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Etiqueta: Gasto Público

Inversión en infraestructura 2025: un motor en retroceso

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2025. 1 comentario en Inversión en infraestructura 2025: un motor en retroceso

Para reducir el déficit presupuestario en 2025, sin realizar una reforma fiscal, el Gobierno se verá obligado a castigar uno de los principales motores del desarrollo económico: la inversión en infraestructura. 

¿Cuáles serán los verdaderos objetivos económicos de la administración entrante de Claudia Sheinbaum? El hecho de que hacia el siguiente año la mayoría de los sectores económicos tendrán recortes, pero no todos, nos muestra claramente las prioridades de su gestión.

Algunos datos claves de la inversión física en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 son: 

  • La inversión física proyectada para 2025 ascenderá a 836.6 miles de millones de pesos (mmdp), lo que representa el 2.3% del PIB. Se trata de una reducción del 12.7% respecto a lo aprobado en 2024 o de 0.4% del PIB. 
  • El gobierno de Sheinbaum destinará 189 mmdp a proyectos prioritarios (principalmente en transporte por ferrocarril) equivalentes al 22.6% de la inversión física total. No obstante, habrá una disminución del 18.6% respecto a 2024 de los proyectos considerados prioritarios.
  • Los ramos con los mayores recortes serán la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Petróleos Mexicanos (Pemex). Aumentará la inversión de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), lo cual es un precedente positivo en contra de la militarización de la inversión. 
  • El sector económico más castigado será el de Combustibles y Energía, por recortes a Pemex, lo cual dificultará el rescate productivo de la empresa. Preocupan también recortes en abastecimiento de agua, cultura, seguridad y salud. 
  • Por región, la Ciudad de México se volverá la entidad con la mayor recepción de la inversión (24% del total), superando a Tabasco y Campeche por primera vez en décadas. ¿La razón? Los proyectos de trenes de pasajeros. 
  • Por último, pese a la reducción del déficit en 2025, el endeudamiento seguirá siendo superior al gasto de inversión. Esto muestra que aún no se recupera la senda de la sostenibilidad fiscal. 

La inversión en infraestructura pública es un motor para el desarrollo económico y social de cualquier nación. A través de obras como carreteras, escuelas y hospitales, el sector público no solo fomenta el crecimiento económico mediante la generación de empleo y el estímulo a la productividad, sino que mejora el nivel de vida de la población al ampliar el acceso a servicios básicos y reducir desigualdades regionales.

Este análisis detalla cómo las decisiones presupuestales para 2025 afectarán la inversión física en México desde múltiples ángulos. También ofrece una herramienta para comprender cómo las estrategias gubernamentales influirán en el desarrollo económico y humano del país, así como en el bienestar de su población. Nuestro objetivo es fomentar un debate informado sobre la política pública.

El declive de la inversión física en perspectiva

La inversión física proyectada para 2025 será de 836.6 mmdp, un 12.7% (121.5 mmdp) menos que en 2024. Este recorte refleja una disminución no sólo en términos absolutos, sino en relación con el tamaño de la economía y el gasto total. En 2025, la inversión física representará el 2.3% del PIB (contra el 2.7% de 2024) y apenas el 9.1% del gasto neto total, menor al 10.1% del año previo. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México se encuentra muy por debajo en los recursos públicos destinados para inversión como porcentaje de su PIB. Por ejemplo, en Hungría es 6.6%; Estonia, 5.5%; Noruega, 5.1%; y Corea del Sur, 5.1%. Si bien estas son cifras para 2021, aún así rebasan el desempeño del Gobierno federal mexicano. 

Comparar esta proyección con los primeros años de las administraciones anteriores revela dinámicas preocupantes. Si bien el monto proyectado para 2025 supera los 748.6 mmdp de 2019 con López Obrador, es sustancialmente menor a los 1,303.6 mmdp registrados en el primer año de Peña Nieto. Más alarmante es la perspectiva relativa al PIB: la inversión física solo creció 0.1% respecto a 2019, pero es inferior en 2% al primer año de Peña Nieto. Esto refleja no sólo un estancamiento de largo plazo sino un retroceso.

Esta tendencia también se confirma al analizar la inversión como proporción del gasto neto total. En 2025, representará 9.1%, una cifra menor al 9.7% de López Obrador en 2019 y significativamente inferior al 17.6% observado en el inicio de Peña Nieto. Estos datos muestran una reducción drástica en la prioridad otorgada a este rubro esencial para el desarrollo.

Ritmo del Gasto en Inversión Física: ¿riesgo de subejercicio? 

El análisis de los montos aprobados y ejercidos en inversión física sirve para evaluar la efectividad del gasto público y su impacto en el desarrollo económico. Un subejercicio en 2025 podría agravar la ya limitada inversión física proyectada para 2025, reduciendo recursos que son esenciales para financiar infraestructura y generar empleo. Por otro lado, un sobreejercicio, aunque menos común, podría representar una oportunidad para mitigar los efectos de recortes presupuestarios y acelerar proyectos clave.

Es común que no se cumpla con el programa de inversión aprobado. En 2019, el primer año de López Obrador, se aprobaron 888.1 mmdp para inversión física, pero sólo se ejerció el 84% (748.6 mmdp), por lo que 140 mmdp quedaron sin utilizar. Esta situación es común por la curva de aprendizaje de cada Gobierno entrante, la falta de un plan de inversión a largo plazo y el cambio de prioridades. Además, se incumplió el programa de inversión en 2021 y 2023 por restricciones presupuestarias. 

En contraste, durante el primer año del sexenio de Peña Nieto (2013), se ejercieron 1,303.6 mmdp, un 106% del monto aprobado, lo que representó un sobreejercicio de 77 mmdp. No obstante, en 2015 se incumplió el programa de inversión por la crisis fiscal que provocó la caída del precio del petróleo. 

Con el inicio de la gestión de Sheinbaum se podrían presentar subejercicios por las mismas razones institucionales que aquejaron a López Obrador, salvo que se mantendrán varios proyectos de la administración pasada. Además, existe el riesgo de recortes adicionales a la inversión, si es que los estimados de ingresos no se cumplen. Lo explicamos en nuestra nota macro del PEF 2025. 

Para 2025, la inversión física proyectada asciende a 836.6 mmdp, un monto menor que el aprobado en los inicios de López Obrador y Peña Nieto, lo que subraya la necesidad de una ejecución eficiente y efectiva para evitar que el recorte proyectado limite aún más su impacto.

Regla de Oro de la Inversión: Priorizando el Presente a costa del Futuro 

La Regla de Oro de la Inversión es un indicador fundamental en las finanzas públicas, ya que mide el tamaño de la inversión física del Gobierno en comparación con el endeudamiento. En palabras sencillas, esta regla verifica si el Estado está invirtiendo al menos tanto como se endeuda. Un cociente igual o mayor a 1 significa que la inversión física iguala o supera el endeudamiento, priorizando proyectos que generan beneficios futuros —como infraestructura. que reduce costos y mejora la calidad de vida—. Sin embargo, cuando el cociente es menor a 1, refleja que la deuda supera la inversión física, priorizando necesidades inmediatas a expensas de comprometer la capacidad de atender demandas futuras, un enfoque que podría afectar el desarrollo sostenible.

¿Por qué importa? Un cociente bajo como el proyectado para 2025, de 0.59, indica que la inversión física será apenas el 59% del endeudamiento, es decir, poco más de la mitad de lo que se planea adquirir en deuda. Esto refleja que gran parte de los recursos provenientes del endeudamiento no están siendo destinados a inversión productiva, lo que limita su capacidad para generar crecimiento económico y beneficios sostenibles. Aunque este nivel mejora frente al 0.49 observado en 2024, sigue siendo preocupante en comparación con el inicio del sexenio de López Obrador, cuando el cociente era de 1, cumpliendo con que la inversión física igualaba el endeudamiento.

Este retroceso se agrava al contrastarlo con años previos, cuando el cociente siempre superaba la unidad. En 2013, con Peña Nieto, alcanzó 1.22, y en 2017 llegó a un máximo de 2.44, cuando la inversión física más que duplicaba el endeudamiento1. En un contexto donde la inversión física ya enfrenta recortes significativos, este indicador subraya una preocupante falta de alineación entre el endeudamiento público y las necesidades de desarrollo del país. Para los tomadores de decisiones, elevar la Regla de Oro debería ser una prioridad, pues promueve que el presupuesto contribuya al crecimiento económico y al bienestar de la población.

Proyectos prioritarios 2024 vs 2025

Los proyectos prioritarios de inversión física representan las obras de infraestructura insignia del Gobierno federal, diseñadas para impulsar el crecimiento económico y mejorar el nivel de vida de la población. Su importancia radica no solo en los beneficios directos que generan, como empleo e infraestructura funcional, sino en su capacidad de transformar regiones enteras al mejorar la conectividad y la movilidad. Además, reflejan la estrategia de desarrollo del Estado según los proyectos que son considerados prioritarios y los que no. 

En 2025, la administración de Sheinbaum destinará 189 mmdp a proyectos prioritarios, equivalentes al 22.6% de la inversión física total. Sin embargo, este monto es 18.6% (43 mmdp) inferior a lo asignado en 2024, lo que podría influir en la ejecución de las obras heredadas y en el inicio de nuevos proyectos. De los diez proyectos propuestos para 2025, nueve están relacionados con obras de transporte público, mientras que uno se enfoca en obras hidráulicas. En particular, el plan ferroviario, que incluye ocho trenes y aglomera 79% (149 mmdp) del presupuesto para proyectos prioritarios, destaca por su ambición de duplicar las líneas férreas operativas y mejorar la movilidad de personas y mercancías.

El proyecto con mayor asignación es el Tren Maya, heredado de la administración anterior, que recibirá 40 mmdp en 2025. Entre las nuevas iniciativas, el Tren México-Querétaro sobresale con un presupuesto de 30 mmdp. Se consolida así como el segundo proyecto con más recursos. Este enfoque refuerza la intención de priorizar la infraestructura de transporte, especialmente los trenes de pasajeros y de carga, como motores del desarrollo económico y la integración territorial.

Es importante resaltar que la influencia de estos proyectos prioritarios afecta directamente la distribución de la inversión física por ramo, función y estado. Por ejemplo, el enfoque en proyectos ferroviarios explica el aumento significativo en el ramo de Comunicaciones y Transportes, mientras que la continuidad del Tren Maya beneficia de manera particular a Tabasco y Campeche. 

Este patrón subraya la necesidad de un análisis detallado y una planeación estratégica, temas que se desarrollan con mayor profundidad en los apartados posteriores, donde se analiza la distribución de los recursos por ramo, función y estado. Estos análisis permiten comprender cómo se alinean estas decisiones con las necesidades de desarrollo del país y la mejora del bienestar general de la población.

Prioridades de inversión 2025 por Ramo

El análisis por ramo del gasto sirve para identificar las áreas prioritarias, evaluar los impactos de las decisiones presupuestales en sectores clave y entender las estrategias gubernamentales para el desarrollo económico y social. Además, este análisis destaca incrementos o recortes en áreas específicas, lo que facilita prever sus efectos en infraestructura, bienestar y competitividad. De esta manera, se provee información valiosa para tomadores de decisiones y para la ciudadanía interesada en el destino de los recursos públicos.

Las medidas de ajuste al déficit público significarán recortes a la inversión a la mayoría de los ramos presupuestarios del sector público: de 28 ramos que en 2024 contaron con presupuesto para inversión, 20 tendrán recortes, dos apenas mantendrán sus recursos en términos reales y seis tendrán incrementos. 

Del lado ganador, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) encabeza esta lista, con un aumento de 53.8 mmdp respecto a 2024, equivalente a una tasa de crecimiento real del 72.9%. Este incremento está claramente vinculado a la priorización de obras de movilidad y conectividad, ya que siete de los diez proyectos prioritarios corresponden a este ramo: 

  1. Vías de comunicación.
  2. Tren México-Toluca.
  3. Tren Lechería-Jaltocan-AIFA.
  4. Tren México-Querétaro.
  5. Tren AIFA-Pachuca.
  6. Tren Saltillo-Nuevo Laredo.
  7. Tren Querétaro-Irapuato. 

Aportaciones Federales, el segundo ramo con mayor incremento en magnitud: recibirá 7.3 mmdp adicionales o un incremento de 2.7%. El incremento de este ramo se debe a su mayor blindaje institucional por parte de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). Es decir, es más complicado que el Gobierno federal reduzca los recursos que reparte a las entidades, porque se calculan con fórmulas bien definidas. Estos recursos representan una oportunidad clave para que estados y municipios fortalezcan su infraestructura local, satisfagan necesidades urgentes de sus comunidades y promuevan el desarrollo económico en sus territorios.

En tercer lugar, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) verá un aumento significativo de 7.7% o 4.3 mmdp para llegar a un monto de 60.8 mmdp. Este crecimiento obedece a que 44% de sus recursos de inversión física se destinarán al mantenimiento de infraestructura existente, mientras que otro 40% financiará proyectos de infraestructura económica relacionados con la electricidad. Estas inversiones son fundamentales para garantizar la seguridad energética, reducir interrupciones en el suministro eléctrico y apoyar la industrialización y el comercio. Pese al incremento, su presupuesto de inversión se mantendrá por debajo de lo observado en 2014 (65.3 mmdp). 

Los otros ramos que tendrán incrementos son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 16.2% (3.7 mmdp). Esto también se debe a su mayor blindaje presupuestario, como lo explicamos en nuestra nota de salud para el PEF 2025. Además, se proyecta un incremento de 119% para el Poder Judicial, equivalente a 342 millones de pesos (mdp) y en el Legislativo de 56% o 215 mdp. Hay que recordar que al ser ramos autónomos, tienen la facultad de solicitar en el proyecto de egresos el monto que deseen, pero el Congreso posteriormente les suele aprobar menos recursos. 

El ramo con el mayor recorte será la Defensa Nacional. Contará con 47.4 mmdp, una contracción de 64.4% (85.6 mmdp) frente a 2024. El ajuste se debe a la reducción de los recursos para la construcción del Tren Maya, que en 2024 ascendieron a 125 mmdp, y para 2025 sólo se proyectan 40 mmdp. Pese al recorte, la Defensa seguirá siendo una de las principales dependencias encargadas de la inversión, como explicaremos más adelante. Esto es importante para la población porque impacta directamente en los recursos públicos destinados a proyectos de infraestructura como el Tren Maya, que prometen generar empleos, fomentar el turismo y estimular economías locales. Sin embargo, la menor inversión proyectada podría retrasar sus beneficios sociales esperados, así como la rentabilidad del proyecto. 

