Autor: México Evalúa

Los ingresos en el Presupuesto 2022: en espera de la gran hazaña

Escrito por México Evalúa en octubre 20, 2021. Publicado en Paquete Económico 2022.

Lo hemos enunciado ya, y debemos insistir: los ingresos esperados para 2022 están sobreestimados. Les explicaremos por qué.

Para 2022 la Secretaría de Hacienda pretende alcanzar una cifra récord de ingresos por6.17 billones de pesos, 7.5% (429 mil millones de pesos [mmdp]) más de lo aprobado para 2021 o 1.3% (80 mmdp) más de lo estimado al cierre de este año. Al analizar esta proyección se identifican tres factores en los que el Gobierno basa sus expectativas: un aumento histórico del IVA, ingresos petroleros sin precedente en el sexenio y aprovechamientos no explicados cada vez más grandes. Vamos por partes…

Apuesta por un IVA histórico

Para 2022 el Gobierno está apostando por un crecimiento de 7.7% (280 mmdp) de los ingresos tributarios, lo cual de inicio se ve difícil, debido que desde 2016, cuando tuvieron un aumento de 11.9% (372 mmdp), no se ha repetido tal hazaña. Desde entonces, el mejor crecimiento que se ha reportado es un 2.3% en el último año de Peña Nieto, seguido por 0.9 y 0.8% en 2019 y 2020, respectivamente. Es verdad que de enero a julio los ingresos tributarios han crecido en 8.2% (258 mmdp) impulsados por el rebote de la actividad económica luego de la crisis sanitaria de 2020, pero ese factor se diluirá para 2022.

Específicamente, detrás de las estimaciones optimistas de recaudación para 2022 está un crecimiento esperado de 19% (198 mmdp) del Impuesto al Valor Agregado (IVA), una expansión de la cual no se tiene precedente. El mejor registro de crecimiento de este tributo se dio en 2010: en 18.8%, por un efecto rebote luego de la crisis de 2009, cuando el PIB se contrajo 6.5% y el IVA 15.3%. También en 2010 entró en vigor el aumento de la tasa del IVA cobrada a los consumidores, de 15 a 16%. Ya en 2011, en el segundo año de recuperación, el IVA creció sólo 3%, lo cual sirve de analogía para 2022, el segundo año postcrisis. Contemplemos, además, que para 2022 no se plantea un incremento en las tasas del IVA, ni una reducción de las exenciones o bienes sujetos a la tasa cero; por el contrario, se añaden bienes a la lista que no tributará IVA, como mostramos en el siguiente cuadro:

Principales cambios fiscales en materia del IVA para 2022

Medida	Descripción
No acreditamiento del IVA por el pago de inversiones, compra de bienes, objetos intangibles, importaciones, etc.	Cuando las actividades que no se consideren realizadas en México; el pedimento de importación no venga al nombre del acreditado.
Tasa 0% alimentos para mascotas, excepto alimentos procesados para perros y gatos	En fechas recientes han surgido algunos criterios jurisdiccionales y administrativos que consideran que la tasa del 0% del IVA sólo es aplicable a los productos destinados a la alimentación humana. A efecto de que exista seguridad jurídica, se clarifica que la tasa 0 aplica también en alimento de mascotas.
Tasa 0% a productos de gestión menstrual	Actualmente las toallas, tampones y copas sanitarias para uso menstrual, están gravados con el IVA a tasa del 16%
Definir que el uso o goce temporal de bienes en territorio nacional siempre esté sujeto al pago del IVA	En algunas ocasiones, los contribuyentes consideran que el uso o goce de bienes no se encuentra gravado por haber sido entregados en el extranjero, a pesar de que éstos se utilizan en territorio nacional

Como se ve, las modificaciones que se proponen para 2022 en la Ley del IVA no parecen justificar directamente los incrementos en la tributación que se esperan. La mayoría de los cambios más bien van en la dirección contraria a su impulso. Por otro lado, los cambios para la acreditación del IVA tampoco parecen demasiado significativos en términos de aumento de la recaudación, ya que se enfocan en el IVA recaudado a través del comercio exterior, que representa sólo el 30% del total de este impuesto. En otras palabras, el mayor potencial de recaudación de este impuesto se genera en el mercado interior. En efecto: el hipotético impulso en la recaudación del IVA en 2022 dependerá de la actividad económica.

Regresemos al factor rebote económico. Hay que apuntar que éste, luego de la crisis de 2020, no parece estar impulsando al IVA como en las crisis previas. De enero a julio de 2021, el IVA acumula un crecimiento de 13% (75 mmdp) luego de que en 2020 se contrajera 4% (22 mmdp) en el mismo periodo. No obstante, es mejor que lo esperado por Hacienda, que pronosticó para 2021 un IVA 5% (53 mmdp) menor a lo observado al cierre de 2020 y 6.9% (75 mmdp) menor a lo aprobado en 2020, como si no esperase que la demanda se mantuviera fuerte. De cualquier forma, frente a la crisis de 2009, este tributo acumula una menor recuperación, incluso con estimaciones de crecimiento superiores al 6% que plantea el Banco de México. Desde esta perspectiva, con una estimación de crecimiento inferior a la de 2021 (3% de Banxico), un crecimiento de 19% del IVA en 2022 se ve complicado.

Otro factor que limita la consecución de altos niveles de IVA es el Indicador Mensual de Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI)^[1], que no acaba de recuperarse, a pesar del rebote del PIB. Con los datos más recientes a junio, el IMCPMI se observa 3 puntos por debajo de su nivel previo al primer bimestre de 2020, antes de la pandemia. Además, en junio retrocedió 0.8% frente al mes previo, con lo que se rompió la racha de aumentos, según datos del Inegi.

El SAT tiene otra manera de aumentar la recaudación del IVA: limitando las devoluciones y compensaciones de este impuesto, algo que al parecer ha venido sucediendo. Al segundo trimestre de 2021 el dinero que el SAT devolvió o compensó cayó 4%; el monto se redujo a 501 mmdp, frente al mismo periodo de 2020. Como referencia, las devoluciones y compensaciones de enero a junio de 2017 alcanzaron un monto histórico de 590 mmdp. Así, se acumularon cuatro años seguidos en los que el SAT ha reducido el flujo de efectivo de las empresas, lo que afecta su operación. Estas limitaciones deben llevarse a la práctica con estricto apego a la normativa y con claridad de las razones que las motivan. No deben percibirse como un acto arbitrario; de lo contrario pueden incrementar la incertidumbre sobre los retornos, desmotivar la inversión, la actividad económica y, por ende, la propia recaudación del IVA.

¿Un ISR en coma aumentará 4.8%?

Para el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el gravamen de mayor importancia para el Gobierno federal, también se tienen estimados optimistas. En 2022 se espera un crecimiento de 4.8 % (94 mmdp) frente a los ingresos presupuestados para este año. Cabe señalar que en 2021 se esperaba que este tributo creciera en 3.9% frente a lo observado a finales de 2020; sin embargo, al mes de julio se mantiene 0.7% (7.5 mmdp) por debajo de lo reportado en el mismo periodo de 2020.

La escasa recuperación del ISR está relacionada con la destrucción de empresas durante la pandemia y con la pérdida de empleos formales. Según el Estudio de la Demografía de los Negocios del Inegi, de 4.86 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos reportados en los Censos Económicos 2019 se registró una reducción de 8% (391 mil negocios) en 2020. Este resultado se debió al cierre permanente de 1.01 millones de unidades económicas, compensado en parte por el nacimiento de 619 mil negocios^[2].

Finalmente, en materia de cambios fiscales la creación del Régimen Simplificado de Confianza (RSC) es la principal apuesta para incrementar la recaudación de ISR (describimos sus medidas principales en el cuadro siguiente). Con este régimen se pretende la incorporación de 30 millones de nuevos contribuyentes, entre 2022 y 2026. No obstante, esta cifra se logrará a cuatro años, según declaraciones de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, por lo que el aumento en la base de contribuyentes poco tendrá que ver con el 4.8% de crecimiento que se espera para 2022 en el ISR.

Régimen Simplificado de Confianza

Medida	Descripción
Unión de distintos regímenes	EL RSC absorberá 4 regímenes actuales: personas físicas con actividad empresarial; incorporación fiscal; arrendamiento; y actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas.
Simplificación administrativa	Mediante un algoritmo el SAT determinará las declaraciones preliminares para simplificar el pago de impuestos.
Tasas reducidas	Las personas físicas con menos de 3.5 millones de pesos anuales pagarán ISR de entre 1 y 2.5%. La medida excluye al régimen de salarios. Para personas morales el límite será hasta 35 millones, aunque no está claro qué tasa de impuestos se les aplicará. No obstante, un beneficio adicional que tendrán será la deducción de inversiones a menor plazo y pagos provisionales conforme la utilidad fiscal determinada a partir de ingresos y deducciones amparadas con CFDI.

IEPS a la baja

En el caso del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el tercer impuesto de mayor peso, el siguiente año se espera una contracción de 4.6% (24 mmdp) frente a lo presupuestado para 2021, pero una recuperación de 1.4% (6.8 mmdp) frente a lo observado al cierre de 2020. A pesar de que se estima una contracción, este pronóstico podría ser también optimista si se considera que al mes de julio el IEPS reporta una contracción de 8% (22.8 mmdp), impulsado por menores ingresos en su componente de gasolinas y diésel.

Para 2022 se espera que el IEPS por gasolinas y diésel sea de 318 mmdp, 12.7% (46 mmdp) menos de lo presupuestado para 2021 y 1.9% (6 mmdp) menor a lo observado en 2020; es decir, peor a lo observado durante el punto álgido de la crisis económica.

Es importante destacar que las expectativas sobre la recaudación de este impuesto resultan contradictorias con el panorama que se tiene sobre el resto. Los crecimientos que se esperan en la recaudación del IVA, ISR e ISAN suponen que en 2022 continuará el rebote o el dinamismo económico. Entonces, uno se pregunta por qué ese dinamismo está ausente en los estimados del IEPS de gasolinas y diésel (¿o se debe más bien al auge del mercado negro?).

Para compensar, destaca un pronóstico de IEPS sobre cervezas y bebidas refrescantes de 42.7 mmdp, 18% (6.5 mmdp) mayor a lo presupuestado para 2021 y 12.8% (4.8 mmdp) mayor a lo observado al cierre de 2020. Este nivel sería similar al observado en 2018. Igualmente, por el IEPS sobre bebidas alcohólicas se esperan 20.2 mmdp, es decir, un incremento de 24% (3.9 mmdp) frente a lo presupuestado para 2021 o de 7.4% (1.4 mmdp) frente a lo observado en 2020. Este nivel no tiene precedente en ningún año que se tenga registro.

Para lograr esta nueva hazaña la autoridad fiscal no apuesta por un aumento de impuestos en las bebidas alcohólicas, sino a una reducción del mercado negro. Para conseguirlo, impondrá mayor control a través de códigos QR en las botellas de bebidas alcohólicas y la obligación por parte de los centros de consumo de verificar en presencia del consumidor que las bebidas son legales.

Modificaciones para la Ley del IEPS 2022

Combustibles automotrices	Cuando se detecte que se introdujeron combustibles automotrices y se omitió el pago de impuesto, se aplicará la cuota que corresponda, además de las sanciones pertinentes
Marbetes electrónicos	Se amplía la definición de marbete. Podrá ser físico o electrónico
Lectura de código QR	Los establecimientos de consumo final tendrán la obligación de realizar, en presencia del consumidor, la lectura del código QR del marbete de las bebidas alcohólicas

Más ingresos ocultos: los no tributarios no petroleros

Los ingresos no tributarios y no petroleros, o ingresos no recurrentes, se han convertido en la salvación del erario ante estimaciones fallidas del resto de ingresos. Irónicamente, estos ingresos pronto dejarán de ser “no recurrentes”, porque la Federación los obtiene ya de manera regular, pero sin explicar cabalmente su origen, es decir, de dónde los saca. Particularmente, en la parte de Aprovechamientos se han contabilizado ingresos extraordinarios, como las transferencias del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), los remanentes de Banxico o los recursos por la extinción de fideicomisos, que evitan que el déficit público sea aún mayor.

Para 2022, el Gobierno espera obtener 240 mmdp de ingresos no tributarios, 13.4% (28.3 mmdp) más que lo presupuestado para 2021, de los cuales el 95% provendrá de los Aprovechamientos. Los otros no tributarios, como Derechos, Contribuciones y Mejoras y Productos, tendrán variaciones mínimas en cuanto a porcentaje o monto.

Dentro de los Aprovechamientos se contabilizan los ingresos por multas, indemnizaciones, cuotas, regalías, entre otros. No obstante, el 97% de los Aprovechamientos estimados para 2022 (179 mmdp) están clasificados como Otros, otros: la llamada “caja negra de los ingresos”. La estimación de estos recursos significa que el Gobierno espera algún tipo de ingreso extraordinario. Ya que el tipo de cambio se ha mantenido constante (sin afectar las reservas de Banxico que detona el pago del remanente), y que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) está casi agotado, es de suponerse que la Federación aumentará los esfuerzos en la extinción de fideicomisos para obtener estos recursos no recurrentes. Esta “caja negra” se ha incrementado en los últimos años.

Recapitulemos: en los últimos años los ingresos no tributarios observados han sido superiores a los presupuestados, lo que ha rescatado en parte a la hacienda pública. Esto ha sucedido por el uso de los fondos de emergencia, remanentes de Banxico y, recientemente, por la extinción de fideicomisos. No obstante, cabe preguntarse: ¿hasta cuándo se podrá mantener esta tendencia de disponer de ingresos no recurrentes?

Los petroleros o Jauja

Para 2018 se espera lograr ingresos petroleros de 1.87 billones de pesos, un crecimiento de 11.9% (115 mmdp) más de los presupuestado para 2021, pero 2.6% (28.9 mmdp) menores a lo estimado al cierre de año. Llegar a este nivel de recaudación significa regresar a niveles previos de 2018, cuando la situación de Pemex era muy diferente a la actual.

A julio de este año, los ingresos petroleros acumulan 507 mmdp, un crecimiento de 59.8% (190 mmdp), luego del desplome visto en 2020. Sin embargo, en lo que va del año se le transfirieron a Pemex 113 mmdp, por lo que el crecimiento sin transferencias sería de sólo 24.2%. De hecho, con ese nivel de recaudación sin transferencias a julio (394 mmdp), se encontraría 38% por debajo del nivel de ingresos de 2018 (640 mmdp), al cual se pretende regresar el siguiente año.

Una posible estrategia para incrementar la recaudación de impuestos petroleros es la mayor inversión que se le destinará al fracking o fracturación hidráulica, a pesar de la manifiesta oposición del Gobierno a esta práctica. En la cartera de inversión para 2022 de Pemex, Exploración y Producción se anticipa un gasto de 11.6 mmdp para fracking, 438,606% más de lo presupuestado para este mismo proyecto en 2021, y la mayor asignación de la que se tenga registro desde 2015. Este gasto para la extracción de gas y aceite de lutitas se concentrará en Coahuila y Veracruz. No obstante, será complicado que este crecimiento en inversión se refleje en una mayor cantidad de petrolíferos, al menos en el corto plazo.

