El Gobierno federal, integrado por la administración de López Obrador y un Congreso dominado por Morena, pusieron en marcha una política fiscal durante los primeros dos años y medio de sexenio que ha debilitado a varias políticas públicas indispensables para el desarrollo de México, entre ellas a las propias finanzas públicas, lo que aumenta el riesgo de inestabilidad macroeconómica en el país. El riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes Global (EMBIG) de J.P. Morgan^[1], se ubicó el 2 de julio de 2021 en 347 puntos base (pb), equivalente a 3.47 puntos porcentuales; en términos acumulados, ha disminuido 14 pb en lo que va de 2021. Al cierre de 2018, el EMBIG para México fue de 241 pb. Es decir, en la presente administración el riesgo país se ha incrementado 44% (106 pb).

A mitad de este preocupante panorama se verifica un fenómeno que es al mismo tiempo síntoma y causa, y que no se trata en la conversación pública con el cuidado y la precisión que debería. Y es que en lo que va de la presente administración, ya se utilizó prácticamente la mitad (48%) del patrimonio del Gobierno federal que se encontraba administrado en diversos fideicomisos. Debió perseguir una reforma fiscal que buscará aumentar la rentabilidad económica y social del gasto público y fortalecer los ingresos recurrentes que permiten financiarlo de manera sostenible; en su lugar, el Gobierno ha estado liquidando patrimonio (activos) para compensar la debilidad de los ingresos federales ante los aumentos en el gasto de programas sociales, transferencias a Pemex y proyectos de infraestructura que exceden su presupuesto (y que además son cuestionables por su falta de rentabilidad).

En el camino quedaron sin certeza de financiamiento varios fideicomisos y, con ellos, numerosos proyectos, programas públicos y objetivos de política pública, como la inversión en ciencia e innovación a través del Conacyt, la reparación del daño ocasionado a víctimas del Estado y la estabilización presupuestaria que se opera y financia a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) desde el principio del milenio. Ésta tiene como objetivo suavizar los recortes en el gasto durante un año fiscal, cuando los ingresos programados son menores a los observados. Pero veamos cómo luce esto en números, comenzando con el FEIP.

‘Consumo’ a conciencia del patrimonio

Al inicio del presente sexenio el FEIP contaba con casi 300 mil millones de pesos (mmdp), pero al 30 de junio de 2021 sólo tiene 15.5 mmdp. Claramente esta administración hizo un uso exhaustivo del FEIP, pues lo usó de manera intensiva durante más de un año fiscal. Ahora está prácticamente extinto, por lo que hoy la estabilización presupuestaria es una política pública en agonía. El Gobierno federal ya no cuenta con los recursos de este fondo para atender la persistente debilidad de los ingresos, y cada vez quedan menos recursos “que se puedan utilizar” de los fideicomisos para financiar el presupuesto. El país está más expuesto que antes a una crisis de las finanzas federales que pueda afectar el equilibrio macroeconómico.

Al 30 de junio de 2021, SHCP reportó que cuenta con 301 fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos sin estructura orgánica, los cuales suman un saldo de 508.4 mmdp. Esto significa que se han consumido 471.1 mmdp del patrimonio de fideicomisos desde inicio de la administración (2.5 años): 183.0 mmdp durante 2019, 176.0 mmdp durante 2020 y 112.2 mmdp durante el primer semestre de 2021.

De los 301 actos jurídicos –279 fideicomisos, 17 mandatos y cinco análogos–, registrados al segundo trimestre de 2021, 159 son federales y no están sujetos al decreto de extinción, mientras que 106 sí lo están –70 federales sujetos y 36 fondos mixtos Conacyt para estados–. También hay 36 estatales y privados, no sujetos al mencionado decreto.

Por otra parte, al analizar su tenencia por ramo administrativo, se aprecia que la SHCP, la Sedena y la Secretaría de Salud concentraron los fideicomisos que disponían del 90.5% del saldo total que aún quedaba en estas figuras al cierre de junio pasado. Tan sólo 10 fideicomisos concentraban el 75% de la disponibilidad total a esa fecha.

Visto por número de fideicomisos en operación, la mayor concentración estaba todavía en Conacyt (97 en total), a pesar de que varios fueron incluidos en el  decreto de extinción. Le siguen la SHCP (74) y la SEP (19), que en conjunto concentraron el 63% del número total.

¿Qué ha sucedido con la extinción de fideicomisos públicos?

El decreto de extinción impactó con fuerza en la opinión pública, sobre todo porque con esta iniciativa se retiró el financiamiento a ciertas causas urgentes o en beneficio directo de la sociedad, sin certeza de cuándo se restablecería o de si lo haría algún día. Destaca la cobertura de siniestros naturales, entre otros ya mencionados.

El 8 de octubre de 2020, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen para la extinción de 109 fideicomisos, con un saldo equivalente a 68.5 mmdp, aprobado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado el 19 de octubre de 2020.

Al momento del decreto de extinción, el saldo de los 109 fideicomisos era de 68.5 mmdp. Al 30 de junio de 2021, el saldo se redujo a 0.9 mmdp; es decir, a la fecha ya se transfirió a la Tesorería de la Federación casi la totalidad (67.6 mmdp) de los recursos autorizados en el Decreto^[2]. Al 31 de diciembre de 2020 se registró una disponibilidad de 65.8 mmdp, lo que significa que en 2021 se han extinguido 64.9 mmdp, la mayor parte del total. Tomaremos este último dato para hacer el análisis, ya que no hay información sobre las extinciones que sucedieron en noviembre y diciembre de 2020. Es importante aclarar que aún hay un pequeño remanente pendiente por transferir de los recursos de los fideicomisos de Conacyt, SHCP, Cultura y Gobernación.

El proceso^[3], en todo caso, ha sido más complejo que lo descrito por las autoridades, y posiblemente no libre de irregularidades. Aquí te explicamos las razones…

Primero, la mayor parte de los recursos (471.1 mmdp) que el Gobierno ha obtenido de esta ‘fuente’ provinieron de fideicomisos que no están extintos. De hecho, la mayor salida de recursos se observó en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios FEIP, que no está incluido en el decreto de extinción:  representó el 63% (296.3 mmdp) del monto consumido. Éste nos parece excesivo, pues de acuerdo con las reglas del fondo y los parámetros establecidos en la Ley de Responsabilidad Hacendaria, se debieron extraer menos recursos y dejar una mayor reserva^[4].

A través del decreto de extinción se obtuvo tan sólo 14% (64.9 mmdp); del Fondo de Salud para el Bienestar, 7% (33.0 mmdp); del Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 5% (21.6 mmdp); del Fonden 5% (25.4 mmdp), de los fondos Conacyt 3% (15.9 mmdp), y de otros fideicomisos cuyos recursos se traspasaron a otros programas o secretarías, 3% (14.0 mmdp). En ese último rubro se incluyó, por ejemplo, al Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, que asumió la Secretaría de Gobernación; al Fondo Metropolitano y Fondo Regional, que pasó al Programa de Mejoramiento Urbano a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial, y al Fondo de Financiera Rural, que ahora forma parte del patrimonio de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

Segundo, el Gobierno obtuvo los recursos del decreto de extinción antes de concretar el proceso. De los 109 fideicomisos del decreto sólo se habían extinguido completamente tres, al 30 de junio de 2021. Pero ya se habían obtenido 67 mmdp de ellos. De los 106 actos jurídicos sujetos a la extinción derivada del decreto, se reporta una disponibilidad (remanente) de 905.6 millones de pesos. La extinción de los actos antes mencionados deberá concluir durante del ejercicio fiscal 2021, pero de los 301 actos jurídicos registrados al segundo trimestre de 2021, 233 se encuentran en operación y sólo 68 están en proceso de extinción o terminación. De éstos últimos, 30 están en la lista del decreto de extinción: uno corresponde a Comunicaciones y Transportes y 29 a Conacyt. Sin duda, deben acelerar el paso para cumplir con los términos del decreto de extinción.

Tercero, el Gobierno extinguió (dio de baja) otros fideicomisos que no estaban en el decreto de extinción. Al cuarto trimestre de 2020 se tenían 329 actos jurídicos registrados, y a junio de 2021 se reportan 301 actos jurídicos, lo que significa que de enero a junio de 2021 se dieron de baja 28 actos jurídicos, de los cuales sólo tres corresponden al universo de los 109 vinculados al decreto: 1) Mandato para la Administración de los Recursos del Programa de Cooperación Energética para Países de Centroamérica y el Caribe; 2) Fondo Institucional del Conacyt (FOINS), y 3) Fondo de la Financiera Rural. Los 25 restantes se extinguieron pero no estaban en el decreto.

Cuarto, el Gobierno extinguió fideicomisos antes del decreto. A marzo de 2020, los actos de extinción sumaban 30, con un monto de 1.9 mmdp.

Uno de los fideicomisos extinguidos más sensibles es sin duda el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). De acuerdo con los artículos transitorios de la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) del 6 de noviembre, los remanentes de recursos del Fonden se deben concentrar en la Tesorería de la Federación a más tardar el 30 de junio de 2021. Se definió que se seguirían empleando para la atención de desastres naturales, y que serían manejados directamente por la SHCP para tal objetivo, así como para cubrir las obligaciones pendientes y que no se pagarán con cargo al patrimonio del fideicomiso.

El pasado 27 de julio de 2021 la SHCP publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se abroga el diverso por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, publicado el 3 de diciembre de 2010”, con lo que oficializó la desaparición del Fonden. El acuerdo para su extinción estuvo a cargo de la SHCP y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Además, se reformó el artículo 37 de la LFPRH, el cual explica que el presupuesto para desastres naturales quedará bajo la disposición de la SHCP^[5].

