 4.3% real (-41.5 mmdp) con respecto al mismo periodo de 2020. Por componentes, los ingresos petroleros aumentaron 26.8%; ascendieron a 127.3 mmdp, 26.9 mmdp más que los registrados en febrero de 2020. Entretanto, los no petroleros disminuyeron 7.9% en la misma comparación.

El crecimiento en los petroleros se explica por los mayores ingresos propios de Pemex, los cuales se incrementaron 114.1% (36.9 mmdp), para ubicarse en 69.2 mmdp. ¿A qué se debió? A que el Gobierno federal realizó una aportación patrimonial a Pemex por 32.6 mmdp, la cual se registró en el rubro de “otros” como ingresos propios (esto no tiene un impacto real en las finanzas del Sector Público, dado que tiene como fin la amortización de deuda de la empresa). En cambio, los ingresos petroleros del Gobierno disminuyeron 14.7% (-10 mmdp), para ubicarse en 58.1 mmdp.

Los ingresos tributarios, por su parte, sumaron 620.5 mmdp, lo que representó una caída de 4.7% (-30.8 mmdp), en términos reales, respecto a lo reportado en el mismo bimestre de 2020. A su interior, el ISR se redujo 2.8% anual, el IVA disminuyó 0.8% y los IEPS cayeron 18.0% (los de gasolina y diésel se redujeron 19.8%, y los distintos de gasolina y diésel fueron menores en 15.8%).

Los ingresos no tributarios no petroleros (NTNP) se ubicaron en 51.4 mmdp, lo que significó una disminución de 34.0% respecto al dato reportado en igual periodo de 2020, debido a la disminución de los derechos y aprovechamientos, por 16.7% y 36.9%, respectivamente.

Los ingresos tributarios han pasado de representar el 55.8% de los ingresos totales del Sector Público en el primer bimestre de 2000, a 66.9% en el primer bimestre de 2021. El ISR es el impuesto de mayor peso (34.2%), seguido del IVA (21.9%).

En contraste, el porcentaje que representan los ingresos petroleros respecto a los ingresos totales es de 13.7%.



¿Cómo se comportaron los ingresos con respecto a su meta?

En relación con su meta inicial establecida en la LIF2021,los ingresos totales del Sector Público exhibieron un rezago de 1.2% (-11.7 mmdp). Si no consideramos la aportación patrimonial a Pemex, por 32.6 mmdp, la brecha entre los ingresos totales observados y aprobados sería de 9.1% (-71.7 mmdp).

En el acumulado, los ingresos tributarios se quedaron 2.3% por debajo (-14.8 mmdp) de su meta estimada en el calendario. Es decir, que lejos de registrarse ingresos excedentes de este tipo, se observa una pérdida. Únicamente el IVA presentó una ganancia de 8.1% (15.3 mmdp) en relación con la Ley de Ingresos, lo que refleja la recuperación del consumo de bienes y servicios, asociada a la reapertura ordenada de la economía. En cambio, el ISR exhibió un rezago de 6.3% (-21.5 mmdp) en el mismo ámbito. Los IEPS observados se ubicaron 7.6% por debajo de lo aprobado (-6.7 mmdp).

A febrero de 2021, los ingresos petroleros del Sector Público reportaron un rezago de 16.0% (-24.3 mmdp) con relación a lo que se esperaba para este periodo, que en realidad es mayor si no consideramos las transferencias del Gobierno federal a Pemex, registradas como ingresos petroleros.

En contraste, los ingresos no tributarios no petroleros superaron en 185.9% su meta del primer bimestre de 2021.

La caída en los ingresos recurrentes (petroleros y tributarios) asciende a 39.1 mmdp (-5.0%), la cual debería ser compensada con recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP); sin embargo, los recursos de este fondo están prácticamente agotados. La SHCP reportó que al primer bimestre de 2021 se aportaron 7.5 mmdp al FEIP con el fin de construir nuevos ahorros para enfrentar contingencias; sin embargo, son insuficientes para compensar el rezago de los ingresos recurrentes con el que está arrancando las finanzas públicas en este año.