Más impuestos por automóviles, sin vender más

Otra apuesta recaudatoria será alcanzar 12.1 mmdp por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), un crecimiento de 55% (4.3 mmdp) frente a lo aprobado en 2021, o 33% (3 mmdp) superior a lo observado en 2020. De hecho, este nivel de recaudación es más parecido al observado en 2018 o 2017, cuando se reportaban mejores niveles de ventas.

El problema con esta estimación es que la venta de automóviles nuevos está lejos de recuperarse. Hasta agosto de 2021 la venta de autos fue de 357 mil unidades, según cifras del Inegi, una recuperación de tan sólo 7.6% (25 mil unidades) frente al mismo periodo de 2020. Ahora, frente al 2018 las ventas de autos están 35% (193 mil unidades) por debajo, y frente a 2017 los están 43% (265 mil unidades). Para el segundo año de la recuperación postpandemia se ve complicado regresar a esos niveles de ventas y recaudación.

Podría ser que la autoridad hacendaria federal espera que este aumento en la recaudación se dé por cambios en la forma de pagar el ISAN. Para 2022, se pretende establecer nuevas reglas para el pago de automóviles blindados, para que en ningún caso el impuesto a pagar por dichos vehículos sea menor al que tendría que pagarse por la versión de mayor precio de enajenación de un automóvil sin blindaje del mismo modelo y año. Lamentablemente no hay cifras oficiales de la cantidad de vehículos blindados que se venden en México. Según el Consejo Nacional de la Industria del Blindaje (CNIB), los vehículos que son reforzados con blindaje son principalmente los modelos Suburban, Grand Cherokee y Tahoe, que pertenecen a la categoría SUV. Esta categoría representa alrededor del 30% del total de vehículos nuevos vendidos en 2021, y aunque todos fueran de tipo blindado, no parece razonable que una modificación en su cobro de impuestos justifique un incremento de 55% en el ISAN para 2022.

La cereza en el pastel: deuda pública

Además de unos ingresos tributarios y no tributarios difíciles de alcanzar, para 2022 se plantea pedir al Congreso los ingresos derivados de financiamiento más grandes que se tiene registro: 915 mmdp, un aumento de 17% (130 mmdp) frente a lo aprobado para 2021. Sí, a pesar de la narrativa presidencial de que en este sexenio la deuda no ha subido.

Esto se debe a que los gastos totales del sector público que prevé Hacienda serán de 7.48 billones de pesos, mientras que los ingresos que anticipa sólo llegarán con todo y todo a 6.17 billones.

Nuestras conclusiones

Los estimados positivos en recaudación de la Secretaría de Hacienda para 2022 penden de un hilo: un gran crecimiento económico que eleve la dinámica de consumo y empleo por encima de lo visto antes de la crisis del covid-19. Lamentablemente, los indicadores débiles de consumo, empleo, número de contribuyentes, ventas de automóviles, entre otros, no generan confianza de que estos pronósticos se cumplan.

Las condiciones tampoco son halagüeñas para 2021, a causa de la permanencia en la desconfianza de la inversión. Si bien a junio de este año la inversión fija bruta tuvo un crecimiento de 16.8% con relación a junio de 2020, eso no compensó la caída de 24.21% de 2020 frente a 2019, según el Inegi. De hecho, el Índice de Inversión Fija Bruta reporta 92 puntos, 4.2 menos que en febrero de 2020 (previo a la pandemia); 14.6 puntos menos que en diciembre de 2018 (previo a la entrada de este Gobierno) o 24.6 puntos menos frente a junio, antes de las elecciones presidenciales.

En el último mes se ha dado a conocer el cierre de tres terminales de almacenamiento de combustibles del sector privado por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE); además, la Secretaría de Energía canceló los permisos de importación de las empresas Trafigura y Windstar. Esta tendencia a la estatización de la economía para beneficiar a empresas como Pemex o CFE no deja de añadir desconfianza en el sector privado, por lo que una recuperación de la inversión, del crecimiento y de la recaudación se ven complicadas.

Las consecuencias de lanzar estimaciones de recaudación fuera de la realidad serán mayores en un escenario de agotamiento de los Fondos de Estabilización. Al segundo trimestre de 2021 el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) cuenta con sólo 15.5 mmdp, luego de que en 2018 cerrara con más de 308 mmdp. El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) tiene 29.2 mmdp, cuando en 2018 cerró en 96 mmdp. Además, dicho instrumento fue bursatilizado y debe 70 mmdp a 15 años. Ni hablar del desaparecido Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y los escasos 9.2 mmdp presupuestados contra desastres para 2022. Todo esto implica que los cambios en la liquidez del Gobierno podrían impactar directamente en la capacidad de gasto. De no materializarse el crecimiento económico estimado por Hacienda y el crecimiento de la recaudación en los diferentes ingresos, el Estado podría quedarse sin recursos para financiar el gasto público y verse orillado a pedir más deuda o a recurrir nuevamente al recorte indiscriminado de programas sociales, gasto corriente de las dependencias o transferencias a los estados. Todo esto con graves consecuencias en la perspectivas de eficiencia del sector público y en el desarrollo social.

^[1] Inegi. el Indicador Mensual de Consumo Privado y Mercado Interior (IMCPMI) https://www.inegi.org.mx/temas/imcp/

^[2] Inegi (2021) Estudio de la Demografía de los Negocios 2020. Recuperado de: https://inegi.org.mx/programas/edn/2020/#Documentacion

Fondo contra desastres: una política más que viaja al pasado

Escrito por México Evalúa en octubre 20, 2021. Publicado en Paquete Económico 2022.

El regreso al pasado es una constante en varias políticas públicas que ha ejecutado la presente administración federal. Entre las que plantean preocupaciones más inmediatas está la previsión contra desastres naturales. Antes que el Fonden arrancara su operación en 1999, los gobiernos –federal, estatal y municipal– debían responder a los desastres naturales reorientando su gasto público, que ya se encontraba comprometido para otros fines. El problema era que no siempre lograban obtener los recursos necesarios en el momento oportuno. La puesta en marcha de este fideicomiso consiguió dar justo esa certeza. A pesar de que en algunos casos se documentaron malos manejos de los recursos entregados a las entidades federativas, la garantía de contar con los recursos es invaluable, sobre todo en estos tiempos que vivimos.

Con la eliminación de este instrumento en 2020, México regresó al pasado, a una época de vulnerabilidad ante desastres naturales. Aquí explicamos por qué.

Tras el decreto de extinción del Fonden, el Gobierno prometió cubrir las emergencias con el presupuesto. Para 2022 se proyectan transferencias en el Ramo 23 por 9.2 mil millones de pesos para el “Fonden”. Aunque así se clasifican, sabemos que no irán a este fondo ya disuelto: simplemente están ahí para reaccionar, en teoría, ante un desastre, sin reglas de operación o un esquema previsto de cómo y cuándo se van a asignar los recursos. Ya no hay mecanismo de ahorro, la disponibilidad de recursos dependerá de que el programa presupuestario para ese fin tenga presupuesto disponible ese año; es decir, que se le apruebe presupuesto y que en la práctica los ingresos de Hacienda vayan bien frente a los estimados, lo que implica enfrentar un mayor riesgo ante eventualidades y cambios en el flujo de efectivo (liquidez) del Gobierno. Ahondamos más en este asunto en el apartado final: “Resumen del proceso de extinción e indefinición”.

Por lo demás, este monto presupuestado para 2022 es sólo 0.1% superior al de 2021. No obstante, frente a 2018, último año de Peña Nieto, estas transferencias al Fonden o recursos para atender desastres naturales serán 68% menores, es decir, 19.6 mil millones de pesos menos. Hay que precisar que en 2018 se hizo un esfuerzo por reponer los recursos del Fonden gastados luego del terremoto de 2017. Aun así, los recursos presupuestarios planteados para 2022 están ligeramente por debajo del promedio de la última década.

Además, si se considera que de 2012 a 2020 la disponibilidad promedio del Fonden fue de 17.2 mmdp, lo presupuestado para 2022 sólo representará el 53% del colchón del extinto fideicomiso. Hay que recordar que en el primer semestre de 2021 el Gobierno tomó de este fondo 25.4 mmdp para financiar otros programas presupuestarios, los cuales no se repondrán para 2022.

Esto deja en vulnerabilidad al erario, si se toma en cuenta que el Fonden tuvo egresos promedio entre 2012 a 2020 de 23.3 mil millones de pesos, considerando el pago de instrumentos financieros como bonos y seguros catastróficos que se depositaban en el Fonden, los cuales no son una garantía, por las cláusulas de los mismos.

En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 2022, la Secretaría de Hacienda destaca que para cubrir la desaparición del Fonden se contará con un seguro y bonos catastróficos para atender desastres, como si fueran la solución definitiva. Además, estos instrumentos ya se utilizaban, por lo que no compensan al extinto fideicomiso. De hecho, de 2012 a 2020 los ingresos presupuestarios del Fonden representaron el 48% de los ingresos totales que el mismo fideicomiso reportó, por lo que es de suponerse que el resto fue compensado por dichos instrumentos financieros. En otras palabras, la parte no garantizada por seguros o bonos deberá seguir siendo garantizada por el Gobierno, con lo cual se corre el riesgo de no contar con disponibilidad de recursos si las expectativas de ingresos no se materializan.

Bono y seguro catastrófico: sin novedad

La primera herramienta que contempla Hacienda para sustituir al Fonden para 2022 es un seguro de daños ocasionados por desastres naturales (Seguro Catastrófico), cuya vigencia será del 5 de julio de 2021 al 5 de julio de 2022, el cual ofrece una cobertura hasta por 5 mil millonesde pesos, y se activa ante desastres naturales que superen un nivel mínimo de daños de 275 millones de pesos y un acumulable de 750 millones de pesos.

Además, se prevé un Bono Catastrófico por 485 millones de dólares (8.9 mil millones de pesos) contra pérdidas derivadas de sismos y ciclones tropicales, cuya vigencia será hasta marzo de 2024. El bono fue contratado a través del Banco Mundial (BM).

Pero, de nuevo, hay que subrayar que el uso de bonos catastróficos y seguros no es algo nuevo. En realidad, desde 2006 se utilizaban para complementar la cobertura del Fonden. Es decir, que Hacienda cuente con un bono y seguro catastrófico no compensa la desaparición del fideicomiso ni brinda cobertura extra a la que ya se tenía.

Según el Banco Mundial (BM)^[1] el Fonden era uno de los vehículos más avanzados para gestionar desastres naturales, ya que contaba con reservas propias y se complementaba con Bonos Catastróficos contratados en 2006, 2009, 2012, 2017 y 2018.

Con estos bonos se obtuvieron 50 millones de dólares para el huracán Patricia de 2012, y 150 millones para el terremoto de 2017. No cubrieron otros desastres.

El bono más reciente, contratado en marzo de 2020 con una cobertura de 485 millones de pesos, estaba pensado para funcionar como todos los anteriores, es decir, para transferir recursos en caso de que se cumplieran las cláusulas de la cobertura de riesgo. Ahora, la encargada de gestionar y repartir los recursos obtenidos por los bonos es la Aseguradora Agropecuaria Mexicana (Agroasemex), empresa pública de Hacienda.

En lo que toca a los seguros, al menos desde 2011 se utilizaban estos instrumentos para complementar al Fonden, según datos de la Segob^[2]. Ese año se contrató un seguro por 4.8 mil millones de pesos contra desastres como sismos, huracanes e inundaciones, y distintos tipos de afectaciones a infraestructura. Éste se activaba luego de 12.5 mil millones de primeras pérdidas, que debía pagar el Fonden; luego, 4.8 mil millones eran rembolsados por las aseguradoras y si se pasaba de este margen, el Fonden tenía que volver a hacerse cargo de las indemnizaciones.

Posteriormente, en 2015 entró un esquema de aseguramiento donde los primeros 300 millones eran pagados por la aseguradora; pasado ese límite, 750 millones eran pagados por el Fonden; luego entraban 5 mil millones de cobertura, tras los cuales entraba de nuevo el Fonden. Este esquema, que mostramos en la siguiente figura, es similar al que propone Hacienda para 2022.

Fuente: Comisión Nacional de Previsión de Desastres (2017)

El problema del bono catastrófico

En suma, contar con bonos catastróficos no garantiza que todos los desastres naturales vayan a estar cubiertos. Como todo seguro, es un instrumento donde las empresas que proveen la cobertura apuestan a que no se cumplirán las características mínimas para reembolsar los daños. En el caso del bono catastrófico que tiene México, sólo cubre contra daños de terremotos y huracanes, de cierta magnitud y en ciertas zonas del país.

No hay cobertura contra sequías, incendios forestales, nevadas, granizadas, frentes fríos, tormentas eléctricas, erupciones volcánicas o tsunamis, por ejemplo. Además, la cobertura contra terremotos varía según la intensidad y la zona. La magnitud más baja que detona la cobertura es de 7.4 grados en la Ciudad de México y Estado de México, 7.9 en Michoacán y de 8 grados en Guerrero y Oaxaca.

En el caso del temblor de 7.1 grados del pasado martes 7 de septiembre de 2021, la agencia Artemis –encargada de evaluar la procedencia de pago de los bonos catastróficos– descartó que se detonara un pago, ya que el temblor no alcanzó el umbral mínimo.

En el caso de huracanes, depende de la presión atmosférica medida en milibares. Hay que recordar que cuando la presión atmosférica es superior a 1,013 milibares, tenemos una alta presión o anticiclón, mientras que si la presión es inferior a esa medida se dice que tenemos baja presión: borrasca o ciclón.

Pues bien, para que se pague por lo menos 50% del total de la cobertura la presión debe ser menor a 932 milibares, y para que se pague 100% de la cobertura la presión debe bajar de 920 milibares.

Por ejemplo, el Huracan Odile de 2012 de Baja California Sur, que dejó más de 16 mil millones de pesos en daños, no detonó el pago del seguro, ya que el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos determinó que la presión atmosférica bajó sólo a 940 milibares, según la agencia crediticia S&P.

Para colmo, el bono no cubre todos los desastres. Para el CAT-Bond que venció en 2021 se tuvo que pagar una prima de riesgo de 28 millones de dólares, para una cobertura de 235 millones, según el Banco Mundial. No hay datos disponibles del costo del actual bono catastrófico.