Ya quedó prácticamente vacío el Fonden: tenía 55.1 millones de pesos al 30 de junio de 2021, después de que al cierre de 2020 registrara 28.7 mmdp. La Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP será la que emita y modifique las disposiciones que establezcan los mecanismos presupuestarios que permitan ejercer recursos para programas y proyectos que atiendan daños ocasionados por fenómenos naturales. Los convenios suscritos por la SHCP y la SSPC con las entidades federativas en relación con el Fonden continuarán vigentes hasta que se suscriban los instrumentos jurídicos que los sustituyan.

Es lamentable que el uso de los recursos de los fideicomisos se haya  consentido sin haber evaluado el impacto que tendría esta extinción en el desarrollo nacional. Queda pendiente calcular el costo de oportunidad de “matar” el financiamiento para ciertas políticas o bien, en el mejor de los casos, de mermar la certeza de estas políticas en torno a su financiamiento.

Se sabe de sobra que la SHCP tiene amplias facultades para reasignar las asignaciones autorizadas por los diputados, las que se establecen cada año en el decreto del PEF. Lo hemos visto en la práctica. ¿La SHCP cuidará el presupuesto asignado a la protección ante desastres naturales o lo reasignará  a las prioridades del presidente para complacerlo? 

Anexo. Fideicomisos con mayor disponibilidad de recursos

^[1] Es la diferencia (spread o swap) entre la tasa de interés que paga los bonos emitidos por los países emergentes y la de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos que se consideran «libres» de riesgo. Se expresa en puntos base (100 pb=1 punto porcentual). Los bonos más riesgosos pagan un interés más alto, por lo tanto el spread de estos bonos respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos es mayor.

^[2] “Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos” fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de abril de 2020.

^[3] En el artículo Quinto Transitorio del “Decreto de Fideicomisos”^#, publicado el 6 de noviembre de 2020 en el DOF, se estableció la obligación para los ejecutores de gasto, por conducto de sus unidades responsables, de coordinarse con las instituciones fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir 109 actos jurídicos vinculados con las disposiciones que se reformaron o derogaron por virtud de dicho instrumento, con la finalidad de que durante el primer semestre del ejercicio 2021 se suscribieran los convenios de extinción o terminación respectivamente.

^[4] Mariana Campos (2021), “Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (279.7 mmdp)”, Nexos, 1 de julio de 2021, https://www.nexos.com.mx/?p=57798

^[5] Como parte de la reforma del 6 de noviembre de 2020 y la emisión del Decreto para ese fin se establecieron artículos transitorios, primero al vigésimo, en la la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), destacan los siguientes puntos: 1) Las dependencias y entidades, serían las encargadas de coordinar las acciones para concentrar, en la TESOFE la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte de los fideicomisos, mandatos y análogos públicos previstos en las disposiciones que se abrogan, reforman o derogan en el Decreto, 2) que los recursos de Fondos Conacyt se concentran a más tardar el 30 de junio de 2021 en la TESOFE, 3) La Ley General de Cultura Física y Deporte establecerá los criterios y bases para el otorgamiento pensión vitalicia a deportistas olímpicos y paraolímpicos, 4) La Segob asumirá Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, 5) los recursos del Fondo Metropolitano y Fondo Regional pasan al Programa de Mejoramiento Urbano a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial, 6) La extinción total del Fideicomiso para promover el acceso al financiamiento de MIPYMES y Emprendedores, 7) El Fondo de Financiera Rural formará parte de del patrimonio de FIRA..

A pesar de que en el acumulado de los primeros cuatro meses de 2021 los ingresos del sector público aumentaron 2.4% real respecto al mismo periodo de 2020, el resultado no obedece precisamente a la apertura gradual de la actividad económica. La explicación proviene mayormente de las transferencias que en el primer trimestre hizo el Gobierno federal a Pemex, y a los recursos provenientes de fideicomisos extintos que la Tesofe transfirió a aprovechamientos. Ambos rubros sumaron 103.7 mil millones de pesos (mmdp), que si no los tomamos en cuenta los ingresos en realidad hubieran caído 2.9%.

La historia, como se ve, no es tan feliz. Los ingresos tributarios se están debilitando: fueron 2.8% menores a los reportados en enero-abril de 2020. Tanto los IEPS como el ISR y el IVA mostraron una menor recaudación. Esta debilidad en los ingresos tributarios tradicionales se está compensando con impuestos a las importaciones, lo cuales aumentaron 7.7%.

Si analizamos los datos en términos mensuales, los ingresos del sector público reportados en abril disminuyeron 31.5% respecto a marzo, resultado de la caída de 32.2% en los ingresos tributarios, de la disminución de 13.2% en los petroleros y de la reducción de los ingresos no tributarios no petroleros por 68.4%.

Por el lado de las transferencias a las entidades federativas a través del gasto federalizado continúa la tendencia a la baja; en el periodo enero-abril disminuyeron 4.5%, y aunque en abril este gasto presentó un incremento de 5.9% con respecto a igual mes de 2020, no fue suficiente para compensar las reducciones que se han ido presentando de manera consecutiva desde el año pasado.

Por otra parte, hubo un aumento en el gasto público con respecto al año pasado, impulsado por las ya mencionadas transferencias a Pemex, el crecimiento del gasto en programas sociales y por algunos proyectos de infraestructura, como el Tren Maya. A pesar de esto, el gasto público se alejó un poco de los planes de gasto: presentó un subejercicio de 1.3% (-27.1 mmdp). Se ejercieron 2.13 billones de pesos de los 2.15 billones aprobados para el periodo. 

Preocupan los recortes constantes en rubros tan esenciales como el de salud. Aun cuando el gasto funcional en salud se incrementó un 7% anual, el gasto por institución revela dramáticas caídas en el gasto del IMSS y el ISSSTE. El rubro de infraestructura el más afectado (para más detalle consultar el Erario en salud de abril). 

Lamentablemente, la inversión física en general no tiene la prioridad que debería en el gasto del gobierno, aunque bien podría contribuir a la recuperación económica. Desde hace varios años se mantiene en niveles bajos, y ya mostró una caída en los primeros cuatro meses de este año, con relación al mismo periodo del año anterior. Además, los bajos niveles de inversión en ciertos sectores, como en la infraestructura educativa y para el agua, son alarmantes.

Ingresos totales del Sector Público enero-abril de 2021

Los ingresos totales se ubicaron en 2 billones de pesos^[1] durante el periodo enero-abril de 2021, lo que se tradujo en un incremento de 2.4% real (46.5 mmdp) respecto al mismo periodo de 2020, el nivel más alto observado en periodos similares desde los 2.2 billones de pesos de 2017. Lo anterior podría interpretarse como resultado de la apertura económica y de mayores ingresos petroleros por una mejoría en el precio del petróleo, pero habría que poner el foco, más bien, en las transferencias por 63.1 mmdp del primer trimestre del año que realizó el Gobierno federal a Pemex, y de la Tesofe a aprovechamientos por recursos provenientes de fideicomisos extintos, por 40.6 mmdp. Así, sin considerar estas transferencias, los ingresos totales del Sector Público hubieran sido de 1.8 billones de pesos, 2.9% (-57.1 mmdp) menores a los reportados en igual periodo del año anterior.

Por componentes, los ingresos petroleros alcanzaron los 271.6 mmdp, lo que supone un aumento de 64.8% (106.8 mmdp) también con respecto al año pasado, debido a la recuperación de los precios del petróleo y al beneficio fiscal otorgado a Pemex. Sin estas transferencias, los ingresos petroleros hubieran sido de 208.5 mmdp, 26.6% (43.8 mmdp) superiores al dato reportado en enero-abril de 2020.

Los ingresos no petroleros reportaron 1.7 billones de pesos. Disminuyeron 3.4% (-60.3 mmdp) en términos anuales. Los del Gobierno federal fueron menores en 2.3%; los de Organismos de control presupuestario directo se redujeron en 1.5% y los de CFE cayeron 17.5%.

Los ingresos tributarios sumaron 1.2 billones de pesos, ubicándose 2.8% (-37.8 mmdp) por debajo de su nivel reportado en enero-abril de 2020. Los IEPS cayeron 13.2% (los de gasolina y diésel se redujeron 18.0% y los distintos de gasolina y diésel fueron menores en 4.6%); otros impuestos (ISAN, exportaciones y accesorios) disminuyeron 9.5%; el ISR fue menor en 1.8% y el IVA se redujo 0.2%. Los impuestos a la importación aumentaron 7.7%.

Los ingresos no tributarios no petroleros (NTNP) sumaron 168.6 mmdp, lo que significó un incremento de 2.4% respecto al dato reportado en el acumulado de los primeros cuatro meses de 2020. A su interior, los aprovechamientos se incrementaron 6.0%, mientras que los derechos disminuyeron 0.7% en términos anuales y los productos en 48.4%. Sin considerar las transferencias por fideicomisos recibidas en el primer trimestre de 2021 (40.6 mmdp), los ingresos NTNP hubieran sido de 128.0 mmdp, 22.3% (-36.6 mmdp) menores a los reportados en el periodo enero-abril de 2020.

En términos de estructura porcentual, los ingresos tributarios han pasado de representar el 52.5% de los ingresos totales del Sector Público en 2000 a abarcar el 64.9% en 2021. El ISR es el impuesto de mayor peso (35.7%), seguido del IVA (19.4%). En cambio, los ingresos petroleros han ido perdiendo peso en el total de ingresos del Sector Público: en enero-abril de 2000 abarcaron el 23.9%, y para el mismo periodo de 2021 sólo representaron el 13.6%.

En relación con su meta inicial establecida en la LIF2020,los ingresos totales del Sector Público se colocaron 2.9% (55.6 mmdp) por arriba.

En el acumulado, los ingresos tributarios fueron 0.3% (4.2 mmdp) superiores a su meta estimada a inicio de año: la recaudación de IVA fue mayor en 13.9% (47.4 mmdp). En contraste, el ISR fue menor en 4.5% (-33.3 mmdp) y los IEPS observados se ubicaron 7.9% (-13.0 mmdp) por debajo del dato aprobado en la LIF.

