En su primer ejercicio como secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O dejó su huella en el Presupuesto para 2022, con una posición más optimista que el bosquejo que había dejado Arturo Herrera en los Precriterios Generales de Política Económica (PGPE), presentados en abril de este año. En todos los rubros, como crecimiento del PIB, plataforma petrolera, precio del petróleo, ingresos y gastos se estiman mayores aumentos frente a 2021. Vemos difícil que se cumplan. Ésta es nuestra primera lectura.
Crecimiento económico: ¿podemos esperar tanto del
rebote?
En el crecimiento económico Hacienda
estima una expansión de la economía de 4.1%, superior al 3.6% estimado en abril
de 2021 en los PGPE. Esta estimación que, de hecho, es superior al 2.5%
promedio del sexenio pasado. ¿Es factible? En principio, sí, porque aún estaría
presente el efecto rebote de la economía, luego de la contracción de 2020. Sin
embargo, el Banco de México (Banxico) estima sólo un 3% de crecimiento para
2022, y el consenso del sector privado apunta al 3.1%, según la encuesta de
Citibanamex. Por su parte, el FMI es más optimista y espera un crecimiento de
4.2% para el país, similar a lo previsto por Hacienda.
Según
los pronósticos de la propia Hacienda, si el crecimiento económico en 2022
quedara corto –al nivel previsto por Banxico: un 1.1% menos–, habría una pérdida de ingresos de 45.5
mil millones de pesos (mmdp). Esto es muy posible,
ya que en los últimos años la SHCP se ha quedado corta en sus estimaciones de
crecimiento económico, con excepción del dato con el que seguramente cerrará
2021, al rebotar luego de la gran caída en 2020.
Además, se debe considerar que el PIB per
cápita de nuestro país posiblemente no regrese a su nivel prepandemia sino
hasta el tercer trimestre de 2023, como ya ha señalado la OCDE, aunque Hacienda
espera que se supere el PIB pre pandemia en 3% para finales de 2022.
El contexto general: en los últimos años,
las estimaciones del PIB han quedado por debajo, como se puede ver en la
siguiente gráfica…
Añoranza
del pasado: la plataforma petrolera
De manera recurrente la Administración de
López Obrador ha presupuestado una plataforma petrolera inspirada en los buenos
años de Pemex, pero no vinculada con la realidad de la empresa estatal. Para 2022 se estima una plataforma de 1,826
miles de barriles diarios (mbd), lo que implicaría regresar a una
producción que no se ha visto en todo el sexenio. De hecho, desde 2018, con
Peña Nieto, no se ha logrado alcanzar una producción promedio superior a 1,800
mbd en un año.
El l gran riesgo es que los ingresos petroleros se queden cortos.
Según datos de Hacienda, si la plataforma petrolera se mantiene en el promedio
de 1,713 mbd, el dato que se ha acumulado a lo largo de 2019 y lo que va de
2021 –113 mbd menos de lo estimado para 2022–, los ingresos quedarían cortos en 46.3 mmdp.
Cabe destacar que en los Precriterios de
este año se estimaba incluso una plataforma mayor para 2022, de 1,867 mbd. No
obstante, la sensibilidad de los ingresos petroleros pasó de 13 mmdp por cada
50 mbd, a 20.5 mmdp. Esto significa que incluso con una menor plataforma
estimada para 2022, el riesgo de perder ingresos es mayor.
La sobreestimación de la plataforma
petrolera es un problema recurrente: lo presupuestado ha quedado por debajo de
lo observado en nueve de los últimos 10 años, como puede verse en la siguiente
gráfica.
La plataforma petrolera una y otra vez queda por debajo de las expectativas.
Precios
a la baja: Mezcla Mexicana de Exportación (MME)
Estimar el precio del petróleo siempre es
un riesgo, debido a la volatilidad del mercado. Para 2022 la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se estima en 55.1
dólares por barril (dpb), superior a los 53.1 dpb estimados en los PGPE 2022, y
ampliamente mayor a los 42.1 aprobados para 2021. Esta estimación está
casualmente en línea con el promedio de los últimos 12 meses: 55.1 dpb.
Si bien, en el último año el precio de la
MME ha estado por encima de lo presupuestado, es posible que los precios vayan
a la baja, debido a la estabilización en la producción mundial, luego de la
sobredemanda ocurrida en 2021. Hay que recordar que luego de que en 2020
cayeran los precios, éstos se impulsaron a causa de la contención de la
producción por parte de la OPEP y las expectativas de recuperación de la
economía, disparadas por la vacuna contra el covid-19. Pues bien, esta
situación bien podría revertirse en 2022, conforme aumente la oferta de
petróleo.
Si
el precio de la MME cayera un dólar, se podrían perder 13.5 mmdp de ingresos,
según las sensibilidades de la propiaHacienda. La parte positiva es que
Hacienda suele contratar coberturas petroleras (con un costo recurrente al
erario público, claro) para cubrir los ingresos por la venta de petróleo, ante
una posible caída en los precios. Desde luego las coberturas deberán tener el
alcance adecuado para evitar sorpresas, no escatimar con ellas es clave.
Los
ingresos públicos: ¿todos ganan?
Para 2022 la
Secretaría de Hacienda apuesta por un crecimiento de todos los rubros de
ingresos, con el que obtendría 6
billones 172 mil millones de pesos para financiar el PEF, 7.5% (429 mmdp) más
de lo aprobado para 2021 o 1.3% (80 mmdp) más de lo estimado al cierre de este
año.
Lograr ese
monto de crecimiento se ve complicado. A julio de 2021 se ha registrado un
aumento de 8.2% (258 mmdp) en los ingresos totales; sin embargo, fue impulsado
por el crecimiento de los ingresos no tributarios no petroleros –que al ser no
recurrentes no es factible que se mantengan creciendo indefinidamente– y por la
recuperación de los ingresos petroleros –que a su vez están impulsados por las propias transferencias del Gobierno
a Pemex–.
Llama
fuertemente la atención que en los PGPE se esperaba que para 2022 los ingresos
no tributarios cayeran en 18.7% frente a 2021, a 171 mmdp. No obstante, ahora
Hacienda, con Ramírez de la O, estima un crecimiento de 13.4%, a 240 mmdp. Esto
implica 28 mmdp adicionales a lo aprobado para 2021. De los ingresos no tributarios, 184 mmdp (76.6%) corresponden a
Aprovechamientos, que a su vez contemplan 179 mmdp por el concepto de “Otros,
Otros”, la llamada caja negra de las finanzas públicas. Esto impide conocer con precisión la
procedencia de estos ingresos y evaluar su factibilidad de materializarse.
Además, se
estiman 3 billones 944 mil millones de ingresos tributarios, un 7.7% (280 mmdp)
más frente a lo aprobado o 6.4% (237 mmdp) más que lo estimado al cierre de
2021. Esta proyección se ve complicada, si se considera que a julio sólo se ha
logrado un crecimiento de 2.3% (48 mmdp) (incluso con el rebote económico luego
de la pandemia), mientras que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) se mantiene 0.7%
(7.5 mmdp) por debajo de lo observado en 2020. Es más, la mejor cifra de
crecimiento anual de los ingresos tributarios del actual gobierno es de 0.9%,
en 2019. Hay que subrayarlo: desde 2016 no se ha logrado un crecimiento
superior a 2.3% de los ingresos tributarios.
Finalmente, la única gran propuesta fiscal para 2022 es
el Régimen de Confianza que pretende simplificar el pago de impuestos para las
personas físicas y morales de menores ingresos. Sin embargo, al no
garantizar beneficios a los contribuyentes –disminuir el costo de cumplimiento
no es suficiente–, su potencial es limitado.
Hay optimismo
en todos los rubros de ingresos frente a lo estimado en abril en los
Precriterios. Veamos…
Sigue el déficit: sí aumentará la deuda para
financiar más gasto público
En 2022 se cumplirán 15
años a lo largo de los cuales los ingresos son inferiores al gasto público. En este Paquete se propone pronunciar la brecha entre los
ingresos y los gastos, será la más amplia desde 2015. La promesa de austeridad
se desmorona.
Los gastos totales del sector público se estiman en 7 billones 48
mil millones de pesos para 2022, un aumento de 8.6% (560 mmdp) frente a lo
aprobado en 2021 o 1.5% (103 mmdp) superior a lo estimado al cierre del año.
Esto quiere decir que el Gobierno
aceptará unos Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) de 996 mmdp;
es decir, seguirá usando deuda para salir a flote. Esto
va acorde con los requisitos de endeudamiento interno solicitados al Congreso
por 850 mil millones de pesos, y externos por 3.8 mil millones de dólares.
Además, para Pemex se pedirán 27.2 mil millones de pesos y 1.8 mil millones de
dólares y para CFE 4.1 mil millones de pesos y 794 millones de dólares.
Otro punto
destacable es que frente a los CGPE no todos los conceptos de gasto aumentarán.
En abril de este año se esperaba que las Participaciones entregadas a los
estados crecieran en 7.9% a un billón 26 mil millones de pesos. Ahora, se
espera un crecimiento de sólo 6.7%, a un billón 19 mil millones; esto, a pesar
de que se espera un crecimiento de todos los rubros de ingresos.
Frente a lo estimado en los Precriterios, la mayoría de los
conceptos de gasto han crecido, excepto participaciones y Adefas.
Al mes de agosto de este año los ingresos totales tuvieron
un crecimiento anual de 5.5%. El erario se ha mantenido a flote principalmente
por un incremento de los ingresos petroleros y del Impuesto al Valor Agregado
(IVA). No obstante, otros componentes de los ingresos, como el Impuesto Sobre
la Renta (ISR), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) o los
ingresos de la CFE se mantienen estancados o presentan caídas, a pesar de la
recuperación económica. Además, este año se han resentido los ingresos no
tributarios no petroleros, ya que no han ingresado recursos de los fondos de
emergencia.
En el contexto de la discusión de los estimados de
finanzas públicas que la Secretaría de Hacienda presentó para el Presupuesto
2022, los datos al mes de agosto de este año nos recuerdan qué tan difícil es
lograr las metas de ingresos.
Petróleo, al rescate
De enero a agosto los ingresos totales del sector público
acumulan 3.89 billones de pesos, un aumento de 5.5%, es decir, 203 mil millones
de pesos (mmdp), frente al mismo periodo de 2020. No obstante, frente a 2019
(previo a la pandemia) tal crecimiento es sólo de 3% (116 mmdp).
La
recuperación de los ingresos se debe, principalmente, a los mejores ingresos
petroleros. Al mes de agosto dichos
ingresos acumulan 609 mmdp, un crecimiento anual de 66.4% (243 mmdp). Parte de
esta fortaleza es algo artificial, ya que las aportaciones (capitalizaciones)
que el Gobierno federal le transfiere a Pemex se contabilizan como ingresos
petroleros. Sin esas capitalizaciones, en realidad los ingresos petroleros
hubieran crecido sólo 35.3% en el periodo de enero a agosto.
El impulso de estos ingresos también viene del precio del
barril, aunque no de la producción. La plataforma petrolera se mantiene en
1,680 miles de barriles diarios (mbd), 101 mdb por debajo del programa. En efecto, el aumento en el precio del
crudo ha compensado la estancada producción de Pemex. Mientras que en el
Paquete Económico 2021 se estimó un precio de 41.6 dólares por barril (dpb), el
observado ha sido de 59.4 (dpb), 17 dólares por arriba.
Cabe recordar que para 2022 se estima una plataforma de
1,826 miles de barriles diarios (mbd), y la Mezcla Mexicana de Exportación
(MME) se estima en 55.1 dólares por barril (dpb). Al mes de agosto la
plataforma está lejos de esa meta, y con un precio mucho más alto esperado para
2022, difícilmente el próximo año se compensará la baja producción de la misma
forma en que se ha hecho este año.
El otro salvavidas de las finanzas públicas ha sido el
IVA, que acumula 777 mmdp al mes de agosto, un aumento de 14% (96 mmdp). Este
impuesto incluso supera los niveles prepandemia, pues frente a 2019 es 12% (83
mmdp) superior.
Fuera de los ingresos petroleros y el IVA, las demás
fuentes de ingreso están muy apagadas. El
ISR, el principal tributo del Gobierno, acumula 1.28 billones, una contracción
de 0.2% (2.6 mmdp) frente al mismo periodo de 2020 y frente a 2019 el
aumento es apenas de 0.9% (11.3 mmdp).
A pesar de la recuperación del PIB esperada de 6.2% (Banco
de México), el ISR simplemente no despegó en el octavo mes del año. En 2022 se
espera un crecimiento de 4.8% (94 mmdp) frente a los ingresos presupuestados
para 2021, algo que por la tendencia actual se ve igualmente difícil.
Asimismo, el IEPS
ha generado al mes de agosto 286 mmdp, una caída de 10.3% (32 mmdp), y se
coloca en su peor nivel desde 2018. Para el siguiente año se espera una
contracción de 4.6% (24 mmdp) frente a lo presupuestado para 2021; aunque se
espera una pérdida, no queda claro cómo se va a revertir la tendencia, cuando
no se espera que el rebote económico tenga la misma fuerza el próximo año. La
expectativa parece optimista por lo observado hasta la fecha.
Finalmente, los
ingresos no tributarios no petroleros acumulan 287 mmdp, una caída de 21.9% (80
mmdp) frente al mismo periodo de 2020. Hay que recordar que al mes de
agosto del año pasado dentro de los ingresos no tributarios se contabilizaron
transferencias del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios
(FEIP) por 119 mmdp, del Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México por 21.6 mmdp y de otros fideicomisos por 33.6 mmdp.
Si bien este año continúa la estrategia de extinción de
fideicomisos, los ingresos obtenidos por los mismos –incluyendo los 25.4 mmdp
del Fonden– no han llegado a compensar el agotamiento del FEIP.
Ingresos frente al calendario
Ahora, frente al calendario, los 3.89 billones de ingresos
totales están 4.4% (164 mmdp) por arriba. Sin embargo, al desagregar por
impuesto la historia es diferente con respecto al crecimiento frente al año
pasado. Frente al calendario, los ingresos petroleros van 1.2% (7.6 mmdp) por
debajo y los tributarios sólo 1% (24 mmdp) por arriba de lo previsto.
El ISR va 3% (-39 mmdp) por
debajo del calendario, otra muestra de que Hacienda ha sido muy optimista al
estimar el desempeño de este tributo este año, un símil de lo que podría pasar
en 2022. En contraparte, el IVA está 17% (112 mmdp) por encima de lo
calendarizado, situación que ha provocado que la SHCP apueste casi todo el
crecimiento tributario a partir de este impuesto en 2022.
Avance frente a las expectativas: petróleo sobrestimado
Los ingresos al mes de agosto
van en línea frente a los estimados al cierre, proyectados en los Criterios
Generales de Política Económica (CGPE). No obstante, esto se ha debido a un
avance al mes de agosto superior al 80% de los ingresos no tributarios y de un
68% de avance de los ingresos tributarios. A pesar del mejor desempeño de los
petroleros frente a 2020, si mantienen el ritmo visto hasta ahora, quedarán muy
por debajo de lo estimado al cierre.
Al octavo mes los 3.89
billones de pesos de ingresos totales representan el 66% de los 5.8 billones de
pesos esperados al cierre de 2021. De mantenerse el rimo de crecimiento
promedio mensual, los ingresos totales quedarían -0.6% (36.6 mmdp) por debajo
de lo estimado.
Esto se debe principalmente a
que los 610 mmdp de ingresos petroleros representan sólo el 56% de los 1.07
billones estimados al cierre de 2021. Si esta tendencia continúa, los ingresos
petroleros quedarán 15% (161 mmdp) por debajo de lo estimado al cierre. En otras palabras, los ingresos petroleros
han sido mucho mayores frente a 2020, pero las expectativas de la Secretaría de
Hacienda para el cierre del año eran todavía mayores, situación que se
repite en el PPEF 2022.
El menor desempeño del
ingreso del petróleo frente al estimado al cierre ha sido compensado
principalmente por los ingresos tributarios y no tributarios. Al mes de agosto
los 287 mmdp de ingresos no tributarios representan el 81% de los 354 mmdp
estimados al cierre. Por su parte, los 2.4 billones de ingresos tributarios
representan un 68% de avance frente a los 3.5 billones estimados.
Si la tendencia continúa, los
no tributarios quedarán 21% (76 mmdp) por arriba de lo estimado y los
tributarios se colocarán 2.5% (90 mmdp) por encima de lo esperado al cierre. No
obstante, los ingresos no tributarios, al no ser recurrentes, en cualquier
momento podrían dejar de crecer frente a su ritmo previsto, lo que podría
implicar que los ingresos al cierre de año caigan a terrenos negativos frente a
lo estimado.
