Por Mariana Campos (@mariana_c_v) y Jorge Cano (@Jorge_eCano)
Llegados a la mitad del sexenio, ya es posible identificar
cuáles han sido los éxitos y fracasos en la gestión de las finanzas públicas,
así como las prioridades reales –‘oficiales’– reflejadas en el gasto público.
El contexto general ha estado marcado por el estancamiento de los ingresos públicos,
particularmente del Impuesto sobre la Renta (ISR), a pesar de la narrativa de
fiscalización agresiva contra grandes
contribuyentes y estrategias como la eliminación de la compensación universal,
el aumento masivo de cartas invitación para la “autocorrección” fiscal y
mayores causales para cancelación de sellos digitales.
Por el lado del gasto, observamos que la principal prioridad ha sido Pemex, tanto en la inversión como en
la capitalización de la empresa. Al mismo tiempo, el apoyo para la CFE empieza
a resquebrajarse, y lo que no admite duda es que los principales perdedores del
sexenio han sido las entidades federativas.
Asimismo, identificamos que el gasto en salud sigue sin ser prioridad, pese a las lecciones de
la historia reciente marcada por la pandemia, mientras los programas sociales
no han aumentado más que en opacidad.
Finalmente, como legado del resto de sexenio se anticipa
una fragilidad de las finanzas públicas provocada por el agotamiento de los fondos
de estabilización y el desmantelamiento del Fondo de Desastres Naturales
(Fonden), que se ha vuelto una herramienta clientelar más, en lugar de atender
la reconstrucción en las comunidades y demás necesidades apremiantes de la
población.
Describamos una a una estas tragedias.
1. Ingresos públicos estancados y con pérdidas
Ni los esfuerzos de fiscalización, ni la gran inversión en
Pemex han logrado revertir el estancamiento de los ingresos públicos. Desde
2016, cuando ingresaron a las arcas del Gobierno 6.1 billones de pesos, no se
ha repetido la bonanza.
A mitad de camino en la Administración AMLO podemos decir
que el avance de los ingresos no es satisfactorio, en comparación con el cierre
del gobierno anterior, en 2018. En 2021 el total de ingresos fue de 5.96
billones de pesos, sólo 3% (167 mmdp) superiores a los de 2018 o 6% (317 mmdp)
por arriba de los observados en 2020. Visto de otro modo, los ingresos han
aumentado sólo 1% (55.9 mmdp) en cada año de lo que llevamos de sexenio, en
promedio.
Al desagregar los distintos tipos de ingresos, los tributarios son los que más han
aportado al somero crecimiento. En 2021 cerraron en 3.56 billones de pesos,
1% (37 mmdp) más que en 2020 y 3% (98.5 mmdp) más que en 2018. No obstante,
respecto al fin del sexenio de Peña Nieto, el 80% (79 mmdp) del crecimiento se
debe a un mayor cobro de IVA, un impuesto que tiene poco que ver con las
estrategias de fiscalización del Gobierno y más con el crecimiento de la
población o la llegada récord de remesas, que han mantenido e impulsado el
consumo interno.
El segundo componente que más ha estimulado los ingresos
son los no tributarios no petroleros (NTNP), es decir, los aprovechamientos…
Es decir, la extinción de fideicomisos y fondos de estabilización. Por ese
concepto, en 2021, ingresaron 385.5 mmdp, 27% (82.5 mmdp) más que al cierre de
2018, aunque 34% (197 mmdp) menos que en 2020. Ya presenta rendimientos
decrecientes esta estrategia.
Finalmente, los ingresos petroleros cerraron 2021 en 1.15
billones, 81% (516 mmdp) más que en 2020 –año que vio un desplome en los
precios del petróleo–, pero sólo 4% (48.5 mmdp) más que en 2018. ¿Dónde están
los resultados para las finanzas públicas de la gran apuesta en Pemex?
2. Cuando el “pastel” de la economía no crece, el ISR tampoco
Diez mil millones de pesos (10 mmdp) o 1% de crecimiento
para el ISR. Éste es el
resultado de la agresiva estrategia de fiscalización del Gobierno federal, pero
en un contexto en el que la economía se mantiene débil, no logra
recuperarse a los niveles de 2018.