Los ingresos petroleros del Sector Público reportaron un rezago de 13.3% con relación a lo que se esperaba para este periodo (-41.5 mmdp). Si no consideramos las transferencias del Gobierno federal a Pemex del primer trimestre del año, registradas como ingresos petroleros, el rezago es mayor:de 33.4% (-104.5 mmdp).

En contraste, los ingresos no tributarios no petroleros superaron en 151.9% (101.7 mmdp) la meta aprobada en 2021: los derechos fueron 79.4% (20.6 mmdp) mayores y los aprovechamientos 222.0% (82.3 mmdp).

En resumen, durante los primeros cuatro meses de 2021 los ingresos del Sector Público se beneficiaron marginalmente de 1) la apertura económica; 2) la recuperación de los precios del petróleo; 3) las transferencias que realizó el Gobierno Federal a Pemex en el primer trimestre del año, y 4) las transferencias a ingresos no recurrentes, registradas en el rubro de aprovechamientos, provenientes de la extinción de fideicomisos. Sin estos recursos, los ingresos totales del Sector Público hubieran registrado 1 billón 896.4 mmdp, con un rezago de 2.5% (-48.0 mmdp) respecto a la meta establecida en la LIF 2021.

Ingresos totales del Sector Público en abril de 2021

Sólo en abril de 2021la SHCP reportó que se obtuvieron 436.0 mmdp de ingresos totales, monto mayor en 1.1% (4.9 mmdp) al reportado el mismo mes de 2020. Es importante desagregar sus componentes para identificar qué produjo dicho aumento anual:

• Los ingresos petroleros se ubicaron en 67.1 mmdp, monto 179.8% superior al de abril de 2020, debido principalmente a una mejora en los precios del petróleo.
• Los ingresos tributarios fueron de 273.5 mmdp. Eso implica una disminución anual de 5.6%, resultado de la caída de 16.1% del ISR, y de las disminuciones de 6.6% de ‘otros impuestos’ (ISAN, exportaciones y accesorios) y de 1.7% de impuestos por la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos. En cambio, la recaudación de impuestos a la importación aumentó 11.5%, la de IVA 1.2% y la de los IEPS 1.0% (aunque la de gasolinas y diésel disminuyó 3.6%, la distinta a gasolinas y diésel se incrementó 12.0%).
• Los ingresos no tributarios no petroleros fueron de 28.1 mmdp; presentaron un caída anual de 31.3% respecto a igual mes de 2020, principalmente por la disminución de 37.4% de los aprovechamientos y de 40.6% en los productos, ya que los derechos se incrementaron 5.6%.

Respecto al mes inmediato anterior (marzo), los ingresos presupuestarios del Sector Público disminuyeron 31.5% (-200.4 mmdp), lo que se explica principalmente, por:

• La caída mensual en los ingresos tributarios de 32.2%, respecto a marzo de 2021.
• La disminución de los ingresos petroleros de 13.2% respecto a marzo, ya que el precio de la mezcla mexicana de exportación bajó respecto a marzo 1.2 dólares por barril (-1.9%), para ubicarse en 59.5 dólares por barril.
• La reducción de los ingresos no tributarios no petroleros por 68.4%.

En términos mensuales, en abril de 2021 los ingresos totales del Sector Público presentaron una disminución de 5.9% (-27.2 mmdp) respecto al dato aprobado.

Los ingresos tributarios fueron 8.1% (-24.0 mmdp) menores respecto a su meta estimada en el calendario para el mes…

• Al desagregarse los ingresos por tipo, en abril se observaron ingresos excedentes en el IVA de 19.7% (14.5 mmdp).

• En cambio, el ISR tuvo una pérdida de 21.3% (-37.2 mmdp).

Hubo un rezago entre el monto observado y aprobado en los ingresos petroleros: reportaron un faltante de 15.2% (-5.2 mmdp).

Los ingresos NTNP tuvieron excedentes por 81.6 % (-12.0 mmdp).

Gasto neto total

El gasto neto total del sector público acumuló 2.1 billones de pesos al mes de abril, lo que supone un incremento anual de 4% (86.0 mmdp). Por su parte, el gasto primario, que excluye el costo financiero, sumó 1.9 billones de pesos, y fue 6% (118.6 mmdp) mayor al observado en el mismo periodo de 2020.

En lo que va del año se tiene registro de aportaciones patrimoniales del Gobierno federal a Pemex con el fin de amortizar su deuda. Con los datos disponibles y si se descuentan dichas aportaciones del gasto neto total, éste sería de 2,055 mmdp al mes de abril, y habría aumentado sólo 2.3% (45.9 mmdp) con relación al año previo.

Por componentes del gasto, el gasto programable sumó 1.6 billones de pesos: aumentó 9.7% (142.7 mmdp) con relación al año previo. El gasto no programable fue de 523.2 mmdp, lo que implica una caída anual de 15.6% (-32.5 mmdp), impulsada por un menor costo financiero debido a la gestión de la deuda. 75% del gasto neto total corresponde al gasto programable y 25% al gasto no programable.

Gasto programable

Al interior de la clasificación económica del gasto programable, el gasto corriente se incrementó 7% (78.8 mmdp) con respecto a 2020, al acumular 1.2 billones de pesos. Este incremento podría ser el resultado de aumentos en el rubro de materiales y suministros (52% por arriba, o 44.5 mmdp) y de subsidios y transferencias (11% o 33 mmdp).

El gasto de capital acumuló 330.2 mmdp; con respecto a 2020 aumentó 24% (63.9 mmdp). Son los ‘otros gastos’ de capital los que impulsaron dicho incremento en este componente, el tener un aumento anual de 139%. Por su parte, y de forma contrastante, el gasto en inversión física tuvo una caída anual de 3% (-7.0 mmdp).

Inversión física

La inversión física al mes de abril se ubicó en 208.4 mmdp, con una caída anual de 3% (-7.0 mmdp). Si no consideramos a Pemex, la caída sería de 1% (-1.3 mmdp). La inversión física de Pemex fue de 86.0 mmdp: disminuyó 6.2% (-5.7 mmdp) en términos anuales. Dicho nivel de inversión es similar al observado entre 2011 y 2012. Los niveles de inversión observados hasta abril se encuentran en mínimos históricos. Desde 2015, la inversión del sector público se reduce año con año y ni con los proyectos de inversión prioritarios ha podido repuntar.

Hasta abril, las caídas de la inversión física presupuestaria se observan en casi todos los rubros, excepto en educación (29% por arriba) y en el rubro de otros (9.5%). A pesar del aumento en la inversión física en educación, desde abril de 2015 el gasto en este rubro acumula caída tras caída, hasta llegar a mínimos históricos: pasó de tener un monto de 9.8 mmdp en 2015 a 0.3 mmdp en este año.

De los rubros con caídas anuales destacan los siguientes:

• Eléctrico (-47.4%)
• Salud (-44.6%)
• Abastecimiento, agua potable y alcantarillado (-40.6%)
• Comunicaciones y transportes (-24.7%)

La inversión física en salud en 2021 alcanza un récord mínimo en los últimos cuatro años, y es el segundo mínimo desde 2011. Los recortes de inversión del IMSS (-82%) y el ISSSTE (-88%) profundizaron la caída. 

El gasto en infraestructura para el agua potable y alcantarillado también se encuentra en récords mínimos. Si bien desde abril de 2017 comenzó a decrecer la inversión en este rubro, el monto que se ejercía era muy superior a los 0.8 mmdp que actualmente se gastaron.

La inversión en comunicaciones y transportes también ha mostrado caídas en los últimos tres años; desde 2013 no se observaba una inversión tan baja en este sector.

La inversión en el sector eléctrico también exhibe recortes y se encuentra en un mínimo histórico: en este periodo tuvo una caída de 47.4% con respecto al año pasado. A abril de este año se gastaron 5.4 mmdp en infraestructura eléctrica, gasto muy por debajo de los 6.2 mmdp observados en 2017, cuando también se observó un gasto mínimo.

Por funciones, la inversión física se comportó de la siguiente manera:

• La de Gobierno fue de 16.4 mmdp; en términos anuales aumentó 60.2% (6.2 mmdp). A su interior, las subfunciones con mayores aumentos son las de Coordinación de la Política de Gobierno (160%, que incluye funciones relacionadas con procesos electorales), Legislación (76%) y Seguridad Nacional (76%).
• La de Desarrollo Social fue de 75.8 mmdp; exhibió una disminución de 2.9% (-2.3 mmdp). Por componentes se observaron caídas en el gasto de cuatro de las seis subfunciones: Protección ambiental (-51%), Salud (-44%), Vivienda y servicios a la comunidad (-6%) y Educación (-5%). En contraste, el gasto en Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales fue 396 veces el ejercido el año pasado, y el gasto en Protección social aumentó 627%.
• La de Desarrollo Económico se ubicó en 116.2 mmdp; con respecto a 2020 se redujo en 8.5% (-10.8 mmdp). Si no consideramos el gasto en el rubro de Combustibles y Energía, este tipo de inversión sería sólo de 23.1 mmdp, y habría caído 1% (-0.2 mmdp). De este tipo de inversión destaca la disminución anual en Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General (-34%), Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza (-21%) y Combustibles y Energía (-10%). Las subfunciones que más aumentos anuales tuvieron fueron: Turismo (86%), Ciencia, Tecnología e Innovación (64%) y Transporte (54%).

Por clasificación administrativa

El gasto programable del Gobierno federal fue de 1.2 billones de pesos; aumentó 9% con relación al monto observado en 2020. A su interior:

• Los entes autónomos gastaron 37.6 mmdp; este gasto tuvo una caída anual de 9%. Por un aumento anual de 90% destaca el INE, a causa  del periodo electoral. En contraste, se reportaron caídas anuales en los siguientes ramos: Inegi (-78%), Tribunal Federal de Justicia Administrativa (-14%), FGR (-14%), INAI (-6%), Legislativo (-4%) e IFT (-2%).

