El número de hospitales en México y la calidad de su equipamiento no es suficiente para garantizar el derecho humano a la salud de la población. Para colmo, de 2019 a 2021 el Gobierno dejó de gastar, en promedio, el 44% (6.5 mmdp) de los recursos aprobados para inversión en salud, lo que hubiera alcanzado para construir cuatro hospitales generales o 26 clínicas de medicina familiar cada año[1].
Al tercer trimestre de 2022 el Gobierno acumula un retraso de 62% (6.4 mmdp) en inversión en infraestructura de salud. A este ritmo, la inversión en hospitales y equipamiento podría acabar con otro retraso de casi 50% (6.5 mmdp), como sucedió en 2021.
No es un tema de austeridad, sino de prioridades políticas. Al mes de septiembre la inversión total del Gobierno llegó a 613 mmdp, su mayor nivel desde 2016. Este crecimiento se debe a que la Secretaría de Turismo, encargada del Tren Maya, ha invertido un 107% (46.3 mmdp) por encima de lo aprobado al periodo, y la Sedena lo ha hecho en 129% (14.3 mmdp). Así de claro: el costo de gastar de más en dichos proyectos ha sido dejar de gastar en hospitales y en muchos otros sectores.
Ninguna de las tres principales instituciones de salud del Gobierno federal se salva. El IMSS, que en el sexenio pasado generalmente aprovechaba todos sus recursos de inversión, dejó de gastar entre el 44% y 69% cada año de 2019 a 2021. Al 3T lleva un retraso de 82% (5.5 mmdp).
En el ISSSTE, por su parte, ya se invertía en infraestructura menos de lo aprobado en la Administración pasada, pero la tendencia se ha profundizado. En 2021 se invirtieron sólo 414 mdp, su peor monto en seis años, producto de un subejercicio del 79% (1.5 mmdp) de los recursos autorizados para su infraestructura. Al 3T de 2022 tiene un retraso de 35% (635 mdp).
Finalmente, la Secretaría de Salud apenas ha cumplido con sus metas de inversión. Pero si descontamos las transferencias a fideicomisos (calificadas como ‘inversión’ de forma cuestionable), al 3T de 2022 va retrasada en 21% o 286 mdp.
En general, si no tomamos en cuenta las transferencias a fideicomisos, que no hacen otra cosa que inflar la inversión, en 2021 el gasto en infraestructura para la salud fue de tan sólo 6.6 mmdp, 52% (7.2 mmdp) por debajo de lo invertido en 2018, último año del sexenio pasado. La caída en la inversión ha pasado una costosa factura a la infraestructura hospitalaria del país: mientras que en los primeros cuatro años de Gobierno del EPN el número de hospitales, centros de salud y clínicas creció en 373 unidades, en los primeros cuatro años de este Gobierno se han perdido 935 unidades de salud.
Te contamos esta historia de oportunidades desperdiciadas…
Debilitamiento del IMSS
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la institución de salud más grande en México, tanto por el número de personas que atiende[2] como por el presupuesto que administra. Por este motivo, su ejercicio de gasto (o falta de él) tiene un gran impacto en la inversión total en salud. En 2021, el 53% (3.4 mmdp) de la inversión efectiva[3] en salud provino del IMSS.
En el sexenio pasado era poco común que el IMSS dejara ir recursos de inversión en salud. En 2016 y 2018 prácticamente cumplió con su presupuesto aprobado, al gastar 2% y 5% más, respectivamente. No lo hizo en 2017, cuando su inversión se quedó corta en 23% o 1.9 mmdp, posiblemente por el inicio de las medidas de austeridad de ese año.
La tendencia se ha revertido en este sexenio. En 2019 el IMSS tuvo una inversión aprobada de 13.8 mmdp, pero se ejecutaron sólo 4.2 mmdp, es decir, 69% (9.5 mmdp) menos. Como muestra, en ese año se dejó de gastar el 100% (2.2 mmdp) del presupuesto para la sustitución del Hospital General de San Alejandro Puebla o el 70% (2.7 mmdp) para la sustitución de equipo médico a nivel nacional, según la Cartera de Inversión 2019.
Es común que a inicios de un Gobierno se reduzca la inversión, a causa del relevo de personal y la curva de aprendizaje del equipo entrante. No obstante, los subejercicios se han mantenido en los siguientes años. En 2020 el IMSS ‘dejó ir’ el 44% (5.8 mmdp) de la inversión que tenía aprobada para el año. Esto repercutió, por ejemplo, en la omisión de la compra de tomógrafos por 801 mdp o en la rehabilitación del Sistema de Red Frío, necesario para la conservación de vacunas, por 80 mdp. Así es, incluso en 2020, en plena pandemia, el IMSS dejó de gastar en obra y equipamiento.
Hacia el tercer año del Gobierno, en 2021, incluso aumentó el subejercicio, cuando alcanzó el 59% (4.9 mmdp). En términos prácticos se dejó de gastar 539 mdp en la compra de equipos de estomatología o la construcción de clínicas en Mérida, Yucatán, por 121 mdp, por poner más ejemplos. En suma, en 2021 la inversión del IMSS fue de sólo 3.4 mmdp, 66% (6.6 mmdp) menos que en 2018.
Al tercer trimestre de 2022 la inversión del Instituto es de sólo 1.2 mmdp, 20% (329 mdp) menos que el mismo periodo de 2021 o 62% (2 mmdp) menos que en 2018. Esta caída se debe a un retraso en la ejecución de recursos de inversión del 82% (5.5 mmdp), pues al mes de septiembre el IMSS debería haber ejecutado 6.8 mmdp en obra pública.
Al 3T de 2021, el IMSS reportaba un subejercicio similar al de 2022, con 78% o 5.5 mmdp. Es probable que este año, al cuarto trimestre, se acelere la inversión, pero difícilmente se cumplirá el calendario anual, por lo que el retraso podría superar nuevamente el 50% (4 mmdp) de los recursos anuales.
Desuso constante: inversión del ISSSTE
A diferencia del IMSS, el ISSSTE ya padecía de subejercicios en su inversión pública desde el sexenio pasado. En los últimos tres años del Gobierno de Peña Nieto el sistema de salud para trabajadores del Estado dejó de invertir el 28% (631 mdp) de los recursos aprobados para este fin, en promedio, cada año. Sin embargo, la tendencia se ha agravado.
En 2019 los cambios al interior del Instituto limitaron su ejecución de recursos. De 1.7 mmdp de recursos aprobados para inversión, sólo se ejecutaron 1 mmdp, 43% (753 mdp) menos. Ese año se dejó de gastar el 100% (50 mdp) para la ampliación de una clínica en Ciudad Guzmán, Jalisco, o el 98% (702 mdp) para la compra de equipo médico en hospitales de tercer nivel, por ejemplo.
El siguiente año, 2020, cambió la tendencia, debido a la pandemia. De tener aprobados 1.9 mmdp en inversión, se gastaron 2.9 mmdp, un incremento de 54% (1 mmdp). Tan sólo en equipamiento de unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel se gastaron 1.08 mmdp adicionales a lo aprobado en la cartera de inversión. El aumento no fue gratis, pues se dejó de gastar el 100% (289 mdp) de la construcción de una clínica en Palenque Chiapas, el 99% (108 mdp) en la remodelación de una clínica en Ensenada o el 100% (312 mdp) en otras clínicas familiares, y se sufrieron recortes en otros proyectos.
Para 2021 volvieron los recortes generalizados, pues de 2 mmdp aprobados para la inversión se gastaron sólo 414 mdp, es decir, 79% o 1.5 mmdp menos. Lo anterior provocó que la inversión del ISSSTE alcanzara su nivel más bajo en un lustro (66% o 802 mdp menor a la observada en el último año del sexenio pasado). A diferencia de 2020, en 2021 se dejaron de gastar el 100% (299 mdp) de los recursos para equipamientos de centros de primer nivel, y el 81% (709 mdp) del programa de equipamiento de unidades de segundo nivel. Es decir, el impulso duró sólo en 2020, a pesar de que la emergencia sanitaria de prolongó durante todo 2021.
Al 3T de 2022 la inversión del ISSSTE mantiene un retraso de 35% (635 mdp) de los recursos aprobados, pero dicho déficit es menor a los observados en 2019 y 2021. Aunque esto ha permitido que la inversión de Instituto llegue a 1.17 mmdp, este gasto es aún 42 mdp inferior al observado en el mismo periodo de 2018.
Inversión inflada en la SSA
A diferencia de otros sistemas de salud como el IMSS o el ISSSTE, el análisis del presupuesto de la Secretaría de Salud conlleva la dificultad de identificar las transferencias a fideicomisos, si lo que queremos es ponderar el gasto efectivo de la institución.
En primer lugar, cuando los recursos pasan de la SSA al Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), se desconoce en qué se usan y, si se usan, en qué momento se da efectivamente la aportación. Además, dichas aportaciones se dan en los últimos meses de cada año, lo que ayuda a disimular subejercicios, como lo hemos identificado anteriormente.
Hay que tomar en cuenta también que una parte de las transferencias a fideicomisos se contabilizan como inversión física. Esto podría tener cierta justificación, pues en teoría el 2% del presupuesto del Insabi debe de transferirse al Fonsabi para la construcción de obra pública. Anteriormente, dichas transferencias a fideicomisos eran muy similares al gasto reportado en infraestructura del Fonsabi. Sin embargo, en 2021 se dedicaron sólo 296 millones de pesos para inversión física, un recorte de 93% (4.1 mmdp) frente a 2020 y, pese a esto, se clasificaron como gasto de inversión física 9.2 mmdp de los 54.7 mmdp en transferencias a fideicomisos de la SSA. Para decirlo directo: en los últimos años el monto de inversión del Fonsabi y las transferencias a fideicomisos clasificadas como inversión no concuerdan, por lo que la inversión de la SSA está claramente inflada, lo que sobrestima toda la inversión de la función Salud del Gobierno.
Otro punto importante: si bien entre 2017 a 2019 se clasificaron transferencias a fideicomisos como inversión, no hubo sobrejercicios de dichas aportaciones, mientras que en 2020 y 2021 hubo un sobregasto de más de 140%. En palabras coloquiales, de 2017 a 2019 la inversión en salud estaba inflada desde la aprobación del presupuesto, pero dicha simulación fue ‘respetada’ a lo largo del año fiscal, por así decirlo. No obstante, en 2020 y 2021 no sólo se infló la inversión desde la aprobación del presupuesto, sino que durante el año se ampliaron las transferencias a fideicomisos clasificadas como inversión, lo que enmascaró los recortes del gasto real en infraestructura. Se pasó de la simulación al descaro. Detallemos con un caso…
En 2019 el gasto de inversión aprobado de la SSA fue de 5.8 mmdp, de los cuales 4.0 mmdp (69% del total) eran transferencias a fideicomisos y sólo 1.8 mmdp (31%) fue gasto de inversión real. Para finales del año la SSA erogó exactamente los 4.0 mmdp en transferencias a fideicomisos y dejó de gastar 294 mdp del resto de la inversión real.
En 2020, la SSA contó con una inversión aprobada de 5.5 mmdp, de los cuales 3.9 mmdp (70%) fueron transferencias a fideicomisos y 1.6 mmdp (30%) inversión real. Para finales de año, la inversión total reportada por la SSA fue de 11.5 mmdp, 108% (5.9 mmdp) más de lo aprobado. Esto generó la apariencia de que el Gobierno dio un gran impulso a la salud durante la pandemia. Sin embargo, las transferencias a fideicomisos contabilizadas como inversión fueron de 9.6 mmdp, 147% (5.7 mmdp) más de lo aprobado, y el resto de la inversión, 1.8 mmdp, fue sólo 14% (226 mdp) más de lo aprobado. Es decir, no hubo un gran incremento de la inversión en salud dentro de la SSA durante la pandemia.
Una historia muy similar sucedió en 2021, cuando las transferencias a fideicomisos clasificadas como inversión tuvieron un sobregasto de 143% (5.4 mmdp), mientras que la inversión real fue de 2.1 mmdp, 45% (666 mdp) más de lo aprobado, pero inferior en 47% (1.9 mmdp) menor al máximo alcanzado en 2016, sin fideicomisos.
Al tercer trimestre de 2022 el gasto de inversión de la SSA asciende a 5.0 mmdp, 26% (1 mmdp) por encima del calendario mensual, pero descontando las aportaciones a fideicomisos (3.9 mmdp) la inversión es de sólo 1.1 mmdp, 21% (286 mdp) por debajo del calendario. Con esta métrica, la inversión real de la SSA es 69% (499 mdp) menor frente al mismo periodo de 2021.
Uno de los impactos del retraso en la inversión real de la SSA es que en septiembre de este año se reportó un avance nulo en el gasto de 77.7 mdp para instrumental médico del Hospital Infantil, así como en la sustitución de equipo de radioterapia del Instituto Nacional de Pediatría por 120 mdp, por poner unos ejemplos. Con este ritmo de avance es muy probable que gran parte de estos recursos queden sin utilizarse para finales del año.
Gasto total en salud
La forma más expedita de analizar la inversión en salud es consultar la página de Estadísticas Oportunas de la Secretaría de Hacienda en la sección de inversión por clasificación funcional. En este apartado se suma el gasto de inversión de la SSA, IMSS e ISSSTE[4]. Esto implica que la métrica más accesible de inversión en salud contiene los sobregastos en fideicomisos de la SSA que inflan los datos y enmascaran los subejercicios en inversión del IMSS e ISSSTE.
Con los datos oficiales de las Estadísticas Oportunas, la inversión en salud en 2021 fue de 15.8 mmdp, 11% (2 mmdp) menor que en 2018. Sin embargo, si descontamos las transferencias a fideicomisos, la inversión en 2021 fue de tan sólo 6.6 mmdp, 52% (72 mmdp) menos que en 2018.
Otra implicación es que sin las transferencias a fideicomisos, resulta evidente que en el actual sexenio se han dejado ir recursos aprobados para inversión en salud. En 2019, el ISSSTE dejó de gastar el 43% (753 mdp), el IMSS el 69% (9.5 mmdp) y la Secretaría de Salud un 5% (294 mdp). Esto fue mínimamente compensado con un sobregasto de 81 mdp de la Semar y Sedena. En suma, la inversión total fue de 7.3 mmdp, es decir, se dejó sin gastar el 59% (10.4 mmdp) en infraestructura médica. Si se hubiera cumplido con el presupuesto aprobado, se habrían invertido 17.8 mmdp, el mayor gasto desde 2012.
En 2020, el ISSSTE tuvo un sobregasto de 54% (1 mmdp), pero el IMSS dejó de erogar 44% (5.8 mmdp) y la SSA (de nuevo, sin contar las transferencias a fideicomisos) gastó sólo 14% (226 mdp) de más en inversión. Aquel año la inversión en salud de la Semar y Sedena no llegó ni a un millón de pesos. De tal forma, la inversión total en salud fue de 12.8 mmdp, 26% (4.6 mmdp) por debajo de la meta. Un gran fracaso para la gestión pública por dejar ir recursos, incluso a mitad de la pandemia.
Por último, en 2021 el IMSS dejó ir el 59% (4.9 mmdp) en inversión, el ISSSTE 79% (1.5 mmdp), la SSA (sin fideicomisos) gastó 45% (666 mdp) y la Sedena y Semar gastaron 56 mdp extras. De tal forma, la inversión funcional en salud se quedó 47% (5.8 mmdp) por debajo de su potencial aprobado.
En suma, de 2019 a 2021 se dejaron de gastar 20.8 mmdp, los cuales bien habrían servido para construir 13 hospitales generales o 85 clínicas familiares adicionales. No sorprende que los recortes en salud hayan provocado una caída en las unidades médicas, como veremos en el siguiente apartado.
Al 3T de 2022 la inversión funcional en salud es de 7.9 mmdp, 26% (2.8 mmdp) por debajo de 2018 y el peor monto que se tiene registro desde 2011. Si descontamos las transferencias a fideicomisos, la situación es peor, pues la inversión en salud es de sólo 4 mmdp, 39% (2.5 mmdp) menor que en 2018. Esta situación parte de un subejercicio de 62% (6.4 mmdp), situación similar a la de 2021, por lo que es probable que este año cierre con un recorte en la inversión médica de 50% como sucedió el año pasado.