Gasto público: los favoritos de siempre
Al igual que los ingresos, el gasto público al mes de
agosto ha crecido de forma limitada (4.5%).
Sin embargo, al interior se observa que los consentidos de
siempre: Pemex, CFE o la Secretaría de Energía, registraron grandes aumentos en
su gasto, mientras que otros, como Seguridad y Protección Ciudadana o la
Fiscalía General de la República, presentan retrasos importantes frente a su
calendario.
Al
octavo mes del año, el gasto programable del Sector Público acumula 3.12
billones de pesos, un aumento de 7.3% (213 mmdp) frente al mismo periodo de
2020. Ese aumento en algunos
ejecutores es mucho más grande. Por ejemplo, la Secretaría de Energía acumula
164 mmdp, un aumento de 209% (111 mmdp). Pemex que ha gastado 375 mmdp, un
aumento de 209% (61 mmdp) más que en el mismo periodo de 2020.
En la contraparte se encuentra la Secretaría de Economía, con 3.3 mmdp, 91% (34 mmdp) menos que en 2020, luego de la reducción del programa de Créditos del Bienestar. Asimismo, las Aportaciones para las Entidades llevan 503 mmdp, una caída real de 3% (17 mmdp), cuando por Ley deberían de ser siempre superiores a las del año anterior.
Gasto frente al calendario
Frente al calendario el panorama es más preocupante. Si
bien el gasto total está en 4.18 billones, 0.3% (12.5 mmdp) por arriba del
programa, la situación por ejecutor es sumamente variable. En monto, la Sener,
con sus 164 mmdp gastados a agosto, se encuentra 253% (117 mmdp) por arriba de
su calendario anual, y la CFE, con 315 mmdp, está 19% (50 mmdp) por arriba de lo programado. Le
siguen el IMSS con 570 mmdp, 8.3% (16 mmdp) por arriba del programa, y la
Secretaría del Bienestar, con 135 mmdp, 8.3% (10 mmdp) por arriba del programa.
Sin embargo, las Aportaciones a la Seguridad Social, con
638 mmdp, están 3.6% (24 mmdp) por debajo de su calendario. El gasto del
ISSSTE, con 248 mmdp, se ubica 8.1% (21 mmdp) retrasado, y las Aportaciones
Federales, con sus 503 mmdp, van 2.4 (12 mmdp) por debajo del programa.
En porcentaje también sorprenden sobregastos o
subejercicios de algunos ejecutores. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda ha
ejercido 20 mmdp, 51% (6.7 mmdp) más de lo que debía, al igual que la
Secretaría de Gobernación, que con 4.9 mmdp acumula 58% (1.8 mmdp) en exceso a
su programa.
Por el
contrario, la Seguridad Pública y Protección Ciudadana ha gastado 24.9 mmdp, un
retraso de 32% (12 mmdp); el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con
1.2 mmdp, va 28% (521 mdp) retrasado, y la Fiscalía General de la República ha
gastado 7.5 mmdp, un subejercicio de 32% (3.6 mmdp).
Hasta julio se ejerció 51% del
gasto funcional en salud aprobado para todo 2021. El gasto acumulado fue de
344.4 mmdp, monto 3.7% mayor (12.4 mmdp) al observado el año pasado.
Del análisis del gasto pagado de
las instituciones de salud con
respecto al gasto aprobado en el periodo y también a su variación anual
descubrimos lo siguiente:
El gasto de la Secretaría de Salud tuvo
una caída de 77.3% con respecto al mismo mes
de 2020 y un recorte de 83.6% con respecto al gasto
aprobado. El origen de la caída tan
fuerte en el gasto se ubicó en los rubros de “otros
gastos de operación” y de “subsidios, transferencias y aportaciones”, en los
que se observó una caída anual de 88% y 82%, respectivamente. En este último
rubro se registran las transferencias
del Insabi a las entidades federativas a través del programa de Atención a
la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social
Laboral, las cuales no se realizaron en julio. Esto no sucedía desde 2012.
El gasto en inversión física continúa estancado. En el periodo fue de 3.8 mmdp, 36% menor al programado
hasta julio y con una caída anual de 55%. Con respecto a su meta anual, reportó
un avance de apenas 24%.
Desde 2017 no se reportaba un gasto tan bajo en los
servicios de salud para la población sin seguridad social. Al mes de julio el Insabi acumula un gasto de 43.8 mmdp,
monto que se encuentra 17% por debajo del gasto programado y 21% por debajo del
ejercido en 2020.
37.5 mmdp se
transfirieron a las entidades federativas a través del programa de Medicamentos
Gratuitos para la Población sin Seguridad Social, monto 28% menor al
transferido el año pasado. En lo que va del año dichas transferencias no se
realizaron a los estados en tres meses: enero, mayo y julio. Cuando
desagregamos las transferencias a los estados, observamos que en 31 entidades
federativas hay una caída anual mayor a 40%. Sólo en la CDMX las transferencias
se incrementaron; lo hicieron 26% con respecto al 2020.
El ISSSTE continúa
acumulando el mayor recorte en lo que va del año: de 26% (-18.0 mmdp) con
respecto al presupuesto aprobado hasta julio. Este mes la Secretaría de Salud también reportó un subejercicio de 14%
(11.8 mmdp).
Avances del gasto
funcional hasta julio de 2021
En el séptimo mes del año el
gasto en salud acumuló 344.4 mmdp; con respecto al gasto ejercido en el mismo
periodo de 2020 hay un aumento de 3.7% (12.4 mmdp). Con relación al gasto
aprobado para todo el año, se ha ejercido el equivalente al 51% del
presupuesto.
En el gasto mes a mes, el gasto en
salud de meses anteriores había sido mayor al gasto ejercido en los mismos
meses de 2020; sin embargo, en julio desaceleró y se erogó un monto 19% menor
al realizado en 2020. El gasto realizado en julio fue de 56.8 mmdp.
Gasto de las
principales instituciones del sector salud hasta julio de 2021
A falta de información oportuna
por institución del gasto funcional en salud, en esta sección le damos
seguimiento al gasto realizado por las principales instituciones de salud, sin
incluir el pago de pensiones y jubilaciones en el caso del IMSS y el ISSSTE.
En conjunto, las instituciones
reportaron un avance de 51% con respecto al presupuesto anual aprobado. Por
institución, el IMSS y el FASSA reportaron un mayor avance con relación a sus
metas anuales: 55%. Debido a los continuos recortes observados en el gasto, el
ISSSTE ha gastado el equivalente a 46% del presupuesto anual. Entretanto, la
Secretaría de Salud reportó un avance del 50%.
La Secretaría de Salud, las
transferencias a estados a través del FASSA, el gasto del IMSS y el ISSSTE
acumularon hasta julio 373.1 mmdp. Este gasto fue muy similar al aprobado y
exhibió un ligero sobregasto de 1.2% (4.6 mmdp); también fue 3.7% mayor (12.4
mmdp) al que se observó en el mismo periodo de 2020.
Sólo el FASSA y el IMSS gastaron
más de lo calendarizado: 10% (16.8 mmdp) y 41% (17.6 mmdp) respectivamente. En
contraste, el ISSSTE continúa acumulando el mayor recorte en lo que va del año:
26% (-18.0 mmdp) con respecto al presupuesto aprobado hasta julio. Este mes la
Secretaría de Salud también reportó un subejercicio de 14% (11.8 mmdp).
Al comparar el gasto de las
instituciones con el que realizaron el año pasado, observamos que sólo el IMSS
reportó un incremento anual: 17.1% (27.8 mmdp). En contraste, el gasto del
ISSSTE y la Secretaría de Salud son los que presentan mayores caídas anuales:
9.5% (-5.4 mmdp) y 8.3% (-6.4 mmdp), respectivamente. Las transferencias a los
estados a través del FASSA tuvieron una reducción anual de 1.1% (-0.7 mmdp).
Clasificación
económica del gasto en salud por institución
Aunque el gasto total de las
instituciones de salud aumentó anualmente 3.7%, este incremento no se reflejó
en todos los componentes de la clasificación económica. Los incrementos del
gasto sucedieron en dos rubros: en servicios personales (5%) y en otros gastos
de operación (11%). Los demás conceptos acumulan caídas anuales importantes,
como es el caso de la inversión física (-55%) y el concepto de ayudas y otros
gastos (-112)%.
Entre enero y julio, el 89% del
gasto de la Secretaría de Salud se ejerció a través de “Subsidios,
transferencias y aportaciones”, pero en lo que va del año acumulan una caída
anual de 7% y con respecto al presupuesto programado el recorte también es de
la misma magnitud: 7%. Esta Secretaría destinó el 6% del gasto al pago de
nómina, rubro que acumuló una caída anual de 7%. En inversión física se destinó
sólo 4% del presupuesto y tuvo una reducción anual de 6%. A pesar de que el 1%
restante se ejerció en ayudas y otros gastos, este concepto tuvo un recorte
anual de 67%.
De acuerdo con el avance del
gasto, hasta julio el IMSS ejerció 69% de su presupuesto en el pago de nómina.
Los 130.8 mmdp destinados a este rubro tuvieron un incremento anual de 7%. En
otros gastos de operación, el instituto destinó 35% de su presupuesto y reportó
un incremento anual de 43%. Sólo 0.5% del presupuesto del IMSS se ejerció en
inversión física, la cual tuvo una caída anual de 75%.
Por su parte, el ISSSTE ejerció 25.7
mmdp en el pago de nómina, 50% de su presupuesto. Este año, el pago de nómina
se redujo -0.3% anual. En otros gastos de operación el instituto ejerció 18.2
mmdp, equivale a 36% de su presupuesto. El gasto en operación tuvo una caída
anual de 37% y la inversión física se desplomó en 87%.
El FASSA a detalle
Hasta julio se transfirieron 60.5
mmdp a las entidades federativas a través del FASSA, lo que equivale a 55% del
presupuesto aprobado en el año. Este monto es 1.0% menor al transferido el año
pasado y 2% por arriba del monto calendarizado en el PEF 2021.
A nivel nacional, el gasto per
cápita del FASSA asciende a 476.3 pesos. El análisis por estado revela que
Colima (1,161.1 pesos), Campeche (1,046.5) y Zacatecas (882.1) son los estados
que más recursos reciben por habitante y en el otro extremo se encuentran
Guanajuato (332.7 pesos), Nuevo León (308.1) y CDMX (302.8).
Con respecto al año pasado, el
gasto per cápita fue mayor en 15 estados. El mayor incremento se observó en
Sonora (5.3%), Nayarit (5.0%) y Campeche (4.0%). El resto de los estados
tuvieron caídas en los recursos recibidos por habitante, y en los siguientes
éstas fueron mayores a 5%: Jalisco (-5.8%), Yucatán (-6.0 %), Quintana Roo
(-6.6%), Aguascalientes (-9.3%), Nuevo Léon (-9.9%) y Querétaro (-14.7%).
Gasto de las
instituciones de salud en julio
En julio, el gasto aprobado para
el IMSS, el ISSSTE, el FASSA y la Secretaría de Salud fue de 76.5 mmdp, de los
cuales se ejercieron 59.2 mmdp. Es decir, hubo un recorte de 22.7% (13.9 mmdp)
en el gasto. Este monto no dista mucho de los niveles de gasto observados en
los últimos años, a pesar de que en 2017 y 2020 el gasto ejercido sobrepasó los
70 mmdp en el mes.
De todas las instituciones de
salud, este mes sólo el gasto del IMSS y del FASSA fue similar o incluso mayor
al observado en el periodo de 2007 a 2021. Por su parte, la Secretaría de Salud
tuvo su peor nivel desde 2007. Y el gasto ejercicio por el ISSSTE fue mucho
menor al observado en los últimos cinco años.
El gasto de la Secretaría de
Salud tuvo una caída de 77.3% con respecto al mismo mes de 2020 y un recorte de
83.6% con respecto al gasto aprobado, subejercicio similar en porcentaje al que
se observó en el mes de enero. El origen del desplome en el gasto se identificó
en los rubros de “otros gastos de operación” y de “subsidios, transferencias y
aportaciones”, en los que se observó una caída anual de 88% y 82%,
respectivamente. En este último rubro se registran las transferencias del
Insabi a las entidades federativas a través del programa de Atención a la Salud
y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral. En julio no se realizaron transferencias a
través de este programa, lo cual no sucedía desde 2012.
El gasto del ISSSTE fue de 6.5
mmdp y tuvo una caída anual de 23%: desde 2015 no se observaba una caída anual
de esta magnitud. Además, es el segundo mes consecutivo en el cual exhibe un
recorte mayor al 10%; este mes el subejercicio reportado fue de 25.4%.
EI IMSS ejerció 40.1 mmdp, monto
29% mayor que el observado el año pasado y 16.3% mayor que los recursos
previstos en el calendario. Con respecto al FASSA, las transferencias a los
estados fueron de 8.4 mmdp en el mes: se encontraron en línea con lo aprobado y
fueron 1% mayores que las realizadas el año pasado.
Inversión acumulada
entre enero y julio
La inversión física ejercida en
el periodo fue de 3.8 mmdp, 36% menor a la programada hasta julio y con una
caída anual de 55%. Con respecto a su meta anual, reportó un avance de 24%.
Este año, el gasto de la Secretaría de Salud apuntala la inversión
física. Hasta julio, ejerció 48% del presupuesto aprobado en el año y
reportó un sobregasto de 60%, al ejercer 2.6 mmdp en lugar de los 1.6 mmdp
aprobados. A pesar de este sobregasto la inversión física fue 6% menor que la
ejercida en 2020.
El IMSS y el ISSSTE acumularon
rezagos en el gasto en este rubro. El IMSS tuvo un avance de 11% con respecto a
su meta anual. En el periodo ha gastado sólo 0.9 mmdp de los 3.25 mmdp
aprobados, acumulando un recorte de 71% y una caída anual similar en magnitud,
de 76%. Por su parte, el ISSSTE ha ejercido sólo 14% del presupuesto anual;
esto equivale a 0.3 mmdp. La inversión física de este instituto se encuentra
74% por debajo el gasto programado en el periodo y es 87% menor a la observada
en el 2020.
Ante estos recortes tan dramáticos, no sorprende que el 55%
de la inversión física realizada en el periodo sea de la Secretaría de Salud,
34% del IMSS y 11% del ISSSTE.
Inversión física en
julio
En el mes de julio se tenía
previsto un gasto en inversión física de 2.3 mdp. De éstos se ejercieron 0.79
mdp, 65% menos gasto que el programado en el mes. El presupuesto original
considera recursos para el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. La
Secretaría de Salud gastó 50% menos de lo aprobado, el IMSS 82% y el ISSSTE
44%.
A pesar de estos recortes en la
inversión física del mes de julio, el gasto del mes no dista mucho de la
tendencia histórica. Más bien, en este mes el gasto previsto sobrepasaba el
gasto observado en los últimos años.
Insabi
Al mes de julio el Insabi acumula
un gasto de 43.8 mmdp, monto que se encuentra 17% por debajo del gasto
programado y 21% por debajo del ejercido en 2020. Cabe mencionar que desde 2017 no se reportaba un gasto tan bajo en los
servicios de salud para la población sin seguridad social.
Los rubros de subsidios,
transferencias y aportaciones y ayudas y otros gastos representan 91% del
presupuesto de este instituto. El primer rubro exhibió un recorte de 45% con
respecto al presupuesto aprobado en el periodo. En contraste, el monto
destinado al segundo rubro tuvo un sobregasto de 441%.
De los 43.8 mmdp gastados por
esta Secretaría, 37.5 mmdp se transfirieron a las entidades federativas a
través del programa de Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad
Social, monto 28% menor al transferido el año pasado. Además, en lo que va del
año dichas transferencias no se realizaron a los estados en tres meses: enero,
mayo y julio. Cuando desagregamos las transferencias a los estados, observamos
que en 31 entidades federativas hay una caída anual mayor a 40%. Sólo en CDMX
las transferencias se incrementaron 26% con respecto a 2020.
El Gobierno frenó el ritmo de gasto al iniciar el segundo semestre del presente año, justo después de las elecciones. El gasto programable del Sector Público cayó 11% durante el mes de julio. Una de las entidades más afectadas fue la Secretaría de Salud, encargada de atender a las personas más vulnerables del país. Con la evidencia disponible, todo indica que los programas o proyectos prioritarios para el presidente no sufrieron. La cuestión es que antes y después que nada el presupuesto debe responder al cumplimiento de los derechos de los ciudadanos; la salud es un derecho humano.