El gasto de la Administración Pública Centralizada ascendió a 1.1 billones de pesos, con un aumento real anual de 10%. Esto se puede entender en el marco del fortalecimiento de acciones y programas de protección social. Dentro de ella destacan:

• Los Ramos Administrativos, que sumaron 517.5 mmdp, con un incremento anual de 20%. La Secretaría de Turismo y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano continúan con aumentos reales considerables; la primera gastó 16 veces más que el año pasado y la segunda tuvo un incremento anual de 367%. Las mayores reducciones, en términos porcentuales, se observaron en Seguridad Pública y Protección Ciudadana (-49%), Economía (-26%) y la Comisión Reguladora de Energía (-22%).
• Los Ramos Generales aumentaron su gasto programable en 3%. Sumaron 673.2 mmdp, principalmente por el incremento anual de 21% en las Provisiones Salariales y Económicas. Por su parte, las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos presentaron una caída de 15% anual, y las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33) vieron disminuidos sus recursos en 3%.

En las entidades bajo control presupuestario directo el gasto fue de 751.4 mmdp, 11% mayor que el del mismo periodo del año pasado. Por componentes, el gasto programable de Pemex fue de 196.4 mmdp, con un incremento anual de 20%; el del IMSS fue de 256.4 mmdp, con un crecimiento de 11%, y el de CFE fue de 170.0 mmdp, con un incremento de 17%. El ISSSTE gastó 128.4 mmdp, monto 5% menor al observado en 2020.

Por clasificación funcional

La función Gobierno sumó 109.7 mmdp, y tuvo una caída anual de 5%. Destaca la disminución de gasto en ‘Otros servicios generales’ (-71%) y Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior (-29%). De las subfunciones que mayor aumento anual tuvieron se encuentra la de Coordinación de la Política de Gobierno (59%) y Seguridad Nacional (22%).

El gasto conjunto en las funciones de Desarrollo Social y Desarrollo Económico llegó a 1.4 billones de pesos, y aumentó 11.3% anual. De acuerdo con el informe de la SHCP en estas funciones se concentran los apoyos para la atención de los efectos de la covid-19 y el gasto en programas de subsidios. En particular, el gasto en la función de ‘Otros Asuntos Sociales’ fue de 5.1 mmdp, y fue 79 veces mayor al gasto observado hasta abril de 2020. Por su parte, los fondos de estabilización (Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios-FEIP y Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas-FEIEF) vieron disminuidos sus recursos en 20%.

Gasto no programable

Los tres componentes de este gasto presentaron caídas anuales:

• Las Adefas y otros se ubicaron en 2.2 mmdp, lo que significa una disminución real anual de 88% (-16.2 mmdp);
• El costo financiero fue de 176.3 mmdp, con una reducción de 16% (-32.6 mmdp), y
• Las participaciones alcanzaron un nivel de 344.7.6 mmdp y una caída de 2% (-7.9 mmdp).

¿Cómo se comportó el gasto neto con respecto a su meta?

En relación con su meta inicial establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, hasta abril de 2021 el gasto neto total del Sector Público presentó un subejercicio de 1.3% (-27.1 mmdp); no estuvo tan alejado de la meta estimada, que es de 2.15 billones de pesos. El gasto observado fue de 2.13 billones de pesos. Por componentes:

• El gasto programable presentó un sobregasto de 0.4% (6.5 mmdp), respecto a la meta del PEF2021. El dato mensual aprobado fue de 1.602 billones de pesos, y el observado de 1.608 billones.
• El gasto no programable exhibió un mayor subejercicio: se quedó 6% (-33.7 mmdp) por debajo de la meta calendarizada hasta abril, que era de 557 mmdp.
• El costo financiero aprobado fue de 199 mmdp, y el observado alcanzó los 176.3 mmdp, por lo que exhibió un recorte de 12.8% (-22.8 mmdp).

Por componentes del gasto programable:

El Gobierno federal presentó un ligero sobregasto de 0.5% (6.6 mmdp):

• Ramos autónomos (-30.5% o -16.5 mmdp)
• Ramos generales (-5.9% o -70.4 mmdp)
• Ramos administrativos (32.9% o 128.2 mmdp)

En conjunto, los organismos de control presupuestario directo exhibieron un subejercicio de 5.6% (-11.5 mmdp):

• ISSSTE (-50% o -126.2 mmdp)
• Sin embargo, el IMSS tuvo un sobregasto de 68% (103.4 mmdp).

Las Empresas Productivas del Estado gastaron 7.2% (29.3 mmdp) más de lo aprobado:

• Pemex (-2% o -5.4 mmdp)
• CFE (24% o 34.7 mmdp)

Por componentes del gasto no programable:

• Las Participaciones presentaron un sobrejercicio de 6% (19.1 mmdp).
• Adefas y otros, un subejercicio de 93% (-30.1 mmdp).

Gasto Federalizado

Durante los primeros cuatro meses de 2021 la Recaudación Federal Participable (RFP) sumó 1.2 billones de pesos, lo que representó una disminución de 4.9% (-64.6 mmdp) respecto a enero-abril de 2020, resultado de menores ingresos en sus componentes tributarios (-0.8%) y petroleros (-34.6%). En abril, la RFP fue de 394.7 mmdp, 0.7% mayor al dato reportado en igual mes de 2020.

El gasto federalizado, es decir, las transferencias que realiza el Gobierno Federal a los estados y municipios, fue de 681.3 mmdp, lo que se tradujo en una caída anual de 4.5% (-32.4 mmdp) respecto a igual periodo de 2020, resultado de la disminución en todos sus componentes: Subsidios^[2] (-61.1%), Recursos para Protección Social en Salud (-13.5%); Convenios de Descentralización^[3] (-12.1%); Aportaciones Federales o Ramo 33 (-3.7%), y Participaciones-Ramo 28^[4] (-2.2%).

Sólo en abril, el gasto federalizado fue de 194.0 mmdp, presentando un incremento de 5.9%, respecto a abril de 2020.

Las participaciones a entidades federativas, de enero a abril de 2021, se ubicaron en 344.7 mmdp, lo que significó una caída de 2.2% (-7.9 mmdp) respecto a los recursos recibidos en igual periodo de 2020 (352.6 mmdp), resultado de una menor recaudación. Destacan las disminuciones anuales de los fondos con mayores recursos del Ramo 28: el Fondo General (-2.3%), el Fondo de Fomento Municipal (-2.4%) y el Fondo de Fiscalización (-2.8%). Sólo en abril de 2021 las participaciones fueron de 104.0 mmdp, 0.2% menores a las reportadas en abril de 2020.

En los primeros cuatro meses del año la disminución anual de los recursos vía Participaciones Federales se reflejó en menores crecimientos en 25 entidades federativas; en 17 disminuyeron más que en el promedio nacional. Las más afectadas fueron: San Luis Potosí (-9.0%), Zacatecas (-8.8%), Hidalgo (-8.0%), Guanajuato (-7.9%) y Oaxaca (-7.6%). Por otro lado, seis entidades recibieron mayores recursos respecto al mismo periodo del año anterior: Durango (21.8%), Veracruz (6.6%), Colima (5.6%), Tabasco (4.5%), Michoacán (2.5%) y Tlaxcala (2.2%).

Las aportaciones a entidades federativas y municipios ascendieron a 258.0 mmdp, y presentaron una disminución anual de 3.7% (-10.0 mmdp) en el periodo enero-abril de 2021, la cual se explica por la reducción de recursos en siete de sus ocho fondos: el Fondo de Aportaciones Múltiples-FAM (-6.0%); el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social-FAIS (-5.8%); el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal-FAFM y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas-FAFEF (-5.5%, cada uno); el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo-FONE (-3.2%); el de Aportaciones para los Servicios de Salud-FASSA (-1.2%), y el de Aportaciones para la Seguridad Pública-FASP (-0.9%). El único fondo que presentó un incremento en sus recursos fue el de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos-FAETA (0.7%).

Como puede observarse, los fondos cuyos recursos están destinados al desarrollo regional (infraestructura social y fortalecimiento de entidades) siguen teniendo disminuciones en sus transferencias.

En abril de 2021, los recursos del Ramo 33 permanecieron sin cambio en términos anuales, reportando 55.3 mmdp.

Las 32 entidades federativas vieron disminuidos sus recursos en enero-abril de 2021; la más afectada fue la Ciudad de México, con una caída anual de 10.8%. Le siguió Querétaro, con una disminución de 5.9%.

El balance del Sector Público y sus requerimientos financieros

El Balance Primario se ubicó por arriba de su meta calendarizada, ya que presentó un superávit de 52.9 mmdp; el programado para el periodo enero-abril era un déficit de 16.4 mmdp, pero es menor al superávit registrado el mismo periodo del año anterior (119.9 mmdp).

El déficit del Balance Público fue menor al calendarizado en los primeros cuatro meses de 2021: -109.7 mmdp, cuando se tenía un déficit estimado de 215.4 mmdp. En el mismo periodo de 2020, se registró un déficit de 77.3 mmdp.

El Balance Público sin inversión (es decir, excluyendo hasta el 2.2% del PIB de la inversión física del Gobierno federal y las Empresas Productivas del Estado, de acuerdo con el artículo 1 de la LIF 2021) fue superavitario en 98.3 mmdp.

El costo financiero fue de 176.3 mmdp, inferior al programado de 199.0 mmdp.

La medida más amplia de endeudamiento público, los Requerimientos Financieros del Sector Público o RFSP^[5], fue de -219.4 mmdp en el acumulado enero-abril de 2021, o 0.9% del PIB. El déficit acumulado previsto para cierre de año es de -3.3% del PIB. Sólo en abril de 2021, el saldo de los RFSP fue de -43.6 mmdp.