Le sigue un recorte a Petróleos Mexicanos (Pemex) de 18.9% o 49 mmdp. Así, su gasto de inversión será de sólo 209 mmdp, el peor monto en décadas. Frente a su mejor nivel de 2014 (605 mmdp) la inversión de Pemex será de apenas un tercio. Esto limitará aún más el rescate productivo de la empresa y las aspiraciones de lograr metas como la autosuficiencia y estabilidad energética, así como de desarrollo económico; y podemos decir que Pemex no aprovechará la reducción de impuestos y transferencias financieras para impulsar su inversión.

Preocupa también una reducción en la inversión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de 57.4% o 26.9 mmdp, para colocarse 20 mmdp. Los recortes se concentran en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de manera que se limitará el desarrollo de obras de saneamiento o de distribución del recurso hídrico Todo ello podría afectar el acceso al agua, el manejo de recursos naturales y la calidad de vida de las comunidades vulnerables.

De manera similar, el ramo de la Secretaría de Salud (SSA) sufrirá un desplome de 91.9%. Pasa de 1.8 mmdp en 2024 a solamente 0.1 mmdp en 2025 (-1.7 mmdp). Este recorte puede traducirse en hospitales y clínicas inconclusos o deteriorados. Como explicamos en nuestra nota del PEF 2025 en salud, el recorte en la inversión no se compensa por mayor gasto del IMSS-Bienestar. 

Los cambios en los montos proyectados para 2025 reflejan un reajuste en las prioridades gubernamentales. Si bien el impulso a Comunicaciones y Transportes y CFE puede fortalecer la conectividad vial y la seguridad energética, los recortes en Pemex, Educación y Salud subrayan un costo de oportunidad significativo, que compromete áreas esenciales para el desarrollo sostenible y el bienestar general.

El análisis por ramos del gasto en inversión física proyectado para 2025 revela una concentración significativa en tres sectores clave: Aportaciones Federales, Petróleos Mexicanos y Comunicaciones y Transportes. En conjunto, estos tres ramos absorberán el 74% de la inversión física. La cuarta parte restante se distribuirá en otras áreas fundamentales como Educación, Salud y Seguridad. Tales son las prioridades gubernamentales. Inevitablemente impactarán en la población y el desarrollo económico.

Para 2025, las Aportaciones Federales serán el ramo con la mayor inversión en infraestructura, con una tercera parte del monto total (34% o 283 mmdp). Este porcentaje es el más alto del periodo reciente, excepto en 2019, cuando alcanzaron el 35%. De forma histórica, las Aportaciones Federales han sido el segundo ramo con la mayor inversión después de Pemex, pero los recientes recortes a la petrolera han cambiado el órden. Destaca además que el 43% de estas aportaciones de inversión física se destinan para fondos de infraestructura social (5% para estados y 38% para municipios), 24% para fortalecimiento estatal y 22% para fortalecimiento municipal2. 

Petróleos Mexicanos (Pemex), que concentra el 25% de la inversión física en 2025, sigue siendo un actor clave. Recibe una menor proporción de recursos respecto a 2024, cuando percibió el 27%, o frente a 2014 cuando obtuvo el 52% de la inversión. Este retroceso refleja la ausencia de proyectos prioritarios en el sector energético. También podría limitar su capacidad para garantizar la seguridad energética y promover el desarrollo industrial, factores que son esenciales para la estabilidad económica a largo plazo. El 86% de los recursos de inversión física para Pemex se destinarán a programas presupuestarios relacionados con proyectos de hidrocarburos y 11% a mantenimiento de infraestructura.

Pasando a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT), ésta concentrará el 15% de la inversión física en 2025, equivalente a 127.7 mmdp. Este aumento no solo representa el mayor porcentaje desde 2018, sino que también supera el nivel alcanzado en toda la administración de López Obrador. La mayor participación de la SICT es positiva, ya que se recupera (en parte) una de las principales dependencias civiles encargadas de la inversión. Muestra también, un cambio de rumbo frente a la militarización que detectamos en 2024. 

Hay que señalar que las Fuerzas Armadas (Defensa Nacional y Marina) concentrarán el 9% de la inversión física en 2025. Aunque son ocho puntos porcentuales menos que en 2024 (17%), sigue siendo un presupuesto más alto que en cualquier otro año del periodo analizado y un aumento significativo respecto al 7% registrado en 2019. . En contraste, en el primer año de Peña Nieto apenas obtuvieron el 1.5% de la inversión física total. Este incremento subraya la creciente importancia que se le otorga a las Fuerzas Armadas para el desarrollo de infraestructura. Sus principales proyectos de inversión serán el Tren Maya (Defensa) con 40 mmdp y el Corredor Interoceánico “Istmo de Tehuantepec” (Marina) con 25 mmdp. 

Prioridades de inversión 2025 por Función

El análisis de la distribución de la inversión física por funciones evalúa cómo las prioridades gubernamentales se alinean con las necesidades de desarrollo del país. Una asignación adecuada en áreas como Transporte y Vivienda puede impulsar la infraestructura y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, una distribución limitada en funciones clave como Salud, Educación, Ciencia, Tecnología, Justicia y Seguridad Pública, que deberán repartirse apenas el 15% de la inversión física en 2025, compromete la satisfacción de necesidades vitales y factores estratégicos para el desarrollo. Para 2025, de 22 funciones de inversión, 19 sufrirán recortes y sólo tres tendrán incrementos. 

En el lado ganador destaca la función de Protección Social con un presupuesto de 449 mdp, un aumento de 2,737% frente a los 16 mdp aprobados en 2024. Se trata de inversiones del IMSS e ISSSTE para el desarrollo de guarderías. Es una buena noticia, puesto que desde 2017 no se observaba una inversión de esta magnitud en este componente. 

Asimismo, se proyecta un alza de la inversión física de 110 mdp en la función de Justicia y 215 mdp para Legislación (5% y 56%) respectivamente frente a 2024. Es la inversión solicitada por los poderes Legislativo y Judicial. Como se explicó anteriormente, es probable que se recorte durante la aprobación final del presupuesto. 

El resto de funciones sufrirá recortes. La reducción más severa será para Combustibles y Energía (Pemex y CFE). Esta función contará con 270.8 mmdp en 2025, 14% (44.6 mmdp) menos que en 2024. Se trata de la peor inversión combinada en más de 10 años, para las Empresas Públicas del Estado. 

Destaca negativamente un recorte de 91% (19.4 mmdp) en la función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, para colocarse en 2 mmdp, el peor monto desde 2020. El recorte se focaliza principalmente en obras hidroagrícolas de la Conagua. Este recorte limitará la productividad del campo y la resiliencia ante las sequías, como lo explicamos en nuestra investigación sobre la inversión de la Conagua. 

Desaparece de tajo la inversión en Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales. En 2024, este sector contó con 4.4 mmdp, principalmente para el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La inversión en Salud también tendrá un recorte de 9% o 3.1 mmdp. Como explicamos en nuestra investigación sobre el PEF 2025 en Salud, el recorte se da principalmente en los sectores sin seguridad social formal. 

Finalmente, destaca que la función Transporte contará con 192.6 mmdp, un recorte de 5% o 10 mmdp. Pese al anuncio de nuevos proyectos ferroviarios de Claudia Sheinbaum, esa función tendrá una disminución frente al último año de López Obrador. Aunque la inversión de transporte por ferrocarril aumentará para 2024, se reducirá la inversión en carreteras, como explicaremos más adelante. 

En 2025, la función de Combustibles y Energía concentrará la mayor proporción de la inversión física, con 32.5% del total (270.8 mmdp). Le siguen muy de cerca Vivienda y Servicios Comunitarios, con 31.1% (268.3 mmdp), y Transporte, con 23% (192.7 mmdp). Estas tres funciones concentran más del 85% de los recursos proyectados. Queda de manifiesto su relevancia estratégica dentro del presupuesto de inversión física. Esto implica que el resto de las funciones, entre ellas áreas fundamentales como Salud, Educación, Ciencia, Tecnología, Justicia y Seguridad pública, deben repartirse apenas el 15% de la inversión física. Esta distribución limitada afecta la capacidad de satisfacer necesidades esenciales y compromete aspectos estratégicos. Por ejemplo, un sistema de justicia ineficiente y un entorno inseguro son factores clave para desincentivar la llegada de capitales nacionales y extranjeros.

Combustibles y Energía mantendrá su posición dominante a pesar de recibir 14.2% menos recursos que en 2024 (-44.6 mmdp). Este porcentaje proyectado para 2025 es similar al registrado en el último año de López Obrador, pero significativamente menor al promedio de su mandato (41%), donde esta función llegó a acaparar hasta el 46% de la inversión física en 2021. También es inferior al 58% observado en el primer año de Peña Nieto, lo que señala un cambio en las prioridades de gasto público para el sector energético. Destaca que esta función esté ausente en los proyectos prioritarios de la nueva administración hacia 20253.

Por otro lado, las funciones de Vivienda y Servicios Comunitarios y Transporte, aunque experimentaron recortes, aumentaron su participación en el total de la inversión física. Esto debido a la caída más acelerada en la inversión en Combustibles y Energía. 

Vivienda y Servicios Comunitarios (95% de esta función corresponde a las Aportaciones Federales) registró una disminución marginal de 0.2% (-0.5 mmdp) pero aumentó su participación en el total de la inversión a 32%. Por su parte, Transporte alcanzó también el 23% de la inversión, el nivel más alto en en una década. Este comportamiento está alineado con la composición de los proyectos prioritarios de 2025, donde nueve de los diez que están contemplados se relacionan con trenes y vialidades.

Inversión a detalle: subfunciones 

El análisis de las subfunciones del gasto público en México proporciona un panorama detallado sobre los rubros específicos que son favorecidos o afectados por las decisiones presupuestales. De 34 subfunciones de la inversión física que proyectan presupuesto en 2025, sólo 12 tendrán incrementos en comparación con 2024 y el resto sufrirá recortes. 

Del lado ganador, la subfunción de Transporte de Ferrocarril destaca en el PPEF 2025 con un presupuesto de 157 mmdp, el monto más elevado desde 2022. Se trata de un incremento de 13% (18.5 mmdp) frente a lo aprobado en 2024 o 77.6% (68.5 mmdp) frente al promedio del sexenio de López Obrador. 

No obstante, otras subfunciones de transporte enfrentan recortes significativos, como Transporte por Carretera (-12.8 mmdp), Transporte Aéreo (-1.7 mmdp) y Transporte por Agua y Puertos (-1.8 mmdp), frente al promedio del sexenio de López Obrador. Para 2025, las subfunciones ferroviarias y de carreteras concentran el 100% de la inversión física destinada al transporte, con una distribución de 81% y 19%, respectivamente. En lo que respecta al transporte ferroviario, 73% de su presupuesto se destina a proyectos de trenes de carga y de pasajeros. Se olvidan por completo los subsectores de transporte aéreo y marítimo. Este enfoque asimétrico limitará la capacidad del Estado para sostener el comercio y la conectividad, elementos esenciales para el crecimiento económico, la integración territorial y la movilidad eficiente de bienes y personas.

Asimismo, la subfunción Electricidad (CFE) contará con 60.8 mmdp, 8% (4.3 mmdp) más que en 2024 y Desarrollo Regional (Aportaciones Federales) tendrá 254.9 mmdp, 3% (6.9 mmdp) más que en 2024. Ambas funciones también tienen un incremento frente al promedio de Gobierno de López Obrador por 15.6% y 10.5% respectivamente. En el caso de la inversión en electricidad, se observa mayor voluntad política para favorecer a este sector. Por su parte, la inversión en Desarrollo Regional, está blindada por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), y su aumento es tendencial. 

Preocupa la reducción en las subfunciones relacionadas a los recursos hídricos. Abastecimiento de Agua tendrá 13.3 mmdp (-7.4 mmdp frente a 2024), Hidroagrícola contará con 2 mmdp (-19.4 mmdp menos) y Ordenación de Aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado tendrá cero pesos (-4.4 mmdp menos). Compensará ligeramente la subfunción Administración del Agua con 4.3 mmdp en 2025, mientras que en 2024 no tuvo recursos aprobados. En suma, para 2025 se prevén 19.7 mmdp para inversión relacionada con el agua, 58% (26.9 mmdp) menos que en 2024. No obstante, este monto seguirá siendo superior al promedio de López Obrador (20. 3 mmdp) o de Peña Nieto (17 mmdp). Esta reducción en inversión puede impactar directamente en el acceso a servicios básicos como agua potable, drenaje y riego agrícola, afectando especialmente a las comunidades vulnerables que dependen de estas infraestructuras.

Finalmente, el análisis por subfunciones del gasto proyectado para 2025 revela recortes significativos en el sector de Defensa. Se prevé una asignación de 7.4 mmdp, es decir, una disminución de 30.5 mmdp frente al promedio recibido durante el sexenio de López Obrador. Asimismo, Marina contará con 2 mmdp, 72.3% (5.2 mmdp) menos que en el sexenio pasado. Si bien las Fuerzas Armadas mantendrán su papel en el desarrollo de infraestructura con obras como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, tendrán menos recursos para cumplir sus funciones naturales de protección de la soberanía nacional. Estos recortes podrían limitar la capacidad operativa de las fuerzas armadas en un contexto donde la seguridad nacional es la preocupación más importante para el desarrollo económico y la estabilidad social, como lo señala un artículo reciente de México Evalúa. 

Aunque la distribución de recursos entre subfunciones refleja las prioridades del Gobierno, también pone en evidencia los costos de oportunidad asociados. Se priorizan rubros como el transporte ferroviario y el desarrollo regional, mientras recortes en áreas clave como seguridad, infraestructura carretera o energía comprometen la conectividad, el comercio, la estabilidad y la competitividad económica del país. Estos patrones subrayan la necesidad de decisiones presupuestales balanceadas que maximicen el impacto positivo en el desarrollo sostenible y el bienestar general.

Tres estados concentran casi la mitad del presupuesto en 2025

Analizar la distribución territorial de la inversión física permite comprender cómo se asignan los recursos públicos entre las entidades federativas y evaluar si esta asignación responde a las necesidades de desarrollo regional y equidad. Este análisis contribuye a identificar disparidades, priorizar proyectos estratégicos y promover un crecimiento económico equilibrado en todo el país.