En los primeros seis meses del año el gasto programable acumuló un crecimiento de 7.7% frente al mismo periodo de 2020, pero el Gobierno activó el freno mano en julio, por lo que el crecimiento acumulado se redujo: quedó en 4.6%.
El
sector donde se concentró el recorte de gasto en julio fue en las secretarías
del Gobierno Federal, donde la ejecución de recursos se desplomó en 43.5% frente
julio del año pasado, a 82 mil millones de pesos (63 mil 232 millones menos),
con lo que retrocedió a niveles de 2005. Hasta el mes de junio el gasto
programable de las de las secretarías federales acumuló un crecimiento de 14.5%
frente al mismo periodo de 2020. Con la caída de julio de este año, el
crecimiento acumulado cayó a 3.5%.
Por
el tamaño del monto de afectación, las secretarías más afectadas fueron:
Bienestar, Salud y Educación. Sin embargo, la Secretaría de Salud es la que va
más rezagada en su presupuesto acumulado de enero a julio. Sufrió un recorte de
77.3% en julio, al gastar 4.06 mil millones de pesos (13 mil 807 millones de
pesos menos que en julio de 2020), su peor nivel desde 2007 para este mes.
Además, se quedó corto frente al calendario en 83.6%.
Con
el recorte en julio, la Secretaría del Bienestar ‘equilibró’ sus cuentas y se
colocó en un subejercicio acumulado de 0.6% frente al calendario al séptimo
mes. Hay que recordar que al mes de junio iba adelantada en 26% o 24 mil
millones frente a su programa. En el caso de Educación, aún va 1.1% por arriba
de lo programado en su gasto a julio, debido a que acumulaba un sobrejercicio
al primer semestre de 2.4%.
Ahora, todo indica que los programas prioritarios del Gobierno no fueron castigados. Aunque en los informes mensuales de las finanzas públicas no se publica información desagregada a nivel programa, el gasto de las secretarías a cargo de programas o proyectos emblemáticos no se vio afectado. El gasto para la Secretaría de Energía, desde donde se destinan recursos para la refinería de Dos Bocas o se hacen transferencias a Pemex, creció en 2,148% a 7.9 mil millones de pesos o 4,620% más al programado para ese mes. Esto es casi el doble que los 4.6 mil millones gastados en la Secretaría de Salud en julio.
Por
su parte, la Secretaría de Turismo, de donde se financia el Tren Maya, aumentó
su gasto en julio 13 veces más que en 2020 y quedó por encima de lo
presupuestado en 113%. Otras dependencias también sufrieron grandes recortes en
su gasto del mes de julio: Economía en 91.7%; Desarrollo Agrario Territorial y
Urbano en 68%, y Comunicaciones y Transportes en 27.8%.
Con
estos movimientos, el gasto total del Sector Público en julio se contrajo en 9%
frente al mismo mes de 2020, al acumular 496 mil millones de pesos, un retraso
de 11% respecto del calendario.
Aun
así, el gasto total acumulado alcanzó un monto de 3.6 billones de pesos en los
primeros siete meses del año (enero-julio). Creció 2.1% frente al mismo periodo
de 2020, dado el gasto acelerado en los primeros meses del año. No obstante,
registró un déficit de 1.1% respecto a lo programado, el cual comenzó en enero
de este año con retraso de 19%, que a la fecha no se ha podido recuperar
completamente.
El
gasto va rezagado, y si continúa la tendencia observada en el mes de julio
hacia el cierre del año, y los ‘perdedores’ siguen siendo los mismos
(Secretaría de Salud, Educación Pública y Bienestar, entre ellos), se alcanza a
ver un fin de año con focos críticos.
En el primer semestre del año se ejercieron 287.6 mil millones de pesos (mmdp) en salud, un monto que representa el 43% del gasto aprobado en el año, y que es 10.1% mayor (26.4 mmdp) que el ejercido en el mismo periodo del año previo. Y aunque observamos un subejercicio de 0.9% –el equivalente a 2.7 mmdp– para el periodo completo, el gasto mes a mes fue mayor que el observado de enero a junio de 2020 y 2019.
Si nos enfocamos
en el gasto por institución, descubrimos que cuatro de ellas reportaron
incrementos con relación al mismo periodo de 2020: el IMSS (25.5% por arriba),
la Secretaría de Marina (14.1%), la Secretaría de Salud (11.4%) y Sedena (6.3%).
Y como hemos reportado en entregas
previas, el gasto del ISSSTE continúa acumulando una caída anual y un recorte
considerable: de 33.6% y 51.8%, respectivamente.
Del ejercicio
del gasto en lo que va del año, nos llama la atención lo siguiente:
Varios
programas de la Secretaría de Salud que en el primer trimestre tuvieron
recortes de gran magnitud, este trimestre reportaron los mayores incrementos
anuales. Son programas de prevención, y que atienden enfermedades
específicas: Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ETS (82% por arriba),
Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes (84%) y el Programa de
Salud Materna, Sexual y Reproductiva (52%).
El gasto en inversión física en salud acumuló
3.2 mmdp, representó apenas el 1% del gasto total en el sector y tuvo una caída
anual de 51% (-3.3 mmdp). Este gasto
marca un mínimo histórico en inversión física en salud, no observado desde
el segundo trimestre de 2016.
Sin embargo, la Secretaría de Salud,
específicamente, acumula 2.1 mmdp en inversión física, el cual es 208% mayor
que el observado el año pasado, cuando la pandemia por covid-19 apenas empezaba
en el país. El 64% (1.3 mmdp) de la inversión se destinó a Aportaciones a Fideicomisos
públicos. Que se destine gran parte de
los recursos a esta partida hace evidente la necesidad de implementar medidas
adicionales de transparencia y rendición de cuentas, ya que ante la falta
de reportes trimestrales con información desagregada es difícil saber en qué y
dónde se invierten los recursos públicos en un rubro esencial como la salud.
Cabe destacar que, si se descuentan las Aportaciones a Fideicomisos públicos, el
gasto en inversión física de esta institución sería de 756.8 mdp, y tendría una
caída anual de 63%.
El gasto
en medicamentos acumuló 38.0 mmdp en el primer semestre del año, y tuvo un
incremento anual de 33% (9.5 mmdp). Sin embargo, no todas las instituciones
gastaron con el mismo ritmo, ya que la Secretaría de Salud y el ISSSTE
registraron caídas anuales de 11% y 77%, respectivamente.
A pesar de que el gasto del Insabi fue de 41.9
mmdp, 8% mayor (3.1 mmdp) que el del año pasado, el gasto destinado a la atención a la salud para la población sin
seguridad social se encuentra en un mínimo histórico, para el periodo que
abarca el 2016 – 2021.
Gasto funcional en salud
Hasta junio el
gasto funcional en salud acumuló 287.6 mmdp. Con respecto al gasto ejercido en
el mismo periodo de 2020, hay un aumento de 10.1% (26.4 mmdp). Sin embargo, al
comparar el gasto con el presupuesto aprobado en el periodo, observamos un
subejercicio de 0.9%, el equivalente a 2.7 mmdp. Se ha gastado el 43% de lo
aprobado para todo el año.
En el gasto mes
a mes, en junio el gasto fue de 46.8 mmdp, y aumentó 16% (6.6 mmdp) anual. El
gasto en ese mes fue mayor al observado en el mismo mes de 2020, y muy similar
al erogado en 2019.
Presupuesto por institución
Cuatro
instituciones de salud reportaron al primer semestre de 2021 incrementos en el
gasto con relación al presupuesto aprobado y al mismo periodo de 2020:
El IMSS
gastó 143.6 mmdp, monto 25.5% mayor (29.2 mmdp) que el ejercido el año pasado
en el mismo periodo. Con respecto al presupuesto aprobado, se observó un sobregasto
de 9.9% (12.9 mmdp).
Le siguió la Secretaría de Marina, con un gasto de 1.6 mmdp, 14.1% por arriba
(0.2 mmdp) del ejercido el año pasado y 32% mayor (0.4 mmdp) que el gasto
presupuestado al semestre.
Con un gasto de 64.3 mmdp, la Secretaría de Salud también reportó un
incremento anual y un sobregasto, de 11.4% (6.6 mmdp) y 14.3% (8.1 mmdp),
respectivamente.
Por último, la Secretaría de Defensa ejerció 3.4 mmdp, 6.3% por arriba (0.2 mmdp) de
lo observado el año pasado y 5.7% más (0.2 mmdp) que el gasto aprobado en lo
que va del año.
En contraste, se
observaron reducciones en el gasto con respecto al presupuesto ejercido el año
pasado y al aprobado en las siguientes instituciones:
Las Aportaciones
a la Seguridad Social fueron de 10.1 mmdp en el primer semestre; a pesar de
que se incrementaron 0.4% con respecto al año pasado, se quedaron cortas en 0.8%
(-0.1 mmdp) con relación al presupuesto aprobado.
Las transferencias
a través del FASSA a entidades y municipios acumularon 52.1 mmdp. Con
respecto al mismo periodo del año previo mostraron una reducción anual de 1.3%
(-0.7 mmdp); no obstante, estuvieron 2.2% por arriba (1.1 mmdp) de lo
calendarizado.
Como hemos reportado en entregas previas, el
gasto del ISSSTE continúa acumulando
un subejercicio considerable. Al semestre sumó un gasto de 18.2 mmdp, el cual
es 33.6% menor (-9.2 mmdp) al que se erogó el año pasado, y con relación al
gasto que se tenía previsto ejercer se quedó corto en 51.8% (-19.7 mmdp). Es decir, ha ejercido la mitad de lo que se
tenía previsto a junio.
El análisis del
gasto por programa presupuesto e institución nos dice lo siguiente:
Varios programas de la Secretaría de Salud que en el primer trimestre tuvieron recortes de gran magnitud este trimestre reportaron los mayores sobrejercicios e incrementos anuales:
Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ETS gastó 118.1% más de lo aprobado, e incrementó su gasto con respecto al año pasado en 82.1%.
Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes ejerció 75.5% más recursos de los previsto, y con respecto al año pasado tuvo un incremento de 84.6%.
Salud Materna, Sexual y Reproductiva gastó 51.5% más de lo presupuestado, y 52.2% por arriba del mismo periodo del año pasado.
El programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que opera el Insabi, ejerció 37.5 mmdp, 29.3% más que el gasto aprobado, pero 3.2% menos que el gasto del año pasado.
Entre los programas que exhibieron recortes se encuentra el programa de Vacunación de la SSA (-87.4%), el programa de Adquisiciones del IMSS (-75.7%) y el de Suministro de Claves de Medicamentos, de la misma institución (-89.7%).
Del ISSSTE todos los programas, excepto el de Mantenimiento de Infraestructura, exhibieron recortes y reducciones anuales.
Presupuesto en medicamentos
El gasto en
medicamentos acumuló 38.0 mmdp en el primer semestre del año, y representó 13%
del gasto funcional en salud. En el primer trimestre reportamos que este gasto
tuvo un recorte de 44%, y que fue 20% menor que el del año pasado; sin embargo,
en el segundo trimestre del año el gasto de este rubro creció, y se tiene
acumulado un sobregasto de 4% (1.4 mmdp) en el primer semestre, y un incremento
anual de 33% (9.5 mmdp).
A pesar de que
el monto total del gasto en medicamentos sugiere un mayor gasto en este rubro,
no todas las instituciones han gastado al mismo ritmo: dos de ellas exhiben
recortes considerables: la Secretaría de Salud y, de nuevo, el ISSSTE.
En el primer
semestre la Secretaría de Salud ejerció 1.8 mmdp en medicamentos, monto que fue
21% menor al aprobado y 11% menor que el del año pasado. El 91% de este gasto
se realizó a través de dos programas: el programa de Atención a la Salud (65%)
y el programa de Producción de Reactivos, Vacunas y Otros Dispositivos Médicos Estratégicos
–operado por Birmex, empresa del Estado– (26%). A pesar de que el primero
acapara la mayor parte del gasto, exhibió un recorte de 36% y una caída anual
de 13%, mientras que el segundo no figuraba en el presupuesto aprobado. Vale la
pena mencionar que de los 10 programas presupuestarios que sí tenían
presupuesto asignado para medicinas en el trimestre, siete de ellos exhibieron
recortes o no lo ejercieron: Programa de Vacunación (-100%), Asistencia Social y Protección del Paciente
(-99.2%) y Salud Materna, Sexual y Reproductiva (-66.2%), por mencionar
algunos.
Por su parte, el ISSSTE ejerció 1.3 mmdp de los 12.1
mmdp aprobados. Es decir, en el gasto en medicamentos reportó un subejercicio
de 89% (-10.7 mmdp), acumulando una caída anual de 77% (-4.6 mmdp).
En contraste,
con un gasto acumulado de 34.2 mmdp, el IMSS exhibió un sobregasto de 58% (12.5
mmdp) y un incremento anual de 73% (14.4 mmdp) en este rubro. La Secretaría de
Defensa Nacional, con un gasto de 363.2 mdp, acumuló un sobreejercicio de 23%
(68.8 mdp), y con respecto al año pasado su gasto se incrementó 28% (79.8 mdp).
Entretanto, la Secretaría de Marina, con un gasto acumulado de 173 mdp, erogó
180% más de lo previsto.
Inversión física en salud
El gasto en inversión
física en salud acumuló 3.2 mmdp, y representó el 1% del gasto total en salud. En el semestre este rubro se quedó 16%
corto (608.2 mdp) con respecto a su meta y tuvo una caída anual de 51% (-3.3 mmdp).
Del gasto en inversión ejercido en lo que va del año, resalta lo siguiente: 1)
el gasto aprobado para el periodo es considerablemente menor al que se observó
en trimestres de otros años, y 2) el gasto ejercido, además de ser menor que el
aprobado, marca un mínimo histórico en
inversión física en salud, no observado desde el segundo trimestre de 2016.
La reducción en
el gasto en inversión física no se aprecia en todas las instituciones, ya que
la Secretaría de Salud y el FASSA reportaron aumentos anuales y con respecto al
presupuesto aprobado. Sin embargo, el
incremento de este gasto debe de tomarse con cautela, en el caso de la
Secretaría de Salud.
La Secretaría de
Salud reportó un gasto acumulado de 2.1 mmdp, 208% mayor que el observado el
año pasado, cuando la pandemia por covid-19 apenas empezaba en el país, y 5%
mayor que el gasto presupuestado. Del gasto erogado en el trimestre, llama la
atención que el 64% (1.3 mmdp) se destinara a Aportaciones a Fideicomisos Públicos
–principalmente a través del Insabi–, y que el monto de este rubro tuviera un
incremento anual de 2.9% (39 mdp). En menor medida, 29% del gasto en inversión
física de la institución se destino a la partida de Proyectos para la Prestación
de Servicios, el cual es 9% menor al gasto destinado el año pasado. La
inversión física en Equipo Médico y de Laboratorio, a pesar de que tuvo un
incremento anual de 179.5%, representó sólo 2% del gasto total.
Si se descuentan
las Aportaciones a Fideicomisos Públicos del gasto de inversión de la
Secretaría de Salud, dicho gasto sería de 756.8 mdp, y habría exhibido un
sobregasto de 10%, pero tendría una caída anual de 63%.
Por su parte, el
gasto en inversión física del IMSS acumuló 739 mdp, y exhibió un subejercicio
de 64% y una caída anual de 75%. El 38% de la inversión física se realizó en
equipo médico y de laboratorio; el gasto de este rubro tuvo un recorte de 60.8%
y una reducción anual de 87.8%. En Obras de Construcción
para Edificios No Habitacionales se ejerció 36% de la inversión física, 14% en Mantenimiento
y Rehabilitación de Edificaciones No Habitacionales y 11% en Mobiliario.
La inversión física del ISSSTE fue de 63 mdp, y
acumuló un recorte de 92% y una caída anual de 95%. El 68% de la inversión
física se realizó en Mantenimiento y Rehabilitación de Edificios, 34% en Servicios
de Supervisión de Obras y 35% en Obras de Construcción para Edificios No Habitacionales.
Insabi
Al mes de junio
el Insabi acumuló un gasto de 41.9 mmdp, el cual fue 8% superior (3.1 mmdp) al
del año pasado y 26% mayor (8.7 mmdp) que el gasto aprobado en el trimestre. A
pesar de estos incrementos y de la ligera recuperación que tuvo el gasto de
este instituto, el gasto destinado a la
atención a la salud para la población sin seguridad social se encuentra en un
mínimo histórico, en el periodo que abarca el 2016-2021.
