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Etiqueta: Pemex

Opaca Pemex mayor fiscalización al 1T de 2025 

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Finanzas Públicas, Trimestrales.

Con mínimo margen fiscal, el Gobierno enfrenta dificultades justo en un momento en que la actividad económica se desacelera ante riesgos externos.

La economía mexicana enfrenta una encrucijada fiscal al inicio de 2025. A pesar del esfuerzo de los contribuyentes y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por sostener la recaudación en un contexto de estancamiento económico, los ingresos del Gobierno federal se han visto mermados. ¿La causa? El bajo desempeño de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya caída en la producción de crudo ha ampliado el boquete que la paraestatal representa para las finanzas públicas.

En el primer trimestre del año, los ingresos petroleros se ubicaron 30% por debajo de la meta, arrastrando a la baja los ingresos totales del Estado. Éstos quedaron 63 mil millones de pesos (mmdp) por debajo de lo programado. La situación se agrava por la política fiscal de apoyo a la petrolera estatal, que continúa absorbiendo recursos públicos en lugar de generarlos.

Para complicar el panorama, la política comercial de Donald Trump en Estados Unidos ha introducido una dosis adicional de incertidumbre sobre el comercio y la inversión, factores clave para la economía mexicana. Con menos margen fiscal, el Gobierno enfrenta dificultades para aplicar medidas de estímulo económico, como el aumento del gasto en inversión o en programas sociales, justo en un momento en que la actividad económica se desacelera ante riesgos externos.

Incluso con los ingresos extraordinarios aportados este año por el Remanente de Operación del Banco de México a las arcas públicas, el Gobierno de México se encuentra francamente desarmado para enfrentar la desaceleración económica y garantizar el bienestar de los ciudadanos. 

Impuestos a contracorriente de la economía

El panorama económico del primer trimestre del año presenta un escenario paradójico. Por un lado se observa un crecimiento económico prácticamente nulo. Por otro lado, se registra una recaudación tributaria que supera las metas. 

En el primer trimestre de 2025, los ingresos tributarios alcanzaron 1,522.1 mmdp al cierre de marzo, superando por 37.8 mmdp (2.5%) a la meta establecida. Se trata de un crecimiento de 17.6% frente al mismo periodo de 2024, la mayor tasa registrada desde 2015. 

El buen desempeño de los ingresos tributarios es sorpresivo incluso para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2026, la autoridad hacendaria estimó que los ingresos tributarios se mantendrían sin cambios en 2025 frente al estimado original para el año. 

La mejora recaudatoria contrasta con el comportamiento general de la economía que registró un débil crecimiento de apenas 0.2% al primer trimestre1. En teoría, una economía en desaceleración conlleva menor creación de empleo y de intercambios comerciales, lo que reduce el cobro de impuestos. 

Sin embargo, de mantenerse este comportamiento en los ingresos tributarios, es posible que, pese a una mayor desaceleración económica, sí se cumplan los objetivos de recaudación planteados en el año. Hay que recordar que los más de 40 especialistas en economía encuestados por el Banco de México (Banxico)2 estimaron en el mes de abril que la economía mexicana crecerá sólo 0.2% del PIB en 2025. 

El as bajo la manga del Gobierno 

Desde 2018, la recaudación de impuestos ha sido menos dependiente del crecimiento económico debido a la mayor fiscalización informal aplicada a los contribuyentes. Año tras año, el Gobierno ha roto récords en la fiscalización, lo que ha permitido un crecimiento constante de los ingresos tributarios. Este año parece no ser la excepción. 

La recaudación por cobranza sin judicialización alcanzó, en el primer trimestre de 2025, un monto de 316.7 mmdp, cifra que representa un incremento de 31.3% (75.6 mmdp) frente al mismo periodo de 2024 o de 269.8 mmdp (575%) respecto al mismo periodo de 2018. Se trata del monto más elevado para un primer trimestre desde que se tiene registro. 

Estas medidas informales de fiscalización provienen de una serie de acciones emprendidas por el SAT para limitar las devoluciones y compensaciones. Esto se logra a través de operaciones de cobranza que no conllevan la determinación de un crédito fiscal formal, evitando que deriven en conflictos legales.

Entre las estrategias se encuentran las cartas invitación que exhortan a los contribuyentes a acudir a las oficinas del SAT, así como las comunicaciones telefónicas y mensajes de texto que promueven la regularización de la situación fiscal por iniciativa propia. El incentivo, tanto para los contribuyentes como para el SAT, es evitar una costosa auditoría que conduzca a un crédito fiscal y posiblemente, a un juicio.

La cobranza formal en potencia 

La otra carta con la que cuenta el Gobierno para aumentar su recaudación de impuestos —pese al mal desempeño de la economía— es la recuperación de adeudos formales. Aunque los ingresos por esta vía han sido limitados en los últimos años, los cambios en la independencia del Poder Judicial podrían mejorar el panorama para el fisco. 

A diferencia de los mecanismos informales que buscan la “auto corrección” de los contribuyentes, los mecanismos formales se basan en la determinación de créditos fiscales. Éstos son adeudos reconocidos formalmente por el SAT, y normados en el Código Fiscal de la Federación, que siguen un claro procedimiento administrativo: determinación, notificación, posibilidad de impugnación y cobro. 

En el primer trimestre de 2025, el monto de créditos fiscales recuperados por el SAT ascendió a 12.8 mmdp, 19.2% (3 mmdp) menos que en el periodo de enero a marzo de 2024. Esto significa que el SAT obtuvo 25 veces más recursos por medios informales que mediante el cobro formal de adeudos. 

Destaca además que los créditos recuperados representaron sólo el 0.44% del total de la cartera de créditos fiscales acumulados a la fecha (2.9 billones de pesos). Se trata de la proporción más baja registrada en por lo menos 15 años. 

La baja recuperación de créditos fiscales de parte del SAT se debe a que estas deudas se cobran a través de un procedimiento jurídico. En él, los pagadores de impuestos tienen la opción de impugnar los adeudos ante el propio SAT o recurrir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). En estos casos, se dice que un crédito fiscal se encuentra controvertido, lo que complica su recuperación. 

Si bien al cierre de marzo se registró un saldo acumulado de 2.9 billones de pesos en créditos fiscales (récord histórico que representa un incremento de 181.5% en comparación con el mismo periodo en 2019), el 66% de estas obligaciones se encuentra en controversia al no ser reconocidas por los propios contribuyentes. Se trata de la mayor proporción registrada en por lo menos 15 años. Es muestra de que los contribuyentes reconocen cada vez menos los adeudos que les imputa el SAT. 

Aunque de momento la recuperación de créditos del SAT se ha visto limitada por procesos legales, esto podría cambiar con la elección popular de miembros del Poder Judicial. Cuando un contribuyente no está de acuerdo con las determinaciones del TFJA, puede presentar un amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito y, de perder dicho amparo, recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto alarga todavía más la recuperación de deudas para el fisco. Si en la elección judicial no se garantiza la imparcialidad de los jueces de dichas instancias, el Gobierno tendría más capacidad de cobro de adeudos, en detrimento de los derechos de los contribuyentes. 

Pemex tira los ingresos del Gobierno

El esfuerzo de los contribuyentes —y del SAT— para incrementar la recaudación tributaria en un contexto de desaceleración económica, fue desperdiciado por el mal desempeño de Pemex. 

Según la Secretaría de Hacienda, la producción de hidrocarburos líquidos (crudo y condensados) durante el primer trimestre de 2025 fue de 1,695 miles de barriles diarios (mbd), 175.3 mbd (9.4%) por debajo de la meta. Por su parte, la producción de crudo (sin condensados) fue de sólo 1,439 mbd, 124 mbd (8%) por debajo de la meta. Este nivel es el más bajo registrado desde 1990, lo que refleja que la productividad de Pemex está lejos de mejorar. 

El persistente desempeño deficiente de la empresa estatal no solo afecta las metas productivas, sino que impacta directamente en los ingresos petroleros, los cuales continúan alejándose de las proyecciones establecidas por la SHCP. Durante el primer trimestre del año, esta brecha fue de 30.3% o 99 mmdp. Desde 2022, no se ha cumplido con la meta de ingresos petroleros. 

En perspectiva histórica, de 2019 a 2025 los ingresos totales provenientes de la explotación del crudo mostraron una disminución de 5.5% (equivalente a 13.2 mmdp). Sin embargo, el impacto ha sido diferenciado: mientras los ingresos petroleros del Gobierno federal sufrieron durante ese periodo una reducción de 55.5% (13.2 mmdp), Pemex incrementó sus ingresos 84.1% (72.6 mmdp). Esto de debe a la reducción de la tasa de derechos cobrados a la petrolera tanto en la modalidad previa del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) como en el esquema actual del Derecho Petrolero para el Bienestar (DPB).

Aunque la Federación recibió más recursos petroleros de parte de Pemex en el primer trimestre de 2025 versus 2024, se mantuvo la política de devolverle parte de la renta petrolera vía transferencias financieras. A través de la Secretaría de Energía (Sener), el Gobierno federal le regresó a Pemex, 80.5 mmdp. De esta forma, en lugar de obtener ganancias por 68.7 mmdp de renta petrolera, el Estado tuvo una pérdida neta de 11.8 mmdp.

Las transferencias que realiza la Administración a Pemex son utilizadas para mantener a flote a la petrolera. En el primer trimestre de este año, registró pérdidas por 43 mmdp3. De mantenerse esta tendencia, el Gobierno federal se verá obligado a mantener el apoyo fiscal a Pemex a costa de reducir sus ingresos para otras políticas públicas. 

Como adelantamos en nuestro Erario al Momento de marzo, los ingresos totales del Estado se quedaron 2.9% o 63.2 mmdp por debajo del programa, debido al desplome de las ganancias petroleras. La situación es igual de grave en el caso de los ingresos del Gobierno federal, que son recursos que financian el gasto en salud, seguridad o educación. Éstos ingresos, principalmente tributarios, no contemplan las contribuciones de las empresas públicas, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Las cifras oficiales muestran que los ingresos del Gobierno federal fueron 2.3% (39 mmdp) mayores a lo estimado al primer trimestre. No obstante, si descontamos las transferencias financieras hacia Pemex, se quedaron 2.5% o 41.1 mmdp por debajo de la meta al primer trimestre. En esta métrica, desde 2022 no se han cumplido los ingresos de la federación en los tres primeros meses del año, lo que ha generado recortes al gasto público. 

Entre la contención del déficit o estimular la economía

Aunque el Gobierno registró mayores ingresos durante el primer trimestre del año, esto no se tradujo en un incremento del gasto público. Por el contrario, se aplicó un recorte del 5.9% (142.1 mil millones de pesos) en comparación con el mismo periodo del año anterior. La razón del recorte: controlar el déficit. 

La reducción del gasto público se ha dado en conceptos que afectan directamente a la población. Así, se redujeron las transferencias y subsidios monetarios que forman parte de los programas sociales. Este concepto del gasto presenta una caída real de 31.7% (161.3 mmdp) frente al primer trimestre del año anterior. 

Esta caída es contraria a la intención de Hacienda de impulsar el crecimiento económico precisamente a través de estos programas. De acuerdo con el plan que presentó el Secretario de Hacienda el pasado 6 de mayo, se busca estimular la demanda interna de la economía por medio de los programas sociales y las compras gubernamentales4. De acuerdo a su argumento, contar con un mercado interno con mayor capacidad de compra permitiría la sustitución del 10% de importaciones manufactureras. 

Visto de este modo, la Secretaría de Hacienda quiere reactivar la economía con enfoque keynesiano, estimulando la demanda de los hogares mediante un aumento en las transferencias y subsidios gubernamentales. El problema es que, en los hechos, el recorte al gasto va en sentido contrario a esa intención.

En los siguientes meses también se ve difícil que se incremente el gasto público, incluso tomando en cuenta los ingresos extraordinarios por el Remanente de Operación del Banco de México (ROBM) que recibió la SHCP. Estos ingresos son parte de las ganancias que obtiene Banxico por sus activos en moneda extranjera, los cuales deben ser entregados al Gobierno a más tardar el 30 de abril. 

Este año se entregaron apenas 18 mmdp, de los cuales al menos el 70% (12.6 mmdp) deben ser destinados para pagar deuda pública o reducir el déficit fiscal para el año en curso. El restante 30% (5.4 mmdp) debe ser destinado a los ahorros del Estado en los fideicomisos públicos5. 