Al
cierre de 2018 la recaudación de este impuesto fue de 1.88 billones de pesos. En 2019, con la desaceleración económica, cayó a 1.84
billones; para 2020, con todo y pandemia, se recuperó a 1.86 billones, y en
2021, el año de la recuperación, el ISR llegó a 1.89 billones. Se puede
argumentar que la fiscalización por lo menos ayudó a mantener la recaudación
ante tres años de estancamiento económico, pero es innegable que el avance es
nulo, por donde se vea. Pero lo que debemos ver es que si la economía no hubiera decrecido en 2019, y se hubiera recuperado bien
en 2022, la fiscalización agresiva
Esta fiscalización desde 2019 se fundamentó en el ABC fiscal: Aumentar
la eficiencia recaudatoria; Bajar la evasión y elusión fiscal; y Combatir
corrupción. También se eliminó la Compensación Universal que permitía saldar
créditos fiscales en contra de un impuesto federal con saldo a favor de otro
impuesto. Ahora los contribuyentes tienen que pedir devoluciones y enfrentar
trabas administrativas. Finalmente, el Plan Maestro se ha enfocado en
fiscalizar a Grandes Contribuyentes con auditorías focalizadas.
Al interior de los distintos sectores económicos [1]se
observa que sólo cinco de 22 han tenido un crecimiento considerable; ocho
sectores aportan menos de ISR que en 2018 y en cinco el aumento es menor al 5%.
Frente a 2018, el sector que más ha aumentado en términos
de recaudación es el de dirección de corporativos y empresas. En 2021 aportó
53.6 mmdp, 58% (19.7 mmdp) más que en 2018. No obstante, en 2019 y 2020 su
aportación rondó los 37 mmdp. Es decir,
la fiscalización sobre la cúpula empresarial sólo se reflejó en 2021.
Además, la cifra del año pasado está lejos de los mejores años –2011 o 2013,
cuando el sector aportó más de 80 mmdp–. No hay mejora, sólo recuperación.
Le siguen los sectores del comercio al por mayor, con un
aumento de 10.4% (14.3 mmdp), y comercio al por menor, en 12.7% (13 mmdp)
frente a 2018. La dinámica de los mismos se explica por la resiliencia del
mercado interno, que también ha impulsado al IVA. Además, pocas estrategias se
han puesto en marcha para incrementar la tributación en el comercio al por
menor, salvo la reciente creación del Régimen Simplificado de Confianza (RSC).
Asimismo, las actividades de gobierno y de organismos
internacionales han crecido 9.2% (13 mmdp) frente a 2018. Aquí tampoco cabe el
discurso de la fiscalización, puesto que se analiza la aportación de ISR del
mismo gobierno. Donde sí se observa una
mayor fiscalización es en la minería, la cual en 2021 aportó 65 mmdp, 24.7%
(12.9 mmdp) más que en 2018, su mayor monto en la década. Este sector
también ha estado en la mira del SAT.
Por el otro lado, hay sectores que destacan negativamente.
En primer lugar, las industrias manufactureras –el sector de mayor peso en la
tributación– aportaron 342
mmdp en 2021, sólo 0.4% (1,3 mmdp) más que en 2018.
Los servicios profesionales, científicos y técnicos –el
sector que más personas físicas agrupa–aportó 135 mmdp en 2021, 12.3% (19 mmdp)
menos que en 2018. Esto es muestra de la
pérdida de empleos y de la disminución en la remuneración de los mismos.
De igual forma, el sector de servicios de apoyo a los
negocios, manejo de desechos y servicios de remediación aporta 145 mmdp, 21%
(39 mmdp) menos que en 2018 o 24% (46 mmdp) menos que en 2020. Esto puede estar
relacionado con la desaparición del outsourcing
que, no obstante, no se ha reflejado en mejor recaudación en los servicios
profesionales o industrias manufactureras, donde están la mayoría de personas
físicas.