Las partidas
específicas de Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos y de Aportaciones
a Fideicomisos Públicos acumulan el 94% del gasto de este instituto. Llama la
atención el incremento en la participación del gasto de la segunda partida, la
cual pasó de representar 17% en el segundo trimestre de 2020 a 37% en este año,
el equivalente a 15.3 mmdp.
Al segundo
trimestre de 2021, el 89% del presupuesto de esta institución lo aporta el
programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad
Social (37.5 mmdp); el resto del presupuesto se nutre de recursos de los
programas de Atención a la Salud (3.7 mmdp) y Fortalecimiento a la Atención
Médica (572 mdp).
El Gobierno federal, integrado por la administración de López Obrador y un Congreso dominado por Morena, pusieron en marcha una política fiscal durante los primeros dos años y medio de sexenio que ha debilitado a varias políticas públicas indispensables para el desarrollo de México, entre ellas a las propias finanzas públicas, lo que aumenta el riesgo de inestabilidad macroeconómica en el país. El riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes Global (EMBIG) de J.P. Morgan[1], se ubicó el 2 de julio de 2021en 347 puntos base (pb), equivalente a 3.47 puntos porcentuales; en términos acumulados, ha disminuido 14 pb en lo que va de 2021. Al cierre de 2018, el EMBIG para México fue de 241 pb. Es decir, en la presente administración el riesgo país se ha incrementado 44% (106 pb).
A
mitad de este preocupante panorama se verifica un fenómeno que es al mismo
tiempo síntoma y causa, y que no se trata en la conversación pública con el
cuidado y la precisión que debería. Y es que en lo que va de la presente administración, ya se utilizó prácticamente
la mitad (48%) del patrimonio del Gobierno federal que se encontraba
administrado en diversos fideicomisos. Debió perseguir una reforma fiscal
que buscará aumentar la rentabilidad económica y social del gasto
público y fortalecer los ingresos recurrentes que permiten financiarlo de
manera sostenible; en su lugar, el Gobierno ha estado liquidando patrimonio
(activos) para compensar la debilidad de los ingresos federales ante los aumentos
en el gasto de programas sociales, transferencias a Pemex y proyectos de
infraestructura que exceden su presupuesto (y que además son cuestionables por
su falta de rentabilidad).
En el
camino quedaron sin certeza de financiamiento varios fideicomisos y, con
ellos, numerosos proyectos, programas públicos y objetivos de política pública,
como la inversión en ciencia e innovación a través del Conacyt, la reparación
del daño ocasionado a víctimas del Estado y la estabilización presupuestaria
que se opera y financia a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios (FEIP) desde el principio del milenio. Ésta tiene como objetivo
suavizar los recortes en el gasto durante un año fiscal, cuando los ingresos
programados son menores a los observados. Pero veamos cómo luce esto en
números, comenzando con el FEIP.
‘Consumo’ a conciencia del patrimonio
Al
inicio del presente sexenio el FEIP contaba con casi 300 mil millones de pesos
(mmdp), pero al 30 de junio de 2021 sólo tiene 15.5 mmdp. Claramente esta administración hizo un uso exhaustivo del FEIP, pues
lo usó de manera intensiva durante más de un año fiscal. Ahora está prácticamente extinto, por lo que hoy la estabilización
presupuestaria es una política pública en agonía. El Gobierno federal ya no
cuenta con los recursos de este fondo para atender la persistente debilidad de
los ingresos, y cada vez quedan menos recursos “que se puedan utilizar” de los
fideicomisos para financiar el presupuesto. El país está más expuesto que antes
a una crisis de las finanzas federales que pueda afectar el equilibrio
macroeconómico.
Al 30
de junio de 2021, SHCP reportó que cuenta con 301 fideicomisos, mandatos y
actos jurídicos análogos sin estructura orgánica, los cuales suman un saldo de
508.4 mmdp. Esto significa que se han
consumido 471.1 mmdp del patrimonio de fideicomisos desde inicio de la
administración (2.5 años): 183.0 mmdp durante 2019, 176.0 mmdp durante 2020
y 112.2 mmdp durante el primer semestre de 2021.
De los 301 actos jurídicos –279 fideicomisos, 17 mandatos y cinco análogos–, registrados al segundo trimestre de 2021, 159 son federales y no están sujetos al decreto de extinción, mientras que 106 sí lo están –70 federales sujetos y 36 fondos mixtos Conacyt para estados–. También hay 36 estatales y privados, no sujetos al mencionado decreto.
Por
otra parte, al analizar su tenencia por ramo administrativo, se aprecia que la
SHCP, la Sedena y la Secretaría de Salud concentraron los fideicomisos que
disponían del 90.5% del saldo total que aún quedaba en estas figuras al cierre
de junio pasado. Tan sólo 10 fideicomisos concentraban el 75% de la
disponibilidad total a esa fecha.
Visto por número de fideicomisos en operación, la mayor concentración estaba todavía en Conacyt (97 en total), a pesar de que varios fueron incluidos en el decreto de extinción. Le siguen la SHCP (74) y la SEP (19), que en conjunto concentraron el 63% del número total.
¿Qué ha sucedido con la extinción de fideicomisos públicos?
El
decreto de extinción impactó con fuerza en la opinión pública, sobre todo
porque con esta iniciativa se retiró el financiamiento a ciertas causas
urgentes o en beneficio directo de la sociedad, sin certeza de cuándo se
restablecería o de si lo haría algún día. Destaca la cobertura de siniestros
naturales, entre otros ya mencionados.
El 8
de octubre de 2020, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de
Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen para la extinción de
109 fideicomisos, con un saldo equivalente a 68.5 mmdp, aprobado por la
Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado el 19 de octubre de 2020.
Al momento del decreto de extinción,
el saldo de los 109 fideicomisos era de 68.5 mmdp. Al 30 de junio de 2021, el
saldo se redujo a 0.9 mmdp; es decir, a la fecha ya se
transfirió a la Tesorería de la Federación casi la totalidad (67.6 mmdp) de los recursos autorizados
en el Decreto[2].
Al 31 de diciembre de 2020 se registró una disponibilidad de 65.8 mmdp, lo que
significa que en 2021 se han extinguido 64.9 mmdp, la mayor parte del total.
Tomaremos este último dato para hacer el análisis, ya que no hay información
sobre las extinciones que sucedieron en noviembre y diciembre de 2020. Es
importante aclarar que aún hay un pequeño remanente pendiente por transferir de
los recursos de los fideicomisos de Conacyt, SHCP, Cultura y Gobernación.
El
proceso[3],
en todo caso, ha sido más complejo que lo descrito por las autoridades, y
posiblemente no libre de irregularidades. Aquí te explicamos las razones…
Primero, la mayor parte de los
recursos (471.1 mmdp) que el Gobierno ha obtenido de esta ‘fuente’ provinieron
de fideicomisos que no están extintos. De hecho, la mayor salida de
recursos se observó en el Fondo de Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios FEIP, que no está incluido en el decreto de extinción: representó el 63% (296.3 mmdp) del monto
consumido. Éste nos parece excesivo, pues de acuerdo con las reglas del fondo y
los parámetros establecidos en la Ley de Responsabilidad Hacendaria, se
debieron extraer menos recursos y dejar una mayor reserva[4].
A
través del decreto de extinción se obtuvo tan sólo 14% (64.9 mmdp); del Fondo
de Salud para el Bienestar, 7% (33.0 mmdp); del Fideicomiso del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 5% (21.6 mmdp); del Fonden 5%
(25.4 mmdp), de los fondos Conacyt 3% (15.9 mmdp), y de otros fideicomisos
cuyos recursos se traspasaron a otros programas o secretarías, 3% (14.0 mmdp).
En ese último rubro se incluyó, por ejemplo, al Fondo de Apoyo Social para ex
Trabajadores Migratorios Mexicanos, que asumió la Secretaría de Gobernación; al
Fondo Metropolitano y Fondo Regional, que pasó al Programa de Mejoramiento
Urbano a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial, y al Fondo de
Financiera Rural, que ahora forma parte del patrimonio de los Fideicomisos Instituidos
en Relación con la Agricultura (FIRA).
Segundo, el Gobierno obtuvo los
recursos del decreto de extinción antes de concretar el proceso. De
los 109 fideicomisos del decreto sólo se habían extinguido completamente tres,
al 30 de junio de 2021. Pero ya se habían obtenido 67 mmdp de ellos. De los 106
actos jurídicos sujetos a la extinción derivada del decreto, se reporta una
disponibilidad (remanente) de 905.6 millones de pesos. La extinción de los
actos antes mencionados deberá concluir durante del ejercicio fiscal 2021, pero
de los 301 actos jurídicos registrados al segundo trimestre de 2021, 233 se encuentran en operación y sólo 68
están en proceso de extinción o terminación. De éstos últimos, 30 están en
la lista del decreto de extinción: uno corresponde a Comunicaciones y
Transportes y 29 a Conacyt. Sin duda, deben acelerar el paso para cumplir con
los términos del decreto de extinción.
Tercero, el Gobierno extinguió (dio
de baja) otros fideicomisos que no estaban en el decreto de extinción. Al
cuarto trimestre de 2020 se tenían 329 actos jurídicos registrados, y a junio
de 2021 se reportan 301 actos jurídicos, lo que significa que de enero a junio
de 2021 se dieron de baja 28 actos jurídicos, de los cuales sólo tres
corresponden al universo de los 109 vinculados al decreto: 1) Mandato para la
Administración de los Recursos del Programa de Cooperación Energética para
Países de Centroamérica y el Caribe; 2) Fondo Institucional del Conacyt
(FOINS), y 3) Fondo de la Financiera Rural. Los 25 restantes se extinguieron
pero no estaban en el decreto.
Cuarto, el Gobierno extinguió
fideicomisos antes del decreto. A marzo de 2020, los actos de
extinción sumaban 30, con un monto de 1.9 mmdp.
Uno
de los fideicomisos extinguidos más sensibles es sin duda el Fondo de Desastres
Naturales (Fonden). De acuerdo con los artículos transitorios de la reforma a
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) del 6 de
noviembre, los remanentes de recursos del Fonden se deben concentrar en la Tesorería de la Federación a más tardar el 30
de junio de 2021. Se definió que se seguirían empleando para la atención de
desastres naturales, y que serían manejados directamente por la SHCP para tal
objetivo, así como para cubrir las obligaciones pendientes y que no se pagarán con cargo al patrimonio del fideicomiso.
El
pasado 27 de julio de 2021 la SHCP publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se abroga el diverso por el que se
emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, publicado el 3 de
diciembre de 2010”, con lo que oficializó la desaparición del Fonden. El
acuerdo para su extinción estuvo a cargo de la SHCP y la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Además, se reformó el artículo 37 de
la LFPRH, el cual explica que el presupuesto para desastres naturales quedará
bajo la disposición de la SHCP[5].
Ya quedó prácticamente vacío el Fonden: tenía 55.1 millones de pesos al 30 de junio de 2021, después de que al cierre de 2020 registrara 28.7 mmdp. La Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP será la que emita y modifique las disposiciones que establezcan los mecanismos presupuestarios que permitan ejercer recursos para programas y proyectos que atiendan daños ocasionados por fenómenos naturales. Los convenios suscritos por la SHCP y la SSPC con las entidades federativas en relación con el Fonden continuarán vigentes hasta que se suscriban los instrumentos jurídicos que los sustituyan.
Es lamentable que el uso de los
recursos de los fideicomisos se haya
consentido sin haber evaluado el impacto que tendría esta extinción en
el desarrollo nacional. Queda pendiente calcular el costo de oportunidad de
“matar” el financiamiento para ciertas políticas o bien, en el mejor de los
casos, de mermar la certeza de estas políticas en torno a su financiamiento.
Se sabe de sobra que la SHCP tiene amplias facultades para reasignar las asignaciones autorizadas por los diputados, las que se establecen cada año en el decreto del PEF. Lo hemos visto en la práctica. ¿La SHCP cuidará el presupuesto asignado a la protección ante desastres naturales o lo reasignará a las prioridades del presidente para complacerlo?
Anexo. Fideicomisos con mayor disponibilidad de recursos
[1] Es la diferencia (spread o swap) entre la tasa de
interés que paga los bonos emitidos por los países emergentes y la de los Bonos
del Tesoro de Estados Unidos que se consideran «libres» de riesgo. Se
expresa en puntos base (100 pb=1 punto porcentual). Los bonos más riesgosos
pagan un interés más alto, por lo tanto el spread de estos bonos respecto a los
bonos del Tesoro de Estados Unidos es mayor.
[2] “Decreto por el que se ordena la
extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y
análogos” fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de
abril de 2020.
[3] En el artículo Quinto
Transitorio del “Decreto de Fideicomisos”#, publicado el 6 de
noviembre de 2020 en el DOF, se estableció la obligación para los ejecutores de
gasto, por conducto de sus unidades responsables, de coordinarse con las
instituciones fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios
para extinguir 109 actos jurídicos vinculados con las disposiciones que se
reformaron o derogaron por virtud de dicho instrumento, con la finalidad de que durante el primer semestre del ejercicio 2021
se suscribieran los convenios de extinción o terminación respectivamente.
[4] Mariana Campos (2021), “Fondo de Estabilización de
los Ingresos Presupuestarios (279.7 mmdp)”, Nexos,
1 de julio de 2021, https://www.nexos.com.mx/?p=57798
[5] Como parte de la reforma del 6 de
noviembre de 2020 y la emisión del Decreto para ese fin se establecieron
artículos transitorios, primero al vigésimo, en la la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), destacan los siguientes puntos:
1) Las dependencias y entidades, serían las encargadas de coordinar las
acciones para concentrar, en la TESOFE la totalidad de los recursos públicos
federales que formen parte de los fideicomisos, mandatos y análogos públicos
previstos en las disposiciones que se abrogan, reforman o derogan en el
Decreto, 2) que los recursos de Fondos Conacyt se concentran a más tardar el 30
de junio de 2021 en la TESOFE, 3) La Ley General de Cultura Física y Deporte
establecerá los criterios y bases para el otorgamiento pensión vitalicia a
deportistas olímpicos y paraolímpicos, 4) La Segob asumirá Fondo de Apoyo
Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, 5) los recursos del Fondo
Metropolitano y Fondo Regional pasan al Programa de Mejoramiento Urbano a cargo
de la Secretaría de Desarrollo Territorial, 6) La extinción total del
Fideicomiso para promover el acceso al financiamiento de MIPYMES y
Emprendedores, 7) El Fondo de Financiera Rural formará parte de del patrimonio
de FIRA..
Hasta mayo se ejerció el 36% del gasto funcional en salud aprobado para todo el año. El gasto acumulado fue de 186.2 mmdp, monto 9.1% (20.2 mmdp) mayor al observado en los primeros cinco meses de 2020.
El análisis del gasto observado en las principales
instituciones de salud, con respecto a lo que se les aprobó para el periodo,
arrojó lo siguiente:
El gasto en la Secretaría de Salud, en el IMSS, el ISSSTE y las transferencias a estados a través del FASSA acumularon hasta abril 262.6 mmdp, un monto que sobrepasó por 0.2% (0.5 mmdp) al aprobado.
Si desagregamos por institución, descubrimos que la Secretaría de Salud, el FASSA y el IMSS gastaron 1% (0.3 mmdp), 3% (1.1 mmdp) y 13% (14.3 mmdp) más de lo aprobado, respectivamente.
Sigue preocupando el gasto del ISSSTE, que acumuló un recorte de 29% (-15.2 mmdp). El rubro más afectado por esta reducción es la inversión física, la cual fue 76% (-0.37 mmdp) menor a la realizada en el mismo periodo de 2020.
El Insabi, el cual forma parte de la Secretaría de Salud, reportó un gasto de 32.7 mmdp, monto 2% (0.6 mmdp) mayor al gasto aprobado. Hasta mayo, el instituto transfirió 28.4 mmdp a las entidades federativas a través del programa de Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social. No conocemos todavía el monto aprobado hasta mayo, pero si los recursos transferidos se comparan con los erogados el año pasado, deducimos que hubo una reducción anual de 18.1% (-6.3 mmdp) y en 31 entidades federativas la caída anual fue mayor a 40%. El número de consultas en unidades de consulta externa y hospitalización del Insabi se redujo en 53%, y la cantidad de egresos lo hizo en 50%. Al comparar con el mismo periodo de años anteriores, observamos una drástica reducción en los servicios médicos ofertados.