(ANEXO)

Resumen del proceso de extinción e indefinición:

En 2020 se decretó la extinción de este fideicomiso, con lo cual el Gobierno obtuvo 25.4 mmdp que utilizó para otros fines, mientras que prometió apoyar a los estados con dinero del presupuesto a través de la Secretaría de Hacienda.
No fue sino hasta mediados de agosto de 2021 que se publicó la existencia del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales, que sustituye las reglas de operación del Fonden.
Ahora, los estados deberán solicitar el apoyo la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Segob, y ésta a su vez pedirá una evaluación a una “instancia técnica” para evaluar el daño. Luego se pedirán los recursos a Hacienda. Hasta el momento no hay una partida para este efecto.
No obstante, desde diciembre de 2020 está en el aire la Ley General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que contempla la creación de la Agencia de Gestión Financiera de Riesgos Públicos (instancia técnica) que será la encargada de evaluar las solicitudes apoyo ante desastres de los estados afectados.
Cabe destacar que el nuevo mecanismo no es un sustituto del Fonden, el cual era un fideicomiso que, al permitir el ahorro, garantizaba que el Gobierno contara sí o sí con recursos para apoyar a los estados a atender emergencias por desastres. Ahora no hay mecanismo de ahorro, la disponibilidad de recursos dependerá de que el programa presupuestario para ese fin tenga presupuesto disponible ese año.
Finalmente, la falta de certidumbre en el mecanismo del Fonden ya ha implicado que en el primer semestre de 2021 el gasto en reconstrucción cayera a 3.6 mmdp, 44% menos que en el mismo periodo de 2020 o 63% menos que el promedio de los últimos seis años. Hasta finales de 2020, este fondo se había utilizado para la reconstrucción de desastres ocurridos tan atrás como 2016 en 12 estados del país. En lo que va del año, sólo recibieron recursos Chiapas, Tabasco y Veracruz. En 2019 hasta 23 estados se beneficiaron de recursos del Fonden, por más de 10 mil millones de pesos, para atender las consecuencias de desastres desde 2014.
Para este año se habían aprobado, dentro del Ramo 23, 8.7 mmdp (4.4 mmdp a julio) en Aportaciones a fideicomisos públicos para el Fonden; sin embargo, al primer semestre la SHCP modificó el presupuesto y éste pasó a cero pesos. Con todo, se transfirieron al Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, 3.6 mmdp para obras de reconstrucción de la infraestructura dañada.

^[1] 2020. World Bank. Insuring Mexico Against Natural Disasters. Recuperado de: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/737151585254940284-0340022020/original/FONDENMexicoCatBondCaseStudy3.4.2020final.pdf

^[2] 2012. Secretaría de Gobernación (Segob). Estrategias de Aseguramiento del Sector Público. Recuperado de: https://www.amis.com.mx/InformaWeb/Documentos/Archivos/4_Danos_DLSHCP_FONDEN_Estrategias_Aseguramientio_Sector_Pulblico_8_May_12.pdf

Gasto en salud en el Presupuesto 2022: prometer no empobrece

Escrito por México Evalúa en octubre 20, 2021. Publicado en Paquete Económico 2022.

Nuevamente el gasto en salud es el foco de atención en un Paquete Económico. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022 el Gobierno propone un gasto funcional en salud de 704.0 mil millones de pesos, lo que supone un incremento anual de 15.2% (105.2 mmdp) con respecto al monto aprobado para 2021.

A primeras luces se trata del mayor incremento en el gasto de salud propuesto en los últimos años. Según la narrativa oficial, tiene como objetivo destinar recursos para enfrentar los estragos por la covid-19 y resarcir las deficiencias del sector en materia de infraestructura, equipamiento, personal y medicamentos, así como destinar recursos a la atención de las personas que no tienen servicios médicos a través de la seguridad social. Veamos en qué consiste.

Al analizar cómo se planean asignar los 105.2 mmdp ‘extra’ en salud a detalle descubrimos lo siguiente:

52% del incremento en el gasto se asignó a los programas de “Actividades de Apoyo Administrativo” del IMSS (19.7 mmdp) y la Secretaría de Salud y al programa (7.5 mmdp) de “Adeudos con el IMSS e ISSSTE y fortalecimiento del Modelo Atención Integral de Salud”. A pesar de que este último programa busca destinar recursos al Modelo de Atención Integral de Salud^[1], no se especifica el monto que se ejercerá en dicho modelo.
39% del aumento se realiza en programas relacionados con servicios médicos y atención a pacientes: “Programa de Vacunación de la SSA” (26.5 mmdp o 1,187% de aumento), “Programa IMSS-Bienestar” (9.6 mmdp o 68%) y el “Programa de Atención a la Salud” (5.2 mmdp o 11%).

Cabe señalar que vemos muy positivo que se proponga un ambicioso aumento al Programa de Vacunación (13 veces mayor), el cual había sido ‘recortado’ en los años anteriores. En 2021 el presupuesto del programa es de 2.2 mmdp; para 2022 se contempla un monto de 28.7 mmdp. Se celebra, claro, porque con este programa se planean desarrollar campañas de vacunación que eleven la cobertura de niños de un año. Hay que subrayar que de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019, en ese periodo el país reportó sus peores niveles de vacunación en los últimos 18 años, ya que sólo el 18.5% de los niños menores de un año cuentan con el esquema de vacunación completo.

No obstante, encontramos ciertos matices en el incremento de recursos al programa de “Actividades de Apoyo Administrativo” del IMSS y la Secretaría de Salud, y de “Atención a la Salud”, también a cargo de esta última secretaría. Gran parte del alza en el presupuesto de estos programas se destinará al pago de sueldos, prestaciones y estímulos al personal médico, es una buena noticia que se fortalezcan los sistemas de salud pública de México con más personal y que este cuente con mejores condiciones laborales. México exhibe rezagos en el número médicos y enfermeras por pacientes. Pero, es importante señalar que notamos que habrá un incremento en las remuneraciones al personal eventual de la Secretaría de Salud, por lo que al parecer no se trata de un cambio permanente. Además, los esquemas de contratación temporal son repudiados por el Gobierno, mismo que ha creado políticas públicas para prohibirlos en el sector privado, llama la atención que en ese sentido promueva esos esquemas en su rol de empleador.

Hay que decir que los aumentos en el presupuesto a sueldos y remuneraciones también se observaron en el PEF 2021.

Los detalles del alza en dichos programas en el PPEF 2022 son los siguientes:

Para el presupuesto del programa “Actividades de Apoyo Administrativo del IMSS” se propone un incremento de 19.7 mmdp. El 73% de este monto (14.4 mmdp) se dirigirá a partidas relacionadas con el pago, contratación y estímulos al personal. Basta con observar el incremento en la partida de “Remuneraciones por horas extraordinarias”, el cual, con respecto al PEF 2021, aumentará 969.7% (2.9 mmdp), o en la de “Sueldos base”, cuyo presupuesto acumula dos años consecutivos al alza (en 2021 aumentó 126% y en 2022 lo hará en 27.1%).
El 47% del alza en el presupuesto del programa de “Actividades de Apoyo Administrativo” de la Secretaría de Salud se realizará en “Sueldos base” y “Otras prestaciones”; en conjunto estas partidas tendrán un incremento de 3.5 mmdp. De este aumento 98% se ejercerá en el Insabi. En el programa de “Atención a la Salud” vimos que la partida de “Remuneraciones al personal eventual” será 146 veces mayor que el monto aprobado en el PEF 2021. Del total de esta partida el Insabi ejercerá 83%. En lo que va de esta administración dicha partida ha tenido un crecimiento promedio anual de 652%: en 2019 su presupuesto fue de 27 mdp y ascenderá en 2022 a 11.6 mmdp. Por otro lado, en el alza de este programa también se benefician a las partidas de “Materiales, accesorios y suministros médicos” y “Medicinas y productos farmacéuticos”, cada una aumentará en más de 2 mil veces el presupuesto aprobado en 2021^[2].

Otro aspecto positivo del presupuesto en salud para 2022 es el incremento real en el gasto per cápita del IMSS, el ISSSTE, el Insabi y el IMSS-Bienestar^[3]. El mayor incremento per cápita lo tendrá éste último: por derechohabiente el gasto será de 2,039.5 pesos, lo que representa un aumento de 68% con respecto al gasto desembolsado este año (1,214.8 pesos por beneficiario). Le sigue el gasto del Insabi, que pasará de 1,347.5 pesos por beneficiario en 2021 a 1,559.7 pesos en 2022; es decir, se destinará 16% más recursos. En menor medida se incrementará el presupuesto per cápita del IMSS y el ISSSTE: 6% y 4%, respectivamente. El IMSS tendrá un presupuesto de 5,113.7 pesos por derechohabiente, mientras que el del ISSSTE será de 5,106.1 pesos.

Solamente en el IMSS y del IMSS-Bienestar, con el aumento del gasto per cápita previsto en 2022, se superarán los niveles históricos observados en cada institución. En el caso del ISSSTE, el gasto per cápita de 2022 es 9% menor al gasto máximo observado en 2020 (5,599.6 pesos). Y el incremento del gasto per cápita del Insabi (antes Seguro Popular) quedó 23% por debajo del gasto máximo de 2012 (2,031.1 pesos).

La posibilidad de ‘simular’ gasto sigue allí

Del gasto previsto para 2022 también nos llamó la atención su esquema de financiamiento, el cual no asegura una sostenibilidad del gasto en el mediano ni largo plazo. Tal y como ocurrió en 2020 y 2021, se plantea que parte del gasto en salud se financie con recursos del Fondo de Salud para el Bienestar. Específicamente, en la iniciativa de la LIF 2022 se establece que durante el primer trimestre de 2022 el Insabi podrá disponer del remanente que exista en el Fondo de Salud para el Bienestar (FSB)^[4]. Es decir, con la disponibilidad actual del FSB, que es de 66.5 mmdp (suponiendo que el saldo no se incrementa ni disminuye en lo que resta del año), y si descontamos la reserva que por Ley debe tener Fondo (que es del doble de los recursos aprobados en 2020 y equivale a 33.2 mmdp de 2022), el Insabi podría disponer de 32.9 mmdp durante el primer semestre de 2022. Los 32.9 mmdp que se podrán ejercer en 2022 corresponden al 51% de la disponibilidad actual del FSB; suponiendo que ésta no aumente y que los recursos retirados sí se ejerzan, el fondo no tendría remanentes y sería imposible financiar un aumento en el gasto en salud en 2023.

Por otra parte, se establece que los recursos obtenidos se utilizarán en la adquisición de vacunas, en requerimientos de gastos asociados con la covid-19 y en fortalecer al sistema de salud, pero no deja de preocupar la falta de transparencia que caracteriza a este fondo, ya que no se publican oportunamente sus estados financieros y no es posible conocer en cómo se gastarán esos recursos. De igual manera, preocupa la visión cortoplacista que se tiene del financiamiento del gasto en salud, ya que los recursos del FSB son finitos y no alcanzarán para financiar este gasto más allá de 2023.

Aunado a esto, nos preocupa que las transferencias del Insabi al FSB se lleguen a usar para simular gasto en salud. Para entender esta preocupación es necesario explicar lo sucedido en 2020. Durante varios meses del año de la pandemia se observó un gasto menor al del año anterior y/o con un ejercicio menor al programado. Sin embargo, al cierre del año se observó un aumento en el gasto y un monto ejercido que superaba al aprobado. Pero, se observó un gasto atípico en el mes de diciembre. El Insabi transfirió 47.9 mmdp al FSB, por lo que su disponibilidad al cierre del año fue 105.7 mmdp. Esos recursos, registrados como gasto, no fueron erogados en el momento álgido de la pandemia, incluso nos atrevemos a decir que muy posiblemente no fueron gastados en 2020. Recordemos que con solo transferir recursos fuera de la Tesofe el gasto se contabiliza como ‘ejercido’, aunque sólo se mantenga guardado en el FSB.

A julio de 2021 el Insabi ya ha transferido de nueva cuenta 15.3 mmdp al FSB, los cuales representan 37% del gasto de este instituto. Las reiteradas transferencias al Fondo y el hecho explícito de que el Insabi podrá disponer de su remanente, parecen sugerir un mecanismo de simulación: gracias a las aportaciones al Fondo no se reportó un recorte en el gasto en salud en 2020 y se ha mitigado el subejercicio de 17% del Insabi reportado hasta julio.

En suma, se anuncia un incremento en el gasto de salud con bombo y platillo, se habilita al Insabi para obtener recursos del FSB, pero también es posible que esos recursos se regresen al mismo FSB al cierre del año.

Otros hallazgos preliminares

Por institución, el mayor incremento se observa en las Aportaciones a la Seguridad Social (176.5%). Le sigue la Secretaría de Salud, con un incremento de 27.2% (59.7 mmdp), la Secretaría de Marina (11.8% o 0.3 mmdp), la Secretaría de Defensa Nacional (9.5% o 0.6 mmdp), el IMSS (5.6% o 19.1 mmdp), el ISSSTE (3.9% o 2.6 mmdp) y el FASSA (3.5% o 4.0 mmdp).
El presupuesto del Insabi será de 103.4 mmdp, y aumentará 12% con respecto a lo aprobado en 2021. Pero el presupuesto de su programa insignia, el de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, será similar al aprobado en el PEF 2021: 77.6 mmdp.
La inversión física crecerá escasamente. Se plantea un monto de inversión de 17.1 mmdp, aumentando 1.5% con respecto a lo aprobado en 2021. Con este presupuesto previsto, la inversión está lejos de recuperarse del desplome anual que se observó en 2019 (-35.8%) y en el presupuesto aprobado de 2021 (-27%). Es más, apenas y se acerca a los 18.3 mmdp ejercidos en 2018. Y más allá del casi nulo crecimiento, falta ver si la inversión de 2022 se caracterizará por subejercicios acumulados, tal y como ha sucedido este año. Por ejemplo, hasta julio se erogaron 3.8 mmdp en infraestructura en salud, monto 36% menor al aprobado en el periodo, y que es 56% menor que el ejercido en 2020. Una de las instituciones que más ha subejercicio en este rubro es el ISSSTE (-74%), pero que en el PPEF se planea que incremente su presupuesto en 16%. El IMSS también ha acumulado un gran subejercicio en lo que va del año (-71%), y en 2022 tiene previsto un recorte de 7% en este rubro, a pesar del incremento en el presupuesto al programa de Estudios de Preinversión (76% por arriba).

^[1] Su objetivo, de acuerdo con el PND 2013- 2018, era contribuir a homogeneizar los servicios y prácticas del Sector Salud, así como optimizar la utilización de los recursos y la infraestructura en salud incentivando los mecanismos y procesos de la participación ciudadana democrática, para avanzar hacia el acceso efectivo y universal a la protección de la salud.

^[2] El presupuesto de la partida de “Materiales, accesorios y suministros médicos” pasa de 0.5 mdp en 2021 a 1.7 mmdp en 2022 y el de “Medicinas y productos farmacéuticos” de 1.2 mdp a 2.8 mmdp en 2022.

^[3] Para la estimación del gasto per cápita se consideraron las estadísticas del IMSS-Bienestar, los Anuarios Estadísticos del IMSS y el ISSSTE y el Primer Informe del Insabi.

^[4] Con la reforma del 2020 a la Ley General de Salud se modificó la operación de los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar. La modificación al artículo 77 Bis 17 permite que el Insabi disponga, a través de reintegros a la Tesofe, del remanente que quede en el fondo una vez descontados los recursos acumulados en un monto superior a dos veces la suma aprobada para el ejercicio fiscal 2020.

Presupuesto 2022 o la candidez

Escrito por México Evalúa en octubre 19, 2021. Publicado en Paquete Económico 2022.