La distribución de la inversión física por estado en 2025 pone de manifiesto las prioridades regionales del nuevo Gobierno y los desafíos asociados a la equidad territorial en la asignación de recursos. En el primer año de Sheinbaum, Ciudad de México y Tabasco concentran el 40% de la inversión física proyectada, lo que significa que cuatro de cada diez pesos destinados a infraestructura irán a estas dos entidades, mientras el 60% restante se repartirá entre los otros 30 estados. Ciudad de México lidera con 202.6 mmdp, equivalentes al 24.2% del total, seguida por Tabasco con 130.1 mmdp (15%). Campeche ocupa un distante tercer lugar con 55.5 mmdp (6.6%).

Comparando con el promedio del sexenio de López Obrador, las tres principales receptoras de inversión física –Campeche, Ciudad de México y Tabasco– mantienen su liderazgo, concentrando en conjunto el 47% de los recursos en ambos periodos. Sin embargo, se observa un cambio significativo: mientras que Campeche lideró con casi el 17% de la inversión física durante el sexenio anterior —debido a la inversión petrolera de Pemex— Ciudad de México tomará la delantera en 2025, con un incremento de casi 10 puntos porcentuales respecto al promedio recibido durante el gobierno de López Obrador (14.3%). Este cambio se debe a la inclusión de proyectos prioritarios relacionados con trenes que involucran a esta entidad, mientras que no se consideran proyectos del sector petrolero, tradicionalmente enfocados en Campeche. Tabasco, por su parte, mantiene una posición estable, concentrando el 16% de la inversión física en ambos periodos. Esta preponderancia se debe a que Tabasco es el estado con la mayor producción de petróleo terrestre4 con el 25% del total, por lo que recibe inversión constante de Pemex para la extracción de hidrocarburos. 

En el otro extremo, los estados con menor asignación de inversión física en 2025 son Aguascalientes y Zacatecas. El primero recibirá apenas 0.3% del total, mientras que el segundo obtendrá 0.4%. Estas cifras reflejan una continuidad respecto al sexenio anterior, donde ambas entidades ocuparon las últimas posiciones, con promedios de 0.3% y 0.5%, respectivamente.

La concentración de casi la mitad de la inversión física en tres estados plantea interrogantes sobre la equidad del gasto público en infraestructura. Si bien es necesario priorizar proyectos estratégicos en regiones clave como Ciudad de México y Tabasco, esta distribución asimétrica puede perpetuar desigualdades regionales, y limitar el desarrollo económico y social en entidades con menores recursos. Aguascalientes y Zacatecas, con asignaciones mínimas, enfrentan retos significativos para mejorar su infraestructura y atraer inversión privada.

Una distribución más equilibrada de la inversión física podría generar mayores beneficios a nivel nacional, al fortalecer la conectividad, la competitividad regional y la cohesión territorial. Los tomadores de decisiones deben considerar cómo optimizar estos recursos para impulsar el bienestar de todas las regiones del país, asegurando que la infraestructura pública se traduzca en oportunidades reales para sus habitantes.

Frenón a las asociaciones público-privadas

Como hemos expuesto hasta este punto, para 2025 se propone un recorte importante en el gasto de inversión física. No es una condición deseable, considerando que se espera que la economía crezca al 2.3% en términos reales. Con una menor inversión pública, cumplir con esta meta será todo un desafío. Sin embargo, la nueva administración puede impulsar la inversión mediante otros esquemas de financiamiento. Una posible solución es el modelo de inversión a través de asociaciones público-privadas (APP)5. Si se planifican adecuadamente, estas alianzas entre particulares y el Gobierno, pueden potenciar la creación de infraestructura para fortalecer las capacidades productivas de un país. Sin embargo, en el nuestro, esta oportunidad ha sido desaprovechada.

Desde la administración anterior se han creado prejuicios negativos sobre la inversión privada y las posibles colaboraciones que pudieran darse en el sector público y privado. A tal punto, que se ha ido reduciendo el número de proyectos de inversión financiados mediante este tipo de mecanismo y, para 2025 se proponen tan sólo 13 proyectos de inversión bajo el esquema APP. Mientras que para 2024 se habían aprobado 18 proyectos de inversión.

La disminución en el número de proyectos se debe a la terminación de dos proyectos a cargo del IMSS para la construcción de un hospital en Chiapas y otro en Nayarit. Así como la terminación de tres proyectos de construcción de hospitales a cargo del ISSSTE. 

Sin embargo, no se están proponiendo nuevos proyectos de inversión mediante este esquema de financiamiento La nueva administración está desaprovechando esta oportunidad para impulsar la inversión en el país y fortalecer el crecimiento económico. 

Conclusiones

El proyecto de inversión en infraestructura para 2025 tendrá graves consecuencias. En el corto plazo, el menor gasto podría desacelerar el crecimiento económico, lo que impactaría indirectamente a la recaudación tributaria y la solvencia del Gobierno. Sin embargo, el mayor impacto se sentirá a mediano plazo, ya que los recortes en áreas sustantivas como la salud, abastecimiento de agua, combustibles o transporte carretero, limitarán la capacidad del Estado de garantizar derechos o proveer servicios a la población. 

En estas circunstancias, una solución para fomentar el desarrollo económico y social sería aprovechar el uso de las APPs. Aunque no se contemplen nuevas figuras en el Paquete Económico 2025, no es tarde para crear un Plan Nacional de Infraestructura que las contemple. Los datos así lo exigen.

Notas:

  1. Esto se debió a que los ingresos del Remanente de Operación del Banco de México (Banxico) fueron utilizado para reducir el endeudamiento de aquel año, lo que mejoró el indicador de la Regla de Oro. ↩︎
  2. Los nombres completos de estos fondos son: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito Federal (Fortamun). ↩︎
  3. Por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, a pesar de ser un proyecto prioritario, no cuenta con presupuesto proyectado para 2025. En el Paquete Económico 2024 tampoco contó con presupuesto, pero durante el año se le reasignaron 43.4 mmdp. ↩︎
  4. Alrededor del 65% de la producción de crudo en México se realiza en aguas territoriales, cerca de las costas de Campeche, Tabasco y Veracruz. ↩︎
  5. Para mayor detalle sobre las APP, consultar el cuadernillo de México Evalúa “Impulso para grandes obras. Detonar a las Asociaciones Público Privadas (APP)”, en: https://politicas-publicas-a-tu-medida.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2024/10/Cuadernillo-2.pdf ↩︎

Petróleo toca fondo; y la deuda está por las nubes

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Finanzas Públicas, Trimestrales.

Erario al 2T de 2024

Mantener con vida a Pemex ya es insostenible, y la deuda pública llegó a su máximo nivel desde que se tiene registro. Es decir: el Gobierno apoya a Pemex para reducir su deuda, a costa de incrementar la propia. 

El costo de mantener con vida a Petróleos Mexicanos (Pemex) está llegando a niveles insostenibles. Al segundo trimestre de 2024, la reducción de impuestos a la principal empresa productiva del Estado tiró los ingresos petroleros del Gobierno federal a su peor nivel desde 1990, e impulsó su endeudamiento al mayor nivel que se tenga registro. No hay coincidencias. 

La reducción del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) provocó que Pemex aportara a la Federación sólo 91.7 mil millones de pesos (mmdp), el peor registro en décadas. Además, el Gobierno le devolvió a la empresa, vía transferencias, 158.6 mmdp, lo que significó una pérdida neta de 66 mmdp. 

Lo cuestionable es que el esfuerzo no está rindiendo frutos. En este sexenio, el Gobierno ha dado apoyos fiscales a Pemex por 2.1 billones de pesos, 4.5 veces más que los que otorgó Peña. A la vez, la inversión en la paraestatal ha sido 26% menor al promedio del sexenio pasado. Esto ha provocado que la producción de crudo siga en niveles históricamente bajos. 

En temas relacionados, ante las presiones del gasto electoral y el bajo crecimiento de los ingresos, la deuda pública llegó a su máximo nivel desde el 2000 que se tiene registro, y es el Gobierno federal el que más ha inflado los pasivos. El endeudamiento que adquirió la Federación en los primeros 6 meses del año, es 54.6% mayor (363 mmdp) al de Peña Nieto en su último año de gobierno. Es decir: el Gobierno apoya a Pemex para reducir su deuda, a costa de incrementar la propia. 

El pronóstico es que México tendrá que pagar billones por la deuda adquirida hoy, sin una empresa petrolera que pueda aportar de forma considerable al desarrollo del país.

Ingresos petroleros tocan fondo

La política de reducir y postergar el DUC a Pemex tuvo un costo histórico: en la primera mitad de 2024, los ingresos petroleros del Gobierno federal (es decir, aquellos que no se queda la empresa) sumaron sólo 91.7 mmdp, el peor nivel desde 1990 que se tiene registro.

Para dar “oxígeno” a la petrolera, el Gobierno le ha recortado su carga tributaria. De 2019 a 2024 el principal derecho que paga Pemex pasó de 65% a sólo 30%. Encima de esto, mediante decretos presidenciales se le ha postergado el pago de impuestos, y luego esas obligaciones se han condonado. En 2023 se le permitió postergar el pago de octubre, noviembre y diciembre y posteriormente en 2024 se condonó el pago de dichos meses. La acción más reciente fue postergar el pago del DUC del mes de mayo hasta agosto. Dado el precedente, puede que también se condone dicho pago. 

La reducción y postergación de impuestos en 2024, provocó que la entrega de recursos petroleros de Pemex hacia la Federación, al mes de junio, cayera en 45.6% (76.9 mmdp) frente al mismo periodo de 2023. Sólo en la pandemia y en el contexto de la caída de los precios del crudo en 2015 se observaron contracciones similares. En otras palabras, al ayudar a Pemex, el Gobierno ha provocado una situación de crisis de ingresos para sí mismo. 

La reducción y postergación del DUC a Pemex, ha permitido que la paraestatal se quede con una mayor cantidad de las ganancias de la venta de petróleo. Los ingresos totales de la empresa ascendieron a 455 mmdp, un incremento de 35.6% (119.7 mmdp). Se trata de la mayor tasa de crecimiento, sólo superada por años post crisis como 2021 o 2009, cuando los precios del petróleo tuvieron grandes incrementos anuales.

El aumento en los ingresos de Pemex frente a la caída de los mismos en el Gobierno federal, provocaron que la empresa productiva del Estado se quedara con el 83% de la renta petrolera, mientras que a la federación le llegó sólo el 17% restante. Se trata de un giro diametral frente al cierre del sexenio pasado: en 2018 Pemex se quedaba con el 44% de los ingresos petroleros y la Federación con el 56%. Incluso llegó a darse la ocasión en 2008 que la Federación se quedó con el 86% y Pemex sólo con el 14% de la renta petrolera.

Encima de reducir la carga fiscal a Pemex, la Federación también apoya a la empresa mediante transferencias financieras desde la Secretaría de Energía (Sener). En lo que va del año, le ha otorgado 158 mmdp, 518.6% (132 mmdp) más de lo transferido en el mismo periodo de 2023. Se trata del mayor monto de apoyo directo a la petrolera para una mitad de año, por lo que probablemente se rompa un récord anual al cierre de 2024.

Si tomamos en cuenta que Pemex pagó a la Federación sólo 91.7 mmdp de sus ingresos, pero luego ésta le devolvió a la empresa vía transferencias 158.6 mmdp, el resultado es una pérdida neta de 66 mmdp. Como advertimos en nuestro Erario al 1T de 2024, es la primera vez que el Gobierno le aporta más a Pemex de lo que Pemex aporta al Gobierno. 

Así o más claro: la relación comercial entre Pemex y la Administración federal ya no ofrece utilidades para los ciudadanos. La venta de petróleo ya no financia la salud, educación o seguridad. Más bien, nuestros impuestos se usan ahora para subsidiar a Pemex. 

Sumadas, las transferencias hacia la petrolera en el sexenio de López Obrador, superarán con creces las realizadas en el Gobierno anterior. De 2019 a la mitad de 2024, el Gobierno ha transferido a Pemex —vía la Sener— 1.14 billones de pesos, 2.4 veces más de lo que Peña aportó en su sexenio (471 mmdp). 

Por otro lado, este Gobierno ha beneficiado fiscalmente a Pemex mediante reducción, postergación y condonación del DUC. Con cifras definitivas al cierre de 2023, el apoyo fiscal a Pemex por este concepto sumó 865 mmdp. Con números preliminares a mayo, estimamos un apoyo de 109 mmdp en lo que va del año.

Así, el apoyo neto fiscal a Pemex en lo que va del sexenio, ya suma 2.1 billones de pesos, o 6.1% del PIB. Ese monto pudo haber incrementado el gasto en salud al nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero se prefirió destinarlo a este fin. El costo ha sido enorme y los resultados muy pobres. 

En general, los ingresos petroleros siguen sin mejorar frente a gobiernos anteriores. Aunque de enero a junio de 2024 se logró un crecimiento de 8.5% (42.8 mmdp) frente a 2023, en el sexenio sólo se totalizan 547.2 mmdp, un monto 15% (95.8 mmdp) menor a lo observado al cierre del gobierno de Peña o 54% (655 mmdp) inferior a lo logrado al cierre del de Calderón. 

El mal desempeño de los ingresos petroleros se debe a que la extracción de crudo simplemente no ha repuntado. De enero a junio, promedió 1,523 miles de barriles diarios (mbd), una reducción de 5% (76 mbd) frente al mismo lapso de 2023. Se trata del peor nivel que se tenga registro desde 1996 que hay datos disponibles. La explicación es que se han ido agotando las reservas en el subsuelo, al tiempo que Pemex invierte menos en exploración. 

Cuando se reportan las cifras de producción de Pemex, el Gobierno suele resaltar la generación de hidrocarburos, que contiene la producción de crudo y de condensados (más ligeros que el crudo, con alta concentración de propano y butano). El problema con esta medición es que, previo al 2010, las cifras sólo contabilizaban al crudo y no a los condensados. Así que, para hacer una evaluación justa sobre la evolución de esta métrica, nosotros sólo comparamos la producción de crudo. En cualquier caso, la cifra total de generación de hidrocarburos en 2024 promedia 1,802 mbd, 69% (791 mbd) menos frente a 2010, que las cifras son comparables. 