Tampoco se ha visto avance en los servicios de alojamiento
y preparación de alimentos y bebidas, el cual aportó en 2021 10.9 mmdp, 36%
(6.2 mmdp) menos que en 2018. Otra muestra más de la debilidad del empleo
formal de los mexicanos.
3 Estancamiento
en el gasto público e inversión, excepto para Pemex
Si los ingresos públicos se han estancado, no extraña para
nada que el gasto público se haya deprimido. En 2021 fue de 6.73 billones de pesos, 6.4% (403 mmdp) más que en 2020,
pero parte de este crecimiento se debe a los 316 mmdp que se transfirieron a
Pemex de forma extraordinaria. Sin estas transferencias, el crecimiento
hubiera sido de sólo 1.4% (86 mmdp) frente a 2020, o de 1.5% (92 mmdp) frente a
2018.
Además, con todo y transferencias a Pemex, el gasto neto del sector público es
prácticamente igual al alcanzado en 2016.
Al interior de la inversión pública, el gasto se ha visto
castigado excepto para la empresa petrolera. En 2021 la inversión física fue
sólo 0.2% (1.45 mmdp) superior a la de 2020, pero 1.1% (7.7 mmdp) inferior a la
de 2018. No obstante, la inversión enfocada en Pemex fue 29% (60 mmdp) mayor
que en 2020 o 26% (55 mmdp) mayor que en 2018. En otras palabras, todos los sectores de inversión fueron
castigados, excepto Pemex.
La inversión sin Pemex cerró con una caída de 12% (58.9
mmdp) frente a 2020 o 13% (63 mmdp) respecto de 2018. Sólo por poner algunos
ejemplos, la inversión en Salud cerró 11% (2.1 mmdp) por debajo en relación con
2018; la de educación, 11% (2 mmdp) igualmente debajo, y la de ciencia,
tecnología e innovación fue 91% (2.4 mmdp) menor.
4 Gasto
en salud: aunque usted no lo crea, sigue sin ser prioridad
Pese a ser un pilar del bienestar de la ciudadanía, y con
todo y pandemia de covid-19, el gasto en salud no ha sido prioridad en la
actual administración. En 2021 cerró con un aumento de sólo 0.3% frente a 2021, u 8% (52 mmdp) frente a 2018. No obstante, 54.9 mmdp de
ese gasto consistió en aportaciones a fideicomisos, lo que implica que no
tenemos certeza de que los recursos efectivamente hayan llegado a la gente.
Sin las aportaciones a fideicomisos, el gasto funcional en
salud fue 0.9% (5.9 mmdp) menor al de 2020 –cuando se aportaron 48.9 mmdp a
estos instrumentos– o 2.1% (13.4 mmdp) superior a lo erogado en 2018, cuando se
aportaron a fideicomisos 16.3 mmdp. Es decir, el gasto que sabemos que
efectivamente ha llegado a la población acumula un aumento promedio de sólo
0.7% o 4.5 mmdp.
Otra forma de analizar el gasto en salud es a través del
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), un organismo de la Secretaría de
Salud, que atiende a las personas no derechohabientes de los otros sistemas,
como el IMSS, ISSSTE, Sedena o Semar. O sea, que apoya a los mexicanos que más
lo necesitan.
Pues bien, en 2021
el gasto total del Insabi, sin contabilizar aportaciones a fideicomisos, fue de
59.1 mmdp, 7% (4.4 mmdp) menor al de 2020, 4% (2.2 mmdp) menor a 2019 o 25% (19.6 mmdp) por debajo del promedio
de 2012 a 2018. Para resumir, los recursos efectivamente gastados en la salud
de la gente eran superiores cuando todavía existía el Seguro Popular. El
análisis más profundo en salud se encuentra aquí.
5 Crecen
los programas sociales, pero en opacidad
Pese al discurso del Ejecutivo, el gasto público en
programas sociales no se ha incrementado en pesos. Lo único que ha aumentado es
la proporción de programas que no clarifican su distribución geográfica,
carencia que los hace menos transparentes y da pie a actos de corrupción.
