Tesofe, Fonsabi y la simulación del gasto en salud: análisis anual 2022

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Anuales, Gasto en Salud.

En 2022, la transición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) al IMSS-Bienestar prometía reactivar el gasto en salud de las personas sin seguridad social. No sólo se fracasó en el intento; también se institucionalizó la simulación del gasto en salud. ¿Cómo es eso? Lo resumiremos de una vez: se han transferido recursos al Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), para luego ‘sacarlos’ y usarlos en fines distintos al de la salud.

En conjunto, el presupuesto del Insabi (sin transferencias a fideicomisos), más los recursos del IMSS-Bienestar, tenían el potencial de consolidar un robusto gasto en salud para las personas sin seguridad social: 109.7 mmdp, mayor a cualquier registro alcanzado en el sexenio pasado. Pero las prioridades fueron otras: contener los precios de los combustibles, apoyar a Pemex o construir el Tren Maya. El resultado es que el gasto conjunto de ambas instituciones de salud fue recortado a sólo 92.3 mmdp, un monto anual inferior a los registrados en el sexenio pasado.

Todo estaba puesto para cumplir con el aumento del gasto en salud. Para 2022 el Insabi contó con un presupuesto (sin contabilizar transferencias a fideicomisos) de 86 mmdp, el más elevado desde 2016. Sin embargo, en pleno proceso de cambio al IMSS-Bienestar, su gasto cerró en tan sólo 72.1 mmdp, 16% (13.9 mmdp) por debajo de la meta, y se quedó por debajo de cualquier año del sexenio pasado.

El problema se profundizó porque el IMSS-Bienestar no respaldó la caída del Insabi. Y eso que tenía la posibilidad de hacerlo: su presupuesto para 2022 fue de 23.7 mmdp, 71% (9.8 mmdp) más que en el promedio del sexenio pasado. Pero la oportunidad no se aprovechó del todo, pues su gasto al cierre de 2022 fue de 20.2 mmdp; ciertamente el más alto registrado, pero 14.8% (3.5 mmdp) por debajo de lo programado. Toda una contrariedad en un proceso de transición.

El desmantelamiento del Insabi no se ha quedado sin consecuencias. En 2022 su número de consultas cerró en 17.8 millones, una caída de 21% (4.7 millones) frente a 2021 o de 75% (54.7 millones) en relación con 2018. Según estimaciones oficiales, el IMSS-Bienestar aumentó en 1.7 millones sus consultas en 2022, cantidad insuficiente para compensar el ‘hueco’ que dejó el Insabi. Los errores fiscales tienen consecuencias.

Como si incumplir la promesa –o sea, los presupuestos aprobados– de aumentar el gasto en salud no fuera suficiente, en años recientes se ha institucionalizado la simulación de este gasto. Se trata de transferencias al Fonsabi que se catalogan de forma cuestionable como gasto ejercido en salud, y que luego salen del fideicomiso y se pierde su trazabilidad.

En lo que va del sexenio las transferencias trimestrales a este fideicomiso promedian 12.9 mmdp (122% más que el sexenio pasado) y sus salidas 17 mmdp (347% más que el sexenio pasado). Sin embargo, menos del 5% de los gastos del Fonsabi se han dedicado a la atención de enfermedades catastróficas y construcción de infraestructura. El 95% restante se ha transferido a la Tesorería de la Federación (Tesofe), donde se pierde el rastro del dinero. Toda una ‘lavadora’ del gasto en salud.

Te contamos esta historia de oportunidades desperdiciadas y simulación.

Una transición accidentada

A mediados de 2019 el Insabi sustituyó al Seguro Popular y se convirtió en la principal apuesta para garantizar la atención en salud de las personas sin seguridad social. Tan sólo dos años y medio después (marcados por la escasez de medicinas o la deficiente atención durante la pandemia), en marzo de 2022, se anunció una nueva transición, la del Insabi al IMSS-Bienestar. Es decir, esta última instancia fue designada como principal modelo de atención. De entrada, nos surgieron cuestionamientos, pues el IMSS-Bienestar es un programa de menor capacidad, de tal modo que no puede sustituir al Seguro Popular o al Insabi sin que su crecimiento radical sea previsto en el modelo de transición.

Por otra parte, los recursos aprobados para el Insabi para 2022 no apuntaban a su desmantelamiento, sino a su fortalecimiento. Esto indicó que dicha transición fue improvisada. El presupuesto total con fideicomisos (103 mmdp, 86 mmdp si no incluimos transferencias a fideicomisos) fue el más alto aprobado desde 2016. Pero este potencial comenzó a resquebrajarse desde inicios de año, debido a constantes subejercicios, como lo detectamos en su momento.

La tendencia continuó durante todo el año, y al cierre del periodo el gasto neto del Insabi fue de 116.3 mmdp, 4.6% (5.5 mmdp) menos que en 2021, pero 7.6% (8.2 mmdp) superior frente al promedio del sexenio pasado. Además, superó su gasto aprobado anual (103.4 mmdp) en 12.5% (19.9 mmdp). Esta mejora aparente frente a la administración anterior se debió al incremento de transferencias al Fonsabi contabilizadas como gasto en salud, las cuales han ido a parar en realidad a la Tesofe, como detallaremos más adelante. En 2022 tales transferencias llegaron a 44.2 mmdp, 22% (12.9 mmdp) menos que en 2021, pero 90% (21 mmdp) superiores al promedio de 2013 a 2018.

Al descontar las transferencias a fideicomisos, obtenemos el gasto real en salud del Insabi, el cual fue de 72.2 mmdp, 11.3% (7.3 mmdp) más que en 2021, pero 15% (12.8 mmdp) menor al promedio de la administración pasada. Además, se dejaron sin ejercer 13.9 mmdp o 16 % del total. Lamentablemente, el mayor subejercicio se dio en los subsidios a la prestación de servicios públicos: aquellos recursos utilizados para garantizar la supuesta gratuidad de los servicios de salud para sus beneficiarios. Este rubro cerró con un gasto de 66.7 mmdp, 19% (12 mmdp) por debajo de la meta y 30% (23.4 mmdp) por debajo del promedio. Todo un desplome en la atención.

El IMSS-Bienestar hizo poco para compensar el desplome del Insabi frente a 2021, pese a su gran potencial. Para 2022 sus recursos aprobados alcanzaron los 23.7 mmdp, 71% (9.8 mmdp) más que el promedio del sexenio pasado. Podemos inferir que el Gobierno ya tenía pensado un intento de transición para 2022. No obstante, al cierre de 2022 su gasto sólo fue de 20.2 mmdp, 37.5% (5.5 mmdp) más que en 2021 (y el monto más alto registrado), pero 14.8% (3.5 mmdp) por debajo de los recursos aprobados. Esto es como empezar a efectuar un rebase por el carril izquierdo y a la mitad levantar el acelerador.

En conjunto, el gasto del Insabi (sin contabilizar transferencias a fideicomisos) y el de IMSS-Bienestar llegó a 92.3 mmdp, un aumento de 16.2% (12.8 mmdp) frente a 2021, pero 6.5% (6.3 mmdp) por debajo del promedio. Además, el subejercicio entre los dos fue de 15.8% (17.4 mmdp). De haber gastado su total de recursos en atención a la salud (109.7 mmdp), se habría logrado el mayor gasto para las personas sin seguridad social jamás registrado. En efecto: era suya y la dejaron ir.

En materia de subsidios a la prestación de servicios públicos[1], el gasto de ambas instituciones llegó a 90.4 mmdp, 8.2% (5.6 mmdp) superior a 2021, pero se mantuvo 18.6% (16.9 mmdp) por debajo del promedio del sexenio pasado. Lo anterior se debió a que ambas dejaron de gastar 16.2 mmdp  (17.9%) que tenían aprobados para 2022 en subsidios a la salud. De haber ejercido todo lo aprobado, hubieran alcanzado niveles no vistos desde 2015.

A futuro, el proceso de transición del Insabi al IMSS-Bienestar no sólo corre riesgos por el recorte presupuestal en 2023 que ya hemos analizado, sino también por la resistencia a adoptarlo por parte de los gobiernos estatales (ver el siguiente mapa) y la potencial reducción de recursos producto de la centralización de la gestión de la salud pública en aquellos estados que sí acepten el cambio.

¿De dónde viene este riesgo? En materia fiscal, el Insabi mantuvo la visión de descentralización del Seguro Popular. Es decir, la Secretaría de Salud estaba encargada de trasladar los recursos a las entidades federativas para que ellas gestionaran la atención de las personas sin seguridad social. Con la estrategia del IMSS-Bienestar, los estados signatarios cederán la gestión de sus hospitales al Gobierno federal a través de la SSA.

Se ha argumentado que esto mejorará la eficiencia de las compras consolidadas y permitirá un combate a la corrupción más eficiente. No obstante, la experiencia a la fecha en los procesos de centralización (recuerden las compras consolidadas) muestra que lo que se genera en realidad es una pérdida de eficiencia en los procesos de compras (de medicinas, otro ejemplo). La transición parece, más bien, una estrategia política para acaparar más control de recursos por parte del Gobierno federal. No sorprende que los estados que han anunciado que no se unirán al IMSS-Bienestar (de momento) estén gobernados por la oposición: Durango, Yucatán, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro[2].

Al cierre de 2022, sólo Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz habían firmado el convenio de adición al IMSS-Bienestar. Para el primer trimestre de 2023 se espera incluir a Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Quintana Roo y Zacatecas, y para el segundo trimestre de 2023 a Baja California, Ciudad de México, Chiapas y Tabasco[3].

Consultas en espiral descendente

La caída en las consultas de la población sin seguridad social comenzó desde el sexenio pasado, pero se recrudeció con la transición del Seguro Popular al Insabi. En 2020, en plena pandemia, se contabilizaron 21 millones de consultas, menos de un tercio de lo observado en 2018 (72.6 millones). Sin embargo, lo más preocupante es que no mejoró la situación tras la superación de la emergencia sanitaria; al contrario, se deterioró más. Esto sugiere que las causas del problema no estaban determinadas por la pandemia, sino por asuntos meramente relacionados con el desempeño de las instituciones encargadas.

En 2022 el número de consultas del Insabi cerró en 17.8 millones, una caída de 21% (4.7 millones) frente a 2021 o de 75% (54.7 millones) en relación con 2018. Por tipo de atención, es llamativo el nivel de consultas para atender enfermedades crónico-degenerativas: sólo 4 millones, 28% (1.5 millones) menos que en 2021 o 68% (8.7 millones) menos que en 2018. Sin embargo, las consultas de prevención, para gente sana, han sido las más afectadas (lo que nos hace temer por un crecimiento de las enfermedades en el futuro): sólo se dieron 3.5 millones en 2022, 32% (1.6 millones) menos que en 2021 o 84% (18.1 millones) menos que en 2018.

Asimismo, las mujeres han sido más perjudicadas por la caída de las consultas. En 2022 ellas recibieron 12.5 millones de consultas, 22% (3.6 millones) menos que en 2021 o 75% (36.9 millones) menos que en 2018. Por su parte, los hombres recibieron 5.2 millones de consultas en 2022, 18% (1.1 millones) menos que en 2021 o 77% (17.8 millones) menos que en 2018.

Según estimaciones oficiales, el IMSS-Bienestar habría cerrado 2022 en 17.6 millones de consultas, 1.7 millones más que en 2021. Si se materializan, el aumento ni siquiera compensa la caída del Insabi en 2022, y ni hablar de alcanzar el máximo de consultas (118.6 millones )logrado por el IMSS-Bienestar y el Seguro Popular en 2016.

En conjunto (si sumamos otras instituciones de la Secretaría de Salud y hospitales universitarios), las consultas para la población sin seguridad social en 2022 se estiman[4] en 87.2 millones, 44% (70 millones) menos frente al máximo de 2014. Eso significa que las consultas para la población asegurada serán 66% (60 millones) superiores a las que se dan a personas sin prestaciones formales. Es la mayor brecha jamás registrada.

Usos del Fonsabi para gasto corriente 

El Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) ya no se usa exclusivamente para financiar el tratamiento de enfermedades de alto costo e infraestructura, y ha adquirido una nueva función: la simulación de subejercicios y demás servicios de ´caja chica ́ para el Gobierno. 

Financieramente, el Fonsabi ha estado más activo que nunca. De 2010 a 2018, sus ingresos trimestrales promediaron 5.8 mmdp, y sus salidas 3.8 mmdp. En lo que va del actual sexenio los ingresos promedian 12.9 mmdp (122% más), pero las salidas 17 mmdp (347% más). Como hemos mencionado antes, las transferencias a fideicomisos en años recientes han inflado el gasto de la Secretaría de Salud, pero lo más grave es que al llegar a estos instrumentos se ha perdido su trazabilidad.

Recordemos algunos factores institucionales que hacen posible esta situación: 

  • La contabilidad actual, aunada a la falta de transparencia que caracteriza a los fideicomisos en México, permite un esquema por medio del cual el Gobierno ‘pasa’ dinero al Fonsabi desde la Tesorería de la Federación, el cual se contabiliza como gasto en salud incluso si una vez en el fideicomiso no se gastan los recursos en ese periodo. Además, no es posible saber certeramente en qué se gasta o si de plano se llega a gastar, porque no se publica un detalle de esos gastos.
  • El 29 de noviembre de 2019 se reformó la Ley General de Salud (LGS) y se adicionó un artículo transitorio (Décimo transitorio), con el que se instruyó al Fonsabi transferir al Insabi 40 mmdp para gasto en salud. 
  • Posteriormente, en 2020, se añadió a la LGS el artículo 77 bis 17, el cual establece que “cuando el Fondo acumule recursos en un monto superior a dos veces la suma aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 como aportaciones al Fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar (32 mmdp), el remanentepodrá (énfasis añadido por nosotros) destinarse a fortalecer acciones en materia de salud a través del reintegro de recursos correspondiente a la Tesorería de la Federación”. Este artículo sigue vigente.
  • En la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2021, 2022 y 2023, mediante artículos transitorios, se ha establecido la obligación para el Fonsabi de transferir recursos a la Tesofe. En 2022 y 2023 se instruyó que todo el remanente fuera depositado en la Tesofe, salvo que la SHCP autorizara lo contrario. Es importante aclarar que en esta normativa ya no se estableció un compromiso con respecto al destino que deben tener los recursos transferidos a la Tesofe. O sea, no se garantiza que sean gastados en el sector salud.

Este andamiaje institucional ha permitido las salidas de recursos del Fonsabi, de la forma que detallamos en la siguiente gráfica… 

Según reportes de la SSA, en 2020 hubo gastos por 63.7 mmdp del Fonsabi, de los cuales el 14.7% (9.4 mmdp) fue para atender enfermedades de alto costo e infraestructura; el 51% (32.5 mmdp) para cumplir con la obligación establecida en la LGS de 2019 (traspasar 40 mmdp al Insabi para gasto corriente), y el 34.2% (21 mmdp) para atender la obligación de la LGS de traspasar a la Tesofe el remanente del Fonsabi, cuando el fondo tenga dos veces los recursos aprobados para 2020. 

Hay que notar que en 2020 por lo menos 65.7% (41.9 mmdp) de los recursos del Fonsabi se gastaron en rubros de salud, ya sea en la atención de enfermedades de alto costo, infraestructura o gasto corriente del Insabi. Esto cambió en los siguientes años. 

En 2021, las erogaciones totales fueron de 114 mmdp, de las cuales sólo el 10.4% (11.9 mmdp) fueron para enfermedades de alto costo, infraestructura y medicamentos. Es correcto: la SSA reportó compras de medicamentos a través de la UNOPS como parte de la atención de gastos catastróficos (al menos fue gasto en salud). Por lo demás, el 8.5% (9.8 mmdp) correspondió a la obligación (aún no finiquitada) de traspasar 40 mmdp al Insabi; 50% (57.2 mmdp) a la regla de la LGS de traspasar a la Tesofe recursos, y el 30.9% (35.4 mmdp) a la obligación de la LIF 2021 de concentrar en la Tesofe el patrimonio del fondo. 

Es decir, en 2021 el 80.9% (92.7 mmdp) de los recursos del Fonsabi fueron a parar directamente a la Tesofe, por lo que es imposible para la ciudadanía saber si esos recursos fueron utilizados en materia de salud. Por otro lado, como lo detectamos en nuestro informe anual de 2021, el 47% (56.9 mmdp) del gasto reportado por el Insabi correspondió a transferencias al Fonsabi. Esta cifra es mucho menor de lo que el Fonsabi regresó a la Tesofe. Es decir, todo lo que la SSA depositó en el Fonsabi se ‘regresó’ a la Tesofe, pero ya había sido registrado como gasto en salud. O sea, el gasto en este rubro estuvo claramente inflado en 2021. Aquí hay una falla grave en la contabilidad gubernamental del gasto público, que no permite una rendición de cuentas que garantice la veracidad de las cifras.

Al 2T de 2022 –las cifras más recientes disponibles– se reportaron salidas del Fonsabi por 52.7 mmdp, de las cuales sólo el 1.5% (1 mmdp) fueron para enfermedades de alto costo, infraestructura y medicamentos. El 2.2% (1.4 mmdp), para la obligación de traspasar recursos al Insabi para gasto corriente; 9.8% (6.6 mmdp) por la regla de la LGS de traspasar recursos a la Tesofe, y 86.3% (58.1 mmdp) por la obligación de la LIF 2022 de concentrar recursos del Fonsabi en la Tesofe. 

Así o más claro: sólo el 3.7% (2.5 mmdp) de los gastos del Fonsabi al 2T de 2022 fueron para gasto comprobable en salud, como enfermedades de alto costo, infraestructura o gasto corriente del Insabi. El Fonsabi está muerto por dentro y sólo queda su cascarón. 

El futuro no es promisorio. Al 4T de 2022, el saldo del Fonsabi cerró en 71.6 mmdp, una caída de 29% (28.7 mmdp) frente al cierre de 2021, o de 37% (42.4 mmdp) frente al cierre de 2018, aunque recuperó algo de terreno perdido en los trimestres previos de 2022. Sin embargo, este incremento de fin de año más bien parece tener la intención de cumplir con la disposición del artículo 77 bis 17 –tener un saldo superior a 32 mmdp– para poder hacer transferencias a la Tesofe. Hay que recordar que en 2023 se mantiene la disposición en la LIF, la cual permite a Hacienda ‘expropiar’ recursos a este fondo, algo que seguramente veremos.

Retroceso o estancamiento de otros centros hospitalarios

El Insabi no fue la única institución sacrificada presupuestalmente en la Secretaría de Salud. Los otros 38 hospitales y organismos también han sido víctimas del abandono presupuestal y de la austeridad discrecional. El gasto de los centros más representativos y de mayor atención se mantiene estancado o tiene recortes. Claramente la atención de la salud no es una prioridad para esta administración.

Se destaca el Instituto Nacional de Cancerología (Incan), el cual registró en 2022 un gasto de 2 mmdp, una reducción de 15% (356 mdp) frente a 2021 o de 27% (728 mdp) respecto del promedio del sexenio pasado. Este debilitamiento presupuestal es preocupante, pues el Incan se ha vuelto la principal instancia para la detección y atención del cáncer en México.

Otra unidad con graves recortes es el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, encargado de la detección oportuna de problemas de infertilidad y de cáncer asociado al aparato reproductivo y de mama de la mujer, además de promover la salud materna y perinatal. Su gasto[5] al cierre de 2022 fue de 1.2 mmdp, un recorte de 8% (105 mdp) frente a 2021, pero de 57% (1.7 mmdp) frente al sexenio pasado.