En su primer ejercicio como secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O dejó su huella en el Presupuesto para 2022, con una posición más optimista que el bosquejo que había dejado Arturo Herrera en los Precriterios Generales de Política Económica (PGPE), presentados en abril de este año. En todos los rubros, como crecimiento del PIB, plataforma petrolera, precio del petróleo, ingresos y gastos se estiman mayores aumentos frente a 2021. Vemos difícil que se cumplan. Ésta es nuestra primera lectura.

Crecimiento económico: ¿podemos esperar tanto del rebote?

En el crecimiento económico Hacienda estima una expansión de la economía de 4.1%, superior al 3.6% estimado en abril de 2021 en los PGPE. Esta estimación que, de hecho, es superior al 2.5% promedio del sexenio pasado. ¿Es factible? En principio, sí, porque aún estaría presente el efecto rebote de la economía, luego de la contracción de 2020. Sin embargo, el Banco de México (Banxico) estima sólo un 3% de crecimiento para 2022, y el consenso del sector privado apunta al 3.1%, según la encuesta de Citibanamex. Por su parte, el FMI es más optimista y espera un crecimiento de 4.2% para el país, similar a lo previsto por Hacienda.

Según los pronósticos de la propia Hacienda, si el crecimiento económico en 2022 quedara corto –al nivel previsto por Banxico: un 1.1% menos–, habría una pérdida de ingresos de 45.5 mil millones de pesos (mmdp). Esto es muy posible, ya que en los últimos años la SHCP se ha quedado corta en sus estimaciones de crecimiento económico, con excepción del dato con el que seguramente cerrará 2021, al rebotar luego de la gran caída en 2020.

Además, se debe considerar que el PIB per cápita de nuestro país posiblemente no regrese a su nivel prepandemia sino hasta el tercer trimestre de 2023, como ya ha señalado la OCDE, aunque Hacienda espera que se supere el PIB pre pandemia en 3% para finales de 2022.

El contexto general: en los últimos años, las estimaciones del PIB han quedado por debajo, como se puede ver en la siguiente gráfica…

Añoranza del pasado: la plataforma petrolera

De manera recurrente la Administración de López Obrador ha presupuestado una plataforma petrolera inspirada en los buenos años de Pemex, pero no vinculada con la realidad de la empresa estatal. Para 2022 se estima una plataforma de 1,826 miles de barriles diarios (mbd), lo que implicaría regresar a una producción que no se ha visto en todo el sexenio. De hecho, desde 2018, con Peña Nieto, no se ha logrado alcanzar una producción promedio superior a 1,800 mbd en un año.

El l gran riesgo es que los ingresos petroleros se queden cortos. Según datos de Hacienda, si la plataforma petrolera se mantiene en el promedio de 1,713 mbd, el dato que se ha acumulado a lo largo de 2019 y lo que va de 2021 –113 mbd menos de lo estimado para 2022–, los ingresos quedarían cortos en 46.3 mmdp.

Cabe destacar que en los Precriterios de este año se estimaba incluso una plataforma mayor para 2022, de 1,867 mbd. No obstante, la sensibilidad de los ingresos petroleros pasó de 13 mmdp por cada 50 mbd, a 20.5 mmdp. Esto significa que incluso con una menor plataforma estimada para 2022, el riesgo de perder ingresos es mayor.

La sobreestimación de la plataforma petrolera es un problema recurrente: lo presupuestado ha quedado por debajo de lo observado en nueve de los últimos 10 años, como puede verse en la siguiente gráfica.

La plataforma petrolera una y otra vez queda por debajo de las expectativas.

Precios a la baja: Mezcla Mexicana de Exportación (MME)

Estimar el precio del petróleo siempre es un riesgo, debido a la volatilidad del mercado. Para 2022 la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se estima en 55.1 dólares por barril (dpb), superior a los 53.1 dpb estimados en los PGPE 2022, y ampliamente mayor a los 42.1 aprobados para 2021. Esta estimación está casualmente en línea con el promedio de los últimos 12 meses: 55.1 dpb.

Si bien, en el último año el precio de la MME ha estado por encima de lo presupuestado, es posible que los precios vayan a la baja, debido a la estabilización en la producción mundial, luego de la sobredemanda ocurrida en 2021. Hay que recordar que luego de que en 2020 cayeran los precios, éstos se impulsaron a causa de la contención de la producción por parte de la OPEP y las expectativas de recuperación de la economía, disparadas por la vacuna contra el covid-19. Pues bien, esta situación bien podría revertirse en 2022, conforme aumente la oferta de petróleo.

Si el precio de la MME cayera un dólar, se podrían perder 13.5 mmdp de ingresos, según las sensibilidades de la propia Hacienda. La parte positiva es que Hacienda suele contratar coberturas petroleras (con un costo recurrente al erario público, claro) para cubrir los ingresos por la venta de petróleo, ante una posible caída en los precios. Desde luego las coberturas deberán tener el alcance adecuado para evitar sorpresas, no escatimar con ellas es clave.

Los ingresos públicos: ¿todos ganan?

Para 2022 la Secretaría de Hacienda apuesta por un crecimiento de todos los rubros de ingresos, con el que obtendría 6 billones 172 mil millones de pesos para financiar el PEF, 7.5% (429 mmdp) más de lo aprobado para 2021 o 1.3% (80 mmdp) más de lo estimado al cierre de este año.

Lograr ese monto de crecimiento se ve complicado. A julio de 2021 se ha registrado un aumento de 8.2% (258 mmdp) en los ingresos totales; sin embargo, fue impulsado por el crecimiento de los ingresos no tributarios no petroleros –que al ser no recurrentes no es factible que se mantengan creciendo indefinidamente– y por la recuperación de los ingresos petroleros –que a su vez están impulsados por las propias transferencias del Gobierno a Pemex–.

Llama fuertemente la atención que en los PGPE se esperaba que para 2022 los ingresos no tributarios cayeran en 18.7% frente a 2021, a 171 mmdp. No obstante, ahora Hacienda, con Ramírez de la O, estima un crecimiento de 13.4%, a 240 mmdp. Esto implica 28 mmdp adicionales a lo aprobado para 2021. De los ingresos no tributarios, 184 mmdp (76.6%) corresponden a Aprovechamientos, que a su vez contemplan 179 mmdp por el concepto de “Otros, Otros”, la llamada caja negra de las finanzas públicas. Esto impide conocer con precisión la procedencia de estos ingresos y evaluar su factibilidad de materializarse.

Además, se estiman 3 billones 944 mil millones de ingresos tributarios, un 7.7% (280 mmdp) más frente a lo aprobado o 6.4% (237 mmdp) más que lo estimado al cierre de 2021. Esta proyección se ve complicada, si se considera que a julio sólo se ha logrado un crecimiento de 2.3% (48 mmdp) (incluso con el rebote económico luego de la pandemia), mientras que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) se mantiene 0.7% (7.5 mmdp) por debajo de lo observado en 2020. Es más, la mejor cifra de crecimiento anual de los ingresos tributarios del actual gobierno es de 0.9%, en 2019. Hay que subrayarlo: desde 2016 no se ha logrado un crecimiento superior a 2.3% de los ingresos tributarios.

Finalmente, la única gran propuesta fiscal para 2022 es el Régimen de Confianza que pretende simplificar el pago de impuestos para las personas físicas y morales de menores ingresos. Sin embargo, al no garantizar beneficios a los contribuyentes –disminuir el costo de cumplimiento no es suficiente–, su potencial es limitado.

Hay optimismo en todos los rubros de ingresos frente a lo estimado en abril en los Precriterios. Veamos…

Sigue el déficit: sí aumentará la deuda para financiar más gasto público

En 2022 se cumplirán 15 años a lo largo de los cuales los ingresos son inferiores al gasto público. En este Paquete se propone pronunciar la brecha entre los ingresos y los gastos, será la más amplia desde 2015. La promesa de austeridad se desmorona.

Los gastos totales del sector público se estiman en 7 billones 48 mil millones de pesos para 2022, un aumento de 8.6% (560 mmdp) frente a lo aprobado en 2021 o 1.5% (103 mmdp) superior a lo estimado al cierre del año.

Esto quiere decir que el Gobierno aceptará unos Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) de 996 mmdp; es decir, seguirá usando deuda para salir a flote. Esto va acorde con los requisitos de endeudamiento interno solicitados al Congreso por 850 mil millones de pesos, y externos por 3.8 mil millones de dólares. Además, para Pemex se pedirán 27.2 mil millones de pesos y 1.8 mil millones de dólares y para CFE 4.1 mil millones de pesos y 794 millones de dólares.

Otro punto destacable es que frente a los CGPE no todos los conceptos de gasto aumentarán. En abril de este año se esperaba que las Participaciones entregadas a los estados crecieran en 7.9% a un billón 26 mil millones de pesos. Ahora, se espera un crecimiento de sólo 6.7%, a un billón 19 mil millones; esto, a pesar de que se espera un crecimiento de todos los rubros de ingresos.

Frente a lo estimado en los Precriterios, la mayoría de los conceptos de gasto han crecido, excepto participaciones y Adefas.

Seguiremos ampliando…

Números de Erario: agosto de 2021

Escrito por México Evalúa en octubre 5, 2021. Publicado en Analisis, Finanzas Públicas, Mensuales.

Un símil de lo que podría pasar en 2022

Al mes de agosto de este año los ingresos totales tuvieron un crecimiento anual de 5.5%. El erario se ha mantenido a flote principalmente por un incremento de los ingresos petroleros y del Impuesto al Valor Agregado (IVA). No obstante, otros componentes de los ingresos, como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) o los ingresos de la CFE se mantienen estancados o presentan caídas, a pesar de la recuperación económica. Además, este año se han resentido los ingresos no tributarios no petroleros, ya que no han ingresado recursos de los fondos de emergencia.

En el contexto de la discusión de los estimados de finanzas públicas que la Secretaría de Hacienda presentó para el Presupuesto 2022, los datos al mes de agosto de este año nos recuerdan qué tan difícil es lograr las metas de ingresos.

Petróleo, al rescate

De enero a agosto los ingresos totales del sector público acumulan 3.89 billones de pesos, un aumento de 5.5%, es decir, 203 mil millones de pesos (mmdp), frente al mismo periodo de 2020. No obstante, frente a 2019 (previo a la pandemia) tal crecimiento es sólo de 3% (116 mmdp).

La recuperación de los ingresos se debe, principalmente, a los mejores ingresos petroleros. Al mes de agosto dichos ingresos acumulan 609 mmdp, un crecimiento anual de 66.4% (243 mmdp). Parte de esta fortaleza es algo artificial, ya que las aportaciones (capitalizaciones) que el Gobierno federal le transfiere a Pemex se contabilizan como ingresos petroleros. Sin esas capitalizaciones, en realidad los ingresos petroleros hubieran crecido sólo 35.3% en el periodo de enero a agosto.

El impulso de estos ingresos también viene del precio del barril, aunque no de la producción. La plataforma petrolera se mantiene en 1,680 miles de barriles diarios (mbd), 101 mdb por debajo del programa. En efecto, el aumento en el precio del crudo ha compensado la estancada producción de Pemex. Mientras que en el Paquete Económico 2021 se estimó un precio de 41.6 dólares por barril (dpb), el observado ha sido de 59.4 (dpb), 17 dólares por arriba.

Cabe recordar que para 2022 se estima una plataforma de 1,826 miles de barriles diarios (mbd), y la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se estima en 55.1 dólares por barril (dpb). Al mes de agosto la plataforma está lejos de esa meta, y con un precio mucho más alto esperado para 2022, difícilmente el próximo año se compensará la baja producción de la misma forma en que se ha hecho este año.

El otro salvavidas de las finanzas públicas ha sido el IVA, que acumula 777 mmdp al mes de agosto, un aumento de 14% (96 mmdp). Este impuesto incluso supera los niveles prepandemia, pues frente a 2019 es 12% (83 mmdp) superior.

En otras palabras, el IVA está teniendo su gran rebote este año. El punto es que para 2022 se espera otro gran crecimiento, pero de 19% (198 mmdp), algo que no se ha visto nunca. Esto se ve complicado, como ya lo hemos explicado en otros estudios.

Rezago del resto de ingresos

Fuera de los ingresos petroleros y el IVA, las demás fuentes de ingreso están muy apagadas. El ISR, el principal tributo del Gobierno, acumula 1.28 billones, una contracción de 0.2% (2.6 mmdp) frente al mismo periodo de 2020 y frente a 2019 el aumento es apenas de 0.9% (11.3 mmdp).

A pesar de la recuperación del PIB esperada de 6.2% (Banco de México), el ISR simplemente no despegó en el octavo mes del año. En 2022 se espera un crecimiento de 4.8% (94 mmdp) frente a los ingresos presupuestados para 2021, algo que por la tendencia actual se ve igualmente difícil.

Asimismo, el IEPS ha generado al mes de agosto 286 mmdp, una caída de 10.3% (32 mmdp), y se coloca en su peor nivel desde 2018. Para el siguiente año se espera una contracción de 4.6% (24 mmdp) frente a lo presupuestado para 2021; aunque se espera una pérdida, no queda claro cómo se va a revertir la tendencia, cuando no se espera que el rebote económico tenga la misma fuerza el próximo año. La expectativa parece optimista por lo observado hasta la fecha.

Finalmente, los ingresos no tributarios no petroleros acumulan 287 mmdp, una caída de 21.9% (80 mmdp) frente al mismo periodo de 2020. Hay que recordar que al mes de agosto del año pasado dentro de los ingresos no tributarios se contabilizaron transferencias del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) por 119 mmdp, del Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por 21.6 mmdp y de otros fideicomisos por 33.6 mmdp.

Si bien este año continúa la estrategia de extinción de fideicomisos, los ingresos obtenidos por los mismos –incluyendo los 25.4 mmdp del Fonden– no han llegado a compensar el agotamiento del FEIP.

Ingresos frente al calendario

Ahora, frente al calendario, los 3.89 billones de ingresos totales están 4.4% (164 mmdp) por arriba. Sin embargo, al desagregar por impuesto la historia es diferente con respecto al crecimiento frente al año pasado. Frente al calendario, los ingresos petroleros van 1.2% (7.6 mmdp) por debajo y los tributarios sólo 1% (24 mmdp) por arriba de lo previsto.

El ISR va 3% (-39 mmdp) por debajo del calendario, otra muestra de que Hacienda ha sido muy optimista al estimar el desempeño de este tributo este año, un símil de lo que podría pasar en 2022. En contraparte, el IVA está 17% (112 mmdp) por encima de lo calendarizado, situación que ha provocado que la SHCP apueste casi todo el crecimiento tributario a partir de este impuesto en 2022.

Avance frente a las expectativas: petróleo sobrestimado

Los ingresos al mes de agosto van en línea frente a los estimados al cierre, proyectados en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE). No obstante, esto se ha debido a un avance al mes de agosto superior al 80% de los ingresos no tributarios y de un 68% de avance de los ingresos tributarios. A pesar del mejor desempeño de los petroleros frente a 2020, si mantienen el ritmo visto hasta ahora, quedarán muy por debajo de lo estimado al cierre.

Al octavo mes los 3.89 billones de pesos de ingresos totales representan el 66% de los 5.8 billones de pesos esperados al cierre de 2021. De mantenerse el rimo de crecimiento promedio mensual, los ingresos totales quedarían -0.6% (36.6 mmdp) por debajo de lo estimado.