En
2021 el gasto total en programas sociales fue de 730.8 mmdp, una caída de 5%
(40.9 mmdp) frente a 2020 o de 1% (3.9 mmdp) frente a 2018. Ahora, si se compara frente al mejor año en la última
década, 2015, la caída es de 17% (144 mmdp).
La caída en el gasto para programas sociales puede
explicarse por el estancamiento de los ingresos tributarios o por el desplome
de los ingresos petroleros. Lo que no tiene explicación es el incremento de
programas sociales, que no muestran distribución geográfica o que por defecto
están registrados en la Ciudad de México.
En 2018, último año de la administración pasada, sólo el
39% del total de programas sociales estaba en esta condición de opacidad. Un
año después, en 2019, la proporción subió al 55% y para 2021 cerró en 58% del
total.
Los principales programas que carecen de transparencia
geográfica son también los prioritarios del Gobierno, como Sembrando Vida, el
Programa IMSS Bienestar, el Programa de Vivienda Social o el Programa de
Microcréditos para el Bienestar.
6 El abandono fiscal de CFE
En 2021 la CFE tuvo su peor déficit financiero desde 1990
–año a partir del cual se tiene registro–, por 60.5 mmdp, como lo explicamos en
nuestro Erario Anual. La paraestatal ha comunicado que esto se debió a eventos
“fortuitos”, como el congelamiento de ductos de gas en Texas. Los datos apuntan
a otra razón: una mala planeación
financiera y al abandono por parte de la Secretaría de Hacienda, que se
quedó sin recursos
En 2020 la recesión económica causada por el covid abarató
los precios de los energéticos. Ese año la CFE gastó 14% (34.6 mmdp) menos de
lo presupuestado en su capítulo de Materiales y Suministros, es decir, en
combustibles para la producción de electricidad. Para 2021, la Secretaría de Hacienda y CFE, en lugar de anticipar una
recuperación de los energéticos, apostaron a que se mantendrían bajos. Se
presupuestaron incluso 12% (27.6 mmdp) menos recursos para insumos de los
utilizados en 2020.
Como era de esperarse, en 2021 las economías del mundo se
recuperaron, al igual que los precios de los combustibles, y la CFE acabó
gastando 40% (74.3 mmdp) más de lo aprobado en el capítulo de Materiales y
Suministros. Si en 2021 se hubiera aprobado el mismo monto que se gastó en
2019, a la CFE le hubieran sobrado incluso 16.4 mmdp para insumos.
En suma, la CFE acabó gastando más que sus ingresos. Esto
no hubiera sido un problema si Hacienda hubiera compensado el déficit de la
paraestatal con más subsidios, pero contra
todo pronóstico Hacienda abandonó a la energética a su suerte, por lo que
la paraestatal cayó en déficit financiero por primera vez desde 2009.
La CFE y Hacienda habían planeado cerrar 2021 con un
balance financiero positivo, de 28.5 mmdp. Para lograrlo se habrían tenido que
desembolsar 89 mmdp más en subsidios, adicionales a los 70.2 mmdp ya pagados,
haciendo que el apoyo total para la energética llegara a 159.2 mmdp. Este monto
es superior a todo el presupuesto de la Sedena, por ejemplo.
Finalmente queda la duda sobre la falta de coberturas
financieras para el gas que utiliza la CFE. En sus reportes financieros la
empresa sólo menciona tener estos instrumentos para protegerse de variaciones
del tipo de cambio y tasa de interés; no menciona nada con respecto al gas. No
obstante, en su Plan de Negocios 2022-2026 afirma que entre sus metas está el
desarrollo de estas coberturas, por lo que se intuye que no cuenta con ellas.
Éste es otro factor que explica el golpe que sufrió la CFE por el aumento de
precios de los combustibles.
¿Qué nos espera para 2022? Más inestabilidad financiera.