Asimismo, el Instituto Nacional de Perinatología, especializado en ginecología y obstetricia, recibió sólo 1.1 mmdp, un recorte de 8% (99 mdp) frente a 2021 y de 10% (115 mdp) frente al promedio de la administración pasada. Igualmente, el Hospital General Dr. Gea González reportó un gasto de 1.6 mmdp, 14% (272 mdp) menos que en 2021 o 4% (61 mdp) inferior al promedio del sexenio pasado.

Por el contrario, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, encargado del programa de vacunación, cerró con un gasto[6] de 7.6 mmdp, 2% (118 mdp) más que en 2021 o 136% (4.3 mmdp) mayor al promedio del sexenio pasado. A pesar de este incremento, hay que señalar que este centro dejó de gastar el 75% (22.7 mmdp) de los recursos aprobados para el programa de vacunación. Este retraso se manifestó desde febrero de 2022, cuando se erogaron sólo 2.5 mdp. La trayectoria de gasto ya no se recuperó.

Desde la formulación del Paquete Económico 2022 detectamos el gran incremento en el presupuesto de vacunas, y desde entonces apuntamos que “prometer no empobrece”. No basta con plantear grandes incrementos presupuestales; son necesarias las capacidades técnicas y logística para ejecutar y aprovechar esos recursos.

Hay mejoras en salud, pero no para las personas en situación de pobreza

Las noticias sobre el gasto en salud para las personas con seguridad social formal no son tan desalentadoras, pues se observa un incremento en las erogaciones del IMSS e ISSSTE. 

Vamos por partes. En términos globales, en 2022 el gasto total (funcional) en salud llegó a 795 mmdp, un aumento de 6.2% (46.9 mmdp) frente a 2021. Frente al promedio del sexenio pasado, el aumento fue de 15% (101 mmdp), contando fideicomisos.

Si no contamos las transferencias a fideicomisos de la SSA, se ejecutaron 750.4 mmdp, 8.9% (61.1 mmdp) más que el año previo, y frente al promedio del sexenio pasado, el aumento fue de 12% (79.4 mmdp).

En relación con el gasto aprobado, el gasto total en salud, con transferencias a fideicomisos, quedó sólo 0.9% (6.9 mmdp) por debajo, por lo que se puede considerar que a duras penas se cumplió con la meta anual. Sin embargo, al descontar las transferencias, el retraso ya es más evidente: de 4.4% (32.2 mmdp) frente a la meta (784.6 mmdp). Con la métrica anterior se puede atestiguar que en todos los años de la actual administración se ha subejercido el presupuesto en salud en 20.2 mmdp en promedio, mientras que la pasada administración lo hizo en sólo 7.1 mmdp.

Lo que sí se observa con claridad es un incremento en el gasto del IMSS y el ISSSTE. En 2022 el IMSS erogó 383.1 mmdp destinados a la salud, 7% (25 mmdp) más que en 2021 y 21% (65.6 mmdp) más que en el promedio del sexenio pasado. Asimismo, el ISSSTE logró un gasto de 74.8 mmdp, una recuperación de 42% (22.1 mmdp) frente a 2021, pero un aumento de sólo 6% (4.5 mmdp) frente al promedio de la administración anterior. Los otros sistemas de salud formales, de la Sedena y Secretaría de Marina, tuvieron más bien un ligero recorte: 400 mdp en conjunto.

Por su parte, los sistemas para personas sin seguridad social tuvieron aumentos limitados. Las Aportaciones a la Seguridad Social (donde se cataloga el IMSS-Bienestar) llegó a 29.1 mmdp, 15.9% (3.9 mmdp) más que en 2021 o 44% (8.9 mmdp) más que el promedio del sexenio pasado. La SSA, sin fideicomisos, incrementó su gasto en 8.5% (10 mmdp) frente al año pasado, pero decreció 4% (6.1 mmdp) frente al promedio. Finalmente, las Aportaciones Federales llegaron a 118.7 mmdp, una caída de 0.2% (240 mdp) frente a 2021 pero 6% (6.5 mmdp) más que el promedio.

En suma, del incremento del gasto en salud (sin fideicomisos) en comparación con 2021 (61.1 mmdp), el 77% (47.1 mmdp) se dio gracias al IMSS y al ISSSTE, mientras que el 33% (14 mmdp) se dio por los sistemas para población sin seguridad social. Por el contrario, el incremento frente al promedio del sexenio pasado (79.4 mmdp) se dio en 88.2% (70.1 mmdp) por el IMSS y el ISSSTE, mientras que el resto, instituciones para dar servicio a gente de escasos recursos, aportó sólo el 11.8% (9.3 mmdp) del aumento. ¿Primero los pobres?

Este resultado no es ajeno a las diferencias en la gobernanza de los sistemas de seguridad social versus los programas para personas sin seguridad social, las más marginadas. En el caso de los primeros, el Poder Ejecutivo no tiene el control absoluto de su presupuesto; de entrada, el financiamiento es tripartito (empleador, empleado y Gobierno). En el segundo caso sí tiene el control, porque estos programas dependen de la Secretaría de Salud, la cual es parte de la administración centralizada, y Hacienda tiene control presupuestario directo de su presupuesto. Esta gobernanza le permite al Ejecutivo hacer recortes con mayor facilidad, a pesar de que van en contra de lo que establece la Constitución, pues la Cámara de Diputados es la única instancia facultada para aprobar el gasto.

Despuntan medicamentos, pero no todo lo que se esperaba

El gasto en medicamentos[7] en 2022 dejó un sabor agridulce. Las erogaciones llegaron a 109 mmdp, 4% (4 mmdp) mayores a las de 2021 o 17.5% (16.2 mmdp) superiores al promedio del sexenio anterior, pero se quedaron por debajo de lo observado en 2020 (111 mmdp). Además, se dejaron de gastar 11.5 mmdp (9.7%) ya aprobados, por subejercicios de la SSA e ISSSTE.

La entidad que más gastó en medicamentos fue el IMSS, con 67.3 mmdp, una caída de 11% (8 mmdp) frente a 2021, aunque 8% (4.9 mmdp) más que el promedio del sexenio anterior. La caída de 2022 ya estaba planchada, pues de inicio se le aprobaron al Instituto 61 mmdp, 14 mmdp por debajo del gasto efectivo de 2021.

La siguiente institución de mayor compra de medicamentos fue la SSA, con 22.4 mmdp, un aumento de 43% (6.7 mmdp) frente a 2021 y de 144.7% (13.2 mmdp) más frente al sexenio pasado. A pesar de este destacable aumento en relación con los años anteriores, si contrastamos este gasto con el programado para 2022, en realidad se dejó de gastar 38% (13.7 mmdp), principalmente del Programa de Vacunación. Además, cabe mencionar que el incremento en el gasto de medicinas puede no solucionar por sí solo el problema de desabasto, en especial cuando el proceso de compras es menos eficiente y se pagan más recursos por menos insumos.

Para el ISSSTE el gasto fue de 14 mmdp, 49% (4.5 mmdp) más que en 2021, pero 17.3% (2.9 mmdp) menos que el promedio del sexenio anterior. Es llamativo asimismo que se dejara de gastar 26.8% (5.1 mmdp) de lo ya aprobado para el año. El resto de las dependencias con sistemas de salud – Semar, Sedena y Pemex– gastaron en conjunto 4.4 mmdp, una caída de 700 mdp.

Inversión en salud inflada

La inversión física en salud está marcada por las mismas condiciones del gasto total en salud: las mejoras se dan en los sistemas para personas con seguridad social, y los datos de la SSA parecen  inflados por transferencias a fideicomisos.

En 2022 la inversión en salud llegó a 25.8 mmdp, un aumento de 50.6% o 8.7 mmdp frente a 2021, o de 34% (6.5 mmdp) frente a 2018, lo que parecería un gran logro. Sin embargo, si se descuentan las transferencias a fideicomisos, la inversión en salud fue de sólo 17.3 mmdp, 15% (2.3 mmdp) superior a la de 2018.

¿Por qué descontamos las transferencias a fideicomisos como parte de la inversión física? En teoría, el 2% del presupuesto del Insabi debe transferirse al Fonsabi para la construcción de obra pública, por lo que existía cierta justificación de clasificar una parte de dichas transferencias como gasto de inversión. Anteriormente, las aportaciones a fideicomisos eran muy similares al gasto reportado en infraestructura del Fonsabi.

Sin embargo, en 2021 se dedicaron sólo 318 millones de pesos para inversión física, un recorte de 93% (4.5 mmdp) frente a 2020 y, pese a esto, se clasificaron como gasto de inversión física 10 mmdp de los 57.1 mmdp en transferencias a fideicomisos de la SSA, como los señalamos en un artículo anterior. Para 2022 se programó una inversión de 1.2 mmdp del Fonsabi, pero las transferencias a fideicomisos catalogadas como inversión ascendieron a 8.5 mmdp.

Enfatizamos: en los últimos años el monto de inversión del Fonsabi y las transferencias a fideicomisos clasificadas como inversión no concuerdan, por lo que la inversión de la SSA está claramente inflada, lo que sobrestima toda la inversión de la función Salud del Gobierno.

A pesar de tal simulación en la inversión, existe un crecimiento real del gasto total, relacionado, no obstante, con los centros para personas con seguridad social formal. En 2022 la institución que más invirtió en salud fue el IMSS, con 7.6 mmdp, 103% (3.8 mmdp) más que en 2021, pero 30% (3.3 mmdp) menos que en 2018. Por su parte, el ISSSTE gastó 7.2 mmdp, 1,506% (6.7 mmdp) más que en 2021 o 448% (5.9 mmdp) más que en 2018. La apuesta, parece, es mejorar la infraestructura de salud ‘oficial’ del Gobierno.

Por el lado contrario, la SSA (sin contar fideicomisos) tuvo un gasto en inversión de apenas 1.9 mmdp, 17% (400 mdp) menos que en 2021, aunque 29% (430 mdp) más que en 2018. Finalmente, las Aportaciones Federales reportaron sólo 570 mdp de inversión, 1% (5 mdp) más que en 2021, o 1.1% (6 mdp) más que el promedio. No hay recursos clasificados para inversión de parte del IMSS-Bienestar, ya que todo se contabiliza como subsidios.

Anexo: por programa presupuestario

[1] El gasto corriente específico para otorgar de manera gratuita la atención en salud. Difiere del gasto en materiales y suministros, como medicinas o servicios de mantenimiento, arrendamiento, etc.

[2] Agencia Reforma 2023. Rechazan 7 estados al IMSS-Bienestar: https://www.heraldo.mx/rechazan-7-estados-el-imss-bienestar/ 

[3] IMSS 2023. Comunicado de prensa: https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202212/656#:~:text=Dijo%20que%20IMSS%2DBienestar%20es,%2C%20Campeche%2C%20Veracruz%20y%20Guerrero.

[4] Según estimaciones oficiales del Cuarto Informe de Gobierno. Los datos definitivos de 2022 para la mayoría de las instituciones serán publicados en el segundo semestre del 2023.

[5] El reporte del gasto de este centro tiene inconsistencias entre la plataforma de Estadísticas Oportunas, la cual informa erogaciones de sólo 278 mdp frente a Transparencia Presupuestaria quien reporta 1,285 mdp.

[6] De igual forma hay discrepancias con la plataforma de Estadísticas Oportunas quien reportan sólo un gasto de 4.6 mmdp frente a Transparencia Presupuestaria (7.6 mmdp)

[7] Considera las partidas específicas de “Materiales, accesorios y suministros médicos”, “Materiales, accesorios y suministros de laboratorios” y “Medicinas y productos farmacéuticos”.

Una historia de oportunidades perdidas: inversión en salud al 3T 2022

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Gasto en Salud, Trimestrales.

El número de hospitales en México y la calidad de su equipamiento no es suficiente para garantizar el derecho humano a la salud de la población. Para colmo, de 2019 a 2021 el Gobierno dejó de gastar, en promedio, el 44% (6.5 mmdp) de los recursos aprobados para inversión en salud, lo que hubiera alcanzado para construir cuatro hospitales generales o 26 clínicas de medicina familiar cada año[1].

Al tercer trimestre de 2022 el Gobierno acumula un retraso de 62% (6.4 mmdp) en inversión en infraestructura de salud. A este ritmo, la inversión en hospitales y equipamiento podría acabar con otro retraso de casi 50% (6.5 mmdp), como sucedió en 2021.

No es un tema de austeridad, sino de prioridades políticas. Al mes de septiembre la inversión total del Gobierno llegó a 613 mmdp, su mayor nivel desde 2016. Este crecimiento se debe a que la Secretaría de Turismo, encargada del Tren Maya, ha invertido un 107% (46.3 mmdp) por encima de lo aprobado al periodo, y la Sedena lo ha hecho en 129% (14.3 mmdp). Así de claro: el costo de gastar de más en dichos proyectos ha sido dejar de gastar en hospitales y en muchos otros sectores.

Ninguna de las tres principales instituciones de salud del Gobierno federal se salva. El IMSS, que en el sexenio pasado generalmente aprovechaba todos sus recursos de inversión, dejó de gastar entre el 44% y 69% cada año de 2019 a 2021. Al 3T lleva un retraso de 82% (5.5 mmdp).

En el ISSSTE, por su parte, ya se invertía en infraestructura menos de lo aprobado en la Administración pasada, pero la tendencia se ha profundizado. En 2021 se invirtieron sólo 414 mdp, su peor monto en seis años, producto de un subejercicio del 79% (1.5 mmdp) de los recursos autorizados para su infraestructura. Al 3T de 2022 tiene un retraso de 35% (635 mdp).

Finalmente, la Secretaría de Salud apenas ha cumplido con sus metas de inversión. Pero si descontamos las transferencias a fideicomisos (calificadas como ‘inversión’ de forma cuestionable), al 3T de 2022 va retrasada en 21% o 286 mdp.

En general, si no tomamos en cuenta las transferencias a fideicomisos, que no hacen otra cosa que inflar la inversión, en 2021 el gasto en infraestructura para la salud fue de tan sólo 6.6 mmdp, 52% (7.2 mmdp) por debajo de lo invertido en 2018, último año del sexenio pasado. La caída en la inversión ha pasado una costosa factura a la infraestructura hospitalaria del país: mientras que en los primeros cuatro años de Gobierno del EPN el número de hospitales, centros de salud y clínicas creció en 373 unidades, en los primeros cuatro años de este Gobierno se han perdido 935 unidades de salud.

Te contamos esta historia de oportunidades desperdiciadas…

Debilitamiento del IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la institución de salud más grande en México, tanto por el número de personas que atiende[2] como por el presupuesto que administra. Por este motivo, su ejercicio de gasto (o falta de él) tiene un gran impacto en la inversión total en salud. En 2021, el 53% (3.4 mmdp) de la inversión efectiva[3] en salud provino del IMSS.

En el sexenio pasado era poco común que el IMSS dejara ir recursos de inversión en salud. En 2016 y 2018 prácticamente cumplió con su presupuesto aprobado, al gastar 2% y 5% más, respectivamente. No lo hizo en 2017, cuando su inversión se quedó corta en 23% o 1.9 mmdp, posiblemente por el inicio de las medidas de austeridad de ese año.

La tendencia se ha revertido en este sexenio. En 2019 el IMSS tuvo una inversión aprobada de 13.8 mmdp, pero se ejecutaron sólo 4.2 mmdp, es decir, 69% (9.5 mmdp) menos. Como muestra, en ese año se dejó de gastar el 100% (2.2 mmdp) del presupuesto para la sustitución del Hospital General de San Alejandro Puebla o el 70% (2.7 mmdp) para la sustitución de equipo médico a nivel nacional, según la Cartera de Inversión 2019.

Es común que a inicios de un Gobierno se reduzca la inversión, a causa del relevo de personal y la curva de aprendizaje del equipo entrante. No obstante, los subejercicios se han mantenido en los siguientes años. En 2020 el IMSS ‘dejó ir’ el 44% (5.8 mmdp) de la inversión que tenía aprobada para el año. Esto repercutió, por ejemplo, en la omisión de la compra de tomógrafos por 801 mdp o en la rehabilitación del Sistema de Red Frío, necesario para la conservación de vacunas, por 80 mdp. Así es, incluso en 2020, en plena pandemia, el IMSS dejó de gastar en obra y equipamiento.

Hacia el tercer año del Gobierno, en 2021, incluso aumentó el subejercicio, cuando alcanzó el 59% (4.9 mmdp). En términos prácticos se dejó de gastar 539 mdp en la compra de equipos de estomatología o la construcción de clínicas en Mérida, Yucatán, por 121 mdp, por poner más ejemplos. En suma, en 2021 la inversión del IMSS fue de sólo 3.4 mmdp, 66% (6.6 mmdp) menos que en 2018.

Al tercer trimestre de 2022 la inversión del Instituto es de sólo 1.2 mmdp, 20% (329 mdp) menos que el mismo periodo de 2021 o 62% (2 mmdp) menos que en 2018. Esta caída se debe a un retraso en la ejecución de recursos de inversión del 82% (5.5 mmdp), pues al mes de septiembre el IMSS debería haber ejecutado 6.8 mmdp en obra pública.

Al 3T de 2021, el IMSS reportaba un subejercicio similar al de 2022, con 78% o 5.5 mmdp. Es probable que este año, al cuarto trimestre, se acelere la inversión, pero difícilmente se cumplirá el calendario anual, por lo que el retraso podría superar nuevamente el 50% (4 mmdp) de los recursos anuales.

Desuso constante: inversión del ISSSTE

A diferencia del IMSS, el ISSSTE ya padecía de subejercicios en su inversión pública desde el sexenio pasado. En los últimos tres años del Gobierno de Peña Nieto el sistema de salud para trabajadores del Estado dejó de invertir el 28% (631 mdp) de los recursos aprobados para este fin, en promedio, cada año. Sin embargo, la tendencia se ha agravado.

En 2019 los cambios al interior del Instituto limitaron su ejecución de recursos. De 1.7 mmdp de recursos aprobados para inversión, sólo se ejecutaron 1 mmdp, 43% (753 mdp) menos. Ese año se dejó de gastar el 100% (50 mdp) para la ampliación de una clínica en Ciudad Guzmán, Jalisco, o el 98% (702 mdp) para la compra de equipo médico en hospitales de tercer nivel, por ejemplo.

El siguiente año, 2020, cambió la tendencia, debido a la pandemia. De tener aprobados 1.9 mmdp en inversión, se gastaron 2.9 mmdp, un incremento de 54% (1 mmdp). Tan sólo en equipamiento de unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel se gastaron 1.08 mmdp adicionales a lo aprobado en la cartera de inversión. El aumento no fue gratis, pues se dejó de gastar el 100% (289 mdp) de la construcción de una clínica en Palenque Chiapas, el 99% (108 mdp) en la remodelación de una clínica en Ensenada o el 100% (312 mdp) en otras clínicas familiares, y se sufrieron recortes en otros proyectos.

Para 2021 volvieron los recortes generalizados, pues de 2 mmdp aprobados para la inversión se gastaron sólo 414 mdp, es decir, 79% o 1.5 mmdp menos. Lo anterior provocó que la inversión del ISSSTE alcanzara su nivel más bajo en un lustro (66% o 802 mdp menor a la observada en el último año del sexenio pasado). A diferencia de 2020, en 2021 se dejaron de gastar el 100% (299 mdp) de los recursos para equipamientos de centros de primer nivel, y el 81% (709 mdp) del programa de equipamiento de unidades de segundo nivel. Es decir, el impulso duró sólo en 2020, a pesar de que la emergencia sanitaria de prolongó durante todo 2021.

Al 3T de 2022 la inversión del ISSSTE mantiene un retraso de 35% (635 mdp) de los recursos aprobados, pero dicho déficit es menor a los observados en 2019 y 2021. Aunque esto ha permitido que la inversión de Instituto llegue a 1.17 mmdp, este gasto es aún 42 mdp inferior al observado en el mismo periodo de 2018.