Gasto neto total

A febrero de 2021, el gasto neto total del Sector Público acumuló 1.3 billones de pesos. Con respecto al mismo periodo de 2020, hay un incremento de 6.0% (59.3 mmdp). El gasto primario (aquél que no incluye el costo financiero) se ubicó en 947.5 mmdp, o sea, 8% mayor (73.8 mmdp) al observado en el primer bimestre del año pasado.

En febrero, la SHCP realizó una aportación patrimonial de 32.0 mmdp a Pemex, con el fin de amortizar su deuda. Si descontamos esta aportación, el gasto neto total al primer bimestre sería de 999.9 mmdp, y habría aumentado sólo 2.8% (27.2 mmdp) con relación al año previo.

Al analizar los componentes del gasto, observamos que el gasto programable[1] fue de 771.7 mmdp, o 13.8% por arriba (93.5 mmdp) con respecto al nivel observado en 2020. En contraste, el gasto no programable[2] acumula 260.2 mmdp, lo que lo ubica 11.6% (34.2 mmdp) por debajo del monto reportado en igual periodo de 2020.

En la estructura porcentual del gasto neto, el programable representa el 75% del total, y a su interior el mayor peso lo tiene el gasto corriente. Por su parte, los recursos del gasto no programable equivalen al 25% del gasto neto, siendo las participaciones el componente de mayor peso.



Gasto programable

Al interior de la clasificación económica del gasto programable, el gasto corriente se incrementó 7% (59 mmdp) con respecto a 2020, al ubicarse en 586 mmdp. Dicha subida es el resultado del incremento de otras erogaciones (91% o 6 mmdp) del rubro de otros gastos de operación, así como de un aumento de 91% (33 mmdp) en los subsidios y transferencias.

El gasto de capital acumuló a febrero 186 mmdp, lo que implicó un aumento de 43% (56 mmdp). Es el rubro de otros gastos de capital la fuente de este incremento: en febrero el gasto ascendió a 106 mmdp. Es un aumento de 217% (72 mmdp) con respecto a 2020.



La inversión física total se ubicó en 79.9 mmdp, lo que supone una reducción, en términos anuales, de 17.1% (-16.5 mmdp). Si no consideramos a Pemex, la caída fue de 17% (-8.6 mmdp). La inversión física de Pemex fue de 37.8 mmdp: disminuyó 17.3% (-7.9 mmdp) en términos anuales. Dicho nivel de inversión es similar al observado entre 2011 y 2012.



Las caídas en la inversión física presupuestaria en el primer bimestre de 2021 se observan en todos los rubros, pero destacan los siguientes:

  • Abastecimiento, agua potable y alcantarillado (-76.8%)
  • Educación (-54.4%)
  • Comunicaciones y transportes (-47.6%)
  • Hidrocarburos (-17.3%)


Por funciones, la inversión física se comportó de la siguiente forma:

  • La de Gobierno fue de 1.9 mmdp, lo que supone una reducción en términos anuales de 71.9% (-4.8 mmdp). A su interior, las subfunciones con mayores caídas son las de Otros servicios generales (-41%), Seguridad Nacional (-85%) y Relaciones exteriores (-14%).
  • La de Desarrollo Social fue de 34.8 mmdp; exhibió una disminución de 5.3% (-1.9 mmdp). Por componentes destaca la caída en el gasto en Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales (-100%), Protección Ambiental (-69%) y Salud (-13%).
  • La de Desarrollo Económico se ubicó en 43.2 mmdp; con respecto a 2020 se redujo 17% (-8.2 mmdp). Si no consideramos el gasto en el rubro de Combustibles y Energía, este tipo de inversión sería sólo de 3.2 mmdp, y habría caído 18.5% (-9.8 mmdp). De este tipo de inversión destaca la disminución anual en Ciencia, Tecnología e Innovación (-100%), Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza (-78%) y Transporte (-32%); pero resaltan también los aumentos en los rubros de Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General (781%) y Turismo (-100%).