A abril de 2021 el Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), o deuda neta total, sumó 12.3 billones de pesos; se redujo 2.4% o 298.9 mmdp respecto a igual periodo de 2020, debido a una disminución en el componente externo por la apreciación del tipo de cambio. El SHRFSP representó el 49.5% del PIB en el periodo de referencia. Para cierre de año, la SHCP estima que el SHRFSP se ubique en 51.4% del PIB, en lugar de 53.7% del PIB previsto en un inicio, debido al menor déficit como proporción del PIB, la apreciación del tipo de cambio y el mayor dinamismo de la economía.

^[1] Base marzo de 2021.

^[2] Incluyen recursos que son entregados a las entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada. Estos se destinan para apoyar el desarrollo conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y se ejercen de acuerdo a lo señalado en el PEF de cada año.

^[3] Corresponden a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas.

^[4] Forman parte del gasto no programable y derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que es un

mecanismo por medio del cual se acuerda el ejercicio de las facultades tributarias entre los distintos niveles de gobierno que componen un Estado. Son un mecanismo de compensación a los gobiernos locales, dependiendo de la Recaudación Federal Participable (RFP).

^[5] Los RFSP se miden como la diferencia entre los ingresos y los gastos distintos de la adquisición neta de pasivos y activos financieros, incluyendo las actividades del sector privado y social cuando actúan por cuenta del Gobierno Federal o de las entidades públicas, en línea con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con las guías internacionales, Esta medida incluye además del balance tradicional, las necesidades de financiamiento del IPAB, Fonadin, bancos de desarrollo y fondos de fomento, programas de apoyo a deudores y PIDIREGAS de CFE y un ajuste por los ingresos derivados de la venta neta de activos financieros y por la adquisición neta de pasivos distintos a la deuda pública. En los RFSP y el resultado primario el signo negativo (-) significa déficit o requerimiento de recursos y el signo positivo (+) superávit.

El ‘misterioso’ caso de la caída no compensada de ingresos

¡Ouch! Los ingresos públicos cayeron 4.3% durante el primer bimestre del año, y la debilidad económica ya ha alcanzado de lleno a los tributarios. Éstos últimos disminuyeron 4.7% (-30.8 mil millones de pesos [mmdp]) en términos reales, respecto a lo reportado en el mismo bimestre de 2020. A su interior, el ISR se redujo 2.8% anual, el IVA disminuyó sólo 0.8% y los IEPS cayeron 18.0%. Nótese la resiliencia del IVA: a pesar de la crisis es el impuesto que menos se ha descompuesto. Es por eso que en crisis anteriores, como las de 1995 y 2009, el IVA ha encabezado las reformas fiscales.

Los ingresos no tributarios y no petroleros, es decir, los que no provienen de recaudar impuestos ni de la venta de petrolíferos, cayeron en relación con el año anterior 34.0% (-26.5 mmdp). Sin embargo, al ubicarse en 51.4 mmdp, están por arriba del promedio histórico de los últimos 10 años (43.6 mmdp). No hay rendición de cuentas suficiente por parte del Gobierno para conocer cuáles son las fuentes de estos recursos, pues está prácticamente agotado el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP). Los ingresos petroleros aumentaron en relación con el año anterior, pero siguen en un nivel históricamente bajo, y apenas representan el 13% de la bolsa total.

Subió la deuda 8.5% (970.4 mmdp), según la medida más amplia de endeudamiento público, los Requerimientos Financieros del Sector Público o RFSP, que fue de -100 mmdp, mayor al dato reportado en febrero de 2020, que fue de -17.5 mmdp. ¿Eso quiere decir que se gasta mejor? No necesariamente: se observó un subejercicio inquietante en el gasto de salud (20%) y una caída en el gasto de federalizado de casi 4% en relación con el año anterior.

Ingresos totales

A febrero de 2021, los ingresos totales del Sector Público se ubicaron en 927.7 mmdp, lo que supone una disminución de 4.3% real (-41.5 mmdp) con respecto al mismo periodo de 2020. Por componentes, los ingresos petroleros aumentaron 26.8%; ascendieron a 127.3 mmdp, 26.9 mmdp más que los registrados en febrero de 2020. Entretanto, los no petroleros disminuyeron 7.9% en la misma comparación.

El crecimiento en los petroleros se explica por los mayores ingresos propios de Pemex, los cuales se incrementaron 114.1% (36.9 mmdp), para ubicarse en 69.2 mmdp. ¿A qué se debió? A que el Gobierno federal realizó una aportación patrimonial a Pemex por 32.6 mmdp, la cual se registró en el rubro de “otros” como ingresos propios (esto no tiene un impacto real en las finanzas del Sector Público, dado que tiene como fin la amortización de deuda de la empresa). En cambio, los ingresos petroleros del Gobierno disminuyeron 14.7% (-10 mmdp), para ubicarse en 58.1 mmdp.

Los ingresos tributarios, por su parte, sumaron 620.5 mmdp, lo que representó una caída de 4.7% (-30.8 mmdp), en términos reales, respecto a lo reportado en el mismo bimestre de 2020. A su interior, el ISR se redujo 2.8% anual, el IVA disminuyó 0.8% y los IEPS cayeron 18.0% (los de gasolina y diésel se redujeron 19.8%, y los distintos de gasolina y diésel fueron menores en 15.8%).

Los ingresos no tributarios no petroleros (NTNP) se ubicaron en 51.4 mmdp, lo que significó una disminución de 34.0% respecto al dato reportado en igual periodo de 2020, debido a la disminución de los derechos y aprovechamientos, por 16.7% y 36.9%, respectivamente.

Los ingresos tributarios han pasado de representar el 55.8% de los ingresos totales del Sector Público en el primer bimestre de 2000, a 66.9% en el primer bimestre de 2021. El ISR es el impuesto de mayor peso (34.2%), seguido del IVA (21.9%).

En contraste, el porcentaje que representan los ingresos petroleros respecto a los ingresos totales es de 13.7%.

¿Cómo se comportaron los ingresos con respecto a su meta?

En relación con su meta inicial establecida en la LIF2021,los ingresos totales del Sector Público exhibieron un rezago de 1.2% (-11.7 mmdp). Si no consideramos la aportación patrimonial a Pemex, por 32.6 mmdp, la brecha entre los ingresos totales observados y aprobados sería de 9.1% (-71.7 mmdp).

En el acumulado, los ingresos tributarios se quedaron 2.3% por debajo (-14.8 mmdp) de su meta estimada en el calendario. Es decir, que lejos de registrarse ingresos excedentes de este tipo, se observa una pérdida. Únicamente el IVA presentó una ganancia de 8.1% (15.3 mmdp) en relación con la Ley de Ingresos, lo que refleja la recuperación del consumo de bienes y servicios, asociada a la reapertura ordenada de la economía. En cambio, el ISR exhibió un rezago de 6.3% (-21.5 mmdp) en el mismo ámbito. Los IEPS observados se ubicaron 7.6% por debajo de lo aprobado (-6.7 mmdp).

A febrero de 2021, los ingresos petroleros del Sector Público reportaron un rezago de 16.0% (-24.3 mmdp) con relación a lo que se esperaba para este periodo, que en realidad es mayor si no consideramos las transferencias del Gobierno federal a Pemex, registradas como ingresos petroleros.

En contraste, los ingresos no tributarios no petroleros superaron en 185.9% su meta del primer bimestre de 2021.

La caída en los ingresos recurrentes (petroleros y tributarios) asciende a 39.1 mmdp (-5.0%), la cual debería ser compensada con recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP); sin embargo, los recursos de este fondo están prácticamente agotados. La SHCP reportó que al primer bimestre de 2021 se aportaron 7.5 mmdp al FEIP con el fin de construir nuevos ahorros para enfrentar contingencias; sin embargo, son insuficientes para compensar el rezago de los ingresos recurrentes con el que está arrancando las finanzas públicas en este año.

Gasto neto total

A febrero de 2021, el gasto neto total del Sector Público acumuló 1.3 billones de pesos. Con respecto al mismo periodo de 2020, hay un incremento de 6.0% (59.3 mmdp). El gasto primario (aquél que no incluye el costo financiero) se ubicó en 947.5 mmdp, o sea, 8% mayor (73.8 mmdp) al observado en el primer bimestre del año pasado.

En febrero, la SHCP realizó una aportación patrimonial de 32.0 mmdp a Pemex, con el fin de amortizar su deuda. Si descontamos esta aportación, el gasto neto total al primer bimestre sería de 999.9 mmdp, y habría aumentado sólo 2.8% (27.2 mmdp) con relación al año previo.

Al analizar los componentes del gasto, observamos que el gasto programable^[1] fue de 771.7 mmdp, o 13.8% por arriba (93.5 mmdp) con respecto al nivel observado en 2020. En contraste, el gasto no programable^[2] acumula 260.2 mmdp, lo que lo ubica 11.6% (34.2 mmdp) por debajo del monto reportado en igual periodo de 2020.

En la estructura porcentual del gasto neto, el programable representa el 75% del total, y a su interior el mayor peso lo tiene el gasto corriente. Por su parte, los recursos del gasto no programable equivalen al 25% del gasto neto, siendo las participaciones el componente de mayor peso.

Gasto programable

Al interior de la clasificación económica del gasto programable, el gasto corriente se incrementó 7% (59 mmdp) con respecto a 2020, al ubicarse en 586 mmdp. Dicha subida es el resultado del incremento de otras erogaciones (91% o 6 mmdp) del rubro de otros gastos de operación, así como de un aumento de 91% (33 mmdp) en los subsidios y transferencias.

El gasto de capital acumuló a febrero 186 mmdp, lo que implicó un aumento de 43% (56 mmdp). Es el rubro de otros gastos de capital la fuente de este incremento: en febrero el gasto ascendió a 106 mmdp. Es un aumento de 217% (72 mmdp) con respecto a 2020.