Destacamos además, que las estimaciones de la Secretaría de Hacienda (SHCP) se siguen quedando cortas. Para este año, previó una obtención promedio de crudo de 1768 mbd, pero lo observado va 14% (246 mbd) por debajo. La SHCP terminará esta administración sin haber acertado sus estimaciones sobre producción petrolera. 

El aumento de los ingresos petroleros totales —pese a la caída en la extracción— se debe al incremento del precio de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME). Al mes de junio, el precio del barril de crudo ha promediado los 73.6 dólares por barril (dpb) lo que representa un incremento de 11% (7.6 dpb) frente al mismo periodo de 2023. Esta cifra es, además, 30% (16.9 dpb) superior a lo estimado por Hacienda para 2024.

Cabe resaltar que en nuestro análisis del Paquete Económico 2024 ya anticipamos esta situación: una plataforma petrolera sobreestimada con un precio subestimado. Como hemos explicado anteriormente, Hacienda suele ser optimista sobre la producción petrolera, para mandar señales de mejora productiva en Pemex. No obstante, como conoce las carencias de la empresa, subestima el precio de la MME, para tratar de compensar la menor producción a través de los precios. 

Ingresos tributarios:  limitados, pese al IEPS 

Los ingresos tributarios en 2024 llegaron a 2.52 billones de pesos al mes de junio, su mayor nivel histórico para un periodo similar. La tasa de crecimiento registrada en los primeros seis meses del año fue de 6.2% (146.8 mmdp) frente al año anterior, la mayor para un mismo periodo desde 2016. Pese a esto, el desempeño de la recaudación muestra signos de debilitamiento tanto por el lado del Impuesto Sobre la Renta (ISR) como por el lado del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

El impulso de los ingresos tributarios se debe principalmente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Percibió un alza de 55.3% (111 mmdp) frente al año pasado, para colocarse en 311.8 mmdp, el mayor nivel desde 2016. Este resultado se debe a que, en lo que va del año, el Gobierno ha cobrado prácticamente en su totalidad el IEPS a gasolinas: en los primeros seis meses del año se otorgaron estímulos equivalentes al 4% (0.2 pesos por litro) de la cuota potencial, mientras que en el mismo periodo de 2023 perdonó el cobro en 34%, o 2 pesos por litro. 

Cabe recordar que Hacienda establece una cuota de IEPS de gasolina por cada litro vendido y cada semana determina qué tanto deja de cobrar (al aplicar estímulos) para mantener estables los precios. Desde 2020, no había sido tan escueta en la aplicación de estímulos como lo es en 2024. 

La recaudación de IVA también creció en 5.2% (32.9 mmdp) para llegar a 670.9 mmdp. Aunque no se superó el registro de 2022, lo recaudado superó las previsiones iniciales en 6.6% o 41 mmdp. Este buen desempeño se debe a una reducción en las devoluciones y compensaciones respecto a 2023. Hay que recordar que en el primer semestre del año pasado, los contribuyentes solicitaron sus saldos a favor por la política de estímulos a los combustibles de 2022, como lo explicamos en nuestra nota anual de 2023. 

Sólo gracias al buen desempeño del IEPS y del IVA, la meta de ingresos tributarios quedó apenas 0.1% (2.7 mmdp) por arriba de la meta. Pudo ser mejor, pero el ISR no ha cumplido con las expectativas planteadas. En la primera mitad del año, se obtuvieron por concepto de este tributo 1.43 billones de pesos, una caída de 0.5% (6.8 mmdp) frente a 2023, lo que provocó que se incumpliera la meta de recaudación en 1.3% o 18.7 mmdp. Esto marca un cambio de tendencia, puesto que en 2022 y 2023 el ISR mantuvo superávits frente a las expectativas del Gobierno. El menor desempeño puede deberse a la desaceleración de la economía. 

Al segundo trimestre de 2024, las devoluciones de impuestos sumaron 478 mmdp, 3% (15.2 mmdp) menos que en el mismo periodo de 2023 y las compensaciones 213 mmdp, 42% (153.8 mmdp) menos. En conjunto, devoluciones y compensaciones ascendieron a 691.6 mmdp, una disminución del 19.6% o 169 mmdp. 

Debido a la caída de 76.9 mmdp (-45.6%) de la renta petrolera del Gobierno federal, compensado por un aumento de 6.2% (146.9 mmdp) de los ingresos tributarios, los ingresos de la Federación se incrementaron en 1.8% o 48.4 mmdp para llegar a 2.79 billones de pesos. Este monto supone un retraso frente al calendario de 0.6% o 16.9 mmdp. 

Hay que recordar que estos ingresos son los que financian a la mayoría de las secretarías federales y entes autónomos. Su bajo crecimiento limita cumplir con las necesidades en educación, salud, seguridad o ciencia, entre otras funciones del gasto. 

Esto es así porque los ingresos de Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)—que componen la totalidad de ingresos del Sector Público— son para uso exclusivo de dichas instituciones. 

Gasto público: el dispendio del régimen

El bajo crecimiento de los ingresos públicos no impidió al Gobierno gastar más. El total de erogaciones del sector público a mitad de 2024 llegó a 4.56 billones de pesos, un aumento de 12.1% (494.2 mmdp) frente al mismo periodo de 2023. El crecimiento de 12.1% es el mayor registrado para una mitad de año desde 2008, aunque muestra signos de desaceleración.

En el acumulado de enero a mayo, el gasto público registraba un crecimiento interanual de 17.3%, el más elevado desde 1990, como destacamos en nuestro Erario al Momento de ese mes. Este impulso se debió al adelanto de programas sociales en el contexto electoral, y de la inversión física. Sin embargo, en el mes de junio se registró un recorte de 7.5% frente al mismo mes de 2023. Es decir, el Gobierno comenzó a meter el freno al dispendio. De esta forma, si al mes de mayo se registraba un sobre gasto de 0.5% (20.3 mmdp), al mes de junio se registra un ligero déficit de 0.1% o 3.5 mmdp.

Por dependencia, al mes de junio la entidad que ha tenido un mayor incremento del gasto ha sido la Sener que llegó a 159.4 mmdp, un aumento de 485.9% (132.2 mmdp). El 99% de la dotación corresponde a las transferencias a Pemex. 

En segundo lugar, se encuentran las Entidades no Sectorizadas, que sumaron 81.1 mmdp: un repunte de 1843.7% (76.9 mmdp) frente a 2023. Hay que recordar que, a partir de este año, se contabilizan en este ramo los recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar). Sin embargo, las cifras para este nuevo instituto de salud pública aún son inciertas.La plataforma de Transparencia Presupuestaria informa que el gastofue por 75.7 mmdp, mientras que Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas (Estopor) reporta solamente 48.3 mmdp.

En tercer lugar, la Secretaría del Bienestar erogó 265.5 mmdp, un alza de 26.1% o 55 mmdp frente al año pasado. No obstante, en junio, tras el periodo electoral,esta dependencia  experimentó un recorte de 28.2% frente a junio de 2023. 

En cuarto lugar, la Secretaría de Turismo desembolsó 91.5 mmdp, un aumento de 69.9% (37.6 mmdp), por mayores pagos para el Tren Maya. 

Del lado perdedor, la dependencia con mayores reducciones fue la SHCP. Erogó solamente 18.8 mmdp, 68.7% (41,4 mmdp) menos que en el mismo periodo de 2023, cuando esta dependencia hizo  transferencias a fideicomisos y apoyos a la Banca de Desarrollo. 

Asimismo, destaca un recorte a la Secretaría de Salud (SSA) por la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Esta dependencia gastó a junio 27.9 mmdp o 56% (36.1 mmdp). Si bien el mayor monto (48.8 mmdp) del IMSS-Bienestar compensó el recorte de la SSA, en su conjunto se ejercieron  76.7 mmdp, cifra menor a las reportadas entre 2014 y 2018, cuando aún existía el Seguro Popular dentro de la SSA. 

Frente al calendario, la Secretaría de Turismo (Sectur) presenta el mayor sobre ejercicio al mes de junio: ha gastado 70 veces más de lo que tenía aprobado al periodo (1.3 mmdp). La diferencia se debe a los recursos para la construcción del Tren Maya. Si bien fueron aprobados dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),  Turismo los está ejerciendo. Al segundo trimestre, la Sectur tenía previsto erogar 150 mdp en inversión física, pero lleva 90.6 mmdp. 

La Sener, como de costumbre, registra un sobre gasto. De forma sistemática, el Ejecutivo y el Legislativo han aprobado a la dependencia un monto limitado de apoyos a Pemex, pero siempre se exceden. Es una forma de ocultar el verdadero apoyo que requiere Pemex durante la aprobación del Paquete Económico. El gasto ejercido por la Sener a junio supera lo aprobado al periodo en 90% o 75.5 mmdp. 

Por el lado contrario, el IMSS y el ISSSTE tienen subejercicios por 26.3 mmdp (-4.5%) y 18.8 mmdp (-7%) respectivamente, por menor gasto en la función salud, así como en pensiones y gastos operativos.  Igualmente es muy significativo el recorte de 23.4% (9 mmdp) al Poder Judicial.Al mes de junio había erogado 29.5 mmdp, el peor registro desde 2014.

Por último, cómo advertimos en nuestro Erario al Detalle del mes de junio, el gasto en los entes de seguridad pública aumentó 47.4% (51.8 mmdp) para colocarse en 161.1 mmdp: su máximo histórico para una mitad de año. El mayor repunte se observa en la Sedena, con 81.9 mmdp: un incremento real de 69.6% (33.6 mmdp) frente al año anterior. Asimismo, la Semar elevó su gasto en 46.4% (10.9 mmdp).

Lo anterior generó que los entes militares (Sedena y Semar) tuvieran un alza de 62% (44.6 mmdp) en su ejecución de recursos frente a 2023.. . En contraste, los entes civiles, como la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) sólo aumentaron en 19% (7.2 mmdp).

El aumento dispar ha provocado que las Fuerzas Armadas hoy controlen el 72% del gasto de las instancias de seguridad. En comparación, al cierre de 2018 controlaban sólo el 53%. Frente al total del gasto programable, los entes militares gestionaron el 3.6%: la proporción más grande desde el año 2000.

Inversión: la presión del cierre de sexenio

El gasto en inversión física se ha acelerado al final del sexenio como respuesta a la presión por cerrar los proyectos pendientes. Al segundo trimestre, se gastaron 555 mmdp en este rubro, un crecimiento real de 18.5% (86.2 mmdp) frente al año anterior; siendo el mayor aumento para un mismo periodo. 

Como decíamos,  esto refleja la urgencia ante el inminente cierre de esta administración. Por ejemplo, el repunte más grande se dio en la inversión en la función de Transporte: creció 68.1% (55.6 mmdp) frente al segundo trimestre del año anterior. La inversión ejercida en la función de Seguridad nacional también creció 309% (18.9 mmdp) frente al mismo periodo de comparación. Se trata de obras realizadas principalmente por la Sedena, así como transferencias difíciles de rastrear por estar destinadas a fideicomisos clasificados como “inversión física”. 

Destaca el crecimiento real en el gasto de inversión en la función Salud con 87.4% (15.8 mmdp) más frente al año anterior. Representa el mayor nivel en el rubro para un segundo trimestre de este sexenio.

Pero no todas son buenas noticias. La inversión en la función Vivienda y servicios a la comunidad cayó 1.6% (2.18 mmdp) en términos reales frente al año pasado.

Las buenas intenciones al final del sexenio no son suficientes. Incluso con el incremento en el gasto de inversión, ésta se encuentra por debajo de los niveles ejercidos durante el gobierno de Peña Nieto.  En promedio durante el actual sexenio al mes de junio, se habían invertido 430 mmdp. Para el mismo periodo en la Administración  anterior, era de 513 mmdp. Todo apunta que se cerrará el año con un nivel de inversión por debajo de lo invertido durante el sexenio de Peña. 

Los bajos niveles de inversión también son reflejo del desaprovechamiento de los apoyos fiscales por parte de Pemex. A pesar de que al segundo trimestre los ingresos petroleros ascendieron a 455 mmdp, un incremento de 35.6% (119.7 mmdp), reflejo de la reducción y postergación del DUC, el gasto en inversión física de la petrolera se redujo en 2.4% (4.3 mmdp) frente al año anterior. 

Los apoyos billonarios que se han realizado a la petrolera no se reflejan en un incremento de la inversión capaz de ampliar las capacidades productivas de la empresa. Con los resultados al segundo trimestre, se observa que cerrará el sexenio con un nivel de inversión física 26% por debajo de lo invertido con Peña Nieto.

Sostenibilidad fiscal y endeudamiento: el desmentido

Aunque el discurso oficial sea que la actual administración no ha endeudado al país, los datos lo desmienten. Para este último año de gobierno, la deuda pública se encuentra en su nivel más alto desde el 2000 que se tiene registro, y durante el primer semestre ascendió a 16 billones de pesos, lo que equivale al 48.8% del PIB al segundo trimestre. El Gobierno mexicano no había tenido una deuda de esta magnitud en los últimos 25 años. 

Para el segundo trimestre del año, la acumulación de la deuda pública se incrementó en 1.2 billones de pesos frente al año anterior, esto representa un crecimiento real de 8.5%. 

Este resultado deja ver que se esfumó el efecto del súper peso. A inicios del año veíamos un crecimiento ordenado de la deuda pública. La apreciación del tipo de cambio ayudaba a mantener bajo control la deuda externa. Sin embargo, tras los resultados de las elecciones comenzamos a ver una depreciación en el peso, lo que afecta  la valuación de la deuda externa en nuestra moneda. 

Al día de hoy, la deuda pública externa vale más en pesos mexicanos, haciendo que la dificultad de su pago se incremente (además de que, en sí misma, la deuda en dólares se ha incrementado). Por este motivo, al final del segundo trimestre, la deuda externa se elevó 0.5% ó 18 mmdp frente a 2023.

Parece un pequeño incremento, pero es la segunda vez en el sexenio que  la deuda externa crece en un segundo trimestre. La primera vez fue en 2020, cuando la economía cayó más de 18%  por los efectos de la pandemia y hubo una depreciación del tipo de cambio, que llevó a cotizar por arriba de los 22 pesos por dólar. En resumen, el crecimiento de la deuda externa para un segundo trimestre es muy infrecuente  y debería tomarse con precaución. 