Hasta mayo el gasto funcional[1] en salud acumuló 241.2 mmdp. Con
respecto al gasto ejercido en el mismo periodo de 2020 hay un aumento de 9.1%.
Este año se ejercieron 20.2 mmdp más que en el año pasado. Con respecto a lo
aprobado para todo el año, se gastó el equivalente a 36%.
En el gasto mes a mes, tan sólo en mayo el gasto aumentó 18%
(16 mmdp) anual; el gasto de este mes fue mayor al erogado en los últimos dos
años.
Gasto de las principales
instituciones del sector salud hasta mayo de 2021
A falta de información oportuna por institución del gasto
funcional en salud[2],
en esta sección le damos seguimiento al gasto realizado por las principales
instituciones de salud sin incluir el pago de pensiones y jubilaciones (en el
caso IMSS y el ISSSTE).
En conjunto, las instituciones reportaron un avance de 37%
con respecto al presupuesto anual aprobado. Por institución, el FASSA reportó
el mayor avance con relación a sus metas anuales: 40%. Debido a los recortes
observados en el gasto, el ISSSTE ha gastado el equivalente a 33% del
presupuesto anual. El IMSS y la Secretaría de Salud reportaron un avance de 37%
y 38%, respectivamente.
El gasto en conjunto de la Secretaría de Salud, del IMSS y el
ISSSTE y las transferencias a estados a través del FASSA acumuló hasta mayo
262.6 mmdp, un monto muy similar al aprobado. De hecho, exhibió un ligero
sobregasto de 0.2% (0.5 mmdp). No obstante, fue 10.7% (25.3 mmdp) mayor al que
se observó en el mismo periodo de 2020.
Sólo el FASSA y el IMSS acumularon un sobregasto, de 13%
(26.3 mmdp) y 3% (1.1 mmdp), respectivamente. En contraste, el ISSSTE acumuló
un recorte de 29% (-15.2 mmdp) con respecto al presupuesto aprobado hasta mayo.
La Secretaría de Salud también reportó un subejercicio, aunque en menor medida:
1% (0.3 mmdp).
Al comparar el gasto de las instituciones con el que
realizaron el año pasado, observamos que es el IMSS es la que reportó el mayor
incremento anual: 25.8% (25.3 mmdp). En contraste, el gasto del ISSSTE cayó
4.3% (-1.6 mmdp) con relación al ejercido el año pasado; le siguió el FASSA,
con una reducción de 1% (0.4 mmdp). La Secretaría de Salud aumentó su gasto en
2.1% (1.1 mmdp).
Clasificación económica del gasto en
salud por institución
Aunque el gasto total de las instituciones de salud aumentó
anualmente 10.7%, este incremento no se reflejó en todos los componentes de la
clasificación económica. Los incrementos del gasto sucedieron en dos rubros: el
gasto en servicios personales (10%) y en otros gastos de operación (14%).
Entretanto, los demás conceptos tuvieron caídas anuales importantes, como es el
caso de la inversión física (-46%) y el concepto de ayudas y otros gastos
(-192)%.
Entre enero y mayo el 89% del gasto de la Secretaría de Salud
se ejerció a través de “Subsidios, transferencias y aportaciones”; éstas fueron
3% mayores a las observadas en 2020, y con respecto al presupuesto programado
aumentaron 4%. Sólo 5% del gasto de esta secretaría se destinó al pago de
nómina, rubro que acumuló una caída anual de 8%. En inversión física se destinó
sólo 4% del presupuesto y reportó un aumento anual de 34%. El 1% restante se
ejerció en ayudas y otros gastos; este concepto tuvo un aumento anual de 45%.
En relación con el avance del gasto, hasta mayo el IMSS
ejerció 70% de su presupuesto en el pago de nómina. Los 89.9 mmdp destinados a
este rubro tuvieron un incremento anual de 13%. Para otros gastos de operación
el instituto destinó 34% de su presupuesto y reportó un incremento anual de
62%. Sólo 0.4% del presupuesto del IMSS
se ejerció en inversión física, la cual tuvo una caída anual de 78%.
Por su parte, el ISSSTE ejerció 18.8 mmdp en el pago de
nómina, 51% de su presupuesto. Este año, el pago de nómina fue 1% mayor al
observado en 2020 y 4% menor al monto programado en el año. En otros gastos de
operación el instituto ejerció 11.2 mmdp, lo que equivale a 30% de su
presupuesto. El gasto en operación tuvo una caída anual de 45%, y se quedó
corto en 64% con respecto al gasto programado.
El FASSA a detalle
Hasta mayo se transfirieron 44 mmdp a las entidades
federativas a través del FASSA, el equivalente a 40% del presupuesto aprobado
en el año. Este monto es 1.0% menor al transferido el año pasado, pero se
encuentra 3% por arriba del monto calendarizado en el PEF 2021.
El análisis del gasto per cápita revela que Colima (840.4),
Campeche (750.1) y Zacatecas (636.9) son los estados que más recursos
recibieron por habitante, y en el otro extremo se encuentran Guanajuato
(244.7), Nuevo León (232.2) y CDMX (229).
Con respecto al año pasado, el gasto per cápita fue mayor en
14 estados. El mayor incremento se observó en Sonora (6.0%), Nayarit (5.1%) y
Baja California (3.9%). El resto de los estados tuvieron caídas en los recursos
recibidos por habitante, y en los siguientes éstas fueron mayores a 5%: Yucatán
(-5.8%), Michoacán (-5.8%), Q. Roo (-6.1%), Nuevo Léon (-9.2%), Aguascalientes
(-11.0%) y Querétaro (-14.8%).
Gasto de las instituciones de salud
en mayo
Sólo para
mayo, el gasto aprobado en el IMSS, el ISSSTE, el FASSA y la Secretaría de salud
fue de 51.6 mmdp. Sin embargo, se ejercieron 65.5 mmdp. Es decir, hubo un
excedente de 26.9% (13.9 mmpd) en el gasto.
Efectivamente, en este
mes las principales instituciones de salud aceleraron el gasto. El ISSSTE rompió la racha de
subejercicios que registraba desde enero, al gastar 44.8% más de lo aprobado.
La Secretaría de Salud también tuvo un sobregasto de 38.5% y IMSS ejerció 27.2%
más recursos de lo previsto, encadenando dos sobrejercicios consecutivos.
En lo que va del año, este es el primer mes en el que se
registra un sobrejercicio importante. Ya que en meses anteriores los
subejercicios y sobregastos no distaron mucho del presupuesto original, excepto
en enero, cuando hubo un subejercicio de 28.9%.
Por institución, la Secretaría de Salud reportó más
variaciones en el gasto con respecto al presupuesto original. Si bien hubo
subejercicios en enero (-85.8%) y en abril (-9.9%), éstos no se compararon en
magnitud a los sobrejercicios reportados en febrero (89.9%), marzo (262.4%) y
mayo (38.5%). El gasto del IMSS también ha sido muy diferente al aprobado; se
observaron recortes en febrero y marzo y sobrejercicios mayores a 20% en enero,
abril y mayo. La institución que más preocupaba en el avance del gasto mes a
mes era el ISSSTE, ya que en los cuatros meses reportó recortes en el gasto que
superan el 30%, una tendencia que, como decimos, se rompió en mayo.
Inversión acumulada entre enero y
mayo
La inversión física ejercida en el periodo fue de 2.6 mmdp,
16% mayor a la programada hasta mayo, pero con una caída anual de 46%. Con
respecto a su meta anual, reportó un avance de 16%.
Este año, el gasto de la Secretaría de Salud apuntala la
inversión física. Hasta mayo, ejerció 36% del presupuesto aprobado en el año, y
reportó un sobregasto de 233%, al ejercer 1.9 mmdp en lugar de los 0.5 mmdp
aprobados. Este sobregasto ocasionó que la inversión fuera 34% mayor a la
ejercida en el 2020.
El IMSS y el ISSSTE reportaron rezagos en el gasto en este
rubro. El IMSS tuvo un avance de 6.3% con respecto a su meta anual; en el
periodo ha gastado sólo 0.5 mmdp de los 1.15 mmdp aprobados, exhibiendo un
recorte de 53% y una caída anual aún más dramática, de 86%. Por su parte, el
ISSSTE ejerció sólo 6% del presupuesto anual, esto equivale a 0.12 mmdp. La inversión
física de este instituto se encuentra 76% por debajo del gasto programado en el
periodo, y es 86% menor a la observada en 2020.
Ante estos recortes tan dramáticos, no sorprende que el 74%
de la inversión física realizada en el periodo sea de la Secretaría de Salud,
21% del IMSS y 5% del ISSSTE.
Inversión física en mayo
En el mes de mayo se tenía previsto un gasto en inversión
física de 0.8 mdp; de éstos se
ejercieron 0.35 mdp, 58% menos gasto que el programado en el mes. El
presupuesto original considera recursos para el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría
de Salud. La Secretaría de Salud gastó 3% más de lo aprobado, el IMSS
subejerció 68% y el ISSSTE 64%.
Insabi
Al mes de mayo el Insabi acumula un gasto de 32.7 mmdp, monto que se encuentra 2% arriba del gasto programado. Los rubros de subsidios, transferencias y aportaciones y ayudas y otros gastos representan 89% del presupuesto de este instituto. El primer rubro exhibió un recorte de 50% con respecto al presupuesto aprobado en el periodo. En contraste, el monto destinado al pago de nómina tuvo un sobregasto de 126%.
De los 32.7 mmdp gastados por esta secretaría, 28.4 mmdp se transfirieron a las entidades federativas a través del programa de Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social, monto 18.1% menor al transferido el año pasado. Cuando desagregamos las transferencias a los estados, observamos que en 31 entidades federativas hubo una caída anual mayor a 40%. Sólo en CDMX las transferencias incrementaron 152% con respecto a 2020.
Con respecto a los servicios que
presta el Insabi, observamos caídas en el número de consultas y egresos de las
unidades de consulta externa y hospitalización. Con respecto al año pasado, las
consultas se redujeron en 53%, y los egresos en 50%. Cabe mencionar que la
reducción en el número de consultas se observa desde 2019.
[1] El gasto funcional en salud incluye el
presupuesto de las Aportaciones a Seguridad Social, del FASSA, el IMSS, el
ISSSTE, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional, que tiene como objetivo la prestación de
servicios de salud, productos, útiles y equipo médico, productos farmacéuticos,
aparatos y equipos terapéuticos.
[2] En los reportes mensuales de la SHCP el gasto funcional en salud
no se puede desagregar por ejecutor. Por lo tanto, a partir de esta sección y
en adelante se realiza el seguimiento del gasto neto total de la Secretaría de
Salud, el IMSS y el ISSSTE sin incluir el gasto en pensiones y jubilaciones
como un aproximado del gasto funcional en salud. Dentro del gasto analizado en
esta sección y en las siguientes, se incluye parte del presupuesto de estas
secretarías destinado a funciones de salud, ciencia, tecnología e innovación,
coordinación de la política de gobierno y protección social.
A lo largo de los primeros cinco meses de 2021, los ingresos
del Sector Público se ubicaron en 2.5
billones de pesos[1],6.7% (155.3 mmdp[2]) por
arriba de los observados de enero a mayo de 2020. Esto es resultado del
mayor dinamismo de la actividad económica y de una mejoría en el precio del
petróleo.
En efecto, los ingresos petroleros mostraron una importante recuperación en los últimos meses, particularmente en relación con los obtenidos el año pasado. Por ese motivo, en esta entrega de los Números de Erario vamos a poner la lupa en estos ingresos para entender con mayor profundidad la magnitud y la naturaleza de su recuperación.
Un impulso
‘multifactorial’
Los ingresos petroleros registraron un monto de 363.3 mmdp en el periodo de enero a mayo de 2021. Al comparar estos ingresos en periodos similares de sexenios anteriores (Fox, Calderón y EPN), se revela que su mayor nivel promedio fue en el Gobierno de Calderón (663 mmdp), por el beneficio obtenido del precio del petróleo (77.2 dpb[3] promedio en el sexenio) y una producción promedio de 2,272 mdb[4].
Aunque en el panorama transexenal estos ingresos se ven claramente en ‘desventaja’, es necesario cerrar la ventana temporal. Y es que los ingresos petroleros –Pemex y Gobierno federal– crecieron 86.6% (168.8 mmdp), en comparación con igual periodo de 2020. Se identificó que se trata del crecimiento más alto observado en los ingresos petroleros del que se tenga registro para periodos similares desde 2000. Por debajo, destacan los crecimientos observados en 2000 (58.3%), 2003 (62.6%) y 2010 (30.6%).
Este crecimiento se debe, en gran medida, a que el año pasado
los ingresos petroleros alcanzaron mínimos históricos. De cualquier forma, la
recuperación del precio promedio de la mezcla mexicana de crudo, aunque no
llegara a niveles excepcionales (se ubicó en niveles similares a los reportados
en enero-mayo de 2018 [58.5 dpb] y 2019 [58.8 dpb]), sí fue un factor clave.
El precio promedio de
petróleo aumentó 82.6% en relación con el reportado en periodo similar de 2020
(58.4 dpb vs. 32.0 dpb, enero-mayo
2021 vs. 2020). El precio promedio de
la mezcla mexicana de exportación en 2012 y 2013 fueron superiores a los
observados este año, de 109.2 dpb y 102.0 dpb, respectivamente, años en los que
los ingresos petroleros fueron igualmente altos en los primeros cinco meses del
año.
Queda claro que el dinamismo de los ingresos petroleros observado este año en definitiva no ha sido impulsado por la producción de petróleo. Su volumen promedio en enero-mayo de 2021 (1,678 mbd) fue el segundo más bajo observado para periodos similares desde 2000, después de los 1,666 mbd de 2019. La tendencia de la producción ha sido a la baja: desde el nivel promedio registrado en enero-mayo de 2000 (3,001 mdb), el volumen de producción se desplomó 44.1%,. En 2012 y 2013 los niveles observados fueron considerablemente más altos: 2,543 mbd y 2,532 mbd, respectivamente.
Ahora bien, de alguna
manera el dinamismo de los ingresos petroleros también es impulsado hasta
cierto punto de forma artificial. Es decir, la recuperación también se debió a factores
exógenos al mercado de crudo. Nos referimos a las aportaciones patrimoniales
por 63.1 mmdp (y cada vez mayores) que realizó durante el 1T2021 el Gobierno
federal a Pemex, para la reducción de su carga fiscal. Éstas se registran como
ingreso petrolero de Pemex, cuando en realidad ésa no es su naturaleza.
Sin las transferencias del Gobierno federal a Pemex, los
ingresos petroleros hubieran crecido sólo 52.4%
(105.7 mmdp), quedando en 300.6 mmdp.
Finalmente, el monto de las transferencias del Gobierno
federal Pemex es el más alto registrado en periodos similares desde 2014. En
periodo similar de 2020 estas transferencias fueron de 16.8 mmdp.
El peso real de los
ingresos petroleros
Hay dos argumentos más que ponen en perspectiva el buen
desempeño de los ingresos petroleros en los primeros cinco meses del año.
En términos de estructura porcentual, estos ingresos han ido perdiendo peso a lo largo de los años en el total de ingresos del
Sector Público.
Pasaron de representar el 24.7% en enero-mayo de 2000 a alcanzar el 14.8%, para
periodo similar de 2021.
El segundo argumento: a pesar de su buen desempeño anual, los ingresos petroleros no lograron
cumplir la expectativa de la recaudación programada para el periodo
enero-mayo (incluso contando las transferencias del Gobierno federal a Pemex).
Presentaron un rezago de 8.0% (-31.8 mmdp) con respecto a la meta de inicio de
año, de 395.4 mmdp. Sin las
transferencias el rezago se eleva a 24.0% (-94.9 mmdp).
Sin embargo, con respecto a la meta mensual establecida en la
LIF2021 (82.3 mmdp), presentan un excedente de 11.8% (9.7 mmdp).
La perspectiva sexenal
Durante la administración
de AMLO se han presentado los niveles promedio (para periodos enero-mayo)
más bajos, tanto de ingresos petroleros como de producción de petróleo: 309 mmdp y 1,685 mbd. Respecto al
precio promedio, es el segundo más bajo (49.7 dpb), después de los 30.3 dpb
promedio en el sexenio de Fox.
Respecto a las tasas de crecimiento de los
ingresos petroleros, las del periodo de Fox fueron las más altas: 114.2%, 16.5%
promedio anual. En cambio, en el sexenio de EPN y en lo que va de la
administración de AMLO las tasas del periodo han sido negativas: -37.4% vs. -1.7%.