En este contexto, el uso del ROBM apenas ayudaría a reducir el déficit fiscal en un punto porcentual (12.4 mmdp). Un impacto marginal frente al boquete presupuestal de 1.4 billones de pesos que se espera para final de año. Aunque el Gobierno podría utilizar los 5.4 mmdp asignados a fideicomisos, para compensar parcialmente la caída en los ingresos, esta cifra resulta claramente insuficiente: los ingresos van 63 mmdp por debajo de lo previsto, por lo que estos recursos no alcanzan para cerrar la brecha.

De este modo, el ROBM, que pudo haber representado un respiro fiscal para el Estado y brindado un mayor margen de maniobra para estimular la demanda, resultó insuficiente ante los desafíos económicos que actualmente enfrenta la economía mexicana. Así, estimular la economía vía incremento del gasto, sólo podría realizarse a costa de mayor deuda pública. 

Además, la inversión física, que es fundamental para promover el crecimiento económico, presentó una reducción de 12.32% (28.7 mmdp) en el mismo periodo de comparación. Ello es reflejo de la culminación de obras de infraestructura del sexenio anterior. Falta esperar que este año comiencen los nuevos ciclos de inversión de los proyectos de la actual administración, los cuales ya llevan un retraso importante.   

Entre los principales proyectos de inversión programados para este año —como los trenes de pasajeros— hay varios que aún no han iniciado. Por ejemplo, el Tren Interurbano México-Toluca, que cuenta con un presupuesto de 1,556 millones de pesos, no registra avances al primer trimestre. Lo mismo ocurre con los proyectos del tren AIFA-Pachuca, así como los de las rutas México-Nuevo Laredo y México-Nogales, entre otros. 

El único concepto del gasto con un incremento considerable es el pago de intereses y servicio de la deuda pública. Al primer trimestre, aumentó 11.7% (31.7 mmdp). Es el concepto del gasto con mayor crecimiento real en comparación frente al año anterior. Este gasto no tiene potencial de dinamizar la economía ya que se trata de pagos a grandes acreedores privados, no a sectores de la población que incrementan su consumo al momento de recibir más ingresos. 

Una buena noticia es que con los recortes al gasto público se está cumpliendo con el recorte del déficit fiscal prometido para este año. Así, al primer trimestre del año, la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno resultó en un déficit de 138.9 mmdp, lo cual es 70.4% (330.9 mmdp) menor al déficit público del último año del sexenio anterior.  

Incluso al considerar el déficit fiscal ampliado —que incluye el financiamiento extrapresupuestario— se registra una reducción real del 71% (381 mil millones de pesos). Desde cualquier ángulo, los recortes al gasto han contribuido a reducirlo de forma decisiva frente al año pasado. No obstante, cuando se compara con años anteriores, el déficit se mantiene en niveles históricamente elevados, lo que evidencia que el reto fiscal está lejos de haberse resuelto.

Desde una perspectiva más amplia, el déficit público sigue siendo uno de los principales desafíos para las finanzas del Gobierno este año. Está enmarcado en un contexto en el que la economía apenas está creciendo 0.2% en términos trimestrales. 

Al comparar el balance público del primer trimestre de cada año en que inicia una nueva administración, el de 2025 destaca como el más elevado de las últimas cinco gestiones. El déficit alcanzó los 138.9 mmdp, lo que es 322% (106 mmdp) mayor respecto al registrado en 2019, cuando fue de apenas 32.9 mmdp. La diferencia es aún más notable si se contrasta con los años 2013, 2006 o 2001, en los que el Estado arrancó con superávit: es decir, con más ingresos que gastos.

Aunque es una buena noticia el recorte del déficit frente al año anterior, sigue estando en un nivel muy elevado. El dato es preocupante si consideramos lo que el Gobierno está pagando en intereses y servicio de la deuda. 

Conclusión

Como mencionamos al principio, el pago de intereses y servicio de la deuda pública, es el concepto del gasto con mayor crecimiento anual en el primer trimestre del año. Es incluso mayor a la inversión física, al pago de nómina de los trabajadores del Estado, y si —como mencionamos— mayor a los programas sociales. 

De enero a marzo el Gobierno desembolsó 302 mmdp para cubrir los intereses y los gastos relacionados con la deuda pública, esto implicó un crecimiento real de 62.8% (116.8 mmdp) frente a lo que se pagaba en el primer trimestre de 2019. El incremento se ha dado en mayor medida en los intereses de la deuda en moneda nacional, los cuales incrementaron 135.7% (120.2 mmdp) frente al mismo periodo de comparación.

Sin ingresos extraordinarios que amplíen el margen fiscal, el Estado tendrá que continuar con los recortes en la inversión y subsidios, para contener un déficit aún elevado. Con el costo de la deuda al alza y una economía en incertidumbre, persiste un dilema de fondo: ¿Gastar más para estimular la economía a costa de un incremento en la deuda, o continuar los recortes priorizando controlar el déficit?

Notas al pie:

  1.  INEGI, 2025. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/pibo/2018/ ↩︎
  2. Banco de México (Banxico). Encuestas sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Encuesta del mes de abril. Disponible en: https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=24&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA233&locale=es ↩︎
  3. Pemex (2025). Resultados al Primer Trimestre de 2025. https://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados/Reporte%201T25.pdf ↩︎
  4. El Financiero. (2025, mayo 6). Presenta SHCP estrategia para adicionar 0.7 pb al crecimiento. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2025/05/06/presenta-shcp-estrategia-para-adicionar-07-pb-al-crecimiento/ ↩︎
  5. Esto de acuerdo con el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). ↩︎

Pemex recibe apoyos billonarios, pero no sale de pérdidas

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Anuales, Finanzas Públicas, Sexenales.

Ahora la soberanía energética está más lejos que antes. Al cierre del sexenio, el Gobierno apoyó a Pemex con 2.2 billones de pesos, mientras la empresa reportó 1.8 billones de pérdidas tras seis años de ser “rescatada”.

En materia energética, la principal apuesta del sexenio anterior fue: 1) “rescatar” a Petróleos Mexicanos (Pemex), de las millonarias pérdidas en las que la empresa estaba hundida, y 2) buscar incrementar los niveles de producción con el fin de lograr la soberanía energética. Pero al cierre del sexenio, el Gobierno incurrió en incentivos perversos: destinó 2.2 billones de pesos en apoyos, mientras la empresa reportó 1.8 billones de pérdidas tras seis años de ser “rescatada”. Ahora la soberanía energética está más lejos que antes.

¿En qué consistió el rescate? 

Cuando terminó la administración de Enrique Peña Nieto (EPN), la petrolera mexicana contaba con deudas financieras con un valor de 4.8 billones de pesos. El tamaño de su pasivo era tan grande que incluso era mayor al valor total de la empresa (2.86 billones de pesos), por lo que en términos financieros se decía que la empresa estaba en bancarrota. Esto debido a que incluso vendiendo toda la empresa no podría pagar la totalidad de sus deudas. 

La decisión del sexenio anterior fue rescatar a la empresa mediante dos estrategias principales. Primero mediante las transferencias financieras a la empresa, que en otras palabras es la entrega directa de dinero a las arcas de la petrolera. Estas aportaciones tenían el objetivo de financiar la construcción de la refinería Dos Bocas, y rehabilitar las ya existentes; pero principalmente, de fortalecer la posición financiera de Pemex.

La segunda estrategia fue la reducción de la tasa del impuesto que debe pagar la empresa por el aprovechamiento del petróleo mexicano, pero también el “perdón” del pago de estos impuestos. Cuando el equipo de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió la empresa, ésta pagaba hasta el 65% por el Derecho de Utilidad Compartida (DUC), que es el principal impuesto que paga la empresa por la extracción y venta del petróleo mexicano. Sin embargo, para 2024 la tasa que paga se redujo hasta el 30%. 

Además de que ahora paga menos menos impuestos, Hacienda le permitió durante el sexenio aplazar su pago y, al mismo tiempo perdonarle otros impuestos. Por ejemplo, en febrero de 2024, le condonó los últimos tres meses de 2023 y en agosto de 2024 le perdonó el saldo del DUC de mayo a julio de 2024. Esto provocó que los ingresos petroleros exclusivos del Gobierno federal tocarán su peor nivel desde 1990, como lo explicamos en esta nota de investigación. 

En resumidas cuentas, la estrategia de la administración anterior fue, por un lado, darle dinero a la empresa para impulsar una mejoría productiva y financiera, y a la vez dejarle de cobrar impuestos para que la empresa se quede con mayores ganancias por el aprovechamiento del petróleo. Esta última estrategia resulta ser sumamente costosa al Gobierno, porque obtiene menos recursos para financiar otros gastos, como pueden ser salud, educación o seguridad pública. 

¿Cuáles fueron los resultados? 

Empezando por la parte de las deudas de la empresa, tenemos que, al cierre del sexenio anterior, Pemex continuó con una deuda por arriba de los 4.2 billones de pesos. Si bien se redujo en 12% (571 mmdp) frente al cierre de 2018, aún sigue siendo superior al valor de la empresa. En términos simples, después de seis años, Pemex sigue en quiebra técnica: incluso si se vendiera por completo, el dinero no alcanzaría para pagar todas sus deudas. La causa es que sus pasivos son 1.8 veces mayores que el valor total de la empresa. Para contextualizar, al cierre de 2018 esa deuda era 1.7 veces el valor de la empresa.

Pemex sigue en quiebra técnica porque los últimos seis años continuó generando pérdidas. Tan sólo en 2024, la empresa petrolera reportó pérdidas por 620 mmdp. Así, durante el sexenio anterior, las pérdidas totales de la empresa sumaron 1.8 billones de pesos. Esto representa prácticamente el 81% de los 2.2 billones que le otorgó el gobierno en apoyos fiscales. 

Paradójicamente, las principales pérdidas de Pemex provienen del segmento encargado de la refinación del petróleo, la principal apuesta del gobierno de AMLO. 

Pérdidas millonarias por una mala apuesta a la refinación

Si analizamos a Pemex por segmento de negocios, observamos que la refinación de petróleo es el negocio que ha generado más pérdidas durante el sexenio anterior, incluso generando más que en el sexenio de EPN.

Al cierre de 2024, Pemex Transformación Industrial (TRI), encargada principalmente de llevar a cabo la refinación de petróleo, reportó pérdidas por 585.8 mmdp, lo cual es 8.5 veces mayor a las pérdidas que reportó al cierre del sexenio de Peña Nieto. 

Las pérdidas de Pemex TRI reflejan las ineficiencias operativas en la refinación de petróleo, ya que los costos de producción superan significativamente los ingresos por la venta del producto refinado. A lo largo del sexenio, la subsidiaria operó con gastos superiores a sus ingresos, llegando en algunos casos a ser hasta un 14% mayores que sus ventas.

Los apoyos que se le otorgaron a Pemex TRI durante los últimos seis años no mejoraron la rentabilidad de refinar el petróleo mexicano. En vez de ir hacia una mayor rentabilidad por la refinación, esto generó más pérdidas que en el sexenio de EPN cuando se apostó más por reformas estructurales que incentivarán la competencia y con ello la eficiencia de la empresa. 

Pemex exploración y producción: incentivos que promueven las ineficiencias 

Otro de los eslabones en la cadena de valor del sector petrolero es la exploración y producción de petróleo crudo, en donde opera Pemex Exploración y Producción (EP). Esta subsidiaria se encarga principalmente de la exploración y extracción del petróleo crudo y otros hidrocarburos en el territorio nacional. 

Pemex EP fue el otro segmento de la cadena de valor objeto del “rescate”, que consistió en la reducción de los impuestos que paga Pemex EP. Esa estrategia operó como un incentivo perverso. En lugar de mejorar su eficiencia operativa, la subsidiaria incurrió en mayores costos respecto al sexenio de EPN. También produjo menos. Por ende, sus ingresos por ventas de petróleo también fueron menores. 

Para ayudar a Pemex, el Gobierno federal redujo el DUC, gravamen que se aplica directamente a la extracción de hidrocarburos, actividad que realiza Pemex EP.  Esta medida se tradujo en una caída del 80% (484 mmdp), en los impuestos totales pagados por la subsidiaria al cierre de 2024, frente a lo que pagó en 2018. En 2024 pagó tan solo 124.6 mmdp en impuestos, cuando en 2018 llegó a pagar 609 mmdp. 