Lo más preocupante es que la deuda pública está aumentando a un ritmo más rápido que el crecimiento de la economía nacional. Ésta no se había encontrado tan endeudada para un segundo trimestre, como lo reportado a junio del presente año, cuando el saldo de la deuda pública representó hasta el 48.8% del PIB. 

Frente a 2018, la deuda interna se ha incrementado en 10% del PIB, lo cual representa alrededor 3.3 billones de pesos. Es un nivel histórico no visto en los últimos 25 años, y ya representa el 37% de la economía mexicana. 

Al analizar por sectores, en el segundo trimestre el Gobierno federal se endeudó por más de un billón de pesos: es el mayor monto de endeudamiento en los últimos 25 años, para un segundo trimestre. Esto representó un incremento real de 71.3% (428 mmdp) frente a 2023. 

Para ponerlo en perspectiva, el endeudamiento en los primeros seis meses del año, es 54.6% (363 mmdp) mayor a todo el que adquirió Peña Nieto en el último año de su sexenio. En 2018, el Gobierno federal se endeudó por 666 mmdp (a precios de 2024), mientras que en los primeros 6 meses de 2024, el endeudamiento ya asciende a 1,029 mmdp. Recursos que en otras administraciones se han utilizado durante todo un año, se han ejercido en tan solo 6 meses. 

El alto nivel de endeudamiento  se compensa, sin embargo, por los superávits presupuestarios de entidades como el IMSS, ISSSTE, CFE y Pemex. Es importante considerar que el balance del Gobierno en su conjunto resulta de la suma de los resultados de estas entidades presupuestarias.

El costo financiero de la deuda pública se encuentra también en niveles históricos. Al segundo trimestre del año, se pagaron 608 mmdp en intereses y servicio de ese adeudo.  El monto más alto por este rubro en los últimos 25 años. Frente al año anterior, implicó un crecimiento real de 5.0% (28.9 mmdp), sin embargo, frente a 2018 el incremento es de 35.6% (159.6 mmdp). En ese respecto, el pago de intereses y servicio de la deuda interna se incrementó 9.5% (41.6 mmdp) en comparación a 2023, un crecimiento de 51.6% (163.3 mmdp) ante el mismo periodo de 2018. 

Iniciará Sheinbaum sexenio con recortes al gasto

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Temas selectos.

Sin una reforma fiscal que incremente los ingresos, la nueva presidenta no tendrá otra solución que dar motosierra al gasto público…

Por Jorge Cano (@Jorge_eCano) y Carlos Vázquez (@VazquezAviud) | Programa de Gasto Público de México Evalúa

Así como hizo Javier Milei en Argentina, el Gobierno entrante de Claudia Sheinbaum plantea iniciar su mandato con un fuerte recorte del endeudamiento. Como rechaza la posibilidad de hacer una reforma fiscal que incremente los ingresos, no tendrá otra solución que dar motosierra al gasto público.

¿Hay tela de dónde cortar? ¿Se podrán salvar el gasto social y la inversión? ¿Se cumplirán las promesas de campaña? Acá te lo contamos…

Ya lo avisó… y sobre advertencia no hay engaño

En su reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en junio pasado, la virtual presidenta incrementó la estimación del déficit fiscal para su primer año de Gobierno. Sheinbaum utilizó el concepto “déficit público” y comentó: “Nuestro objetivo es que el déficit en el 2025 llegue máximo a 3.5% del PIB. Este año estará cerrando más del 5%”.

Nosotros interpretamos que se refiere a los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), que es un concepto que abarca toda la deuda del Gobierno y sus instituciones, o dicho en lenguaje técnico: la medida más amplia del endeudamiento. Con esa cifra aumentó el dato de la Secretaría de Hacienda, que anticipaba que los RFSP serían del 3.0%. En cualquier caso la meta sigue representando una gran hazaña para el siguiente Gobierno.

¿Cómo estamos ahora y hacia dónde vamos en 2025?

La situación no es sostenible. Pasadas las elecciones, y asegurado el triunfo del partido oficialista, al Gobierno de Sheinbaum le tocará sufrir la resaca del endeudamiento desmedido de AMLO. Para este año, el Gobierno actual todavía aprobó un endeudamiento total de 5.4% del PIB, el más alto que se tenga registro desde 2008 que hay medición. En marzo de este año, la Secretaría de Hacienda estimó incluso que el déficit podría subir hasta 5.9% del PIB. Esto es casi tres veces la deuda que contrajo Peña Nieto en su último año (2.1% del PIB). Sobra decir que el sexenio de Obrador apunta a ser el de mayor endeudamiento en décadas. 

Bajar en 2025 a una adquisición de deuda de sólo 3.5% del PIB, significaría bajar el uso de ese capital para complementar los ingresos en 1.9% del PIB o 672.9 mil millones de pesos (mmdp) frente lo aprobado en 2024; o incluso de 2.4 puntos (810.3 mmdp), que es la estimación más reciente de Hacienda para este año.

Claro está que el recorte al gasto no tendría que ser de tal magnitud, ya que en 2025 seguramente algo crecerán los ingresos públicos. Para 2025 la Secretaría de Hacienda anticipa un crecimiento de los ingresos totales de 2.1% o 158.9 mmdp. De materializarse este crecimiento, el recorte necesario al gasto para cumplir las metas de deudas tendría que ser menor. 

El riesgo que existe sobre las estimaciones de ingresos para 2025 es que se basan en un crecimiento de la economía de 2.5% del PIB, cuando el Banco de México espera un crecimiento de 1.5% y el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 1.4%. Es común que Hacienda fallé en sus estimaciones y que no se cumplan los ingresos que calculó.

¿De cuánto tendría que ser el recorte del gasto para lograr un endeudamiento de sólo 3.5% del PIB en 2025?

Supongamos que los ingresos públicos aumentan, como anticipa Hacienda. Estimamos que el gasto neto del sector público tendría que recortarse en 5.5% o 516.1 mmdp frente al aprobado en 2024, lo que equivale a cortar de tajo todo el presupuesto de la Secretaría del Bienestar. Si nos referimos al gasto programable (aquel que el Gobierno tiene mayor control de modificar) el recorte tendría que ser de 7% o 471.6 mmdp, similar al presupuesto de la SEP. 

(Nota para el lector especializado: hacemos nuestros estimados con el gasto aprobado para 2024, para contar con el desglose exacto por ramo, función, capítulo o programa del gasto. En el caso del gasto estimado al cierre de 2024 no se cuenta con ese nivel de detalle, pero si tomáramos ese estimado como base, para cumplir con un déficit de 3.5% en 2025, el recorte al gasto neto en 2025 tendría que ser de 6.8% (642.2 mmdp) y, en el caso del gasto programable, de 9.4% (642.9 mmdp).

En ambos escenarios, es un recorte inferior a lo observado en 2017. Además, al mes de abril el gasto va por debajo del calendario, por lo cual es más probable que las erogaciones se parezcan más a lo aprobado en septiembre de 2023 y no al estimado al cierre de marzo de 2024.)

¿Es posible realizar estos recortes al gasto público en sólo un año?

Totalmente: de 2016 a 2017 cuando se aplicaron medidas de austeridad durante el final del sexenio de Peña Nieto, el recorte total al gasto fue de 8.6% y al gasto programable fue de 13%, mucho mayor a lo que tendría que aplicar Sheinbaum. 

¿Es posible hacer esos recortes sin afectar la inversión, el gasto social y cumplir con las propuestas de campaña?

¡Imposible! De 2016 a 2017 cuando se aplicaron las medidas de austeridad, los principales conceptos sacrificados fueron la inversión y los subsidios. El primer concepto fue recortado en 26% de un año a otro. Los subsidios y transferencias sufrieron una disminución de 12%. Los salarios de los funcionarios prácticamente no cayeron, pues en realidad es muy difícil reducir las prestaciones laborales. 

¿Cómo se vería un ajuste del gasto público en 2025 cortando en primer lugar la inversión y luego los subsidios?

Si en 2025 la inversión pública se recortara en 26% (como sucedió en 2017) tendríamos un gasto de 689.9 mmdp o 1.9% del PIB, el peor nivel desde 2002 respecto al tamaño de la economía. Un ajuste de esta magnitud en el gasto productivo tendría graves efectos en el crecimiento económico, generación de empleo y en las perspectivas de desarrollo del país. Asimismo, reduciría la capacidad de cobro de impuestos en el mediano plazo.

A pesar de estos efectos dañinos, políticamente es menos costoso recortar la inversión, que los programas sociales, ya que la inversión federal se concentra fuertemente sólo en algunos estados (Ej. Tabasco, Yucatán, etc.), mientras que los programas sociales se reparten generalmente de forma homogénea en todo el país. Una baja de la inversión la ven pocos, pero los recortes a los subsidios lo notan todos, aunque no los reciban directamente.

El recorte a la inversión física de 26% sólo lograría un ahorro por 278.7 mmdp por lo cual se necesitaría dar machete a otros rubros para lograr un recorte adicional de 192.8 mmdp, para lograr los ajustes en el gasto programable.

¿Qué más se puede recortar? 

El total de recursos faltantes se podrían obtener si se dejara de apoyar con transferencias financieras a Pemex. En 2024 se aprobó un presupuesto para este fin por 198.3 mmdp para apoyar a Pemex a través de la Secretaría de Energía. En lo que va del sexenio, el monto máximo de transferencias que se le ha otorgado a la petrolera alcanzó los 361 mmdp en 2021 y el mínimo fue de 55.6 mmdp en 2020 durante la pandemia.

Sin embargo, es casi imposible que el Gobierno deje de apoyar a la petrolera puesto que ésta no ha mejorado su situación productiva, como explicamos en nuestra investigación “El empobrecimiento de las empresas públicas”. Sin el apoyo del Gobierno, simplemente podría caer en impagos a sus acreedores y afectar a todo el sistema financiero.

No obstante, puede ser factible reducir al mínimo los apoyos: digamos unos 55 mmdp como sucedió en 2020. De esta manera se podrían ahorrar unos 143.4 mmdp el siguiente año. Nótese que en 2017 el Gobierno de Peña bajó los apoyos a Pemex a cero, lo cual facilitó el ajuste fiscal: esa opción ahora es casi imposible.

Ya con los recortes a la inversión física (278.7 mmdp) y los apoyos a Pemex (143.4 mmdp) aún restaría obtener 50 mmdp para alcanzar la meta de ajuste fiscal del gasto programable para 2025. 

¿Para no castigar el gasto en subsidios, se pueden hacer recortes en otros lados?

Difícilmente, pero aún es posible. Los servicios personales (salarios) no se pueden reducir fácilmente porque están protegidos por leyes laborales. Incluso, despedir funcionarios aumenta los costos en el corto plazo por indemnizaciones. Desde el año 2000, el mayor recorte a este concepto de forma anual se logró en 2019 con la llegada de AMLO, y fue de -3.2%.

Actualmente, el gasto de este capítulo sigue por debajo de lo visto en 2018, lo que aumenta la dificultad de recortarlo. Pero si suponemos que en 2025 se logra hacer un ahorro del 3%, se obtendrían 37.5 mmdp. Sobra decir que esto afectaría la operación del Gobierno y su capacidad de atraer y retener a los mejores funcionarios. 

Por otro lado, es muy complicado bajar los servicios generales (gastos de operación como agua, luz, papelería, viáticos, entre otros) porque hacen inoperables las funciones del Gobierno. Basta decir que incluso con las medidas de austeridad aplicadas en la pandemia, estos gastos no cayeron. Por lo tanto, descontamos que se logre un ahorro por este capítulo en 2025.

En el caso del gasto en Participaciones y Aportaciones; Pensiones y Jubilaciones y Deuda Pública, es prácticamente imposible hacer recortes, puesto que estos conceptos están blindados por ley o existen compromisos legales para su pago.

El viejo truco de no ajustar por inflación

En el escenario planteado, el Gobierno de Sheinbaum tendría que encontrar otros 12 mmdp de dónde cortar. En otras palabras, no sólo no habrán recursos para nuevos programas sociales sino que difícilmente los actuales se librarán de recortes. En 2024 se aprobó un monto de 1.1 billón de pesos en subsidios, de los cuales el 41% (483.1 mmdp) corresponde sólo al programa de Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Descartamos que este programa tenga posibilidad de ser recortado en 2025 ya que está blindado por el artículo cuarto constitucional y se ha manifestado la intención de incrementarlo conforme la inflación. Encima de todo, es el programa de mayor rentabilidad política del Gobierno. De esta forma, tendría sólo 686 mmdp en subsidios de dónde cortar en realidad.

En esta situación, se podría optar por un truco contable: no ajustar por inflación la mayoría de los programas, es decir, presupuestar lo mismo en 2025 que lo aprobado en 2024. Así podría argumentarse que se mantiene el gasto social, aunque en términos reales caiga, al valer menos el dinero.

Si al cierre de 2024 se materializa una inflación de 3.8%, al mantener con el mismo presupuesto los programas sociales que en 2024, se tendría un ahorro del mismo porcentaje o 26 mmdp, suficiente para completar los recortes al gasto. Algunos programas prioritarios podrían actualizarse por inflación y otros no.

Aunque esta situación no parece grave de inicio, hay que considerar que, en los últimos años, el monto total de subsidios ha crecido sólo por el aumento de las pensiones de adultos mayores. Los subsidios enfocados a la salud, educación, ciencia y tecnología, agricultura, cultura entre otros, están por debajo de lo observado en el sexenio anterior, como explicamos en nuestra nota del Paquete Económico 2024. Mantener la estructura de 2024 significaría seguir relegando dichas áreas prioritarias para el desarrollo.

¿Qué pasa con las promesas de campaña? 

Antes de ser electa presidente, Claudia Sheinbaum prometió una pensión para las mujeres de entre 60 a 64 años, una beca universal a estudiantes de primaria y secundaria, ampliar las becas a estudiantes de media superior, programa para madres embarazadas, un sistema nacional de cuidados, entre muchas otras promesas. En la situación descrita anteriormente, no habría posibilidad de cumplir estas promesas, a menos de que se sacrifiquen programas sociales existentes. 

¿Estos recortes son suficientes para controlar el crecimiento de la deuda pública?

Con todos los recortes expuestos anteriormente, ¿el ajuste que propone Sheinbaum es suficiente para estabilizar la deuda pública y así cumplir con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)?