Estancamiento de infraestructura médica
La menor inversión en salud ha pasado una costosa factura a la infraestructura hospitalaria del país: mientras que en los primeros cuatro años de gobierno del EPN el número de hospitales, centros de salud y clínicas crecieron en 373 unidades, en los primeros cuatro años de este Gobierno se han perdido 935 unidades de salud.
La clasificación de las unidades de salud se divide en dos: 1. las unidades de consulta externa, que incluyen a los centros de salud, clínicas, unidades móviles y unidades de medicina familiar; 2. unidades de hospitalización, que incluye a los hospitales integrales, regionales, generales y de especialidad.
A finales de 2018 se contabilizaron 22,615 unidades de salud, cifra compuesta por 21,230 unidades de consulta externa y 1,385 unidades de hospitalización. Al cierre de 2022 se espera[5] que el total de unidades de salud cierre en 21,680 unidades, cantidad compuesta por 20,151 unidades de consulta externa y 1,529 unidades de hospitalización. Es decir, se habrán perdido 1,079 unidades de consulta externa (que llegan a las comunidades más vulnerables), aunque se habrán construido 144 nuevos hospitales, localizados generalmente en zonas urbanas, menos vulnerables.
Las cifras anteriores cobran más relevancia si se comparan con los resultados del sexenio anterior. Si bien en los primeros cuatro años de AMLO se han construido más hospitales que en los primeros cuatro años del sexenio pasado (144 vs. 32), han desaparecido 1,079 clínicas y centros de salud que llegan a las comunidades más pobres, cuando EPN las incrementó en 339.
En los primeros cuatro años del sexenio pasado, las pequeñas unidades médicas de la SSA aumentaron en 193, con AMLO han desaparecido 806 unidades. No obstante, los hospitales de la SSA crecieron sólo en 17 unidades en los primeros cuatro años del sexenio pasado, y en éste acumulan un aumento de 78.
La administración actual se ha enfocado a la construcción de obras emblemáticas, a costa de la reducción en la inversión de pequeñas obras repartidas en más regiones del país. De la misma manera, el incremento de los hospitales de la SSA frente a la desaparición de clínicas y centros de salud tiene la misma lógica político/electoral de construir grandes obras que se puedan presumir, a costa de una estrategia orientada a dar mayor atención a las personas.
Otra explicación es que la correcta administración de las pequeñas clínicas o centros de salud conlleva una mayor capacidad técnica y burocrática, tanto en el manejo de la nómina como en el surtido de instrumentos médicos y medicinas. No es sorpresa que la estrategia de centralización de la atención en salud se refleje en una desaparición de las pequeñas unidades hospitalarias.
En el caso del sistema IMSS-Bienestar, en los primeros cuatro años del sexenio pasado se sumaron 137 nuevas clínicas o centros de salud y nueve hospitales. En el mismo periodo del actual sexenio, el IMSS-Bienestar ha perdido 250 unidades de consulta externa, y no ha ganado ninguna unidad de hospitalización. Dicha situación pone en entredicho la factibilidad y voluntad política de sustituir al Insabi con el IMSS-Bienestar. Finalmente, los centros para la población asegurada formalmente se caracterizan por un estancamiento del IMSS y una caída del ISSSTE. En los cuatro primeros años del actual sexenio se perdieron 52 unidades externas del ISSSTE (-10 con EPN), aunque aumentaron en cinco sus hospitales (+1 con EPN). En el caso del IMSS, las unidades de consulta externa aumentaron en 24 (+4 el sexenio pasado) y los hospitales en 12 (+3 el sexenio pasado).
[1] Al revisar la cartera de inversión encontramos que el costo de construir un hospital general de 165 camas oscila en los 1.6 mmdp, mientras que la construcción de una clínica de medicina familiar cuesta en promedio 242 mdp.
[2] Coneval. Nota técnica sobre la carencia por acceso a los servicios de salud, 2018-2020 https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2018_2020/Notas_pobreza_2020/Nota_tecnica_sobre_la_carencia_por_acceso_a_los_servicios_de_salud_2018_2020.pdf
[3] Definimos la inversión efectiva como aquella reportada cuando se descuentan transferencias a fideicomisos. En 2021 fue de 6.6 mmdp.
[4] También se incluyen los gastos de las Aportaciones Federales, Sedena y Marina pero dichas erogaciones en conjunto representan menos del 4% de la inversión del sector, por tal motivo no ahondamos en ellos.
Tenemos una buena y una mala. La buena es que la caída en el gasto del Insabi parece que se ha ido reduciendo. La mala es que las cifras de algunos rubros de gasto en salud que entrega la Secretaría de Hacienda no son consistentes, y esto limita el entendimiento sobre la situación real del gasto y, por ende, la rendición de cuentas. Además, el fideicomiso, es decir, los “ahorros” del Insabi, está en el peor nivel desde 2015, desde que hay registro.
Nos encontramos con una discrepancia en las cifras en las distintas plataformas de la Secretaría de Hacienda que no habíamos percibido anteriormente en el gasto del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Según las Estadísticas Oportunas de Hacienda, esta institución habría acumulado al mes de junio sólo 26.4 mil millones de pesos (mmdp), pero según la plataforma de Transparencia Presupuestaria el gasto fue de 42.3 mmdp, 59% (15.8 mmdp) superior. ¿Cuál es la correcta? Anteriormente las dos fuentes coincidían exactamente.
Bajo cualquier medición que tomemos, el gasto de la institución no ha recuperado sus niveles previos a 2018, cuando era Seguro Popular. Además, cada vez queda más claro que los esfuerzos por suplir al Insabi con IMSS-Bienestar no alcanzan para recuperar el gasto de atención a las personas sin seguridad social.
Asimismo preocupa que el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), el fideicomiso del Insabi a través del cual se financian enfermedades altamente costosas e infraestructura, cerró con un saldo de 37.8 mmdp al segundo trimestre de 2022, 50% (38.4 mmdp) menos que el saldo promedio de 2010 a 2018. Se están tomando recursos para fines poco claros, lo que aumenta la opacidad del gasto y disminuye la sostenibilidad del Insabi.
Finalmente identificamos que la explosión de gasto que el IMSS presentaba en el primer trimestre del año se ha apagado. Todo indica que a inicios de 2022 tuvo que pagar deudas a proveedores y que en el segundo trimestre ha recortado programas presupuestarios, por lo que su gasto en este periodo fue inferior al de 2021. Así, las instituciones federales de salud más relevantes tienen recortes o están estancadas. Veamos.
¿Se recupera el gasto del Insabi?
Según la Cuenta Pública[1] –el instrumento más certero sobre el gasto del Gobierno– el Insabi en 2021 gastó 113 mmdp, cifra idéntica a la reportada en Estadísticas Oportunas e idéntica a la cifra de Transparencia Presupuestaria. Todo bien, de momento.
Al primer trimestre de 2021, según Estadísticas Oportunas, este gasto fue de 19,818 millones de pesos y el de Transparencia Presupuestaria 19,817.8 millones de pesos, 99.9% prácticamente idéntico. Los datos trimestrales obviamente no son definitivos, sólo los datos anuales que se publican en la Cuenta Pública lo son.
Al parecer, después de este periodo las cifras dejan de coincidir. La base de Transparencia Presupuestaria se publica sólo de forma trimestral, y nos permite hacer un análisis profundo, al tener una mayor desagregación de información. Por su parte, las Estadísticas Oportunas se actualizan de manera mensual con menos datos, y permiten dar un seguimiento constante a las finanzas públicas. En todo caso, es importante que exista congruencia entre las distintas plataformas.
Según las Estadísticas Oportunas, al mes de junio de 2022 el gasto del Insabi es de 26.4 mmdp, 34% (14 mmdp) menos que en 2021 o 51% (28 mmdp) menor al de 2018. Sin embargo, con datos de la plataforma de Transparencia Presupuestaria, al mes de junio el Insabi registra un gasto de 42.3 mmdp, sólo 5.9% (2.6 mmdp) menor al de 2021 o 22% (12.2 mmdp) inferior al de 2018. Como quiera medirse, los recortes son sustanciales y graves, tomando en cuenta las necesidades primarias de la población, pero no deja de sorprendernos esta incongruencia en la información, que limita el análisis y la rendición de cuentas.
Esta falta congruencia en las cifras de la Secretaría de Hacienda se suma a una franca involución en la transparencia de la Secretaría de Salud. Al mes de mayo la plataforma de Cubos Dinámicos reflejaba un nivel de consultas del Insabi de 5.8 millones, una caída de 32% (2.7 millones) de consultas frente al mismo periodo de 2021 o de 81% (25.4 millones de consultas) frente a 2018. ¿Cómo va esto en junio? Pues no sabemos, ya que la plataforma dejó de funcionar.
Cabe destacar que sí es posible visualizar, con mucha dificultad, la información histórica de esta plataforma, lo que sugiere que los datos de 2022 son opacos, justo en la época en que el nivel de consultas médicas sigue sin recuperarse. En suma, la rendición de cuentas del gasto y atención a la salud es cada vez más limitada.
Se agotan los fideicomisos: luz y sombra
Al segundo trimestre de 2022 la aportación del Insabi a fideicomisos fue de 8.6 mmdp, 47.5% (7.8 mmdp) menos frente al periodo enero-junio de 2021 con lo que se registraron las menores transferencias desde 2015, año en que comenzamos a contar con datos.
Esto puede ser positivo porque dichas erogaciones representan un riesgo de gasto simulado, pues la contabilidad gubernamental permite que estos pagos se tomen como gasto en salud, sin que haya certeza de cuándo y cómo se gastan los recursos. Lo explicamos detalle en nuestro el artículo “El caso del Fonsabi (o cómo disimular la catástrofe)”. Además, identificamos que los recursos de este fideicomiso se utilizan menos para pagar enfermedades catastróficas e infraestructura, que durante la existencia del Seguro Popular.
La parte negativa es que este fondo tuvo egresos de 67.3 mmdp[2] (de nuevo, sin precisar el destino de los recursos) con lo que su saldo llegó a 37.8 mmdp, el más bajo registrado. O sea, se están gastando los ahorros para la salud de forma opaca, y para colmo no se están reponiendo los recursos.
Según la Regla 86 de las Reglas de Operación del Fonsabi[3], el instituto está obligado a difundir “toda la información que tengan disponible respecto del manejo y aplicación de dichos recursos, debiendo considerarse las acciones apoyadas, así como las obras, programas y proyectos de inversión financiados, incluyendo sus avances físicos y financieros”. Sin embargo, de forma consistente en los informes trimestrales de fideicomisos el recuadro donde debería especificarse el destino de los recursos del Fonsabi aparece en blanco, y en los reportes anuales la información está incompleta.
El agotamiento de los recursos del Fonsabi podría implicar un retroceso en la fortaleza de la institución para enfrentar enfermedades de alto costo y gasto en infraestructura de las regiones más vulnerables del país. Y lo más delicado es que no sabemos la razón de sacrificar dichos ahorros y su pertinencia.
Aumento en subsidios. ¿Éxito del IMSS-Bienestar?
La parte positiva del gasto en salud al segundo trimestre es que han aumentado los subsidios en salud del Insabi y del IMSS-Bienestar frente al año pasado, aunquefrente al calendario se mantiene un recorte. Es decir, el esfuerzo por compensar el menor gasto del Insabi con mayor gasto del IMSS-Bienestar sigue siendo limitado.
Al segundo trimestre los subsidios del Insabi llegaron a 28.1 mmdp, 7.8% (2 mmdp) más que en 2021, aunque 33% (13.6 mmdp) menos que en 2018, cuando aún existía el Seguro Popular. Para el IMSS-Bienestar[4] las erogaciones fueron de 9 mmdp, 24.7% (1.7 mmdp) más que en 2021 o 4% (320 mdp) más que en 2018.
No obstante, en conjunto los subsidios de ambos programas suman 37.2 mmdp, 11.4% (3.8 mmdp) más que el año pasado, pero 26% (13.3 mmdp) menos que en 2018. El aumento tendría que haber sido 3.5 veces mayor para haber recuperado los niveles previos al cambio de gobierno. Ahora, si se consideran los subsidios del resto de organismos de la Secretaría de Salud, al primer trimestre de 2022 el gasto fue de 38.2 mmdp, 8.1% (2.8 mmdp) menos que en 2021 o 28% (15 mmdp) menor a 2018. Falta mucho por recuperar.
Frente al calendario la falta de voluntad política es más clara. Si bien el programa del IMSS-Bienestar ha erogado 3.3% (283 mdp) más que lo programado al segundo trimestre, el Insabi va 18% (6.2 mmdp) por debajo del calendario en materia de subsidios. Esto significa que el recorte del Insabi frente al programa ha sido 22 veces superior al aumento del IMSS-Bienestar. Respecto del gasto total, el Insabi quedó 16% (6.7 mmdp) por debajo del calendario, casi 24 veces más que el aumento de su sustituto.
La transición del Insabi al IMSS-Bienestar se anunció en marzo de 2022, cuando ya existía un presupuesto anual para ambos organismos. Si existiera un verdadero esfuerzo por sustituir a la primera institución por la segunda, se reflejaría en un gran sobreejercicio del IMSS-Bienestar frente a su presupuesto aprobado, que superase incluso el subejercicio del Insabi. Lamentablemente esto no es así.
Todos pierden
Al primer trimestre de este año todas las instituciones federales de salud registraron caídas o estancamiento, salvo el IMSS, que registraba un incremento de 19.4% o 13 mmdp. Al segundo trimestre esta institución ya presenta una contracción frente al año pasado, y el resto sigue cayendo.
En su momento estimamos que el aumento del IMSS frente al año pasado se debía a pagos atrasados a proveedores del cierre de 2021, según lo indican sus propios informes trimestrales[5]. Al parecer, luego de saldar las deudas, volvieron los recortes y el gasto total de la institución (sin considerar pago de pensiones) acumuló 160.9 mmdp, 0.4% (600 mdp) menos que en 2021.
Si bien frente al calendario, sin tomar en cuenta pago de pensiones, esta institución va arriba 7% (9.9 mmdp), la mayor parte se debe al sobregasto del programa de Atención a la Salud en 25% (26 mmdp). Sin embargo, hay ocho programas con recortes importantes. Por ejemplo, Prevención y Control de Enfermedades va 37% (1.2 mmdp) por debajo; los Proyectos de Infraestructura Social 68% (449 mdp), y los Servicios de Guardería 16% (1.06 mmdp) por debajo del programa.
El resto de las instituciones también están estancadas o con caídas. El ISSSTE reporta un gasto sin pensiones de 38.9 mmdp, 22% (11 mmdp) menos que en 2021, y el peor nivel desde 2016 para un periodo similar. Además, va 37% (23.2 mmdp) por debajo del calendario, principalmente por un subejercicio de 79% (8.8 mmdp) en el programa de Suministro de Claves de medicamento.
Por su parte, la Secretaría de Salud (SSA) gastó 67 mmdp, 6.4% (4.5 mmdp) menos que en 2021. Además debía gastar 79.2 mmdp en el periodo, por lo que acumula un subejercicio de 19.8% (15.6 mmddp).
Dentro de la SSA el Insabi es el organismo con el mayor retraso absoluto: debió gastar 49 mmdp, pero erogó 42.3 mmdp, 14% (6.7 mmdp) por debajo. No obstante, el mayor subejercicio en porcentaje está en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, que debía de haber gastado 7.1 mmdp, pero gastó 1.9 mmdp, 73% (5.1 mmdp) por debajo, por menores recursos del Programa de Vacunación.
Finalmente, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) –que aporta recursos a las entidades federativas para la prestación de servicios de salud a la población sin seguridad social– registra erogaciones de 55.8 mmdp, 0.3% (200 mdp) menos que en 2021 y el peor nivel desde 2019. Aún así, este programa va 2% o mil millones por arriba del calendario.