La reducción de impuestos “infló” artificialmente las ganancias de Pemex EP, durante un par de años. En 2022 y 2023, cuando recibió los mayores estímulos fiscales, la subsidiaria operó con ganancias promedio de 214 mmdp. Dicho de otro modo, las ganancias no se deben a una mejora real en su rentabilidad, sino a la disminución en el pago de impuestos. En realidad, lejos de volverse más eficiente, la empresa ahora opera con mayor ineficiencia.

Al cierre de 2024, Pemex EP cerró con pérdidas por 37 mmdp, un reflejo de que sus ingresos por ventas cayeron 27% (321 mmdp) frente a 2018. Al mismo tiempo, sus gastos fueron 24% (102 mmdp) mayores a los que incurrió en el mismo periodo de comparación. En otras palabras, gano menos y gasto más. 

Además, como explicamos en esta nota, Pemex sigue sin frenar su declive productivo. Al cierre de 2024, su producción promedio de crudo cayó a 1,485 mil barriles diarios (mbd), el nivel más bajo desde que hay registro en 1990. Además, quedó muy por debajo de la meta de 1,745 mbd, fijada por la Secretaría de Hacienda para ese año. De hecho, a lo largo de todo el sexenio de López Obrador, la petrolera nunca alcanzó sus objetivos de producción.

En resumen, las dos principales estrategias para rescatar a Pemex, mediante los apoyos a Pemex TRI y Pemex EP, terminaron siendo incentivos perversos. Nunca estuvieron condicionados a un verdadero cambio institucional, operativo y de rentabilidad de la empresa. Después de seis años y 2.2 billones de pesos, Pemex sigue en quiebra técnica, con menores niveles de producción y, en términos financieros, generó pérdidas por 1.8 billones de pesos. 

En búsqueda de un nuevo modelo para el sector energético. 

Como mencionamos en el análisis de la CFE, la nueva administración tiene la oportunidad de replantear la política energética del país. Continuar con la estrategia de mantener simultáneamente el apoyo financiero a una empresa que sigue generando pérdidas, y subsidiar los precios de las gasolinas, no es una estrategia sostenible. Ambas políticas han drenado los recursos públicos sin generar mejoras estructurales en el sector. Es necesario un replanteamiento que priorice la eficiencia y la viabilidad financiera, en lugar de perpetuar un modelo que compromete la estabilidad fiscal del país.

Una solución viable es gestionar el sector energético (petrolero y eléctrico) mediante una política industrial diseñada a la medida del país. Esto implica reconocer que los subsidios y apoyos fiscales pueden ser herramientas necesarias, pero sólo si están condicionados a objetivos y resultados medibles. Para maximizar su impacto, es clave establecer un esquema de incentivos que premie la eficiencia, la innovación y la productividad, al tiempo que sancione las ineficiencias. Este enfoque no solo optimizaría el uso de los recursos públicos, sino que también impulsaría un cambio institucional, productivo y tecnológico que fortalezca la competitividad del sector energético en el largo plazo.

Petróleo toca fondo; y la deuda está por las nubes

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Finanzas Públicas, Trimestrales.

Erario al 2T de 2024

Mantener con vida a Pemex ya es insostenible, y la deuda pública llegó a su máximo nivel desde que se tiene registro. Es decir: el Gobierno apoya a Pemex para reducir su deuda, a costa de incrementar la propia. 

El costo de mantener con vida a Petróleos Mexicanos (Pemex) está llegando a niveles insostenibles. Al segundo trimestre de 2024, la reducción de impuestos a la principal empresa productiva del Estado tiró los ingresos petroleros del Gobierno federal a su peor nivel desde 1990, e impulsó su endeudamiento al mayor nivel que se tenga registro. No hay coincidencias. 

La reducción del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) provocó que Pemex aportara a la Federación sólo 91.7 mil millones de pesos (mmdp), el peor registro en décadas. Además, el Gobierno le devolvió a la empresa, vía transferencias, 158.6 mmdp, lo que significó una pérdida neta de 66 mmdp. 

Lo cuestionable es que el esfuerzo no está rindiendo frutos. En este sexenio, el Gobierno ha dado apoyos fiscales a Pemex por 2.1 billones de pesos, 4.5 veces más que los que otorgó Peña. A la vez, la inversión en la paraestatal ha sido 26% menor al promedio del sexenio pasado. Esto ha provocado que la producción de crudo siga en niveles históricamente bajos. 

En temas relacionados, ante las presiones del gasto electoral y el bajo crecimiento de los ingresos, la deuda pública llegó a su máximo nivel desde el 2000 que se tiene registro, y es el Gobierno federal el que más ha inflado los pasivos. El endeudamiento que adquirió la Federación en los primeros 6 meses del año, es 54.6% mayor (363 mmdp) al de Peña Nieto en su último año de gobierno. Es decir: el Gobierno apoya a Pemex para reducir su deuda, a costa de incrementar la propia. 

El pronóstico es que México tendrá que pagar billones por la deuda adquirida hoy, sin una empresa petrolera que pueda aportar de forma considerable al desarrollo del país.

Ingresos petroleros tocan fondo

La política de reducir y postergar el DUC a Pemex tuvo un costo histórico: en la primera mitad de 2024, los ingresos petroleros del Gobierno federal (es decir, aquellos que no se queda la empresa) sumaron sólo 91.7 mmdp, el peor nivel desde 1990 que se tiene registro.

Para dar “oxígeno” a la petrolera, el Gobierno le ha recortado su carga tributaria. De 2019 a 2024 el principal derecho que paga Pemex pasó de 65% a sólo 30%. Encima de esto, mediante decretos presidenciales se le ha postergado el pago de impuestos, y luego esas obligaciones se han condonado. En 2023 se le permitió postergar el pago de octubre, noviembre y diciembre y posteriormente en 2024 se condonó el pago de dichos meses. La acción más reciente fue postergar el pago del DUC del mes de mayo hasta agosto. Dado el precedente, puede que también se condone dicho pago. 

La reducción y postergación de impuestos en 2024, provocó que la entrega de recursos petroleros de Pemex hacia la Federación, al mes de junio, cayera en 45.6% (76.9 mmdp) frente al mismo periodo de 2023. Sólo en la pandemia y en el contexto de la caída de los precios del crudo en 2015 se observaron contracciones similares. En otras palabras, al ayudar a Pemex, el Gobierno ha provocado una situación de crisis de ingresos para sí mismo. 

La reducción y postergación del DUC a Pemex, ha permitido que la paraestatal se quede con una mayor cantidad de las ganancias de la venta de petróleo. Los ingresos totales de la empresa ascendieron a 455 mmdp, un incremento de 35.6% (119.7 mmdp). Se trata de la mayor tasa de crecimiento, sólo superada por años post crisis como 2021 o 2009, cuando los precios del petróleo tuvieron grandes incrementos anuales.

El aumento en los ingresos de Pemex frente a la caída de los mismos en el Gobierno federal, provocaron que la empresa productiva del Estado se quedara con el 83% de la renta petrolera, mientras que a la federación le llegó sólo el 17% restante. Se trata de un giro diametral frente al cierre del sexenio pasado: en 2018 Pemex se quedaba con el 44% de los ingresos petroleros y la Federación con el 56%. Incluso llegó a darse la ocasión en 2008 que la Federación se quedó con el 86% y Pemex sólo con el 14% de la renta petrolera.

Encima de reducir la carga fiscal a Pemex, la Federación también apoya a la empresa mediante transferencias financieras desde la Secretaría de Energía (Sener). En lo que va del año, le ha otorgado 158 mmdp, 518.6% (132 mmdp) más de lo transferido en el mismo periodo de 2023. Se trata del mayor monto de apoyo directo a la petrolera para una mitad de año, por lo que probablemente se rompa un récord anual al cierre de 2024.

Si tomamos en cuenta que Pemex pagó a la Federación sólo 91.7 mmdp de sus ingresos, pero luego ésta le devolvió a la empresa vía transferencias 158.6 mmdp, el resultado es una pérdida neta de 66 mmdp. Como advertimos en nuestro Erario al 1T de 2024, es la primera vez que el Gobierno le aporta más a Pemex de lo que Pemex aporta al Gobierno. 

Así o más claro: la relación comercial entre Pemex y la Administración federal ya no ofrece utilidades para los ciudadanos. La venta de petróleo ya no financia la salud, educación o seguridad. Más bien, nuestros impuestos se usan ahora para subsidiar a Pemex. 

Sumadas, las transferencias hacia la petrolera en el sexenio de López Obrador, superarán con creces las realizadas en el Gobierno anterior. De 2019 a la mitad de 2024, el Gobierno ha transferido a Pemex —vía la Sener— 1.14 billones de pesos, 2.4 veces más de lo que Peña aportó en su sexenio (471 mmdp). 

Por otro lado, este Gobierno ha beneficiado fiscalmente a Pemex mediante reducción, postergación y condonación del DUC. Con cifras definitivas al cierre de 2023, el apoyo fiscal a Pemex por este concepto sumó 865 mmdp. Con números preliminares a mayo, estimamos un apoyo de 109 mmdp en lo que va del año.

Así, el apoyo neto fiscal a Pemex en lo que va del sexenio, ya suma 2.1 billones de pesos, o 6.1% del PIB. Ese monto pudo haber incrementado el gasto en salud al nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero se prefirió destinarlo a este fin. El costo ha sido enorme y los resultados muy pobres. 

En general, los ingresos petroleros siguen sin mejorar frente a gobiernos anteriores. Aunque de enero a junio de 2024 se logró un crecimiento de 8.5% (42.8 mmdp) frente a 2023, en el sexenio sólo se totalizan 547.2 mmdp, un monto 15% (95.8 mmdp) menor a lo observado al cierre del gobierno de Peña o 54% (655 mmdp) inferior a lo logrado al cierre del de Calderón. 

El mal desempeño de los ingresos petroleros se debe a que la extracción de crudo simplemente no ha repuntado. De enero a junio, promedió 1,523 miles de barriles diarios (mbd), una reducción de 5% (76 mbd) frente al mismo lapso de 2023. Se trata del peor nivel que se tenga registro desde 1996 que hay datos disponibles. La explicación es que se han ido agotando las reservas en el subsuelo, al tiempo que Pemex invierte menos en exploración. 

Cuando se reportan las cifras de producción de Pemex, el Gobierno suele resaltar la generación de hidrocarburos, que contiene la producción de crudo y de condensados (más ligeros que el crudo, con alta concentración de propano y butano). El problema con esta medición es que, previo al 2010, las cifras sólo contabilizaban al crudo y no a los condensados. Así que, para hacer una evaluación justa sobre la evolución de esta métrica, nosotros sólo comparamos la producción de crudo. En cualquier caso, la cifra total de generación de hidrocarburos en 2024 promedia 1,802 mbd, 69% (791 mbd) menos frente a 2010, que las cifras son comparables. 

Destacamos además, que las estimaciones de la Secretaría de Hacienda (SHCP) se siguen quedando cortas. Para este año, previó una obtención promedio de crudo de 1768 mbd, pero lo observado va 14% (246 mbd) por debajo. La SHCP terminará esta administración sin haber acertado sus estimaciones sobre producción petrolera. 

El aumento de los ingresos petroleros totales —pese a la caída en la extracción— se debe al incremento del precio de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME). Al mes de junio, el precio del barril de crudo ha promediado los 73.6 dólares por barril (dpb) lo que representa un incremento de 11% (7.6 dpb) frente al mismo periodo de 2023. Esta cifra es, además, 30% (16.9 dpb) superior a lo estimado por Hacienda para 2024.

Cabe resaltar que en nuestro análisis del Paquete Económico 2024 ya anticipamos esta situación: una plataforma petrolera sobreestimada con un precio subestimado. Como hemos explicado anteriormente, Hacienda suele ser optimista sobre la producción petrolera, para mandar señales de mejora productiva en Pemex. No obstante, como conoce las carencias de la empresa, subestima el precio de la MME, para tratar de compensar la menor producción a través de los precios. 