La inversión física total se ubicó en 79.9 mmdp, lo que supone una reducción, en términos anuales, de 17.1% (-16.5 mmdp). Si no consideramos a Pemex, la caída fue de 17% (-8.6 mmdp). La inversión física de Pemex fue de 37.8 mmdp: disminuyó 17.3% (-7.9 mmdp) en términos anuales. Dicho nivel de inversión es similar al observado entre 2011 y 2012.

Las caídas en la inversión física presupuestaria en el primer bimestre de 2021 se observan en todos los rubros, pero destacan los siguientes:

• Abastecimiento, agua potable y alcantarillado (-76.8%)
• Educación (-54.4%)
• Comunicaciones y transportes (-47.6%)
• Hidrocarburos (-17.3%)

Por funciones, la inversión física se comportó de la siguiente forma:

• La de Gobierno fue de 1.9 mmdp, lo que supone una reducción en términos anuales de 71.9% (-4.8 mmdp). A su interior, las subfunciones con mayores caídas son las de Otros servicios generales (-41%), Seguridad Nacional (-85%) y Relaciones exteriores (-14%).
• La de Desarrollo Social fue de 34.8 mmdp; exhibió una disminución de 5.3% (-1.9 mmdp). Por componentes destaca la caída en el gasto en Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales (-100%), Protección Ambiental (-69%) y Salud (-13%).
• La de Desarrollo Económico se ubicó en 43.2 mmdp; con respecto a 2020 se redujo 17% (-8.2 mmdp). Si no consideramos el gasto en el rubro de Combustibles y Energía, este tipo de inversión sería sólo de 3.2 mmdp, y habría caído 18.5% (-9.8 mmdp). De este tipo de inversión destaca la disminución anual en Ciencia, Tecnología e Innovación (-100%), Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza (-78%) y Transporte (-32%); pero resaltan también los aumentos en los rubros de Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General (781%) y Turismo (-100%).

En su clasificación administrativa, destaca el gasto programable del Gobierno federal, que fue de 618 mmdp, 1.3% superior al del mismo mes de 2020. A su interior:

• Los entes autónomos presentaron un gasto de 15.4 mmdp, 12% menor al acumulado a febrero de 2020. Destacan, por un menor gasto en términos de su variación porcentual, el Inegi (-74%), la Fiscalía General de la República (-29%), el IFT (-22.3%) y el Poder Judicial (-5%). En cambio, en el INE se incrementó el gasto en 68% anual.

El gasto de la Administración Pública Centralizada ascendió a 602.6 mmdp, con un aumento real anual de 14%, para fortalecer las acciones y programas de protección social. Dentro de ella destacan:

• Los Ramos Administrativos, que sumaron 236.4 mmdp, con un incremento anual de 38%. Las mayores reducciones, en términos porcentuales, se observaron en Presidencia de la República (-47%), Entidades no Sectorizadas (-39%), Seguridad Pública y Protección Ciudadana (-32%) y Salud (-27%). Por otra parte, destaca la subida de 1,373% (1.3 mmdp) en el gasto programable de Sedatu, seguido por el aumento de 236% (4.4 mmdp) de la Sener y de 131% en Bienestar.
• Los Ramos Generales, que aumentaron su gasto programable en 2%, sumando 366.3 mmdp, principalmente por el incremento anual de 7% de las Aportaciones a la Seguridad Social. Por su parte, las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos presentaron una caída de 22% anual; las Provisiones Salariales y Económicas se redujeron 10% y las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33) vieron disminuidos sus recursos en 2%.

En las entidades bajo control presupuestario directo el gasto fue de 355 mmdp, 10% mayor que el del mismo periodo del año pasado. Por componentes, el gasto programable de Pemex fue de 98.9 mmdp, con un incremento anual de 22%; el del IMSS fue de 117.5 mmdp, con un crecimiento de 11.3%, y el del ISSSTE de 76.4 mmdp, con una disminución de 0.6% anual. En cambio, el de CFE fue de 62.8 mmdp: un incremento de 6% anual.

En términos de la clasificación funcional del gasto programable, la función Gobierno sumó 41.75 mmdp, y tuvo una caída anual de 18%. Destaca la disminución de gasto en Otros servicios generales (-69%), Justicia (-23%), Seguridad Nacional (-19%) y Asuntos Financieros y Hacendarios (-17%). Sólo en la Coordinación de la Política de Gobierno el gasto se incrementó en 41%.

El gasto conjunto en las funciones de Desarrollo Social y Desarrollo Económico llegó a 720.4 mmdp, y concentró el 93% del total de las erogaciones, brindando protección a la población vulnerable y dando impulso a la actividad económica, prioridad en los primeros dos meses del año, de acuerdo con el informe de la SHCP. En particular, el gasto en la función de Otros Asuntos Sociales fue de 5 mmdp, y fue 1,147 veces mayor al gasto observado a febrero de 2020. Por su parte, los fondos de estabilización –Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios-FEIP y Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas-FEIEF– vieron disminuidos sus recursos en 20%.

Gasto no programable

Los tres componentes de este gasto presentaron caídas anuales:

• Las Adefas y otros se ubicaron en 3.2 mmdp, presentando una disminución real anual de 82% (-14.9 mmdp);
• El costo financiero fue de 84.5 mmdp, con una reducción de 15% (-14.6 mmdp), y
• Las participaciones, con un nivel de 172.6 mmdp y una caída de 3% (-4.8 mmdp).

¿Cómo se comportó el gasto neto respecto a la meta en el PEF2021?

En relación con su meta inicial establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PEF2021), a febrero de 2021 el gasto neto total del Sector Público presentó un subejercicio de 5% (-127.3 mmdp); no estuvo tan alejado de la meta estimada, que es de 1.08 billones de pesos. El gasto observado fue de 1.03 billones de pesos. Por componentes:

• El gasto programable presentó un subejercicio de 3.7% (-29.5 mmdp), respecto a la meta del PEF2021. El dato mensual aprobado fue de 801 mmdp, y el observado de 771.7 mmdp.
• El gasto no programable exhibió un mayor subejercicio: se quedó 8.6% (-24.6 mmdp) por debajo de la meta calendarizada a febrero, que era de 285 mmdp.
• El costo financiero aprobado fue de 93.2 mmdp, y el observado alcanzó los 84.5 mmdp, por lo que exhibió un recorte de 9.4% (-8.8 mmdp).

Por componentes del gasto programable:

El Gobierno federal presentó un ligero subejercicio de 0.4% (-2.3 mmdp):

• Ramos autónomos (-41% o -11 mmdp)
• Ramos generales (-9% o -56.6 mmdp)
• Excepto en los Ramos administrativos… (37% o 64.1 mmdp)

En conjunto, los organismos de control presupuestario directo exhibieron un subejercicio de 9% (-11.5 mmdp):

• ISSSTE (-37% o -44.6 mmdp)
• Sin embargo, el IMSS tuvo un sobrejercicio de 28% (25.2 mmdp).

En las Empresas Productivas del Estado, un subejercicio de 8% (-19 mmdp):

• Pemex (-10% o -15.8%)
• CFE (-4% o -3.3%)

Por componentes del gasto no programable:

• Las Participaciones presentaron un sobrejercicio de 8% (13.1 mmdp).
• Adefas, un subejercicio del 90% (-28.9 mmdp).

Gasto Federalizado

Durante el primer bimestre de 2021, la Recaudación Federal Participable (RFP) sumó 608.0 mmdp, lo que representó una disminución de 4.8% (-30.6 mmdp) respecto a igual periodo de 2020, resultado de menores ingresos en sus componentes tributarios (0.1% por debajo) y petroleros (51.7%).

El gasto federalizado, es decir, las transferencias que realiza el Gobierno Federal a los estados y municipios, fue de 319.7 mmdp, lo que se tradujo en una disminución real de 3.7% (-12.4 mmdp) respecto al mismo periodo de 2020. La caída anual en el gasto federalizado fue resultado de la disminución en cuatro de sus componentes: Convenios de Descentralización^[3] (31.8%); Subsidios^[4] (18.4%) –por una disminución en el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas–; Aportaciones-Ramo 33^[5] y Participaciones-Ramo 28^[6] (caída de 2.7%, cada una) –éstas últimas debido a una menor RFP–.

A febrero de 2021, las participaciones a entidades federativas se ubicaron en 172.6 mmdp, lo que significó una disminución de 2.7% (-4.8 mmdp) respecto a los recursos recibidos en el mismo periodo de 2020 (177.4 mmdp). Esto se debió a una menor recaudación. Los principales componentes del Ramo 28 tuvieron caídas anuales; destacan las de los fondos con mayores recursos: el Fondo General (2.2%), el Fondo de Fomento Municipal (2.2%) y el Fondo de Fiscalización (1.0%).

La disminución de los recursos vía Participaciones Federales se reflejó en menores crecimientos en 25 entidades federativas; en 16 disminuyeron por arriba del promedio nacional. Las más afectadas fueron: Baja California Sur y Oaxaca (12.8%, cada una), San Luis Potosí (11.3%), Guanajuato (10.2%) e Hidalgo (8.8%). Sólo siete recibieron mayores recursos, respecto al mismo periodo del año anterior: Colima (15.5%), Sinaloa (14.6%), Durango (13.7%), Veracruz (10.5%), Michoacán (7.1%), Coahuila (3.0%) y Morelos (0.9%).

Las aportaciones a entidades federativas y municipios ascendieron a 134.8 mmdp, lo que significó una reducción anual de 2.7% (-3.8 mmdp), la cual se explica por las disminuciones en siete de sus ocho fondos:

• Fondo de Aportaciones Múltiples-FAM (5.2% por debajo).
• Aportaciones para la Infraestructura Social-FAIS, Fortalecimiento de los Municipios-FAFM, y de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas-FAFEF (4.7%, cada uno).
• Aportaciones para los Servicios de Salud-FASSA (3.1%).
• Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo-FONE (1.5%).
• Aportaciones para la Seguridad Pública-FASP (0.1%).