Gasto total estancado
El total de recursos enfocados a la salud (gasto funcional de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Marina y Sedena) sumó 305.7 mmdp, 2% (6.4 mmdp) menos que en 2021. Con este resultado el gasto funcional en salud se ha mantenido estancado por toda una década, pues incluso en 2012 se registró un nivel de gasto mayor (310 mmdp).
Se destaca, en primer lugar, que los subsidios y transferencias acumularon sólo 73.4 mmdp, 8.2% (6.5 mmdp) menos que en 2021, el peor nivel desde 2012. Es decir, los recursos de programas sociales en salud y las aportaciones a las entidades federativas están en su peor nivel.
En segundo lugar, la inversión física registró 4.7 mmdp, una recuperación de 34% o 1.1 mmdp, pero dicha cifra sigue siendo inferior al promedio de 8.5 mmdp del sexenio pasado (2013-2018). Esto limita la creación de nueva infraestructura para mejorar las capacidades de atención futura.
[2] Informe Trimestral de Fidecomisos. Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) primer semestre de 2022. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/747643/M7B_2T_2022.pdf
[3] Reglas de Operación (ROP) FOnsabi. https://www.gob.mx/insabi/documentos/reglas-de-operacion-del-fondo-de-salud-para-el-bienestar?idiom=es
[4] Se consideran como válidos los datos de Transparencia Presupuestaria, que es en el único lugar donde se da el desglose del Insabi de gasto en subsidios.
La transición hacia un nuevo sistema de salud para las personas sin seguridad social se inició en 2022 con el pie izquierdo. Mientras que el gasto del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se desplomó, el mayor gasto del IMSS-Bienestar no ha logrado compensar esa caída. En total, los subsidios que se otorgan para la prestación de servicios de salud en ambas instituciones cayeron en el primer trimestre del año a su peor nivel registrado.
En los primeros dos meses del año detectamos subejercicios en el gasto del Insabi, lo cual podría haberse interpretado como una transición anticipada hacia el IMSS-Bienestar. Al tercer mes descartamos esta hipótesis. En realidad, se profundiza el abandono de la atención de la salud de las personas que menos tienen. No obstante, el Gobierno ha incrementado las transferencias a fideicomisos, lo que enmascara el menor gasto del Insabi.
El resto de las instituciones federales de salud y las aportaciones a las entidades federativas se mantienen con un gasto estancado. La excepción es el IMSS, pero esto no se debe a una estrategia de fortalecimiento del IMSS-Bienestar, sino a una mayor compra de medicamentos y a un aumento en el gasto para remuneraciones al personal (lo que parece positivo, pero se trata de pagos atrasados de 2021).
Finalmente, la inversión física directa del sector salud es la más baja que se tiene registro en los últimos seis años, si descontamos las transferencias a fideicomisos, que se clasifican erróneamente como inversión. Es decir, el presente de la atención en salud es deficiente y el futuro no es prometedor, pues difícilmente se podrá incrementar la infraestructura médica con recursos tan limitados.
Falsas promesas y simulación
Al mes de febrero el gasto del Insabi registraba 1.7 mmdp, 75% (5.2 mmdp) menos que en el mismo periodo de 2021 y el menor monto registrado. Además, el instituto había dejado de gastar 91% (18.3 mmdp) de recursos que tenía calendarizados para el segundo mes del año.
Para el tercer mes, como por arte de magia, el gasto llegó a 19.8 mmdp, un incremento de más de 11 veces frente a lo registrado a febrero. Con esto el Insabi prácticamente igualó su gasto de 2021, aunque siguió por debajo del calendario en 7.5% (1.5 mmdp). Si sólo analizáramos el gasto total a marzo parecería que las cosas no marchan tan mal. Por eso hay que desmenuzar el erario para entender.
En febrero el gasto en servicios personales era de 1.2 mmdp y para marzo llegó a 2 mmdp, un aumento considerable de 70%, y aún así quedó por debajo del calendario en 49% (1,9 mmdp). Esto nos lleva a pensar que dentro del Insabi se podrían estar retrasando los pagos a médicos u otro personal operativo.
Los subsidios –que son como se mide el apoyo para hacer gratuitos los servicios de salud– acumulaban sólo 526 mdp a febrero, pero a marzo llegaron a 8.9 mmdp, un crecimiento por 17 veces. De entrada, que los subsidios no se otorguen de manera constante y uniforme en el tiempo puede implicar que las personas en ciertos meses tengan apoyos a la atención médica y en otros no.
El mayor problema, no obstante, es que incluso con el acelerón de marzo el gasto en subsidios quedó 48% (8.3 mmdp) por debajo de lo que se debió haber erogado conforme a lo aprobado en el Presupuesto 2022. Ante la inocultable contracción en los servicios médicos, el Gobierno ‘abrió la llave’ del gasto, pero fue insuficiente para contrarrestar la ‘sequía’ que había generado meses atrás.
Finalmente, en marzo se transfirieron al Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) 8.6 mmdp, 55% (3 mmdp) más que en el mismo periodo de 2021 y el mayor monto registrado desde 2017. Hay que recordar que las transferencias a fideicomisos se clasifican como un gasto de las dependencias, lo que ayuda a enmascarar subejercicios, además de que generalmente no se puede rastrear el destino final de estos recursos. Como de costumbre, el destino de los recursos del Fonsabi no se reportan en su informe trimestral de 2022[1].
Al descontar la transferencia de fideicomisos al Fonsabi, tenemos que el gasto operativo y de subsidios fue de sólo 11.2 mmdp, una caída de 21.8% (3.1 mmdp) frente a 2021 y el peor monto para un primer trimestre, desde 2017 que hay registro. Frente a 2018, cuando aún existía el Seguro Popular, la caída es de 49% (10.5 mmdp).
Tomando en cuenta estos datos, no sorprende el desplome de los indicadores en salud, como las consultas médicas otorgadas por el Insabi, las cuales siguen en mínimos históricos.
Tropiezo en la transición al IMSS-Bienestar
En marzo se anunció la transición del Insabi hacia el IMSS-Bienestar. Ante el abandono del primero, que ya hemos expuesto, surgió la duda de si el Gobierno estaba fortaleciendo a su reemplazo de manera anticipada. Nos hacía falta el desglose del gasto que sólo se obtiene de manera trimestral para aclarar esta pregunta. La respuesta es un rotundo no.
El programa del IMSS-Bienestar se reporta dentro del Ramo 19 de Aportaciones a la Seguridad Social, y está catalogado como un programa de subsidios a la prestación de servicios públicos. Estos subsidios se pagan al IMSS para que éste dé servicios de salud a las personas no aseguradas, de la misma forma en el Insabi otorga subsidios a los centros de la Secretaría de Salud federal o de los estados para garantizar la atención de los no asegurados. En otras palabras, si obtenemos el total de estos subsidios de ambas instituciones y los subsidios a los estados de la SSA podemos conocer el apoyo real que se otorga a las personas menos favorecidas del país.
En el primer trimestre de 2022 el programa del IMSS-Bienestar reporta un gasto total de 5.5 mmdp, un incremento de 21% (962 mdp) frente al mismo periodo de 2021, el mayor nivel desde 2017, desde que hay registro trimestral. No hay duda, los subsidios a la salud a través de este programa traen un gran impulso este año.
No obstante, la contracción del Insabi ha sido mucho mayor que ese impulso. El otorgamiento de subsidios de este instituto al primer trimestre fue de 8.9 mmdp, una contracción del 30% (3.8 mmdp) frente al mismo periodo de 2021. Para decirlo de otro modo, la reducción de subsidios del Insabi fue casi cuatro veces superior al aumento a través del IMSS-Bienestar.
A todo esto hay que sumar los subsidios a los estados de la SSA. Estos acumularon 466 mdp en el primer trimestre, una recuperación frente a los 76 mdp otorgados en 2021. No obstante, se quedaron muy por debajo de los 3.2 mmdp transferidos en 2020 o los 2.4 mmdp otorgados en 2017. O sea, los menores apoyos del Insabi no se tradujeron en mayores apoyos a los estados.
En suma, los subsidios federales para otorgar atención en salud registraron 15.1 mmdp, una caída de 14% (2.4 mmdp) frente a 2021, con todo y el plan de transición hacia el IMSS-Bienestar. Frente a 2018, último año del sexenio pasado, la caída es de 47% (13.2 mmdp). Hay un abandono de las personas sin seguridad social en este sexenio, con todo y promesas de renovación. ¿Así o más claro?
Quizá uno de los pocos puntos favorables que le restan al Insabi es que ofrece información oportuna sobre la cantidad de consultas que otorga. El IMSS y el IMSS-Bienestar ni siquiera han publicado su informe definitivo sobre 2021, al cierre de edición de este análisis.
Las consultas totales otorgadas por el Insabi al mes de marzo fueron de 4.1 millones, una reducción de 13% o de 643 mil consultas frente el mismo periodo de 2021. En comparación con 2018, la caída es del 77% o 14.1 millones.
Al mes de febrero la contracción de las consultas era de 21% frente a 2021, y en enero fue del 30% frente a dicho año. Es decir, en marzo se nota una mejora o por lo menos no es tan grave la contracción. Esto podría estar relacionado con que en marzo se ‘abrió la llave’ del gasto al Insabi.
De cualquier forma, los datos sobre las consultas siguen siendo preocupantes. Aquéllas enfocadas en atender enfermedades crónico-degenerativas son las que más han caído: en 356 mil consultas o 27%. La disminución de este tipo de atención es empobrecedora, pues restringe el acceso a tratamiento de enfermedades como cáncer, diabetes o VIH/sida. Frente a 2018 estas consultas han caído en 70% (2.2 millones menos).
Asimismo, preocupa la caída en las consultas de gente sana –preventivas– en 197 mil o 17% menos que en 2021. Este tipo de atención es vital para detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y evitar su agravamiento. Frente a 2018 la contracción es de 82% (4.3 millones).
En cuanto a rango de edad y sexo, las personas mayores y las mujeres han sido las más afectadas por la contracción de las consultas médicas del Insabi. Las consultas de mujeres registran una caída del 16% o 540 mil en 2022, mientras que los hombres han perdido 8% o 103 mil consultas. En porcentaje, las consultas de mujeres de más de 60 años han caído 21% (133 mil consultas), y lo que también es preocupante es la contracción en 19% (181 mil) en las consultas de mujeres entre 30 y 49 años.
Instituciones de salud estancadas, excepto el IMSS
En lo que va del año las instituciones de salud han mantenido su gasto estancado o han tenido reducciones. La excepción es el IMSS, aunque todo indica que no es por las razones idóneas: está pagando deudas que acarrea desde el año pasado.
El gasto de ISSSTE, sin contabilizar pensiones, fue de 14.2 mmdp, 18% (3.1 mmdp) menos que en 2021, cayendo a niveles no vistos desde 2016. Destacan un recorte de 14% (1.7 mmdp) y menores gastos por servicios generales en 1.7 mmdp o 117% menos que el año anterior. Su inversión también se contrajo en 60% o 51 mdp.
Para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) de los estados y municipios el gasto total fue de 29.1 mmdp al tercer trimestre de 2022, casi idéntico a los 29.3 mmdp registrados en 2021. Casi todos los estados tuvieron aportaciones similares, a excepción de la Ciudad de México, que sufrió recortes del 10% (153 mdp), y Nuevo León, de 14% (132 mdp), mientras que Oaxaca tuvo un aumento de 9% (122 mdp) y Baja California de 6% (49 millones).
Para la Secretaría de Salud (SSA), el gasto fue de 31.5 mmdp, un aumento del 5.6% (1.6 mmdp) en comparación con 2021. No obstante, como ya hemos mencionado, el Insabi, que forma parte de la SSA, transfirió más recursos a fideicomisos en 2022. Sin dichas transferencias el total de la SSA habría caído.
Por su parte, el gasto funcional en salud de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue de 1.6 mmdp, una reducción de 14% (273 mdp), mientras que para la Secretaría de Marina (Semar) fue de 654 mdp, una caída de 24% (211 mdp).
La única institución con aumentos reales en su gasto fue el IMSS, con 83 mmdp –sin contar gasto en pensiones–, lo que representa un aumento de 19.4% o 13 mmdp. Se podría pensar que este mayor gasto está relacionado con una estrategia de fortalecer al IMSS-Bienestar, pero debemos descartar también esta hipótesis, ya que, de nuevo, los apoyos a la seguridad social que otorga el IMSS-Bienestar o el Insabi se clasifican como subsidios, y el IMSS no reporta este tipo de gasto.
Eso sí: los incrementos del IMSS están relacionados con un mayor gasto en medicinas y productos farmacéuticos, lo cual parecería positivo, pero parte de esto se debe a pagos atrasados de 2021. También detectamos un mayor gasto en subcontratación de servicios y erogaciones por cuenta de terceros.
En el caso de medicinas y productos farmacéuticos, el IMSS gastó 9.2 mmdp en el primer trimestre de 2022, 104% (4.4 mmdp) frente al mismo periodo del año pasado. Según el Informe Trimestral del IMSS[2], en el primer trimestre de 2022 se erogaron mayores recursos en esta partida debido al pago de pasivos del ejercicio 2021. Lamentablemente el informe no precisa qué tantos recursos fueron a pagar pasivos, por lo que no es posible saber si hubo un aumento real en la compra de medicamentos.
Lo que sabemos es que el IMSS cerró 2021 con cuentas por pagar, a corto plazo, de 36.5 mmdp, 74% (15.5 mmdp) más que al cierre de 2020, según la Cuenta Pública de 2021[3]. Se desconoce cuántos pagos debían cubrirse en el primer trimestre de 2022; lo que es seguro es que este año se están realizando más pagos de pasivos que en 2021. El año pasado los factores que impulsaron el gasto fueron más allá de lo previsto: la mayor contratación de personal eventual y la transferencia de recursos para la compra de medicamentos y material de curación a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), según el reporte al cuarto trimestre del IMSS[4].
El IMSS también registra un gran aumento en la partida de Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo o Contratos Colectivos de Trabajo. En el primer trimestre se gastaron 25.8 mmdp, 19% (4.2 mmdp) más que en 2021. Cabe destacar que esta partida es la de mayor peso en el IMSS, incluso por encima que Sueldos Base, la cual reportó erogaciones por 8.8 mmdp o un aumento de 2% (183 mdp). Según el informe del IMSS, este aumento fue al pago de obligaciones fiscales y patronales de diciembre de 2021, posiblemente aguinaldos no pagados el año pasado.
Finalmente, destacan aumentos de 206% (1.7 mmdp) en las partidas de servicios integrales, y en 114% (1 mmdp) en subcontratación de servicios con terceros. El IMSS reporta que el aumento de estas partidas también se debió a pagos retrasados, pero no clarifica en qué proporción.
En cuanto a recortes, la principal partida fue Remuneraciones al Personal Eventual, con una reducción de 62% (2.9 mmdp), en comparación con 2021. Hay que asumir que durante la pandemia se incrementó el número de médicos y enfermeras eventuales, y que en 2022, con el covid-19 más controlado, se haya reducido el número. Asimismo, se redujo el gasto de Materiales y Suministros Médicos en 92% (1.9 mmdp).
En resumen, no se puede celebrar el aumento del gasto del IMSS en remuneraciones y medicamentos, ya que una parte de ella –sin especificar– se debe a pagos atrasados. Tendremos que esperar al reporte de labores anual 2021, que se publica a mediados de 2022, para conocer la deuda exacta por componente que se acarreaba desde el año pasado, y estimar el gasto destinado a la operación real de este año.
Inversión real a la baja
Pareciera que el Gobierno, al darse cuenta de las limitaciones en la infraestructura médica durante la pandemia, estuviera incrementando la inversión en salud. La realidad es que no.
La inversión funcional en salud registró en el primer trimestre de 2022 2.8 mmdp, un aumento de 32.6% (700 mdp) frente a 2021. No obstante, de los 8.6 mmdp de transferencias a fideicomisos, de las ya que hemos hablado, 2.2 mmdp se clasificaron como ‘Gasto de inversión por concepto de recursos otorgados a fideicomisos públicos’.
Ésta es la mayor transferencia clasificada como inversión desde 2019. Esta estrategia ya se utilizaba desde el sexenio pasado, pero ahora representa más del total de la inversión en salud, un 79%. En 2018 representó un 65%. Como se desconoce el destino del gasto de esos fideicomisos, no se puede saber si en realidad se gastaron en obra pública.