Ingresos tributarios:  limitados, pese al IEPS 

Los ingresos tributarios en 2024 llegaron a 2.52 billones de pesos al mes de junio, su mayor nivel histórico para un periodo similar. La tasa de crecimiento registrada en los primeros seis meses del año fue de 6.2% (146.8 mmdp) frente al año anterior, la mayor para un mismo periodo desde 2016. Pese a esto, el desempeño de la recaudación muestra signos de debilitamiento tanto por el lado del Impuesto Sobre la Renta (ISR) como por el lado del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

El impulso de los ingresos tributarios se debe principalmente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Percibió un alza de 55.3% (111 mmdp) frente al año pasado, para colocarse en 311.8 mmdp, el mayor nivel desde 2016. Este resultado se debe a que, en lo que va del año, el Gobierno ha cobrado prácticamente en su totalidad el IEPS a gasolinas: en los primeros seis meses del año se otorgaron estímulos equivalentes al 4% (0.2 pesos por litro) de la cuota potencial, mientras que en el mismo periodo de 2023 perdonó el cobro en 34%, o 2 pesos por litro. 

Cabe recordar que Hacienda establece una cuota de IEPS de gasolina por cada litro vendido y cada semana determina qué tanto deja de cobrar (al aplicar estímulos) para mantener estables los precios. Desde 2020, no había sido tan escueta en la aplicación de estímulos como lo es en 2024. 

La recaudación de IVA también creció en 5.2% (32.9 mmdp) para llegar a 670.9 mmdp. Aunque no se superó el registro de 2022, lo recaudado superó las previsiones iniciales en 6.6% o 41 mmdp. Este buen desempeño se debe a una reducción en las devoluciones y compensaciones respecto a 2023. Hay que recordar que en el primer semestre del año pasado, los contribuyentes solicitaron sus saldos a favor por la política de estímulos a los combustibles de 2022, como lo explicamos en nuestra nota anual de 2023. 

Sólo gracias al buen desempeño del IEPS y del IVA, la meta de ingresos tributarios quedó apenas 0.1% (2.7 mmdp) por arriba de la meta. Pudo ser mejor, pero el ISR no ha cumplido con las expectativas planteadas. En la primera mitad del año, se obtuvieron por concepto de este tributo 1.43 billones de pesos, una caída de 0.5% (6.8 mmdp) frente a 2023, lo que provocó que se incumpliera la meta de recaudación en 1.3% o 18.7 mmdp. Esto marca un cambio de tendencia, puesto que en 2022 y 2023 el ISR mantuvo superávits frente a las expectativas del Gobierno. El menor desempeño puede deberse a la desaceleración de la economía. 

Al segundo trimestre de 2024, las devoluciones de impuestos sumaron 478 mmdp, 3% (15.2 mmdp) menos que en el mismo periodo de 2023 y las compensaciones 213 mmdp, 42% (153.8 mmdp) menos. En conjunto, devoluciones y compensaciones ascendieron a 691.6 mmdp, una disminución del 19.6% o 169 mmdp. 

Debido a la caída de 76.9 mmdp (-45.6%) de la renta petrolera del Gobierno federal, compensado por un aumento de 6.2% (146.9 mmdp) de los ingresos tributarios, los ingresos de la Federación se incrementaron en 1.8% o 48.4 mmdp para llegar a 2.79 billones de pesos. Este monto supone un retraso frente al calendario de 0.6% o 16.9 mmdp. 

Hay que recordar que estos ingresos son los que financian a la mayoría de las secretarías federales y entes autónomos. Su bajo crecimiento limita cumplir con las necesidades en educación, salud, seguridad o ciencia, entre otras funciones del gasto. 

Esto es así porque los ingresos de Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)—que componen la totalidad de ingresos del Sector Público— son para uso exclusivo de dichas instituciones. 

Gasto público: el dispendio del régimen

El bajo crecimiento de los ingresos públicos no impidió al Gobierno gastar más. El total de erogaciones del sector público a mitad de 2024 llegó a 4.56 billones de pesos, un aumento de 12.1% (494.2 mmdp) frente al mismo periodo de 2023. El crecimiento de 12.1% es el mayor registrado para una mitad de año desde 2008, aunque muestra signos de desaceleración.

En el acumulado de enero a mayo, el gasto público registraba un crecimiento interanual de 17.3%, el más elevado desde 1990, como destacamos en nuestro Erario al Momento de ese mes. Este impulso se debió al adelanto de programas sociales en el contexto electoral, y de la inversión física. Sin embargo, en el mes de junio se registró un recorte de 7.5% frente al mismo mes de 2023. Es decir, el Gobierno comenzó a meter el freno al dispendio. De esta forma, si al mes de mayo se registraba un sobre gasto de 0.5% (20.3 mmdp), al mes de junio se registra un ligero déficit de 0.1% o 3.5 mmdp.

Por dependencia, al mes de junio la entidad que ha tenido un mayor incremento del gasto ha sido la Sener que llegó a 159.4 mmdp, un aumento de 485.9% (132.2 mmdp). El 99% de la dotación corresponde a las transferencias a Pemex. 

En segundo lugar, se encuentran las Entidades no Sectorizadas, que sumaron 81.1 mmdp: un repunte de 1843.7% (76.9 mmdp) frente a 2023. Hay que recordar que, a partir de este año, se contabilizan en este ramo los recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar). Sin embargo, las cifras para este nuevo instituto de salud pública aún son inciertas.La plataforma de Transparencia Presupuestaria informa que el gastofue por 75.7 mmdp, mientras que Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas (Estopor) reporta solamente 48.3 mmdp.

En tercer lugar, la Secretaría del Bienestar erogó 265.5 mmdp, un alza de 26.1% o 55 mmdp frente al año pasado. No obstante, en junio, tras el periodo electoral,esta dependencia  experimentó un recorte de 28.2% frente a junio de 2023. 

En cuarto lugar, la Secretaría de Turismo desembolsó 91.5 mmdp, un aumento de 69.9% (37.6 mmdp), por mayores pagos para el Tren Maya. 

Del lado perdedor, la dependencia con mayores reducciones fue la SHCP. Erogó solamente 18.8 mmdp, 68.7% (41,4 mmdp) menos que en el mismo periodo de 2023, cuando esta dependencia hizo  transferencias a fideicomisos y apoyos a la Banca de Desarrollo. 

Asimismo, destaca un recorte a la Secretaría de Salud (SSA) por la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Esta dependencia gastó a junio 27.9 mmdp o 56% (36.1 mmdp). Si bien el mayor monto (48.8 mmdp) del IMSS-Bienestar compensó el recorte de la SSA, en su conjunto se ejercieron  76.7 mmdp, cifra menor a las reportadas entre 2014 y 2018, cuando aún existía el Seguro Popular dentro de la SSA. 

Frente al calendario, la Secretaría de Turismo (Sectur) presenta el mayor sobre ejercicio al mes de junio: ha gastado 70 veces más de lo que tenía aprobado al periodo (1.3 mmdp). La diferencia se debe a los recursos para la construcción del Tren Maya. Si bien fueron aprobados dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),  Turismo los está ejerciendo. Al segundo trimestre, la Sectur tenía previsto erogar 150 mdp en inversión física, pero lleva 90.6 mmdp. 

La Sener, como de costumbre, registra un sobre gasto. De forma sistemática, el Ejecutivo y el Legislativo han aprobado a la dependencia un monto limitado de apoyos a Pemex, pero siempre se exceden. Es una forma de ocultar el verdadero apoyo que requiere Pemex durante la aprobación del Paquete Económico. El gasto ejercido por la Sener a junio supera lo aprobado al periodo en 90% o 75.5 mmdp. 

Por el lado contrario, el IMSS y el ISSSTE tienen subejercicios por 26.3 mmdp (-4.5%) y 18.8 mmdp (-7%) respectivamente, por menor gasto en la función salud, así como en pensiones y gastos operativos.  Igualmente es muy significativo el recorte de 23.4% (9 mmdp) al Poder Judicial.Al mes de junio había erogado 29.5 mmdp, el peor registro desde 2014.

Por último, cómo advertimos en nuestro Erario al Detalle del mes de junio, el gasto en los entes de seguridad pública aumentó 47.4% (51.8 mmdp) para colocarse en 161.1 mmdp: su máximo histórico para una mitad de año. El mayor repunte se observa en la Sedena, con 81.9 mmdp: un incremento real de 69.6% (33.6 mmdp) frente al año anterior. Asimismo, la Semar elevó su gasto en 46.4% (10.9 mmdp).

Lo anterior generó que los entes militares (Sedena y Semar) tuvieran un alza de 62% (44.6 mmdp) en su ejecución de recursos frente a 2023.. . En contraste, los entes civiles, como la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) sólo aumentaron en 19% (7.2 mmdp).

El aumento dispar ha provocado que las Fuerzas Armadas hoy controlen el 72% del gasto de las instancias de seguridad. En comparación, al cierre de 2018 controlaban sólo el 53%. Frente al total del gasto programable, los entes militares gestionaron el 3.6%: la proporción más grande desde el año 2000.

Inversión: la presión del cierre de sexenio

El gasto en inversión física se ha acelerado al final del sexenio como respuesta a la presión por cerrar los proyectos pendientes. Al segundo trimestre, se gastaron 555 mmdp en este rubro, un crecimiento real de 18.5% (86.2 mmdp) frente al año anterior; siendo el mayor aumento para un mismo periodo. 

Como decíamos,  esto refleja la urgencia ante el inminente cierre de esta administración. Por ejemplo, el repunte más grande se dio en la inversión en la función de Transporte: creció 68.1% (55.6 mmdp) frente al segundo trimestre del año anterior. La inversión ejercida en la función de Seguridad nacional también creció 309% (18.9 mmdp) frente al mismo periodo de comparación. Se trata de obras realizadas principalmente por la Sedena, así como transferencias difíciles de rastrear por estar destinadas a fideicomisos clasificados como “inversión física”. 

Destaca el crecimiento real en el gasto de inversión en la función Salud con 87.4% (15.8 mmdp) más frente al año anterior. Representa el mayor nivel en el rubro para un segundo trimestre de este sexenio.

Pero no todas son buenas noticias. La inversión en la función Vivienda y servicios a la comunidad cayó 1.6% (2.18 mmdp) en términos reales frente al año pasado.

Las buenas intenciones al final del sexenio no son suficientes. Incluso con el incremento en el gasto de inversión, ésta se encuentra por debajo de los niveles ejercidos durante el gobierno de Peña Nieto.  En promedio durante el actual sexenio al mes de junio, se habían invertido 430 mmdp. Para el mismo periodo en la Administración  anterior, era de 513 mmdp. Todo apunta que se cerrará el año con un nivel de inversión por debajo de lo invertido durante el sexenio de Peña. 

Los bajos niveles de inversión también son reflejo del desaprovechamiento de los apoyos fiscales por parte de Pemex. A pesar de que al segundo trimestre los ingresos petroleros ascendieron a 455 mmdp, un incremento de 35.6% (119.7 mmdp), reflejo de la reducción y postergación del DUC, el gasto en inversión física de la petrolera se redujo en 2.4% (4.3 mmdp) frente al año anterior. 

Los apoyos billonarios que se han realizado a la petrolera no se reflejan en un incremento de la inversión capaz de ampliar las capacidades productivas de la empresa. Con los resultados al segundo trimestre, se observa que cerrará el sexenio con un nivel de inversión física 26% por debajo de lo invertido con Peña Nieto.

Sostenibilidad fiscal y endeudamiento: el desmentido

Aunque el discurso oficial sea que la actual administración no ha endeudado al país, los datos lo desmienten. Para este último año de gobierno, la deuda pública se encuentra en su nivel más alto desde el 2000 que se tiene registro, y durante el primer semestre ascendió a 16 billones de pesos, lo que equivale al 48.8% del PIB al segundo trimestre. El Gobierno mexicano no había tenido una deuda de esta magnitud en los últimos 25 años. 

Para el segundo trimestre del año, la acumulación de la deuda pública se incrementó en 1.2 billones de pesos frente al año anterior, esto representa un crecimiento real de 8.5%. 

Este resultado deja ver que se esfumó el efecto del súper peso. A inicios del año veíamos un crecimiento ordenado de la deuda pública. La apreciación del tipo de cambio ayudaba a mantener bajo control la deuda externa. Sin embargo, tras los resultados de las elecciones comenzamos a ver una depreciación en el peso, lo que afecta  la valuación de la deuda externa en nuestra moneda. 

Al día de hoy, la deuda pública externa vale más en pesos mexicanos, haciendo que la dificultad de su pago se incremente (además de que, en sí misma, la deuda en dólares se ha incrementado). Por este motivo, al final del segundo trimestre, la deuda externa se elevó 0.5% ó 18 mmdp frente a 2023.