Lo presupuestado en el capítulo de Materiales y Suministros es todavía 26%
(69.2 mmdp) menor de lo observado en 2021. Con las perspectivas económicas y
políticas se anticipa que los energéticos sigan aumentando de precio, por lo
que la CFE se seguirá viendo presionada
en sus finanzas y tendrá que seguir recortando inversión. En efecto: es el
peor momento financiero para una reforma eléctrica.
7 Transferencias
millonarias de Pemex, pero pérdidas de operación
El 2021 fue un año de contrastes para Pemex: recibió el
apoyo más cuantioso del Gobierno federal en lo que va del sexenio, pero también
sufrió su peor balance de operación desde 2016.
En 2021 la petrolera recibió 316 mmdp de capitalización
por parte de la Secretaría de Energía. Esto equivale al 95% de todo el
presupuesto de la Secretaría de Educación Pública –la cual, por cierto, es a la
que históricamente se le asignan más recursos–. Además, cabe destacar que en el
PEF 2021 sólo se habían autorizado 45 mmdp de aportaciones a Pemex, por lo que
hubo un sobregasto de 600% (271 mmdp) que no pasó por el escrutinio
democrático.
En fin, estas aportaciones a Pemex fueron 247% (225 mmdp)
superiores a las promediadas en 2019 y 2020 o 703% (277 mmdp) superiores a las
otorgadas entre 2014[2]
y 2018 por la administración de Peña Nieto. Podemos decir que 2021 fue el año en que se sacrificó al erario público
en el altar de Pemex.
Gran parte de esta capitalización no llegó a fines
productivos. En 2021 se pagaron 142 mmdp en intereses y costos de la deuda, el
mayor monto que se tiene registro desde 1990, o 61% (53 mmdp) más que el
promedio del sexenio pasado. En contraparte, el gasto en inversión física fue
de 267 mmdp, el mayor monto de la actual administración, pero 28% (102 mmdp)
menos de lo que promedió la pasada administración.
Asimismo,
en términos operativos la apuesta por Pemex tampoco se ha materializado. La plataforma petrolera en 2021 promedió 1,682 miles de
barriles diarios (mbd), 118 mbd menos de los programado, y sigue lejos de los
2,000 mbd que promedió la pasada administración. Finalmente, el balance de
operación –medido por las ventas netas menos el gasto programable– fue el peor
desde 2016, con un déficit de 141 mmdp.
8 Fonden se volvió una herramienta clientelar
La desaparición del Fonden en 2021 dejó como saldo un
desplome en el gasto de reconstrucción de infraestructura y el uso de los
recursos de forma clientelar, como lo adelantamos desde finales de 2021 en este artículo.
Con datos del tercer trimestre habíamos advertido un
recorte de 68% (2.6 mmdp) en reconstrucción con respecto a 2020, lo que
implicaba que el 76% de los recursos se destinaran a programas sociales e
instrumentos financieros y no a infraestructura. Al cierre de 2021 los datos
fueron mucho peores.
El
año pasado el gasto en reconstrucción cerró en 2.2 mmdp, un recorte de 78% (7.8
mmdp) frente a 2020 o 89% (17.6 mmdp) con respecto del promedio observado entre
2013 y 2020. ¡El recorte fue brutal!
Algunos sectores fueron prácticamente olvidados. La infraestructura educativa en 2021 recibió cero pesos para reconstrucción, cuando en promedio de 2013 a 2020 recibió 2.2 mmdp. El sector hidráulico obtuvo 190 millones, cuando en promedio recibía 4.9 mmdp. Los sectores urbano y de vivienda –que se vinculan directamente con el patrimonio de las familias– recibieron cero y 9 millones, cuando antes promediaban 521 mdp y 1.5 mmdp, respectivamente.
Esto impactó en los estados más pobres del país, aquéllos
que tradicionalmente más se beneficiaban del Fonden. Chiapas recibió 156 mdp
para reconstrucción, cuando en promedio recibía 2 mmdp; Guerrero recibió 125
mdp, cuando en promedio recibía 3.5 mmdp, o incluso Tabasco –cuyas regiones más
pobres fueron inundadas por instrucciones del Gobierno federal para evitar la
afectación de la capital– recibió sólo 6 millones, cuando antes recibía mil
millones en promedio anual.