Hay que destacar que de los 20 mmdp de transferencias a fideicomisos que se reportan en el Sector Público en el primer trimestre de 2022, sólo se consideran como gasto de inversión los 2.2 mmdp dedicados a Salud. En el resto de ramos, las transferencias a fideicomisos se clasifican como gasto corriente o de capital, diferente a obra pública.
En el primer trimestre del año se han relanzado las expectativas de una renovación del sistema de salud en México, especialmente para las personas sin seguridad social a través del IMSS-Bienestar.
En su momento analizamos que dicho cambio podría ser positivo, ya que el IMSS-Bienestar es un programa probado y con reglas de operación (ROP), pero que un simple cambio de nombre no alcanzaría si no venía acompañado de un considerable aumento presupuestal.
Nuestros temores se han hecho realidad. Hasta el momento el Gobierno sólo está pintando la fachada del sistema de salud en ruinas, sin hacer cambios profundos. Ante el desplome del gasto real en salud y la menor inversión, difícilmente se logrará conseguir el sistema universal de salud que manda la Constitución y que necesita la población entera de este país.
Desde México Evalúa hemos evidenciado a lo largo de los años que el gasto público carece de mecanismos de institucionalidad básica, indispensables para una ‘buena’ asignación del presupuesto. Nuestro trabajo ha puesto en la opinión pública pruebas de la falta de mecanismos efectivos de contrapeso al Poder Ejecutivo, especialmente desde el Congreso.
En comparación con los pesos y
contrapesos que enfrenta esta soberanía en otros países democráticos –de la
OCDE y de América Latina–, el Poder Ejecutivo en México goza de amplísimas facultadespara modificar el presupuesto aprobado sin rendir cuentas.
En su momento nos preocupaba la
discrecionalidad con la que se ‘producían’ ingresos excedentes y asignaban
dichos ingresos a programas del Ramo 23, con el fin de apoyar a gobiernos subnacionales de aliados
políticos. Pero había límites sobreentendidos, y estas prácticas estaban
acotadas hasta cierto punto: se respetaba, por ejemplo, el financiamiento a
servicios y programas públicos fundamentales (que, desde luego, tenía
deficiencias).
Hoy estamos pagando muy caras las
fallas de la transición a la democracia. En especial, dos: haber mantenido
instituciones con diseño a modo, discrecionales, y la resistencia a los cambios
que la institucionalización de protocolos –establecidos en las mejores
prácticas internacionales– exigía, y que hubieran permitido encuadrar al
presupuesto en mecanismos adecuados de rendición de cuentas. Por ejemplo, en otras latitudes es pecado que el
Ejecutivo recorte presupuesto a la Secretaría de Salud para darle a la de Bienestar
o Turismo, sin pedir autorización al Congreso. Además, en un
mundo con contrapesos la aprobación del Congreso es suficiente para que la
Secretaría de Salud, por decir, gaste sus recursos sin tener que ‘revalidar’
esa autorización con la Secretaría de Hacienda. Pero en México cambiar
presupuesto de una Secretaría a otra es el pan de cada día…
Y es que el régimen legal actual no contempla los límites que el Poder Ejecutivo debe tener en el contexto de un presupuesto republicano, democrático. Hoy los límites a esa discrecionalidad dependen prácticamente del criterio o mesura de las personas a cargo. El resultado es grave: un presupuesto que garantiza cada vez menos financiamiento a los programas y servicios asociados al cumplimiento de los derechos humanos, y cada vez más al servicio del grupo en el poder.
Antes de continuar, veamos el #Semáforo de Ingresos.
Las
víctimas presupuestales del proselitismo del Gobierno
La estrategia de aumentar el gasto en transferencias
directas (más fáciles de utilizar de forma clientelar) ha costado que la inversión pública registre el mínimo en
una década, y que la mayoría de los programas de subsidios enfocados a la
salud, vivienda, urbanización o atención focalizada en mujeres tengan serios
recortes.
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para
2022, al primer trimestre del año, no se ha ejercido como se aprobó. De 493
programas presupuestarios, 60 tienen aumentos de más del 20% frente a lo
programado al periodo, y 21 recibieron gasto, a pesar de que no se les aprobó.
En contraparte, 171 programas sufrieron recortes de entre 20 y 99%, y 32 ni
siquiera han recibido un solo peso en el año. Obvio, los ganadores son los
programas consentidos del sexenio.
Estos cambios no responden a ‘factores sorpresa’ sino a
cálculos políticos: en el agregado,
tanto los ingresos como el gasto público en el primer trimestre del año van
casi conforme el programa, pero al interior queda un gasto muy distinto a aquél
aprobado democráticamente en el PEF 2022. Vamos desmenuzando.
Dar y
quitar
Al
primer trimestre de 2022 el gasto total del Sector Público fue de 1.79 billones
de pesos, apenas 0.8% (14.9 mmdp) superior al del mismo periodo de 2021. Frente al calendario, este gasto fue 0.2% (3.1 mmdp)
inferior al programado. No hay duda de que el Gobierno está comprometido a
mantener los balances fiscales, pero al mismo tiempo encuentra formas para inflar sus
programas preferidos. La estrategia ha sido quitar recursos a unos programas
para pasárselos a otros.
Las secretarías o dependencias federales[1]
(que controla el Ejecutivo) acumulan 457.6 mmdp gastados de enero a marzo de
este año, un 20% (76.6 mmdp) más de lo que se tenía programado. No obstante, sólo ocho de 26 dependencias o secretarías
concentran los aumentos; el resto han sido castigadas.
Como ya se ha hecho costumbre, la Secretaría de Energía
acumula un sobregasto del 96.5% (33.8 mmdp), causado por las mayores aportaciones
a Pemex. Cabe recordar que en 2021 esta secretaría acabó transfiriendo a la
petrolera 316 mmdp, de los cuales 271 mmdp no fueron aprobados en el
presupuesto. Al primer trimestre de 2022, se registra el mismo ritmo que el del
año pasado, por lo que es probable que se iguale o se supere el monto de
2021.
El IMSS presenta un gasto de 225 mmdp, es decir, 7.5% o
15.8 mmdp por arriba del programa. Al interior de esta dependencia, hay un
sobregasto de 18% (8.9 mmdp) en el capítulo de Servicios Personales y 48% (4.4
mmdp) en Materiales y Suministros. Dentro de dichos capítulos las partidas con
más aumentos son las de prestaciones establecidas en los contratos colectivos
de trabajo y la compra de medicinas. Por su parte, el capítulo de
Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas va conforme a lo planeado. Todo esto
quiere decir que los aumentos en el presupuesto de la institución están
relacionados con mayores costos operativos, y no con el fortalecimiento al IMSS-Bienestar.
Otra dependencia que concentra la mayor parte del
sobregasto es la Secretaría de Bienestar, que ha erogado 133 mmdp, 40.5% (38.3
mmdp) más de lo aprobado al periodo. Esto significa que el aumento real de su
gasto es de 46.9%, o 42 mmdp, frente al mismo periodo del año anterior. La
causa principal ha sido la asignación de más recursos para las Pensiones de
Adultos Mayores.
También destaca la Secretaría de Turismo, con un gasto de
22.1 mmdp, 36.7% (5.9 mmdp) más que el programa o 91% (10.5 mmdp) más que en
2021. Prácticamente todo su sobregasto se debe a las mayores erogaciones para
la construcción del Tren Maya, pues la partida de Transporte Masivo de
Pasajeros registra erogaciones del 40% (6.1 mmdp) por encima del calendario.
Para lograr el aumento al proyecto insignia del presidente, incluso dentro de
la secretaría se han recortado programas como Fomento y Promoción de la
Inversión en el Sector Turístico o el Programa de Calidad y Atención al Turismo,
entre otras.
En cambio, hay secretarías cuyo gasto ha sido muy
castigado. La Secretaría de Salud va 12%
(4.3 mmdp) por debajo de su programa, con todo y que transfirió 8.6 mmdp a
fideicomisos comprometidos dentro del programa de Atención a la Salud y
Medicamentos gratuitos que maneja el Insabi. Sin dicha transferencia (que se
contabiliza como gasto) habría quedado 36% por debajo del calendario. Otros
grandes recortes se dieron en el programa de Atención a la Salud o
Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud.
La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana
(SPyPC), por su parte, ostenta un retraso del 23% (2.5 mmdp), causado por un
menor gasto en la Administración del Sistema Penitenciario, menores provisiones
para la infraestructura en seguridad e, incluso, menos servicios de
inteligencia para la seguridad nacional, programas cuyos recortes son más que
cuestionables, dada la situación de inseguridad del país.
De igual forma, la Secretaría de Desarrollo Territorial y
Urbano (Sedatu) finalizó el trimestre con un recorte del 50% (3.7 mmdp),
principalmente por una reducción de gasto en el Programa de Vivienda Social y
el Programa de Mejoramiento Urbano. Dichos programas tienen gran impacto en el
bienestar de la población, pero toman tiempo y planeación, además de que no son
capitalizables políticamente en el corto plazo, como lo son las transferencias
en efectivo.
Finalmente, 10 organismos, entre los que se cuentan el
Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el
Poder Judicial, acumulan 12.4 mmdp o 34% de retraso frente al calendario.
Subsidios
con cálculo político
La entrega directa de recursos del actual Gobierno obedece
menos a causas nobles que a intereses políticos. Sólo hace falta ver la
cantidad de programas de subsidios que han sido sacrificados para ‘inflar’ los
programas insignia del presidente.
De 76 programas de subsidios, 22 registran un aumento del
42% (60 mmdp) frente a lo aprobado. Sin embargo, tan sólo las Pensiones para el Bienestar de los Adultos mayores concentra el 63%
(38 mmdp) del sobregasto en subsidios al primer trimestre. Este programa es
de gran importancia política, pues se asocia al presidente López Obrador como
su creador, cuando era jefe de Gobierno del Distrito Federal. Aunque es un
programa relevante para la economía de muchas personas, no está focalizado en
los más pobres, sino que se otorga de manera universal a todos los adultos
mayores de 65 años. De hecho, la Secretaría de Hacienda calcula que el 20% más
pobre de la población obtiene el 7.7% de los recursos de este programa,
mientras que el 20% más rico obtiene el 20.9% de sus recursos[2];
es decir, el programa social de mayor
presupuesto en México es regresivo (por lo demás, cabe mencionar que el sector más rico también es el que acapara la mayor
parte de las pensiones contributivas del IMSS, ISSSTE, Sedena, etcétera).
Los otros tres programas con grandes aumentos frente al
calendario son la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior
Benito Juárez, Beca Universal de Educación Básica Benito Juárez y Jóvenes
Escribiendo el Futuro, de la SEP con un sobregasto conjunto de 95% (14.7 mmdp).
Estos tres programas destacan por ser de transferencias
directas, y salvo aquél enfocado en la educación básica, los otros dos no
benefician destacadamente a la población más pobre. En el caso de las becas de
educación media, la mitad más pobre se beneficia con el 56.8% de los recursos
del programa; es decir, apenas podría considerarse un programa progresivo. Por
lo que toca al programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro, el 20% más pobre recibe sólo el
10.6% de sus recursos, mientras que el 20% más rico recibe el 22.5%: un
programa altamente regresivo.
Otros programas con grandes sobregastos son Producción
para el Bienestar (Sader), Pensiones para Discapacidad Permanente (Bienestar) y
Jóvenes Construyendo el Futuro (STPS), que priorizan la entrega de dinero
directamente, además del Programa de Fertilizantes, que otorga los recursos en
especie.
Por otro lado, mientras que 10 programas ‘consentidos’
concentran el 99% (59 mmdp) del sobregasto en subsidios, hay 22 programas que
ni siquiera han recibido recursos en 2022, y 30 programas con grandes recortes.
En monto, el
programa de subsidios con mayor recorte ha sido el de Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, del
Insabi. Si bien el gasto efectivo de este programa fue de 17.6 mmdp, 17%
(2.5 mmdp) más de lo aprobado al periodo, 8.6 mmdp fueron por concepto de
aportaciones a fideicomisos, por lo que no es posible saber si los recursos
llegaron efectivamente a la población. Si se contabiliza sólo el gasto
catalogado como subsidios, el recorte alcanzó al 40% (6 mmdp) de lo programado.
Le sigue, con un recorte del 82% (3.1 mmdp) frente al
calendario, el Programa de Vivienda Social. Este esquema de la Comisión
Nacional de Vivienda, dentro de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, consta de un subsidio en la toma de un crédito inmobiliario
para las personas más pobres, para permitirles comprar o remodelar una casa.
De forma muy preocupante, el programa de Salud Materna,
Sexual y Reproductiva tuvo un recorte de 69% (667 mdp), en relación con lo
aprobado. Si tomamos en cuenta que este programa de la Secretaría de Salud
ayuda a la detección oportuna de problemas de infertilidad y de cáncer asociado
al aparato reproductivo y de mama, además de promover la salud materna y
perinatal, la falta de avance en su presupuesto tiene graves consecuencias.
Otros programas con grandes y sensibles recortes son el de
Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes; Programa de Cultura
Física y Deporte; Estímulos a la Creación Artística, Reconocimientos a las
Trayectorias y Apoyo al Desarrollo de Proyectos Culturales, por mencionar sólo
algunos. Es decir, prevención en salud, deporte y arte son los recortados.
Lo que es en verdad alarmante son los 22 programas de
subsidios que no han recibido ni un peso en lo que va del año. Por dejar de
gastar en ellos y dejar desprotegidos a muy diversos grupos vulnerables, el
Gobierno se ha “ahorrado” 4.5 mmdp, sólo el 12% del gasto adicional que han
recibido las Pensiones de Adultos Mayores (38 mmdp).
Como si el Gobierno tratara deliberadamente de empeorar
los servicios de salud de los mexicanos, ha dejado en ceros a cinco programas
de este rubro, y que ya tenían aprobados al primer trimestre 3.6 mmdp. Se trata
de los programas de Atención a la Salud (Insabi); Fortalecimiento de los
Servicios Estatales de Salud (SSA); Fortalecimiento a la atención médica
(Insabi); Subsidio por Cáncer (ISSSTE), e Investigación y Desarrollo
Tecnológico en Salud (SSA). No sorprende que los indicadores en la materia
vayan en retroceso, como lo hemos documentado en nuestro análisis de los Números de Erario del Gasto en Salud.
Otros
programas que parecen estar lejos de las prioridades del Gobierno son aquéllos
dedicados específicamente a mujeres, o con perspectiva de género. Al primer trimestre cuatro programas están en ceros, a
pesar de sólo representar 238 mdp (0.62% de lo gastado en las Pensiones de
Adultos Mayores): el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas (Bienestar); el de Fortalecimiento a la Transversalidad
de la Perspectiva de Género (Inmujeres); Seguro de Vida para Jefas de Familia
(Bienestar); Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos (Bienestar). La ironía es
grande si se considera que tres de estos programas pertenecen a la Secretaría
del Bienestar, aquélla con más sobregasto.
Otros programas notoriamente abandonados son el Programa
Nacional de Inglés; Fomento al Cine Mexicano; Programa Nacional de Becas
Artísticas y Culturales; Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable;
Educación Física de Excelencia; Agua Potable, Drenaje y Tratamiento; Expansión
de la Educación Inicial, etcétera. De nuevo, que no le hablen al Gobierno de
arte, medio ambiente o deporte…
Infraestructura:
promesa vacía
Para 2022 se planeó una inversión anual de 874 mmdp, el
mayor monto programado desde 2016. La
realidad es que la inversión cayó 8% (13 mmdp) en el periodo de enero a marzo,
alcanzando apenas los 152.5 mmdp, el peor registro que se tenga en una década.
En su momento, estimamos que este plan de inversión del gobierno era muy
ambicioso, al igual que sus
expectativas de ingresos. En tan sólo tres meses de 2022, nuestras
expectativas, lamentablemente, se están haciendo realidad.