Parece un pequeño incremento, pero es la segunda vez en el sexenio que  la deuda externa crece en un segundo trimestre. La primera vez fue en 2020, cuando la economía cayó más de 18%  por los efectos de la pandemia y hubo una depreciación del tipo de cambio, que llevó a cotizar por arriba de los 22 pesos por dólar. En resumen, el crecimiento de la deuda externa para un segundo trimestre es muy infrecuente  y debería tomarse con precaución. 

Lo más preocupante es que la deuda pública está aumentando a un ritmo más rápido que el crecimiento de la economía nacional. Ésta no se había encontrado tan endeudada para un segundo trimestre, como lo reportado a junio del presente año, cuando el saldo de la deuda pública representó hasta el 48.8% del PIB. 

Frente a 2018, la deuda interna se ha incrementado en 10% del PIB, lo cual representa alrededor 3.3 billones de pesos. Es un nivel histórico no visto en los últimos 25 años, y ya representa el 37% de la economía mexicana. 

Al analizar por sectores, en el segundo trimestre el Gobierno federal se endeudó por más de un billón de pesos: es el mayor monto de endeudamiento en los últimos 25 años, para un segundo trimestre. Esto representó un incremento real de 71.3% (428 mmdp) frente a 2023. 

Para ponerlo en perspectiva, el endeudamiento en los primeros seis meses del año, es 54.6% (363 mmdp) mayor a todo el que adquirió Peña Nieto en el último año de su sexenio. En 2018, el Gobierno federal se endeudó por 666 mmdp (a precios de 2024), mientras que en los primeros 6 meses de 2024, el endeudamiento ya asciende a 1,029 mmdp. Recursos que en otras administraciones se han utilizado durante todo un año, se han ejercido en tan solo 6 meses. 

El alto nivel de endeudamiento  se compensa, sin embargo, por los superávits presupuestarios de entidades como el IMSS, ISSSTE, CFE y Pemex. Es importante considerar que el balance del Gobierno en su conjunto resulta de la suma de los resultados de estas entidades presupuestarias.

El costo financiero de la deuda pública se encuentra también en niveles históricos. Al segundo trimestre del año, se pagaron 608 mmdp en intereses y servicio de ese adeudo.  El monto más alto por este rubro en los últimos 25 años. Frente al año anterior, implicó un crecimiento real de 5.0% (28.9 mmdp), sin embargo, frente a 2018 el incremento es de 35.6% (159.6 mmdp). En ese respecto, el pago de intereses y servicio de la deuda interna se incrementó 9.5% (41.6 mmdp) en comparación a 2023, un crecimiento de 51.6% (163.3 mmdp) ante el mismo periodo de 2018. 

Aumenta el lastre fiscal de Pemex: Finanzas Públicas al Primer Trimestre de 2024

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Finanzas Públicas, Trimestrales. 1 comentario en Aumenta el lastre fiscal de Pemex: Finanzas Públicas al Primer Trimestre de 2024

El panorama al inicio del primer trimestre del año revela de manera clara el inminente desenlace de esta administración: una costosa política de apoyo a Pemex que no ha dado resultados en materia productiva y de ingresos, castigo a gastos sociales como la salud, y una deuda fuera de control.

Nos encontramos al borde de una situación insostenible, arrastrados por los incansables esfuerzos del gobierno por mantener a Pemex a flote. Al primer trimestre del año, la petrolera inició como un lastre para las finanzas públicas. Por primera vez en los últimos 10 años la paraestatal recibió más apoyo de los recursos que aportó a la Federación. Para ponerlo en perspectiva: por cada peso que Pemex aportó, el gobierno le tuvo que regresar 2.3 pesos para mantenerla a flote. 

La estrategia de reducir y postergar el pago del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) a Pemex le salió bastante cara al gobierno federal. Al final, pasó factura sobre los principales ingresos del erario, ya que al primer trimestre los provenientes del petróleo cayeron 60.8% (51.3 mmdp) frente a 2023. Aunque si los comparamos frente a 2018, la caída es abismal al ser 80.3% (135 mmdp) inferiores a lo reportado al primer trimestre del cierre del sexenio anterior.

La estrategia de Hacienda ante la crisis

Para tratar de contrarrestar esta estrepitosa caída de los ingresos petroleros, Hacienda buscó fortalecer las percepciones tributarias. Por un lado, buscó recursos entre los contribuyentes: al primer trimestre, las devoluciones que realiza el SAT a los pagadores de impuesto por concepto del IVA, fueron en términos reales 6.5% (15.6 mmdp) menores frente al año anterior por un monto de 223.5 mmdp. 

Por otro lado, menores estímulos a las gasolinas fortalecieron la recaudación por el IEPS: al mes de marzo las devoluciones y compensaciones del IEPS sumaron 13.9 mmdp: una caída de 58.9% (19.9 mmdp) respecto al primer trimestre del año anterior. Es la mayor disminución en devoluciones y compensaciones del IEPS en todo el sexenio para un primer trimestre.

El aumento en la recaudación tributaria no fue suficiente para financiar por completo el presupuesto de los Ramos Administrativos. El Gobierno tuvo que hacer recortes discrecionales en algunas dependencias para favorecer el adelanto de programas sociales por motivo de la ley electoral. Así, la Secretaría del Bienestar presenta un crecimiento anual de 79.4% (107.19 mmdp), y la SEP un aumento de 74.4% (67.99 mmdp) frente a marzo del año anterior. Por otro lado, el gasto de la Sener aumentó 301.2% (58.49 mmdp) debido a mayores transferencias a Pemex.

Un margen de maniobra insuficiente

En materia de sostenibilidad, al primer trimestre se observa un deterioro en el margen de maniobra del Gobierno. Si se consideran todos los gastos ineludibles que tiene la federación, como es el pago de intereses de la deuda, pensiones, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores y las participaciones a los estados, el margen fiscal para hacer política pública al primer trimestre fue por 632 mmdp, el monto más bajo para un primer trimestre en los últimos 20 años. 

Ese menor espacio fiscal llevó a que el Gobierno federal incurriera en un déficit público por 505.7 mmdp, lo cual representó un crecimiento de 144.3% (298.7 mmdp), frente al primer trimestre del año anterior. Representa el mayor déficit público registrado para un primer trimestre en los últimos 17 años. 

En consecuencia, el saldo de la deuda pública ascendió a 15.4 billones de pesos, la cifra más elevada reportada para un primer trimestre en más de dos décadas. El incremento pudo ser mayor de no ser porque el tipo de cambio favorable al peso ha permitido ocultar estos grandes déficits públicos. Si las condiciones financieras dejan de sonreírle al peso, se revelará la verdadera condición de insostenibilidad del actual manejo de las finanzas públicas.

 

Ingresos petroleros: Pemex deja de aportar al erario

Al primer trimestre del último año del actual sexenio, Pemex inició como un lastre para las finanzas públicas. Por primera vez en los últimos 10 años, la petrolera recibió más apoyo de los recursos que aportó. Al mes de marzo, Pemex pagó 33 mmdp al Gobierno federal por concepto de ingresos petroleros. Sin embargo, el Gobierno le regresó a Pemex 77 mmdp vía transferencias presupuestarias. Es correcto: los ciudadanos estamos pagando ahora de nuestros impuestos los apoyos a la petrolera.

La tendencia es clara y es que el Gobierno federal cada vez se queda con menos ingresos petroleros. Al mes de marzo estos fueron 60.1% (51 mmdp) menores a lo que obtuvo al primer trimestre del año pasado, pero la caída es abismal: -80% (-135 mmdp), comparado frente al último año del sexenio anterior.

 

La reducción y postergación en el pago del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) a Pemex, es la principal razón por la que el Gobierno federal se ha quedado con menores ingresos petroleros. De acuerdo con datos del Fondo Méxicano del Petróleo (FMP), Pemex no había pagado este derecho desde octubre del año pasado hasta enero del presente año. Fueron 4 meses al hilo en que el gobierno federal brindó un respiro a la petrolera mediante la postergación de este pago. Hay que recordar que mediante un Decreto presidencial, se le permitió a Pemex pagar el DUC de octubre, noviembre y diciembre de 2023 hasta el 26 de febrero de este año, como lo detectamos en nuestra nota de Erario Anual de 2023. 

Además de la postergación del pago del DUC, para este año se redujo la tasa aplicable para este derecho del 40% al 30%. Esto se reflejó en un menor pago en febrero, a pesar de que en este mes se hicieron los pagos retroactivos del DUC de octubre a enero. El pago reportado fue de sólo 14.9 mmdp: una caída de 35.4% (8.2 mmdp) frente a febrero de 2023, y un abismal desplome de 66.6% (29.8 mmdp) frente a febrero de 2018. De haberse mantenido la tasa de 65% que existía en 2019, Pemex habría pagado al mes de febrero 46 mmdp adicionales, similar al presupuesto de la Secretaría de Agricultura (34.8 mmdp) y la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (34.8 mmdp) en el primer trimestre del año. 

Por otro lado, Pemex ha recibido apoyo fiscal mediante transferencias de recursos vía la Secretaría de Energía. Al mes de marzo ha otorgado a Pemex 77.2 mmdp, el mayor monto de todo el sexenio para un primer trimestre y 317% (58.7 mmdp) más de lo otorgado en el mismo periodo de 2023. Ya que los ingresos petroleros pagados al Gobierno federal (33 mmdp) fueron menores a las transferencias a Pemex, la diferencia tuvo que salir del cobro de impuestos y otros derechos. 

En suma, el total de apoyos fiscales que ha recibido la petrolera al primer trimestre del año, acumulan 123.2 mmdp, la mitad del presupuesto de la Secretaría del Bienestar al primer trimestre (258 mmdp). Estos apoyos significan un costo de oportunidad en el uso de recursos públicos que pudieron haberse destinado a salud, educación, seguridad, ciencia y tecnología, entre otros. 

 

A pesar de todos los apoyos fiscales que se le están otorgando a Pemex, no repuntan sus niveles de producción. Al primer trimestre del año se trabajó con el nivel de producción de petróleo crudo más bajo en los últimos 24 años, al producir solamente 1,542 miles de barriles diarios (mbd), esto es 6.7% menor a lo reportado en 2023.

Esta situación sugiere que el apoyo billonario que le está dando el gobierno federal a Pemex solo es para salir de su situación de alto endeudamiento, por lo que no se está viendo reflejado en una mayor capacidad productiva de la empresa y por ende en garantizar su autosuficiencia financiera. 

 

Los Ingresos tributarios blindan las finanzas públicas

Ante la caída anual de 5.3% (14.1 mmdp) en pesos de 2024 de los ingresos petroleros, los tributarios blindaron a las finanzas públicas, al reportar un crecimiento de 3.4% (40.6 mmdp) frente al año anterior, para ubicarse en 1,246 mmdp. Es una mejoría en el ritmo de crecimiento de la recaudación fiscal, pues se llevaban tres años consecutivos en que al primer trimestre del año ésta no repuntaba.

A pesar de su mejor ritmo de crecimiento, los ingresos tributarios se quedaron a solo 0.7% (9.2 mmdp) de cumplir con la meta para el primer trimestre, hilando tres años en que la recaudación fiscal se queda por debajo del calendario. Aún así, esto representa una mejora frente al primer trimestre de 2023, cuando las contribuciones se quedaron 3.5% (44.1 mmdp) por debajo del calendario.

 

Los menores estímulos a las gasolinas fortalecieron los ingresos fiscales en el primer trimestre del año: al mes de marzo las devoluciones y compensaciones del IEPS fueron por un monto de 13.9 mmdp, lo cual representa una caída por 58.9% (19.9mmdp) respecto al primer trimestre del año anterior. La caída responde a un efecto contable frente a principios de 2023 cuando las devoluciones y compensaciones del IEPS ascendieron a un monto récord por 33.8 mmdp, a causa de los grandes saldos a favor generados por la política de estímulos a las gasolinas de 2022, como lo explicamos en nuestro Erario al 2T de 2023. Como en 2023 no existió esta política, este año no existen grandes saldos a favor en materia del IEPS.