Inversión inflada en la SSA

A diferencia de otros sistemas de salud como el IMSS o el ISSSTE, el análisis del presupuesto de la Secretaría de Salud conlleva la dificultad de identificar las transferencias a fideicomisos, si lo que queremos es ponderar el gasto efectivo de la institución.

En primer lugar, cuando los recursos pasan de la SSA al Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), se desconoce en qué se usan y, si se usan, en qué momento se da efectivamente la aportación. Además, dichas aportaciones se dan en los últimos meses de cada año, lo que ayuda a disimular subejercicios, como lo hemos identificado anteriormente.

Hay que tomar en cuenta también que una parte de las transferencias a fideicomisos se contabilizan como inversión física. Esto podría tener cierta justificación, pues en teoría el 2% del presupuesto del Insabi debe de transferirse al Fonsabi para la construcción de obra pública. Anteriormente, dichas transferencias a fideicomisos eran muy similares al gasto reportado en infraestructura del Fonsabi. Sin embargo, en 2021 se dedicaron sólo 296 millones de pesos para inversión física, un recorte de 93% (4.1 mmdp) frente a 2020 y, pese a esto, se clasificaron como gasto de inversión física 9.2 mmdp de los 54.7 mmdp en transferencias a fideicomisos de la SSA. Para decirlo directo: en los últimos años el monto de inversión del Fonsabi y las transferencias a fideicomisos clasificadas como inversión no concuerdan, por lo que la inversión de la SSA está claramente inflada, lo que sobrestima toda la inversión de la función Salud del Gobierno.

Otro punto importante: si bien entre 2017 a 2019 se clasificaron transferencias a fideicomisos como inversión, no hubo sobrejercicios de dichas aportaciones, mientras que en 2020 y 2021 hubo un sobregasto de más de 140%. En palabras coloquiales, de 2017 a 2019 la inversión en salud estaba inflada desde la aprobación del presupuesto, pero dicha simulación fue ‘respetada’ a lo largo del año fiscal, por así decirlo. No obstante, en 2020 y 2021 no sólo se infló la inversión desde la aprobación del presupuesto, sino que durante el año se ampliaron las transferencias a fideicomisos clasificadas como inversión, lo que enmascaró los recortes del gasto real en infraestructura. Se pasó de la simulación al descaro. Detallemos con un caso… 

En 2019 el gasto de inversión aprobado de la SSA fue de 5.8 mmdp, de los cuales 4.0 mmdp (69% del total) eran transferencias a fideicomisos y sólo 1.8 mmdp (31%) fue gasto de inversión real. Para finales del año la SSA erogó exactamente los 4.0 mmdp en transferencias a fideicomisos y dejó de gastar 294 mdp del resto de la inversión real.

En 2020, la SSA contó con una inversión aprobada de 5.5 mmdp, de los cuales 3.9 mmdp (70%) fueron transferencias a fideicomisos y 1.6 mmdp (30%) inversión real. Para finales de año, la inversión total reportada por la SSA fue de 11.5 mmdp, 108% (5.9 mmdp) más de lo aprobado. Esto generó la apariencia de que el Gobierno dio un gran impulso a la salud durante la pandemia. Sin embargo, las transferencias a fideicomisos contabilizadas como inversión fueron de 9.6 mmdp, 147% (5.7 mmdp) más de lo aprobado, y el resto de la inversión, 1.8 mmdp, fue sólo 14% (226 mdp) más de lo aprobado. Es decir, no hubo un gran incremento de la inversión en salud dentro de la SSA durante la pandemia.

Una historia muy similar sucedió en 2021, cuando las transferencias a fideicomisos clasificadas como inversión tuvieron un sobregasto de 143% (5.4 mmdp), mientras que la inversión real fue de 2.1 mmdp, 45% (666 mdp) más de lo aprobado, pero inferior en 47% (1.9 mmdp) menor al máximo alcanzado en 2016, sin fideicomisos.

Al tercer trimestre de 2022 el gasto de inversión de la SSA asciende a 5.0 mmdp, 26% (1 mmdp) por encima del calendario mensual, pero descontando las aportaciones a fideicomisos (3.9 mmdp) la inversión es de sólo 1.1 mmdp, 21% (286 mdp) por debajo del calendario. Con esta métrica, la inversión real de la SSA es 69% (499 mdp) menor frente al mismo periodo de 2021.

Uno de los impactos del retraso en la inversión real de la SSA es que en septiembre de este año se reportó un avance nulo en el gasto de 77.7 mdp para instrumental médico del Hospital Infantil, así como en la sustitución de equipo de radioterapia del Instituto Nacional de Pediatría por 120 mdp, por poner unos ejemplos. Con este ritmo de avance es muy probable que gran parte de estos recursos queden sin utilizarse para finales del año.

Gasto total en salud

La forma más expedita de analizar la inversión en salud es consultar la página de Estadísticas Oportunas de la Secretaría de Hacienda en la sección de inversión por clasificación funcional. En este apartado se suma el gasto de inversión de la SSA, IMSS e ISSSTE[4]. Esto implica que la métrica más accesible de inversión en salud contiene los sobregastos en fideicomisos de la SSA que inflan los datos y enmascaran los subejercicios en inversión del IMSS e ISSSTE.

Con los datos oficiales de las Estadísticas Oportunas, la inversión en salud en 2021 fue de 15.8 mmdp, 11% (2 mmdp) menor que en 2018. Sin embargo, si descontamos las transferencias a fideicomisos, la inversión en 2021 fue de tan sólo 6.6 mmdp, 52% (72 mmdp) menos que en 2018.

Otra implicación es que sin las transferencias a fideicomisos, resulta evidente que en el actual sexenio se han dejado ir recursos aprobados para inversión en salud. En 2019, el ISSSTE dejó de gastar el 43% (753 mdp), el IMSS el 69% (9.5 mmdp) y la Secretaría de Salud un 5% (294 mdp). Esto fue mínimamente compensado con un sobregasto de 81 mdp de la Semar y Sedena. En suma, la inversión total fue de 7.3 mmdp, es decir, se dejó sin gastar el 59% (10.4 mmdp) en infraestructura médica. Si se hubiera cumplido con el presupuesto aprobado, se habrían invertido 17.8 mmdp, el mayor gasto desde 2012.

En 2020, el ISSSTE tuvo un sobregasto de 54% (1 mmdp), pero el IMSS dejó de erogar 44% (5.8 mmdp) y la SSA (de nuevo, sin contar las transferencias a fideicomisos) gastó sólo 14% (226 mdp) de más en inversión. Aquel año la inversión en salud de la Semar y Sedena no llegó ni a un millón de pesos. De tal forma, la inversión total en salud fue de 12.8 mmdp, 26% (4.6 mmdp) por debajo de la meta. Un gran fracaso para la gestión pública por dejar ir recursos, incluso a mitad de la pandemia.

Por último, en 2021 el IMSS dejó ir el 59% (4.9 mmdp) en inversión, el ISSSTE 79% (1.5 mmdp), la SSA (sin fideicomisos) gastó 45% (666 mdp) y la Sedena y Semar gastaron 56 mdp extras. De tal forma, la inversión funcional en salud se quedó 47% (5.8 mmdp) por debajo de su potencial aprobado.

En suma, de 2019 a 2021 se dejaron de gastar 20.8 mmdp, los cuales bien habrían servido para construir 13 hospitales generales o 85 clínicas familiares adicionales. No sorprende que los recortes en salud hayan provocado una caída en las unidades médicas, como veremos en el siguiente apartado.

Al 3T de 2022 la inversión funcional en salud es de 7.9 mmdp, 26% (2.8 mmdp) por debajo de 2018 y el peor monto que se tiene registro desde 2011. Si descontamos las transferencias a fideicomisos, la situación es peor, pues la inversión en salud es de sólo 4 mmdp, 39% (2.5 mmdp) menor que en 2018. Esta situación parte de un subejercicio de 62% (6.4 mmdp), situación similar a la de 2021, por lo que es probable que este año cierre con un recorte en la inversión médica de 50% como sucedió el año pasado.

Estancamiento de infraestructura médica

La menor inversión en salud ha pasado una costosa factura a la infraestructura hospitalaria del país: mientras que en los primeros cuatro años de gobierno del EPN el número de hospitales, centros de salud y clínicas crecieron en 373 unidades, en los primeros cuatro años de este Gobierno se han perdido 935 unidades de salud.

La clasificación de las unidades de salud se divide en dos: 1. las unidades de consulta externa, que incluyen a los centros de salud, clínicas, unidades móviles y unidades de medicina familiar; 2. unidades de hospitalización, que incluye a los hospitales integrales, regionales, generales y de especialidad.

A finales de 2018 se contabilizaron 22,615 unidades de salud, cifra compuesta por 21,230 unidades de consulta externa y 1,385 unidades de hospitalización. Al cierre de 2022 se espera[5] que el total de unidades de salud cierre en 21,680 unidades, cantidad compuesta por 20,151 unidades de consulta externa y 1,529 unidades de hospitalización. Es decir, se habrán perdido 1,079 unidades de consulta externa (que llegan a las comunidades más vulnerables), aunque se habrán construido 144 nuevos hospitales, localizados generalmente en zonas urbanas, menos vulnerables.

Las cifras anteriores cobran más relevancia si se comparan con los resultados del sexenio anterior. Si bien en los primeros cuatro años de AMLO se han construido más hospitales que en los primeros cuatro años del sexenio pasado (144 vs. 32), han desaparecido 1,079 clínicas y centros de salud que llegan a las comunidades más pobres, cuando EPN las incrementó en 339.

En los primeros cuatro años del sexenio pasado, las pequeñas unidades médicas de la SSA aumentaron en 193, con AMLO han desaparecido 806 unidades. No obstante, los hospitales de la SSA crecieron sólo en 17 unidades en los primeros cuatro años del sexenio pasado, y en éste acumulan un aumento de 78.

La administración actual se ha enfocado a la construcción de obras emblemáticas, a costa de la reducción en la inversión de pequeñas obras repartidas en más regiones del país. De la misma manera, el incremento de los hospitales de la SSA frente a la desaparición de clínicas y centros de salud tiene la misma lógica político/electoral de construir grandes obras que se puedan presumir, a costa de una estrategia orientada a dar mayor atención a las personas.

Otra explicación es que la correcta administración de las pequeñas clínicas o centros de salud conlleva una mayor capacidad técnica y burocrática, tanto en el manejo de la nómina como en el surtido de instrumentos médicos y medicinas. No es sorpresa que la estrategia de centralización de la atención en salud se refleje en una desaparición de las pequeñas unidades hospitalarias.

En el caso del sistema IMSS-Bienestar, en los primeros cuatro años del sexenio pasado se sumaron 137 nuevas clínicas o centros de salud y nueve hospitales. En el mismo periodo del actual sexenio, el IMSS-Bienestar ha perdido 250 unidades de consulta externa, y no ha ganado ninguna unidad de hospitalización. Dicha situación pone en entredicho la factibilidad y voluntad política de sustituir al Insabi con el IMSS-Bienestar. Finalmente, los centros para la población asegurada formalmente se caracterizan por un estancamiento del IMSS y una caída del ISSSTE. En los cuatro primeros años del actual sexenio se perdieron 52 unidades externas del ISSSTE (-10 con EPN), aunque aumentaron en cinco sus hospitales (+1 con EPN). En el caso del IMSS, las unidades de consulta externa aumentaron en 24 (+4 el sexenio pasado) y los hospitales en 12 (+3 el sexenio pasado).

[1] Al revisar la cartera de inversión encontramos que el costo de construir un hospital general de 165 camas oscila en los 1.6 mmdp, mientras que la construcción de una clínica de medicina familiar cuesta en promedio 242 mdp.

[2] Coneval. Nota técnica sobre la carencia por acceso a los servicios de salud, 2018-2020 https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2018_2020/Notas_pobreza_2020/Nota_tecnica_sobre_la_carencia_por_acceso_a_los_servicios_de_salud_2018_2020.pdf

[3] Definimos la inversión efectiva como aquella reportada cuando se descuentan transferencias a fideicomisos. En 2021 fue de 6.6 mmdp.

[4] También se incluyen los gastos de las Aportaciones Federales, Sedena y Marina pero dichas erogaciones en conjunto representan menos del 4% de la inversión del sector, por tal motivo no ahondamos en ellos.

[5] Según cifras del Cuarto Informe Presidencial.

Falta mucho para recuperar el gasto en salud (y la opacidad no ayuda): 2T 2022

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Gasto en Salud, Trimestrales.

Tenemos una buena y una mala. La buena es que la caída en el gasto del Insabi parece que se ha ido reduciendo. La mala es que las cifras de algunos rubros de gasto en salud que entrega la Secretaría de Hacienda no son consistentes, y esto limita el entendimiento sobre la situación real del gasto y, por ende, la rendición de cuentas. Además, el fideicomiso, es decir, los “ahorros” del Insabi, está en el peor nivel desde 2015, desde que hay registro.

Nos encontramos con una discrepancia en las cifras en las distintas plataformas de la Secretaría de Hacienda que no habíamos percibido anteriormente en el gasto del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Según las Estadísticas Oportunas de Hacienda, esta institución habría acumulado al mes de junio sólo 26.4 mil millones de pesos (mmdp), pero según la plataforma de Transparencia Presupuestaria el gasto fue de 42.3 mmdp, 59% (15.8 mmdp) superior. ¿Cuál es la correcta? Anteriormente las dos fuentes coincidían exactamente.

Bajo cualquier medición que tomemos, el gasto de la institución no ha recuperado sus niveles previos a 2018, cuando era Seguro Popular. Además, cada vez queda más claro que los esfuerzos por suplir al Insabi con IMSS-Bienestar no alcanzan para recuperar el gasto de atención a las personas sin seguridad social.

Asimismo preocupa que el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), el fideicomiso del Insabi a través del cual se financian enfermedades altamente costosas e infraestructura, cerró con un saldo de 37.8 mmdp al segundo trimestre de 2022, 50% (38.4 mmdp) menos  que el saldo promedio de 2010 a 2018. Se están tomando recursos para fines poco claros, lo que aumenta la opacidad del gasto y disminuye la sostenibilidad del Insabi.

Finalmente identificamos que la explosión de gasto que el IMSS presentaba en el primer trimestre del año se ha apagado. Todo indica que a inicios de 2022 tuvo que pagar deudas a proveedores y que en el segundo trimestre ha recortado programas presupuestarios, por lo que su gasto en este periodo fue inferior al de 2021. Así, las instituciones federales de salud más relevantes tienen recortes o están estancadas. Veamos.

¿Se recupera el gasto del Insabi?

Según la Cuenta Pública[1] –el instrumento más certero sobre el gasto del Gobierno– el Insabi en 2021 gastó 113 mmdp, cifra idéntica a la reportada en Estadísticas Oportunas e idéntica a la cifra de Transparencia Presupuestaria. Todo bien, de momento.

Al primer trimestre de 2021, según Estadísticas Oportunas, este gasto fue de 19,818 millones de pesos y el de Transparencia Presupuestaria 19,817.8 millones de pesos, 99.9% prácticamente idéntico. Los datos trimestrales obviamente no son definitivos, sólo los datos anuales que se publican en la Cuenta Pública lo son.

Al parecer, después de este periodo las cifras dejan de coincidir. La base de Transparencia Presupuestaria se publica sólo de forma trimestral, y nos permite hacer un análisis profundo, al tener una mayor desagregación de información. Por su parte, las Estadísticas Oportunas se actualizan de manera mensual con menos datos, y permiten dar un seguimiento constante a las finanzas públicas. En todo caso, es importante que exista congruencia entre las distintas plataformas.

Según las Estadísticas Oportunas, al mes de junio de 2022 el gasto del Insabi es de 26.4 mmdp, 34% (14 mmdp) menos que en 2021 o 51% (28 mmdp) menor al de 2018. Sin embargo, con datos de la plataforma de Transparencia Presupuestaria, al mes de junio el Insabi registra un gasto de 42.3 mmdp, sólo 5.9% (2.6 mmdp) menor al de 2021 o 22% (12.2 mmdp) inferior al de 2018. Como quiera medirse, los recortes son sustanciales y graves, tomando en cuenta las necesidades primarias de la población, pero no deja de sorprendernos esta incongruencia en la información, que limita el análisis y la rendición de cuentas.

Esta falta congruencia en las cifras de la Secretaría de Hacienda se suma a una franca involución en la transparencia de la Secretaría de Salud. Al mes de mayo la plataforma de Cubos Dinámicos reflejaba un nivel de consultas del Insabi de 5.8 millones, una caída de 32% (2.7 millones) de consultas frente al mismo periodo de 2021 o de 81% (25.4 millones de consultas) frente a 2018. ¿Cómo va esto en junio? Pues no sabemos, ya que la plataforma dejó de funcionar.

Cabe destacar que sí es posible visualizar, con mucha dificultad, la información histórica de esta plataforma, lo que sugiere que los datos de 2022 son opacos, justo en la época en que el nivel de consultas médicas sigue sin recuperarse. En suma, la rendición de cuentas del gasto y atención a la salud es cada vez más limitada.

Se agotan los fideicomisos: luz y sombra

Al segundo trimestre de 2022 la aportación del Insabi a fideicomisos fue de 8.6 mmdp, 47.5% (7.8 mmdp) menos frente al periodo enero-junio de 2021 con lo que se registraron las menores transferencias desde 2015, año en que comenzamos a contar con datos.

Esto puede ser positivo porque dichas erogaciones representan un riesgo de gasto simulado, pues la contabilidad gubernamental permite que estos pagos se tomen como gasto en salud, sin que haya certeza de cuándo y cómo se gastan los recursos. Lo explicamos detalle en nuestro el artículo “El caso del Fonsabi (o cómo disimular la catástrofe)”.  Además, identificamos que los recursos de este fideicomiso se utilizan menos para pagar enfermedades catastróficas e infraestructura, que durante la existencia del Seguro Popular.

La parte negativa es que este fondo tuvo egresos de 67.3 mmdp[2]  (de nuevo, sin precisar el destino de los recursos) con lo que su saldo llegó a 37.8 mmdp, el más bajo registrado. O sea, se están gastando los ahorros para la salud de forma opaca, y para colmo no se están reponiendo los recursos.

Según la Regla 86 de las Reglas de Operación del Fonsabi[3], el instituto está obligado a difundir “toda la información que tengan disponible respecto del manejo y aplicación de dichos recursos, debiendo considerarse las acciones apoyadas, así como las obras, programas y proyectos de inversión financiados, incluyendo sus avances físicos y financieros”. Sin embargo, de forma consistente en los informes trimestrales de fideicomisos el recuadro donde debería especificarse el destino de los recursos del Fonsabi aparece en blanco, y en los reportes anuales la información está incompleta.

El agotamiento de los recursos del Fonsabi podría implicar un retroceso en la fortaleza de la institución para enfrentar enfermedades de alto costo y gasto en infraestructura de las regiones más vulnerables del país. Y lo más delicado es que no sabemos la razón de sacrificar dichos ahorros y su pertinencia.

Aumento en subsidios. ¿Éxito del IMSS-Bienestar?

La parte positiva del gasto en salud al segundo trimestre es que han aumentado los subsidios en salud del Insabi y del IMSS-Bienestar frente al año pasado, aunque frente al calendario se mantiene un recorte. Es decir, el esfuerzo por compensar el menor gasto del Insabi con mayor gasto del IMSS-Bienestar sigue siendo limitado.

Al segundo trimestre los subsidios del Insabi llegaron a 28.1 mmdp, 7.8% (2 mmdp) más que en 2021, aunque 33% (13.6 mmdp) menos que en 2018, cuando aún existía el Seguro Popular. Para el IMSS-Bienestar[4] las erogaciones fueron de 9 mmdp, 24.7% (1.7 mmdp) más que en 2021 o 4% (320 mdp) más que en 2018. 