El avance de la inversión física anual al mes de marzo es
un raquítico 17.4% (152.5 mmdp), el peor ritmo para un primer trimestre desde
2013. En el caso de la inversión directa[3], el
avance es de sólo 11.3% (63.9 mmdp), el peor ritmo registrado. Para ponerlo en
contexto, de 2012 a 2021 el avance de la inversión anual en el primer trimestre
promedió un 22%, mientras que el avance de la inversión directa promedió 21%,
casi el doble de lo registrado en 2022.
Cabe destacar que la inversión física directa –aquélla de
mayor control discrecional por parte del Gobierno federal, pues no está comprometida
por transferencias a las entidades federativas o el sector paraestatal– fue la
de mayor retraso. Para decirlo claro: el
Gobierno federal dejó de gastar en inversión en el primer trimestre para
destinar esos recursos al gasto clientelar del que hemos hablado.
¿Qué tanto dejó de gastar? Veámoslo así: si hubiera
querido mantener el promedio de los últimos años, el Gobierno habría invertido
46% (54 mmdp) más de lo que hizo en el periodo. Esta cifra es muy parecida a lo
que se sobregastó en subsidios.
Más claro, imposible: para el primer trimestre del año, la
Secretaría de Hacienda reporta un gasto de 299.8 mmdp en subsidios,
transferencias y aportaciones, un avance de 32.8% en el programa anual. En
comparación, de 2012 a 2021 el avance de estos rubros promedió sólo 25.3% en el
primer trimestre.
Si sólo observamos los subsidios, se registra un gasto de
196.1 mmdp, un avance del 39% anual, cuando el ritmo promedio de gasto para el
primer trimestre fue de 24%. Esto significó un gasto adicional de 49 mmdp, similar
a lo que se dejó de gastar en infraestructura física directa. En otras
palabras, este año se está gastando de forma más acelerada en estos conceptos,
fenómeno que hemos observado desde 2020.
¿En
dónde se ha dejado de invertir?
Si analizamos el capítulo de inversión pública de las
diferentes dependencias del Sector Público, podremos constatar un hecho similar
al que se exponía previamente: hay un retraso de 52% en el gasto (74 mmdp), el
mayor desde 2019, cuando se empezó a publicar la calendarización trimestral.
La dependencia que más dejó de gastar en este capítulo es
Pemex, que debía de haber erogado 125.5 mmdp en el primer trimestre, pero gastó
sólo 51.3 mmdp, un retraso de 59% (74.2 mmdp). Prácticamente todo el retraso se
focalizó en el programa de Proyectos de Infraestructura Económica de
Hidrocarburos, con presencia en Campeche, Chiapas, CDMX, Oaxaca, Tabasco,
Tamaulipas y Veracruz. Esta situación sorprende, si recordamos que la
plataforma petrolera del país no ha crecido.
Destaca también la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, con un retraso en su inversión de 43% (1.08 mmdp). Nos preocupa,
pues el principal programa en el que se ha dejado de gastar es Infraestructura
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Asimismo, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes presenta un retraso de 43% (1.4 mmdp),
principalmente por una disminución del gasto en la conservación de
infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras.
En el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
hay un retraso del 18% (413 mdp), principalmente por una disminución en el
mantenimiento de su infraestructura y en los proyectos de infraestructura
económica (Pidiregas). Esto no es positivo, pues la energética se destaca por
tener centrales eléctricas antiguas, que requieren de mucho mantenimiento.
Otro sector de inversión que ha sido sacrificado es el de salud. El ISSSTE presenta un retraso de 79% (144 mdp), mientras que el IMSS ha dejado de gastar 80% (62 mdp) de lo planeado a la fecha. Que sean montos pequeños no evitó que se hayan recortado, lo que agrava el desarrollo de nuevos centros de salud, los cuales se han estancado o han caído, como lo hemos atestiguado.
Recortes a autónomos: todo por el poder
No es sorpresa que los Ramos
Autónomos, a pesar de representar un trozo pequeño en el presupuesto, sean de
los más castigados. Muchos de ellos han visto en el primer trimestre del año
recortes en todos sus programas presupuestarios. La intención parece clara:
centralización del poder y eliminación de los contrapesos del Poder Ejecutivo.
La Cofece gastó de enero a
marzo 117 mdp, un 26% (41 mdp) menos de lo calendarizado. Llama la atención que
los cuatro programas presupuestarios de la Cofece hayan sufrido recortes: del
25 al 47%. Su programa de mayor peso, Prevención y Eliminación de Prácticas y
Concentraciones Monopólicas, que tenía programados 124.5 mdp al primer
trimestre, cerró con un recorte de 25% (30.9 mdp). Aunque el monto subejercido
sea poco, los impactos del recorte no son poca cosa, ya que se disminuye la
vigilancia y la promoción de la competencia en toda la economía de México.
La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) gastó al periodo 296 mdp, un retraso de 23% (88 mdp).
De sus 26 programas presupuestarios, 23 tuvieron retrasos. El recorte más grave
–tanto en porcentaje como en magnitud– fue en el programa para atender asuntos
relacionados con las personas migrantes, el cual tenía presupuestados 23.7 mdp
al periodo, pero gastó sólo 483 mil pesos, un recorte del 98% (23.2 mdp). Este
recorte es grave a la vista de las recientes olas migratorias y violaciones a
los derechos humanos de los migrantes. También preocupan los recortes en el
programa de Defensa de Periodistas (de 28% o 1.1 mdp) o en el de Prevención de
Trata de Personas (de 29% o 1.1 mdp).
La Fiscalía General de la
República (FGR) debió gastar en el periodo 4 mmdp, pero se quedó 36% o 1.4 mmdp
por debajo de la meta. De 14 programas, 12 sufrieron reducciones. El programa
con el mayor recorte fue el de Investigar y Perseguir los Delitos de Orden
Federal, por 937 millones de pesos o 35%, seguido de un recorte de 32% (122
mdp) en el programa Investigación de Delitos Relativos a la Delincuencia
Organizada. Está de más decir que ante la criminalidad desbordada en el país, y
la menguante capacidad institucional de la FGR, estos recortes son irresponsables. Por otro lado,
sorprende un recorte de 33% (14.3 mdp) en la investigación y persecución de
delitos electorales, justo durante un periodo electoral. ¿Qué prioridades se
muestran aquí?
El Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) tuvo un recorte de 21% (414 mdp) en el periodo.
De cinco programas presupuestarios, todos tuvieron recortes. El más grave fue
aquél sobre Producción y Difusión de Información Estadística, por 17% (294
mdp), seguido de un recorte de 83% (54 mdp) del Censo Agropecuario. Esperemos
que esto no afecte la calidad de la investigación del instituto, que es
esencial para evaluar el desempeño de la actividad económica, del Gobierno y de
otros sectores. Si algo no se puede medir, no se puede mejorar…
El Instituto Federal de
Telecomunicaciones (Ifetel) sufrió un recorte de 26% (90 mdp) en el periodo. De
seis programas presupuestarios, todos tuvieron recortes. La disminución más
grave se dio en el programa de Regulación y Supervisión de Redes e
Infraestructura en Telecomunicaciones, de 23% (26.9 mdp), así como en
Fortalecimiento e Innovación Institucional para el Desarrollo de los Sectores
de Telecomunicaciones, por 16% (12 mdp). Así como a la Cofece, castigar a este
regulador puede deteriorar los servicios que se proveen a la ciudadanía. Por
cierto, este instituto ya ha sido atacado públicamente desde el Gobierno y sus
nuevos comisionados no han sido nombrados, lo que limita aún más su operación.
Para el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)
el recorte fue de 27% (63.8 mdp). De siete programas presupuestarios, todos
tuvieron recortes; el mayor fue el de Coordinación del Sistema Nacional de
Transparencia, por 58% (26 mdp), seguido de Promoción de los Derechos de Acceso
a la Información Pública, por 31% (12.6 mdp). Esto no hace más que afectar la
rendición de cuentas del Gobierno y la capacidad de la sociedad civil para
evaluarlo.
Por lo que concierne al
Instituto Nacional Electoral (INE), quien recibió una reducción de 5 mil
millones de pesos presupuestales para 2022, acabó el primer trimestre con un
recorte adicional de 19% (990 mdp). De 11 programas presupuestarios, todos
tuvieron recorte (y, ojo, en pleno periodo electoral). Aquéllos con la mayor
caída fueron Capacitación y Educación para el Ejercicio Democrático de la Ciudadanía,
por 34% (326 mdp), y Actualización del Padrón Electoral, en 18% (156 mdp). Lo
más irónico es que el Otorgamiento de Prerrogativas a Partidos Políticos,
Fiscalización de sus Recursos y Administración de los Tiempos del Estado en
Radio y Televisión fue el programa menos castigado, con un recorte de 4% (59.8
mdp).
El Tribunal Federal de
Justicia Administrativa (TFJA) tuvo un recorte de 36% (268 mdp). De tres
programas presupuestarios, todos tuvieron disminuciones. Destaca un recorte del
100% (9.5 mdp) en Proyectos de Inmuebles, y de 36% (254 mdp) en la Impartición
de Justicia Fiscal. Esto no es positivo. Sólo imaginemos: cuando los
contribuyentes quieren defenderse de posibles abusos del SAT, recurren a esta
institución.
Para el Poder Legislativo, el
recorte fue de 50% (2.5 mmdp). De los cinco programas presupuestarios, todos
tuvieron bajas. La más grave fue de 97% (178 mdp) en Mantenimiento de
Infraestructura, seguido de 52% (2.3 mmdp) en el programa de Actividades
Derivadas del Trabajo Legislativo. Sorprendentemente, hay recortes en el
capítulo de Servicios Personales, de 43% (1.3 mmdp). Ya veremos en diciembre,
con los bonos y aguinaldos…
Finalmente, para el Poder
Judicial federal sólo se reporta un programa presupuestario (Otras
Actividades). No obstante, al analizar por capítulo se observa una reducción de
32% (5 mmdp) en Servicios Personales, lo que es grave, si comprobamos la falta de personal en el sistema de
impartición de justicia.
También destaca un 85% (52 mdp) de recorte en el capítulo de Inversión Física.
Un
presupuesto político-electoral
El gasto público en los tres primeros meses de 2022 no es
el que el país necesita; ni siquiera el que se prometió. Para mantener los
balances presupuestales y al mismo tiempo liberar recursos para el gasto
proselitista previo al proceso de ratificación de mandato, se han cortado
importantes programas sociales y de obra pública.
Ni Urzúa, ni Herrera ni Ramírez de la O han podido
contener los intereses políticos de este Gobierno, que avanzan a costa de
ejecutar una ‘austeridad brutal’ en diversas áreas del presupuesto. Por
no poder, no han podido ni garantizar presupuesto a servicios públicos de
primera necesidad, como el de la salud para personas sin seguridad social. Es grave que uno de los sectores castigados
sea el de salud. La lógica política-electoral tiene más importancia para
este Gobierno que la vida de los mexicanos. Así lo reflejan las prioridades del
gasto público.
En el corto plazo lo lamentable es que se hayan recortado
programas específicos para mujeres, artistas, deportistas, a pesar de
representar una tajada mínima del pastel presupuestario. Todo para aumentar los programas de transferencias directas consentidos
del presidente, a pesar de que, sin aumentos, ya representaban los mayores
programas de subsidios. El bajo gasto en
inversión tendrá en el mediano plazo implicaciones claras: menor crecimiento y
recaudación.
Hoy se sigue ejerciendo un presupuesto distinto al
aprobado, sin que se expliquen las razones de sus cambios. La política fiscal
tiene sed de perfiles más profesionales, un Congreso que la entienda, que tenga
incentivos para evaluarla y cuestionarla, y otros mecanismos de gobernanza que
permitan mejorar el erario.
Anexo
Programas presupuestarios con aumentos o recortes de más de 20% frente al calendario (enero a marzo) (miles de millones de pesos)
MAYORES INCREMENTOS
Programa
Aprobado
Pagado
Dif.
Var %
Comercialización de energía eléctrica y productos asociados
10.34
70.32
59.98
580%
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
79.02
117.68
38.66
49%
Coordinación de la política energética en hidrocarburos (Sener)
34.38
67.96
33.58
98%
Atención a la Salud
66.52
81.28
14.76
22%
Compra de acciones o inversiones diversas para Pemex
34.83
45.86
11.03
32%
Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios
–
8.16
8.16
100%
Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez
6.75
13.63
6.88
102%
Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros
15.43
21.60
6.16
40%
Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez
6.57
12.60
06.03
92%
Administración de los contratos de producción independiente de energía CFE Generación V
20.43
25.78
5.34
26%
Coberturas
0.03
3.83
3.80
12,555%
Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
–
2.37
2.37
100%
Jóvenes Escribiendo el Futuro
2.10
3.97
1.87
89%
Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros
–
1.65
1.65
100%
Fertilizantes
–
1.50
1.50
100%
Programa de vacunación
0.10
1.60
1.50
1,465%
Pago de subsidios a los asegurados
5.12
6.39
1.28
25%
Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas
4.53
5.79
1.26
28%
Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos
3.34
4.11
0.76
23%
Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
–
0.74
0.74
100%
Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC)
–
0.66
0.66
100%
Mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras
–
0.59
0.59
100%
Política y servicios migratorios
0.37
0.96
0.59
158%
Fortalecimiento de las capacidades de auxilio a la población civil mediante el Plan DN-III-E
0.06
0.60
0.54
913%
Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado
0.20
0.69
0.48
235%
Atención, protección, servicios y asistencia consulares
0.32
0.78
0.46
145%
Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera
–
0.36
0.36
100%
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras
0.93
1.28
0.35
38%
Proyectos de infraestructura económica de electricidad
0.33
0.68
0.35
104%
Estudios de preinversión
0.07
0.36
0.30
457%
Proyectos de construcción de puertos
–
0.27
0.27
100%
Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones
0.44
0.71
0.27
60%
Programas de adquisiciones
0.56
0.73
0.16
29%
Reconstrucción y Conservación de Carreteras
0.52
0.67
0.15
29%
Funciones en relación con Estrategias de Negocios Comerciales, así como potenciales nuevos negocios
0.01
0.13
0.12
967%
Administración de la Infraestructura Aeroportuaria en Santa Lucía, Edo. Méx.
0.11
0.22
0.11
105%
Pagos de Funeral
0.29
0.38
0.10
34%
Servicios Integrales a Pensionados
0.00
0.09
0.09
10193%
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola
–
0.09
0.09
100%
Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable
0.00
0.09
0.09
4294%
Prestación de servicios en materia petrolera
–
0.08
0.08
100%
Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa
0.06
0.13
0.08
140%
Seguridad física en las instalaciones de electricidad
0.32
0.39
0.07
23%
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
0.23
0.28
0.05
21%
Investigación en materia petrolera
–
0.04
0.04
100%
Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
0.01
0.06
0.04
320%
Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales
0.03
0.07
0.04
155%
Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia
–
0.04
0.04
100%
Protección Contra Riesgos Sanitarios
0.12
0.15
0.03
23%
Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura
–
0.02
0.02
100%
Detección y prevención de ilícitos financieros
0.03
0.05
0.02
88%
Proyectos de construcción de aeropuertos
0.01
0.03
0.02
200%
Producción y Difusión de Materiales Audiovisuales
0.04
0.06
0.02
56%
Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro
0.03
0.05
0.02
53%
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
–
0.02
0.02
100%
Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador
0.05
0.07
0.01
29%
Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP
0.02
0.03
0.01
81%
Producción de árboles en viveros forestales militares
–
0.01
0.01
100%
Registro e Identificación de Población
0.03
0.04
0.01
50%
Instrumentar la normatividad en materia de comunicación social y coordinar la relación con los medios de comunicación del Gobierno Federal
0.03
0.04
0.01
40%
Pensión ISSSTE
0.04
0.05
0.01
33%
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
0.02
0.03
0.01
53%
Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos
0.04
0.05
0.01
20%
Atención de emergencias y desastres naturales
0.00
0.01
0.01
248%
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
0.01
0.02
0.01
49%
Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior
–
0.01
0.01
100%
La Escuela es Nuestra
–
0.01
0.01
100%
Promoción de México como Destino Turístico
–
0.01
0.01
100%
Proyectos de infraestructura social del sector educativo
0.00
0.01
0.01
540%
Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal
0.01
0.01
0.00
45%
Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa
0.01
0.01
0.00
38%
Coordinar la relación entre autoridades locales y federales para la consolidación del sistema de justicia penal y la reconciliación social
0.00
0.01
0.00
73%
Apoyo a las actividades de Ayudantía y Logística de la Oficina de la Presidencia de la República
0.00
0.00
0.00
129%
Otros proyectos de infraestructura social
–
0.00
0.00
100%
Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos
0.01
0.01
0.00
37%
Gestión del Sistema Nacional de Archivos
0.00
0.00
0.00
91%
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
0.00
0.01
0.00
49%
Protección, promoción y difusión de los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, así como de las personas indígenas y afrodescendientes privadas de la libertad.