Sólo en mayo de este año, los ingresos petroleros se ubicaron en
92.0 mmdp, monto 207.0% (62.0 mmdp) superior al observado en mayo de 2020, la
tasa más alta registrada para meses similares desde 2000. Esto se debe
principalmente a una mejora en el precio del petróleo, pues éste se incrementó
152.5% en términos anuales: 62.4 dpb (mayo 2021) vs. 24.7 dpb (mayo 2020). Además, la producción de petróleo aumentó
2.5% respecto a la observada un año antes, ubicándose en 1,683 mbd.
El nivel de los ingresos petroleros, en mayo de 2021, es similar
al reportado en igual mes de 2015, pero se encuentra 48.2% por debajo de su
nivel máximo reportado para mes similar desde 2000, de 177.7 mmdp de mayo de
2012.
Comparando sexenios anteriores, el ingreso petrolero promedio
mensual del mes de mayo, en lo que va de la administración de AMLO, 69 mmdp, ha
sido el más bajo desde el sexenio de Fox. Respecto al periodo de EPN se
encuentra 31.4% (-31.8 mmdp) por debajo.
Las tasas de crecimiento por periodo más altas se observan en las
administraciones de Fox (132.5%) y de Calderón (81.1%). En la de EPN fue
negativa (-31.0%). En lo que va de la administración de AMLO el incremento ha
sido de 6.6%.
En el sexenio de Calderón se alcanzó el promedio del precio del
petróleo más alto del mes de mayo (81.9 dpb); el más bajo se registró en el
sexenio de Fox (32.4 dpb).
Respecto a la producción, el nivel más alto se observó en el
promedio de mayo del sexenio de Fox (3,275 mbd), y el más bajo se ha verificado
en los años que van de la administración de AMLO (1,661 mbd); es decir, se ha
caído casi 50%.
Respecto al mes inmediato anterior (abril), los ingresos petroleros aumentaron 37.2% (25.0 mmdp), ya
que el precio de la mezcla mexicana de exportación aumentó en mayo 2.9 dpb
(4.9%), para ubicarse en 62.4 dpb. Han sido los más altos observados en los
cinco meses que van de 2021.
Conclusión
El buen
desempeño en los ingresos petroleros en el acumulado de los primeros cinco
meses de 2021 entusiasma
mucho, especialmente por lo llamativo de las tasas anuales de crecimiento, que
superan a las históricas. Desde la misma perspectiva histórica, el nivel de
ingresos, los precios y volumen de producción observados de petróleo en la
actualidad superan lo visto el año pasado, pero no los máximos niveles vistos
en años anteriores.
De cualquier forma, este
mayor dinamismo no ha logrado que los ingresos petroleros superen la meta
planteada para el periodo de enero a mayo de 2021; tampoco ha revertido la baja
participación de estos ingresos en la bolsa total de ingresos presupuestarios.
La recuperación obedece principalmente a dos factores: 1) las
transferencias recibidas por Pemex, provenientes del Gobierno federal, y 2) la
recuperación del precio del petróleo. El primer factor obedece a un incremento por ingresos no
recurrentes, mientras que el segundo puede
verse limitado por la volatilidad propia de los
precios del petróleo. En este contexto, recomendamos cautela a la
hora de juzgar esto como una recuperación real.
Análisis del gasto
El gasto neto total del sector público acumuló 2.5 billones
de pesos al mes de mayo, lo que supone un incremento anual de 4% (99.8 mmdp) y
un subejercicio de 0.1% (-3.0 mmdp) con respecto al presupuesto aprobado.
El crecimiento medio anual del gasto neto total en lo que va
del sexenio es de 3%, es decir, la tasa
de variación acumulada del periodo de enero a mayo de 2019 a 2021. Dicha tasa contrasta con el crecimiento
medio anual de 6% y 7% de los primeros tres años de los sexenios anteriores.
Gasto programable
En este periodo, el incremento anual observado en el gasto
neto total fue resultado de un mayor gasto programable, pues el gasto no
programable tuvo una caída en relación con el año anterior. Este tipo de gasto
sumó 2.0 mmdp hasta mayo de 2021, lo que representó un
aumento anual de 8% (151.4 mmdp) y de 1.8%
(34.5 mmdp) con respecto al presupuesto
aprobado en el periodo.
El crecimiento promedio anual (tasa de variación
acumulada) en lo que va de esta administración es de 5%, mientras que en en el
sexenio de Calderón fue de 9% y de 7% en el sexenio de Peña Nieto. Si bien el ritmo de
crecimiento del gasto programable a estas alturas de la administración
de AMLO es menor en comparación con las anteriores, sí nos llaman la atención
los componentes que impulsan el gasto programable.
Con el
incremento en el gasto programable este año, la proporción que éste representa
dentro del gasto total se modificó. Sin considerar la inversión física
representó 63% del gasto total. Desde el 2016 su participación en el gasto
total no excedía 60%. Por otro lado, la
participación de la inversión física en el gasto total continúa en mínimos
históricos, 13%. Esta proporción es muy similar al promedio que se observó
entre 2002 y 2008.
El dinamismo del gasto programable fue impulsado por dos de
los rubros que lo integran, ya que aproximadamente el 87% del sobregasto
proviene de ellos. El rubro de “Otros gastos de capital” sumó 167.7 mmdp y
aumentó 160% anual (103 mmdp); de igual manera lo hizo la proporción que
representa este rubro del propio gasto programable, al pasar de 4% en 2020 a 9%
en 2021. En este rubro se registran las transferencias de capitalización a
Pemex por 63.0 mmdp, realizadas por la Secretaría de Energía (Sener) durante el
primer trimestre de este año, última información disponible sobre este asunto.
Pero dados los aumentos en la inversión financiera de esta Secretaría en el
último mes, es probable que el Gobierno federal haya transferido más recursos a
la paraestatal. Será hasta el reporte trimestral cuando podamos confirmar o no
esta hipótesis. Pero hasta mayo, la inversión financiera de Sener sumó 109.1
mmdp, con un aumento anual de 189%. Además, representó 99% del presupuesto
ejercido. Claramente la mala situación
financiera de Pemex representa una carga pesada para el Erario.
Sin las transferencias a Pemex, el comportamiento del gasto
programable no tendría el mismo dinamismo. Excluyendo las transferencias del
total, el gasto programable sería de 1.91 billones de pesos y exhibiría un
menor incremento anual: uno de 5% (88.3 mmdp) y no de 8%. Con respecto al gasto
aprobado tendría un subejercicio de 1% (-28.6 mmdp). Como resultado, el gasto
neto total sumaría 2,533 mmdp, con un crecimiento anual de 3% (73.6 mmdp) y un
subejercicio de 2.6% (-66.0 mmdp).
El otro capítulo de gasto que aumentó considerablemente fue el de “Materiales y suministros”, que acumuló 158.9 mmdp y aumentó 50% (52.7 mmdp) anual. Estos resultados contrastan con la narrativa de la austeridad. En 2020 su participación en el gasto programable fue de 6%. En este año aumentó dos puntos porcentuales y representó 8%, participación muy similar al promedio de 8% observado entre 2000 y 2020. Cuando se analiza la serie histórica de este rubro desde 2000 hasta la fecha, no se observan incrementos anuales de 50%; no obstante, en 2012, 2017 y 2018 los incrementos anuales fueron de 32%, 35% y 37%, respectivamente. En el mismo periodo de otros sexenios, este rubro tuvo una tasa de variación acumulada negativa (-2% y -6%), pero en esta administración la tasa fue de 2%. Recordemos que este capítulo agrupa erogaciones destinadas a la adquisición de insumos y suministros para el desempeño de actividades administrativas y productivas. Algunos conceptos que integran el capítulo son: materiales de administración; emisión de documentos y artículos oficiales; alimentos y utensilios; materias primas y materiales de producción y comercialización; productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio; materiales y suministros para seguridad, entre otros.
En los reportes mensuales la
información de este rubro no se desagrega por Ramo. Sin embargo, se cuenta con
información del rubro de “Otros gastos de operación”, el cual agrupa
información de tres conceptos: materiales y suministros, servicios generales y
otras erogaciones. Son ocho ramos los que tuvieron incrementos en este rubro,
de los cuales destacan la Secretaría de Bienestar (+114%), el IMSS (+62%),
Sedatu (+55%) y la CFE (+44%).
A pesar de que en el acumulado de los primeros cuatro meses
de 2021 los ingresos del sector público aumentaron 2.4% real respecto al mismo
periodo de 2020, el resultado no obedece precisamente a la apertura gradual de
la actividad económica. La explicación proviene mayormente de las
transferencias que en el primer trimestre hizo el Gobierno federal a Pemex, y a
los recursos provenientes de fideicomisos extintos que la Tesofe transfirió a
aprovechamientos. Ambos rubros sumaron 103.7 mil millones de pesos (mmdp), que
si no los tomamos en cuenta los ingresos en realidad hubieran caído 2.9%.
La historia, como se ve, no es tan feliz. Los ingresos
tributarios se están debilitando: fueron 2.8% menores a los reportados en
enero-abril de 2020. Tanto los IEPS como el ISR y el IVA mostraron una menor
recaudación. Esta debilidad en los
ingresos tributarios tradicionales se está compensando con impuestos a las importaciones, lo cuales
aumentaron 7.7%.
Si analizamos los datos en términos
mensuales, los ingresos del sector público reportados en abril disminuyeron
31.5% respecto a marzo, resultado de la caída de 32.2% en los ingresos
tributarios, de la disminución de 13.2% en los petroleros y de la reducción de
los ingresos no tributarios no petroleros por 68.4%.
Por el
lado de las transferencias a las entidades federativas a través del gasto
federalizado continúa la tendencia a la baja; en el periodo enero-abril
disminuyeron 4.5%, y aunque en abril este gasto presentó un incremento de 5.9%
con respecto a igual mes de 2020, no fue suficiente para compensar las
reducciones que se han ido presentando de manera consecutiva desde el año
pasado.
Por otra parte, hubo un aumento en el
gasto público con respecto al año pasado, impulsado por las ya mencionadas
transferencias a Pemex, el crecimiento del gasto en programas sociales y por
algunos proyectos de infraestructura, como el Tren Maya. A pesar de esto, el
gasto público se alejó un poco de los planes de gasto: presentó un subejercicio
de 1.3% (-27.1 mmdp). Se ejercieron 2.13
billones de pesos de los 2.15 billones aprobados para el periodo.
Preocupan los recortes constantes en rubros tan esenciales como el de salud. Aun cuando el gasto funcional en salud se incrementó un 7% anual, el gasto por institución revela dramáticas caídas en el gasto del IMSS y el ISSSTE. El rubro de infraestructura el más afectado (para más detalle consultar el Erario en salud de abril).
Lamentablemente, la
inversión física en general no tiene la prioridad que debería en el gasto del
gobierno, aunque bien podría contribuir a la recuperación económica. Desde hace varios años se mantiene
en niveles bajos, y ya mostró una caída en los primeros cuatro meses de este
año, con relación al mismo periodo del año anterior. Además, los bajos niveles
de inversión en ciertos sectores, como en la infraestructura educativa y para
el agua, son alarmantes.
Ingresos totales del Sector Público enero-abril de 2021
Los ingresos totales se ubicaron en 2 billones de pesos[1]durante el periodo enero-abril de 2021, lo que se tradujo en un incremento de 2.4% real (46.5 mmdp) respecto al mismo periodo de 2020, el nivel más alto observado en periodos similares desde los 2.2 billones de pesos de 2017. Lo anterior podría interpretarse como resultado de la apertura económica y de mayores ingresos petroleros por una mejoría en el precio del petróleo, pero habría que poner el foco, más bien, en las transferencias por 63.1 mmdp del primer trimestre del año que realizó el Gobierno federal a Pemex, y de la Tesofe a aprovechamientos por recursos provenientes de fideicomisos extintos, por 40.6 mmdp. Así, sin considerar estas transferencias, los ingresos totales del Sector Público hubieran sido de 1.8 billones de pesos, 2.9% (-57.1 mmdp) menores a los reportados en igual periodo del año anterior.
Por componentes, los ingresos petroleros alcanzaron los 271.6 mmdp, lo que supone un aumento de 64.8% (106.8 mmdp) también con respecto al año pasado, debido a la recuperación de los precios del petróleo y al beneficio fiscal otorgado a Pemex. Sin estas transferencias, los ingresos petroleros hubieran sido de 208.5 mmdp, 26.6% (43.8 mmdp) superiores al dato reportado en enero-abril de 2020.
Los ingresos
no petroleros reportaron 1.7 billones de pesos. Disminuyeron
3.4% (-60.3 mmdp) en términos anuales. Los del Gobierno federal fueron menores
en 2.3%; los de Organismos de control presupuestario directo se redujeron en
1.5% y los de CFE cayeron 17.5%.
Los ingresos
tributarios sumaron 1.2 billones de
pesos, ubicándose 2.8% (-37.8 mmdp) por debajo de su nivel reportado en
enero-abril de 2020. Los IEPS cayeron 13.2% (los de gasolina y diésel se
redujeron 18.0% y los distintos de gasolina y diésel fueron menores en 4.6%);
otros impuestos (ISAN, exportaciones y accesorios) disminuyeron 9.5%; el ISR
fue menor en 1.8% y el IVA se redujo 0.2%. Los impuestos a la importación
aumentaron 7.7%.
Los ingresos
no tributarios no petroleros (NTNP) sumaron 168.6 mmdp, lo que significó un
incremento de 2.4% respecto al dato reportado en el acumulado de los primeros
cuatro meses de 2020. A su interior, los aprovechamientos se incrementaron
6.0%, mientras que los derechos disminuyeron 0.7% en términos anuales y los
productos en 48.4%. Sin considerar las transferencias por fideicomisos recibidas
en el primer trimestre de 2021 (40.6 mmdp), los ingresos NTNP hubieran sido de
128.0 mmdp, 22.3% (-36.6 mmdp) menores a los reportados en el periodo
enero-abril de 2020.
En términos de estructura porcentual, los ingresos tributarios han
pasado de representar el 52.5% de los ingresos totales del Sector Público en
2000 a abarcar el 64.9% en 2021. El ISR es el impuesto de mayor peso (35.7%),
seguido del IVA (19.4%).
En cambio, los ingresos petroleros han ido perdiendo peso en el total de
ingresos del Sector Público: en enero-abril de 2000 abarcaron el 23.9%, y para
el mismo periodo de 2021 sólo representaron el 13.6%.
En relación con su meta
inicial establecida en la LIF2020,los ingresos
totales del Sector Público se colocaron 2.9% (55.6 mmdp) por arriba.
En el acumulado, los ingresos tributarios fueron 0.3% (4.2 mmdp) superiores a su meta
estimada a inicio de año: la recaudación de IVA fue mayor en 13.9% (47.4 mmdp). En
contraste, el ISR fue menor en 4.5% (-33.3 mmdp)
y los IEPS observados se ubicaron 7.9% (-13.0 mmdp)
por debajo del dato aprobado en la LIF.
Los ingresos
petroleros del Sector Público reportaron un rezago de 13.3% con relación a
lo que se esperaba para este periodo (-41.5 mmdp). Si no consideramos las
transferencias del Gobierno federal a Pemex del primer trimestre del año,
registradas como ingresos petroleros, el rezago es mayor:de 33.4% (-104.5 mmdp).
En contraste, los ingresos no tributarios no petroleros superaron en 151.9% (101.7 mmdp) la
meta aprobada en 2021: los derechos fueron 79.4% (20.6 mmdp) mayores y los
aprovechamientos 222.0% (82.3 mmdp).
En resumen, durante los
primeros cuatro meses de 2021 los ingresos del Sector
Público se beneficiaron marginalmente de 1) la
apertura económica; 2) la recuperación de los
precios del petróleo; 3) las transferencias
que realizó el Gobierno Federal a Pemex en el primer trimestre del año,
y 4) las
transferencias a ingresos no recurrentes, registradas
en el rubro de aprovechamientos, provenientes de la extinción de fideicomisos.
Sin estos recursos, los ingresos totales del Sector Público hubieran
registrado 1 billón 896.4 mmdp, con
un rezago de 2.5% (-48.0 mmdp) respecto a la meta
establecida en la LIF 2021.
Ingresos totales del Sector Público en abril de 2021
Sólo en abril de 2021la SHCP reportó que se obtuvieron 436.0 mmdp de ingresos totales, monto mayor en 1.1% (4.9 mmdp) al reportado el mismo mes de 2020. Es importante desagregar sus componentes para identificar qué produjo dicho aumento anual:
Los ingresos petroleros se ubicaron en 67.1 mmdp, monto 179.8% superior al de abril de 2020, debido principalmente a una mejora en los precios del petróleo.