La respuesta corta es no, no es suficiente. A pesar de lograr significativos recortes en el gasto, el próximo sexenio comenzará con un aumento en el saldo de la deuda pública respecto del PIB, y mantendría la presión sobre la capacidad de pago del Gobierno. En otras palabras, para 2025, se necesitarían recortes en el gasto público aún más drásticos que los mencionados en esta nota para cumplir con la responsabilidad fiscal.

El tamaño del recorte en el gasto depende de qué tan pesada sea la deuda pública respecto al tamaño de la economía al cierre de este año. Se espera que la deuda pública cierre el 2024 en 17 billones de pesos, lo que representa 50.2% del PIB estimado para el cierre del año.

Para mantener este nivel de endeudamiento se tendría que fijar un techo en el déficit público por 3.0% del PIB, lo cual implica un recorte de 2.9 puntos del PIB en el gasto para 2025, lo que equivale a 836.2 mmdp. Frente al estimado al cierre, la meta de endeudamiento de Sheinbaum supondría sólo un recorte de 2.4 puntos del PIB.

Sin embargo, todo dependerá de cómo evolucione la economía mexicana, en particular el crecimiento económico, la inflación y la depreciación del tipo de cambio. El riesgo que existe sobre las estimaciones de la deuda es que se basan en un crecimiento de la economía de 2.5% del PIB, cuando del Banco de México espera un crecimiento de 1.5% y el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 1.4%. 

En un escenario de crecimiento de 2.0% de la economía en 2025, para mantener estable la deuda pública y cumplir con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sería necesario que el déficit público no supere el 2.5% del PIB. Esto implicaría un recorte del gasto público del 3.4% del PIB, lo que equivale a alrededor de 1.2 billones de pesos. Este ajuste sería política y socialmente inviable.

Este escenario muestra lo complicado que será para la próxima administración mantener unas finanzas públicas sostenibles, lo cual parece casi imposible en términos técnicos.

Así pues, el techo del déficit del 3.5% del PIB que ha prometido Claudia no es compatible con la Ley de responsabilidad fiscal, dado el escenario económico y el nivel de deuda pública que dejará el Gobierno actual. Para que este déficit sea responsable, se necesitaría una tasa de crecimiento económico del 3.5% para mantener la deuda pública estable.

De lo contrario, con este déficit, la deuda pública subiría al 51.0% del PIB para 2025, comenzando su mandato con un aumento significativo en el endeudamiento del país, llegando a un máximo histórico no visto en los últimos 25 años. 

Riesgos:

  • Si Hacienda modifica durante 2025 el presupuesto para darle más apoyos a Pemex, tendría que recortar de otro lado, como en programas sociales.
  • Hacienda espera que el Costo Financiero disminuya, pero si la incertidumbre política se mantiene por las reformas constitucionales, este costo incluso puede aumentar. Sin mencionar, que la depreciación del tipo de cambio puede aumentar el costo del pago de la deuda en moneda extranjera. En esta situación se tendrían que hacer recortes de otros lados.
  • Con el control político de ambas cámaras y de la mayoría de los estados de la República, el Gobierno federal podría negociar cambios en la Ley de Coordinación Fiscal para “incluir” a las entidades federativas en las medidas de austeridad. Es decir, reducir sus Aportaciones y Participaciones. Esto concentraría más el poder en la Federación.

Oportunidades:

  • En 2017 los ingresos públicos cayeron por reducción del precio del petróleo y la incertidumbre económica por Trump y menor remanente del Banco de México. Si el dólar cierra alto en 2024, puede haber un remanente de operación de Banxico que dé más ingresos al Gobierno. 
  • Una reducción de la tasa del Banco de México podría reducir el costo financiero de la deuda y liberar recursos para el Gobierno. 
  • Mayores ingresos por fiscalización a grandes empresas, podrían dar más solvencia al Gobierno y limitar los recortes.

Intermitencia en la inversión y generación de electricidad de la CFE

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Temas selectos.

La intermitencia en el suministro eléctrico es reflejo de la intermitencia presupuestaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por Carlos Vázquez, Salvador Sánchez y Jorge Cano *

2024 ya es uno de los años más caóticos en materia de suministro eléctrico del presente siglo. El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) reportó este 11 de mayo, por segunda vez en menos de una semana, un estado de alerta al registrar reserva de generación de electricidad menor al 6%. Esto es algo que se observa de tanto en tanto en nuestro sistema, pero nunca de manera tan frecuente. El incremento de la temperatura en gran parte del territorio mexicano ha obligado a la población a consumir más electricidad para enfriar el ambiente y la comida, pero a un grado en que la oferta de energía no ha podido cubrir la demanda. Esto ha llevado a que, en plena ola de calor, las autoridades hayan programado apagones en zonas de por lo menos 15 estados, con el objetivo de estabilizar el sistema.

Esta intermitencia en el suministro eléctrico es reflejo de la intermitencia presupuestaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encamina a ser el peor en inversión de la CFE comparado a sexenios anteriores. De hecho, para fines de 2023 no solamente este rubro no creció, sino que presentaba una caída importante.

La intermitencia en el gasto de inversión de la CFE: 

El gasto promedio de inversión física de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se encamina a ser el peor en comparación con sexenios anteriores.

Durante el sexenio de Fox la inversión de la CFE promedió un un total de 43.12 mil millones de pesos (mmdp); con Calderón 54.85 mmdp y con Peña 49.33 mmdp. Sin embargo, el gobierno de Lopez Obrador promedia un monto de 39.02 mmdp al cierre de 2023, lo cual se traduce en una caída del 20.89% (10.30 mmdp), respecto al sexenio anterior. 

El bajo desempeño en la inversión física de la CFE le ha salido caro a sectores prioritarios como son la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Al cierre de 2023, la inversión en generación de electricidad fue por 13.34 mmdp, lo cual representó una caída de 2.63% (-0.36 mmdp) en términos reales frente a 2022. Con esta caída, la inversión en generación de la CFE se ubicó en su segundo nivel más bajo del sexenio y es prácticamente la mitad, -49% (-12.85 mmdp), de lo que se gastó al cierre del sexenio anterior (2018). 

La historia se repite en la inversión en transmisión y distribución de electricidad. Al cierre de 2023, se invirtieron 5.53 mmdp en transmisión y 9.21 mmdp en distribución de electricidad. La inversión en estos rubros se encuentra por debajo de lo invertido al cierre del sexenio anterior. En el caso de la transmisión, que es la encargada de transportar la electricidad desde las plantas de energía a las subestaciones, presenta una caída de 16.92% (1.88 mmdp) frente a 2018, cuando se invirtieron hasta 11.08 mmdp. Mientras que en el caso de la distribución, que es la encargada de suministrar desde las subestaciones al consumidor final, la caída en la inversión es aún mayor, registrando una disminución de 37% (3.36 mmdp) frente al cierre del sexenio anterior. Estos números ponen de manifiesto una clara intermitencia en el ciclo de crecimiento de la inversión en la generación y suministro de energía eléctrica.

El problema de la baja inversión física de la CFE es reflejo del desaprovechamiento del presupuesto de la entidad. Durante todo el sexenio, el gasto en inversión física de la CFE ha sido inferior al monto que se le aprueba. Al cierre del 2023, el subejercicio fue de 15.2% (7.7 mmdp). Se ha operado en promedio durante el sexenio con un gasto que es 22% inferior al monto aprobado, mientras que durante la administración anterior, los subejercicios promediaron 11%.

A menor gasto en inversión menor energía producida

La lamentable inversión física por parte del gobierno, se ve reflejada en un bajo incremento de la capacidad instalada de la CFE. De acuerdo con el Sistema de Información Energética (SIE) y el 5to informe de Gobierno, a junio del 2023 el incremento fue de 1,976.24 megawatts con respecto al cierre del sexenio anterior, mientras que en el gobierno de Peña, el incremento fue de 3,372.81 megawatts. Es decir, se ha incrementado la capacidad instalada en 4.54%. Pese a esto, este incremento es casi la mitad del registrado por Peña, el cual fue de 8.41%.

En México, la producción de energía eléctrica ha dependido en gran medida de las plantas termoeléctricas desde 2002 hasta 2023. En 2022, el 54.55% de la generación de energía eléctrica se realizó mediante tecnología termoeléctrica, que principalmente utiliza carbón, diésel, combustóleo y gas natural. Esta dependencia puede ser un factor de vulnerabilidad para la generación de energía, debido a la disponibilidad y estabilidad de estos recursos.

Un ejemplo fue lo ocurrido en 2021, cuando los gasoductos en el sur de Texas se congelaron, lo que provocó interrupciones en el suministro de gas natural. Como consecuencia, hubo apagones significativos en el norte del país. Este evento pone en evidencia los riesgos asociados con la dependencia de fuentes de energía fósiles, afectando la capacidad de generación de energía. Por tal motivo, se requiere diversificar la generación de energía para mitigar estos problemas adversos. Lo ideal es optar por fuentes de energía renovables. Con estas medidas, se contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, alineándose con los objetivos globales de sostenibilidad y mitigación del cambio climático. Un ejemplo de esto se puede observar en países como Alemania, donde la mayor parte de la generación de energía es mediante plantas eólicas y solares.

El bajo desempeño en el crecimiento de la capacidad instalada se ha reflejado en una menor generación de energía eléctrica. De acuerdo con el Sistema de Información Energética (SIE), desde el primer año de gobierno de la presente administración, la generación total de electricidad —producida por la CFE y los Productores Independientes de Energía (PIEs)— cayó 3.2% frente al año anterior. La razón: una caída de 8.8% en la generación de electricidad por parte de la CFE. 

Este fue sólo el principio en el descenso de la generación de electricidad por parte de la energética. Durante 2020 y 2021, la CFE produjo los niveles más bajos de electricidad desde el año 2002: la generación de electricidad pasó de 13 millones de megawatts por hora, a 10 millones de megawatts por hora. De esta caída no ha logrado recuperarse, y al cierre de 2023 se produjeron 12.5 millones de megawatts por hora: 12% inferior a lo generado durante 2018. 

Sin embargo, la caída en la generación de electricidad de la CFE pudiera ser aún mayor de no ser por la participación del sector privado en la generación de electricidad. Durante el sexenio se ha incrementado la producción bruta de electricidad por parte de los PIEs, y al cierre de 2023 llegaron a producir hasta 8.5 millones de megawatts por hora en promedio, lo cual es el nivel más alto del cual se tenga registro en el SIE. 

Al respecto, vale la pena mencionar que durante esta última administración se ha hecho énfasis en reducir la participación de los privados en la generación de electricidad en el mercado eléctrico mayorista, donde participan tanto la CFE como empresas privadas. Por su parte, los PIEs, con contrato exclusivo para la CFE, producen en promedio el 40.8% de la electricidad de la propia CFE.

Cabe recordar que con la propuesta de reforma energética de 2021 se buscaba limitar por ley que la cuota para los generadores privados en el mercado eléctrico mayorista no superase el 46%. La candidata de Morena a la presidencia de la república sigue manteniendo esta propuesta, aún cuando va en contra de la Constitución, que establece libre mercado en el segmento de generación. Esto representaría un freno a la generación de electricidad del sector privado, el cual ha amortiguado el mal desempeño de la CFE a lo largo del sexenio y en ocasiones de crisis productivas. Un ejemplo de esto sucedió en 2020, cuando la generación de la CFE cayó 19.9% frente a 2019, debido al congelamiento de gasoductos en el norte del país. En ese contexto, la generación de electricidad por parte de los PIEs aumentó 7.8%, permitiendo compensar el mal desempeño de la CFE.

Repartiendo menos energía a más hogares

Un logro que esta administración gusta de celebrar es que se han logrado conectar más hogares a la red pública de electricidad. De acuerdo con datos de la ENIGH 2022 el 98.9% de las viviendas se encuentran conectadas a la red pública, 0.1% a una planta particular, 0.2% a panel solar, 0.4% de otra fuente, y 0.4% de las viviendas aún no cuentan con electricidad. Lo anterior implica que entre 2022 y 2018 se lograron conectar 3.1 millones de viviendas a la red eléctrica. 

Sin embargo, pese a los festejos, es un logro a medias. Si bien se han conectado más viviendas a la red eléctrica, al no haber un aumento significativo en la generación de electricidad y en la infraestructura de transmisión y distribución, la población recibe un suministro de baja calidad por la presencia de más apagones y de mayor duración.

Al cierre de 2023 se ha dado un incremento en el número de apagones a nivel nacional, así como en la duración de los mismos. En otras palabras, se va más la luz y por más tiempo. De acuerdo con el SIE al cuarto trimestre de 2023 se dieron en promedio 13.1 interrupciones por cada cien usuarios finales, atribuibles al proceso de transmisión, es decir, a un fallo por parte de la CFE. Durante el mismo trimestre, las interrupciones duraron en promedio 11.9 minutos, lo cual representa la duración más larga no vista desde 2017, que es cuando se comenzó a reportar la información. De hecho ya se hilaron dos trimestres con las mayores interrupciones del sexenio y además con el mayor tiempo de interrupción.

Dado lo anterior, no sorprenden los apagones. Desde finales de 2023 se están presentando las mayores interrupciones y de mayor duración en el sistema de red eléctrica desde el cierre del sexenio anterior. Esto es resultado, como ya se mencionó anteriormente, de los bajos niveles de inversión en generación, y de que la matriz energética se encuentra altamente sesgada hacia la generación vía combustibles fósiles en un 75%, según datos del Cenace. Esto disminuye el margen de maniobra en la producción de energía ante eventos adversos. Por último, los apagones pudieran ser aún mayores de no ser por la participación del sector privado vía los Productores Independientes de Energía. Por lo que, se debe continuar la promoción de esta figura para la generación de electricidad.

* Agradecemos el apoyo de Ana Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa.

Los números de Erario: febrero 2018

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Archivo, Finanzas Públicas, Mensuales.

Las cifras de finanzas públicas correspondientes a febrero de 2018 ya están disponibles al público.

¿Qué nos dicen los principales indicadores a febrero de 2018?