0.00
0.01
0.00
24%
Fortalecimiento a la Excelencia Educativa
–
0.00
0.00
100%
Articulación de Políticas Integrales de Juventud
0.00
0.00
0.00
618%
Políticas de igualdad de género en el sector educativo
0.00
0.00
0.00
27%
MAYORES RECORTES
Programa
Aprobado (ene-mar)
Pagado
Dif. mmdp
Var %
Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
124.00
47.19
– 76.82
-62%
Operación y mantenimiento de la infraestructura del proceso de distribución de energía eléctrica
10.30
– 10.82
– 21.13
-205%
Operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión
5.21
– 13.62
– 18.83
-361%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
30.00
11.80
– 18.20
-61%
Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica
21.44
3.58
– 17.86
-83%
FEIP
8.16
–
– 8.16
-100%
Otras Actividades
18.00
11.54
– 6.46
-36%
Suministro de Claves de Medicamentos
5.35
01.09
– 4.25
-80%
Servicio de transporte de gas natural
14.44
10.21
– 4.23
-29%
Provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad
04.06
–
– 4.06
-100%
Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
16.27
12.92
– 3.35
-21%
Programa de Vivienda Social
3.89
0.71
– 3.18
-82%
CONACYT
2.41
–
– 2.41
-100%
Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros
5.24
2.84
– 2.40
-46%
FEIEF
2.37
–
– 2.37
-100%
Actividades derivadas del trabajo legislativo
4.42
2.11
– 2.31
-52%
Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
9.46
7.16
– 2.30
-24%
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
2.26
–
– 2.26
-100%
Administración del Sistema Federal Penitenciario
3.87
2.10
– 1.78
-46%
Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde
2.82
1.15
– 1.67
-59%
Pensiones por Causa de Muerte
2.79
1.13
– 1.67
-60%
Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud
1.35
–
– 1.35
-100%
Provisiones para el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec
1.29
–
– 1.29
-100%
Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana
2.85
1.71
– 1.14
-40%
Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento
1.75
0.62
– 1.13
-65%
Producción y distribución de libros y materiales educativos
1.16
0.09
– 1.07
-92%
Pensiones por Riesgos de Trabajo
02.01
0.97
– 1.04
-52%
Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)
2.96
1.92
– 1.04
-35%
Investigar y perseguir los delitos del orden federal
2.67
1.73
– 0.94
-35%
Prevención y control de enfermedades
2.97
02.05
– 0.92
-31%
Situaciones laborales supervenientes
0.84
–
– 0.84
-100%
Organismos financieros internacionales
03.01
2.29
– 0.72
-24%
Servicios de asistencia social integral
02.04
1.37
– 0.67
-33%
Salud materna, sexual y reproductiva
0.99
0.32
– 0.66
-67%
Coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación internacional para el desarrollo
0.58
0.02
– 0.56
-96%
Programa de Becas Elisa Acuña
0.65
0.16
– 0.50
-76%
Cuota correspondiente de los Haberes, Haberes de Retiro y Pensiones
2.25
1.76
– 0.48
-21%
Fortalecimiento a la atención médica
0.54
0.07
– 0.47
-88%
Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social
1.65
1.20
– 0.45
-27%
Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
01.03
0.62
– 0.41
-40%
Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas
0.54
0.14
– 0.41
-75%
Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes
0.43
0.03
– 0.41
-94%
Pensiones por Invalidez
0.46
0.07
– 0.39
-86%
Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)
1.61
1.23
– 0.39
-24%
Control de la operación aduanera
0.80
0.42
– 0.37
-47%
Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral
0.35
0.00
– 0.35
-99%
Programa de la Secretaría de la Defensa Nacional en Apoyo a la Seguridad Pública
1.11
0.77
– 0.34
-31%
Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía
0.97
0.64
– 0.33
-34%
Diseño de la Política Educativa
0.60
0.33
– 0.27
-45%
Operación y mantenimiento de la infraestructura en ecología
0.43
0.17
– 0.26
-60%
Recursos destinados a la transición e investigación en materia energética
0.26
–
– 0.26
-100%
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa
0.72
0.46
– 0.25
-36%
Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE
0.81
0.56
– 0.25
-31%
Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
0.70
0.46
– 0.24
-34%
Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica
1.11
0.88
– 0.23
-20%
Créditos a Corto y Mediano Plazo
0.21
0.00
– 0.21
-99%
Provisiones para infraestructura de seguridad
0.20
–
– 0.20
-100%
Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil
0.64
0.45
– 0.19
-29%
Programa de Cultura Física y Deporte
0.40
0.22
– 0.18
-45%
Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
0.60
0.43
– 0.17
-28%
Bilaterales
0.24
0.07
– 0.17
-71%
Servicios de educación normal en la Ciudad de México
0.41
0.25
– 0.16
-40%
Coordinación de las funciones y recursos para la infraestructura eléctrica
0.72
0.56
– 0.16
-22%
Gestión Administrativa
0.60
0.44
– 0.16
-26%
Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo
0.43
0.28
– 0.15
-36%
Protección y conservación del Patrimonio Cultural
0.65
0.50
– 0.15
-23%
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)
0.15
0.00
– 0.15
-99%
Otros proyectos de infraestructura
0.46
0.31
– 0.15
-32%
Programa de justicia militar
0.25
0.10
– 0.15
-60%
Servicios de pruebas, soluciones de ingeniería especializada y de gestión de calidad
0.15
–
– 0.15
-100%
Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
0.20
0.06
– 0.15
-71%
Operación y conservación de infraestructura ferroviaria
0.18
0.04
– 0.14
-77%
Proyectos de infraestructura social
0.18
0.04
– 0.14
-78%
Tecnologías de información y comunicaciones
0.25
0.12
– 0.13
-52%
Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico
0.39
0.26
– 0.13
-33%
Prestación de servicios de telecomunicaciones internos a PEMEX
0.21
0.09
– 0.13
-59%
Programa de adquisiciones
0.13
–
– 0.13
-100%
Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada
0.38
0.26
– 0.12
-32%
Rectoría en Salud
0.20
0.09
– 0.12
-57%
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
0.19
0.09
– 0.10
-100%
Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República
0.21
0.11
– 0.10
-55%
Administración y Operación de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos
0.11
0.01
– 0.10
-49%
Estímulos a la creación artística, reconocimientos a las trayectorias y apoyo al desarrollo de proyectos culturales
0.33
0.24
– 0.10
-94%
Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano
0.33
0.24
– 0.09
-29%
Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios
0.10
0.01
– 0.09
-27%
Educación Física de Excelencia
0.26
0.17
– 0.09
-89%
Programa de Apoyo a la Educación Indígena
0.08
0.00
– 0.08
-33%
Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos
0.11
0.03
– 0.07
-99%
Vigilancia epidemiológica
0.11
0.04
– 0.07
-69%
Promover la formación profesional y capacitación del capital humano
0.16
0.09
– 0.07
-65%
Servicio de Conciliación Federal y Registros Laborales
0.10
0.03
– 0.07
-46%
Programa de Inclusión Financiera
0.13
0.06
– 0.07
-68%
Representar jurídicamente a la Fiscalía General de la República
0.06
–
– 0.06
-52%
Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE
0.06
0.00
– 0.06
-100%
Subsidios y Ayudas
0.07
0.01
– 0.05
-96%
Censo Agropecuario
0.11
0.06
– 0.05
-83%
Protección y defensa de los derechos humanos
0.05
–
– 0.05
-47%
Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)
0.11
0.06
– 0.05
-100%
Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres
0.21
0.16
– 0.05
-44%
Atención al deporte
0.13
0.09
– 0.05
-23%
Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial
0.19
0.15
– 0.04
-34%
Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental
0.10
0.06
– 0.04
-22%
Normar los servicios educativos
0.04
–
– 0.04
-42%
Subsidio por cáncer ISSSTE
0.04
0.00
– 0.04
-100%
Conducción de las políticas hídricas
0.08
0.04
– 0.04
-97%
Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
0.15
0.11
– 0.04
-52%
Protección y Defensa de los Contribuyentes
0.06
0.02
– 0.04
-26%
Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
0.09
0.05
– 0.04
-62%
Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural
0.03
–
– 0.03
-40%
Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN
0.16
0.12
– 0.03
-100%
Pensiones por Cesantía
0.12
0.09
– 0.03
-20%
Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia
0.08
0.05
– 0.03
-25%
Instrumentación de la política laboral
0.03
–
– 0.03
-38%
Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica
0.12
0.09
– 0.03
-100%
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
0.11
0.09
– 0.03
-23%
Ejecución a nivel nacional de acciones de promoción y vigilancia de los derechos laborales
0.04
0.02
– 0.03
-24%
Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica
0.12
0.09
– 0.03
-63%
Regulación y supervisión de redes e infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión
0.04
0.02
– 0.03
-23%
Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales
0.03
–
– 0.03
-58%
Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)
0.03
0.01
– 0.02
-100%
Otros Proyectos
0.07
0.04
– 0.02
-76%
Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio
0.09
0.07
– 0.02
-36%
Plataforma México
0.02
0.00
– 0.02
-26%
Atender asuntos relacionados con las personas migrantes, así como impulsar las acciones de promoción en la materia.
0.06
0.04
– 0.02
-98%
Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
0.05
0.03
– 0.02
-37%
Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios
0.05
0.03
– 0.02
-41%
Diseño y Conducción de la Política Pública de Desarrollo Social
0.02
0.00
– 0.02
-34%
Indemnizaciones Globales
0.02
–
– 0.02
-87%
Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros
0.08
0.06
– 0.02
-100%
Negociación, administración y defensa de Tratados y Acuerdos Internacionales de comercio e inversión
0.04
0.03
– 0.02
-20%
Conservación y mantenimiento a los CIP’s
0.07
0.06
– 0.02
-37%
Servicios a grupos con necesidades especiales
0.02
0.00
– 0.02
-21%
Expansión de la Educación Inicial
0.04
0.03
– 0.01
-100%
Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral
0.06
0.05
– 0.01
-33%
Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública
0.01
0.00
– 0.01
-24%
Programa Nacional de Inglés
0.01
–
– 0.01
-100%
Equidad de Género
0.06
0.05
– 0.01
-100%
Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo
0.01
–
– 0.01
-22%
Atención a Personas con Discapacidad
0.05
0.04
– 0.01
-100%
Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas
0.02
0.01
– 0.01
-26%
Programa de Atención de Conflictos Agrarios
0.06
0.05
– 0.01
-64%
Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
0.04
0.03
– 0.01
-20%
Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales
0.05
0.04
– 0.01
-31%
Compensaciones de Carácter Militar con Pago único
0.05
0.04
– 0.01
-25%
Procuración de justicia laboral
0.04
0.02
– 0.01
-24%
Planeación y conducción de la política de turismo
0.03
0.02
– 0.01
-32%
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil
0.05
0.04
– 0.01
-31%
Otros proyectos de infraestructura gubernamental
0.02
0.01
– 0.01
-21%
Realizar investigación académica en el marco de las ciencias penales
0.04
0.03
– 0.01
-42%
Supervisión y verificación de concesiones en telecomunicaciones
0.01
–
– 0.01
-27%
Inversión del Servicio Meteorológico Nacional
0.04
0.03
– 0.01
-100%
Recopilación y producción de material informativo (Notimex)
0.02
0.01
– 0.01
-22%
Planeación, diseño, ejecución y evaluación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
0.04
0.03
– 0.01
-55%
Ordenamiento y regulación de la propiedad rural
0.03
0.03
– 0.01
-21%
Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte
0.02
0.01
– 0.01
-23%
Servicios de perforación, terminación, reparación, así como actividades y servicios relacionados a pozos
0.03
0.02
– 0.01
-50%
Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda
0.01
–
– 0.01
-26%
Provisión para la Armonización Contable
0.01
0.00
– 0.01
-100%
Promover la solución de controversias en materia penal federal mediante la aplicación de mecanismos alternativos
0.03
0.03
– 0.01
-61%
Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos
0.01
0.00
– 0.01
-21%
Desarrollo integral de las personas con discapacidad
0.02
0.01
– 0.01
-78%
Promover, fortalecer e impulsar los vínculos de colaboración interinstitucional; así como, diseñar y ejecutar los programas de promoción y capacitación en materia de Derechos Humanos.
0.01
0.01
– 0.01
-35%
Fomento y promoción para el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
0.01
0.00
– 0.01
-49%
Planeación, innovación, seguimiento y evaluación
0.02
0.01
– 0.01
-79%
Coordinación de la política energética en electricidad
0.01
0.01
– 0.01
-36%
Conciliación entre empleadores y sindicatos
0.02
0.01
– 0.00
-48%
Promover el desarrollo, seguimiento y evaluación de políticas públicas integrales anticorrupción y la administración de la Plataforma Digital Nacional
0.02
0.02
– 0.00
-25%
Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
0.00
–
– 0.00
-21%
Fiscalización
0.01
0.01
– 0.00
-100%
Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito
0.00
–
– 0.00
-37%
Fomento al Cine Mexicano
0.01
0.01
– 0.00
-100%
Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía
0.01
0.01
– 0.00
-43%
Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
0.01
0.00
– 0.00
-35%
Posicionar a la competencia económica en la agenda pública
0.01
0.00
– 0.00
-47%
Programa para Regularizar Asentamientos Humanos
0.01
0.00
– 0.00
-44%
Planear actividades, analizar información y resultados, supervisar acciones que contribuyan a la medición del cumplimiento de los Derechos Humanos en el país, así como generar propuestas de mejora continua.
0.01
0.01
– 0.00
-48%
Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y divulgación, así como ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos
0.01
0.01
– 0.00
-24%
Atención a refugiados en el país
0.01
0.01
– 0.00
-32%
Registro de agrupaciones sindicales
0.01
0.00
– 0.00
-30%
Operar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
0.01
0.00
– 0.00
-34%
Supervisar la observancia e incidencia de los Derechos Humanos en los centros penitenciarios en la República Mexicana.
0.01
0.00
– 0.00
-45%
Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger, supervisar y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados.
0.01
0.01
– 0.00
-37%
Ejecutar el programa de comunicación social
0.01
0.01
– 0.00
-20%
Capacitación para Incrementar la Productividad
0.00
–
– 0.00
-26%
Seguro de vida para jefas de familia
0.01
0.00
– 0.00
-100%
Evaluación del Salario Mínimo
0.00
0.00
– 0.00
-31%
Promover, fortalecer e impulsar los vínculos de colaboración interinstitucional; así como, diseñar y ejecutar los programas de educación y capacitación en materia de Derechos Humanos, considerando los Tratados y Convenciones Internacionales que obligan al Estado mexicano.
0.01
0.00
– 0.00
-58%
Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, seguimiento y evaluación del impacto de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres
0.00
0.00
– 0.00
-30%
Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos
0.00
0.00
– 0.00
-37%
Proteger y promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas.
0.00
0.00
– 0.00
-29%
Proteger y promover el respeto de los Derechos Humanos de periodistas y personas defensores de Derechos Humanos.
0.00
0.00
– 0.00
-28%
Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
0.00
0.00
– 0.00
-30%
Programa para el Desarrollo Profesional Docente
0.00
0.00
– 0.00
-91%
Promover, observar y divulgar la protección, respeto y remedio de los Derechos Humanos de las personas con alto riesgo de vulnerabilidad ante los abusos de las empresas, públicas y privadas.