Los ingresos tributarios fueron de 273.5 mmdp. Eso implica una disminución anual de 5.6%, resultado de la caída de 16.1% del ISR, y de las disminuciones de 6.6% de ‘otros impuestos’ (ISAN, exportaciones y accesorios) y de 1.7% de impuestos por la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos. En cambio, la recaudación de impuestos a la importación aumentó 11.5%, la de IVA 1.2% y la de los IEPS 1.0% (aunque la de gasolinas y diésel disminuyó 3.6%, la distinta a gasolinas y diésel se incrementó 12.0%).
Los ingresos no tributarios no petroleros fueron de 28.1 mmdp; presentaron un caída anual de 31.3% respecto a igual mes de 2020, principalmente por la disminución de 37.4% de los aprovechamientos y de 40.6% en los productos, ya que los derechos se incrementaron 5.6%.
Respecto al mes inmediato anterior (marzo), los ingresos presupuestarios del Sector
Público disminuyeron 31.5% (-200.4 mmdp), lo
que se explica principalmente, por:
La caída mensual en los
ingresos tributarios de 32.2%, respecto a marzo de 2021.
La disminución de los ingresos
petroleros de 13.2% respecto a marzo, ya que el precio de la mezcla mexicana de exportación bajó respecto a marzo 1.2
dólares por barril (-1.9%), para ubicarse en 59.5 dólares por barril.
La reducción de los
ingresos no tributarios no petroleros por 68.4%.
En términos mensuales, en abril de 2021 los ingresos totales del Sector Público presentaron una disminución de
5.9% (-27.2 mmdp) respecto al dato aprobado.
Los ingresos tributarios
fueron 8.1% (-24.0 mmdp) menores respecto a su meta estimada en el calendario
para el mes…
Al desagregarse los ingresos por tipo, en abril se observaron
ingresos excedentes en el IVA de 19.7% (14.5 mmdp).
En
cambio, el ISR tuvo una pérdida de 21.3% (-37.2
mmdp).
Hubo un rezago entre el monto observado y aprobado en los ingresos petroleros: reportaron un
faltante de 15.2% (-5.2 mmdp).
Los ingresos NTNP
tuvieron excedentes por 81.6 % (-12.0 mmdp).
Gasto neto total
El gasto neto total del sector público acumuló 2.1 billones
de pesos al mes de abril, lo que supone un incremento anual de 4% (86.0 mmdp).
Por su parte, el gasto primario, que
excluye el costo financiero, sumó 1.9 billones de pesos, y fue 6% (118.6 mmdp)
mayor al observado en el mismo periodo de 2020.
En lo que va del año se tiene registro de aportaciones
patrimoniales del Gobierno federal a Pemex con el fin de amortizar su deuda.
Con los datos disponibles y si se descuentan dichas aportaciones del gasto neto
total, éste sería de 2,055 mmdp al mes de abril, y habría aumentado sólo 2.3%
(45.9 mmdp) con relación al año previo.
Por componentes del gasto, el gasto programable sumó 1.6 billones de pesos: aumentó 9.7% (142.7
mmdp) con relación al año previo. El gasto
no programable fue de 523.2 mmdp, lo que implica una caída anual de 15.6%
(-32.5 mmdp), impulsada por un menor costo financiero debido a la gestión de la
deuda. 75% del gasto neto total
corresponde al gasto programable y 25% al gasto no programable.
Gasto programable
Al interior de la clasificación económica del gasto
programable, el gasto corriente se
incrementó 7% (78.8 mmdp) con respecto a 2020, al acumular 1.2 billones de
pesos. Este incremento podría ser el resultado de aumentos en el rubro de
materiales y suministros (52% por arriba, o 44.5 mmdp) y de subsidios y
transferencias (11% o 33 mmdp).
El gasto de capital
acumuló 330.2 mmdp; con respecto a 2020 aumentó 24% (63.9 mmdp). Son los ‘otros
gastos’ de capital los que impulsaron dicho incremento en este componente, el
tener un aumento anual de 139%. Por su parte, y de forma contrastante, el gasto en inversión física tuvo una
caída anual de 3% (-7.0 mmdp).
Inversión física
La inversión física al mes de abril se ubicó en 208.4 mmdp,
con una caída anual de 3% (-7.0 mmdp). Si no consideramos a Pemex, la caída
sería de 1% (-1.3 mmdp). La inversión física de Pemex fue de 86.0 mmdp:
disminuyó 6.2% (-5.7 mmdp) en términos anuales. Dicho nivel de inversión es
similar al observado entre 2011 y 2012. Los niveles de inversión observados
hasta abril se encuentran en mínimos históricos. Desde 2015, la inversión del sector público se reduce año con año y ni
con los proyectos de inversión prioritarios ha podido repuntar.
Hasta abril, las caídas de la inversión física presupuestaria
se observan en casi todos los rubros, excepto en educación (29% por arriba) y
en el rubro de otros (9.5%). A pesar del aumento en la inversión física en
educación, desde abril de 2015 el gasto en este rubro acumula caída tras caída,
hasta llegar a mínimos históricos: pasó de tener un monto de 9.8 mmdp en 2015 a
0.3 mmdp en este año.
De los rubros con caídas anuales destacan los siguientes:
Eléctrico (-47.4%)
Salud (-44.6%)
Abastecimiento, agua potable y alcantarillado (-40.6%)
Comunicaciones y transportes (-24.7%)
La inversión física en salud en 2021 alcanza un récord mínimo
en los últimos cuatro años, y es el segundo mínimo desde 2011. Los recortes de
inversión del IMSS (-82%) y el ISSSTE (-88%) profundizaron la caída.
El gasto en infraestructura para el agua potable y
alcantarillado también se encuentra en récords mínimos. Si bien desde abril de
2017 comenzó a decrecer la inversión en este rubro, el monto que se ejercía era
muy superior a los 0.8 mmdp que actualmente se gastaron.
La inversión en comunicaciones y transportes también ha
mostrado caídas en los últimos tres años; desde 2013 no se observaba una
inversión tan baja en este sector.
La inversión en el sector eléctrico también exhibe recortes y
se encuentra en un mínimo histórico: en este periodo tuvo una caída de 47.4%
con respecto al año pasado. A abril de este año se gastaron 5.4 mmdp en
infraestructura eléctrica, gasto muy por debajo de los 6.2 mmdp observados en
2017, cuando también se observó un gasto mínimo.
Por funciones, la inversión física se
comportó de la siguiente manera:
La de Gobierno fue de 16.4 mmdp; en términos
anuales aumentó 60.2% (6.2 mmdp). A su interior, las subfunciones con mayores
aumentos son las de Coordinación de la
Política de Gobierno (160%, que incluye funciones relacionadas con procesos
electorales), Legislación (76%) y Seguridad Nacional (76%).
La de Desarrollo Social fue de 75.8 mmdp;
exhibió una disminución de 2.9% (-2.3 mmdp). Por componentes se observaron
caídas en el gasto de cuatro de las seis subfunciones: Protección ambiental
(-51%), Salud (-44%), Vivienda y servicios a la comunidad (-6%) y Educación
(-5%). En contraste, el gasto en Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones
Sociales fue 396 veces el ejercido el año pasado, y el gasto en Protección
social aumentó 627%.
La de Desarrollo Económico se
ubicó en 116.2 mmdp; con respecto a 2020 se redujo en 8.5% (-10.8 mmdp). Si no
consideramos el gasto en el rubro de Combustibles y Energía, este tipo de
inversión sería sólo de 23.1 mmdp, y habría caído 1% (-0.2 mmdp). De este tipo
de inversión destaca la disminución anual en Asuntos Económicos, Comerciales y
Laborales en General (-34%), Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza (-21%) y
Combustibles y Energía (-10%). Las subfunciones que más aumentos anuales
tuvieron fueron: Turismo (86%), Ciencia, Tecnología e Innovación (64%) y
Transporte (54%).
Por clasificación administrativa
El gasto
programable del Gobierno federal fue de 1.2 billones de pesos; aumentó 9% con
relación al monto observado en 2020. A su interior:
Los entes autónomos
gastaron 37.6 mmdp; este gasto tuvo una caída anual de 9%. Por un aumento anual
de 90% destaca el INE, a causa del
periodo electoral. En contraste, se reportaron caídas anuales en los siguientes
ramos: Inegi (-78%), Tribunal Federal de Justicia
Administrativa (-14%), FGR (-14%), INAI (-6%), Legislativo (-4%) e IFT (-2%).
El gasto de la Administración
Pública Centralizada ascendió a 1.1 billones de pesos, con un aumento real
anual de 10%. Esto se puede entender en el marco del fortalecimiento de
acciones y programas de protección social. Dentro de ella destacan:
Los Ramos Administrativos,
que sumaron 517.5 mmdp, con un incremento anual de 20%. La Secretaría de
Turismo y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano continúan con aumentos
reales considerables; la primera gastó 16 veces más que el año pasado y la
segunda tuvo un incremento anual de 367%. Las mayores reducciones, en términos
porcentuales, se observaron en Seguridad Pública y Protección Ciudadana (-49%),
Economía (-26%) y la Comisión Reguladora de Energía (-22%).
Los Ramos Generales
aumentaron su gasto programable en 3%. Sumaron 673.2 mmdp, principalmente por
el incremento anual de 21% en las Provisiones Salariales y Económicas. Por su
parte, las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica,
Normal, Tecnológica y de Adultos presentaron una caída de 15% anual, y las
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33) vieron
disminuidos sus recursos en 3%.
En las entidades bajo
control presupuestario directo el gasto fue de 751.4 mmdp, 11% mayor que el
del mismo periodo del año pasado. Por componentes, el gasto programable de
Pemex fue de 196.4 mmdp, con un incremento anual de 20%; el del IMSS fue de
256.4 mmdp, con un crecimiento de 11%, y el de CFE fue de 170.0 mmdp, con un
incremento de 17%. El ISSSTE gastó 128.4 mmdp, monto 5% menor al observado en
2020.
Por clasificación
funcional
La función Gobierno
sumó 109.7 mmdp, y tuvo una caída anual de 5%. Destaca la disminución de gasto
en ‘Otros servicios generales’ (-71%) y Asuntos de Orden Público y de Seguridad
Interior (-29%). De las subfunciones que mayor aumento anual tuvieron se
encuentra la de Coordinación de la Política de Gobierno (59%) y Seguridad
Nacional (22%).
El gasto conjunto en las funciones de Desarrollo Social y Desarrollo Económico llegó a 1.4 billones de
pesos, y aumentó 11.3% anual. De acuerdo con el informe de la SHCP en estas
funciones se concentran los apoyos para la atención de los efectos de la
covid-19 y el gasto en programas de subsidios. En particular, el gasto en la
función de ‘Otros Asuntos Sociales’ fue de 5.1 mmdp, y fue 79 veces mayor al
gasto observado hasta abril de 2020. Por su parte, los fondos de estabilización (Fondo de Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios-FEIP y Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas-FEIEF) vieron disminuidos sus recursos en 20%.
Gasto no programable
Los tres
componentes de este gasto presentaron caídas anuales:
Las Adefas y otros se
ubicaron en 2.2 mmdp, lo que significa una disminución real anual de 88% (-16.2
mmdp);
El costo financiero fue
de 176.3 mmdp, con una reducción de 16% (-32.6 mmdp), y
Las participaciones
alcanzaron un nivel de 344.7.6 mmdp y una caída de 2% (-7.9 mmdp).
¿Cómo se comportó el gasto neto con
respecto a su meta?
En relación
con su meta inicial establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación
2021, hasta abril de 2021 el gasto neto total del Sector Público presentó un
subejercicio de 1.3% (-27.1 mmdp); no estuvo tan alejado de la meta estimada,
que es de 2.15 billones de pesos. El gasto observado fue de 2.13 billones de
pesos. Por componentes:
El gasto programable presentó un sobregasto de 0.4% (6.5 mmdp),
respecto a la meta del PEF2021. El dato mensual aprobado fue de 1.602 billones
de pesos, y el observado de 1.608 billones.
El gasto no programable
exhibió un mayor subejercicio: se quedó 6% (-33.7 mmdp) por debajo de la meta
calendarizada hasta abril, que era de 557 mmdp.
El costo financiero
aprobado fue de 199 mmdp, y el observado alcanzó los 176.3 mmdp, por lo que
exhibió un recorte de 12.8% (-22.8 mmdp).
Por componentes del gasto programable:
El Gobierno
federal presentó un ligero sobregasto de 0.5% (6.6 mmdp):
Ramos autónomos (-30.5% o
-16.5 mmdp)
Ramos generales (-5.9% o
-70.4 mmdp)
Ramos administrativos
(32.9% o 128.2 mmdp)
En conjunto,
los organismos de control presupuestario directo exhibieron un subejercicio de
5.6% (-11.5 mmdp):
ISSSTE (-50% o -126.2
mmdp)
Sin embargo, el IMSS tuvo
un sobregasto de 68% (103.4 mmdp).
Las Empresas
Productivas del Estado gastaron 7.2% (29.3 mmdp) más de lo aprobado:
Pemex (-2% o -5.4 mmdp)
CFE (24% o 34.7 mmdp)
Por
componentes del gasto no programable:
Las Participaciones
presentaron un sobrejercicio de 6% (19.1 mmdp).
Adefas y otros, un
subejercicio de 93% (-30.1 mmdp).
Gasto Federalizado
Durante los primeros cuatro meses de 2021 la Recaudación Federal Participable (RFP) sumó
1.2 billones de pesos, lo que representó una disminución de 4.9% (-64.6
mmdp) respecto a enero-abril de 2020, resultado de menores ingresos en sus
componentes tributarios (-0.8%) y petroleros (-34.6%). En abril, la RFP fue de
394.7 mmdp, 0.7% mayor al dato reportado en igual mes de 2020.
El gasto federalizado, es decir, las transferencias que
realiza el Gobierno Federal a los estados y municipios, fue de 681.3 mmdp, lo
que se tradujo en una caída anual de 4.5% (-32.4 mmdp) respecto a igual periodo
de 2020, resultado de la disminución en todos sus componentes: Subsidios[2]
(-61.1%), Recursos para Protección Social en Salud (-13.5%); Convenios de
Descentralización[3]
(-12.1%); Aportaciones Federales o Ramo 33 (-3.7%), y Participaciones-Ramo 28[4]
(-2.2%).
Sólo en abril, el gasto federalizado
fue de 194.0 mmdp, presentando un incremento de 5.9%, respecto a abril de 2020.
Las participaciones a entidades federativas, de enero a abril
de 2021, se ubicaron en 344.7 mmdp, lo que significó una caída de 2.2% (-7.9
mmdp) respecto a los recursos recibidos en igual periodo de 2020 (352.6 mmdp),
resultado de una menor recaudación. Destacan las disminuciones anuales de los
fondos con mayores recursos del Ramo 28: el Fondo General (-2.3%), el Fondo de
Fomento Municipal (-2.4%) y el Fondo de Fiscalización (-2.8%). Sólo en abril de
2021 las participaciones fueron de 104.0 mmdp, 0.2% menores a las reportadas en
abril de 2020.
En los primeros cuatro meses del año la disminución anual de
los recursos vía Participaciones Federales se reflejó en menores crecimientos
en 25 entidades federativas; en 17 disminuyeron más que en el promedio
nacional. Las más afectadas fueron: San Luis Potosí (-9.0%), Zacatecas (-8.8%),
Hidalgo (-8.0%), Guanajuato (-7.9%) y Oaxaca (-7.6%). Por otro lado, seis entidades
recibieron mayores recursos respecto al mismo periodo del año anterior: Durango
(21.8%), Veracruz (6.6%), Colima (5.6%), Tabasco (4.5%), Michoacán (2.5%) y
Tlaxcala (2.2%).
Las aportaciones a entidades federativas y municipios
ascendieron a 258.0 mmdp, y presentaron una disminución anual de 3.7% (-10.0
mmdp) en el periodo enero-abril de 2021, la cual se explica por la reducción de
recursos en siete de sus ocho fondos: el Fondo de Aportaciones Múltiples-FAM
(-6.0%); el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social-FAIS (-5.8%);
el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal-FAFM y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas-FAFEF (-5.5%,
cada uno); el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo-FONE (-3.2%); el de Aportaciones para los Servicios de Salud-FASSA
(-1.2%), y el de Aportaciones para la Seguridad Pública-FASP (-0.9%). El único
fondo que presentó un incremento en sus recursos fue el de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos-FAETA (0.7%).