No obstante, en conjunto los subsidios de ambos programas suman 37.2 mmdp, 11.4% (3.8 mmdp) más que el año pasado, pero 26% (13.3 mmdp) menos que en 2018. El aumento tendría que haber sido 3.5 veces mayor para haber recuperado los niveles previos al cambio de gobierno. Ahora, si se consideran los subsidios del resto de organismos de la Secretaría de Salud, al primer trimestre de 2022 el gasto fue de 38.2 mmdp, 8.1% (2.8 mmdp) menos que en 2021 o 28% (15 mmdp) menor a 2018. Falta mucho por recuperar.

Frente al calendario la falta de voluntad política es más clara. Si bien el programa del IMSS-Bienestar ha erogado 3.3% (283 mdp) más que lo programado al segundo trimestre, el Insabi va 18% (6.2 mmdp) por debajo del calendario en materia de subsidios. Esto significa que el recorte del Insabi frente al programa ha sido 22 veces superior al aumento del IMSS-Bienestar. Respecto del gasto total, el Insabi quedó 16% (6.7 mmdp) por debajo del calendario, casi 24 veces más que el aumento de su sustituto.

La transición del Insabi al IMSS-Bienestar se anunció en marzo de 2022, cuando ya existía un presupuesto anual para ambos organismos. Si existiera un verdadero esfuerzo por sustituir a la primera institución por la segunda, se reflejaría en un gran sobreejercicio del IMSS-Bienestar frente a su presupuesto aprobado, que superase incluso el subejercicio del Insabi. Lamentablemente esto no es así. 

Todos pierden

Al primer trimestre de este año todas las instituciones federales de salud registraron caídas o estancamiento, salvo el IMSS, que registraba un incremento de 19.4% o 13 mmdp. Al segundo trimestre esta institución ya presenta una contracción frente al año pasado, y el resto sigue cayendo.

En su momento estimamos que el aumento del IMSS frente al año pasado se debía a pagos atrasados a proveedores del cierre de 2021, según lo indican sus propios informes trimestrales[5]. Al parecer, luego de saldar las deudas, volvieron los recortes y el gasto total de la institución (sin considerar pago de pensiones) acumuló 160.9 mmdp, 0.4% (600 mdp) menos que en 2021.

Si bien frente al calendario, sin tomar en cuenta pago de pensiones, esta institución va arriba 7% (9.9 mmdp), la mayor parte se debe al sobregasto del programa de Atención a la Salud en 25% (26 mmdp). Sin embargo, hay ocho programas con recortes importantes. Por ejemplo, Prevención y Control de Enfermedades va 37% (1.2 mmdp) por debajo; los Proyectos de Infraestructura Social 68% (449 mdp), y los Servicios de Guardería 16% (1.06 mmdp) por debajo del programa.

El resto de las instituciones también están estancadas o con caídas. El ISSSTE reporta un gasto sin pensiones de 38.9 mmdp, 22% (11 mmdp) menos que en 2021, y el peor nivel desde 2016 para un periodo similar. Además, va 37% (23.2 mmdp) por debajo del calendario, principalmente por un subejercicio de 79% (8.8 mmdp) en el programa de Suministro de Claves de medicamento.

Por su parte, la Secretaría de Salud (SSA) gastó 67 mmdp, 6.4% (4.5 mmdp) menos que en 2021. Además debía gastar 79.2 mmdp en el periodo, por lo que acumula un subejercicio de 19.8% (15.6 mmddp).

Dentro de la SSA el Insabi es el organismo con el mayor retraso absoluto: debió gastar 49 mmdp, pero erogó 42.3 mmdp, 14% (6.7 mmdp) por debajo. No obstante, el mayor subejercicio en porcentaje está en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, que debía de haber gastado 7.1 mmdp, pero gastó 1.9 mmdp, 73% (5.1 mmdp) por debajo, por menores recursos del Programa de Vacunación.

Finalmente, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) –que aporta recursos a las entidades federativas para la prestación de servicios de salud a la población sin seguridad social– registra erogaciones de 55.8 mmdp, 0.3% (200 mdp) menos que en 2021 y el peor nivel desde 2019. Aún así, este programa va 2% o mil millones por arriba del calendario.

Gasto total estancado

El total de recursos enfocados a la salud (gasto funcional de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Marina y Sedena) sumó 305.7 mmdp, 2% (6.4 mmdp) menos que en 2021. Con este resultado el gasto funcional en salud se ha mantenido estancado por toda una década, pues incluso en 2012 se registró un nivel de gasto mayor (310 mmdp).

Se destaca, en primer lugar, que los subsidios y transferencias acumularon sólo 73.4 mmdp, 8.2% (6.5 mmdp) menos que en 2021, el peor nivel desde 2012. Es decir, los recursos de programas sociales en salud y las aportaciones a las entidades federativas están en su peor nivel.

En segundo lugar, la inversión física registró 4.7 mmdp, una recuperación de 34% o 1.1 mmdp, pero dicha cifra sigue siendo inferior al promedio de 8.5 mmdp del sexenio pasado (2013-2018). Esto limita la creación de nueva infraestructura para mejorar las capacidades de atención futura.

[1] Cuenta Pública 2021. Instituto de Salud para el Bienestar: https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2021/tomo/VII/Print.12M7B.03.F_EAEPOGE.pdf

[2] Informe Trimestral de Fidecomisos. Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) primer semestre de 2022. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/747643/M7B_2T_2022.pdf

[3] Reglas de Operación (ROP) FOnsabi. https://www.gob.mx/insabi/documentos/reglas-de-operacion-del-fondo-de-salud-para-el-bienestar?idiom=es

[4] Se consideran como válidos los datos de Transparencia Presupuestaria, que es en el único lugar donde se da el desglose del Insabi de gasto en subsidios.

[5] Informe de la Situación Presupuestaria del IMSS al Segundo Trimestre. Recuperado de: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/2022/2022_2doTrim_SituacionPresupuestaria.pdf

El daño se extendió a toda la Secretaría de Salud: abril 2022

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Gasto en Salud, Mensuales.

No sólo el Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi) está en proceso de desmantelamiento. Los otros 38 hospitales y organismos de la Secretaría de Salud (SSA) también han sido víctimas del abandono presupuestal y de la austeridad discrecional.

En los dos primeros meses del año detectamos subejercicios en el gasto de la SSA, vinculados principalmente a una caída en las erogaciones del Insabi. En su momento pensamos que esto podía deberse a una transición anticipada hacia el IMSS-Bienestar, hipótesis que fue descartada en nuestro análisis trimestral, donde demostramos que los subsidios para atender a las personas sin seguridad social habían caído más en el último tramo de ‘vida’ del Insabi de lo que aumentaron en el organismo que vino a reemplazarlo.

Encima de esto, detectamos en marzo transferencias del Insabi hacia fideicomisos por 8.6 mil millones de pesos (mmdp), para intentar disimular el menor gasto frente al calendario. Aun así, la SSA acumuló al tercer mes de 2022 un subejercicio de 12% (4.4 mmdp). 

Al mes de abril, la austeridad se ha cebado de nuevo en la Secretaría de Salud: se registra un retraso en el gasto programado de 31% (18.7 mmdp), el mayor tanto en magnitud como en porcentaje de los últimos cinco años para el mismo periodo. Tal recorte ha arrojado a la dependencia a su peor nivel de ejecución de recursos en una década.

La mitad del subejercicio de la SSA se explica por un retraso en la ejecución de recurso del Insabi del 26.4% (9.1 mmdp); sin embargo, la otra mitad se debe a retrasos presupuestales en 30 de sus otros 38 hospitales y organismos, algunos de los cuales registran sus peores niveles de la década.

Estamos ante una tragedia fiscal en salud. Para el Insabi al menos se ha anunciado un sustituto –decaído, eso sí–: el IMSS-Bienestar, pero para el resto de hospitales y organismos ni siquiera hay expectativa de mejora. La realidad se presenta cruda y sin anestesia. Te contamos.

Necrosis presupuestal

Después del frenesí del gasto en marzo, al cuarto mes de 2022 la austeridad ‘selectiva’ se ha profundizado. De 26 dependencias federales, ya son 19 con un menor gasto que el presupuestado, y los entes autónomos siguen en números rojos, como lo exponemos en los Números de Erario de abril. Dichos recortes se han realizado para gastar más en el Tren Maya, Pensiones de Adultos Mayores y Transferencias a Pemex.

Es a la par sorprendente y lamentable que una de las Secretarías que ha sido sacrificada para compensar el sobregasto de los programas consentidos del Ejecutivo haya sido la de Salud. Dentro de la dependencia, el principal afectado ha sido el Insabi, pues al mes de abril registra un gasto de 25.5 mmdp, 15.7% (4.7 mmdp) menos que en el mismo periodo de 2021, o 27% (9.3 mmdp) frente a 2018, cuando aún era el Seguro Popular.

Además, al primer trimestre la transferencia de recursos hacia fideicomisos (que inflan el gasto artificialmente) llegó a 8.6 mmdp, 54.4% (3 mmdp) más que en 2021. Es decir, el gasto operativo y de subsidios para la población sin seguridad social es incluso menor de lo que refleja la caída general del gasto del Insabi.

Lamentablemente, el desmantelamiento de la Secretaría de Salud es aún más profundo…

Desmantelamiento de la salud

Al mes de abril detectamos que no sólo el Insabi es víctima de los recortes presupuestales. De 25 hospitales, organismos y empresas de la SSA, 19 presentan retrasos en su gasto calendarizado. Son siete con retrasos superiores al 10%, seis con retrasos de más del 20% y cinco con retrasos superiores al 30%.  Asimismo, de 13 órganos desconcentrados –sin contar el Insabi–, 11 tienen retrasos. De éstos, son dos con retrasos superiores al 10%, dos con retraso superior al 20%, uno con retraso mayor al 30% y cuatro con recortes de más del 50%.

En suma, de 38 hospitales, empresas, organismos y órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud, 30 han sido sacrificados para ajustar sobregastos de algunas pocas dependencias federales. 

Entre los hospitales, organismos y empresas con mayores recortes se encuentra Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), el cual gastó al mes de abril 872 mdp, 64% (1.5 mmdp) menos de lo que tenía calendarizado al periodo. Esta empresa, de propiedad estatal en su mayor parte, tradicionalmente se encargaba de la producción, importación y comercialización de algunas vacunas. Sin embargo, a partir de la pandemia de covid-19 se volvió pieza clave en la compra de medicamentos y vacunas contra dicha enfermedad. 

Asimismo, la empresa ha recibido la encomienda de dirigir el Sistema Nacional de Distribución de Insumos para la Salud, es decir, la consolidación de compras y distribución de medicamentos, meta frustrada del actual Gobierno. Todo parece indicar que Birmex tampoco está en condiciones de asumir esta responsabilidad, pues ha sido descalificada de licitaciones del IMSS[1] por no contar con infraestructura básica, como suficientes choferes, áreas de almacenamiento, responsables de embarque, entre otros. Es posible que el retraso en la ejecución de recursos de Birmex se deba a que no ha logrado asumir el papel que se le asignó.

Otra institución que sobresale por la magnitud del retraso en su gasto es el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, el cual debía de haber gastado al mes de abril 418 mdp, pero erogó sólo 217 mdp, 48% (200 mdp) menos. Dicho recorte ha provocado que este instituto, dedicado a la investigación, enseñanza, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cerebrales, tenga su segundo peor nivel de gasto en una década, después del visto en 2021. No se cuenta con resultados operativos de este instituto en la Cuenta Pública 2021, ni informes propios para evaluar cómo la caída de recursos ha afectado su desempeño.

También se destaca el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, el cual debía gastar 1.1 mmdp al periodo pero erogó sólo 952 mdp, un retraso de 20% (198 mdp). Dicho recorte ha provocado que este hospital de alta especialidad presente su peor nivel de gasto en una década. Los recursos menguados se reflejan en su nivel de atención: en 2018 se otorgaron 766 mil consultas, 80 mil de urgencias, y se lograron 42.3 egresos hospitalarios, pero para 2021 sus indicadores se desplomaron a 399 mil consultas, 17.9 mil de urgencias con 24 mil egresos hospitalarios, según la Cuenta Pública[2].

Finalmente tenemos el caso del Instituto Nacional de Cancerología, el cual debía gastar al periodo 380 mdp, pero erogó sólo 277 mdp, 26% (103 mdp) menos. Este recorte provocó que esta institución -clave en la atención del cáncer y la investigación médica para su erradicación- presentara su peor gasto al mes de abril desde 2003, que se tiene registro. En su caso, el número de consultas de primera vez en 2018 fue de 232 mil, mientras que para 2021 cayó a 215 mil.

Aunque la caída en las consultas no es mayúscula, sí hay una degradación en los indicadores de desempeño del instituto. Por ejemplo, el porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional pasó de 61% en 2018 a 40.7% en 2021. Asimismo, el porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación pasó de 89.6% (6.5 mil) en 2018 a 87.4% (5.7 mil) en 2021[3].

En el caso de los órganos desconcentrados, se destaca el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, el cual debía gastar 6.6 mmdp al periodo, pero erogó sólo 1.7 mmdp, 74% (4.9 mmdp) menos. Si bien este organismo tiene programas específicos para niños y adolescentes, su principal encargo es el Programa de Vacunación Universal (PVU). Pues bien, esta institución tuvo un gran aumento presupuestal para este año: en 2021 contó con sólo 2.2 mmdp, pero para 2022 cuenta con 30.3 mmdp. Este aumento se debe en un 99% a más recursos asignados al Programa de Vacunación.

A pesar de su gran subejercicio, los 1.7 mmdp gastados por el centro son nueve veces más que el promedio de 2012 a 2021 y el mejor de la década. Si bien hay un gran aumento, no se ha cumplido con la meta establecida en el Presupuesto de Egresos, y queda la duda sobre qué se está dejando de gastar.

Lo cierto es que de 11 vacunas que reporta la SSA sólo la BCG( tuberculosis) tiene su mayor nivel de aplicación para un primer trimestre desde 2017. Otras contra el virus del Papiloma Humano o la varicela están en mínimos históricos y el resto están estancadas.

Por otro lado, la institución que más preocupa, por su retraso y caída en el gasto real, es el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Al mes de abril debía gastar 1.1 mmdp, pero erogó 90% (1 mmdp) por debajo del programa. Lo anterior ha implicado que el centro cayera a su peor nivel de ejecución de recursos desde 2011.

Esta institución es la principal ejecutora del programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, encargado de la detección oportuna de problemas de infertilidad y de cáncer asociado al aparato reproductivo y de mama, además de promover la salud materna y perinatal. Al primer trimestre ya habíamos detectado un retraso de este programa de 69% (667 mdp), y todo parece indicar que la situación se está deteriorando. Lo más grave es que son muy pocos los programas verdaderamente enfocados a solventar las disparidades entre hombres y mujeres, como lo hemos explicado, y encima de esto están siendo castigados.

Finalmente, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades debía gastar al mes de abril 353 mdp, pero acabó con un subejercicio del 61% (216 mdp), por lo que acumula su peor nivel de gasto desde 2013. La principal función de este centro[4] es ejecutar el Programa de Acción Específico de Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, el cual se encarga de la coordinación y atención de las emergencias en salud que ocurren en el país, así como orientar la elaboración de planes de preparación y respuesta ante emergencias por enfermedades emergentes y reemergentes, o eventos que ocurran en cualquier parte del mundo y que tengan potencial de afectación a la población de México.

En otras palabras, las limitaciones presupuestales sobre este programa pueden debilitar la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias, como sucedió con el covid-19.

Se agrava caída en consultas

Al cuarto mes del año la caída en consultas médicas del Insabi se ha agravado. Con cifras preliminares[5] consultadas en la primera semana de junio, se registró que en abril sólo se otorgaron 633 mil consultas; esto es menos de la mitad de lo que se otorgaron en los meses de enero a marzo de 2022. Todo parece que el anuncio de desaparición del Insabi va en serio.

En el acumulado de enero a marzo ya se registraba un retroceso 13%, o de 643 mil consultas, frente el mismo periodo de 2021, pero al acumulado a abril el total de consultas fue de 5.3 millones, un 20% (1.3 millones) menos que en 2021.

Por tipo de programa, las consultas que más han caído en magnitud en 2022 son aquéllas para atender enfermedades crónico degenerativas. Al mes de abril se registran sólo 1.2 millones, una contracción del 32%: 566 mil consultas menos que en 2021 o 72% (3 millones) menos que en 2018.

En porcentaje, las consultas de planificación familiar son las de mayor reducción: 37%, 148 mil consultas menos que en 2021, para llegar a sólo 247 mil al mes de abril de 2022. También se destacan negativamente las consultas dirigidas a pacientes sanos, las cuales acumularon 1.2 millones, 25% (398 mil) menos que en 2021.

Por sexo, las consultas de mujeres han sido las de mayor afectación: al cuarto mes suman 3.7 millones, 22% (1.05 millones) menos que en 2021 o 78% (13 millones) menos que en 2018. Por su parte, las consultas de hombres sumaron 1.5 millones, 16% (291 mil) menos que 2021 o 80% (6.3 millones) menos que en 2018.

Por rango de edad, el grupo de adultos mayores de 60 años sigue siendo el más afectado para ambos sexos, ya que registran una caída de 27% (233 mil) para mujeres y 27% (133 mil) para las consultas de hombres.

[1] Reforma, 22 de mayo de 2022. Rechaza IMSS a Birmex.

[2] Cuenta Pública del Hospital General de México. Recuperado de https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/VII/Print.NBD.01.INTRO.pdfy de https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2021/tomo/VII/MAT_Print.12NBD.01.INTRO.pdf

[3] Instituto Nacional de Cancerología. Avances y Resultados 2021. Recuperado de http://www.incan-mexico.org/incan/docs/transparencia/Informe%20de%20Avances%20y%20Resultados%202021%20NBV.pdf

[4] Programa de Emergencias en Salud (2020-2024) recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/714139/2._PAE_Emergencias_en_Salud.pdf

[5] La secretaría de Salud tiene plazos muy amplios para publicar cifras definitivas sobre las consultas. De hecho, las cifras de 2021 todavía no se establecen como definitivas. Generalmente las cifras definitivas tienden a ser superiores a las preliminares, pero hemos detectado no es superior a un 10%

IMSS-Bienestar es la pintura de un edificio en ruinas: 1T 2022

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Gasto en Salud, Trimestrales.

La transición hacia un nuevo sistema de salud para las personas sin seguridad social se inició en 2022 con el pie izquierdo. Mientras que el gasto del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se desplomó, el mayor gasto del IMSS-Bienestar no ha logrado compensar esa caída. En total, los subsidios que se otorgan para la prestación de servicios de salud en ambas instituciones cayeron en el primer trimestre del año a su peor nivel registrado.

En los primeros dos meses del año detectamos subejercicios en el gasto del Insabi, lo cual podría haberse interpretado como una transición anticipada hacia el IMSS-Bienestar. Al tercer mes descartamos esta hipótesis. En realidad, se profundiza el abandono de la atención de la salud de las personas que menos tienen. No obstante, el Gobierno ha incrementado las transferencias a fideicomisos, lo que enmascara el menor gasto del Insabi.

El resto de las instituciones federales de salud y las aportaciones a las entidades federativas se mantienen con un gasto estancado. La excepción es el IMSS, pero esto no se debe a una estrategia de fortalecimiento del IMSS-Bienestar, sino a una mayor compra de medicamentos y a un aumento en el gasto para remuneraciones al personal (lo que parece positivo, pero se trata de pagos atrasados de 2021).

Finalmente, la inversión física directa del sector salud es la más baja que se tiene registro en los últimos seis años, si descontamos las transferencias a fideicomisos, que se clasifican erróneamente como inversión. Es decir, el presente de la atención en salud es deficiente y el futuro no es prometedor, pues difícilmente se podrá incrementar la infraestructura médica con recursos tan limitados. 