Puntos clave

  • El año arrancó con gran actividad en las finanzas públicas: en febrero de 2018, el Gobierno federal nuevamente registró una brecha entre gasto e ingreso. Así, la presente administración continúa exhibiendo un déficit en febrero, a diferencia de las últimas tres administraciones que en promedio mostraron superávit en este mes del año.
  • Esto sucedió a pesar de que el Gobierno federal recibió el monto máximo de ingreso mensual desde 1990 para un febrero. También obtuvo más ingresos de los previstos en la Ley de Ingresos 2018.
  • El gasto continúa pisando fuerte, en febrero 2018 se gastó por arriba del promedio observado en esta misma administración y en las tres anteriores.
  • Preocupa lo siguiente: 1) A pesar de que al cierre de 2017 la deuda disminuyó, siguen incrementando los pagos de diversas obligaciones como intereses de la deuda y pensiones, 2) El gasto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC) se vio disminuido en relación con el año anterior y puede afectarse el financiamiento de servicios públicos. 3) Los pagos de Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas) -vehículo informal de deuda- aumentaron de manera significativa.

¿Hay más ingreso o gasto?

Durante el mes de febrero de 2018, los ingresos del Gobierno federal fueron menores a sus gastos, por quinto año consecutivo en la presente administración. El balance total del Gobierno federal –en febrero- fue negativo, con un  déficit de 75 mil millones de pesos.

Situación financiera del Gobierno federal a febrero

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Fuente: Elaborado por México Evalúa con información de Inegi y Estadísticas Oportunas de la SHCP.

La diferencia entre el ingreso y el gasto del Gobierno federal en el mes de febrero ha sido mayor en la presente administración. Esto se refleja en su balance total negativo versus el saldo positivo de los tres sexenios anteriores.

¿Cuánto se gastó?

  • El gasto total del Gobierno federal estuvo por arriba del promedio observado para el periodo de 2013 a 2018, presentando una cifra de 735.7 mil millones de pesos en febrero de 2018. El gasto total del Gobierno federal observó un incremento de 10% real en febrero 2018 respecto a febrero de 2017. Este aumento estuvo impulsado en mayor medida por el incremento del gasto no programable, es decir, pagos de obligaciones en los que destacan el pago de intereses de la deuda y las participaciones a los gobiernos locales. El gasto programable[1]– que es el que se destina a financiar los programas y servicios públicos- tuvo un aumento de 4% real en el mismo periodo, mientras que el gasto no programable, presentó un aumento de 23% real en febrero 2018 comparado con el mismo mes de 2017.

 

  • El costo financiero del Gobierno federal en febrero 2018 fue de 47.2 mil millones de pesos, lo que representa un aumento de 21% real respecto a febrero de 2017. El apoyo a deudores y ahorradores de la banca presentó un incremento de 39.9% real respecto al mismo mes del año anterior.

 

  • El gasto en inversión física del Gobierno federal fue de 53.2 mil millones de pesos: un aumento respecto a febrero del año anterior de 19.8% real.

En lo que se refiere al gasto por responsable, las Secretarías o Ramos presupuestarios que registraron mayores aumentos en febrero 2018 respecto al mismo mes del año anterior fueron:

  • “Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores” (Ramo 30) con 41.4 mil millones de pesos (153% real);
  • “Aportaciones a seguridad social” (Ramo 19) con 17.4 mil millones de pesos (13% real)
  • “Provisiones salariales y económicas” (Ramo 23) con 8.2 mil millones de pesos (38% real)
  • “Apoyo a ahorradores y deudores de la banca” (Ramo 34) con 5.4 mil millones de pesos (39.9% real);
  • “Desarrollo Social” (Ramo 20) con 4.6 mil millones de pesos (20.1% real)

Mientras que los Ramos que presentaron los mayores recortes en febrero 2018 respecto al mismo mes de 2017 fueron:

  • “Educación” (Ramo 11) con 4.8 mil millones de pesos (-9.4% real)
  • “Salud” (Ramo 12) con 4.6 mil millones de pesos (-20.1% real)
  • “Comunicaciones y transportes” (Ramo 9 ) con 1.9 mil millones de pesos (-18.7% real)
  • “Poder judicial” (Ramo 3) con -1.4 mil millones de pesos (-19% real)

Principales ejecutores con mayor gasto o recorte respecto a febrero 2017

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Fuente: Elaborado por México Evalúa con información de Estadísticas Oportunas de la SHCP e Inegi.

¿Cuántos recursos ingresaron?

  • A pesar de no ser suficientes para cubrir el nivel de gasto observado en febrero, la cifra de ingresos del Gobierno federal, a febrero de 2018, fue la cifra mensual más alta en términos reales observada en un mes de febrero en los últimos 28 años, con 660.3 mil millones de pesos. Así, los ingresos totales del Gobierno federal aumentaron de manera significativa respecto al mismo mes del año anterior (5.1% real), así como respecto a los ingresos estimados al segundo mes de este año (15.6%).

 

  • Este incremento estuvo impulsado por el aumento en los ingresos tributarios (5.4%), especialmente en el IVA (10.7%) e ISR (5.2%). En cambio, el IEPS presentó una caída de -4.5% real respecto al mismo mes de 2017, debido al desplome del IEPS a gasolinas y diésel de -24% real en el mismo periodo. Los ingresos no tributarios no petroleros del Gobierno federal presentaron un incremento de 25% con respecto a febrero de 2017.

 

  • En relación con lo previsto en la Ley de Ingresos, el Gobierno federal obtuvo más ingresos de los aprobados para febrero de 2018. (12% más en los tributarios, 178% más en los “No tributarios, no petroleros” y 9% más en los petroleros). Esto le permitió asignar ingresos excedentes por 89.3 mil millones de pesos, 5.1% más de lo observado en febrero del año anterior.
[1] Tanto el gasto programable como el no programable del gobierno federal excluyen a las empresas productivas del estado (Pemex y CFE) y entes de control directo (IMSS e ISSSTE). El gasto programable es aquel que usa el gobierno para proveer bienes y servicios a la población, así como el gasto en programas sociales y todo aquello necesario para la operación de las instituciones gubernamentales.
El gasto no programable del gobierno federal es aquel que usa para financiar el pago de sus obligaciones. No corresponden de manera directa a la provisión de bienes y servicios públicos a la población.

Los números de Erario: enero 2018

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Finanzas Públicas, Historias, Mensuales.

Las cifras de finanzas públicas correspondientes a enero de 2018 ya están disponibles al público.

¿Qué nos dicen los principales indicadores a enero 2018?

Puntos clave

  • El año arrancó con gran actividad en las Finanzas Públicas, el Gobierno federal nuevamente registró en el mes de enero 2018 una brecha entre gasto e ingreso, así la presente administración continua exhibiendo un déficit en enero, a diferencia de las últimas dos administraciones que en promedio mostraron superávit en este mes del año.
  • Esto sucedió a pesar de que el Gobierno federal recibió el monto máximo de ingreso mensual desde 1990 para un enero. También obtuvo más ingresos de lo “esperado” en la Ley de Ingresos 2018.
  • El gasto empezó también pisando fuerte, en enero 2018 se gastó por arriba del promedio observado en esta misma administración y en las dos anteriores.
  • Preocupa lo siguiente: 1) A pesar de que al cierre de 2017 la deuda disminuyó, siguen incrementando los pagos de diversas obligaciones como intereses de la deuda y pensiones, 2) El gasto de la SEP y SCT se vio disminuido en relación al año anterior y puede afectarse el financiamiento de servicios públicos.
  1. ¿Hay más ingreso o gasto?

Durante el mes de enero de 2018, los ingresos del Gobierno federal fueron menores a sus gastos, por cuarto año consecutivo en la presente administración. El balance total del Gobierno federal –en enero- fue negativo, con un  déficit de -24 mil millones de pesos.

Situación financiera del Gobierno federal a enero

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Fuente: Elaborado por México Evalúa con información de Inegi y Estadísticas Oportunas de la SHCP.

La diferencia entre el ingreso y el gasto del Gobierno federal en el mes de enero ha sido mayor en la presente administración. Esto se refleja en su balance total negativo versus el saldo positivo de los dos sexenios anteriores.

 

¿Cuánto se gastó?

  • El gasto total del Gobierno federal estuvo por arriba del promedio observado para el periodo de 2013 a 2018, presentando una cifra de 379.9 mil millones de pesos en enero de 2018. El gasto total del Gobierno federal observó un incremento de 3.6% real en enero 2018 respecto a enero 2017. Este aumento estuvo impulsado en mayor medida por el incremento del gasto no programable, es decir, pagos de obligaciones en los que destaca el pago de intereses de la deuda y las participaciones a los gobiernos locales. El gasto programable[1], el que se destina a financiar los programas y servicios públicos, tuvo un ligero aumento de 0.5% real en el mismo periodo, mientras que el gasto no programable, presentó un aumento de 9.8% real en enero 2018 comparado con el mismo mes del 2017.
  • El costo financiero del Gobierno federal en enero 2018 fue de 36.5 mil millones de pesos, lo que significó un aumento de 23% real respecto a enero 2017. Las Participaciones presentaron un aumento respecto al mismo mes del año anterior de 8.1% real.
  • El gasto de inversión física del Gobierno federal se muestra sin cambios importantes con respecto a enero de 2017 presentó una cifra de 19.3 mil millones de pesos. Este gasto Incrementó respecto a enero del año anterior, 3.5% real.
  • En lo que se refiere al gasto por responsable, las Secretarías o Ramos presupuestarios que más aumentaron en enero 2018 respecto al mismo mes del año anterior fueron:

 

  • “Apoyo a ahorradores y deudores de la banca” (Ramo 34) con 5.4 mil millones de pesos (39.8% real);
  • “Participaciones” (Ramo 28 )con 5.1 mil millones de pesos (8.1% real)
  • “Aportaciones a seguridad social”  (Ramo 19) con 5.1 mil millones de pesos (5.6% real)
  • “Provisiones salariales y económicas” (Ramo 23) con 2.9 mil millones de pesos (22.5% real)

Mientras que los Ramos que presentaron los mayores recortes en enero 2018 respecto a enero 2017 fueron:

  • “Educación” (Ramo 11) con 5.8 mil millones de pesos (-20% real)
  • “Comunicaciones y transportes” (Ramo 9 ) con 1.5 mil millones de pesos (-56% real)
  • “Poder judicial” (Ramo 3) con -1.5 mil millones de pesos (-34% real)
  • “Gobernación” (Ramo 4) con -1 mil millón de pesos (-24% real)

Principales ejecutores con mayor gasto o recorte respecto a enero 2017

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Fuente: Elaborado por México Evalúa con información de Estadísticas Oportunas de la SHCP e Inegi.

¿Cuántos recursos ingresaron?

  • A pesar de no ser suficientes para cubrir el nivel de gasto observado en enero, la cifra de ingresos del Gobierno federal, en enero de 2018, fue la cifra mensual de enero más alta en términos reales de los últimos 28 años (355.3 mil millones de pesos). Así, los ingresos totales del Gobierno federal aumentaron de manera significativa respecto al mes de enero del año anterior (8.3% real) como respecto a los ingresos estimados al primer mes de este año (14% real).
  • El incremento en los ingresos con respecto a enero del año anterior estuvo impulsado por el aumento en los ingresos tributarios (10.1%), especialmente IVA (23.8%) e ISR (7.9%). En cambio el IEPS presentó una caída de -10.7% real respecto al mismo mes del 2017, debido al desplome del IEPS a gasolinas y diésel de -33.9% real en el mismo periodo. También los ingresos no tributarios no petroleros del Gobierno federal presentaron una caída leve de 2% con respecto a enero de 2017.
  • En relación a la Ley de Ingresos, el Gobierno federal obtuvo más ingresos de los aprobados para enero 2018, esto con excepción de los provenientes del petróleo. (Tributarios 10% arriba, “no tributarios no petroleros” 4% más y petroleros -2% menores). Esto le permitió asignar ingresos excedentes por 43.6 mil millones de pesos un 51% mayor a lo observado en enero del año anterior.

 

 

[1] Tanto el gasto programable como el no programable del gobierno federal excluyen a las empresas productivas del estado (Pemex y CFE) y entes de control directo (IMSS e ISSSTE). El gasto programable es aquel que usa el gobierno para proveer bienes y servicios a la población, así como el gasto en programas sociales y todo aquello necesario para la operación de las instituciones gubernamentales.
El gasto no programable del gobierno federal es aquel que usa para financiar el pago de sus obligaciones. No corresponden de manera directa a la provisión de bienes y servicios públicos a la población.

 

Los números de Erario: octubre 2017

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Archivo, Finanzas Públicas, Historias, Mensuales.

El informe mensual de finanzas públicas correspondiente al mes de octubre se publicó recientemente. En esta breve historia veremos qué nos dice este reporte sobre los principales indicadores de ingresos, gasto y deuda pública.

  • Preocupan las prioridades de SHCP para realizar recortes y aumentos de gasto.
  • Los ingresos presentaron aumentos, pero preocupa su sostenibilidad y crecimiento.
  • Continúa el desplome del gasto en inversión física.
  • Hay recortes sustanciales en educación pero aumenta el gasto del cajón discrecional Ramo 23.
  • El balance del Gobierno Federal se encuentra en terreno positivo pero falta esperar el cierre del año.

Por el lado de los ingresos del gobierno federal se observa que éstos fueron mayores a los estimados originalmente en la Ley de Ingresos de la Federación 2017 (LIF) en 507.1 mil millones de pesos (mmdp), es decir, un aumento de 19% real respecto a lo aprobado. Esta cantidad no es menor, ya que es casi 5 veces el presupuesto aprobado en 2018 para el ramo de desarrollo social que fue de 107 mil millones de pesos.

El 75% de los ingresos adicionales a los aprobados por el congreso, provino de ingresos no petroleros y no tributarios. Principalmente, el gobierno federal recibió recursos del Remanente de Operación del Banco de México (ROBM)[1]. Como ha sucedido en otros años, los ingresos por el ROBM no se incluyeron en la LIF, lo cual es una subestimación frecuente. En México Evalúa hemos insistido en que es necesario que las estimaciones de las variables de finanzas públicas se apeguen a la realidad. En ese sentido, lo óptimo sería que desde el principio, los recursos provenientes del ROBM se incluyeran en los ingresos totales estimados.

Asimismo, preocupa el comportamiento observado de los ingresos tributarios. Estos ingresos aumentaron únicamente 0.7% real (16.8 mil millones de pesos) en octubre 2017 respecto al mismo mes de 2016.  Este incremento es significativamente menor que el aumento observado en años pasados. Debido a que los ingresos tributarios se mueven en la misma dirección que el crecimiento de una economía, el limitado incremento de éstos señala que la economía no se está expandiendo.