En su clasificación administrativa, destaca el gasto programable del Gobierno federal, que fue de 618 mmdp, 1.3% superior al del mismo mes de 2020. A su interior:

  • Los entes autónomos presentaron un gasto de 15.4 mmdp, 12% menor al acumulado a febrero de 2020. Destacan, por un menor gasto en términos de su variación porcentual, el Inegi (-74%), la Fiscalía General de la República (-29%), el IFT (-22.3%) y el Poder Judicial (-5%). En cambio, en el INE se incrementó el gasto en 68% anual.

El gasto de la Administración Pública Centralizada ascendió a 602.6 mmdp, con un aumento real anual de 14%, para fortalecer las acciones y programas de protección social. Dentro de ella destacan:

  • Los Ramos Administrativos, que sumaron 236.4 mmdp, con un incremento anual de 38%. Las mayores reducciones, en términos porcentuales, se observaron en Presidencia de la República (-47%), Entidades no Sectorizadas (-39%), Seguridad Pública y Protección Ciudadana (-32%) y Salud (-27%). Por otra parte, destaca la subida de 1,373% (1.3 mmdp) en el gasto programable de Sedatu, seguido por el aumento de 236% (4.4 mmdp) de la Sener y de 131% en Bienestar.
  • Los Ramos Generales, que aumentaron su gasto programable en 2%, sumando 366.3 mmdp, principalmente por el incremento anual de 7% de las Aportaciones a la Seguridad Social. Por su parte, las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos presentaron una caída de 22% anual; las Provisiones Salariales y Económicas se redujeron 10% y las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33) vieron disminuidos sus recursos en 2%.

En las entidades bajo control presupuestario directo el gasto fue de 355 mmdp, 10% mayor que el del mismo periodo del año pasado. Por componentes, el gasto programable de Pemex fue de 98.9 mmdp, con un incremento anual de 22%; el del IMSS fue de 117.5 mmdp, con un crecimiento de 11.3%, y el del ISSSTE de 76.4 mmdp, con una disminución de 0.6% anual. En cambio, el de CFE fue de 62.8 mmdp: un incremento de 6% anual.



En términos de la clasificación funcional del gasto programable, la función Gobierno sumó 41.75 mmdp, y tuvo una caída anual de 18%. Destaca la disminución de gasto en Otros servicios generales (-69%), Justicia (-23%), Seguridad Nacional (-19%) y Asuntos Financieros y Hacendarios (-17%). Sólo en la Coordinación de la Política de Gobierno el gasto se incrementó en 41%.

El gasto conjunto en las funciones de Desarrollo Social y Desarrollo Económico llegó a 720.4 mmdp, y concentró el 93% del total de las erogaciones, brindando protección a la población vulnerable y dando impulso a la actividad económica, prioridad en los primeros dos meses del año, de acuerdo con el informe de la SHCP. En particular, el gasto en la función de Otros Asuntos Sociales fue de 5 mmdp, y fue 1,147 veces mayor al gasto observado a febrero de 2020. Por su parte, los fondos de estabilización –Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios-FEIP y Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas-FEIEF– vieron disminuidos sus recursos en 20%.



Gasto no programable

Los tres componentes de este gasto presentaron caídas anuales:

  • Las Adefas y otros se ubicaron en 3.2 mmdp, presentando una disminución real anual de 82% (-14.9 mmdp);
  • El costo financiero fue de 84.5 mmdp, con una reducción de 15% (-14.6 mmdp), y
  • Las participaciones, con un nivel de 172.6 mmdp y una caída de 3% (-4.8 mmdp).


¿Cómo se comportó el gasto neto respecto a la meta en el PEF2021?