¿Qué
sucedió con el resto de los recursos? 3.2 mmdp los gastó la Secretaría del
Bienestar, 1.7 mmdp los ejecutó Protección Civil de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana (SSPC) y 5.6 mmdp se fueron para el pago de vacunas. Sobre este último punto todo indica que la Secretaría de
Salud fue la que recibió estos recursos, aunque no hay claridad sobre este
hecho, ni sabemos si esta transferencia sirvió para la compra de vacunas contra
el covid o para cualquier otro tipo de vacunas[3].
Lo que es seguro es que en 2021 el 85% de los recursos del
Fonden para atención de desastres fue ejecutado para fines distintos a infraestructura,
cuando en promedio de 2012 a 2020 sólo el 18% se destinaba para fines distintos
a la reconstrucción, como el apoyo en especie a la población o la compra de
coberturas financieras. En otras
palabras: ahora se privilegia el corto plazo y los réditos políticos.
La parte más cuestionable es que los 3.2 mmdp que gastó la
Secretaría del Bienestar, a través de su Programa para el Bienestar de las
Personas en Emergencia, se fueron a transferencias directas, lo que eleva el
riesgo de uso clientelar de los recursos públicos. El ejercicio de estos
recursos se clasificaron como Subsidios a la Producción, al igual que las
pensiones para los adultos mayores, y fueron administrados por la misma unidad
responsable: la Dirección General para el Bienestar de las Personas Adultas
Mayores.
9 Agotamiento
inminente de los fondos de emergencia
La actual administración, durante la desaceleración de
2019 y la crisis de 2020, ha utilizado más del 90% de los fondos que había en
2018. Para eso, claro, son los ahorros. El problema es que 2021 nos dejó ver
que no existen mecanismos para restablecer esos fondos. Lo grave es que el
fondo de las entidades apunta a volverse más bien una deuda y no un activo.
El
saldo del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) pasó
de 316 mmdp al cierre de 2018 a 10 mmdp al cierre de 2020, una caída de 97%
(306.8 mmdp). Estos recursos se
utilizaron para cubrir el faltante entre los ingresos y gastos presupuestados
el PEF 2019 y 2020. Aunque en 2021 los ingresos se recuperaron –sobre todos los
petroleros–, el saldo del FEIP se mantuvo sin mejoras.
El problema de este fondo es su alta dependencia con
respecto a recursos extraordinarios. De 2010 a 2021 los ingresos por el Fondo
Mexicano del Petróleo (FMP) significaron sólo el 19% del total, mientras que el
remanente del Banco de México (Banxico) representaron el 23% y las coberturas
petroleras el 36%
Además, los ingresos recurrentes van a la baja. En 2021
los ingresos por el FMP fueron de sólo 8 mmdp, una contracción de 41% (5.5
mmdp) frente al promedio de 2010 a 2018, debido a la menor producción petrolera.
Lo anterior nos demuestra que es
necesaria una reforma que incremente los ingresos recurrentes que llegan al
FEIP, que no depende solamente del petróleo.
El
tema más preocupante es el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas (FEIEF). En
2020 el saldo de este fondo cayó a 32 mmdp, 68% (68.1 mmdp) menos de lo que
tenía en 2018. No obstante, en 2020 el FEIEF se bursatilizó, es decir, se pidió
un préstamo por 70 mmdp para cubrir los ingresos de las entidades ante la
crisis económica. Sin esta capitalización, el fondo hubiera desaparecido ese
mismo año.
La bursatilización implica que los ingresos ordinarios del
FEIEF se irán a pagar lo prestado durante los siguientes 15 años. En 2021 los
2.2 mmdp que ingresaron por el FMP se fueron para pagar la deuda del fondo.
Asimismo, se utilizaron 10.5 mmdp para compensar los ingresos de las entidades,
por lo que el FEIEF cerró en 21.4 mmdp, 34% (11 mmdp) menos que en 2020.