Como puede observarse,
los fondos cuyos recursos están destinados al desarrollo regional
(infraestructura social y fortalecimiento de entidades) siguen teniendo
disminuciones en sus transferencias.
En abril de 2021, los recursos del Ramo 33 permanecieron sin
cambio en términos anuales, reportando 55.3 mmdp.
Las 32 entidades federativas vieron disminuidos sus recursos
en enero-abril de 2021; la más afectada fue la Ciudad de México, con una caída
anual de 10.8%. Le siguió Querétaro, con una disminución de 5.9%.
El balance del Sector
Público y sus requerimientos financieros
El Balance Primario se ubicó por arriba de su meta calendarizada, ya que
presentó un superávit de 52.9 mmdp; el programado para el periodo enero-abril
era un déficit de 16.4 mmdp, pero es menor al superávit registrado el mismo
periodo del año anterior (119.9 mmdp).
El déficit del Balance Público fue menor al calendarizado en los primeros
cuatro meses de 2021: -109.7 mmdp, cuando se tenía un déficit estimado de 215.4
mmdp. En el mismo periodo de 2020, se registró un déficit de 77.3 mmdp.
El Balance Público sin inversión
(es decir, excluyendo hasta el 2.2% del PIB de la inversión física del Gobierno
federal y las Empresas Productivas del Estado, de acuerdo con el artículo 1 de
la LIF 2021) fue superavitario en 98.3 mmdp.
El costo financiero fue de 176.3 mmdp, inferior al programado de 199.0
mmdp.
La medida más amplia de endeudamiento público, los Requerimientos Financieros del Sector
Público o RFSP[5], fue de
-219.4 mmdp en el acumulado enero-abril de 2021, o 0.9% del PIB. El déficit
acumulado previsto para cierre de año es de -3.3% del PIB. Sólo en abril de
2021, el saldo de los RFSP fue de -43.6 mmdp.
A abril de 2021 el Saldo Histórico de
Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), o deuda neta total, sumó 12.3 billones de
pesos; se redujo 2.4% o 298.9 mmdp respecto a igual periodo de 2020, debido a
una disminución en el componente externo por la apreciación del tipo de cambio.
El SHRFSP representó el 49.5% del PIB en el periodo de referencia.
Para
cierre de año, la SHCP estima que el SHRFSP se ubique en 51.4% del PIB, en
lugar de 53.7% del PIB previsto en un inicio, debido al menor déficit como
proporción del PIB, la apreciación del tipo de cambio y el mayor dinamismo de
la economía.
[2] Incluyen recursos que son entregados a
las entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la
Administración Pública Centralizada. Estos se destinan para apoyar el
desarrollo conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables
y se ejercen de acuerdo a lo señalado en el PEF de cada año.
[3] Corresponden a acciones de colaboración y
coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades
federativas.
[4] Forman parte del gasto no programable y
derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que es un
mecanismo por
medio del cual se acuerda el ejercicio de las facultades tributarias entre los
distintos niveles de gobierno que componen un Estado. Son un mecanismo de
compensación a los gobiernos locales, dependiendo de la Recaudación Federal
Participable (RFP).
[5] Los RFSP se miden como la diferencia
entre los ingresos y los gastos distintos de la adquisición neta de pasivos y
activos financieros, incluyendo las actividades del sector privado y social
cuando actúan por cuenta del Gobierno Federal o de las entidades públicas, en
línea con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con las
guías internacionales, Esta medida incluye además del balance tradicional, las
necesidades de financiamiento del IPAB, Fonadin, bancos de desarrollo y fondos
de fomento, programas de apoyo a deudores y PIDIREGAS de CFE y un ajuste por
los ingresos derivados de la venta neta de activos financieros y por la adquisición
neta de pasivos distintos a la deuda pública. En los RFSP y el resultado
primario el signo negativo (-) significa déficit o requerimiento de recursos y
el signo positivo (+) superávit.
Hasta abril se gastó el 28% del presupuesto total aprobado para el gasto funcional en salud a lo largo del año. Durante ese mes el gasto exhibió un monto similar al observado en marzo (56 mmdp). El gasto acumulado al mes de abril fue de 186.2 mmdp, monto 7% mayor al observado el año pasado.
Cuando analizamos el gasto de las
instituciones de salud con respecto al gasto aprobado en el periodo, observamos
un subejercicio en algunas de ellas y en el monto agregado:
La Secretaría de Salud, las transferencias a estados a
través del FASSA y el gasto del IMSS y el ISSSTE acumularon hasta abril 197.1
mmdp. Este gasto se quedó 6.4% corto con respecto al gasto programado hasta
este mes. Al desagregar por institución, sólo el FASSA y el IMSS gastaron más
de lo aprobado: 3% y 8% respectivamente.
El gasto que más preocupa es el del ISSSTE, que acumuló
un recorte de 47%. El rubro más afectado en este sentido es el de inversión
física, el cual fue 78% menor al gasto aprobado en el periodo.
La Secretaría de Salud reportó un subejercicio de 4%, aunque en la composición del gasto observamos que la inversión física fue 291% mayor a la aprobada y representó 4% del gasto total de la dependencia. La debilidad en el gasto de esta Secretaría fue impulsada por el Insabi; su gasto equivale a 70% (32.2 mmdp) de su presupuesto total. Hasta abril, el Insabi transfirió 28.4 mmdp a las entidades federativas a través del programa de Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social. No se cuenta con el monto aprobado hasta abril, pero si los recursos transferidos se comparan con los del año pasado hubo una reducción anual de 13.5%, y en 31 entidades federativas la caída anual fue mayor a 40%. En la CDMX, sin embargo, las transferencias incrementaron 152% con respecto al 2020.
Avances del gasto funcional hasta
abril de 2021
Hasta el mes de abril el gasto en
salud acumuló 186.2 mmdp; con respecto al gasto ejercido en el mismo periodo de
2020 hay un aumento de 7%. Es decir, este año se han ejercido 12.1 mmdp más que
en el año pasado. Con respecto al gasto aprobado para todo el año, se gastó el
equivalente al 28%.
En el análisis del gasto mes a
mes, se observó que tan sólo en abril el gasto tuvo una variación anual de 36%.
El gasto de este mes fue muy diferente al observado en los últimos dos años.
Gasto de las principales
instituciones del sector salud hasta abril de 2021
A falta de información oportuna
por institución del gasto funcional en salud, en esta sección le damos
seguimiento al gasto realizado por las principales instituciones de salud[1],
sin incluir el pago de pensiones y jubilaciones, en el caso IMSS y el ISSSTE.
En conjunto, las instituciones
reportaron un avance de 28% con respecto al presupuesto anual aprobado. Por
institución, la Secretaría de Salud y las aportaciones del FASSA reportaron un
mayor avance con relación a sus metas anuales: 33% y 32%, respectivamente.
Debido a los recortes observados, el ISSSTE ha gastado el equivalente a 20% del
presupuesto anual, mientras que el IMSS reportó un avance de 27%.
La Secretaría de Salud, las
transferencias a estados a través del FASSA, el gasto del IMSS y el ISSSTE
acumularon hasta abril 197.1 mmdp; este gasto se quedó 6.4% corto con respecto
al gasto programado hasta este mes. No obstante, fue 5.3% mayor al que se
observó en el mismo periodo de 2020.
Sólo el FASSA y el IMSS
acumularon un sobregasto: de 3% y 8%, respectivamente. En contraste, el ISSSTE
acumuló un recorte de 47% con respecto al presupuesto aprobado hasta abril. La
Secretaría de Salud también reportó un subejercicio, aunque en menor medida:
4%.
Al comparar el gasto de las
instituciones con el que realizaron el año pasado, observamos que es el IMSS la
única que reportó un mayor gasto: 25.5%. En contraste, el gasto del ISSSTE cayó
27.6% con relación al ejercido el año pasado; le siguió el FASSA con una
reducción de 1.2% y la Secretaría de Salud, con 1%.
Clasificación
económica del gasto en salud por institución
Aunque el gasto total de las
instituciones de salud aumentó anualmente 7%, este incremento no se reflejó en
todos los componentes de la clasificación económica. Por ejemplo, los
incrementos del gasto sucedieron en dos rubros: el gasto en servicios
personales (11%) y en otros gastos de operación (6%). Sin embargo, en los demás
conceptos tuvieron caídas anuales importantes, como es el caso de la inversión
física (-45%) y el concepto de ayudas y otros gastos (-24)%.
Entre enero y abril el 90% del
gasto de la Secretaría de Salud se ejerció a través de “Subsidios,
transferencias y aportaciones”. Éstas fueron 1% menores a las observadas en
2020 y, con respecto al presupuesto programado, se redujeron 3%. Sólo 5% del
gasto de esta Secretaría se destinó al pago de nómina, y este rubro acumuló una
caída anual de 5%. En inversión física se destinó sólo 4% del presupuesto, y
reportó un aumento anual de 37%. El 1% restante se ejerció en ayudas y otros
gastos; este rubro tuvo un aumento anual de 37%.
De acuerdo con el avance del
gasto, hasta abril el IMSS ejerció 75% de su presupuesto en el pago de nómina.
Los 28.4 mmdp destinados a este rubro tuvieron un incremento anual de 15%. En
gastos de operación, el Instituto destinó 30% de su presupuesto, y este rubro
reportó un incremento anual de 57%. Sólo 0.4% del presupuesto del IMSS se
ejerció en inversión física; este rubro tuvo una caída anual de 82%.
Por su parte, el ISSSTE ejerció
66% de su presupuesto en el pago de nómina. Este año, el pago de nómina es 1%
menor al observado en 2020 y 9% menor al monto programado en el año. En otros
gastos de operación este Instituto ejerció 8.9 mmdp, lo que equivale a 40% de
su presupuesto. El gasto en operación tuvo una caída anual de 47%, y se quedó
corto en 65% con respecto al gasto programado.
El FASSA a detalle
Hasta abril se transfirieron 33.8
mmdp a las entidades federativas a través del FASSA, lo que equivale a 32% del
presupuesto aprobado en el año. Este monto es 1.2% menor al transferido el año
pasado, pero se encuentra 3% por arriba del monto calendarizado en el PEF 2021.
En el periodo de enero a abril,
todos los estados recibieron más recursos que los estimados al inicio del año.
Veracruz, Oaxaca y Puebla son los estados que más recursos recibieron con
respecto al gasto aprobado: 6%. El resto –excepto la CDMX, que tuvo un aumento
de 1%– vio un aumento en sus transferencias de entre 2% y 5%.
En contraste, con respecto al año
pasado las transferencias del FASSA aumentaron sólo en tres entidades
federativas: Puebla (6%), CDMX (3.1%), Sonora (1.5%), Campeche (0.6%), Durango
(0.4%) y Jalisco (0.3%). Por otro lado, en tres estados las transferencias
reportadas tuvieron caídas mayores a 4%: Aguascalientes (-7.7%), Michoacán
(-5.2%) y Tamaulipas (-4.7%).
El análisis del gasto per cápita
revela que Colima (663.8), Campeche (594.8) y Zacatecas (504.8) son los estados
que más recursos reciben por habitante, y en el otro extremo se encuentran
Guanajuato (194.0), Nuevo León (184.5) y la CDMX (182.4).
Con respecto al año pasado, el
gasto per cápita fue mayor en 14 estados. El mayor incremento se observó en
Sonora (6.5%), Campeche (4.1%) y Puebla (4.0%). El resto de los estados
tuvieron caídas en los recursos recibidos por habitante. En las siguientes
entidades estas caídas fueron mayores a 5%: Quintana Roo (-5.8%), Yucatán
(-6.1%), Michoacán (-7.7%), Nuevo Léon (-9.3%), Aguascalientes (-12.6%) y
Querétaro (-15.1%).
Gasto de las
instituciones de salud en abril
Sólo en abril, el gasto aprobado para el IMSS, el ISSSTE, el
FASSA y la Secretaría de Salud fue de 61.3 mmdp. Sin embargo, se ejercieron
62.0 mmdp; es decir, hubo un excedente de 1.1% (0.7 mmpd) en el gasto.
En este mes el IMSS ejerció 24.9%
más recursos de lo previsto, lo cual contrasta con los subejercicios reportados
en los últimos dos meses. El ISSSTE hila cuatro subejercicios consecutivos; en
este mes reportó un recorte de 30.3% en el gasto. La Secretaría de Salud tuvo
un recorte de 9.9%, después de reportar un sobregasto de 262% en marzo.
En lo que va del año, el gasto
mensual total observado ha sido muy similar al aprobado. Los subejercicios y
sobregastos no distan mucho del presupuesto original, excepto en enero, cuando
hubo un subejercicio de 29%. De los cuatro meses para los que se tienen datos,
los recortes se observaron en los dos primeros meses del año.
Por institución, es la Secretaría
de Salud quien reporta más variaciones en el gasto con respecto al presupuesto
original. Si bien hubo subejercicios en enero (-85.8%) y en abril (-9.9%),
éstos no se comparan en magnitud a los sobrecostos reportados en febrero
(89.9%) y marzo (262.4%). El gasto del IMSS también ha sido muy diferente al
aprobado: se observaron recortes en febrero y marzo y sobrecostos mayores a 20%
en enero y abril. La Institución que más
preocupa en el avance del gasto mes a mes es el ISSSTE, ya que en los cuatros
meses ha reportado recortes en el gasto que superan el 30%.
Inversión física
acumulada entre enero y abril
La inversión física ejercida en
el periodo fue de 2.2 mmdp, 62% mayor a la programada hasta abril, pero con una
caída anual de 45%. Con respecto a su meta anual, reportó un avance de 14%.
Este año, el gasto de la
Secretaría de Salud apuntala la inversión física. Hasta abril ejerció 34% del
presupuesto aprobado en el año, y reportó un sobregasto de 291%, al ejercer 1.8
mmdp en lugar de los 0.4 mmdp aprobados. Este sobregasto ocasionó que la
inversión fuera 37% mayor a la ejercida en 2020.
El IMSS y el ISSSTE reportaron
rezagos en el gasto en este rubro. El IMSS tuvo un avance de 4% con respecto a
su meta anual. En el periodo ha gastado sólo 0.3 mmdp de los 0.51 mmdp
aprobados, exhibiendo un recorte de 32%, y una caída anual aún más dramática,
de 82%. Por su parte, el ISSSTE ejerció sólo 5% del presupuesto anual; esto
equivale a 0.1 mmdp, la inversión física de este instituto se encuentra 78% por
debajo del gasto programado en el periodo y es 88% menor a la observada en
2020.
Ante estos recortes tan
dramáticos, no sorprende que el 80% de la inversión física realizada en el
periodo sea de la Secretaría de Salud, 16% del IMSS y 4% del ISSSTE.
Inversión física en
abril
Sólo en abril se tenía previsto
un gasto en inversión física de 0.5 mdp; de éstos se ejercieron 0.3 mdp, 32%
menos gasto que el programado. El presupuesto original considera recursos para
el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud; no obstante, en el mes sólo la Secretaría
de Salud y el IMSS ejercieron parte de los recursos asignados. La Secretaría de
Salud gastó 13% más de lo aprobado y el IMSS subejerció 20% de los recursos
asignados.
Insabi
Al mes de abril el Insabi acumula un gasto de 32.2 mmdp, monto que se encuentra 4% por arriba del gasto programado. Los rubros de subsidios, transferencias y aportaciones y ayudas y otros gastos representan 90% del presupuesto de este instituto. El primer rubro exhibió un recorte de 50% con respecto al presupuesto aprobado en el periodo. En contraste, el monto destinado al pago de nómina tuvo un sobregasto de 222%.
De
los 32.2 mmdp gastados por este Instituto, 28.4 mmdp se transfirieron a las
entidades federativas a través del programa de Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social, monto 13.5% menor al transferido el año pasado.
Cuando desagregamos las transferencias a los estados, observamos que en 31
entidades federativas hay una caída anual mayor a 40%. Con todo, en la CDMX las
transferencias incrementaron 152% con respecto al 2020.
[1] En los reportes mensuales de la SHCP el
gasto funcional en salud no se puede desagregar por ejecutor. Por lo tanto, a
partir de esta sección y en adelante realizamos el seguimiento del gasto neto
total de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE sin incluir el gasto en
pensiones y jubilaciones como un aproximado del gasto funcional en salud.
Dentro del gasto analizado en esta sección y en las siguientes incluimos parte
del presupuesto de estas secretarías destinado a funciones de salud, ciencia,
tecnología e innovación, coordinación de la política de gobierno y protección
social.