En relación con su meta inicial establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PEF2021), a febrero de 2021 el gasto neto total del Sector Público presentó un subejercicio de 5% (-127.3 mmdp); no estuvo tan alejado de la meta estimada, que es de 1.08 billones de pesos. El gasto observado fue de 1.03 billones de pesos. Por componentes:

  • El gasto programable presentó un subejercicio de 3.7% (-29.5 mmdp), respecto a la meta del PEF2021. El dato mensual aprobado fue de 801 mmdp, y el observado de 771.7 mmdp.
  • El gasto no programable exhibió un mayor subejercicio: se quedó 8.6% (-24.6 mmdp) por debajo de la meta calendarizada a febrero, que era de 285 mmdp.
  • El costo financiero aprobado fue de 93.2 mmdp, y el observado alcanzó los 84.5 mmdp, por lo que exhibió un recorte de 9.4% (-8.8 mmdp).


Por componentes del gasto programable:

El Gobierno federal presentó un ligero subejercicio de 0.4% (-2.3 mmdp):

  • Ramos autónomos (-41% o -11 mmdp)
  • Ramos generales (-9% o -56.6 mmdp)
  • Excepto en los Ramos administrativos… (37% o 64.1 mmdp)

En conjunto, los organismos de control presupuestario directo exhibieron un subejercicio de 9% (-11.5 mmdp):

  • ISSSTE (-37% o -44.6 mmdp)
  • Sin embargo, el IMSS tuvo un sobrejercicio de 28% (25.2 mmdp).

En las Empresas Productivas del Estado, un subejercicio de 8% (-19 mmdp):

  • Pemex (-10% o -15.8%)
  • CFE (-4% o -3.3%)

Por componentes del gasto no programable:

  • Las Participaciones presentaron un sobrejercicio de 8% (13.1 mmdp).
  • Adefas, un subejercicio del 90% (-28.9 mmdp).


Gasto Federalizado

Durante el primer bimestre de 2021, la Recaudación Federal Participable (RFP) sumó 608.0 mmdp, lo que representó una disminución de 4.8% (-30.6 mmdp) respecto a igual periodo de 2020, resultado de menores ingresos en sus componentes tributarios (0.1% por debajo) y petroleros (51.7%).

El gasto federalizado, es decir, las transferencias que realiza el Gobierno Federal a los estados y municipios, fue de 319.7 mmdp, lo que se tradujo en una disminución real de 3.7% (-12.4 mmdp) respecto al mismo periodo de 2020. La caída anual en el gasto federalizado fue resultado de la disminución en cuatro de sus componentes: Convenios de Descentralización[3] (31.8%); Subsidios[4] (18.4%) –por una disminución en el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas–; Aportaciones-Ramo 33[5] y Participaciones-Ramo 28[6] (caída de 2.7%, cada una) –éstas últimas debido a una menor RFP–.



A febrero de 2021, las participaciones a entidades federativas se ubicaron en 172.6 mmdp, lo que significó una disminución de 2.7% (-4.8 mmdp) respecto a los recursos recibidos en el mismo periodo de 2020 (177.4 mmdp). Esto se debió a una menor recaudación. Los principales componentes del Ramo 28 tuvieron caídas anuales; destacan las de los fondos con mayores recursos: el Fondo General (2.2%), el Fondo de Fomento Municipal (2.2%) y el Fondo de Fiscalización (1.0%).

La disminución de los recursos vía Participaciones Federales se reflejó en menores crecimientos en 25 entidades federativas; en 16 disminuyeron por arriba del promedio nacional. Las más afectadas fueron: Baja California Sur y Oaxaca (12.8%, cada una), San Luis Potosí (11.3%), Guanajuato (10.2%) e Hidalgo (8.8%). Sólo siete recibieron mayores recursos, respecto al mismo periodo del año anterior: Colima (15.5%), Sinaloa (14.6%), Durango (13.7%), Veracruz (10.5%), Michoacán (7.1%), Coahuila (3.0%) y Morelos (0.9%).