Además, menores saldos a favor de contribuyentes fortalecieron la recaudación de impuestos en el primer trimestre. Al mes de marzo las devoluciones que realiza el SAT a los contribuyentes por concepto del IVA, fueron por 223.5 mmdp, lo cual implicó una reducción en términos reales de 6.5% (15.6 mmdp) frente al año anterior. Es la primera caída en las devoluciones del IVA del sexenio para un primer trimestre, después de haber sostenido un crecimiento por cinco años para un mismo periodo de comparación. 

 

Otro factor que explica la mejora en la recaudación fiscal, son las auditorías que realiza el SAT: al primer trimestre del año los ingresos por cobranza ascendieron a 232 mmdp, un crecimiento frente al año anterior de 24.5% (45.8 mmdp). No obstante, la recaudación primaria —que es aquella que se encuentra vinculada al dinamismo económico— cayó 0.5% (5.2 mmdp) para el mismo periodo de comparación. Es decir, los esfuerzos de fiscalización sobre los contribuyentes son la principal explicación del aumento de la recaudación. Sin embargo, no ha sido suficiente para compensar la menor renta petrolera, como veremos a continuación. 

 

Salen perdiendo los ingresos del gobierno federal 

Los esfuerzos de Hacienda para fortalecer los ingresos tributarios no alcanzaron para contrarrestar la caída de los ingresos del Gobierno federal. Vale recordar que estos ingresos son aquellos que no contemplan los recursos de Pemex, CFE, IMSS, e ISSSTE. Es decir, es el dinero que el Gobierno destina para fondear programas sociales y el gasto en salud y educación, entre otros.

Al primer trimestre del año, los ingresos del gobierno federal fueron 1,382.2 mmdp, una reducción en términos reales por 0.2% (3.3 mmdp) frente al año anterior y 2.4% (33.7 mmdp) por debajo del calendario. Como veremos más adelante, esto impactó en recortes en diferentes dependencias federales. 

 

En este primer trimestre del último año del sexenio, los ingresos del Gobierno federal presentan el desempeño más bajo en las últimas cuatro administraciones. Apenas han logrado crecer 5.0% frente al primer trimestre del último año del sexenio de EPN, cuando se había logrado aumentar los ingresos en 22.3% para el mismo periodo de comparación. Se debe, principalmente, a los apoyos fiscales que se le han otorgado a Pemex; que van desde la reducción de la tasa del DUC hasta la postergación del pago del mismo. Esto ha provocado que los ingresos petroleros del gobierno federal, al primer trimestre, sean 80.3% inferiores a los ingresos que obtuvo durante el primer trimestre del último año de gobierno de EPN.

 

Gasto neto total

Al cierre del primer trimestre del 2024, el gasto neto del Sector Público ascendió a un total de 2,319.6 mmdp, lo que equivale a un crecimiento con respecto al año anterior del 18.8% (366.9 mmdp). Pese a que ha sido el mayor incremento del gasto con respecto a años anteriores, quedó corto respecto al calendario en 122 mmdp, con lo que se registran cinco años en el sexenio en los cuales no se ha cumplido con el programa establecido al primer trimestre del año: 2024, 2023, 2021, 2020 y 2019.

Esta tendencia se observa desde los sexenios anteriores; no obstante, al cierre de Gobierno de Felipe Calderón se reportó un subejercicio de sólo 15.3 mmdp, mientras que en la administración de EPN se reportó un sobre ejercicio por un monto de 106.3 mmdp. En contraste, en la presente administración podemos observar un subejercicio de 122 mmdp, representando la mayor brecha observada en un cierre de sexenio en comparación con los últimos dos. 

 

En términos generales, dentro de los ramos administrativos se observa un incremento en el gasto programable del sector público con respecto al año anterior. La Sener destaca como la ganadora, con un aumento del 301.2% (58.49 mmdp) frente al año pasado, explicado por mayores transferencias a Pemex por parte de esta dependencia.

Además, es relevante mencionar el aumento en el gasto en programas sociales asociado al proceso electoral, ya que por Ley se obliga al Gobierno a adelantar programas sociales previo a las elecciones, así como el aumento de las pensiones del bienestar a 6 mil pesos bimestrales. Esto explica el considerable aumento del gasto de la Secretaría del Bienestar, la cual reporta un crecimiento anual del 79.4% (107.19 mmdp) frente a 2023. 

Por otro lado, los ramos de Defensa Nacional y Marina mostraron incrementos significativos, con un aumento del 42.4% (9.86 mmdp) y 20.4% (2.19 mmdp) respectivamente. Este fenómeno puede ser interpretado a la luz de nuestros trabajos anteriores sobre la concentración de poder a través del presupuesto, donde el actual gobierno busca la lealtad de los mandos castrenses al incrementar sus recursos, a costa de reducir el presupuesto de las entidades civiles de seguridad. 

Otro movimiento presupuestario destacable se observa en la Secretaría de Salud, con una caída del 63.7% (18.22 mmdp). Ésta se explica por la eliminación del INSABI en 2023 y la creación del IMSS-Bienestar, categorizado en el Ramo 47 de Entidades no Sectorizadas. Éste nuevo instituto ejerció en el primer trimestre del año 22.6 mmdp, lo que compensó la reducción en el gasto de la Secretaría de Salud frente a 2023. No obstante, el gasto en atención en salud de las personas sin seguridad social sigue por debajo de sus mejores niveles como abordaremos en nuestra nota de Erario en Salud.

 

Frente al calendario, se puede observar un recorte al gasto en 12 de las 17 principales entidades de gobierno. Las instituciones de salud, como el ISSSTE, IMSS y Secretaría de Salud, presentan un subejercicio agregado de 39.53 mmdp. De forma contraria, en la Sener se observa un incremento del 85.1% (35.81 mmdp), frente al calendario debido a mayores transferencias a Pemex. 

La otra secretaría que mostró el mayor incremento frente al calendario fue Turismo, con un aumento del 2,246.5% (21.12 mmdp) respecto al año anterior, debido a mayores recursos para la construcción del Tren Maya. Hay que recordar que hasta 2023 esta dependencia era la encargada de ejercer los recursos para la construcción de dicha obra prioritaria, pero en 2024 se cambió la responsabilidad a la Sedena. El sobre ejercicio de la Sectur indica que la Sedena aún no ha tomado por completo la construcción del Tren Maya. 

 

Gasto en inversión física: recta final de proyectos prioritarios

La necesidad de terminar las obras de infraestructura insignia, así como la recuperación del gasto no ejercido el año pasado, ha incrementado el gasto de inversión en el primer trimestre de 2024. 

Como analizamos en nuestro Erario Anual de 2023, el año pasado el avance de la inversión física fue de sólo 79.5% del programa aprobado, el peor en más de una década. En total se dejaron de gastar 228 mmdp. El desempeño de este gasto comenzó mal desde inicios de año, pues el avance al primer trimestre de 2023 era de sólo 15.7%. En 2024 se ha revertido la tendencia pues se observa un avance anual del 24.14% al primer trimestre, el mayor desde 2018. 

Destaca que el gasto en inversión al mes de marzo ha alcanzado su punto más alto durante todo el sexenio de AMLO por un monto de 225 mmdp, para un primer trimestre. Este aumento en la inversión se debe al incremento del gasto en proyectos prioritarios, tales como la finalización del Tren Suburbano-Aeropuerto o en la terminación del Tren Maya, lo cual se refleja en el crecimiento real de 58.2% (14.18 mmdp) en la inversión física destinada a la función transporte.

 

Aún así, no han superado a Peña. Pese a la recuperación en la inversión física total al mes de marzo, aún se mantiene por debajo del sexenio de EPN, ya que en promedio la inversión en ese periodo fue de 242 mmdp, mientras que en el actual gobierno la inversión física promedio es de 190 mmdp. Esto se traduce en un crecimiento promedio anual de 1.8% , que contrasta con el sexenio anterior. Con EPN el crecimiento de la inversión se mantuvo en 2.0%.

 

Módulo de sostenibilidad fiscal y endeudamiento

En los últimos años se ha observado un importante crecimiento en gastos comprometidos o ineludibles por parte del Gobierno federal, como es el gasto en pensiones, el pago de intereses de la deuda, las Participaciones Federales y los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. El aumento de estos gastos comprometidos dejan cada vez menor margen fiscal para realizar políticas públicas.

Si descontamos estos gastos ineludibles de los ingresos tributarios, al primer trimestre del año, el margen fiscal sobrante es de tan solo 11.7 mmdp: en otras palabras, de los ingresos tributarios sólo quedó esa cantidad para financiar políticas públicas. Es el menor margen para un primer trimestre en los últimos 20 años. 

Si tomamos en cuenta que el presupuesto programado de la Secretaría de Salud (SSA) al primer trimestre fue por 12.8 mmdp, entonces el margen fiscal sobrante de los ingresos tributarios podría financiar apenas el 92% del gasto de la SSA. Para decirlo claro, el actual margen fiscal de los ingresos tributarios es insuficiente para financiar políticas públicas. 

 

Si en lugar de considerar sólo los ingresos tributarios, tomamos en cuenta la totalidad de los ingresos públicos, vemos que los recursos disponibles para hacer política pública fueron de 632.9 mmdp —si se descuentan los gastos ineludibles—. De nuevo, es el margen fiscal de ingresos públicos más bajo para un primer trimestre en los últimos 20 años. Es 24.9% (209 mmdp) inferior al observado al primer trimestre del cierre del sexenio anterior (2018).

¿Estos 632 mmdp de ingresos disponibles alcanzan para hacer política pública? La respuesta corta es “no”. Ese margen fiscal es insuficiente para financiar los programas públicos y con ello garantizar los derechos sociales. Si consideramos que el gasto programable, sin incluir el gasto en pensiones, ascendió a 1085 mmdp al primer trimestre, entonces el margen fiscal disponible de los ingresos públicos financió el 58% del gasto programable, por lo que se requirieron financiar 452.3 mmdp mediante endeudamiento público para cubrir el restante del gasto programable. En otras palabras, al primer trimestre los ingresos no fueron suficientes para garantizar el cumplimiento de derechos sociales como la salud o la educación pública, por lo que el gobierno tuvo que recurrir a la deuda para cubrir el presupuesto. 

 

Claro que a estas alturas del sexenio ya no es sorpresa que el gobierno incurra en endeudamiento para financiar el presupuesto. Sin embargo, se están superando los límites en la cantidad de deuda en la cual puede incurrir el Gobierno. Cuando los hogares o las empresas adquieren una deuda bancaria, sólo pueden tener acceso al crédito que se pone a su disposición dada su capacidad de pago. Es decir, su espacio de endeudamiento está definido por el tamaño del crédito.

De igual manera, el gobierno cuenta con un espacio fiscal para endeudamiento, que está limitado por la cantidad de deuda pública que es consistente con la capacidad de pago del gobierno. En el caso particular de México y de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, el gobierno puede endeudarse siempre y cuando el saldo de la deuda pública se mantenga constante como porcentaje del PIB. 

En este sentido, al primer trimestre del año, el gobierno no dispone de margen fiscal para endeudarse más. Para mantener estable la deuda pública, para final de año el gobierno necesita un balance primario superavitario equivalente al 1.1% del PIB, dadas las condiciones financieras y económicas previstas. Sin embargo, al cierre del primer trimestre, el balance primario registró un déficit de -0.7% del PIB, lo que implica que el gobierno está incurriendo en un déficit primario que pone en riesgo la capacidad de pago del país y que tendría que corregir para final de año. 

 

Para sumar a lo anterior, en este primer trimestre se presentó un déficit público (la diferencia entre ingresos totales y gastos totales) por 505.7 mmdp. Este déficit tuvo un crecimiento real de 144.3% (298.7 mmdp) frente al primer trimestre del año anterior. Es el mayor déficit público registrado para un primer trimestre en los últimos 17 años. Si lo comparamos frente al déficit público registrado en el primer trimestre del último año del sexenio de EPN, este es 538.5% (426.5 mmdp) superior. Hay un claro deterioro de las finanzas públicas frente a sexenios anteriores. 

 

Aún con el mayor déficit registrado en más de una década, habrá quienes digan que la deuda pública no ha aumentado. Sin embargo, los datos nos cuentan otra historia y es que al primer trimestre de 2024, el saldo de la deuda pública total ascendió a 15.4 billones de pesos. Es el monto más elevado reportado para un primer trimestre en más de 10 años. 