Falsas promesas y simulación

Al mes de febrero el gasto del Insabi registraba 1.7 mmdp, 75% (5.2 mmdp) menos que en el mismo periodo de 2021 y el menor monto registrado. Además, el instituto había dejado de gastar 91% (18.3 mmdp) de recursos que tenía calendarizados para el segundo mes del año.

Para el tercer mes, como por arte de magia, el gasto llegó a 19.8 mmdp, un incremento de más de 11 veces frente a lo registrado a febrero. Con esto el Insabi prácticamente igualó su gasto de 2021, aunque siguió por debajo del calendario en 7.5% (1.5 mmdp). Si sólo analizáramos el gasto total a marzo parecería que las cosas no marchan tan mal. Por eso hay que desmenuzar el erario para entender.

En febrero el gasto en servicios personales era de 1.2 mmdp y para marzo llegó a 2 mmdp, un aumento considerable de 70%, y aún así quedó por debajo del calendario en 49% (1,9 mmdp). Esto nos lleva a pensar que dentro del Insabi se podrían estar retrasando los pagos a médicos u otro personal operativo.

Los subsidios –que son como se mide el apoyo para hacer gratuitos los servicios de salud– acumulaban sólo 526 mdp a febrero, pero a marzo llegaron a 8.9 mmdp, un crecimiento por 17 veces. De entrada, que los subsidios no se otorguen de manera constante y uniforme en el tiempo puede implicar que las personas en ciertos meses tengan apoyos a la atención médica y en otros no.

El mayor problema, no obstante, es que incluso con el acelerón de marzo el gasto en subsidios quedó 48% (8.3 mmdp) por debajo de lo que se debió haber erogado conforme a lo aprobado en el Presupuesto 2022. Ante la inocultable contracción en los servicios médicos, el Gobierno ‘abrió la llave’ del gasto, pero fue insuficiente para contrarrestar la ‘sequía’ que había generado meses atrás.

Finalmente, en marzo se transfirieron al Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) 8.6 mmdp, 55% (3 mmdp) más que en el mismo periodo de 2021 y el mayor monto registrado desde 2017. Hay que recordar que las transferencias a fideicomisos se clasifican como un gasto de las dependencias, lo que ayuda a enmascarar subejercicios, además de que generalmente no se puede rastrear el destino final de estos recursos. Como de costumbre, el destino de los recursos del Fonsabi no se reportan en su informe trimestral de 2022[1].

Al descontar la transferencia de fideicomisos al Fonsabi, tenemos que el gasto operativo y de subsidios fue de sólo 11.2 mmdp, una caída de 21.8% (3.1 mmdp) frente a 2021 y el peor monto para un primer trimestre, desde 2017 que hay registro. Frente a 2018, cuando aún existía el Seguro Popular, la caída es de 49% (10.5 mmdp).

Tomando en cuenta estos datos, no sorprende el desplome de los indicadores en salud, como las consultas médicas otorgadas por el Insabi, las cuales siguen en mínimos históricos.

Tropiezo en la transición al IMSS-Bienestar

En marzo se anunció la transición del Insabi hacia el IMSS-Bienestar. Ante el abandono del primero, que ya hemos expuesto, surgió la duda de si el Gobierno estaba fortaleciendo a su reemplazo de manera anticipada. Nos hacía falta el desglose del gasto que sólo se obtiene de manera trimestral para aclarar esta pregunta. La respuesta es un rotundo no.

El programa del IMSS-Bienestar se reporta dentro del Ramo 19 de Aportaciones a la Seguridad Social, y está catalogado como un programa de subsidios a la prestación de servicios públicos. Estos subsidios se pagan al IMSS para que éste dé servicios de salud a las personas no aseguradas, de la misma forma en el Insabi otorga subsidios a los centros de la Secretaría de Salud federal o de los estados para garantizar la atención de los no asegurados. En otras palabras, si obtenemos el total de estos subsidios de ambas instituciones y los subsidios a los estados de la SSA podemos conocer el apoyo real que se otorga a las personas menos favorecidas del país.

En el primer trimestre de 2022 el programa del IMSS-Bienestar reporta un gasto total de 5.5 mmdp, un incremento de 21% (962 mdp) frente al mismo periodo de 2021, el mayor nivel desde 2017, desde que hay registro trimestral. No hay duda, los subsidios a la salud a través de este programa traen un gran impulso este año.

No obstante, la contracción del Insabi ha sido mucho mayor que ese impulso. El otorgamiento de subsidios de este instituto al primer trimestre fue de 8.9 mmdp, una contracción del 30% (3.8 mmdp) frente al mismo periodo de 2021. Para decirlo de otro modo, la reducción de subsidios del Insabi fue casi cuatro veces superior al aumento a través del IMSS-Bienestar.

A todo esto hay que sumar los subsidios a los estados de la SSA. Estos acumularon 466 mdp en el primer trimestre, una recuperación frente a los 76 mdp otorgados en 2021. No obstante, se quedaron muy por debajo de los 3.2 mmdp transferidos en 2020 o los 2.4 mmdp otorgados en 2017. O sea, los menores apoyos del Insabi no se tradujeron en mayores apoyos a los estados.

En suma, los subsidios federales para otorgar atención en salud registraron 15.1 mmdp, una caída de 14% (2.4 mmdp) frente a 2021, con todo y el plan de transición hacia el IMSS-Bienestar. Frente a 2018, último año del sexenio pasado, la caída es de 47% (13.2 mmdp). Hay un abandono de las personas sin seguridad social en este sexenio, con todo y promesas de renovación. ¿Así o más claro?

Visto de otra forma, para que el IMSS-Bienestar pudiera por lo menos recuperar el nivel de apoyo visto en el último año del sexenio pasado, tendría que aumentar su gasto por 2.3 veces. Esta meta se ve difícil de alcanzar con el escueto crecimiento de los ingresos y las prioridades clientelares en el gasto público que hemos analizado en otros Números de Erario.

Caída imparable en consultas

Quizá uno de los pocos puntos favorables que le restan al Insabi es que ofrece información oportuna sobre la cantidad de consultas que otorga. El IMSS y el IMSS-Bienestar ni siquiera han publicado su informe definitivo sobre 2021, al cierre de edición de este análisis.

Las consultas totales otorgadas por el Insabi al mes de marzo fueron de 4.1 millones, una reducción de 13% o de 643 mil consultas frente el mismo periodo de 2021. En comparación con 2018, la caída es del 77% o 14.1 millones.

Al mes de febrero la contracción de las consultas era de 21% frente a 2021, y en enero fue del 30% frente a dicho año. Es decir, en marzo se nota una mejora o por lo menos no es tan grave la contracción. Esto podría estar relacionado con que en marzo se ‘abrió la llave’ del gasto al Insabi.

De cualquier forma, los datos sobre las consultas siguen siendo preocupantes. Aquéllas enfocadas en atender enfermedades crónico-degenerativas son las que más han caído: en 356 mil consultas o 27%. La disminución de este tipo de atención es empobrecedora, pues restringe el acceso a tratamiento de enfermedades como cáncer, diabetes o VIH/sida. Frente a 2018 estas consultas han caído en 70% (2.2 millones menos).

Asimismo, preocupa la caída en las consultas de gente sana –preventivas– en 197 mil o 17% menos que en 2021. Este tipo de atención es vital para detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y evitar su agravamiento. Frente a 2018 la contracción es de 82% (4.3 millones).

En cuanto a rango de edad y sexo, las personas mayores y las mujeres han sido las más afectadas por la contracción de las consultas médicas del Insabi. Las consultas de mujeres registran una caída del 16% o 540 mil en 2022, mientras que los hombres han perdido 8% o 103 mil consultas. En porcentaje, las consultas de mujeres de más de 60 años han caído 21% (133 mil consultas), y lo que también es preocupante es la contracción en 19% (181 mil) en las consultas de mujeres entre 30 y 49 años.

Instituciones de salud estancadas, excepto el IMSS

En lo que va del año las instituciones de salud han mantenido su gasto estancado o han tenido reducciones. La excepción es el IMSS, aunque todo indica que no es por las razones idóneas: está pagando deudas que acarrea desde el año pasado.

El gasto de ISSSTE, sin contabilizar pensiones, fue de 14.2 mmdp, 18% (3.1 mmdp) menos que en 2021, cayendo a niveles no vistos desde 2016. Destacan un recorte de 14% (1.7 mmdp) y menores gastos por servicios generales en 1.7 mmdp o 117% menos que el año anterior. Su inversión también se contrajo en 60% o 51 mdp.

Para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) de los estados y municipios el gasto total fue de 29.1 mmdp al tercer trimestre de 2022, casi idéntico a los 29.3 mmdp registrados en 2021. Casi todos los estados tuvieron aportaciones similares, a excepción de la Ciudad de México, que sufrió recortes del 10% (153 mdp), y Nuevo León, de 14% (132 mdp), mientras que Oaxaca tuvo un aumento de 9% (122 mdp) y Baja California de 6% (49 millones).

Para la Secretaría de Salud (SSA), el gasto fue de 31.5 mmdp, un aumento del 5.6% (1.6 mmdp) en comparación con 2021. No obstante, como ya hemos mencionado, el Insabi, que forma parte de la SSA, transfirió más recursos a fideicomisos en 2022. Sin dichas transferencias el total de la SSA habría caído.

Por su parte, el gasto funcional en salud de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue de 1.6 mmdp, una reducción de 14% (273 mdp), mientras que para la Secretaría de Marina (Semar) fue de 654 mdp, una caída de 24% (211 mdp).

La única institución con aumentos reales en su gasto fue el IMSS, con 83 mmdp –sin contar gasto en pensiones–, lo que representa un aumento de 19.4% o 13 mmdp. Se podría pensar que este mayor gasto está relacionado con una estrategia de fortalecer al IMSS-Bienestar, pero debemos descartar también esta hipótesis, ya que, de nuevo, los apoyos a la seguridad social que otorga el IMSS-Bienestar o el Insabi se clasifican como subsidios, y el IMSS no reporta este tipo de gasto.

Eso sí: los incrementos del IMSS están relacionados con un mayor gasto en medicinas y productos farmacéuticos, lo cual parecería positivo, pero parte de esto se debe a pagos atrasados de 2021. También detectamos un mayor gasto en subcontratación de servicios y erogaciones por cuenta de terceros.

En el caso de medicinas y productos farmacéuticos, el IMSS gastó 9.2 mmdp en el primer trimestre de 2022, 104% (4.4 mmdp) frente al mismo periodo del año pasado. Según el Informe Trimestral del IMSS[2], en el primer trimestre de 2022 se erogaron mayores recursos en esta partida debido al pago de pasivos del ejercicio 2021. Lamentablemente el informe no precisa qué tantos recursos fueron a pagar pasivos, por lo que no es posible saber si hubo un aumento real en la compra de medicamentos.

Lo que sabemos es que el IMSS cerró 2021 con cuentas por pagar, a corto plazo, de 36.5 mmdp, 74% (15.5 mmdp) más que al cierre de 2020, según la Cuenta Pública de 2021[3]. Se desconoce cuántos pagos debían cubrirse en el primer trimestre de 2022; lo que es seguro es que este año se están realizando más pagos de pasivos que en 2021. El año pasado los factores que impulsaron el gasto fueron más allá de lo previsto: la mayor contratación de personal eventual y la transferencia de recursos para la compra de medicamentos y material de curación a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), según el reporte al cuarto trimestre del IMSS[4].

El IMSS también registra un gran aumento en la partida de Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo o Contratos Colectivos de Trabajo. En el primer trimestre se gastaron 25.8 mmdp, 19% (4.2 mmdp) más que en 2021. Cabe destacar que esta partida es la de mayor peso en el IMSS, incluso por encima que Sueldos Base, la cual reportó erogaciones por 8.8 mmdp o un aumento de 2% (183 mdp). Según el informe del IMSS, este aumento fue al pago de obligaciones fiscales y patronales de diciembre de 2021, posiblemente aguinaldos no pagados el año pasado.

Finalmente, destacan aumentos de 206% (1.7 mmdp) en las partidas de servicios integrales, y en 114% (1 mmdp) en subcontratación de servicios con terceros. El IMSS reporta que el aumento de estas partidas también se debió a pagos retrasados, pero no clarifica en qué proporción.

En cuanto a recortes, la principal partida fue Remuneraciones al Personal Eventual, con una reducción de 62% (2.9 mmdp), en comparación con 2021. Hay que asumir que durante la pandemia se incrementó el número de médicos y enfermeras eventuales, y que en 2022, con el covid-19 más controlado, se haya reducido el número. Asimismo, se redujo el gasto de Materiales y Suministros Médicos en 92% (1.9 mmdp).

En resumen, no se puede celebrar el aumento del gasto del IMSS en remuneraciones y medicamentos, ya que una parte de ella –sin especificar– se debe a pagos atrasados. Tendremos que esperar al reporte de labores anual 2021, que se publica a mediados de 2022, para conocer la deuda exacta por componente que se acarreaba desde el año pasado, y estimar el gasto destinado a la operación real de este año.

Inversión real a la baja

Pareciera que el Gobierno, al darse cuenta de las limitaciones en la infraestructura médica durante la pandemia, estuviera incrementando la inversión en salud. La realidad es que no.

La inversión funcional en salud registró en el primer trimestre de 2022 2.8 mmdp, un aumento de 32.6% (700 mdp) frente a 2021. No obstante, de los 8.6 mmdp de transferencias a fideicomisos, de las ya que hemos hablado, 2.2 mmdp se clasificaron como ‘Gasto de inversión por concepto de recursos otorgados a fideicomisos públicos’.

Ésta es la mayor transferencia clasificada como inversión desde 2019. Esta estrategia ya se utilizaba desde el sexenio pasado, pero ahora representa más del total de la inversión en salud, un 79%. En 2018 representó un 65%. Como se desconoce el destino del gasto de esos fideicomisos, no se puede saber si en realidad se gastaron en obra pública.

Hay que destacar que de los 20 mmdp de transferencias a fideicomisos que se reportan en el Sector Público en el primer trimestre de 2022, sólo se consideran como gasto de inversión los 2.2 mmdp dedicados a Salud. En el resto de ramos, las transferencias a fideicomisos se clasifican como gasto corriente o de capital, diferente a obra pública.

Al descontar dichas transferencias resulta que la inversión en salud fue de sólo 602 millones de pesos, una caída del 11% (77 mdp) frente a 2021 y el menor monto desde 2017 que se tiene registro, situación que no ayudará a revertir la caída en las unidades médicas y estancamiento en los hospitales que hemos analizado en otros trabajos.

Mucho ruido y pocas nueces

En el primer trimestre del año se han relanzado las expectativas de una renovación del sistema de salud en México, especialmente para las personas sin seguridad social a través del IMSS-Bienestar.

En su momento analizamos que dicho cambio podría ser positivo, ya que el IMSS-Bienestar es un programa probado y con reglas de operación (ROP), pero que un simple cambio de nombre no alcanzaría si no venía acompañado de un considerable aumento presupuestal.

Nuestros temores se han hecho realidad. Hasta el momento el Gobierno sólo está pintando la fachada del sistema de salud en ruinas, sin hacer cambios profundos. Ante el desplome del gasto real en salud y la menor inversión, difícilmente se logrará conseguir el sistema universal de salud que manda la Constitución y que necesita la población entera de este país.

[1] Informe Trimestral del Fondo de Salud para el Bienestar 1T 2022. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/720098/M7B_1T_2022.pdf

[2] Informe al primer trimestre de 2022 del IMSS. Recuperado de: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/2022/2022_1erTrim_SituacionPresupuestaria.pdf

[3] Cuenta Pública 2021. IMSS. Recuperado de: https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2021/tomo/VII/MAT_Print.50GYR.02.02.pdf

[4] Informe del Cuarto Trimestre de 2021 del IMSS. Recuperado de : http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/2021/2021_4toTrim_SituacionPresupuestaria.pdf

De andrajos a harapos, del Insabi a IMSS-Bienestar: febrero de 2022

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Gasto en Salud, Mensuales.

El Gobierno quiere reemplazar un sistema de seguridad social ruinoso por otro hecho de despojos. El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) –antes Seguro Popular– no ha cumplido su misión de garantizar el acceso universal a la salud, como evidencian los indicadores de gasto y operación del programa. Aunado a esto, el Gobierno federal anunció que pretende que el IMSS-Bienestar asuma tal responsabilidad, pero al igual que su predecesor este programa no la tiene fácil, pues sus capacidades son mínimas, más que insuficientes, debido a años de estancamiento presupuestal en el sector.

En 2021 el gasto en subsidios del Insabi –que es como se clasifica el apoyo directo a los servicios de salud– fue de sólo 50.8 mmdp, 28% (19 mmdp) menos que el promedio de 2013 a 2018. A la par de la reducción de gasto, el Instituto sólo dio 68.8 millones de consultas médicas; 20.8 millones de consultas menos que el promedio del sexenio pasado. 

IMSS-Bienestar tampoco arroja los mejores resultados. En 2021 gastó 14.3 mmdp, 0.2% (27 mdp) menos que en 2020 y sólo 6% (780 mdp) más que el promedio de 2013 a 2018. Las consultas auspiciadas por este programa en 2021 fueron sólo 15.9 millones, 26% (5.4 millones) menos que las promediadas durante el sexenio de Peña Nieto. El ligero incremento presupuestal no ha logrado detener la caída en los servicios médicos.

De igual forma, la infraestructura hospitalaria del IMSS-Bienestar ha estado estancada en los últimos años, y presenta caídas en insumos médicos como camas e incubadoras. Encima de esto, la institución sólo tiene presencia en el 54% de los municipios del país y en 19 estados. Falta un plan detallado de cómo se piensa federalizar este programa.

Para 2022 se aprobó un presupuesto de 23.6 mmdp para el IMSS-Bienestar, 74% (10 mmdp) más que en 2021. Al parecer, el Gobierno ya planeaba realizar la transición entre sistemas de salud desde el año pasado. No obstante, a pesar de este incremento en el corto plazo, difícilmente se podrán subsanar las carencias en infraestructura, equipamiento y capital humano que se vienen arrastrando. Veamos.

Recuperar consultas: misión casi imposible

El mejor año en cuanto a consultas médicas otorgadas, tanto para la población con seguridad social como para la desprovista de ella, fue 2014. Los derechohabientes de sistemas de salud formales como el IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar y hospitales estatales recibieron 172.3 millones de consultas, 6% (10.5 millones) más que en 2021. Por su parte, las personas sin seguridad social formal atendidos por la Secretaría de Salud, Seguro Popular, IMSS-Bienestar y hospitales universitarios recibieron en ese año 159 millones de consultas, 39% (62 millones) más que en 2021.

En efecto, la salud de todos los mexicanos está peor atendida hoy que en el sexenio pasado, pero las personas sin protección social formal han sido las más afectadas.

El desplome de la protección de las personas sin seguridad social se debe al abandono del IMSS-Bienestar e Insabi/Seguro Popular. En 2021 el IMSS-Bienestar otorgó 23% (4.7 millones) menos consultas que en 2014 y el Insabi otorgó 77% (74.6 millones) menos que ese año. La atención de la Secretaría de Salud no asociada al Insabi alivió en parte esta caída, al otorgar 43% (17.8 millones) de consultas más que en 2014.

Si analizamos las consultas por el número de habitantes (que no para de crecer, mientras que las consultas caen) la realidad es mucho peor. En 2014 se otorgaron 81 consultas en el Seguro Popular por cada 100 habitantes, pero en 2021 se otorgaron sólo 17. En el mismo periodo, el IMSS-Bienestar pasó de dar 17 consultas a sólo 12, y para el total de la población sin seguridad social cayó de 133 a 75 consultas por cada 100 habitantes, el segundo peor nivel registrado, a excepción de 2020.