Esto se debe principalmente a que los 610 mmdp de ingresos petroleros representan sólo el 56% de los 1.07 billones estimados al cierre de 2021. Si esta tendencia continúa, los ingresos petroleros quedarán 15% (161 mmdp) por debajo de lo estimado al cierre. En otras palabras, los ingresos petroleros han sido mucho mayores frente a 2020, pero las expectativas de la Secretaría de Hacienda para el cierre del año eran todavía mayores, situación que se repite en el PPEF 2022.

El menor desempeño del ingreso del petróleo frente al estimado al cierre ha sido compensado principalmente por los ingresos tributarios y no tributarios. Al mes de agosto los 287 mmdp de ingresos no tributarios representan el 81% de los 354 mmdp estimados al cierre. Por su parte, los 2.4 billones de ingresos tributarios representan un 68% de avance frente a los 3.5 billones estimados.

Si la tendencia continúa, los no tributarios quedarán 21% (76 mmdp) por arriba de lo estimado y los tributarios se colocarán 2.5% (90 mmdp) por encima de lo esperado al cierre. No obstante, los ingresos no tributarios, al no ser recurrentes, en cualquier momento podrían dejar de crecer frente a su ritmo previsto, lo que podría implicar que los ingresos al cierre de año caigan a terrenos negativos frente a lo estimado.

Gasto público: los favoritos de siempre

Al igual que los ingresos, el gasto público al mes de agosto ha crecido de forma limitada (4.5%).

Sin embargo, al interior se observa que los consentidos de siempre: Pemex, CFE o la Secretaría de Energía, registraron grandes aumentos en su gasto, mientras que otros, como Seguridad y Protección Ciudadana o la Fiscalía General de la República, presentan retrasos importantes frente a su calendario.

Al octavo mes del año, el gasto programable del Sector Público acumula 3.12 billones de pesos, un aumento de 7.3% (213 mmdp) frente al mismo periodo de 2020. Ese aumento en algunos ejecutores es mucho más grande. Por ejemplo, la Secretaría de Energía acumula 164 mmdp, un aumento de 209% (111 mmdp). Pemex que ha gastado 375 mmdp, un aumento de 209% (61 mmdp) más que en el mismo periodo de 2020.

En la contraparte se encuentra la Secretaría de Economía, con 3.3 mmdp, 91% (34 mmdp) menos que en 2020, luego de la reducción del programa de Créditos del Bienestar. Asimismo, las Aportaciones para las Entidades llevan 503 mmdp, una caída real de 3% (17 mmdp), cuando por Ley deberían de ser siempre superiores a las del año anterior.

Gasto frente al calendario

Frente al calendario el panorama es más preocupante. Si bien el gasto total está en 4.18 billones, 0.3% (12.5 mmdp) por arriba del programa, la situación por ejecutor es sumamente variable. En monto, la Sener, con sus 164 mmdp gastados a agosto, se encuentra 253% (117 mmdp) por arriba de su calendario anual, y la CFE, con 315 mmdp, está 19% (50 mmdp) por arriba de lo programado. Le siguen el IMSS con 570 mmdp, 8.3% (16 mmdp) por arriba del programa, y la Secretaría del Bienestar, con 135 mmdp, 8.3% (10 mmdp) por arriba del programa.

Sin embargo, las Aportaciones a la Seguridad Social, con 638 mmdp, están 3.6% (24 mmdp) por debajo de su calendario. El gasto del ISSSTE, con 248 mmdp, se ubica 8.1% (21 mmdp) retrasado, y las Aportaciones Federales, con sus 503 mmdp, van 2.4 (12 mmdp) por debajo del programa.

En porcentaje también sorprenden sobregastos o subejercicios de algunos ejecutores. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda ha ejercido 20 mmdp, 51% (6.7 mmdp) más de lo que debía, al igual que la Secretaría de Gobernación, que con 4.9 mmdp acumula 58% (1.8 mmdp) en exceso a su programa.

Por el contrario, la Seguridad Pública y Protección Ciudadana ha gastado 24.9 mmdp, un retraso de 32% (12 mmdp); el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con 1.2 mmdp, va 28% (521 mdp) retrasado, y la Fiscalía General de la República ha gastado 7.5 mmdp, un subejercicio de 32% (3.6 mmdp).

Gasto en salud a julio de 2021

Escrito por México Evalúa en septiembre 3, 2021. Publicado en Analisis, Gasto en Salud, Mensuales.

Hasta julio se ejerció 51% del gasto funcional en salud aprobado para todo 2021. El gasto acumulado fue de 344.4 mmdp, monto 3.7% mayor (12.4 mmdp) al observado el año pasado.

Del análisis del gasto pagado de las instituciones de salud con respecto al gasto aprobado en el periodo y también a su variación anual descubrimos lo siguiente:

El gasto de la Secretaría de Salud tuvo una caída de 77.3% con respecto al mismo mes de 2020 y un recorte de 83.6% con respecto al gasto aprobado. El origen de la caída tan fuerte en el gasto se ubicó en los rubros de “otros gastos de operación” y de “subsidios, transferencias y aportaciones”, en los que se observó una caída anual de 88% y 82%, respectivamente. En este último rubro se registran las transferencias del Insabi a las entidades federativas a través del programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, las cuales no se realizaron en julio. Esto no sucedía desde 2012.
El gasto en inversión física continúa estancado. En el periodo fue de 3.8 mmdp, 36% menor al programado hasta julio y con una caída anual de 55%. Con respecto a su meta anual, reportó un avance de apenas 24%.
Desde 2017 no se reportaba un gasto tan bajo en los servicios de salud para la población sin seguridad social. Al mes de julio el Insabi acumula un gasto de 43.8 mmdp, monto que se encuentra 17% por debajo del gasto programado y 21% por debajo del ejercido en 2020.
37.5 mmdp se transfirieron a las entidades federativas a través del programa de Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social, monto 28% menor al transferido el año pasado. En lo que va del año dichas transferencias no se realizaron a los estados en tres meses: enero, mayo y julio. Cuando desagregamos las transferencias a los estados, observamos que en 31 entidades federativas hay una caída anual mayor a 40%. Sólo en la CDMX las transferencias se incrementaron; lo hicieron 26% con respecto al 2020.
El ISSSTE continúa acumulando el mayor recorte en lo que va del año: de 26% (-18.0 mmdp) con respecto al presupuesto aprobado hasta julio. Este mes la Secretaría de Salud también reportó un subejercicio de 14% (11.8 mmdp).

Avances del gasto funcional hasta julio de 2021

En el séptimo mes del año el gasto en salud acumuló 344.4 mmdp; con respecto al gasto ejercido en el mismo periodo de 2020 hay un aumento de 3.7% (12.4 mmdp). Con relación al gasto aprobado para todo el año, se ha ejercido el equivalente al 51% del presupuesto.

En el gasto mes a mes, el gasto en salud de meses anteriores había sido mayor al gasto ejercido en los mismos meses de 2020; sin embargo, en julio desaceleró y se erogó un monto 19% menor al realizado en 2020. El gasto realizado en julio fue de 56.8 mmdp.

Gasto de las principales instituciones del sector salud hasta julio de 2021

A falta de información oportuna por institución del gasto funcional en salud, en esta sección le damos seguimiento al gasto realizado por las principales instituciones de salud, sin incluir el pago de pensiones y jubilaciones en el caso del IMSS y el ISSSTE.

En conjunto, las instituciones reportaron un avance de 51% con respecto al presupuesto anual aprobado. Por institución, el IMSS y el FASSA reportaron un mayor avance con relación a sus metas anuales: 55%. Debido a los continuos recortes observados en el gasto, el ISSSTE ha gastado el equivalente a 46% del presupuesto anual. Entretanto, la Secretaría de Salud reportó un avance del 50%.

La Secretaría de Salud, las transferencias a estados a través del FASSA, el gasto del IMSS y el ISSSTE acumularon hasta julio 373.1 mmdp. Este gasto fue muy similar al aprobado y exhibió un ligero sobregasto de 1.2% (4.6 mmdp); también fue 3.7% mayor (12.4 mmdp) al que se observó en el mismo periodo de 2020.

Sólo el FASSA y el IMSS gastaron más de lo calendarizado: 10% (16.8 mmdp) y 41% (17.6 mmdp) respectivamente. En contraste, el ISSSTE continúa acumulando el mayor recorte en lo que va del año: 26% (-18.0 mmdp) con respecto al presupuesto aprobado hasta julio. Este mes la Secretaría de Salud también reportó un subejercicio de 14% (11.8 mmdp).

Al comparar el gasto de las instituciones con el que realizaron el año pasado, observamos que sólo el IMSS reportó un incremento anual: 17.1% (27.8 mmdp). En contraste, el gasto del ISSSTE y la Secretaría de Salud son los que presentan mayores caídas anuales: 9.5% (-5.4 mmdp) y 8.3% (-6.4 mmdp), respectivamente. Las transferencias a los estados a través del FASSA tuvieron una reducción anual de 1.1% (-0.7 mmdp).

Clasificación económica del gasto en salud por institución

Aunque el gasto total de las instituciones de salud aumentó anualmente 3.7%, este incremento no se reflejó en todos los componentes de la clasificación económica. Los incrementos del gasto sucedieron en dos rubros: en servicios personales (5%) y en otros gastos de operación (11%). Los demás conceptos acumulan caídas anuales importantes, como es el caso de la inversión física (-55%) y el concepto de ayudas y otros gastos (-112)%.

Entre enero y julio, el 89% del gasto de la Secretaría de Salud se ejerció a través de “Subsidios, transferencias y aportaciones”, pero en lo que va del año acumulan una caída anual de 7% y con respecto al presupuesto programado el recorte también es de la misma magnitud: 7%. Esta Secretaría destinó el 6% del gasto al pago de nómina, rubro que acumuló una caída anual de 7%. En inversión física se destinó sólo 4% del presupuesto y tuvo una reducción anual de 6%. A pesar de que el 1% restante se ejerció en ayudas y otros gastos, este concepto tuvo un recorte anual de 67%.

De acuerdo con el avance del gasto, hasta julio el IMSS ejerció 69% de su presupuesto en el pago de nómina. Los 130.8 mmdp destinados a este rubro tuvieron un incremento anual de 7%. En otros gastos de operación, el instituto destinó 35% de su presupuesto y reportó un incremento anual de 43%. Sólo 0.5% del presupuesto del IMSS se ejerció en inversión física, la cual tuvo una caída anual de 75%.

Por su parte, el ISSSTE ejerció 25.7 mmdp en el pago de nómina, 50% de su presupuesto. Este año, el pago de nómina se redujo -0.3% anual. En otros gastos de operación el instituto ejerció 18.2 mmdp, equivale a 36% de su presupuesto. El gasto en operación tuvo una caída anual de 37% y la inversión física se desplomó en 87%.

El FASSA a detalle

Hasta julio se transfirieron 60.5 mmdp a las entidades federativas a través del FASSA, lo que equivale a 55% del presupuesto aprobado en el año. Este monto es 1.0% menor al transferido el año pasado y 2% por arriba del monto calendarizado en el PEF 2021.

A nivel nacional, el gasto per cápita del FASSA asciende a 476.3 pesos. El análisis por estado revela que Colima (1,161.1 pesos), Campeche (1,046.5) y Zacatecas (882.1) son los estados que más recursos reciben por habitante y en el otro extremo se encuentran Guanajuato (332.7 pesos), Nuevo León (308.1) y CDMX (302.8).

Con respecto al año pasado, el gasto per cápita fue mayor en 15 estados. El mayor incremento se observó en Sonora (5.3%), Nayarit (5.0%) y Campeche (4.0%). El resto de los estados tuvieron caídas en los recursos recibidos por habitante, y en los siguientes éstas fueron mayores a 5%: Jalisco (-5.8%), Yucatán (-6.0 %), Quintana Roo (-6.6%), Aguascalientes (-9.3%), Nuevo Léon (-9.9%) y Querétaro (-14.7%).

Gasto de las instituciones de salud en julio

En julio, el gasto aprobado para el IMSS, el ISSSTE, el FASSA y la Secretaría de Salud fue de 76.5 mmdp, de los cuales se ejercieron 59.2 mmdp. Es decir, hubo un recorte de 22.7% (13.9 mmdp) en el gasto. Este monto no dista mucho de los niveles de gasto observados en los últimos años, a pesar de que en 2017 y 2020 el gasto ejercido sobrepasó los 70 mmdp en el mes.

De todas las instituciones de salud, este mes sólo el gasto del IMSS y del FASSA fue similar o incluso mayor al observado en el periodo de 2007 a 2021. Por su parte, la Secretaría de Salud tuvo su peor nivel desde 2007. Y el gasto ejercicio por el ISSSTE fue mucho menor al observado en los últimos cinco años.

El gasto de la Secretaría de Salud tuvo una caída de 77.3% con respecto al mismo mes de 2020 y un recorte de 83.6% con respecto al gasto aprobado, subejercicio similar en porcentaje al que se observó en el mes de enero. El origen del desplome en el gasto se identificó en los rubros de “otros gastos de operación” y de “subsidios, transferencias y aportaciones”, en los que se observó una caída anual de 88% y 82%, respectivamente. En este último rubro se registran las transferencias del Insabi a las entidades federativas a través del programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral. En julio no se realizaron transferencias a través de este programa, lo cual no sucedía desde 2012.

El gasto del ISSSTE fue de 6.5 mmdp y tuvo una caída anual de 23%: desde 2015 no se observaba una caída anual de esta magnitud. Además, es el segundo mes consecutivo en el cual exhibe un recorte mayor al 10%; este mes el subejercicio reportado fue de 25.4%.

EI IMSS ejerció 40.1 mmdp, monto 29% mayor que el observado el año pasado y 16.3% mayor que los recursos previstos en el calendario. Con respecto al FASSA, las transferencias a los estados fueron de 8.4 mmdp en el mes: se encontraron en línea con lo aprobado y fueron 1% mayores que las realizadas el año pasado.

Inversión acumulada entre enero y julio

La inversión física ejercida en el periodo fue de 3.8 mmdp, 36% menor a la programada hasta julio y con una caída anual de 55%. Con respecto a su meta anual, reportó un avance de 24%.

Este año, el gasto de la Secretaría de Salud apuntala la inversión física. Hasta julio, ejerció 48% del presupuesto aprobado en el año y reportó un sobregasto de 60%, al ejercer 2.6 mmdp en lugar de los 1.6 mmdp aprobados. A pesar de este sobregasto la inversión física fue 6% menor que la ejercida en 2020.

El IMSS y el ISSSTE acumularon rezagos en el gasto en este rubro. El IMSS tuvo un avance de 11% con respecto a su meta anual. En el periodo ha gastado sólo 0.9 mmdp de los 3.25 mmdp aprobados, acumulando un recorte de 71% y una caída anual similar en magnitud, de 76%. Por su parte, el ISSSTE ha ejercido sólo 14% del presupuesto anual; esto equivale a 0.3 mmdp. La inversión física de este instituto se encuentra 74% por debajo el gasto programado en el periodo y es 87% menor a la observada en el 2020.