Por su parte, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos-FAETA aumentó 2.4% en términos anuales. Por su parte, los fondos cuyos recursos están destinados al desarrollo regional (Infraestructura social y fortalecimiento de entidades) siguen teniendo disminuciones en sus transferencias.

28 entidades federativas presentaron disminuciones en sus recursos recibidos vía transferencias del Ramo 33; destaca Ciudad de México, con una caída de 15.7%. Por su parte, sólo tres entidades presentaron incrementos en sus recursos recibidos a través de las Aportaciones: Sonora, Tabasco y Baja California Sur.

El balance del Sector Público y sus Requerimientos Financieros

El Balance Primario se ubicó por debajo de su meta calendarizada, ya que presentó un déficit de 13.6 mmdp; el programado era un déficit de 53.9 mmdp.

El Balance Público se encontró por debajo de lo calendarizado para el primer bimestre de 2021: fue de -99.0 mmdp, cuando se tenía un déficit estimado de -147.1 mmdp. En el mismo periodo de 2020 se registró un superávit de 11.1 mmdp.

El costo financiero fue de 84.5 mmdp, inferior al programado de 936.3 mmdp.

La medida más amplia de endeudamiento público, los Requerimientos Financieros del Sector Público o RFSP, fue de -100 mmdp, mayor al dato reportado en febrero de 2020, que fue de -17.5 mmdp.

En febrero el Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), o deuda neta total, fue de 12 billones 336.0 mmdp; se incrementó 8.5% o 970.4 mmdp respecto a febrero de 2020. El 53.1% de la variación en el SHRFSP respecto al cierre de 2020 obedeció a un aumento del tipo de cambio del peso respecto al dólar.

ANEXO DE INDICADORES

^[1] Erogación plenamente identificable con cada uno de los programas del Presupuesto de Egresos de la Federación. Incluye las erogaciones que realiza la administración pública central en la prestación de servicios y en inversión pública, así como las asignaciones que las entidades paraestatales de control presupuestario directo destinan a la producción de bienes y servicios que aumentan en forma directa la oferta global de los mismos. Excluye el servicio de la deuda que corresponde a transacciones financieras, las participaciones a estados y municipios y los estímulos fiscales, cuyos efectos económicos se materializan vía las erogaciones de los beneficiarios.

^[2] Erogaciones que por su naturaleza no es factible identificar con un programa específico, tales como los intereses y gastos de la deuda; participaciones y estímulos fiscales, y las ADEFAS.

^[3] Corresponden a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas.

^[4] Incluyen recursos que son entregados a las entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada. Estos se destinan para apoyar el desarrollo conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y se ejercen de acuerdo a lo señalado en el PEF de cada año.

^[5] Las aportaciones federales del Ramo General 33 se establecen como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación dispuesta en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

^[6] Forman parte del gasto no programable y derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que es un mecanismo por medio del cual se acuerda el ejercicio de las facultades tributarias entre los distintos niveles de gobierno que componen un Estado. Son un mecanismo de compensación a los gobiernos locales, dependiendo de la Recaudación Federal Participable (RFP).

Esto, más que austeridad, es una crisis de ingresos

Mensaje principal

En el mundo 2021 está llamado a ser el año del restablecimiento de la actividad económica, tras el desastre que nos ha dejado la pandemia. Sin embargo, en México las palancas para ejecutar la reactivación están muy debilitadas. En las cifras más recientes publicadas por Hacienda, las de noviembre de 2020, identificamos rezagos en ingresos tributarios y petroleros, y también (nada sorprendente) en el gasto neto.

Y es que ése es el principal problema del Gobierno: la disminución de sus ingresos. ¿Cómo va a aumentar el gasto en inversión física, por ejemplo (un muy buen motor para la economía), si sufre de liquidez?

Con todo, creemos que el Gobierno federal está identificando los escollos en los lugares incorrectos. Argumenta que los ramos autónomos son una carga demasiado pesada para el erario y, por tanto, debe procurarse su eliminación, en aras de la austeridad. Pero, como verán líneas abajo, en el acumulado enero-noviembre estos ramos gastaron sólo el 2% (110 mmdp) del presupuesto. Y el amenazado INAI, por cierto, no ejerció ni el 1.5% de este total. No, la solución no va por allí. Ustedes mismos lo podrán comprobar… 

Resumen ejecutivo

Se debilitaron aún más los ingresos públicos. De enero a noviembre de 2020, los ingresos totales del Sector Público se ubicaron 5.7% (-287.3 mil millones de pesos, o mmdp) por debajo de los previstos en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF). Esta pérdida fue mayor con respecto a los datos reportados en el tercer trimestre de este año (-235.8 mmdp).

Así, a noviembre de 2020 los ingresos totales del Sector Público ascendieron a 4 billones 734.3 mmdp, reportando una disminución anual real de 5.4%. Sólo se ha observado una caída mayor, para periodos similares, en 2009, cuando alcanzó el 11.3%, debido a una menor recaudación en los ingresos petroleros, IVA e ISR, principalmente, resultado de la crisis financiera global de 2008.

Por componentes, los ingresos petroleros fueron los que más cayeron, disminuyeron 42.5%, mientras que los ingresos no petroleros se incrementaron 2.3% respecto al mismo periodo de 2019, apoyados por el crecimiento de los ingresos no tributarios (38.9%), ya que los tributarios prácticamente permanecieron iguales (0.1%).

La SHCP reportó que se obtuvieron 439.0 mmdp de ingresos totales sólo en el mes de noviembre. Comparados con los reportados en octubre aumentaron 8.1% (32.9 mmdp). La razón: los incrementos mensuales en los ingresos tributarios (2.3%) y no tributarios no petroleros (239.8%); en cambio, los ingresos petroleros disminuyeron 7.9% y los de IMSS, ISSSTE y CFE 17.2%.

El Balance Primario pasó de un superávit de 312.4 mmdp en el periodo de enero a noviembre de 2019 a uno de 153.5 mmdp en 2020; es decir, se redujo 50.8%. El Balance Público mostró un deterioro considerable respecto al mismo periodo del año anterior, al aumentar 130.8% a -399.3 mmdp. El costo financiero de la deuda fue de 557.1 mmdp, 7.9% superior al reportado en igual periodo de 2019.

El gasto neto del Sector Público, por su parte, ascendió a 5 billones 150 mmdp en el periodo de enero a noviembre. Eso representa el 84% del presupuesto aprobado anual. A pesar de que el gobierno utilizó ahorros (FEIP y FEIEF) y registró un crecimiento real en los ingresos tributarios, el gasto neto acumula un recorte de 6.5%, y equivale a no ejercer 356.7 mmdp del presupuesto aprobado hasta noviembre.  

El recorte en el gasto no afectó a todos los ramos por igual. En los Ramos Autónomos, Generales, Pemex, CFE, el IMSS y el ISSSTE el recorte acumulado se generalizó en todos los ejecutores. En los Ramos Administrativos sólo 17 de los 26 ejecutores acumularon subejercicios.

La inversión física en el periodo fue de 545.3 mmdp; creció 4.0% con respecto a 2019. La inversión distinta de Pemex ascendió a 354.2 mmdp, y en comparación con la del año previo creció 7.3% (24.1 mmdp). El gasto en inversión física acumulada por la Secretaría de Economía, Turismo y el ISSSTE es lo que sostiene el alza; sin embargo, vale la pena destacar que tanto la Secretaría de Turismo como la de Economía ejercieron gran parte de estos recursos entre mayo y julio, y que en los últimos meses su dinamismo disminuyó. Además, recordemos que en Economía es un programa de subsidios el que apuntala el gasto en inversión —el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares—, es decir, un destino que no apuntala la creación de capital.

El gasto programable, que concentra el gasto de los programas sociales y la inversión en infraestructura, reporta un subejercicio de 6.4% (259.5 mmdp). En el reporte mensual de la SHCP se indica que los subsidios y transferencias (que se ubican dentro del gasto programable) tuvieron incrementos anuales reales de 18.9% y 25.4% respectivamente, con el fin de mitigar los efectos de la pandemia. No obstante, hay que señalar que los programas de subsidios se diseñaron con anterioridad al contexto actual, y podrían no tener un impacto directo y significativo en la recuperación económica. Ya en el reporte del cuarto trimestre podremos observar el comportamiento del gasto en estos rubros, en relación con los planes anuales.

Finalmente, no cesa la preocupante caída de recursos transferidos a las Entidades Federativas y Municipios a través del Gasto Federalizado.

Análisis del ingreso

Enero – noviembre 2020 y noviembre 2020

¿A cuánto ascendieron los ingresos del Sector Público?

La SHCP reportó que de enero a noviembre de 2020 el Sector Público ingresó 4 billones 734.3 mmdp, lo que significa una disminución de 5.4% en términos reales (-276.5 mmdp) con respecto al mismo periodo de 2019, y un monto menor en 287.3 mmdp en relación con monto aprobado al inicio de año.

Los ingresos del Gobierno Federal se ubicaron en 3 billones 675.7 mmdp, 2.2% (-86.7 mmdp) menores que los observados de enero a noviembre de 2019. Dicha disminución se compensará con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), de acuerdo con la normatividad aplicable, y la recuperación de activos financieros. De enero a noviembre de 2020 se han utilizado 156.7 mmdp del FEIP.

¿Qué sucedió al interior de los ingresos públicos?

De enero a noviembre de 2020 los ingresos petroleros —Gobierno federal y propios de Pemex— se ubicaron en 496.5 mmdp, monto inferior en 44.5% (-397.5 mmdp) respecto a lo aprobado en la LIF. Tal disminución se debió a la caída en la demanda de hidrocarburos y sus derivados, como consecuencia de las medidas globales de confinamiento. Este monto fue menor en 42.5% (-366.9 mmdp), en términos reales, respecto a lo observado en igual periodo de 2019. Este monto, cabe decir, es el más bajo observado en periodos similares entre 2000 y 2020. También representa la mayor caída en términos porcentuales, superior a la de 38.6% en enero-noviembre de 2009 (cuando se registró la mayor caída del precio del petróleo no vista en 30 años), y a la de enero-noviembre de 2015, de 36.6%.