En lo que se refiere al gasto público del gobierno federal, este fue superior al monto aprobado originalmente en 2% real, es decir un aumento de 59 mil millones de pesos. Sin embargo, respecto al gasto del mismo periodo del año 2016, el gasto del gobierno federal presentó una disminución de 217 mil millones de pesos, cifra que representa una caída de -6% real. Es necesario recordar que esta cifra es preliminar, todavía tenemos que esperar a ver lo que pasa en noviembre y diciembre, pues generalmente en los últimos meses del año se ejerce gran parte del gasto público. En materia de finanzas públicas, esto no se acaba hasta que se acaba.

Gráfica en inversión física del Gobierno Federal

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Fuente: Elaborado por México Evalúa con información de Estadísticas Oportunas con

Se observa que al mes de octubre de 2017 el gasto en inversión física continúa la tendencia a la baja que se ha visto en los últimos años. Tal es así que respecto al mismo mes de 2016, este indicador presentó una disminución de -10% real, por un monto de 32.8 mil millones de pesos. Lo cual definitivamente no es una buena noticia.

Al ver el comportamiento del gasto por ramos se observa que los que presentaron aumentos respecto al mismo mes del año 2016 fueron:

  • Ramo 18 Energía con un incremento de 128.6% real (2.5mmdp).
  • Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas con un aumento de 75.5% real (91.5mmdp).
  • Ramo 28 Participaciones con un incremento de 5.2% real (32.4mmdp).
  • Ramo 2 Presidencia con un aumento de 97.7% real (1,497mdp).
  • Ramo 34 Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca con un incremento de 127.7% real (20mmdp).
  • Ramo 30 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas) con un incremento de 34.4% real (5mmdp).

Mientras tanto los ramos que presentaron recortes respecto al mismo mes del año anterior fueron:

  • Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos con una disminución de -36% real (-14.5mmdp).
  • Ramo 24 Deuda Pública con una disminución de -7.6% real (-19,188mdp).
  • Ramo 33 Aportaciones con una disminución -2.9% real (-15.8mmdp).
  • Ramo 11 Educación Pública con una disminución respecto al año anterior de -10% real (-27,284mdp). Se consideró el gasto de la nueva secretaría de Cultura.
  • Ramo 9 Comunicaciones y Transportes con una disminución de -24% real (-21,129mdp).

Preocupa que ramos como el de Educación, y Comunicaciones y Transportes presenten caídas respecto al mismo mes del 2016. Estos ramos deberían de ser prioridad pues significan inversiones fundamentales para nuestro desarrollo social y productivo. También llama la atención que los recursos que se transfieren a los estados a través de las aportaciones federales o Ramo 33, etiquetados para un fin específico, generalmente social como educación y salud, presenten disminuciones. Mientras que los recursos que se canalizan a los gobiernos locales a través del Ramo 23, que se ha distinguido por carecer de buenas prácticas en materia de planeación, diseño de proyectos estratégicos, transparencia y logro de resultados, sean los que presentan los aumentos reales más importantes.

Pasando a la deuda pública, se observó un balance total del gobierno federal de 34.2 mil millones de pesos. En principio esto suena bien, pues significa que la diferencia entre los ingresos y el gasto del gobierno federal es positiva. Sin en embargo, si se excluyen los ingresos del Remanente de Operación del Banxico el balance total sería  negativo por un monto de -287 mil millones de pesos. Es decir, el balance positivo se ha podido lograr gracias a los ingresos adicionales del ROBM, recursos que no necesariamente vamos a obtener en otros años, y por lo tanto, habría que utilizarlos con extrema sabiduría y sensatez.

De igual forma el balance primario del gobierno federal, la diferencia entre ingresos y gasto sin incluir el costo financiero de la deuda,  fue de 304.3 mil millones de pesos, mientras que el costo financiero fue de 270.1 mil millones de pesos. Es decir, se puede notar que el balance primario alcanza para pagar el costo financiero de la deuda, lo cual es lo ideal. Sin embargo, debemos mantener la precaución pues el costo financiero ha venido en aumento y con respecto al mismo mes de 2016  creció en 10% real (24.3 mil millones de pesos).

Si bien, los indicadores del balance total y el balance primario muestran diferencias positivas (superávits), también es cierto que esto se ha logrado debido a que se ha contado con ingresos adicionales proveniente de fuentes no recurrentes y por lo tanto, no necesariamente estables. Además, la reducción del gasto público se ha logrado a partir de la disminución de rubros prioritarios como educación, comunicaciones y transportes e inversión física. En el mejor de los mundos, deberían incrementarse los ingresos sistemáticos y la salud de nuestras finanzas públicas no debería depender de ingresos con los que no se cuentan cada año, cómo fue el caso del ROBM. No nos vaya a pasar como el año pasado, que se recibió también un Remanente de Operación del Banxico por 231 mil millones de pesos, pero este no se utilizó para mejorar el estado de las finanzas públicas del gobierno federal, como se supone debía hacerse. Tal situación la evidenció la Auditoría Superior de la Federación[2], mencionando que el gobierno federal, el 31 de diciembre de 2016, tuvo que endeudarse más, entonces el remanente no cumplió con su función de contribuir a disminuir la deuda.  Nos queda más que esperar al cierre del año, para ahora así contar la historia completa.

[1] Son variaciones provenientes de cuando el dólar ganó valor ante el peso durante el año, el Banco de México obtuvo una ganancia de más pesos a cambio de los dólares de las reservas, que después de su capitalización los recursos adicionales los transfirió al Gobierno Federal en forma del remanente de un remanente.
[2] Auditoría Financiera y de cumplimiento 16-0-06100-02-0062

5 recomendaciones destacadas del Art IV del FMI a México

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Archivo, Temas selectos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el 13 de noviembre la evaluación que realizó a México respecto al Artículo IV. La Consulta del Artículo IV, que realiza el Fondo Monetario Internacional generalmente cada año, evalúa la situación económica y perspectivas de los países miembros. Los temas revisados son principalmente las políticas macroeconómicas y financieras, sin dejar de lado aquellos elementos que puedan incidir en los resultados económicos de un país.

Aquí presentamos las 5 recomendaciones del FMI que México Evalúa ha propuesto anteriormente:

Consejo Fiscal

1.-Se recomendó por tercer año consecutivo establecer un Consejo Fiscal -sin afiliación política y con capacidad técnica- para elevar la discusión fiscal y la rendición de cuentas. La propuesta de implementar un Consejo Fiscal ha sido hecha de manera reiterada por la sociedad civil, el sector empresarial y por las mayores autoridades internacionales financieras. ¿Por qué no se implementa?

Gasto Público

2. Se lee en las recomendaciones que es necesario hacer más efectiva la administración pública y más eficiente el gasto en educación y salud. Se debe mejorar la eficiencia en el gasto público en salud y educación, esto para ampliar la cobertura con los mismos recursos.

Deuda Pública:

3.-Se sugiere al Gobierno Federal que el Remanente de Operación del Banco de México, recurso no recurrente,  se utilice de manera integra a la reducción de requerimientos financieros y deuda pública.

4.-Se le recomendó a México apegarse al plan de mantener una trayectoria de deuda decreciente, esto para tenga un mayor margen de maniobra para poder enfrentar situaciones adversas futuras.

Corrupción:

5.-La corrupción se ve como un problema fundamental y generalizado. Según el Inegi la percepción de corrupción aumentó comparado con los años 2000 y 2012. Por esto, se debe dar prioridad a las reformas que se implementen para controlar y combatir la corrupción, y así lograr un mayor Estado de derecho. También se subraya la importancia reformas para mayor gobernanza, seguridad, estado de derecho y se urgió la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. La percepción de la corrupción pudo haber mitigado el impacto de las reformas.

Las consultas son una práctica de seguimiento y evaluación que realiza el FMI desde 1978.

Aquí se puede consultar de manera integra el documento del FMI:

Mexico : 2017 Article IV Consultation-Press Release; and Staff Report

 

El gasto al tercer trimestre de 2017: un mix de indicadores

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Archivo.

Ya salió, ya está aquí, el informe trimestral de finanzas públicas 2017 (3T2017). Este reporte incluye información del comportamiento de las finanzas públicas acumuladas al mes de septiembre de este año. En esta historia hablaremos del gasto público y su evolución. ¿Qué fue lo que encontramos?

Empezaremos con el gasto total del gobierno federal. En esta variable se puede ver una disminución de -7% real (-217 mil millones de pesos) respecto al mismo trimestre del año anterior (3T2016). Sin embargo, este mismo indicador presenta un aumento de 2% real (60 mil millones de pesos) si se compara con el gasto total aprobado por el congreso en el PEF 2017[1].

Al observar el gasto por sus dos grandes clasificaciones, se puede notar una disminución en el gasto programable[2], que se utiliza para la provisión de bienes y servicios a la población así como para programas sociales, y un aumento del gasto no programable, que se utiliza para financiar el pago de obligaciones del gobierno federal. Las cifras al tercer trimestre de 2017 muestran que el gasto programable presentó una disminución de -12.3% real (-283 mil millones de pesos) respecto al año anterior. Sin embargo, respecto a su presupuesto aprobado el gasto programable fue superior en 2% real (47 mil millones de pesos).

En el caso del gasto no programable, se observó un aumento de 8% real anual (65 mil millones de pesos) respecto al mismo trimestre del 2016, mientras que con relación a su presupuesto aprobado se observó un aumento de 1%, equivalente a 13 mil millones de pesos.

En lo que se refiere al gasto en inversión física como porcentaje del gasto programable, éste continuo en niveles bajos. Al tercer trimestre de 2017, representó 13.2% del gasto programable, y tuvo una caída de -10% real respecto al 3T2016. Como se puede ver, en el gasto continúan las presiones para pagar obligaciones del gobierno federal en contraposición de gasto más productivo, como la inversión física.

Gráfica 1. Gasto del gobierno federal por su nivel de compromiso

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Fuente: Elaborado por México Evalúa con información de la SHCP informe trimestral, cifras deflactadas por medio de la inflación observada, INEGI. El rubro de pensiones se encuentra disponible solo a partir de 2015.

En general el gasto del gobierno federal tiene una disminución, siendo la única excepción los rubros de gasto no programable y de pensiones, con aumentos respectivos de 8% real y 3.3% en comparación al mismo trimestre del año anterior.

Finalmente, presentamos el análisis para algunas partidas presupuestarias y conceptos de gasto. Se puede observar que, al tercer trimestre de 2017, existen partidas presupuestarias que ya gastaron el total de sus presupuestos aprobados y como resultado, terminaran presentado sobre ejercicios respecto a lo que se estableció en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.  Un ejemplo de esto se puede ver en la partida “Honorarios” (12101) que al 3T2017 lleva gastado el 99% de su presupuesto. Al analizar por ejecutor de gasto, observamos que la Secretaria de Desarrollo Social presenta el ejemplo más dramático en esta partida, pues a septiembre de 2017, ya gastó 2.3 veces más de lo que se le aprobó (749 millones de pesos adicionales a su presupuesto anual).

Lo mismo sucede con la partida “Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos” (26102) que, aunque todavía no termina el año, ya erogó la totalidad de su presupuesto aprobado (101%). Al observar esta partida presupuestaria por dependencia vemos que la Oficina de la Presidencia de la República ya gastó 12 veces más de su presupuesto aprobado (65 millones de pesos adicionales a su presupuesto anual).Al examinar los conceptos de gasto, se puede notar también que en “Servicios de comunicación social y publicidad” tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ya gastaron y superaron lo que tenían aprobado para el 2017, con porcentajes de avance respecto a su presupuesto aprobado de 194% y 175%, respectivamente.

Otro concepto que presenta un gasto significativamente mayor a lo que se le aprobó en el PEF 2017 es el llamado “Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos” (4600), que al mes de septiembre de 2017 ya rebasó su presupuesto aprobado en casi 4 veces (por un monto de 103,530 millones de pesos). Vemos que continúa la tendencia de ejercer recursos a través de fideicomisos, que en la mayoría de los casos presentan diversas y preocupantes deficiencias en materia de  transparencia y rendición de cuentas. Cabe recalcar que 77% (80 mil millones de pesos) del incremento de este gasto se debió a la inversión en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) por los ingresos no recurrentes del Remanente de Operación del Banco de México (ROBM)[3]. El Seguro Popular fue el otro programa que impulsó el incremento en este gasto con una participación de  12%  (12 mil millones de pesos).

Del análisis del tercer trimestre se desprende que los sobre ejercicios del gasto continúan en este año y para muestra basta observar el comportamiento de algunas partidas presupuestarias y conceptos de gasto. Lo anterior, le resta realismo y credibilidad a los documentos y cifras que aprueba el congreso cada año.  Nos sigue preocupando el bajo nivel de gasto en inversión física y el peso del gasto no programable en la composición del gasto total. Como se mencionó en este reporte, es necesario tomar las cifras con cautela y analizar lo que suceda al cierre del ejercicio fiscal 2017, pues la experiencia nos ha enseñado que en el cuarto trimestre del año todavía pueden pasar muchas cosas. Será fundamental continuar dándoles seguimiento a estos indicadores.

 

Consulta más indicadores de las finanzas públicas en la CajaNegra, micrositio de las finanzas públicas.

 

Descarga en el siguiente link la tabla con más información del gasto del Gobierno Federal al tercer trimestre de 2017 (cifras en millones de pesos) 
Tabla con cifras del Gasto del Gobierno federal al tercer trimestre de 2017

 

[1] Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (PEF 2017).
[2] El gasto programable y no programable del gobierno federal excluye a las empresas productivas del estado (Pemex y CFE) y entes de control directo (IMSS e ISSSTE).
[3] Los ingresos adicionales por el ROBM dependen del valor del peso mexicano respecto al dólar. Son básicamente ganancias cambiarias que se obtienen por las reservas que tiene el Banco de México en dólares.
El gasto del gobierno federal se puede clasificar de acuerdo al nivel de compromiso que enfrenta en el corto plazo en gasto comprometido, inversión física y gasto programable.
El gasto comprometido es aquel que, por su naturaleza, se puede considerar una obligación y no es posible recortar en el corto plazo. Incluye el gasto no programable, inversión financiera y pensiones y jubilaciones.
La inversión física incluye el gasto en obra pública, gastos de operación y subsidios de inversión física.
Del gasto programable* aquel que no está relacionado con las pensiones y jubilaciones, ni con la inversión física y financiera.