Ante estos recortes tan dramáticos, no sorprende que el 55% de la inversión física realizada en el periodo sea de la Secretaría de Salud, 34% del IMSS y 11% del ISSSTE.

Inversión física en julio

En el mes de julio se tenía previsto un gasto en inversión física de 2.3 mdp. De éstos se ejercieron 0.79 mdp, 65% menos gasto que el programado en el mes. El presupuesto original considera recursos para el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud gastó 50% menos de lo aprobado, el IMSS 82% y el ISSSTE 44%.

A pesar de estos recortes en la inversión física del mes de julio, el gasto del mes no dista mucho de la tendencia histórica. Más bien, en este mes el gasto previsto sobrepasaba el gasto observado en los últimos años.

Insabi

Al mes de julio el Insabi acumula un gasto de 43.8 mmdp, monto que se encuentra 17% por debajo del gasto programado y 21% por debajo del ejercido en 2020. Cabe mencionar que desde 2017 no se reportaba un gasto tan bajo en los servicios de salud para la población sin seguridad social.

Los rubros de subsidios, transferencias y aportaciones y ayudas y otros gastos representan 91% del presupuesto de este instituto. El primer rubro exhibió un recorte de 45% con respecto al presupuesto aprobado en el periodo. En contraste, el monto destinado al segundo rubro tuvo un sobregasto de 441%.

De los 43.8 mmdp gastados por esta Secretaría, 37.5 mmdp se transfirieron a las entidades federativas a través del programa de Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social, monto 28% menor al transferido el año pasado. Además, en lo que va del año dichas transferencias no se realizaron a los estados en tres meses: enero, mayo y julio. Cuando desagregamos las transferencias a los estados, observamos que en 31 entidades federativas hay una caída anual mayor a 40%. Sólo en CDMX las transferencias se incrementaron 26% con respecto a 2020.

Sablazo al gasto, luego de elecciones: julio 2021

Escrito por México Evalúa en septiembre 2, 2021. Publicado en Analisis, Finanzas Públicas, Mensuales.

El Gobierno frenó el ritmo de gasto al iniciar el segundo semestre del presente año, justo después de las elecciones. El gasto programable del Sector Público cayó 11% durante el mes de julio. Una de las entidades más afectadas fue la Secretaría de Salud, encargada de atender a las personas más vulnerables del país. Con la evidencia disponible, todo indica que los programas o proyectos prioritarios para el presidente no sufrieron. La cuestión es que antes y después que nada el presupuesto debe responder al cumplimiento de los derechos de los ciudadanos; la salud es un derecho humano.

Revisa aquí todas las gráficas de indicadores

En los primeros seis meses del año el gasto programable acumuló un crecimiento de 7.7% frente al mismo periodo de 2020, pero el Gobierno activó el freno mano en julio, por lo que el crecimiento acumulado se redujo: quedó en 4.6%.

El sector donde se concentró el recorte de gasto en julio fue en las secretarías del Gobierno Federal, donde la ejecución de recursos se desplomó en 43.5% frente julio del año pasado, a 82 mil millones de pesos (63 mil 232 millones menos), con lo que retrocedió a niveles de 2005. Hasta el mes de junio el gasto programable de las de las secretarías federales acumuló un crecimiento de 14.5% frente al mismo periodo de 2020. Con la caída de julio de este año, el crecimiento acumulado cayó a 3.5%.

Por el tamaño del monto de afectación, las secretarías más afectadas fueron: Bienestar, Salud y Educación. Sin embargo, la Secretaría de Salud es la que va más rezagada en su presupuesto acumulado de enero a julio. Sufrió un recorte de 77.3% en julio, al gastar 4.06 mil millones de pesos (13 mil 807 millones de pesos menos que en julio de 2020), su peor nivel desde 2007 para este mes. Además, se quedó corto frente al calendario en 83.6%.

Con el recorte en julio, la Secretaría del Bienestar ‘equilibró’ sus cuentas y se colocó en un subejercicio acumulado de 0.6% frente al calendario al séptimo mes. Hay que recordar que al mes de junio iba adelantada en 26% o 24 mil millones frente a su programa. En el caso de Educación, aún va 1.1% por arriba de lo programado en su gasto a julio, debido a que acumulaba un sobrejercicio al primer semestre de 2.4%.

Ahora, todo indica que los programas prioritarios del Gobierno no fueron castigados. Aunque en los informes mensuales de las finanzas públicas no se publica información desagregada a nivel programa, el gasto de las secretarías a cargo de programas o proyectos emblemáticos no se vio afectado. El gasto para la Secretaría de Energía, desde donde se destinan recursos para la refinería de Dos Bocas o se hacen transferencias a Pemex, creció en 2,148% a 7.9 mil millones de pesos o 4,620% más al programado para ese mes. Esto es casi el doble que los 4.6 mil millones gastados en la Secretaría de Salud en julio.

Por su parte, la Secretaría de Turismo, de donde se financia el Tren Maya, aumentó su gasto en julio 13 veces más que en 2020 y quedó por encima de lo presupuestado en 113%. Otras dependencias también sufrieron grandes recortes en su gasto del mes de julio: Economía en 91.7%; Desarrollo Agrario Territorial y Urbano en 68%, y Comunicaciones y Transportes en 27.8%.

Con estos movimientos, el gasto total del Sector Público en julio se contrajo en 9% frente al mismo mes de 2020, al acumular 496 mil millones de pesos, un retraso de 11% respecto del calendario.

Aun así, el gasto total acumulado alcanzó un monto de 3.6 billones de pesos en los primeros siete meses del año (enero-julio). Creció 2.1% frente al mismo periodo de 2020, dado el gasto acelerado en los primeros meses del año. No obstante, registró un déficit de 1.1% respecto a lo programado, el cual comenzó en enero de este año con retraso de 19%, que a la fecha no se ha podido recuperar completamente.

El gasto va rezagado, y si continúa la tendencia observada en el mes de julio hacia el cierre del año, y los ‘perdedores’ siguen siendo los mismos (Secretaría de Salud, Educación Pública y Bienestar, entre ellos), se alcanza a ver un fin de año con focos críticos.

Números de Erario: gasto en salud en el segundo trimestre de 2021

Escrito por México Evalúa en agosto 20, 2021. Publicado en Analisis, Gasto en Salud, Trimestrales.

En el primer semestre del año se ejercieron 287.6 mil millones de pesos (mmdp) en salud, un monto que representa el 43% del gasto aprobado en el año, y que es 10.1% mayor (26.4 mmdp) que el ejercido en el mismo periodo del año previo. Y aunque observamos un subejercicio de 0.9% –el equivalente a 2.7 mmdp– para el periodo completo, el gasto mes a mes fue mayor que el observado de enero a junio de 2020 y 2019.

Si nos enfocamos en el gasto por institución, descubrimos que cuatro de ellas reportaron incrementos con relación al mismo periodo de 2020: el IMSS (25.5% por arriba), la Secretaría de Marina (14.1%), la Secretaría de Salud (11.4%) y Sedena (6.3%). Y como hemos reportado en entregas previas, el gasto del ISSSTE continúa acumulando una caída anual y un recorte considerable: de 33.6% y 51.8%, respectivamente.

Del ejercicio del gasto en lo que va del año, nos llama la atención lo siguiente:

Varios programas de la Secretaría de Salud que en el primer trimestre tuvieron recortes de gran magnitud, este trimestre reportaron los mayores incrementos anuales. Son programas de prevención, y que atienden enfermedades específicas: Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ETS (82% por arriba), Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes (84%) y el Programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva (52%).
El gasto en inversión física en salud acumuló 3.2 mmdp, representó apenas el 1% del gasto total en el sector y tuvo una caída anual de 51% (-3.3 mmdp). Este gasto marca un mínimo histórico en inversión física en salud, no observado desde el segundo trimestre de 2016.
Sin embargo, la Secretaría de Salud, específicamente, acumula 2.1 mmdp en inversión física, el cual es 208% mayor que el observado el año pasado, cuando la pandemia por covid-19 apenas empezaba en el país. El 64% (1.3 mmdp) de la inversión se destinó a Aportaciones a Fideicomisos públicos. Que se destine gran parte de los recursos a esta partida hace evidente la necesidad de implementar medidas adicionales de transparencia y rendición de cuentas, ya que ante la falta de reportes trimestrales con información desagregada es difícil saber en qué y dónde se invierten los recursos públicos en un rubro esencial como la salud. Cabe destacar que, si se descuentan las Aportaciones a Fideicomisos públicos, el gasto en inversión física de esta institución sería de 756.8 mdp, y tendría una caída anual de 63%.
El gasto en medicamentos acumuló 38.0 mmdp en el primer semestre del año, y tuvo un incremento anual de 33% (9.5 mmdp). Sin embargo, no todas las instituciones gastaron con el mismo ritmo, ya que la Secretaría de Salud y el ISSSTE registraron caídas anuales de 11% y 77%, respectivamente.
A pesar de que el gasto del Insabi fue de 41.9 mmdp, 8% mayor (3.1 mmdp) que el del año pasado, el gasto destinado a la atención a la salud para la población sin seguridad social se encuentra en un mínimo histórico, para el periodo que abarca el 2016 – 2021.

Gasto funcional en salud

Hasta junio el gasto funcional en salud acumuló 287.6 mmdp. Con respecto al gasto ejercido en el mismo periodo de 2020, hay un aumento de 10.1% (26.4 mmdp). Sin embargo, al comparar el gasto con el presupuesto aprobado en el periodo, observamos un subejercicio de 0.9%, el equivalente a 2.7 mmdp. Se ha gastado el 43% de lo aprobado para todo el año.

En el gasto mes a mes, en junio el gasto fue de 46.8 mmdp, y aumentó 16% (6.6 mmdp) anual. El gasto en ese mes fue mayor al observado en el mismo mes de 2020, y muy similar al erogado en 2019.

Presupuesto por institución

Cuatro instituciones de salud reportaron al primer semestre de 2021 incrementos en el gasto con relación al presupuesto aprobado y al mismo periodo de 2020:

El IMSS gastó 143.6 mmdp, monto 25.5% mayor (29.2 mmdp) que el ejercido el año pasado en el mismo periodo. Con respecto al presupuesto aprobado, se observó un sobregasto de 9.9% (12.9 mmdp).
Le siguió la Secretaría de Marina, con un gasto de 1.6 mmdp, 14.1% por arriba (0.2 mmdp) del ejercido el año pasado y 32% mayor (0.4 mmdp) que el gasto presupuestado al semestre.
Con un gasto de 64.3 mmdp, la Secretaría de Salud también reportó un incremento anual y un sobregasto, de 11.4% (6.6 mmdp) y 14.3% (8.1 mmdp), respectivamente.
Por último, la Secretaría de Defensa ejerció 3.4 mmdp, 6.3% por arriba (0.2 mmdp) de lo observado el año pasado y 5.7% más (0.2 mmdp) que el gasto aprobado en lo que va del año.

En contraste, se observaron reducciones en el gasto con respecto al presupuesto ejercido el año pasado y al aprobado en las siguientes instituciones:

Las Aportaciones a la Seguridad Social fueron de 10.1 mmdp en el primer semestre; a pesar de que se incrementaron 0.4% con respecto al año pasado, se quedaron cortas en 0.8% (-0.1 mmdp) con relación al presupuesto aprobado.
Las transferencias a través del FASSA a entidades y municipios acumularon 52.1 mmdp. Con respecto al mismo periodo del año previo mostraron una reducción anual de 1.3% (-0.7 mmdp); no obstante, estuvieron 2.2% por arriba (1.1 mmdp) de lo calendarizado.
Como hemos reportado en entregas previas, el gasto del ISSSTE continúa acumulando un subejercicio considerable. Al semestre sumó un gasto de 18.2 mmdp, el cual es 33.6% menor (-9.2 mmdp) al que se erogó el año pasado, y con relación al gasto que se tenía previsto ejercer se quedó corto en 51.8% (-19.7 mmdp). Es decir, ha ejercido la mitad de lo que se tenía previsto a junio.

El análisis del gasto por programa presupuesto e institución nos dice lo siguiente:

Varios programas de la Secretaría de Salud que en el primer trimestre tuvieron recortes de gran magnitud este trimestre reportaron los mayores sobrejercicios e incrementos anuales:
- Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ETS gastó 118.1% más de lo aprobado, e incrementó su gasto con respecto al año pasado en 82.1%.
- Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes ejerció 75.5% más recursos de los previsto, y con respecto al año pasado tuvo un incremento de 84.6%.
- Salud Materna, Sexual y Reproductiva gastó 51.5% más de lo presupuestado, y 52.2% por arriba del mismo periodo del año pasado.
El programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que opera el Insabi, ejerció 37.5 mmdp, 29.3% más que el gasto aprobado, pero 3.2% menos que el gasto del año pasado.
Entre los programas que exhibieron recortes se encuentra el programa de Vacunación de la SSA (-87.4%), el programa de Adquisiciones del IMSS (-75.7%) y el de Suministro de Claves de Medicamentos, de la misma institución (-89.7%).
Del ISSSTE todos los programas, excepto el de Mantenimiento de Infraestructura, exhibieron recortes y reducciones anuales.

Presupuesto en medicamentos

El gasto en medicamentos acumuló 38.0 mmdp en el primer semestre del año, y representó 13% del gasto funcional en salud. En el primer trimestre reportamos que este gasto tuvo un recorte de 44%, y que fue 20% menor que el del año pasado; sin embargo, en el segundo trimestre del año el gasto de este rubro creció, y se tiene acumulado un sobregasto de 4% (1.4 mmdp) en el primer semestre, y un incremento anual de 33% (9.5 mmdp).

A pesar de que el monto total del gasto en medicamentos sugiere un mayor gasto en este rubro, no todas las instituciones han gastado al mismo ritmo: dos de ellas exhiben recortes considerables: la Secretaría de Salud y, de nuevo, el ISSSTE.

En el primer semestre la Secretaría de Salud ejerció 1.8 mmdp en medicamentos, monto que fue 21% menor al aprobado y 11% menor que el del año pasado. El 91% de este gasto se realizó a través de dos programas: el programa de Atención a la Salud (65%) y el programa de Producción de Reactivos, Vacunas y Otros Dispositivos Médicos Estratégicos –operado por Birmex, empresa del Estado– (26%). A pesar de que el primero acapara la mayor parte del gasto, exhibió un recorte de 36% y una caída anual de 13%, mientras que el segundo no figuraba en el presupuesto aprobado. Vale la pena mencionar que de los 10 programas presupuestarios que sí tenían presupuesto asignado para medicinas en el trimestre, siete de ellos exhibieron recortes o no lo ejercieron: Programa de Vacunación (-100%), Asistencia Social y Protección del Paciente (-99.2%) y Salud Materna, Sexual y Reproductiva (-66.2%), por mencionar algunos.

Por su parte, el ISSSTE ejerció 1.3 mmdp de los 12.1 mmdp aprobados. Es decir, en el gasto en medicamentos reportó un subejercicio de 89% (-10.7 mmdp), acumulando una caída anual de 77% (-4.6 mmdp).