Las aportaciones a entidades federativas y municipios ascendieron a 134.8 mmdp, lo que significó una reducción anual de 2.7% (-3.8 mmdp), la cual se explica por las disminuciones en siete de sus ocho fondos:

  • Fondo de Aportaciones Múltiples-FAM (5.2% por debajo).
  • Aportaciones para la Infraestructura Social-FAIS, Fortalecimiento de los Municipios-FAFM, y de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas-FAFEF (4.7%, cada uno).
  • Aportaciones para los Servicios de Salud-FASSA (3.1%).
  • Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo-FONE (1.5%).
  • Aportaciones para la Seguridad Pública-FASP (0.1%).

Por su parte, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos-FAETA aumentó 2.4% en términos anuales. Por su parte, los fondos cuyos recursos están destinados al desarrollo regional (Infraestructura social y fortalecimiento de entidades) siguen teniendo disminuciones en sus transferencias.

28 entidades federativas presentaron disminuciones en sus recursos recibidos vía transferencias del Ramo 33; destaca Ciudad de México, con una caída de 15.7%. Por su parte, sólo tres entidades presentaron incrementos en sus recursos recibidos a través de las Aportaciones: Sonora, Tabasco y Baja California Sur.



El balance del Sector Público y sus Requerimientos Financieros

El Balance Primario se ubicó por debajo de su meta calendarizada, ya que presentó un déficit de 13.6 mmdp; el programado era un déficit de 53.9 mmdp.

El Balance Público se encontró por debajo de lo calendarizado para el primer bimestre de 2021: fue de -99.0 mmdp, cuando se tenía un déficit estimado de -147.1 mmdp. En el mismo periodo de 2020 se registró un superávit de 11.1 mmdp.

El costo financiero fue de 84.5 mmdp, inferior al programado de 936.3 mmdp.

La medida más amplia de endeudamiento público, los Requerimientos Financieros del Sector Público o RFSP, fue de -100 mmdp, mayor al dato reportado en febrero de 2020, que fue de -17.5 mmdp.

En febrero el Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), o deuda neta total, fue de 12 billones 336.0 mmdp; se incrementó 8.5% o 970.4 mmdp respecto a febrero de 2020. El 53.1% de la variación en el SHRFSP respecto al cierre de 2020 obedeció a un aumento del tipo de cambio del peso respecto al dólar.



ANEXO DE INDICADORES


[1] Erogación plenamente identificable con cada uno de los programas del Presupuesto de Egresos de la Federación. Incluye las erogaciones que realiza la administración pública central en la prestación de servicios y en inversión pública, así como las asignaciones que las entidades paraestatales de control presupuestario directo destinan a la producción de bienes y servicios que aumentan en forma directa la oferta global de los mismos. Excluye el servicio de la deuda que corresponde a transacciones financieras, las participaciones a estados y municipios y los estímulos fiscales, cuyos efectos económicos se materializan vía las erogaciones de los beneficiarios.

[2] Erogaciones que por su naturaleza no es factible identificar con un programa específico, tales como los intereses y gastos de la deuda; participaciones y estímulos fiscales, y las ADEFAS.

[3] Corresponden a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas.

[4] Incluyen recursos que son entregados a las entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada. Estos se destinan para apoyar el desarrollo conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y se ejercen de acuerdo a lo señalado en el PEF de cada año.

[5] Las aportaciones federales del Ramo General 33 se establecen como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación dispuesta en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

[6] Forman parte del gasto no programable y derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que es un mecanismo por medio del cual se acuerda el ejercicio de las facultades tributarias entre los distintos niveles de gobierno que componen un Estado. Son un mecanismo de compensación a los gobiernos locales, dependiendo de la Recaudación Federal Participable (RFP).

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