En periodo similar de 2019, los ingresos petroleros (Gobierno Federal + Pemex) presentaron una caída de 9.1%; sin embargo, en igual periodo de 2018 se observa un crecimiento de los mismos de 12.6%, debido a los incrementos favorables tanto en los ingresos petroleros del Gobierno federal como de Pemex.

Los ingresos petroleros del Gobierno Federal se ubicaron en 198.0 mmdp; presentaron una caída de 51.9% respecto al mismo periodo de 2019. Los ingresos propios de Pemex, por su parte, ascendieron a 298.5 mmdp y disminuyeron 33.8%.

Los ingresos tributarios sumaron 3 billones 24.2 mmdp, 5.4% (-172.6 mmdp) por debajo de los datos aprobados a inicio de 2020. El monto observado fue 0.1% mayor, en términos reales, respecto a lo reportado durante enero-noviembre de 2019; es decir, permanecieron prácticamente igual. Por componentes, el IVA se incrementó 0.2% anual, mientras que el ISR creció 0.8%; este último resultado de una mayor fiscalización de las autoridades hacia los contribuyentes. El IEPS disminuyó 3.6%, debido a la menor actividad económica causada por el confinamiento. Los IEPS de gasolina y diésel se redujeron 2.8%, y los distintos de gasolina y diésel, 5.0%. Los impuestos a la importación cayeron 14.3% en términos anuales.

En igual periodo de 2019 los ingresos tributarios se incrementaron, en términos anuales, 0.9%, debido al crecimiento de 57.8% de los IEPS de gasolinas y diésel, a pesar de que la recaudación del IVA se redujo 3.7% y la de ISR 1.6%. Para períodos similares, el mejor año fue 2015, cuando los ingresos tributarios aumentaron 27.5% anual, debido al crecimiento de los IEPS en 232.1%, de impuestos a la importación en 27.5%, ISR en 23.4% e IVA en 2.9%.

Por otro lado, en los primeros 11 meses de 2020 los ingresos no tributarios no petroleros (NTNP) se ubicaron 201.0% (302.8 mmdp) por arriba de los aprobados en la LIF 2020, con un monto observado de 453.5 mmdp, lo que significa un incremento de 38.9% respecto al dato reportado en enero-noviembre de 2019. De este monto, 375.9 mmdp corresponden a aprovechamientos, los cuales aumentaron 60.6% anual, resultado de la recuperación de activos financieros del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) por 156.7 mmdp; del Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por 21.6 mmdp; de otros fideicomisos por 33.6 mmdp y de entidades paraestatales por 8.8 mmdp. En el mismo periodo 2019, los ingresos NTNP aumentaron 18.6% y en 2018 se redujeron 53.1%.

Los ingresos de CFE ascendieron a 358.8 mmdp, 10.6% menores respecto a 2019, e inferiores en 5.2% (-19.6 mmdp), respecto al dato aprobado a inicio de 2020. La razón: menores ingresos por ventas.

Se registraron ingresos de los organismos de control directo (IMSS e ISSSTE) por 401.3 mmdp, 0.1% (-0.4 mmdp) por debajo del dato programado en LIF para los primeros 11 meses de 2020, y 1.7% superiores, en términos reales, al dato reportado en igual periodo de 2019.

Para el promedio del periodo enero-noviembre, y con respecto a periodos similares en el sexenio de EPN, en los dos años que van de la administración de AMLO se observa una caída de 37.5% en los ingresos petroleros y un incremento de 17.8% en la recaudación tributaria, lo cual se refleja en un incremento de tan sólo 2.6% del promedio de ingresos presupuestarios totales.

En términos mensuales, la SHCP reportó que en noviembre se obtuvieron 439.0 mmdp de ingresos totales, monto mayor en 8.1% (32.9 mmdp) al reportado en octubre (406.0 mmdp). Es importante desagregar sus componentes para identificar qué produjo dicho aumento.

Cabe destacar que el incremento mensual en los ingresos presupuestarios del Sector Público se explica, principalmente, por el crecimiento de los ingresos tributarios, petroleros y de organismos y entidades bajo control presupuestario directo.

A pesar de que el precio de la mezcla mexicana de exportación aumentó en noviembre respecto a octubre (2.3 dólares por barril, 6.2%), para ubicarse en 38.7 dólares por barril, los ingresos petroleros reportados en el undécimo mes de 2020 registraron 47.7 mmdp, 7.9% (-4.1 mmdp) por debajo del dato observado en octubre. Comparados contra los de junio, mes en el que se ha registrado el nivel más alto en lo que va de 2020 (63.8 mmdp), están 25.2% (-16.1 mmdp) por debajo. Respecto al mismo mes de 2019, presentan una caída de 38.2% en términos reales.

Los ingresos tributarios ascendieron en el mes a 262.6 mmdp, lo que representa un incremento de 2.3% (6.0 mmdp) respecto al dato reportado en octubre. Respecto a noviembre de 2019 aumentaron 7.6%, debido a aumentos en la recaudación del IVA (14.7%), ISR (5.7%) y IEPS (1.4%). Lo anterior se debe a diversas mejoras legales que aumentaron la eficiencia recaudatoria, sin incrementar ni crear nuevos impuestos.

¿Cuál fue la contribución de los distintos ingresos del Sector Público?

Los ingresos tributarios han pasado de representar 49.7% de los ingresos totales del Sector Público (periodo enero-noviembre de 2000), a 63.9% en el mismo lapso de 2020, el porcentaje más alto en estos 20 años. El ISR, seguido del IVA, son los rubros de mayor peso.

En cambio, los ingresos petroleros alcanzaron la proporción más baja desde 2000,: 10.5% de los ingresos totales.

La proporción de los ingresos del IMSS, ISSSTE y CFE ha sido constante en la estructura porcentual de los ingresos presupuestarios.

¿Cómo avanzaron los ingresos públicos?

Para el periodo enero-noviembre de 2020, los ingresos totales del Sector Público mostraron un avance de 85.7% con respecto a su meta anual en la Ley de Ingresos (LIF). En relación con la meta de cierre de ingreso establecida en los CGPE2021, llevan un avance de 88.0%. Como porcentaje de la estimación de cierre estimado por la SHCP en el informe trimestral del tercer semestre de 2020, presentan 90.1% de avance. Por componentes:

• Los ingresos petroleros registraron un avance en sus metas anuales de 50.3% respecto a lo aprobado en la LIF, y de 62.0% respecto a lo estimado por SHCP para el cierre del mismo año en los CGPE2021.
• Los ingresos tributarios exhibieron un avance de 86.3% respecto a la LIF2020, y de 93.6% respecto al cierre estimado en CGPE2021.
• Los ingresos no tributarios no petroleros presentaron un avance de 274.0% respecto al monto estimado al inicio de 2020, y de 90.5% respecto al cierre ajustado en los CGPE2021.

Al revisar los ingresos acumulados a noviembre de 2020 descubrimos que los ingresos totales del Sector Público no alcanzaron su meta inicial establecida en la LIF2020, debido a que exhibieron un rezago de 5.7% (-287.3 mmdp). En noviembre se quedaron por debajo de la meta mensual en 1.2% (-5.4 mmdp). La diferencia en el rezago acumulado aumentó.

En el acumulado, los ingresos tributarios se quedaron 5.4% por debajo de lo programado (-172.6 mmdp), en relación con su meta estimada en el calendario, por lo que, lejos de registrarse ingresos excedentes de este tipo, se observa una pérdida.

El IVA tuvo un rezago de 4.3% (-39.4 mmdp) en relación con la Ley de Ingresos. El ISR exhibió un rezago de 4.9% (-82.0 mmdp) en el mismo ámbito. Los IEPS observados estuvieron 11.0% por debajo de lo aprobado (-51.8 mmdp).

A noviembre de 2020, los ingresos petroleros del Sector Público reportaron un rezago de 44.5% en relación con lo que se esperaba para este periodo (-397.5 mmdp), que en realidad es mayor si no consideramos las transferencias del Gobierno federal a Pemex, registradas como ingresos petroleros.

En contraste, los ingresos no tributarios no petroleros superaron en 201.0% su meta a noviembre. Sin embargo, como montos excedentes tampoco alcanzaron para compensar la pérdida observada en los petroleros y en la recaudación (302.8 mmdp vs. -570.1 mmdp).

En términos mensuales, en noviembre de 2020 los ingresos totales del Sector Público presentaron una disminución de 1.2% (-5.4 mmdp), con respecto al dato aprobado. Observamos rezagos en sus principales componentes: ingresos petroleros y tributarios.

La mayor brecha entre el monto observado y el estimado la siguen mostrando los ingresos petroleros: reportaron un faltante de 44.3% (-38.0 mmdp), que aumenta si no se consideran las mencionadas transferencias del Gobierno federal a Pemex.

De igual forma, los ingresos tributarios se rezagaron 4.9% (-13.4 mmdp), con respecto a su meta estimada en el calendario en el mismo periodo. Al desagregarse por tipo, observamos para noviembre ingresos excedentes de IVA por 3.9% (3.1 mmdp). El ISR tuvo, en cambio, un rezago de 7.3% (-10.3 mmdp).

Los ingresos NTNP se excedieron en 513.6% (52.9 mmdp).

En términos anuales, en noviembre de 2020 los ingresos totales del Sector Público presentaron una caída de 10.5% (-55.1 mmdp), respecto al dato de noviembre de 2019. Sin embargo, el componente tributario aumentó 7.4% (18.1 mmdp), mientras que el petrolero se redujo en 38.3% (-29.7 mmdp) y el NTNP en 30.7% (-27.9 mmdp).