En contraste, con un gasto acumulado de 34.2 mmdp, el IMSS exhibió un sobregasto de 58% (12.5 mmdp) y un incremento anual de 73% (14.4 mmdp) en este rubro. La Secretaría de Defensa Nacional, con un gasto de 363.2 mdp, acumuló un sobreejercicio de 23% (68.8 mdp), y con respecto al año pasado su gasto se incrementó 28% (79.8 mdp). Entretanto, la Secretaría de Marina, con un gasto acumulado de 173 mdp, erogó 180% más de lo previsto.

Inversión física en salud

El gasto en inversión física en salud acumuló 3.2 mmdp, y representó el 1% del gasto total en salud. En el semestre este rubro se quedó 16% corto (608.2 mdp) con respecto a su meta y tuvo una caída anual de 51% (-3.3 mmdp). Del gasto en inversión ejercido en lo que va del año, resalta lo siguiente: 1) el gasto aprobado para el periodo es considerablemente menor al que se observó en trimestres de otros años, y 2) el gasto ejercido, además de ser menor que el aprobado, marca un mínimo histórico en inversión física en salud, no observado desde el segundo trimestre de 2016.

La reducción en el gasto en inversión física no se aprecia en todas las instituciones, ya que la Secretaría de Salud y el FASSA reportaron aumentos anuales y con respecto al presupuesto aprobado. Sin embargo, el incremento de este gasto debe de tomarse con cautela, en el caso de la Secretaría de Salud.

La Secretaría de Salud reportó un gasto acumulado de 2.1 mmdp, 208% mayor que el observado el año pasado, cuando la pandemia por covid-19 apenas empezaba en el país, y 5% mayor que el gasto presupuestado. Del gasto erogado en el trimestre, llama la atención que el 64% (1.3 mmdp) se destinara a Aportaciones a Fideicomisos Públicos –principalmente a través del Insabi–, y que el monto de este rubro tuviera un incremento anual de 2.9% (39 mdp). En menor medida, 29% del gasto en inversión física de la institución se destino a la partida de Proyectos para la Prestación de Servicios, el cual es 9% menor al gasto destinado el año pasado. La inversión física en Equipo Médico y de Laboratorio, a pesar de que tuvo un incremento anual de 179.5%, representó sólo 2% del gasto total.

Si se descuentan las Aportaciones a Fideicomisos Públicos del gasto de inversión de la Secretaría de Salud, dicho gasto sería de 756.8 mdp, y habría exhibido un sobregasto de 10%, pero tendría una caída anual de 63%.

Por su parte, el gasto en inversión física del IMSS acumuló 739 mdp, y exhibió un subejercicio de 64% y una caída anual de 75%. El 38% de la inversión física se realizó en equipo médico y de laboratorio; el gasto de este rubro tuvo un recorte de 60.8% y una reducción anual de 87.8%. En Obras de Construcción para Edificios No Habitacionales se ejerció 36% de la inversión física, 14% en Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones No Habitacionales y 11% en Mobiliario.

La inversión física del ISSSTE fue de 63 mdp, y acumuló un recorte de 92% y una caída anual de 95%. El 68% de la inversión física se realizó en Mantenimiento y Rehabilitación de Edificios, 34% en Servicios de Supervisión de Obras y 35% en Obras de Construcción para Edificios No Habitacionales.

Insabi

Al mes de junio el Insabi acumuló un gasto de 41.9 mmdp, el cual fue 8% superior (3.1 mmdp) al del año pasado y 26% mayor (8.7 mmdp) que el gasto aprobado en el trimestre. A pesar de estos incrementos y de la ligera recuperación que tuvo el gasto de este instituto, el gasto destinado a la atención a la salud para la población sin seguridad social se encuentra en un mínimo histórico, en el periodo que abarca el 2016-2021.

Las partidas específicas de Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos y de Aportaciones a Fideicomisos Públicos acumulan el 94% del gasto de este instituto. Llama la atención el incremento en la participación del gasto de la segunda partida, la cual pasó de representar 17% en el segundo trimestre de 2020 a 37% en este año, el equivalente a 15.3 mmdp.

Al segundo trimestre de 2021, el 89% del presupuesto de esta institución lo aporta el programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social (37.5 mmdp); el resto del presupuesto se nutre de recursos de los programas de Atención a la Salud (3.7 mmdp) y Fortalecimiento a la Atención Médica (572 mdp).

Fideicomisos públicos y la huella del daño: junio 2021

Escrito por México Evalúa en agosto 10, 2021. Publicado en Analisis, Finanzas Públicas, Mensuales.

Revisa aquí todas las gráficas de indicadores

El Gobierno federal, integrado por la administración de López Obrador y un Congreso dominado por Morena, pusieron en marcha una política fiscal durante los primeros dos años y medio de sexenio que ha debilitado a varias políticas públicas indispensables para el desarrollo de México, entre ellas a las propias finanzas públicas, lo que aumenta el riesgo de inestabilidad macroeconómica en el país. El riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes Global (EMBIG) de J.P. Morgan^{^[1]}, se ubicó el 2 de julio de 2021 en 347 puntos base (pb), equivalente a 3.47 puntos porcentuales; en términos acumulados, ha disminuido 14 pb en lo que va de 2021. Al cierre de 2018, el EMBIG para México fue de 241 pb. Es decir, en la presente administración el riesgo país se ha incrementado 44% (106 pb).

A mitad de este preocupante panorama se verifica un fenómeno que es al mismo tiempo síntoma y causa, y que no se trata en la conversación pública con el cuidado y la precisión que debería. Y es que en lo que va de la presente administración, ya se utilizó prácticamente la mitad (48%) del patrimonio del Gobierno federal que se encontraba administrado en diversos fideicomisos. Debió perseguir una reforma fiscal que buscará aumentar la rentabilidad económica y social del gasto público y fortalecer los ingresos recurrentes que permiten financiarlo de manera sostenible; en su lugar, el Gobierno ha estado liquidando patrimonio (activos) para compensar la debilidad de los ingresos federales ante los aumentos en el gasto de programas sociales, transferencias a Pemex y proyectos de infraestructura que exceden su presupuesto (y que además son cuestionables por su falta de rentabilidad).

En el camino quedaron sin certeza de financiamiento varios fideicomisos y, con ellos, numerosos proyectos, programas públicos y objetivos de política pública, como la inversión en ciencia e innovación a través del Conacyt, la reparación del daño ocasionado a víctimas del Estado y la estabilización presupuestaria que se opera y financia a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) desde el principio del milenio. Ésta tiene como objetivo suavizar los recortes en el gasto durante un año fiscal, cuando los ingresos programados son menores a los observados. Pero veamos cómo luce esto en números, comenzando con el FEIP.

‘Consumo’ a conciencia del patrimonio

Al inicio del presente sexenio el FEIP contaba con casi 300 mil millones de pesos (mmdp), pero al 30 de junio de 2021 sólo tiene 15.5 mmdp. Claramente esta administración hizo un uso exhaustivo del FEIP, pues lo usó de manera intensiva durante más de un año fiscal. Ahora está prácticamente extinto, por lo que hoy la estabilización presupuestaria es una política pública en agonía. El Gobierno federal ya no cuenta con los recursos de este fondo para atender la persistente debilidad de los ingresos, y cada vez quedan menos recursos “que se puedan utilizar” de los fideicomisos para financiar el presupuesto. El país está más expuesto que antes a una crisis de las finanzas federales que pueda afectar el equilibrio macroeconómico.

Al 30 de junio de 2021, SHCP reportó que cuenta con 301 fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos sin estructura orgánica, los cuales suman un saldo de 508.4 mmdp. Esto significa que se han consumido 471.1 mmdp del patrimonio de fideicomisos desde inicio de la administración (2.5 años): 183.0 mmdp durante 2019, 176.0 mmdp durante 2020 y 112.2 mmdp durante el primer semestre de 2021.

De los 301 actos jurídicos –279 fideicomisos, 17 mandatos y cinco análogos–, registrados al segundo trimestre de 2021, 159 son federales y no están sujetos al decreto de extinción, mientras que 106 sí lo están –70 federales sujetos y 36 fondos mixtos Conacyt para estados–. También hay 36 estatales y privados, no sujetos al mencionado decreto.

Por otra parte, al analizar su tenencia por ramo administrativo, se aprecia que la SHCP, la Sedena y la Secretaría de Salud concentraron los fideicomisos que disponían del 90.5% del saldo total que aún quedaba en estas figuras al cierre de junio pasado. Tan sólo 10 fideicomisos concentraban el 75% de la disponibilidad total a esa fecha.

Visto por número de fideicomisos en operación, la mayor concentración estaba todavía en Conacyt (97 en total), a pesar de que varios fueron incluidos en el decreto de extinción. Le siguen la SHCP (74) y la SEP (19), que en conjunto concentraron el 63% del número total.

¿Qué ha sucedido con la extinción de fideicomisos públicos?

El decreto de extinción impactó con fuerza en la opinión pública, sobre todo porque con esta iniciativa se retiró el financiamiento a ciertas causas urgentes o en beneficio directo de la sociedad, sin certeza de cuándo se restablecería o de si lo haría algún día. Destaca la cobertura de siniestros naturales, entre otros ya mencionados.

El 8 de octubre de 2020, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen para la extinción de 109 fideicomisos, con un saldo equivalente a 68.5 mmdp, aprobado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado el 19 de octubre de 2020.

Al momento del decreto de extinción, el saldo de los 109 fideicomisos era de 68.5 mmdp. Al 30 de junio de 2021, el saldo se redujo a 0.9 mmdp; es decir, a la fecha ya se transfirió a la Tesorería de la Federación casi la totalidad (67.6 mmdp) de los recursos autorizados en el Decreto^[2]. Al 31 de diciembre de 2020 se registró una disponibilidad de 65.8 mmdp, lo que significa que en 2021 se han extinguido 64.9 mmdp, la mayor parte del total. Tomaremos este último dato para hacer el análisis, ya que no hay información sobre las extinciones que sucedieron en noviembre y diciembre de 2020. Es importante aclarar que aún hay un pequeño remanente pendiente por transferir de los recursos de los fideicomisos de Conacyt, SHCP, Cultura y Gobernación.

El proceso^[3], en todo caso, ha sido más complejo que lo descrito por las autoridades, y posiblemente no libre de irregularidades. Aquí te explicamos las razones…

Primero, la mayor parte de los recursos (471.1 mmdp) que el Gobierno ha obtenido de esta ‘fuente’ provinieron de fideicomisos que no están extintos. De hecho, la mayor salida de recursos se observó en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios FEIP, que no está incluido en el decreto de extinción: representó el 63% (296.3 mmdp) del monto consumido. Éste nos parece excesivo, pues de acuerdo con las reglas del fondo y los parámetros establecidos en la Ley de Responsabilidad Hacendaria, se debieron extraer menos recursos y dejar una mayor reserva^[4].

A través del decreto de extinción se obtuvo tan sólo 14% (64.9 mmdp); del Fondo de Salud para el Bienestar, 7% (33.0 mmdp); del Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 5% (21.6 mmdp); del Fonden 5% (25.4 mmdp), de los fondos Conacyt 3% (15.9 mmdp), y de otros fideicomisos cuyos recursos se traspasaron a otros programas o secretarías, 3% (14.0 mmdp). En ese último rubro se incluyó, por ejemplo, al Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, que asumió la Secretaría de Gobernación; al Fondo Metropolitano y Fondo Regional, que pasó al Programa de Mejoramiento Urbano a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial, y al Fondo de Financiera Rural, que ahora forma parte del patrimonio de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

Segundo, el Gobierno obtuvo los recursos del decreto de extinción antes de concretar el proceso. De los 109 fideicomisos del decreto sólo se habían extinguido completamente tres, al 30 de junio de 2021. Pero ya se habían obtenido 67 mmdp de ellos. De los 106 actos jurídicos sujetos a la extinción derivada del decreto, se reporta una disponibilidad (remanente) de 905.6 millones de pesos. La extinción de los actos antes mencionados deberá concluir durante del ejercicio fiscal 2021, pero de los 301 actos jurídicos registrados al segundo trimestre de 2021, 233 se encuentran en operación y sólo 68 están en proceso de extinción o terminación. De éstos últimos, 30 están en la lista del decreto de extinción: uno corresponde a Comunicaciones y Transportes y 29 a Conacyt. Sin duda, deben acelerar el paso para cumplir con los términos del decreto de extinción.

Tercero, el Gobierno extinguió (dio de baja) otros fideicomisos que no estaban en el decreto de extinción. Al cuarto trimestre de 2020 se tenían 329 actos jurídicos registrados, y a junio de 2021 se reportan 301 actos jurídicos, lo que significa que de enero a junio de 2021 se dieron de baja 28 actos jurídicos, de los cuales sólo tres corresponden al universo de los 109 vinculados al decreto: 1) Mandato para la Administración de los Recursos del Programa de Cooperación Energética para Países de Centroamérica y el Caribe; 2) Fondo Institucional del Conacyt (FOINS), y 3) Fondo de la Financiera Rural. Los 25 restantes se extinguieron pero no estaban en el decreto.

Cuarto, el Gobierno extinguió fideicomisos antes del decreto. A marzo de 2020, los actos de extinción sumaban 30, con un monto de 1.9 mmdp.

Uno de los fideicomisos extinguidos más sensibles es sin duda el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). De acuerdo con los artículos transitorios de la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) del 6 de noviembre, los remanentes de recursos del Fonden se deben concentrar en la Tesorería de la Federación a más tardar el 30 de junio de 2021. Se definió que se seguirían empleando para la atención de desastres naturales, y que serían manejados directamente por la SHCP para tal objetivo, así como para cubrir las obligaciones pendientes y que no se pagarán con cargo al patrimonio del fideicomiso.

El pasado 27 de julio de 2021 la SHCP publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se abroga el diverso por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, publicado el 3 de diciembre de 2010”, con lo que oficializó la desaparición del Fonden. El acuerdo para su extinción estuvo a cargo de la SHCP y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Además, se reformó el artículo 37 de la LFPRH, el cual explica que el presupuesto para desastres naturales quedará bajo la disposición de la SHCP^[5].

Ya quedó prácticamente vacío el Fonden: tenía 55.1 millones de pesos al 30 de junio de 2021, después de que al cierre de 2020 registrara 28.7 mmdp. La Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP será la que emita y modifique las disposiciones que establezcan los mecanismos presupuestarios que permitan ejercer recursos para programas y proyectos que atiendan daños ocasionados por fenómenos naturales. Los convenios suscritos por la SHCP y la SSPC con las entidades federativas en relación con el Fonden continuarán vigentes hasta que se suscriban los instrumentos jurídicos que los sustituyan.

Es lamentable que el uso de los recursos de los fideicomisos se haya consentido sin haber evaluado el impacto que tendría esta extinción en el desarrollo nacional. Queda pendiente calcular el costo de oportunidad de “matar” el financiamiento para ciertas políticas o bien, en el mejor de los casos, de mermar la certeza de estas políticas en torno a su financiamiento.