El punto es que los dos sistemas que están en la mesa de la arena pública el día de hoy vienen de más a menos, por lo que es difícil pensar en una transición que beneficie a los mexicanos en el corto plazo. Si desapareciera de tajo el Insabi, el IMSS-Bienestar tendría que otorgar 38.9 millones de consultas tan sólo para mantener la atención de las personas sin seguridad social en 2021, es decir, 142% (22.5 millones) más de las que otorgó el año pasado o 50% (12.9 millones) más que en 2017, su mejor año de atención.

Ahora, si se pensara en recuperar las consultas del mejor año de atención –2014– el IMSS-Bienestar tendría que otorgar 100.6 millones de consultas, que equivale a 5.3 veces más de las otorgadas en 2021 o cuatro veces su máximo histórico.  Será muy difícil mantener las consultas logradas en 2021 si desaparece el Insabi, y parece casi imposible recuperar la atención del sexenio pasado, dado el estado actual de los institutos de salud.

Infraestructura en el olvido

Desde el inicio del actual sexenio proyectos como trenes, aeropuertos o refinerías han sido prioridad política; la salud, no. En 2021 la inversión física en salud fue de 15.9 mmdp, 42% (11.3 mmdp) por debajo que la alcanzada en 2011, año en que se registró el monto más alto en este rubro. Si se analiza esto en términos per cápita, en 2011 el Gobierno dedicaba 236 pesos para infraestructura en salud, pero para 2021 se dedicaron sólo 122 pesos. En 2019, previo a la pandemia, se dedicaron sólo 90 pesos.

La menor inversión ha generado incluso una pérdida de unidades de consulta médicas, como centros de salud, clínicas, unidades móviles o unidades de medicina familiar. En 2021, todas las instituciones de salud, tanto para la población asegurada como no asegurada, contaron con 20,285 unidades médicas, 5% (1,009) unidades menos que el máximo alcanzado en 2017. En el caso de hospitales generales, regionales o de especialidad no hubo una contracción, al contario: se registraron 1,512, un aumento de 10% (134 hospitales). Gran parte de este aumento se debió a la reciente conversión de unidades médicas a hospitales ante la pandemia por covid-19.

Sin embargo, la infraestructura hospitalaria del IMSS-Bienestar no mejoró durante la pandemia. Se ha mantenido en 80 hospitales desde 2014. El número de unidades de consulta cayó a 3,987, un 6% (248 unidades) menos frente al máximo de 2017. Por otro lado, los hospitales exclusivos del IMSS llegaron a 277 en 2021, 4% (11) más que en 2017 y las unidades de hospitalización fueron 1,167, 2% (22) más. Como se puede ver el IMSS-Bienestar registra más unidades de consulta que el IMSS, pero menos hospitales. Es decir, la mayoría de las unidades del IMSS son también del IMSS-Bienestar y atienden a personas sin seguridad social, pero la mayoría de los hospitales son exclusivos de la población con seguridad social formal. 

En el caso de la SSA los hospitales en 2021 llegaron a 824, 10% (72) más frente al máximo de 2017, pero las unidades médicas cayeron en 5% (718 unidades), a 13,680. En este caso, hay que notar que tanto en hospitales como en clínicas, la SSA tiene más infraestructura que el IMSS-Bienestar y el IMSS juntos[1].

El estancamiento o la caída de las unidades médicas se relaciona con la baja inversión en ambas instituciones. El mejor año de inversión de la SSA fue en 2010, con 32 mmdp o 281 pesos por persona. En 2021 se invirtieron sólo 88 pesos por persona o 11.4 mmdp. Para el IMSS, su mejor año de inversión fue en 2011, con 12.4 mmdp o 107 pesos por persona, pero en 2021 la inversión cayó a 3.5 mmdp o sólo 27 pesos por persona.

Revertir el abandono de la inversión pública en salud será una tarea de años: una mejora en el presupuesto de 2022 no basta. Aunque en 2020 hubo un pico en la inversión por el covid-19, con el que se logró impulsar la capacidad hospitalaria, hay un menor número en el resto de unidades médicas, las cuales generalmente se encuentran en los sitios más apartados y atienden a las personas más vulnerables.

Insumos y personal: no dan las cuentas

Desde finales del sexenio pasado, en 2018, los principales indicadores de insumos médicos y de personal han tenido ligeros incrementos, aunque en distinta proporción para cada sistema de salud. En pocas palabras, la Secretaría de Salud ha sido la más beneficiada, mientras que el IMSS-Bienestar ha visto mejoras minúsculas. Sin embargo, el principal cuestionamiento es que la SSA tiene más camas, consultorios, quirófanos y médicos que todo el IMSS-Bienestar y el IMSS juntos, por lo que se ve difícil una transición entre los dos sistemas.

Una posible explicación de la diferencia de capacidades de la Secretaría de Salud e IMSS es que la información de la SSA contiene no sólo aquellos centros de salud federales, sino también de las Secretarías de Salud estatales. Es posible que la mejora en los indicadores y la gran diferencia de infraestructura se deba al esfuerzo y tamaño de las unidades estatales, pero esto no es posible saberlo, ya que los datos no se presentan desagregados. En cualquier caso, el Insabi funciona tanto en centros de la SSA federal como estatal.

El primer insumo médico que se encuentra estancado son las camas censables, aquéllas destinadas a la hospitalización. La Secretaría de Salud (federal y estatal) llegó en 2021 a 42.2 mil unidades, un aumento de 8% (3.1 mil) respecto a 2018. Por su parte, el IMSS-Bienestar llegó a 2.8 mil camas, un aumento de 9%, pero que equivale sólo a 221 unidades más. Es decir, la SSA tiene 15 veces más camas que el IMSS-Bienestar. Incluso utilizando todas las camas exclusivas del IMSS (34.4 mil), no se podrían igualar los números de la SSA.

En el caso de consultorios, la Secretaría de Salud cerró 2021 con 42.2 mil, 3% (1.2 mil) más que en 2018, mientras que el IMSS-Bienestar cerró en 5.9 mil, 10% (543) más que en 2018. Esto quiere decir que la SSA tiene siete veces más consultorios y ni sumando los 19.3 mil consultorios del IMSS se igualaría la cifra.

Respecto a los quirófanos, la SSA cerró 2021 con 1,932 unidades, 3% (55) más que en 2018, mientras que el IMSS-Bienestar tuvo 90, sólo un quirófano más que en 2018. De igual forma, sumando los 1,364 quirófanos del IMSS no se igualaría la cifra del sistema SSA federal y estatal.

Finalmente, se estima que la SSA cerró 2021 con 114 mil médicos, 6.3% (6.7 mil médicos) más que 2018. Por su parte, el IMSS-Bienestar cerró con 6.3 mil médicos, una caída de 9,9% (693). Ni sumando los 85.6 mil médicos exclusivos del IMSS se podría igualar la cantidad de personal de la SSA.

Es urgente que el Gobierno aclare el plan de transición del Insabi hacia el IMSS-Bienestar tanto en infraestructura hospitalaria, insumos y personal, porque las cuentas simplemente no dan. Es improbable que el IMSS aporte más infraestructura al IMSS-Bienestar, ya que ésta ya está saturada y, como hemos expuesto, no sería suficiente para igualar los números de la Secretaría de Salud. Lo más probable es que el IMSS-Bienestar ahora administre los centros de la SSA, con lo cual se seguirán enfrentando las actuales limitaciones del sistema actual del Insabi.

Reglas de operación menos precisas

El 24 de diciembre de 2021 se publicaron las nuevas Reglas de Operación (ROP) para el programa IMSS-Bienestar de 2022. De 2018 a 2021 no habían sufrido ningún cambio sustancial, pero para este año la modificación es notoria. De nuevo, se nota que el Gobierno ya tenía en mente una reforma al sistema de salud de las personas sin protección social. ¿El principal cambio? La ambigüedad con la que se redactó el catálogo de servicios otorgados a la población.

En 2022 en la atención ambulatoria se contemplan cinco conceptos[2]: consulta de medicina general, atención a urgencias básicas, medicina preventiva, atención a la salud mental y atención a enfermería. Por su parte, en la atención hospitalaria se contemplan 11 conceptos, como consulta externa de medicina familiar, consulta externa de especialidades, atención a urgencias, hospitalización, intervenciones quirúrgicas, medicina preventiva, entre otras. Ha de notarse la ambigüedad de la descripción de servicios otorgados, en especial si se compara a las ROP pasadas.

Anteriormente, para la atención ambulatoria se contemplaban 19 conceptos[3], tan específicos como control prenatal a embarazadas de bajo y alto riesgo y vigilancia del puerperio; atención a enfermedades crónicas (diabetes e hipertensión); entrega gratuita de medicamentos asociados a las intervenciones en salud, entre otras. Además, para la atención hospitalaria se contemplaban 17 conceptos como atención de parto y puerperio; hospitalización pediátrica y adultos (medicina interna, cirugía general y gineco-obstetricia); servicios auxiliares de diagnóstico (Laboratorio, Rayos «X» y ultrasonido), entre otras.

Algunos podrán pensar que la ambigüedad significa que el IMSS-Bienestar ahora abarcará muchos más servicios que antes no estaban especificados. Sin embargo, el riesgo es que sin un cuadro específico de beneficios ante el incumplimiento de la autoridad, las personas tendrán menos bases para demandar legalmente la atención del IMSS-Bienestar. Al dejarlo todo nebuloso la rendición de cuentas es más laxa. No hay promesa más fácil que la que no es precisa.

La desprotección en el sistema actual

A partir de la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) 2020 del Inegi, es posible entender que el Insabi no garantiza la protección social de las familias. Las personas que sólo tienen este tipo de protección en salud se ven obligados a recurrir a médicos privados y a gastar más de su ingreso que las personas más favorecidas.

De la población total que declaró estar inscrita al Insabi en 2020 (98 mil), el 63.9% respondió haber tenido problemas de salud y buscar atención médica. Sin embargo, la mayoría utilizaron consultorios privados (en el 31.18% de los casos) y consultorios privados de farmacias (en el 16.38% de los casos). Sólo 2.1% recurrió al Insabi. 

Por su parte, los encuestados que declararon estar inscritos al IMSS (114,737), el 67.97% reportaron haber tenido problemas de salud durante el periodo de la encuesta y buscar atención médica. La gran diferencia es que la mayoría buscó atenderse en el IMSS; aprovecharon este servicio en un 46.26%, y un 28.55% acudió a consultorios privados. Es decir, las personas con seguridad social formal confiaron más en el IMSS y tuvieron que recurrir en menor medida a los médicos privados.  Además, las personas que tenían acceso a ambos servicios, sólo el 0.12% prefirió atenderse en el Insabi.

Asimismo, la ENIGH permite observar que las personas de los deciles más pobres gastan más en salud en proporción a su ingreso, situación que se vio agravada con la pandemia. En 2018 el 10% más pobre del país gastó[4] 5.05% de su ingreso, pero para 2020 gastó en total 6.77%. En contraparte, el 10% más rico gastó 3.22% de su ingreso en 2018 y para 2020 un 3.83%. Como se ve, la falta de un sistema de salud universal hizo que durante la pandemia el gasto como proporción a los ingresos aumentara más para la gente de menos recursos, profundizando el ciclo vicioso de la pobreza.

El febrero se agravó el abandono del Insabi

Para enero de 2022 detectamos una caída descomunal en el gasto del Insabi, que se correspondía con el desplome de consultas del instituto. No fue un tropiezo de inicio de año: la caída en el gasto del instituto encargado de proteger a la población más vulnerable sigue en el suelo.

Al mes de febrero el gasto del Insabi fue de 1.7 mmdp, 75% (5.2 mmdp) menos que en el mismo periodo de 2021 y el menor monto registrado. Además, el instituto ha dejado de gastar 91% (18.3 mmdp) de recursos que tenía calendarizados para el segundo mes del año.

Lo anterior ha ocasionado que sólo se otorguen 2.3 millones de consultas, 21% (632 mil) menos que en el mismo periodo de 2021 u 80% (9.6 millones) menos que en 2018, antes de que desapareciera el Seguro Popular.

Este menor gasto sigue afectando principalmente a las personas más desfavorecidas: la gente con enfermedades crónico-degenerativas, mujeres y adultos mayores.

Se realizaron 550 mil consultas para atender enfermedades crónico-degenerativas, 32% (258 mil) menos que en 2021 o 74% (1.5 millones ) menos que en 2018. Asimismo, las consultas para mujeres se redujeron en 22% (483 mil) frente a 2021 o 79% (6.4 millones) respecto a 2018.

 

 

Los retos inmediatos del ‘plan oficial’

El plan del Gobierno, en el sentido de federalizar la salud pública a partir del modelo del IMSS-Bienestar debe contestar una larga serie de preguntas.

Necesitamos saber cómo se involucrará a los 13 estados que actualmente no forman parte del programa. Es improbable que más unidades hospitalarias del IMSS pasen a formar parte del IMSS-Bienestar, debido a la ya saturada red del instituto. Lo más probable, como dijimos, es que el IMSS-Bienestar administre ahora la infraestructura del Insabi, es decir, de la Secretaría de Salud de la Federación y de los estados.

En este último escenario, la administración del sistema de salud, a través de un programa con Reglas de Operación (ROP) probadas, sí podría ser capaz de mejorar la gobernanza de los hospitales en México, pero no bastará cambiar de marca o pintar la fachada para garantizar los derechos de los ciudadanos. Por eso nos preocupa tanto la modificación de las ROP de este programa, que resultó en estatutos menos precisos.

Será necesario una gran inversión en el sector que revierta los años de estancamiento en la infraestructura e insumos hospitalarios, al igual que una mejora en gestión médica para contrarrestar la menor atención que se ha venido otorgando tanto para la población asegurada –IMSS, ISSSTE, etc–  como para la población no asegurada en el Insabi o IMSS-Bienestar. Esto es una bomba de tiempo: las cifras de 2022 nos muestran que el desplome de la atención médica no para de agravarse.

[1] Cuando se habla de la infraestructura del IMSS se refiere a aquella que es exclusiva de la población con seguridad social inscrita al instituto. Los derechohabientes del IMSS también pueden acceder a las clínicas y hospitales del IMSS-Bienestar pero no viceversa.

[2] Reglas de Operación IMSS Bienestar 2022: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639354&fecha=24/12/2021

[3] Reglas de Operación IMSS-Bienestar 2021: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609040&fecha=28/12/2020

[4] Considera gasto monetario y no monetario como transferencias, regalos y autoconsumo de bienes y servicios

Se desploman gasto y consultas: enero 2022

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Gasto en Salud, Mensuales.

Es la muerte prematura del Insabi. Aunque se quiera disimular con el nuevo impulso al programa IMSS Bienestar para atender a personas sin seguridad social, el Insabi es un fracaso rotundo y el Gobierno debe rendir cuentas sobre lo que ha sucedido. La garantía del derecho a la salud de las personas más pobres en México es peor ahora que hace tres años. Desde que se sustituyó al Seguro Popular (SP) por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el presupuesto efectivamente gastado en atender a la población no deja de caer, al igual que las consultas médicas.

Tan es así que la situación que se observa a enero de 2022 bien puede lucir como la antesala del cierre del programa: el gasto total del Insabi fue de sólo 34 millones de pesos (mdp), una caída de 94% (544 mdp) frente a enero de 2021 o de 99% (3,486 mdp) frente a enero de 2019, cuando todavía existía el Seguro Popular.

Si bien a inicios de 2022 se tenían presupuestados 6.6 mil millones de pesos (mmdp) para el Insabi, el subejercicio de recursos fue casi total. ¿Cómo es posible? Puede deberse a una transferencia anticipada de recursos del Insabi hacia el IMSS-Bienestar, el cual se hará cargo, a partir de abril de 2022, de las personas sin seguridad social en algunos estados. Esto puede explicar el casi nulo gasto en enero, pero no lo justifica: de ser correcta esta hipótesis se habrían transferido recursos al IMSS antes de que éste se hiciera cargo de las obligaciones del Insabi.

A la par del menor gasto, las consultas médicas del Insabi –que atiende a las personas más vulnerables del país– sufrieron otro descalabro en enero. La atención total fue de 996 mil consultas, una caída de 30% (431 mil consultas) menos que en enero de 2021 u 83% (4.7 millones de consultas) menos que en enero de 2019.

Todo indica que 2022 será incluso más trágico que 2021 en materia de atención a la salud de la gente más pobre. Hay que recordar que en2021 el gasto total del Insabi, sin contabilizar aportaciones a fideicomisos, fue de 59.1 mmdp, 4% (2.2 mmdp) menor al de 2019, cuando existía el Seguro Popular,mientras que las consultas totales cerraron en 20.8 millones (45.6 millones de consultas) menos que en 2019. Asimismo, el gasto en subsidios –que es como se clasifica el apoyo directo a las servicios de salud del Insabi– fue de 50.8 mmdp, 29% (21 mmdp) menos que el promedio de 2012 a 2018.

Sufre la población más vulnerable: pacientes crónicos, mujeres y ancianos

El desplome de las consultas médicas del Insabi, causado por los recortes presupuestales, ha impactado principalmente en la vida de las personas más vulnerables, de los ya desprotegidos por no tener acceso formal a la salud como IMSS o ISSSTE. Nos referimos a personas que luchan contra enfermedades crónico-degenerativas, adultos mayores y mujeres.

En enero de 2022 las consultas para atender enfermedades crónico-degenerativas –como cáncer, diabetes y VIH/sida– fue de sólo 229 mil, una caída de 41% (159 mil consultas) frente a enero de 2021 o de 78% (828 mil consultas) frente a enero de 2019. La reducción de este tipo de atención implica un mayor riesgo de muerte; se pone en juego la vida de los pacientes y, desde luego, también se traduce en mayor empobrecimiento de la gente, que de por sí enfrenta enfermedades altamente costosas en su tratamiento.

Frente a 2021 también llama la atención una caída de 46% (39 mil consultas) en planificación familiar y 43% (148 mil consultas) en los pacientes sanos que asisten a revisión. Por el contrario, hay una leve recuperación de 2% (3.6 mil consultas) en atención a enfermedades transmisibles y 26% (12.1 mil consultas) para salud bucal, aunque ambas se mantienen por debajo de sus niveles de 2019. 

Por otra parte, las mujeres han sido las más afectadas con el menor presupuesto del Insabi. En enero de 2022 recibieron 705 mil consultas, 31% (318 mil) menos que en enero de 2021 u 82% (3.1 millones) menos que en 2019. Los hombres en enero de 2022 recibieron 292 mil consultas, 28% (113 mil) menos que en enero de 2021 u 84% (1.5 millones) menos que en enero de 2019.

Finalmente, si analizamos el rango de edad, los adultos mayores han sido los más perjudicados. Hay más pensiones para adultos mayores, pero menos atención médica. En enero las consultas a mujeres con más de 60 años presentan una reducción de 36% (69 mil consultas) en comparación con 2021, y para los hombres mayores son 37% (39 mil consultas) menos.

No obstante, si la comparación es con enero de 2019, los más jóvenes son los más afectados. Las consultas para niñas de un año muestran una contracción del 91% (78 mil consultas), y de 90% (79 mil consultas) para los niños de esa edad.

Gasto en salud, sin cambio estructural

A inicios de año el gasto funcional en salud no presenta un cambio estructural significativo: aunque sí hubo un incremento en el gasto total, con la información disponible no es posible saber exactamente en qué se ha gastado. Lo que sí sabemos es que este incremento no es resultado de un mayor gasto en remuneraciones a los trabajadores del sector salud, subsidios o inversión física, ya que ésta última fue prácticamente inexistente en enero de este año.