En términos de crecimiento real, la deuda pública aumentó 15.3% (2049.5 mmdp) frente al primer trimestre del año anterior. Por una parte, durante el transcurso del año anterior se adquirió más de un billón de pesos de endeudamiento que se suma al déficit público observado al primer trimestre de este año. 

El endeudamiento pudo ser mucho mayor, ya que sus cifras se ocultan detrás de la fortaleza del tipo de cambio. Durante ya más de una administración la estrategia de adquisición de deuda ha sido focalizada en el mercado interno. Es decir, cuando el gobierno requiere de financiamiento vía deuda, prefiere la emisión de bonos en moneda nacional, en lugar de recurrir a mercados internacionales y endeudarse en monedas extranjeras.

Esta estrategia ha beneficiado ampliamente al gobierno federal en los últimos 3 años, permitiendo diluir u ocultar los grandes déficits en los que ha incurrido. Al primer trimestre del año, el saldo de la deuda pública externa fue por 3.6 billones de pesos, esto fue 10.7% (434.1 mmdp) menor a lo reportado el año anterior.

El súper peso que llegó para “salvarnos” (casi)

Ojo, la caída de la deuda externa no se debe a que el gobierno la está pagando; ya que en realidad ha emitido más deuda en moneda extranjera. Al mes de marzo el saldo de la deuda externa fue por 222 mil millones de dólares, mientras que al cierre del año anterior era de 213 mil millones de dólares. 

El descenso de la deuda externa se explica simplemente por la fortaleza del tipo de cambio en los últimos años, lo que ha estado ayudando al gobierno federal a ocultar sus altos niveles de deuda. Al primer trimestre, el tipo de cambio fue por 16.7 pesos por dólar, mientras que en 2023 era de 18.11 pesos por dólar y en 2022, 19.9 pesos por dólar. La constante apreciación del tipo de cambio ha permitido mantener ficticiamente el saldo de la deuda pública, hasta el primer trimestre del año. 

El gran problema es que, como hemos observado, las finanzas públicas se encuentran en agonía: los ingresos no son suficientes para garantizar los derechos sociales por un margen fiscal insuficiente. Además, los apoyos millonarios a Pemex hacen que el gobierno federal se quede con menores ingresos y, por otra parte, aumenta cada vez más la presión de gastos ineludibles. En este escenario poco optimista, se encuentra el gobierno incurriendo en montos de endeudamiento históricos, esperando a que el tipo de cambio se mantenga apreciado. Sin embargo, si las condiciones financieras dejan de sonreírle al peso, se revelara la verdadera condición de insostenibilidad del actual manejo de las finanzas públicas. 

 

¿Recuperación de los ingresos petroleros? Mayo 2021

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Finanzas Públicas, Mensuales.

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A lo largo de los primeros cinco meses de 2021, los ingresos del Sector Público se ubicaron en 2.5 billones de pesos[1], 6.7% (155.3 mmdp[2]) por arriba de los observados de enero a mayo de 2020. Esto es resultado del mayor dinamismo de la actividad económica y de una mejoría en el precio del petróleo.

En efecto, los ingresos petroleros mostraron una importante recuperación en los últimos meses, particularmente en relación con los obtenidos el año pasado. Por ese motivo, en esta entrega de los Números de Erario vamos a poner la lupa en estos ingresos para entender con mayor profundidad la magnitud y la naturaleza de su recuperación.

Un impulso ‘multifactorial’

Los ingresos petroleros registraron un monto de 363.3 mmdp en el periodo de enero a mayo de 2021. Al comparar estos ingresos en periodos similares de sexenios anteriores (Fox, Calderón y EPN), se revela que su mayor nivel promedio fue en el Gobierno de Calderón (663 mmdp), por el beneficio obtenido del precio del petróleo (77.2 dpb[3] promedio en el sexenio) y una producción promedio de 2,272 mdb[4].

Aunque en el panorama transexenal estos ingresos se ven claramente en ‘desventaja’, es necesario cerrar la ventana temporal. Y es que los ingresos petroleros –Pemex y Gobierno federal– crecieron 86.6% (168.8 mmdp), en comparación con igual periodo de 2020. Se identificó que se trata del crecimiento más alto observado en los ingresos petroleros del que se tenga registro para periodos similares desde 2000. Por debajo, destacan los crecimientos observados en 2000 (58.3%), 2003 (62.6%) y 2010 (30.6%).

Este crecimiento se debe, en gran medida, a que el año pasado los ingresos petroleros alcanzaron mínimos históricos. De cualquier forma, la recuperación del precio promedio de la mezcla mexicana de crudo, aunque no llegara a niveles excepcionales (se ubicó en niveles similares a los reportados en enero-mayo de 2018 [58.5 dpb] y 2019 [58.8 dpb]), sí fue un factor clave.

El precio promedio de petróleo aumentó 82.6% en relación con el reportado en periodo similar de 2020 (58.4 dpb vs. 32.0 dpb, enero-mayo 2021 vs. 2020). El precio promedio de la mezcla mexicana de exportación en 2012 y 2013 fueron superiores a los observados este año, de 109.2 dpb y 102.0 dpb, respectivamente, años en los que los ingresos petroleros fueron igualmente altos en los primeros cinco meses del año.

Queda claro que el dinamismo de los ingresos petroleros observado este año en definitiva no ha sido impulsado por la producción de petróleo. Su volumen promedio en enero-mayo de 2021 (1,678 mbd) fue el segundo más bajo observado para periodos similares desde 2000, después de los 1,666 mbd de 2019. La tendencia de la producción ha sido a la baja: desde el nivel promedio registrado en enero-mayo de 2000 (3,001 mdb), el volumen de producción se desplomó 44.1%,. En 2012 y 2013 los niveles observados fueron considerablemente más altos: 2,543 mbd y 2,532 mbd, respectivamente.

Ahora bien, de alguna manera el dinamismo de los ingresos petroleros también es impulsado hasta cierto punto de forma artificial. Es decir, la recuperación también se debió a factores exógenos al mercado de crudo. Nos referimos a las aportaciones patrimoniales por 63.1 mmdp (y cada vez mayores) que realizó durante el 1T2021 el Gobierno federal a Pemex, para la reducción de su carga fiscal. Éstas se registran como ingreso petrolero de Pemex, cuando en realidad ésa no es su naturaleza.

Sin las transferencias del Gobierno federal a Pemex, los ingresos petroleros hubieran crecido sólo 52.4% (105.7 mmdp), quedando en 300.6 mmdp.

Finalmente, el monto de las transferencias del Gobierno federal Pemex es el más alto registrado en periodos similares desde 2014. En periodo similar de 2020 estas transferencias fueron de 16.8 mmdp.

El peso real de los ingresos petroleros

Hay dos argumentos más que ponen en perspectiva el buen desempeño de los ingresos petroleros en los primeros cinco meses del año.

En términos de estructura porcentual, estos ingresos han ido perdiendo peso a lo largo de los años en el total de ingresos del Sector Público. Pasaron de representar el 24.7% en enero-mayo de 2000 a alcanzar el 14.8%, para periodo similar de 2021.

El segundo argumento: a pesar de su buen desempeño anual, los ingresos petroleros no lograron cumplir la expectativa de la recaudación programada para el periodo enero-mayo (incluso contando las transferencias del Gobierno federal a Pemex). Presentaron un rezago de 8.0% (-31.8 mmdp) con respecto a la meta de inicio de año, de 395.4 mmdp. Sin las transferencias el rezago se eleva a 24.0% (-94.9 mmdp).

Sin embargo, con respecto a la meta mensual establecida en la LIF2021 (82.3 mmdp), presentan un excedente de 11.8% (9.7 mmdp).

La perspectiva sexenal

Durante la administración de AMLO se han presentado los niveles promedio (para periodos enero-mayo) más bajos, tanto de ingresos petroleros como de producción de petróleo: 309 mmdp y 1,685 mbd. Respecto al precio promedio, es el segundo más bajo (49.7 dpb), después de los 30.3 dpb promedio en el sexenio de Fox.

Respecto a las tasas de crecimiento de los ingresos petroleros, las del periodo de Fox fueron las más altas: 114.2%, 16.5% promedio anual. En cambio, en el sexenio de EPN y en lo que va de la administración de AMLO las tasas del periodo han sido negativas: -37.4% vs. -1.7%.

Sólo en mayo de este año, los ingresos petroleros se ubicaron en 92.0 mmdp, monto 207.0% (62.0 mmdp) superior al observado en mayo de 2020, la tasa más alta registrada para meses similares desde 2000. Esto se debe principalmente a una mejora en el precio del petróleo, pues éste se incrementó 152.5% en términos anuales: 62.4 dpb (mayo 2021) vs. 24.7 dpb (mayo 2020). Además, la producción de petróleo aumentó 2.5% respecto a la observada un año antes, ubicándose en 1,683 mbd.

El nivel de los ingresos petroleros, en mayo de 2021, es similar al reportado en igual mes de 2015, pero se encuentra 48.2% por debajo de su nivel máximo reportado para mes similar desde 2000, de 177.7 mmdp de mayo de 2012.

Comparando sexenios anteriores, el ingreso petrolero promedio mensual del mes de mayo, en lo que va de la administración de AMLO, 69 mmdp, ha sido el más bajo desde el sexenio de Fox. Respecto al periodo de EPN se encuentra 31.4% (-31.8 mmdp) por debajo.

Las tasas de crecimiento por periodo más altas se observan en las administraciones de Fox (132.5%) y de Calderón (81.1%). En la de EPN fue negativa (-31.0%). En lo que va de la administración de AMLO el incremento ha sido de 6.6%.

En el sexenio de Calderón se alcanzó el promedio del precio del petróleo más alto del mes de mayo (81.9 dpb); el más bajo se registró en el sexenio de Fox (32.4 dpb).

Respecto a la producción, el nivel más alto se observó en el promedio de mayo del sexenio de Fox (3,275 mbd), y el más bajo se ha verificado en los años que van de la administración de AMLO (1,661 mbd); es decir, se ha caído casi 50%.

Respecto al mes inmediato anterior (abril), los ingresos petroleros aumentaron 37.2% (25.0 mmdp), ya que el precio de la mezcla mexicana de exportación aumentó en mayo 2.9 dpb (4.9%), para ubicarse en 62.4 dpb. Han sido los más altos observados en los cinco meses que van de 2021.

Conclusión

El buen desempeño en los ingresos petroleros en el acumulado de los primeros cinco meses de 2021 entusiasma mucho, especialmente por lo llamativo de las tasas anuales de crecimiento, que superan a las históricas. Desde la misma perspectiva histórica, el nivel de ingresos, los precios y volumen de producción observados de petróleo en la actualidad superan lo visto el año pasado, pero no los máximos niveles vistos en años anteriores.

De cualquier forma, este mayor dinamismo no ha logrado que los ingresos petroleros superen la meta planteada para el periodo de enero a mayo de 2021; tampoco ha revertido la baja participación de estos ingresos en la bolsa total de ingresos presupuestarios.

La recuperación obedece principalmente a dos factores: 1) las transferencias recibidas por Pemex, provenientes del Gobierno federal, y 2) la recuperación del precio del petróleo. El primer factor obedece a un incremento por ingresos no recurrentes, mientras que el segundo puede verse limitado por la volatilidad propia de los precios del petróleo. En este contexto, recomendamos cautela a la hora de juzgar esto como una recuperación real.

Análisis del gasto

El gasto neto total del sector público acumuló 2.5 billones de pesos al mes de mayo, lo que supone un incremento anual de 4% (99.8 mmdp) y un subejercicio de 0.1% (-3.0 mmdp) con respecto al presupuesto aprobado.

El crecimiento medio anual del gasto neto total en lo que va del sexenio es de 3%, es decir, la tasa de variación acumulada del periodo de enero a mayo de 2019 a 2021. Dicha tasa contrasta con el crecimiento medio anual de 6% y 7% de los primeros tres años de los sexenios anteriores.

Gasto programable

En este periodo, el incremento anual observado en el gasto neto total fue resultado de un mayor gasto programable, pues el gasto no programable tuvo una caída en relación con el año anterior. Este tipo de gasto sumó 2.0 mmdp hasta mayo de 2021, lo que representó un aumento anual de 8% (151.4 mmdp) y de 1.8% (34.5 mmdp) con respecto al presupuesto aprobado en el periodo.