Se sabe de sobra que la SHCP tiene amplias facultades para reasignar las asignaciones autorizadas por los diputados, las que se establecen cada año en el decreto del PEF. Lo hemos visto en la práctica. ¿La SHCP cuidará el presupuesto asignado a la protección ante desastres naturales o lo reasignará a las prioridades del presidente para complacerlo?

Anexo. Fideicomisos con mayor disponibilidad de recursos

^[1] Es la diferencia (spread o swap) entre la tasa de interés que paga los bonos emitidos por los países emergentes y la de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos que se consideran «libres» de riesgo. Se expresa en puntos base (100 pb=1 punto porcentual). Los bonos más riesgosos pagan un interés más alto, por lo tanto el spread de estos bonos respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos es mayor.

^[2] “Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos” fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de abril de 2020.

^[3] En el artículo Quinto Transitorio del “Decreto de Fideicomisos”^#, publicado el 6 de noviembre de 2020 en el DOF, se estableció la obligación para los ejecutores de gasto, por conducto de sus unidades responsables, de coordinarse con las instituciones fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir 109 actos jurídicos vinculados con las disposiciones que se reformaron o derogaron por virtud de dicho instrumento, con la finalidad de que durante el primer semestre del ejercicio 2021 se suscribieran los convenios de extinción o terminación respectivamente.

^[4] Mariana Campos (2021), “Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (279.7 mmdp)”, Nexos, 1 de julio de 2021, https://www.nexos.com.mx/?p=57798

^[5] Como parte de la reforma del 6 de noviembre de 2020 y la emisión del Decreto para ese fin se establecieron artículos transitorios, primero al vigésimo, en la la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), destacan los siguientes puntos: 1) Las dependencias y entidades, serían las encargadas de coordinar las acciones para concentrar, en la TESOFE la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte de los fideicomisos, mandatos y análogos públicos previstos en las disposiciones que se abrogan, reforman o derogan en el Decreto, 2) que los recursos de Fondos Conacyt se concentran a más tardar el 30 de junio de 2021 en la TESOFE, 3) La Ley General de Cultura Física y Deporte establecerá los criterios y bases para el otorgamiento pensión vitalicia a deportistas olímpicos y paraolímpicos, 4) La Segob asumirá Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, 5) los recursos del Fondo Metropolitano y Fondo Regional pasan al Programa de Mejoramiento Urbano a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial, 6) La extinción total del Fideicomiso para promover el acceso al financiamiento de MIPYMES y Emprendedores, 7) El Fondo de Financiera Rural formará parte de del patrimonio de FIRA..

Números de Erario: gasto en salud a mayo de 2021

Escrito por México Evalúa en julio 15, 2021. Publicado en Analisis, Gasto en Salud, Mensuales.

Resumen

Hasta mayo se ejerció el 36% del gasto funcional en salud aprobado para todo el año. El gasto acumulado fue de 186.2 mmdp, monto 9.1% (20.2 mmdp) mayor al observado en los primeros cinco meses de 2020.

El análisis del gasto observado en las principales instituciones de salud, con respecto a lo que se les aprobó para el periodo, arrojó lo siguiente:

El gasto en la Secretaría de Salud, en el IMSS, el ISSSTE y las transferencias a estados a través del FASSA acumularon hasta abril 262.6 mmdp, un monto que sobrepasó por 0.2% (0.5 mmdp) al aprobado.
Si desagregamos por institución, descubrimos que la Secretaría de Salud, el FASSA y el IMSS gastaron 1% (0.3 mmdp), 3% (1.1 mmdp) y 13% (14.3 mmdp) más de lo aprobado, respectivamente.
Sigue preocupando el gasto del ISSSTE, que acumuló un recorte de 29% (-15.2 mmdp). El rubro más afectado por esta reducción es la inversión física, la cual fue 76% (-0.37 mmdp) menor a la realizada en el mismo periodo de 2020.
El Insabi, el cual forma parte de la Secretaría de Salud, reportó un gasto de 32.7 mmdp, monto 2% (0.6 mmdp) mayor al gasto aprobado. Hasta mayo, el instituto transfirió 28.4 mmdp a las entidades federativas a través del programa de Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social. No conocemos todavía el monto aprobado hasta mayo, pero si los recursos transferidos se comparan con los erogados el año pasado, deducimos que hubo una reducción anual de 18.1% (-6.3 mmdp) y en 31 entidades federativas la caída anual fue mayor a 40%. El número de consultas en unidades de consulta externa y hospitalización del Insabi se redujo en 53%, y la cantidad de egresos lo hizo en 50%. Al comparar con el mismo periodo de años anteriores, observamos una drástica reducción en los servicios médicos ofertados.

Consulta las gráficas con todos los indicadores del gasto en salud

Avances del gasto funcional hasta mayo de 2021

Hasta mayo el gasto funcional^[1] en salud acumuló 241.2 mmdp. Con respecto al gasto ejercido en el mismo periodo de 2020 hay un aumento de 9.1%. Este año se ejercieron 20.2 mmdp más que en el año pasado. Con respecto a lo aprobado para todo el año, se gastó el equivalente a 36%.

En el gasto mes a mes, tan sólo en mayo el gasto aumentó 18% (16 mmdp) anual; el gasto de este mes fue mayor al erogado en los últimos dos años.

Gasto de las principales instituciones del sector salud hasta mayo de 2021

A falta de información oportuna por institución del gasto funcional en salud^[2], en esta sección le damos seguimiento al gasto realizado por las principales instituciones de salud sin incluir el pago de pensiones y jubilaciones (en el caso IMSS y el ISSSTE).

En conjunto, las instituciones reportaron un avance de 37% con respecto al presupuesto anual aprobado. Por institución, el FASSA reportó el mayor avance con relación a sus metas anuales: 40%. Debido a los recortes observados en el gasto, el ISSSTE ha gastado el equivalente a 33% del presupuesto anual. El IMSS y la Secretaría de Salud reportaron un avance de 37% y 38%, respectivamente.

El gasto en conjunto de la Secretaría de Salud, del IMSS y el ISSSTE y las transferencias a estados a través del FASSA acumuló hasta mayo 262.6 mmdp, un monto muy similar al aprobado. De hecho, exhibió un ligero sobregasto de 0.2% (0.5 mmdp). No obstante, fue 10.7% (25.3 mmdp) mayor al que se observó en el mismo periodo de 2020.

Sólo el FASSA y el IMSS acumularon un sobregasto, de 13% (26.3 mmdp) y 3% (1.1 mmdp), respectivamente. En contraste, el ISSSTE acumuló un recorte de 29% (-15.2 mmdp) con respecto al presupuesto aprobado hasta mayo. La Secretaría de Salud también reportó un subejercicio, aunque en menor medida: 1% (0.3 mmdp).

Al comparar el gasto de las instituciones con el que realizaron el año pasado, observamos que es el IMSS es la que reportó el mayor incremento anual: 25.8% (25.3 mmdp). En contraste, el gasto del ISSSTE cayó 4.3% (-1.6 mmdp) con relación al ejercido el año pasado; le siguió el FASSA, con una reducción de 1% (0.4 mmdp). La Secretaría de Salud aumentó su gasto en 2.1% (1.1 mmdp).

Clasificación económica del gasto en salud por institución

Aunque el gasto total de las instituciones de salud aumentó anualmente 10.7%, este incremento no se reflejó en todos los componentes de la clasificación económica. Los incrementos del gasto sucedieron en dos rubros: el gasto en servicios personales (10%) y en otros gastos de operación (14%). Entretanto, los demás conceptos tuvieron caídas anuales importantes, como es el caso de la inversión física (-46%) y el concepto de ayudas y otros gastos (-192)%.

Entre enero y mayo el 89% del gasto de la Secretaría de Salud se ejerció a través de “Subsidios, transferencias y aportaciones”; éstas fueron 3% mayores a las observadas en 2020, y con respecto al presupuesto programado aumentaron 4%. Sólo 5% del gasto de esta secretaría se destinó al pago de nómina, rubro que acumuló una caída anual de 8%. En inversión física se destinó sólo 4% del presupuesto y reportó un aumento anual de 34%. El 1% restante se ejerció en ayudas y otros gastos; este concepto tuvo un aumento anual de 45%.

En relación con el avance del gasto, hasta mayo el IMSS ejerció 70% de su presupuesto en el pago de nómina. Los 89.9 mmdp destinados a este rubro tuvieron un incremento anual de 13%. Para otros gastos de operación el instituto destinó 34% de su presupuesto y reportó un incremento anual de 62%. Sólo 0.4% del presupuesto del IMSS se ejerció en inversión física, la cual tuvo una caída anual de 78%.

Por su parte, el ISSSTE ejerció 18.8 mmdp en el pago de nómina, 51% de su presupuesto. Este año, el pago de nómina fue 1% mayor al observado en 2020 y 4% menor al monto programado en el año. En otros gastos de operación el instituto ejerció 11.2 mmdp, lo que equivale a 30% de su presupuesto. El gasto en operación tuvo una caída anual de 45%, y se quedó corto en 64% con respecto al gasto programado.

El FASSA a detalle

Hasta mayo se transfirieron 44 mmdp a las entidades federativas a través del FASSA, el equivalente a 40% del presupuesto aprobado en el año. Este monto es 1.0% menor al transferido el año pasado, pero se encuentra 3% por arriba del monto calendarizado en el PEF 2021.

El análisis del gasto per cápita revela que Colima (840.4), Campeche (750.1) y Zacatecas (636.9) son los estados que más recursos recibieron por habitante, y en el otro extremo se encuentran Guanajuato (244.7), Nuevo León (232.2) y CDMX (229).

Con respecto al año pasado, el gasto per cápita fue mayor en 14 estados. El mayor incremento se observó en Sonora (6.0%), Nayarit (5.1%) y Baja California (3.9%). El resto de los estados tuvieron caídas en los recursos recibidos por habitante, y en los siguientes éstas fueron mayores a 5%: Yucatán (-5.8%), Michoacán (-5.8%), Q. Roo (-6.1%), Nuevo Léon (-9.2%), Aguascalientes (-11.0%) y Querétaro (-14.8%).

Gasto de las instituciones de salud en mayo

Sólo para mayo, el gasto aprobado en el IMSS, el ISSSTE, el FASSA y la Secretaría de salud fue de 51.6 mmdp. Sin embargo, se ejercieron 65.5 mmdp. Es decir, hubo un excedente de 26.9% (13.9 mmpd) en el gasto.

Efectivamente, en este mes las principales instituciones de salud aceleraron el gasto. El ISSSTE rompió la racha de subejercicios que registraba desde enero, al gastar 44.8% más de lo aprobado. La Secretaría de Salud también tuvo un sobregasto de 38.5% y IMSS ejerció 27.2% más recursos de lo previsto, encadenando dos sobrejercicios consecutivos.

En lo que va del año, este es el primer mes en el que se registra un sobrejercicio importante. Ya que en meses anteriores los subejercicios y sobregastos no distaron mucho del presupuesto original, excepto en enero, cuando hubo un subejercicio de 28.9%.

Por institución, la Secretaría de Salud reportó más variaciones en el gasto con respecto al presupuesto original. Si bien hubo subejercicios en enero (-85.8%) y en abril (-9.9%), éstos no se compararon en magnitud a los sobrejercicios reportados en febrero (89.9%), marzo (262.4%) y mayo (38.5%). El gasto del IMSS también ha sido muy diferente al aprobado; se observaron recortes en febrero y marzo y sobrejercicios mayores a 20% en enero, abril y mayo. La institución que más preocupaba en el avance del gasto mes a mes era el ISSSTE, ya que en los cuatros meses reportó recortes en el gasto que superan el 30%, una tendencia que, como decimos, se rompió en mayo.

Inversión acumulada entre enero y mayo

La inversión física ejercida en el periodo fue de 2.6 mmdp, 16% mayor a la programada hasta mayo, pero con una caída anual de 46%. Con respecto a su meta anual, reportó un avance de 16%.

Este año, el gasto de la Secretaría de Salud apuntala la inversión física. Hasta mayo, ejerció 36% del presupuesto aprobado en el año, y reportó un sobregasto de 233%, al ejercer 1.9 mmdp en lugar de los 0.5 mmdp aprobados. Este sobregasto ocasionó que la inversión fuera 34% mayor a la ejercida en el 2020.

El IMSS y el ISSSTE reportaron rezagos en el gasto en este rubro. El IMSS tuvo un avance de 6.3% con respecto a su meta anual; en el periodo ha gastado sólo 0.5 mmdp de los 1.15 mmdp aprobados, exhibiendo un recorte de 53% y una caída anual aún más dramática, de 86%. Por su parte, el ISSSTE ejerció sólo 6% del presupuesto anual, esto equivale a 0.12 mmdp. La inversión física de este instituto se encuentra 76% por debajo del gasto programado en el periodo, y es 86% menor a la observada en 2020.

Ante estos recortes tan dramáticos, no sorprende que el 74% de la inversión física realizada en el periodo sea de la Secretaría de Salud, 21% del IMSS y 5% del ISSSTE.

Inversión física en mayo

En el mes de mayo se tenía previsto un gasto en inversión física de 0.8 mdp; de éstos se ejercieron 0.35 mdp, 58% menos gasto que el programado en el mes. El presupuesto original considera recursos para el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud gastó 3% más de lo aprobado, el IMSS subejerció 68% y el ISSSTE 64%.

Insabi

Al mes de mayo el Insabi acumula un gasto de 32.7 mmdp, monto que se encuentra 2% arriba del gasto programado. Los rubros de subsidios, transferencias y aportaciones y ayudas y otros gastos representan 89% del presupuesto de este instituto. El primer rubro exhibió un recorte de 50% con respecto al presupuesto aprobado en el periodo. En contraste, el monto destinado al pago de nómina tuvo un sobregasto de 126%.

De los 32.7 mmdp gastados por esta secretaría, 28.4 mmdp se transfirieron a las entidades federativas a través del programa de Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social, monto 18.1% menor al transferido el año pasado. Cuando desagregamos las transferencias a los estados, observamos que en 31 entidades federativas hubo una caída anual mayor a 40%. Sólo en CDMX las transferencias incrementaron 152% con respecto a 2020.

Con respecto a los servicios que presta el Insabi, observamos caídas en el número de consultas y egresos de las unidades de consulta externa y hospitalización. Con respecto al año pasado, las consultas se redujeron en 53%, y los egresos en 50%. Cabe mencionar que la reducción en el número de consultas se observa desde 2019.

^[1] El gasto funcional en salud incluye el presupuesto de las Aportaciones a Seguridad Social, del FASSA, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional, que tiene como objetivo la prestación de servicios de salud, productos, útiles y equipo médico, productos farmacéuticos, aparatos y equipos terapéuticos.

^[2] En los reportes mensuales de la SHCP el gasto funcional en salud no se puede desagregar por ejecutor. Por lo tanto, a partir de esta sección y en adelante se realiza el seguimiento del gasto neto total de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE sin incluir el gasto en pensiones y jubilaciones como un aproximado del gasto funcional en salud. Dentro del gasto analizado en esta sección y en las siguientes, se incluye parte del presupuesto de estas secretarías destinado a funciones de salud, ciencia, tecnología e innovación, coordinación de la política de gobierno y protección social.