En enero de 2022, el gasto funcional en salud fue de 50.9 mmdp, un aumento de 27% (10.7 mmdp), frente a enero de 2021, con lo que se consiguió la mejor cifra para un inicio de año desde enero del 2012. No obstante, el incremento se dio principalmente en “otros gastos de operación”[1], rubro que acumuló 11.8 mmdp, 259% (8.5 mmdp) más que en 2021: su mayor monto desde 2012.

Los servicios personales acumularon 34.7 mmdp, 7% (2.3 mmdp) más que en 2021, pero un monto similar a lo reportado en 2017. Los subsidios y transferencias –que reflejan el apoyo a las personas más desfavorecidas– acumuló 6 mmdp en enero de 2022, un aumento del 5% (300 mdp) frente a 2021, pero quedó por debajo de lo observado en 2015 y en 2019: 3 a 6 mmdp menos, respectivamente.  Finalmente, la inversión física en salud fue de sólo 171 millones de pesos, el menor monto que se tiene registro para un inicio de año, salvo para 2021.

Gasto por institución, estancado

El gasto de las instituciones dedicadas a otorgar servicios de salud no tuvo cambios significativos. La Secretaría de Salud, el ISSSTE y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) se mantuvieron por debajo de los niveles vistos en años previos. 

La excepción fue el IMSS, quien en enero gastó 35.4  mmdp, 40% (10 mmdp) más que en 2021, y registró el mayor nivel para un inicio de año desde 2012. El mayor gasto frente a 2021 se dio a causa de un aumento de 195% (7.2 mmdp) en “otros gastos de operación” y de 15% (3.1 mmdp) en servicios personales. Con todo, el gasto en inversión física fue de sólo 13 millones de pesos, muy lejos de los niveles superiores a mil millones que se alcanzaron entre 2009 y 2013 para un mes de enero.

El incremento, como hemos adelantado, podría deberse a una transferencia anticipada de recursos del Insabi al IMSS-Bienestar, el cual, según se anunció, a partir de abril se hará cargo de atender a las personas sin seguridad social. El caso es que para el periodo el IMSS tenía programados 19.3 mmdp, pero acabó gastando 83% (16 mmdp) más. Esto se explica principalmente por 45% (7.5 mmdp) más gasto en servicios personales y 267% (7.8 mmdp) más de “otros gastos de operación” frente al programa.

Sin embargo, los subsidios –que es como clasifica el Insabi el gasto para el apoyo a las personas sin seguridad– fue de sólo 900 mil pesos, sin cambios respecto al programa. Es decir, sí se transfirieron recursos del Insabi al IMSS, pero esto no se reflejó en una mayor atención a gente sin seguridad, social sino en el fortalecimiento de su gasto de operación.

Final y principio del Insabi

Enero de 2022 parece marcar el final del Insabi. Una muerte por enfermedad crónica que acarreaba desde su nacimiento. La creación del instituto y la desaparición del Seguro Popular prometía por fin garantizar el acceso universal, gratuito y de calidad a los servicios de salud en México. Sólo fueron falsas esperanzas.

Desde un inicio el Insabi fue dotado con menos presupuesto efectivo para atender a la población, lo cual se reflejó en cada vez menos consultas médicas para los beneficiarios de este programa. En enero, el gasto y la atención fueron insignificantes frente a lo que se lograba con el Seguro Popular.

Ahora, la promesa es que el IMSS, a través del IMSS-Bienestar, se haga cargo de atender a las personas sin seguridad social. Si bien el IMSS tiene más experiencia para tratar a la población, habrá que ver qué tan rápida y acertada es la transición, además de comprobar si efectivamente se incrementan los recursos para atención médica. Sin un mayor presupuesto, el IMSS-Bienestar estará destinado al mismo fracaso del Insabi.

[1] En los informes mensuales Hacienda reporta los capítulos de Materiales y Suministros; y servicios generales como “Otros gastos de operación” sin mayor desagregación lo cual evita su análisis.

El estancamiento: gasto en salud anual 2021

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Anuales, Gasto en Salud.

RECUPERA AQUÍ EL CATÁLOGO CON TODOS LOS INDICADORES DEL GASTO EN SALUD DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Al cierre del año el gasto acumulado fue de 697.5 millones de pesos (mmdp): creció sólo 0.3% en comparación con el año anterior. Además, en 2021 se transfirieron 54.8 mmdp a fideicomisos públicos a través de la SSA y la Marina; si no se consideran estas transferencias el gasto en salud habría caído 0.9% con respecto a 2020.

Del análisis de las instituciones de salud con respecto al gasto aprobado para el periodo y el avance del gasto anual se desprende lo siguiente:

* Se reportó un sobregasto de 4.0% (27.1 mmdp) con respecto al monto aprobado para el presupuesto de 2021.

* El gasto en medicamentos acumuló 97.3 mmdp al cierre de 2021, y representó 14% del gasto funcional en salud. Se gastó en medicamentos 6.2% (5.7 mmdp) más de lo aprobado, pero el gasto tuvo una reducción anual de 5.7% (-5.9 mmdp) con respecto a 2020.

* El subejercicio acumulado en la inversión física de trimestres anteriores se redujo, al pasar de 38% en el tercer trimestre a 2.3% al cierre de año. En 2021, el gasto acumulado en inversión física fue de 15.9 mmdp; con respecto al año pasado se observó una caída anual de 29.6% (-6.7 mmdp).

* El gasto del Insabi fue de 112.0 mmdp: 0.2% menor (-0.3 mmdp) que el del año pasado, y 25% (22.7 mmdp) mayor que el gasto aprobado en el año. Cabe mencionar que el 47% del gasto del Instituto se realizó en aportaciones a fideicomisos, específicamente al Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi). El monto transferido a fideicomisos asciende a 53.0 mmdp y se realizó a través del programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos –representó 53% del gasto total de dicho programa–. Dichas transferencias superaron en 217% el monto aprobado y crecieron 8% con respecto a 2020.

* Sin las transferencias al Fonsabi, el gasto ejercido por el Insabi habría sido de 59.1 mmdp, es decir 47% menos gasto que el observado. Y con respecto al gasto aprobado en 2021, se habría quedado 33.9% (30.2 mmdp) por debajo de éste. Al comparar el gasto sin transferencias de 2021 con el de 2020, éste se habría reducido 6.9% (4.4 mmdp).

* El gasto en medicamentos del Instituto acumuló 2.8 mmdp, monto que fue 86.6% mayor al aprobado (1.5 mmdp), pero que frente a 2020 se redujo 36.9% (-1.6 mmdp).

* En análisis previos hemos señalado que la transición del Seguro Popular al Insabi podría afectar la atención brindada a los derechohabientes, y los últimos datos de la Secretaría de Salud lo confirman. Junto con la disminución del gasto ejercido por el Insabi, hay también una reducción en las consultas y egresos de los derechohabientes de este instituto. Tan sólo hasta diciembre el Insabi otorgó 3.6 veces menos consultas que las otorgadas por el Seguro Popular en 2018, y el número de egresos fue 3.1 veces menos que en 2018. A casi dos años de iniciada la pandemia, se esperaría un repunte en los servicios médicos del Insabi; sin embargo, los indicadores de atención sugieren lo contrario.

* Sólo el gasto del ISSSTE tuvo un recorte y una caída anual. El ISSSTE, con un gasto anual de 54.7 mmdp, acumuló un recorte de 14.9% (-9.5 mmdp), que afectó sobre todo a los rubros de medicamentos e inversión: el gasto en medicamentos tuvo un recorte de 52.4%, mientras que el recorte en inversión física acumuló 79.3%.

Gasto funcional en salud

En 2021 el gasto funcional en salud acumuló 697.5 mmdp. Con respecto al gasto ejercido en 2020, el gasto en salud se estancó: creció sólo 0.3%. Cabe mencionar que en 2021 se transfirieron 54.8 mmdp a fideicomisos públicos a través de la SSA y la Marina, si no se consideran estas transferencias, el gasto en salud habría caído 0.9% con respecto a 2020.

Además, se reportó un sobregasto de 4.0% (27.1 mmdp) con respecto a lo aprobado.

En el gasto mes a mes, observamos que en diciembre el gasto fue de 124.2 mmdp, y se redujo 9.1% con respecto al mismo mes del año pasado.

Presupuesto por institución

El ISSSTE fue la única institución del sector que sufrió un recorte y una caída anual. Con un gasto anual de 54.7 mmdp, acumuló un recorte de 14.9% (-9.5 mmdp).

En contraste, la Secretaría de Marina fue la institución que más sobregasto exhibió: 50.9% (1.3 mmdp) con un gasto acumulado de 3.8 mmdp. Con relación al año pasado su gasto creció 18.4% (0.6 mmdp). En menor medida, la Secretaría de Salud tuvo un gasto de 166.7 mmdp, con un sobregasto de 18.3% (25.8 mmdp) y un incremento anual de 6.2% (9.8 mmdp).

Por otro lado, las Aportaciones a la Seguridad Social exhibieron un sobregasto de 9.5% (2.0 mmdp) y un crecimiento anual de 8.9% (1.9 mmdp). El gasto de la Secretaría de Defensa fue 9.0% (0.6 mmdp) mayor y tuvo un crecimiento anual de 1.7% (0.1 mmdp). El Insabi gastó 112.0 mmdp, monto que fue 0.2% menor (-0.3 mmdp) al del año pasado y 25% mayor (22.7 mmdp) que el gasto aprobado en el PEF 2021.

De igual manera, el IMSS reportó un sobrejercicio más acotado: en 2021 gastó 331.7 mmdp, el cual fue 1.9% (6.2 mmdp) mayor que el aprobado y creció 3.6% (11.5 mmdp) con respecto al año pasado.

Por último, las transferencias del FASSA estuvieron en línea con lo presupuestado. Ascendieron a 110.2 mmdp y estuvieron 0.6% (0.7 mmdp) por arriba de lo aprobado y 0.1% (-0.9 mmdp) con respecto a 2020.

Presupuesto en medicamentos

El gasto en medicamentos acumuló 97.3 mmdp al cierre de 2021, y representó 14% del gasto funcional en salud. En el primer trimestre reportamos que este gasto tuvo un recorte de 44%, y que fue 20% menor que el del año pasado. Al tercer trimestre acumuló un sobregasto de 5% (3.0 mmdp) y tuvo un incremento anual de 26% (13.2 mmdp). Pues bien, al cierre de año se mantuvo el sobregasto observado en el tercer trimestre, es decir, se gastó en medicamentos 6.2% (5.7 mmdp) más de lo aprobado y el gasto tuvo una reducción anual de 5.7% (-5.9 mmdp) con respecto a 2020.

Este sobregasto se observó en casi todas las instituciones de salud, excepto en el ISSSTE, que acumuló un recorte de 52.4% (-9.6 mmdp) e incluso reportó una caída anual de 58% (-12 mmdp). Por otro lado, fue la Secretaría de Marina la institución que reportó el mayor sobrejercicio: 277.8% (0.4 mmdp); le siguió la Secretaría de Salud con 84.5% (6.6 mmdp), al acumular un gasto de 20.7 mmdp. De igual manera, el gasto en medicamentos de los servicios médicos de Pemex fue 17.9% (0.5 mmdp) mayor a lo previsto y, en el caso del IMSS, el sobregasto acumulado fue de 12.4% (7.7 mmdp).

En este ejercicio fiscal, el 76% del gasto en medicamentos se concentró en el IMSS, el 16% en la Secretaría de Salud y 10% en el ISSSTE, a pesar de los recortes observados en ésta última institución. Y en conjunto, el gasto de Pemex, la Secretaría de Marina y de Defensa representó el 6% del gasto total.

Inversión física en salud

Al cierre de 2021 el subejercicio acumulado en la inversión física se redujo, al pasar de 38% en el tercer trimestre a 2.3% al cierre de año. En el año, el gasto acumulado en inversión física fue de 15.9 mmdp; con respecto al año pasado se observó una caída anual de 29.6% (-6.7 mmdp).

La reducción en el recorte acumulado que se observó a lo largo del año fue consecuencia de un mayor gasto en inversión física de la Secretaría de Salud, que ejerció 11.4 mmdp, cuando tenía aprobados sólo 5.3 mmdp: esto representó un sobregasto de 115.6% (6.1 mmdp). No obstante, a pesar de este sobregasto, la inversión física de dicha Secretaría se redujo 1.5% (-0.2 mmdp) con respecto a 2020. Hay que apuntar que esta inversión se incrementó porque crecieron las aportaciones a fideicomisos públicos; clasificadas como inversión física, éstas ascendieron a 9.3 mmdp en el año, 143% más que el gasto aprobado (3.8 mmdp), y representaron 81% del gasto total de inversión en la Secretaría de Salud.

Estas aportaciones compensaron parcialmente la reducción del gasto en inversión física del ISSSTE y el IMSS. El primero tenía aprobados 2.0 mmdp en inversión física en el año; sin embargo, ejerció tan sólo 0.4%, esto implicó un recorte de 79.3% en este rubro y una caída anual de 86.0%. Mientras que al segundo se le aprobaron 8.4 mmdp, pero ejerció sólo 3.5 mmdp, acumulando un recorte de 58.9% y una caída anual de 53.7%.

Por otro lado, las transferencias del FASSA en materia de inversión física se ejercieron en línea con lo planeado.

Insabi

En 2021 el Insabi acumuló un gasto de 112.0 mmdp, lo cual está 0.2% (-0.3 mmdp) por debajo de su gasto del año pasado y 25% (22.7 mmdp) por arriba del gasto aprobado en el año. Con este monto, el gasto destinado a la atención a la salud para la población sin seguridad social se encuentra en nivel muy similar al observado en 2020, un máximo histórico.

Sin embargo, cuando analizamos a detalle las partidas de gasto del Instituto observamos que 47% de su gasto se realizó en aportaciones a fideicomisos, específicamente al Fonsabi. El monto transferido a fideicomisos, de hecho, asciende a 53.0 mmdp, y se realizó a través del programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos –representó 53% del gasto total de dicho programa–. Dichas transferencias superaron en 217% el monto aprobado y crecieron 8% con respecto a 2020.

Sin las transferencias al Fonsabi, el gasto ejercido por el Insabi habría sido de 59.1 mmdp, es decir, 47% menos gasto que el observado. Y con respecto al gasto aprobado en 2021 se habría quedado 33.9% (30.2 mmdp) por debajo de éste. Al comparar el gasto sin transferencias de 2021 con el de 2020, la reducción alcanza el 6.9% (4.4 mmdp).

En otros temas, el gasto en medicamentos del Instituto acumuló 2.8 mmdp, monto que fue 86.6% mayor al aprobado (1.5 mmdp), pero que frente a 2020 se redujo 36.9% (-1.6 mmdp). Entretanto, la inversión física fue de 9.8 mmdp, con un sobregasto de 156.6% (6.0 mmdp) y una reducción anual de 2.7% (-0.3 mmdp). Al igual que otros años, una parte de las aportaciones al Fondo de Salud para el Bienestar se registraron como inversión física. Dicho monto fue de 9.3 mmdp y superó en 142.8% el monto aprobado en el año. Además de estas aportaciones, dentro de la inversión física se registró gasto en equipo médico y de laboratorio (0.1 mmdp) y en vehículos y equipos terrestres (0.4 mmdp).

Con el cambio del Seguro Popular al Insabi también observamos modificaciones en la composición del gasto a nivel partida de gasto específica. Además del incremento en las aportaciones a fideicomisos, habría que destacar una reducción en el monto y participación porcentual de los subsidios a la prestación de servicios públicos. Éstos pasaron de promediar 72% entre 2012 y 2018 a 46% en 2020 y 2021; es decir, tuvo una reducción de 26 puntos porcentuales. Al mismo tiempo se redujo la participación de los subsidios a entidades federativas y municipios –de 6% entre 2012 y 2018 a 2% entre 2020 y 2021–, y se incrementó la participación de las partidas de medicinas y productos farmacéuticos y de remuneraciones al personal eventual.

La composición del gasto no fue lo único que se modificó con la transición al Insabi. También se ha observado una caída en el gasto per cápita, si bien ésta se inició desde 2012 y se profundizó en 2019, cuando llegó a un mínimo histórico de 1,505.3 pesos por derechohabiente. En 2020 y 2021, a pesar de los incrementos en el gasto total ejercido, el gasto per cápita no ha recuperado un nivel similar a los de antes de 2018. Por ejemplo, mientras que en 2017 el gasto por derechohabiente era de 1,918.7 pesos, en 2020 fue de 1.694.0 y en 2021 se redujo marginalmente a 1,689.0 pesos.

En análisis previos señalamos que la transición del Seguro Popular al Insabi podría afectar la atención brindada a los derechohabientes, y los últimos datos de la Secretaría de Salud dan cuenta de ello. Junto con la disminución del gasto ejercido por el Insabi, hay también una reducción en las consultas y egresos de los derechohabientes de este instituto. Tan sólo hasta octubre el Insabi otorgó 3.6 veces menos consultas que las otorgadas por el Seguro Popular en 2018, y el número de egresos es 3.1 veces menor que en 2018. A más de un año de iniciada la pandemia se esperaría un repunte en los servicios médicos de este Instituto, pero los indicadores de atención sugieren lo contrario.

A pesar de estos datos generales, al cierre de 2021 observamos que hay una recuperación en las consultas de planificación familiar (13.2% por arriba), de salud mental (40.0%) y crónico-degenerativas (1.3%). Entretanto, las consultas de enfermedades transmisibles y de salud bucal ya acumulan en 2021 dos años con caídas consecutivas, que superan el 10%.

Números de Erario: gasto en salud a noviembre de 2021

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Gasto en Salud, Mensuales.

Resumen

Hasta noviembre se ejerció 83% del gasto funcional en salud aprobado, pero a estas alturas se debería haber gastado el equivalente al 91% del presupuesto anual. El gasto acumulado alcanzó los 559.5 mmdp, monto 2.8% (15.5 mmdp) mayor al observado el año pasado.

Del análisis de las instituciones de salud con respecto al gasto aprobado en el periodo se desprende lo siguiente:

  1. El gasto del Insabi fue de 72.2 mmdp. Se quedó 18% corto (-15.7 mmdp) con respecto al gasto aprobado en el periodo enero-noviembre, y fue 4.3% menor al gasto en el mismo periodo de 2020. Estos recortes afectaron al gasto del principal programa presupuestario del Insabi, Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social, el cual opera en los 32 estados del país. En noviembre dicho programa tuvo su nivel más bajo desde 2017[1], y con respecto a 2020 cayó 12.9%. Como consecuencia, las transferencias a 31 estados se redujeron en más del 10%. Los estados más afectados fueron Colima (-71%), Baja California Sur (69%), Durango (-63%), Q. Roo (-61%) y Guerrero (-56%). 
  2. A pesar de que la ocupación hospitalaria por covid-19 se redujo en 2021, y de que consecuentemente cada vez más hospitales recuperaron su oferta de servicios médicos, no se ha visto un incremento en los servicios otorgados a los beneficiarios del Insabi, ya que éstos continúan en los niveles observados en 2020. Es más: exhiben una dramática caída si se comparan con los registrados al cierre del sexenio anterior, en 2018. Y es que al cierre de 2021 el Insabi otorgó 3.5 veces menos consultas que las otorgadas por el Seguro Popular en 2018; los egresos se redujeron 3.1 veces y las urgencias atendidas fueron 3.8 veces menores que las de 2018.
  3. No obstante, a la par de esta caída en los egresos y en la atención de urgencias en afiliados al Insabi, hay un incremento en los egresos de pacientes con afiliaciones a otros programas no relacionados con la seguridad social. Por ejemplo, el número de egresos de afiliados al programa IMSS-Bienestar es seis veces mayor con respecto a 2018; de igual manera, los egresos de afiliados al programa Gratuidad creció siete veces, y los de pacientes sin afiliación triplicó a los de 2018. Por su parte, el número de urgencias atendidas en pacientes con otras afiliaciones también aumentó, principalmente las urgencias en pacientes del programa Gratuidad, las cuales se duplicaron con respecto a 2018, y las otorgadas a pacientes sin afiliación crecieron en 20%.
  4. El gasto de inversión física para la salud está rezagado: hasta noviembre se ejerció sólo el 49% del monto aprobado en el año; de continuar así podría presentar un subejercicio del 50% en el cierre de 2021. Sólo en 2007, 2008 y 2019 se registró un monto similar. El rezago en la inversión lo provocan principalmente el IMSS y el ISSSTE, con recortes de 68% y 81%, respectivamente.