Con un presupuesto optimista para 2022 (que posiblemente
se quede corto y demande más salidas del FEIEF), sin un esquema que mejore los
ingresos recurrentes del fondo y el compromiso del pago de la bursatilización
por los siguientes 14 años, es posible no sólo que el FEIEF llegué a ceros,
sino que se vuelva una carga financiera para las entidades.
10 Pierde
el federalismo: gasto para entidades por debajo de 2018
Los grandes perdedores desde la llegada de la Cuarta
Transformación han sido los estados. El gasto federalizado en 2021 –el total de
recursos que manda la Federación a las entidades– fue de 2.01 billones de
pesos, 7% (157 mmdp) menor a lo otorgado al cierre de 2018.
Gran parte de esta disminución se debe a una caída de 87%
(118 mmdp) en el Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas. Es cierto que
este ramo fue utilizado para otorgar recursos de manera opaca y discrecional en
el sexenio anterior. No obstante, en lugar de reformar su funcionamiento o
mandar los recursos a los estados por otros medios, el Ramo 23 prácticamente ha
desaparecido.
Las Participaciones Federales –o los recursos de libre
disposición que reciben los estados– acumularon 916 mmdp, una caída de 4% (40
mmdp) frente al cierre del sexenio. Por su parte, las Aportaciones –los
recursos etiquetados– acumularon 826 mmdp, una contracción de 1% (5 mmdp). Los
convenios de descentralización y los de reasignación también se redujeron en
11% (18 mmdp) y 22% (2 mmdp), respectivamente.
En
suma, en 2018 el 34% del gasto neto del sector público correspondía al gasto
federalizado. Al cierre de 2021, este monto se redujo al 30%, la más baja
proporción en los últimos 20 años. Una clara victoria fiscal para el poder central.
Riesgos y
oportunidades en 2022
Aún nos quedan por delante tres años más de gestión de la hacienda
pública del actual Gobierno y para 2022 la perspectiva no es halagüeña.
Es seguro que los
pronósticos de finanzas públicas planteados en los Criterios Generales de
Política Económica (CGPE) para 2022 no se cumplirán. Tendremos, por un lado, precios del petróleo más elevados que
incrementarán la recaudación petrolera, pero por otro la plataforma de
hidrocarburos parece que no va a llegar a la meta y el crecimiento económico se
quedará muy lejos del 4.1% previsto.
Además, el aumento en el precio del petróleo no es del todo bueno,
pues repercute en un mayor precio de las gasolinas, el cual no ha aumentado
porque el Gobierno está manteniéndolo estable al incrementar los estímulos que
brinda a los consumidores. Esto, en la práctica, reduce el IEPS neto que cobra,
es decir, merma su recaudación. Dado que 2022 es un año electoral, se ve
difícil que el Gobierno quite los estímulos de los precios a las gasolinas
antes de las elecciones.
En esta situación convendrá mantener una gran prudencia en el uso del
dinero público. Si el petróleo se mantiene alto y se supera lo previsto en la
Ley de Ingresos, convendría aumentar las aportaciones a los fondos de
emergencia y no incrementar el gasto en más aportaciones a Pemex, por ejemplo. Es urgente garantizar un “colchón”
financiero para lo que resta del sexenio.
El punto es no dar por hecho que se darán mayores ingresos petroleros
de manera permanente y modificar al alza el gasto público. Aún queda por ver si el crecimiento de la economía es mucho menor a lo
que actualmente se anticipa, situación que podría materializarse si se
aprueba la reforma eléctrica o se dan otros cambios que sigan ahuyentando a la
inversión.
[1] La SHCP divide las distintas fuentes de
recaudación en 22 sectores económicos que van desde los extractivos como la
minería, manufacturas, comercio o distintos tipos de servicios.
[2] A partir de 2014 es que se
reportan las aportaciones a Pemex de una forma estandarizada.
[3] A finales de noviembre se
publicó en el DOF la disposición que los recursos del Fonden presupuestados en
el Ramo 23 podían ser destinados a la compra de vacunas, sin precisar qué tipo
ni quién ejecutaría los recursos. DOF 23-11.2021 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5636005&fecha=23/11/2021