0.00
–
– 0.00
-56%
Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales
0.00
0.00
– 0.00
-100%
Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH
0.00
0.00
– 0.00
-33%
Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería
0.00
0.00
– 0.00
-22%
Atender asuntos relacionados con las y los jóvenes, las personas mayores y las familias
0.00
0.00
– 0.00
-44%
Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor
0.00
0.00
– 0.00
-59%
Atender asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes
0.00
0.00
– 0.00
-30%
Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
0.00
–
– 0.00
-26%
Coordinación y apoyo de las acciones a cargo del Consejo de Seguridad Nacional
0.00
0.00
– 0.00
-100%
Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones
0.00
0.00
– 0.00
-29%
Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica
0.00
–
– 0.00
-90%
[1] Se considera la suma de los
Ramos Administrativos
[2] 2022. SHCP. Distribución del
Pago de Impuestos y Recepción del Gasto Público por Deciles de Hogares y
Personas.
[3] La inversión física directa
es aquélla realizada por las entidades del sector público sin contabilizar a
las entidades bajo control presupuestario indirecto, las Asociaciones Público
Privadas o aquélla realizada mediante trasferencias a entidades federativas.
El Gobierno quiere reemplazar un sistema de seguridad social ruinoso por otro hecho de despojos. El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) –antes Seguro Popular– no ha cumplido su misión de garantizar el acceso universal a la salud, como evidencian los indicadores de gasto y operación del programa. Aunado a esto, el Gobierno federal anunció que pretende que el IMSS-Bienestar asuma tal responsabilidad, pero al igual que su predecesor este programa no la tiene fácil, pues sus capacidades son mínimas, más que insuficientes, debido a años de estancamiento presupuestal en el sector.
En 2021 el gasto en subsidios del Insabi –que es como se
clasifica el apoyo directo a los servicios de salud– fue de sólo 50.8 mmdp, 28%
(19 mmdp) menos que el promedio de 2013 a 2018. A la par de la reducción de
gasto, el Instituto sólo dio 68.8 millones de consultas médicas; 20.8 millones
de consultas menos que el promedio del sexenio pasado.
IMSS-Bienestar tampoco arroja los mejores resultados. En
2021 gastó 14.3 mmdp, 0.2% (27 mdp) menos que en 2020 y sólo 6% (780 mdp) más
que el promedio de 2013 a 2018. Las consultas auspiciadas por este programa en
2021 fueron sólo 15.9 millones, 26% (5.4 millones) menos que las promediadas
durante el sexenio de Peña Nieto. El ligero incremento presupuestal no ha
logrado detener la caída en los servicios médicos.
De igual forma, la
infraestructura hospitalaria del IMSS-Bienestar ha estado estancada en los
últimos años, y presenta caídas en insumos médicos como camas e incubadoras.
Encima de esto, la institución sólo tiene presencia en el 54% de los municipios
del país y en 19 estados. Falta un plan
detallado de cómo se piensa federalizar este programa.
Para 2022 se aprobó un presupuesto de 23.6 mmdp para el
IMSS-Bienestar, 74% (10 mmdp) más que en 2021. Al parecer, el Gobierno ya
planeaba realizar la transición entre sistemas de salud desde el año pasado. No
obstante, a pesar de este incremento en el corto plazo, difícilmente se podrán subsanar las carencias en infraestructura,
equipamiento y capital humano que se vienen arrastrando. Veamos.
Recuperar
consultas: misión casi imposible
El
mejor año en cuanto a consultas médicas otorgadas, tanto para la población con
seguridad social como para la desprovista de ella, fue 2014. Los derechohabientes de sistemas de salud formales como
el IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar y hospitales estatales recibieron 172.3
millones de consultas, 6% (10.5 millones) más que en 2021. Por su parte, las
personas sin seguridad social formal atendidos por la Secretaría de Salud,
Seguro Popular, IMSS-Bienestar y hospitales universitarios recibieron en ese
año 159 millones de consultas, 39% (62 millones) más que en 2021.
En efecto, la salud de todos los mexicanos está peor
atendida hoy que en el sexenio pasado, pero las personas sin protección social
formal han sido las más afectadas.
El
desplome de la protección de las personas sin seguridad social se debe al
abandono del IMSS-Bienestar e Insabi/Seguro Popular. En 2021 el IMSS-Bienestar otorgó 23% (4.7 millones)
menos consultas que en 2014 y el Insabi otorgó 77% (74.6 millones) menos que
ese año. La atención de la Secretaría de Salud no asociada al Insabi alivió en
parte esta caída, al otorgar 43% (17.8 millones) de consultas más que en 2014.
Si analizamos las consultas por el número de habitantes
(que no para de crecer, mientras que las consultas caen) la realidad es mucho
peor. En 2014 se otorgaron 81 consultas en el Seguro Popular por cada 100
habitantes, pero en 2021 se otorgaron sólo 17. En el mismo periodo, el
IMSS-Bienestar pasó de dar 17 consultas a sólo 12, y para el total de la
población sin seguridad social cayó de 133 a 75 consultas por cada 100
habitantes, el segundo peor nivel registrado, a excepción de 2020.
El punto es que los dos sistemas que están en la mesa de
la arena pública el día de hoy vienen de más a menos, por lo que es difícil
pensar en una transición que beneficie a los mexicanos en el corto plazo. Si desapareciera de tajo el Insabi, el
IMSS-Bienestar tendría que otorgar 38.9 millones de consultas tan sólo para
mantener la atención de las personas sin seguridad social en 2021, es
decir, 142% (22.5 millones) más de las que otorgó el año pasado o 50% (12.9
millones) más que en 2017, su mejor año de atención.
Ahora, si se pensara en recuperar las consultas del mejor
año de atención –2014– el IMSS-Bienestar tendría que otorgar 100.6 millones de
consultas, que equivale a 5.3 veces más de las otorgadas en 2021 o cuatro veces
su máximo histórico. Será muy difícil mantener
las consultas logradas en 2021 si desaparece el Insabi, y parece casi imposible
recuperar la atención del sexenio pasado, dado el estado actual de los
institutos de salud.
Infraestructura
en el olvido
Desde el inicio del actual sexenio proyectos como trenes,
aeropuertos o refinerías han sido prioridad política; la salud, no. En 2021 la
inversión física en salud fue de 15.9 mmdp, 42% (11.3 mmdp) por debajo que la
alcanzada en 2011, año en que se registró el monto más alto en este rubro. Si
se analiza esto en términos per cápita, en
2011 el Gobierno dedicaba 236 pesos para infraestructura en salud, pero para
2021 se dedicaron sólo 122 pesos. En 2019, previo a la pandemia, se
dedicaron sólo 90 pesos.
La menor inversión ha generado incluso una pérdida de
unidades de consulta médicas, como centros de salud, clínicas, unidades móviles
o unidades de medicina familiar. En 2021, todas las instituciones de salud,
tanto para la población asegurada como no asegurada, contaron con 20,285 unidades
médicas, 5% (1,009) unidades menos que el máximo alcanzado en 2017. En el caso
de hospitales generales, regionales o de especialidad no hubo una contracción,
al contario: se registraron 1,512, un aumento de 10% (134 hospitales). Gran
parte de este aumento se debió a la reciente conversión de unidades médicas a
hospitales ante la pandemia por covid-19.
Sin embargo, la infraestructura hospitalaria del
IMSS-Bienestar no mejoró durante la pandemia. Se ha mantenido en 80 hospitales
desde 2014. El número de unidades de consulta cayó a 3,987, un 6% (248
unidades) menos frente al máximo de 2017. Por otro lado, los hospitales
exclusivos del IMSS llegaron a 277 en 2021, 4% (11) más que en 2017 y las
unidades de hospitalización fueron 1,167, 2% (22) más. Como se puede ver el
IMSS-Bienestar registra más unidades de consulta que el IMSS, pero menos
hospitales. Es decir, la mayoría de las unidades del IMSS son también del
IMSS-Bienestar y atienden a personas sin seguridad social, pero la mayoría de
los hospitales son exclusivos de la población con seguridad social formal.
En el caso de la SSA los hospitales en 2021 llegaron a
824, 10% (72) más frente al máximo de 2017, pero las unidades médicas cayeron
en 5% (718 unidades), a 13,680. En este caso, hay que notar que tanto en
hospitales como en clínicas, la SSA tiene más infraestructura que el
IMSS-Bienestar y el IMSS juntos[1].
El estancamiento o la caída de las unidades médicas se
relaciona con la baja inversión en ambas instituciones. El mejor año de
inversión de la SSA fue en 2010, con 32 mmdp o 281 pesos por persona. En 2021
se invirtieron sólo 88 pesos por persona o 11.4 mmdp. Para el IMSS, su mejor
año de inversión fue en 2011, con 12.4 mmdp o 107 pesos por persona, pero en
2021 la inversión cayó a 3.5 mmdp o sólo 27 pesos por persona.
Revertir el abandono de la inversión pública en salud será
una tarea de años: una mejora en el presupuesto de 2022 no basta. Aunque en
2020 hubo un pico en la inversión por el covid-19, con el que se logró impulsar
la capacidad hospitalaria, hay un menor número en el resto de unidades médicas,
las cuales generalmente se encuentran en los sitios más apartados y atienden a
las personas más vulnerables.
Insumos
y personal: no dan las cuentas
Desde finales del sexenio pasado, en 2018, los principales
indicadores de insumos médicos y de personal han tenido ligeros incrementos,
aunque en distinta proporción para cada sistema de salud. En pocas palabras, la
Secretaría de Salud ha sido la más beneficiada, mientras que el IMSS-Bienestar
ha visto mejoras minúsculas. Sin embargo, el
principal cuestionamiento es que la SSA tiene más camas, consultorios,
quirófanos y médicos que todo el IMSS-Bienestar y el IMSS juntos, por lo que se
ve difícil una transición entre los dos sistemas.
Una posible explicación de la diferencia de capacidades de
la Secretaría de Salud e IMSS es que la información de la SSA contiene no sólo
aquellos centros de salud federales, sino también de las Secretarías de Salud
estatales. Es posible que la mejora en los indicadores y la gran diferencia de
infraestructura se deba al esfuerzo y tamaño de las unidades estatales, pero
esto no es posible saberlo, ya que los datos no se presentan desagregados. En
cualquier caso, el Insabi funciona tanto en centros de la SSA federal como
estatal.
El primer insumo médico que se encuentra estancado son las
camas censables, aquéllas destinadas a la hospitalización. La Secretaría de
Salud (federal y estatal) llegó en 2021 a 42.2 mil unidades, un aumento de 8%
(3.1 mil) respecto a 2018. Por su parte, el IMSS-Bienestar llegó a 2.8 mil
camas, un aumento de 9%, pero que equivale sólo a 221 unidades más. Es decir,
la SSA tiene 15 veces más camas que el IMSS-Bienestar. Incluso utilizando todas
las camas exclusivas del IMSS (34.4 mil), no se podrían igualar los números de
la SSA.
En el caso de consultorios, la Secretaría de Salud cerró
2021 con 42.2 mil, 3% (1.2 mil) más que en 2018, mientras que el IMSS-Bienestar
cerró en 5.9 mil, 10% (543) más que en 2018. Esto quiere decir que la SSA tiene
siete veces más consultorios y ni sumando los 19.3 mil consultorios del IMSS se
igualaría la cifra.
Respecto a los quirófanos, la SSA cerró 2021 con 1,932
unidades, 3% (55) más que en 2018, mientras que el IMSS-Bienestar tuvo 90, sólo
un quirófano más que en 2018. De igual forma, sumando los 1,364 quirófanos del
IMSS no se igualaría la cifra del sistema SSA federal y estatal.
Finalmente, se estima que la SSA cerró 2021 con 114 mil
médicos, 6.3% (6.7 mil médicos) más que 2018. Por su parte, el IMSS-Bienestar
cerró con 6.3 mil médicos, una caída de 9,9% (693). Ni sumando los 85.6 mil
médicos exclusivos del IMSS se podría igualar la cantidad de personal de la
SSA.
Es
urgente que el Gobierno aclare el plan de transición del Insabi hacia el
IMSS-Bienestar tanto en infraestructura hospitalaria, insumos y personal,
porque las cuentas simplemente no dan. Es improbable que el IMSS aporte más infraestructura al
IMSS-Bienestar, ya que ésta ya está saturada y, como hemos expuesto, no sería
suficiente para igualar los números de la Secretaría de Salud. Lo más probable es que el IMSS-Bienestar
ahora administre los centros de la SSA, con lo cual se seguirán enfrentando las
actuales limitaciones del sistema actual del Insabi.
Reglas
de operación menos precisas
El 24
de diciembre de 2021 se publicaron las nuevas Reglas de Operación (ROP) para el
programa IMSS-Bienestar de 2022. De 2018 a 2021 no habían sufrido ningún cambio sustancial, pero
para este año la modificación es notoria. De nuevo, se nota que el Gobierno ya
tenía en mente una reforma al sistema de salud de las personas sin protección
social. ¿El principal cambio? La
ambigüedad con la que se redactó el catálogo de servicios otorgados a la
población.
En 2022 en la atención ambulatoria se contemplan cinco
conceptos[2]:
consulta de medicina general, atención a urgencias básicas, medicina
preventiva, atención a la salud mental y atención a enfermería. Por su parte,
en la atención hospitalaria se contemplan 11 conceptos, como consulta externa
de medicina familiar, consulta externa de especialidades, atención a urgencias,
hospitalización, intervenciones quirúrgicas, medicina preventiva, entre otras.
Ha de notarse la ambigüedad de la descripción de servicios otorgados, en
especial si se compara a las ROP pasadas.
Anteriormente, para la atención ambulatoria se
contemplaban 19 conceptos[3],
tan específicos como control prenatal a embarazadas de bajo y
alto riesgo y vigilancia del puerperio; atención a
enfermedades crónicas (diabetes e hipertensión); entrega gratuita de medicamentos
asociados a las intervenciones en salud, entre otras. Además, para la
atención hospitalaria se contemplaban 17 conceptos como atención de parto
y puerperio; hospitalización pediátrica y adultos (medicina
interna, cirugía general y gineco-obstetricia); servicios auxiliares
de diagnóstico (Laboratorio, Rayos «X» y
ultrasonido), entre otras.
Algunos podrán pensar que la ambigüedad significa que el
IMSS-Bienestar ahora abarcará muchos más servicios que antes no estaban
especificados. Sin embargo, el riesgo es que sin un cuadro específico de beneficios ante el incumplimiento de la
autoridad, las personas tendrán menos bases para demandar legalmente la
atención del IMSS-Bienestar. Al dejarlo todo nebuloso la rendición de
cuentas es más laxa. No hay promesa más fácil que la que no es precisa.
La
desprotección en el sistema actual
A partir de la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares
(ENIGH) 2020 del Inegi, es posible entender que el Insabi no garantiza la
protección social de las familias. Las
personas que sólo tienen este tipo de protección en salud se ven obligados a
recurrir a médicos privados y a gastar más de su ingreso que las personas más
favorecidas.
De la población total que declaró estar inscrita al Insabi
en 2020 (98 mil), el 63.9% respondió haber tenido problemas de salud y buscar
atención médica. Sin embargo, la mayoría utilizaron consultorios privados (en
el 31.18% de los casos) y consultorios privados de farmacias (en el 16.38% de
los casos). Sólo 2.1% recurrió al Insabi.
Por su parte, los encuestados que declararon estar
inscritos al IMSS (114,737), el 67.97% reportaron haber tenido problemas de
salud durante el periodo de la encuesta y buscar atención médica. La gran
diferencia es que la mayoría buscó atenderse en el IMSS; aprovecharon este
servicio en un 46.26%, y un 28.55% acudió a consultorios privados. Es decir,
las personas con seguridad social formal confiaron más en el IMSS y tuvieron que
recurrir en menor medida a los médicos privados. Además, las personas que tenían acceso a
ambos servicios, sólo el 0.12% prefirió atenderse en el Insabi.
Asimismo,
la ENIGH permite observar que las personas de los deciles más pobres gastan más
en salud en proporción a su ingreso, situación que se vio agravada con la
pandemia. En 2018 el 10% más pobre del
país gastó[4]
5.05% de su ingreso, pero para 2020 gastó en total 6.77%. En contraparte, el
10% más rico gastó 3.22% de su ingreso en 2018 y para 2020 un 3.83%. Como se
ve, la falta de un sistema de salud universal hizo que durante la pandemia el
gasto como proporción a los ingresos aumentara más para la gente de menos
recursos, profundizando el ciclo vicioso de la pobreza.