Gasto funcional en salud

A un mes del cierre de 2021, el gasto funcional en salud acumuló 559.5 mmdp. Con respecto al gasto ejercido de enero a noviembre en 2020, hay un aumento de 2.8% (15.5 mmdp), y con relación a otros años el gasto ejercido se encuentra en línea. Hasta noviembre, el gasto acumulado tuvo un avance de 83% con respecto al presupuesto aprobado, cuando debió ejercerse el 91% del presupuesto.

Sólo en el mes de noviembre el gasto fue de 58.0 mmdp, 5% más que el observado en el mismo mes del año anterior.

 

Presupuesto por institución

A falta de información oportuna por institución del gasto funcional en salud[2], en esta sección le damos seguimiento al gasto realizado por las principales instituciones, sin incluir el pago de pensiones y jubilaciones en el caso del IMSS y el ISSSTE.

El ISSSTE y la Secretaría de Salud son las instituciones que exhiben recortes con relación al presupuesto aprobado. El ISSSTE gastó 86.2 mmdp, monto 16% menor que el aprobado (-16.4 mmdp), y que incluso refleja una caída anual de 7% (6.5 mmdp). Entretanto, la Secretaría de Salud, con un gasto de 117.2 mmdp, tuvo un recorte de 15% (-19.9 mmdp); no obstante, su gasto fue 2.2% (2.5 mmdp) mayor que el del mismo periodo del año pasado.

Por su parte, el IMSS acumuló un gasto de 301.4 mmdp, el cual fue 5% mayor que el aprobado (13.9 mmdp) y creció 7.5% (21.0 mmdp) con respecto al del año pasado. Por último, las transferencias del FASSA, por 97.2 mmdp, se colocaron 1% (1.2 mmdp) por arriba de lo aprobado, pero se redujeron un 1.8% (-1.8 mmdp) anual.

Gasto en salud mensual

Sólo en noviembre el gasto aprobado para el IMSS, el ISSSTE, el FASSA y la Secretaría de salud fue de 56.8 mmdp. Sin embargo, se ejercieron 59.3 mmdp; es decir, hubo un sobrejercicio de 4.4% (2.5 mmpd).

En el mes, el gasto del ISSSTE tuvo el mayor recorte: 11%. Y con respecto al mismo mes del año pasado se redujo 9%; además, cabe mencionar que éste es el gasto observado en noviembre más bajo desde 2018. La Secretaría de Salud también tuvo un recorte, de -1.8% (-0.2 mmdp), pero con respecto al mismo mes de 2020 aumentó 68%.

En contraste, en el mes el IMSS exhibe el mayor sobregasto acumulado: de 12.9% (3.6 mmdp). En lo que toca al FASSA, las transferencias a los estados fueron de 9.7 mmdp; se encontraron en línea con lo aprobado, pero fueron 3% menores que las realizadas el año pasado

FASSA a detalle

Hasta octubre se transfirieron 97.2 mmdp a las entidades federativas a través del FASSA, lo que equivale a 89% del presupuesto aprobado en el año. Este monto es 1.9% menor al transferido el año pasado, y 1% mayor que el monto calendarizado en el PEF 2021.

A nivel nacional, el gasto per cápita del FASSA fue de 764.5 pesos. El análisis por estado revela que Colima (1,878.8), Campeche (1,692.2) y Zacatecas (1,429.4) son los estados que más recursos reciben por habitante, y en el otro extremo se encuentran Guanajuato (530.7), la CDMX (485.2) y Nuevo León (464.3).

Con respecto al año pasado, el gasto per cápita creció en 13 estados. El mayor incremento se observó en Nayarit (4.2%), Baja California Sur (4.1%) y Sonora (3.3%). El resto de los estados tuvieron caídas en los recursos recibidos por habitante; las mayores a 5% se registraron en Yucatán (-6.4%), CDMX (-6.5%), Aguascalientes (-7.3%), Quintana Roo (-7.5%), Nuevo León (-10.8%) y Querétaro (-12.9%).

Inversión física en salud

El gasto en inversión física en salud está rezagado: se ha ejercido sólo el 49% del gasto aprobado en el año. Hasta noviembre acumuló 7.9 mmdp, monto que se quedó 44% corto (6.2 mmdp) con respecto a su meta y tuvo una caída anual de 49% (-7.6 mmdp). Del gasto en inversión ejercido en lo que va del año, resalta lo siguiente: 1. el gasto aprobado para el periodo fue considerablemente mayor al que se observó en el mismo periodo entre 2013 y 2020, y 2. el gasto ejercido fue tan bajo como el gasto observado en el mismo periodo de 2007, 2008 y 2019.

La reducción en el gasto en inversión física la encabezan el IMSS (-68%) y el ISSSTE (-81%). No obstante, vale la pena mencionar que, a pesar del recorte observado, el gasto ejercido por el IMSS es similar al de años anteriores. Sin embargo, en el caso del ISSSTE un gasto similar sólo se observó en 2019. Por otro lado, la Secretaría de Salud reportó un sobregasto de 4% en la inversión física, un gasto acorde con la tendencia observada desde 2018.

Inversión física mensual

En el mes de noviembre se tenía previsto un gasto en inversión física de 1.2 mdp; de éstos, se ejercieron 0.2 mdp, 80% menos gasto que el programado en el mes. El presupuesto original considera recursos para el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. Ésta última ejerció sólo el 1% del presupuesto aprobado; en contraste, el IMSS y el ISSSTE vieron recortes de 8% y 62%, respectivamente.

Con estos recortes, la inversión física de noviembre es menor que el promedio observado entre 2007 y 2020, y representa un mínimo histórico en el mismo periodo.

Insabi

Los datos disponibles a falta de un mes del cierre de 2021 indican que el gasto de 72.2 mmdp del Insabi se quedó 18% (-15.7 mmdp) corto con respecto al presupuesto aprobado, y 4.3% (-3.2 mmdp) si se compara con el presupuesto ejercido el año previo. El monto ejercido por el instituto hasta noviembre equivale al 81% del presupuesto anual aprobado, y es el menor gasto ejercido en el periodo 2017-2021.

Los rubros que más recortes enfrentaron fueron el de Otros gastos de operación (-73%), Subsidios, transferencias y aportaciones (-37%) y Servicios personales (-22%). Por el contrario, el gasto en Ayudas y otros gastos fue 78% mayor que el presupuesto original, y en el caso de la Inversión física el sobregasto fue de 11%.

A diferencia de otros años, en 2021 el Insabi se caracterizó por diversificar los conceptos de gasto. Debido a esto, el gasto en Subsidios, transferencias y aportaciones creció 56% anual y el de Ayudas y otros gastos lo hizo en 32%. Previo a 2021, aproximadamente la totalidad del gasto se ejercía a través de subsidios, transferencias y aportaciones.

El 87% (62.8 mmdp) del gasto del Insabi corresponde a gasto destinado a salud pública a través del programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social. Este programa se distribuye en las 32 entidades federativas del país. En noviembre dicho programa tuvo su nivel más bajo desde 2017, y con respecto al año pasado cayó 12.9%. Como consecuencia, las transferencias a 31 estados se redujeron en más de 10%. Los estados más afectados fueron Colima (-71%), Baja California Sur (69%), Durango (-63%), Quintana Roo (-61%) y Guerrero (-56%). 

La transición del Seguro Popular al Insabi y los cambios administrativos que esto conlleva, así como una reducción en el presupuesto y los efectos de la pandemia, han tenido como resultado una caída en los servicios otorgados a los derechohabientes del Instituto, principalmente en las áreas de urgencias, egresos y consultas. A pesar de que la reconversión hospitalaria llegó a su fin y el número de hospitalizaciones por covid-19 se ha reducido, no se ha visto un incremento en los servicios otorgados a los beneficiarios del Insabi, ya que éstos continúan en los niveles observados en 2020. 

De acuerdo con los datos disponibles hasta diciembre, el Insabi otorgó 3.5 veces menos consultas que las otorgadas por el Seguro Popular en 2018, y con respecto a 2020 éstas se redujeron 0.4%. Por programa las consultas de enfermedades transmisibles tuvieron una caída anual de 12%; también hay caídas en las consultas de otras enfermedades (-0.5%), a pacientes sanos (-1.1%) y de salud bucal (-0.2%). Por el contrario, las consultas de salud mental aumentaron 37.2% con respecto a 2020, y las de planificación familiar lo hicieron en 10.1%.

Los egresos de los derechohabientes del instituto fueron 3.1 veces menores que los observados en 2018. Sin embargo, con relación a 2020 se recuperaron, con un incremento de 8.5% anual. Cabe mencionar que a la par de la caída en los egresos en afiliados al Insabi, observada desde 2018, hay un incremento en los egresos de pacientes con afiliaciones a programas no relacionados con la seguridad social. Por ejemplo, el número de egresos de afiliados al programa IMSS-Bienestar es seis veces mayor con respecto a 2018; de igual manera, los egresos de afiliados al programa Gratuidad creció siete veces, y los de pacientes sin afiliación fueron tres veces mayores que los registrados en 2018.

Las urgencias atendidas fueron 3.8 veces menos que en 2018, pero en 2021 crecieron 7.3% con respecto a 2020. Al igual que con los egresos, el número de urgencias atendidas en pacientes con otras afiliaciones aumentó, principalmente las urgencias en pacientes del programa Gratuidad, las cuales se duplicaron con respecto a 2018, mientras que las otorgadas a pacientes sin afiliación crecieron en 20%.

[1] Antes, el programa Seguro Popular estaba a cargo de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

[2] Y es que en los reportes mensuales de la SHCP el gasto funcional en salud no se puede desagregar por ejecutor. Por lo tanto, a partir de esta sección y en adelante se realiza el seguimiento del gasto neto total de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE sin incluir el gasto en pensiones y jubilaciones como un aproximado del gasto funcional en salud. Dentro del gasto analizado en esta sección y en las siguientes, se incluye parte del presupuesto de estas secretarías destinado a funciones de salud, ciencia, tecnología e innovación, coordinación de la política de gobierno y protección social.

Números de Erario: gasto en salud a octubre 2021

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Gasto en Salud, Mensuales.

Resumen

Hasta octubre se ejerció 75% del gasto funcional en salud aprobado, pero a estas alturas se debería haber gastado el equivalente al 83% del presupuesto anual. El gasto acumulado fue de 501.5 mil millones de pesos (mmdp), monto 2.8% mayor (13.5 mmdp) al observado el año pasado.

Del análisis de las instituciones de salud con respecto al gasto aprobado de enero a octubre de 2021 se desprende lo siguiente:

  • Continúan los recortes en el ISSSTE y la Secretaría de Salud. El primero acumuló un recorte de 17% (-19.7 mmdp), mientras que la segunda reportó uno de 15% (-15.8 mmdp).
  • La inversión física en salud sigue a la baja. Hasta octubre, el gasto se quedó 46% corto (6.5 mdp) con respecto a su meta, y tuvo una caída anual de 43% (-5.8 mmdp), a pesar de acumular 7.7 mmdp. Este gasto fue tan bajo como el observado en el mismo periodo de 2007, 2008 y 2019.
  • La reducción en el gasto en inversión física la encabezan el IMSS (-78%) y el ISSSTE (-73%). Por su parte, la Secretaría de Salud reportó un sobregasto de 26% en la inversión física.
  • El gasto del Insabi fue de 65.7 mmdp, el cual fue 11.9% menor (8.8 mmdp) al del año pasado y 20% menor (-16.6 mmdp) que el gasto aprobado en el periodo. A dos meses de que finalice el año, el gasto destinado a la atención a la salud para la población sin seguridad social sigue en mínimos históricos, si se considera el periodo 2017-2021.
  • Hasta octubre el Insabi otorgó 3.6 veces menos consultas que las otorgadas por el Seguro Popular en 2018, y el número de egresos es 3.1 veces menor que el registrado en 2018.

Gasto funcional en salud

A dos meses de que termine el año, el gasto funcional en salud acumuló 501.5 mmdp. Con respecto al gasto ejercido en el mismo periodo de 2020, hay un aumento de 2.8% (13.5 mmdp). Si este gasto se compara con el observado en periodos iguales de otros años, comprobamos que el gasto a octubre no es extraordinario: en 2017 se erogó un monto similar (499.5 mmdp). En lo que va del año se ha gastado el 75% del monto anual aprobado.

En el gasto mes a mes, en octubre el gasto fue 45.6 mmdp y cayó 13% con respecto al mismo mes del año pasado.

Presupuesto por institución

A falta de información oportuna por institución del gasto funcional en salud[1], en esta sección le damos seguimiento al gasto realizado por las principales instituciones, sin incluir el pago de pensiones y jubilaciones, en el caso IMSS y el ISSSTE.

En el presupuesto por institución continúan los recortes en el ISSSTE y la Secretaría de Salud. El ISSSTE acumuló un recorte de 17% (-19.7 mmdp), mientras que la Secretaría de Salud reportó uno de 15% (-15.8 mmdp).

Entretanto, el gasto del IMSS aumentó: reportó un sobrejercicio de 4% (10.5 mmdp), y creció 8.7% (21.5 mmdp) con respecto al año pasado. Por último, las transferencias del FASSA se colocaron 1% (1.2 mmdp) por arriba de lo aprobado, pero se redujeron un 1.5% (-1.3 mmdp) anual.

Gasto en salud mensual

Sólo en octubre el gasto aprobado para el IMSS, el ISSSTE, el FASSA y la Secretaría de salud fue de 71.2 mmdp, de los cuales se ejercieron 50.0 mmdp. Es decir, no se ejerció 29.8% (-21.2 mmpd) del gasto aprobado.

En el mes, el gasto de la Secretaría de Salud tuvo el mayor recorte: 68.9% (-17.6 mmdp), y con respecto al mismo mes de 2020 se redujo 13%. Le siguió el IMSS, con un recorte de 16% (-4.4 mmdp), acumulando así recortes consecutivos en los últimos tres meses.

Y a pesar de que el ISSSTE exhibe el mayor subejercicio acumulado hasta octubre (-17%), en el mes reportó un sobregasto de 8.6% (0.8 mmdp). Con respecto al FASSA, las transferencias a los estados fueron de 9.4 mmdp; se encontraron en línea con lo aprobado, y fueron 3% menores que las realizadas el año pasado.

FASSA a detalle

Hasta octubre se transfirieron 85.7 mmdp a las entidades federativas a través del FASSA, lo que equivale a 78% del presupuesto aprobado en el año. Este monto es 1.5% menor al transferido el año pasado y 1% mayor que el calendarizado en el PEF 2021.

A nivel nacional, el gasto per cápita del FASSA fue de 674.0 pesos. El análisis por estado revela que Colima (1,653.9 pesos), Campeche (1,493.5) y Zacatecas (1,257.6) son los estados que más recursos reciben por habitante, y en el otro extremo se encuentran Guanajuato (469.1), la CDMX (427.5) y Nuevo León (412.5).

Con respecto al año pasado, el gasto per cápita fue mayor en 13 estados. El mayor incremento se observó en Nayarit (4.5%), Baja California Sur (4.1%) y Sonora (3.6%). El resto de los estados tuvieron caídas en los recursos recibidos por habitante, las cuales fueron mayores a 5% en CDMX (-6.0%), Yucatán (-6.3 %), Quintana Roo (-7.3%), Aguascalientes (-7.7%), Nuevo León (-10.6%) y Querétaro (-12.5%).

Inversión física en salud

Continúan los recortes en el gasto en inversión física en salud. A pesar de acumular 7.7 mmdp hasta octubre, el gasto se quedó 46% corto (6.5 mdp) con respecto a su meta y tuvo una caída anual de 43% (-5.8 mmdp). Del gasto en inversión ejercido en lo que va del año, resalta lo siguiente: 1. el gasto aprobado para el periodo fue considerablemente mayor al que se observó en el mismo periodo de otros años e incluso muy similar el pagado el año pasado, y 2. el gasto ejercido fue tan bajo como el gasto observado en el mismo periodo de 2007, 2008 y 2019.

La reducción en el gasto en inversión física la encabezan el IMSS (-78%) y el ISSSTE (-73%), mientras que la Secretaría de Salud reportó un sobregasto de 26% en la inversión física.

Inversión física mensual

En octubre se tenía previsto un gasto en inversión física de 2.5 mdp. De éstos, se ejercieron 0.5 mdp, 78% menos gasto que el programado. El presupuesto original considera recursos para el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. Ésta última gastó 88% menos de lo aprobado y el IMSS 78%; en contraste, el ISSSTE reportó un sobregasto de 224%.

A pesar de estos recortes en la inversión física en octubre, el gasto del mes no dista mucho de la tendencia histórica que se observó entre 2015 y 2019; no obstante, sí es menor que el promedio observado entre 2007 y 2020. Más bien, en este mes el gasto previsto sobrepasaba al gasto observado, al ser muy similar a lo registrado en 2020, un año con requerimientos especiales de inversión,dada la pandemia por covid-19.

Insabi

Hasta octubre el Insabi acumuló un gasto de 65.7 mmdp, el cual fue 11.9% menor (8.8 mmdp) al del año pasado y 20% menor (-16.6 mmdp) que el gasto aprobado en el periodo. A dos meses de que finalice el año, el gasto destinado a la atención a la salud para la población sin seguridad social sigue en mínimos históricos, si se considera el periodo 2017-2021.

Si bien el gasto del Insabi rompe un récord mínimo, llama la atención la diversificación en varios conceptos de gasto. Previo a 2021, aproximadamente la totalidad del gasto se ejercía a través de subsidios, transferencias y aportaciones; en contraste, a partir de este año sólo el 53.6% del gasto se ejerce a través de este rubro. El 34.9% restante se realiza en ayudas y otros gastos, 6.4% en inversión física y 4.4% en servicios personales.

Del gasto total de esta Secretaría, el 88% (58.0 mmdp) se ejerce a través del programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social. Dicho programa presenta su nivel más bajo desde 2017, y con respecto al año pasado cayó 13%.

Hasta octubre el Insabi otorgó 3.6 veces menos consultas que las otorgadas por el Seguro Popular en 2018, y el número de egresos es 3.1 veces menor que en 2018. A casi dos años de iniciada la pandemia, se esperaría un repunte en los servicios médicos de este instituto. Sin embargo, los indicadores de atención sugieren lo contrario.

A pesar de estos datos generales, observamos que hay una recuperación en las consultas de planificación familiar con respecto al año pasado (13.2% por arriba), de salud mental (40.0%) y crónico degenerativas (1.3%). Entretanto, las consultas de enfermedades transmisibles y de salud bucal acumulan ya dos años con caídas consecutivas que superan el 10%.

[1] Y es que en los reportes mensuales de la SHCP el gasto funcional en salud no se puede desagregar por ejecutor. Por lo tanto, a partir de esta sección y en adelante se realiza el seguimiento del gasto neto total de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE sin incluir el gasto en pensiones y jubilaciones como un aproximado del gasto funcional en salud. Dentro del gasto analizado en esta sección y en las siguientes, se incluye parte del presupuesto de estas secretarías destinado a funciones de salud, ciencia, tecnología e innovación, coordinación de la política de gobierno y protección social.

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