El crecimiento promedio anual (tasa de variación acumulada) en lo que va de esta administración es de 5%, mientras que en en el sexenio de Calderón fue de 9% y de 7% en el sexenio de Peña Nieto. Si bien el ritmo de crecimiento del gasto programable a estas alturas de la administración de AMLO es menor en comparación con las anteriores, sí nos llaman la atención los componentes que impulsan el gasto programable.

Con el incremento en el gasto programable este año, la proporción que éste representa dentro del gasto total se modificó. Sin considerar la inversión física representó 63% del gasto total. Desde el 2016 su participación en el gasto total no excedía 60%. Por otro lado, la participación de la inversión física en el gasto total continúa en mínimos históricos, 13%. Esta proporción es muy similar al promedio que se observó entre 2002 y 2008.

El dinamismo del gasto programable fue impulsado por dos de los rubros que lo integran, ya que aproximadamente el 87% del sobregasto proviene de ellos. El rubro de “Otros gastos de capital” sumó 167.7 mmdp y aumentó 160% anual (103 mmdp); de igual manera lo hizo la proporción que representa este rubro del propio gasto programable, al pasar de 4% en 2020 a 9% en 2021. En este rubro se registran las transferencias de capitalización a Pemex por 63.0 mmdp, realizadas por la Secretaría de Energía (Sener) durante el primer trimestre de este año, última información disponible sobre este asunto. Pero dados los aumentos en la inversión financiera de esta Secretaría en el último mes, es probable que el Gobierno federal haya transferido más recursos a la paraestatal. Será hasta el reporte trimestral cuando podamos confirmar o no esta hipótesis. Pero hasta mayo, la inversión financiera de Sener sumó 109.1 mmdp, con un aumento anual de 189%. Además, representó 99% del presupuesto ejercido. Claramente la mala situación financiera de Pemex representa una carga pesada para el Erario.

Sin las transferencias a Pemex, el comportamiento del gasto programable no tendría el mismo dinamismo. Excluyendo las transferencias del total, el gasto programable sería de 1.91 billones de pesos y exhibiría un menor incremento anual: uno de 5% (88.3 mmdp) y no de 8%. Con respecto al gasto aprobado tendría un subejercicio de 1% (-28.6 mmdp). Como resultado, el gasto neto total sumaría 2,533 mmdp, con un crecimiento anual de 3% (73.6 mmdp) y un subejercicio de 2.6% (-66.0 mmdp).

El otro capítulo de gasto que aumentó considerablemente fue el de “Materiales y suministros”, que acumuló 158.9 mmdp y aumentó 50% (52.7 mmdp) anual. Estos resultados contrastan con la narrativa de la austeridad. En 2020 su participación en el gasto programable fue de 6%. En este año aumentó dos puntos porcentuales y representó 8%, participación muy similar al promedio de 8% observado entre 2000 y 2020. Cuando se analiza la serie histórica de este rubro desde 2000 hasta la fecha, no se observan incrementos anuales de 50%; no obstante, en 2012, 2017 y 2018 los incrementos anuales fueron de 32%, 35% y 37%, respectivamente. En el mismo periodo de otros sexenios, este rubro tuvo una tasa de variación acumulada negativa (-2% y -6%), pero en esta administración la tasa fue de 2%. Recordemos que este capítulo agrupa erogaciones destinadas a la adquisición de insumos y suministros para el desempeño de actividades administrativas y productivas. Algunos conceptos que integran el capítulo son: materiales de administración; emisión de documentos y artículos oficiales; alimentos y utensilios; materias primas y materiales de producción y comercialización; productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio; materiales y suministros para seguridad, entre otros.

En los reportes mensuales la información de este rubro no se desagrega por Ramo. Sin embargo, se cuenta con información del rubro de “Otros gastos de operación”, el cual agrupa información de tres conceptos: materiales y suministros, servicios generales y otras erogaciones. Son ocho ramos los que tuvieron incrementos en este rubro, de los cuales destacan la Secretaría de Bienestar (+114%), el IMSS (+62%), Sedatu (+55%) y la CFE (+44%).

[1] Dólares por barril (dpb)

[2] Miles de barriles diarios (mbd)

[3] Base mayo de 2021.

[4] Miles de millones de pesos

El origen de los ingresos también importa

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Archivo, Temas selectos.

Los ingresos públicos son aprobados anualmente por el Congreso para que el gobierno federal obtenga los recursos necesarios para financiar el gasto que pone a consideración del Congreso, sin extraer más recursos de la sociedad durante ese periodo que los indispensables. Por esto, el Congreso debe contar con información clara, contundente y suficiente para comprender, discutir y aprobar la manera en la que el gobierno obtendrá su financiamiento.

Sin embargo, los planes de financiamiento del gobierno federal son opacos, ya que éste presenta al Congreso iniciativas de ley de ingresos poco realistas, que no reflejan los ingresos que efectivamente va a recibir. De esta manera, año tras año obtiene más ingresos de los que prevé en el presupuesto que le presenta a la legislatura y de los que ésta le aprueba.

Pero, ¿en qué le beneficia al gobierno no ser transparente sobre sus fuentes de ingreso?

Todos los ingresos que el gobierno recibe en adición al monto que el Congreso le aprueba se registran como ingresos excedentes, los cuales pueden ser de origen “petrolero”, de origen “tributario” y de origen “no petrolero no tributario”.  Lo importante aquí es que los ingresos excedentes de los últimos dos tipos de ingresos pueden ser gastados por el gobierno de manera discrecional.

Entre 2003 y 2016, 36% de los ingresos totales del gobierno federal fueron ingresos excedentes. De éstos, 60% fueron ingresos no tributarios no petroleros, 38% provinieron de la venta de petróleo y 3.4% del cobro de tributos.

Cabe destacar que en los últimos dos años, los ingresos excedentes tributarios han tenido una participación en el total de los ingresos excedentes mucho mayor al promedio histórico, en gran parte por el impuesto a las gasolinas.

Ingresos excedentes del gobierno federal por tipo de ingreso

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Fuente: Elaborado por México Evalúa con información de Ingreso ejercido de Estadísticas Oportunas de la SHCP, Ingresos Aprobados en el artículo 1 de la LIF de cada año publicadas en el DOF.

Con respecto a los ingresos excedentes no tributarios no petroleros, éstos se obtuvieron en su mayoría por aprovechamientos (multas e ingresos no clasificables)[1]. El 90% de éstos están clasificados en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) como “otros”, por lo que no se especifica las fuentes de origen de estos ingresos. Incluso, en 2016, los “otros”[2] aprovechamientos representaron el 96% o 155 mil millones de pesos del total de estos ingresos.

Hasta 2016, la opacidad en los ingresos por aprovechamientos no sólo afectaba la LIF, sino también los informes de ejecución del presupuesto. En ellos tampoco se mencionaba cuáles eran las fuentes que daban origen a los ingresos por aprovechamientos.

Sin embargo, como parte de la revisión de la Cuenta Pública de 2014[3], la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó a la autoridad fiscal que explicara el origen de los “otros” ingresos por aprovechamientos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) respondió que estos ingresos se obtuvieron de la liquidación de patrimonio de PEMEX y CFE, de la liquidación de patrimonio de Nacional Financiera y de recursos de las cuotas y aportaciones del seguro de retiro y vejez de los trabajadores del ISSSTE, entre otros.

De manera similar, entre 2012 y 2016, el gobierno federal ingresó 1.6 bdp por aprovechamientos para financiar el gasto público. De este monto acumulado, 296 mil mdp provienen de Pemex y de CFE y 274 mil mdp de la colocación de bonos. En 2016, 266 mil mdp provinieron del remanente de operación del Banco de México y 189 mil mdp de los recursos acumulados de cesantía de vejez y edad avanzada del ISSSTE.

 

Ingresos por aprovechamientos acumulados (2012-2016)

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A) «Otros» no explicados
B) ISSSTE y recursos acumulados de cesantía de vejez y edad avanzada.
C) Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) Cobertura petrolera
D) Banco de México (ROBM)
E) Derivados de colocación de bonos
F) Pemex y CFE
G) Resto

Fuente: Elaborado por México Evalúa con información de la Auditoria Superior de la Federación de las auditorias de 2012, 2013, 2014 y 2015. El dato de 2016 proviene del cuarto informe trimestral de las Finanzas públicas, SHCP. Para 2016 se incluyó el monto por 2,560 mdd por coberturas petroleras, según comunicado 181 de la SHCP. El monto de Resto incluye aprovechamientos cobrados entre 2012 y 2015 por una vasta lista de conceptos de naturaleza diversa, pero que no pueden ser agupados en una sóla categoría.

A raíz de ello, en 2016, por fin se incluyó en el artículo primero de la LIF la obligación por parte de la SHCP de especificar las fuentes de origen de estos “otros” ingresos por aprovechamientos[4], por lo que desde el año pasado la SHCP empezó a reportar dicha información en sus informes trimestrales.

Sin embargo, la información que da a conocer Hacienda deja varias preguntas relevantes sin respuesta. Además de seguir sin aclarar las fuentes de financiamiento de algunos ingresos por aprovechamientos, tampoco explica cuáles son los activos que se están liquidando, ni las principales implicaciones económicas y financieras de que el gobierno federal liquide patrimonio de ciertos organismos federales para financiar gasto público. Esto debe cambiar.

No es un asunto menor que el Gobierno Federal esté actualmente rescatando a Pemex y a CFE. Tan sólo en 2015 y 2016 el gobierno le transfirió a Pemex y a CFE cerca del 3% del PIB o 514 mil millones de pesos. El gobierno está “capitalizando” a estas empresas.

La pregunta es qué tanto esta capitalización “forzada” es una consecuencia de la descapitalización que el propio gobierno ocasionó al liquidar una parte del patrimonio de estas empresas durante varios años para saldar las cuentas públicas.

En Brasil, una de las reglas más importantes de la responsabilidad fiscal es la prohibición del financiamiento intra-gubernamental, ya que puede ocultar o disimular la realidad financiera de los organismos públicos[5].

Liquidar activos no parece una manera sana de financiar el gasto público. Por un lado, puede afectar la salud financiera de los órganos federales a los que se descapitaliza, ocasionando que eventualmente la Federación deba rescatarlos. Por el otro, puede promover el aumento insostenible del gasto público. Así, en 2015, los aprovechamientos totales, que no incluyeron remanente de operación de Banxico, representaron 10.3% de los ingresos federales totales.

Porcentaje que representan los aprovechamientos de los ingresos de gobierno federal

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Fuente: Elaborado por México Evalúa con información de Ingreso ejercido de Estadísticas Oportunas de la SHCP y LIF de cada año.

Financiar el gasto con la liquidación de patrimonio tiene implicaciones que son de interés público, por lo que deben ser conocidas por todos los mexicanos y seguir un proceso de toma de decisión institucionalizado. Estas decisiones no deberían tomarse en la discrecionalidad, como sucede en la actualidad, pues se tomaron sin discusión ni aprobación en el Congreso, evadiendo los mecanismos de control y rendición de cuentas existentes. De esta manera se erosionan las instituciones, se promueve la laxitud fiscal y se corre el riesgo de que los recursos provenientes de capital se destinen a financiar gasto corriente en lugar de inversiones productivas o la disminución de pasivos, lo que constituye una fuerte tentación en los momentos de competencia electoral.

Este problema debe ser atendido.

Por ello, México Evalúa se suma a la propuesta que el Fondo Monetario Internacional ha reiterado desde 2015 para implementar un Consejo Fiscal que contribuya de manera técnica y sin sesgo político al debate de las finanzas públicas, ya que el Congreso actualmente no tiene la capacidad técnica, ni las atribuciones para fungir como un contrapeso real.

[1] Son los ingresos distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal (multas e ingresos no clasificables). Centro de Emprendedores de la Administración Pública: http://www.cca.org.mx/funcionarios/emprendegestionpublica/glosario_fina.html.
[2] Subcategoría de la categoría “Otros” en los Aprovechamientos.
[3] Fuente: Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-06100-02-0085, aclaración sobre 211,800 millones de pesos.
[4] Artículo primero, último párrafo de la LIF 2016 establece que: “…la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública información del origen de los ingresos generados por los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.1.22.04 del presente artículo por concepto de otros aprovechamientos. Asimismo, deberá informar los destinos específicos que, en términos del artículo 19, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su caso tengan dichos aprovechamientos.”
[5] Fiscal Rules and Fiscal Policy in Brazil. Ana Teresa Holanda de Alburqueque, 2010.