El febrero se agravó el abandono del Insabi
Para enero de 2022 detectamos una caída descomunal en el
gasto del Insabi, que se correspondía con el desplome de consultas del
instituto. No fue un tropiezo de inicio de año: la caída en el gasto del
instituto encargado de proteger a la población más vulnerable sigue en el
suelo.
Al mes de febrero el gasto del Insabi fue de 1.7 mmdp, 75%
(5.2 mmdp) menos que en el mismo periodo de 2021 y el menor monto registrado.
Además, el instituto ha dejado de gastar 91% (18.3 mmdp) de recursos que tenía
calendarizados para el segundo mes del año.
Lo anterior ha ocasionado que sólo se otorguen 2.3
millones de consultas, 21% (632 mil) menos que en el mismo periodo de 2021 u
80% (9.6 millones) menos que en 2018, antes de que desapareciera el Seguro
Popular.
Este menor gasto sigue afectando principalmente a las
personas más desfavorecidas: la gente con enfermedades crónico-degenerativas,
mujeres y adultos mayores.
Se realizaron 550 mil consultas para atender enfermedades
crónico-degenerativas, 32% (258 mil) menos que en 2021 o 74% (1.5 millones )
menos que en 2018. Asimismo, las consultas para mujeres se redujeron en 22%
(483 mil) frente a 2021 o 79% (6.4 millones) respecto a 2018.
Los
retos inmediatos del ‘plan oficial’
El plan del Gobierno, en el sentido de federalizar la
salud pública a partir del modelo del IMSS-Bienestar debe contestar una larga
serie de preguntas.
Necesitamos saber cómo se involucrará a los 13 estados que
actualmente no forman parte del programa. Es improbable que más unidades
hospitalarias del IMSS pasen a formar parte del IMSS-Bienestar, debido a la ya
saturada red del instituto. Lo más probable, como dijimos, es que el
IMSS-Bienestar administre ahora la infraestructura del Insabi, es decir, de la
Secretaría de Salud de la Federación y de los estados.
En este último escenario, la administración del sistema de
salud, a través de un programa con Reglas de Operación (ROP) probadas, sí
podría ser capaz de mejorar la gobernanza de los hospitales en México, pero no bastará cambiar de marca o pintar la
fachada para garantizar los derechos de los ciudadanos. Por eso nos
preocupa tanto la modificación de las ROP de este programa, que resultó en
estatutos menos precisos.
Será necesario una gran inversión en el sector que
revierta los años de estancamiento en la infraestructura e insumos
hospitalarios, al igual que una mejora en gestión médica para contrarrestar la
menor atención que se ha venido otorgando tanto para la población asegurada
–IMSS, ISSSTE, etc– como para la
población no asegurada en el Insabi o IMSS-Bienestar. Esto es una bomba de
tiempo: las cifras de 2022 nos muestran que el desplome de la atención médica
no para de agravarse.
[1] Cuando se habla de la
infraestructura del IMSS se refiere a aquella que es exclusiva de la población
con seguridad social inscrita al instituto. Los derechohabientes del IMSS
también pueden acceder a las clínicas y hospitales del IMSS-Bienestar pero no viceversa.
Hasta mayo se ejerció el 36% del gasto funcional en salud aprobado para todo el año. El gasto acumulado fue de 186.2 mmdp, monto 9.1% (20.2 mmdp) mayor al observado en los primeros cinco meses de 2020.
El análisis del gasto observado en las principales
instituciones de salud, con respecto a lo que se les aprobó para el periodo,
arrojó lo siguiente:
El gasto en la Secretaría de Salud, en el IMSS, el ISSSTE y las transferencias a estados a través del FASSA acumularon hasta abril 262.6 mmdp, un monto que sobrepasó por 0.2% (0.5 mmdp) al aprobado.
Si desagregamos por institución, descubrimos que la Secretaría de Salud, el FASSA y el IMSS gastaron 1% (0.3 mmdp), 3% (1.1 mmdp) y 13% (14.3 mmdp) más de lo aprobado, respectivamente.
Sigue preocupando el gasto del ISSSTE, que acumuló un recorte de 29% (-15.2 mmdp). El rubro más afectado por esta reducción es la inversión física, la cual fue 76% (-0.37 mmdp) menor a la realizada en el mismo periodo de 2020.
El Insabi, el cual forma parte de la Secretaría de Salud, reportó un gasto de 32.7 mmdp, monto 2% (0.6 mmdp) mayor al gasto aprobado. Hasta mayo, el instituto transfirió 28.4 mmdp a las entidades federativas a través del programa de Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social. No conocemos todavía el monto aprobado hasta mayo, pero si los recursos transferidos se comparan con los erogados el año pasado, deducimos que hubo una reducción anual de 18.1% (-6.3 mmdp) y en 31 entidades federativas la caída anual fue mayor a 40%. El número de consultas en unidades de consulta externa y hospitalización del Insabi se redujo en 53%, y la cantidad de egresos lo hizo en 50%. Al comparar con el mismo periodo de años anteriores, observamos una drástica reducción en los servicios médicos ofertados.
Hasta mayo el gasto funcional[1] en salud acumuló 241.2 mmdp. Con
respecto al gasto ejercido en el mismo periodo de 2020 hay un aumento de 9.1%.
Este año se ejercieron 20.2 mmdp más que en el año pasado. Con respecto a lo
aprobado para todo el año, se gastó el equivalente a 36%.
En el gasto mes a mes, tan sólo en mayo el gasto aumentó 18%
(16 mmdp) anual; el gasto de este mes fue mayor al erogado en los últimos dos
años.
Gasto de las principales
instituciones del sector salud hasta mayo de 2021
A falta de información oportuna por institución del gasto
funcional en salud[2],
en esta sección le damos seguimiento al gasto realizado por las principales
instituciones de salud sin incluir el pago de pensiones y jubilaciones (en el
caso IMSS y el ISSSTE).
En conjunto, las instituciones reportaron un avance de 37%
con respecto al presupuesto anual aprobado. Por institución, el FASSA reportó
el mayor avance con relación a sus metas anuales: 40%. Debido a los recortes
observados en el gasto, el ISSSTE ha gastado el equivalente a 33% del
presupuesto anual. El IMSS y la Secretaría de Salud reportaron un avance de 37%
y 38%, respectivamente.
El gasto en conjunto de la Secretaría de Salud, del IMSS y el
ISSSTE y las transferencias a estados a través del FASSA acumuló hasta mayo
262.6 mmdp, un monto muy similar al aprobado. De hecho, exhibió un ligero
sobregasto de 0.2% (0.5 mmdp). No obstante, fue 10.7% (25.3 mmdp) mayor al que
se observó en el mismo periodo de 2020.
Sólo el FASSA y el IMSS acumularon un sobregasto, de 13%
(26.3 mmdp) y 3% (1.1 mmdp), respectivamente. En contraste, el ISSSTE acumuló
un recorte de 29% (-15.2 mmdp) con respecto al presupuesto aprobado hasta mayo.
La Secretaría de Salud también reportó un subejercicio, aunque en menor medida:
1% (0.3 mmdp).
Al comparar el gasto de las instituciones con el que
realizaron el año pasado, observamos que es el IMSS es la que reportó el mayor
incremento anual: 25.8% (25.3 mmdp). En contraste, el gasto del ISSSTE cayó
4.3% (-1.6 mmdp) con relación al ejercido el año pasado; le siguió el FASSA,
con una reducción de 1% (0.4 mmdp). La Secretaría de Salud aumentó su gasto en
2.1% (1.1 mmdp).
Clasificación económica del gasto en
salud por institución
Aunque el gasto total de las instituciones de salud aumentó
anualmente 10.7%, este incremento no se reflejó en todos los componentes de la
clasificación económica. Los incrementos del gasto sucedieron en dos rubros: el
gasto en servicios personales (10%) y en otros gastos de operación (14%).
Entretanto, los demás conceptos tuvieron caídas anuales importantes, como es el
caso de la inversión física (-46%) y el concepto de ayudas y otros gastos
(-192)%.
Entre enero y mayo el 89% del gasto de la Secretaría de Salud
se ejerció a través de “Subsidios, transferencias y aportaciones”; éstas fueron
3% mayores a las observadas en 2020, y con respecto al presupuesto programado
aumentaron 4%. Sólo 5% del gasto de esta secretaría se destinó al pago de
nómina, rubro que acumuló una caída anual de 8%. En inversión física se destinó
sólo 4% del presupuesto y reportó un aumento anual de 34%. El 1% restante se
ejerció en ayudas y otros gastos; este concepto tuvo un aumento anual de 45%.
En relación con el avance del gasto, hasta mayo el IMSS
ejerció 70% de su presupuesto en el pago de nómina. Los 89.9 mmdp destinados a
este rubro tuvieron un incremento anual de 13%. Para otros gastos de operación
el instituto destinó 34% de su presupuesto y reportó un incremento anual de
62%. Sólo 0.4% del presupuesto del IMSS
se ejerció en inversión física, la cual tuvo una caída anual de 78%.
Por su parte, el ISSSTE ejerció 18.8 mmdp en el pago de
nómina, 51% de su presupuesto. Este año, el pago de nómina fue 1% mayor al
observado en 2020 y 4% menor al monto programado en el año. En otros gastos de
operación el instituto ejerció 11.2 mmdp, lo que equivale a 30% de su
presupuesto. El gasto en operación tuvo una caída anual de 45%, y se quedó
corto en 64% con respecto al gasto programado.
El FASSA a detalle
Hasta mayo se transfirieron 44 mmdp a las entidades
federativas a través del FASSA, el equivalente a 40% del presupuesto aprobado
en el año. Este monto es 1.0% menor al transferido el año pasado, pero se
encuentra 3% por arriba del monto calendarizado en el PEF 2021.
El análisis del gasto per cápita revela que Colima (840.4),
Campeche (750.1) y Zacatecas (636.9) son los estados que más recursos
recibieron por habitante, y en el otro extremo se encuentran Guanajuato
(244.7), Nuevo León (232.2) y CDMX (229).
Con respecto al año pasado, el gasto per cápita fue mayor en
14 estados. El mayor incremento se observó en Sonora (6.0%), Nayarit (5.1%) y
Baja California (3.9%). El resto de los estados tuvieron caídas en los recursos
recibidos por habitante, y en los siguientes éstas fueron mayores a 5%: Yucatán
(-5.8%), Michoacán (-5.8%), Q. Roo (-6.1%), Nuevo Léon (-9.2%), Aguascalientes
(-11.0%) y Querétaro (-14.8%).
Gasto de las instituciones de salud
en mayo
Sólo para
mayo, el gasto aprobado en el IMSS, el ISSSTE, el FASSA y la Secretaría de salud
fue de 51.6 mmdp. Sin embargo, se ejercieron 65.5 mmdp. Es decir, hubo un
excedente de 26.9% (13.9 mmpd) en el gasto.
Efectivamente, en este
mes las principales instituciones de salud aceleraron el gasto. El ISSSTE rompió la racha de
subejercicios que registraba desde enero, al gastar 44.8% más de lo aprobado.
La Secretaría de Salud también tuvo un sobregasto de 38.5% y IMSS ejerció 27.2%
más recursos de lo previsto, encadenando dos sobrejercicios consecutivos.
En lo que va del año, este es el primer mes en el que se
registra un sobrejercicio importante. Ya que en meses anteriores los
subejercicios y sobregastos no distaron mucho del presupuesto original, excepto
en enero, cuando hubo un subejercicio de 28.9%.
Por institución, la Secretaría de Salud reportó más
variaciones en el gasto con respecto al presupuesto original. Si bien hubo
subejercicios en enero (-85.8%) y en abril (-9.9%), éstos no se compararon en
magnitud a los sobrejercicios reportados en febrero (89.9%), marzo (262.4%) y
mayo (38.5%). El gasto del IMSS también ha sido muy diferente al aprobado; se
observaron recortes en febrero y marzo y sobrejercicios mayores a 20% en enero,
abril y mayo. La institución que más preocupaba en el avance del gasto mes a
mes era el ISSSTE, ya que en los cuatros meses reportó recortes en el gasto que
superan el 30%, una tendencia que, como decimos, se rompió en mayo.
Inversión acumulada entre enero y
mayo
La inversión física ejercida en el periodo fue de 2.6 mmdp,
16% mayor a la programada hasta mayo, pero con una caída anual de 46%. Con
respecto a su meta anual, reportó un avance de 16%.
Este año, el gasto de la Secretaría de Salud apuntala la
inversión física. Hasta mayo, ejerció 36% del presupuesto aprobado en el año, y
reportó un sobregasto de 233%, al ejercer 1.9 mmdp en lugar de los 0.5 mmdp
aprobados. Este sobregasto ocasionó que la inversión fuera 34% mayor a la
ejercida en el 2020.
El IMSS y el ISSSTE reportaron rezagos en el gasto en este
rubro. El IMSS tuvo un avance de 6.3% con respecto a su meta anual; en el
periodo ha gastado sólo 0.5 mmdp de los 1.15 mmdp aprobados, exhibiendo un
recorte de 53% y una caída anual aún más dramática, de 86%. Por su parte, el
ISSSTE ejerció sólo 6% del presupuesto anual, esto equivale a 0.12 mmdp. La inversión
física de este instituto se encuentra 76% por debajo del gasto programado en el
periodo, y es 86% menor a la observada en 2020.
Ante estos recortes tan dramáticos, no sorprende que el 74%
de la inversión física realizada en el periodo sea de la Secretaría de Salud,
21% del IMSS y 5% del ISSSTE.
Inversión física en mayo
En el mes de mayo se tenía previsto un gasto en inversión
física de 0.8 mdp; de éstos se
ejercieron 0.35 mdp, 58% menos gasto que el programado en el mes. El
presupuesto original considera recursos para el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría
de Salud. La Secretaría de Salud gastó 3% más de lo aprobado, el IMSS
subejerció 68% y el ISSSTE 64%.
Insabi
Al mes de mayo el Insabi acumula un gasto de 32.7 mmdp, monto que se encuentra 2% arriba del gasto programado. Los rubros de subsidios, transferencias y aportaciones y ayudas y otros gastos representan 89% del presupuesto de este instituto. El primer rubro exhibió un recorte de 50% con respecto al presupuesto aprobado en el periodo. En contraste, el monto destinado al pago de nómina tuvo un sobregasto de 126%.
De los 32.7 mmdp gastados por esta secretaría, 28.4 mmdp se transfirieron a las entidades federativas a través del programa de Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social, monto 18.1% menor al transferido el año pasado. Cuando desagregamos las transferencias a los estados, observamos que en 31 entidades federativas hubo una caída anual mayor a 40%. Sólo en CDMX las transferencias incrementaron 152% con respecto a 2020.
Con respecto a los servicios que
presta el Insabi, observamos caídas en el número de consultas y egresos de las
unidades de consulta externa y hospitalización. Con respecto al año pasado, las
consultas se redujeron en 53%, y los egresos en 50%. Cabe mencionar que la
reducción en el número de consultas se observa desde 2019.
[1] El gasto funcional en salud incluye el
presupuesto de las Aportaciones a Seguridad Social, del FASSA, el IMSS, el
ISSSTE, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional, que tiene como objetivo la prestación de
servicios de salud, productos, útiles y equipo médico, productos farmacéuticos,
aparatos y equipos terapéuticos.
[2] En los reportes mensuales de la SHCP el gasto funcional en salud
no se puede desagregar por ejecutor. Por lo tanto, a partir de esta sección y
en adelante se realiza el seguimiento del gasto neto total de la Secretaría de
Salud, el IMSS y el ISSSTE sin incluir el gasto en pensiones y jubilaciones
como un aproximado del gasto funcional en salud. Dentro del gasto analizado en
esta sección y en las siguientes, se incluye parte del presupuesto de estas
secretarías destinado a funciones de salud, ciencia, tecnología e innovación,
coordinación de la política de gobierno y protección social.
