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Autor: México Evalúa

AMLO y la infraestructura: menos inversión, más costos y oportunidades perdidas

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Anuales, Finanzas Públicas, Sexenales.

Contó con el presupuesto más alto de la historia y pudo gastar en megaobras como el Tren Maya, Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles… Aún así, la inversión pública con López Obrador fue la peor desde el sexenio de Vicente Fox.

Aunque Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “pisó el acelerador” al cierre de su gestión para terminar sus obras prioritarias, la inversión pública durante su sexenio perdió protagonismo dentro del presupuesto público y cayó en términos per cápita y en proporción al tamaño de la economía del país. 

Además de la reducción de recursos, estas inversiones se concentraron en un menor número de sectores, dejando en el abandono áreas estratégicas como ciencia, tecnología, agricultura y protección social. 

En contraparte, los grandes proyectos de infraestructura, como el Tren Maya y el  Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), estuvieron marcados por sobrecostos multimillonarios, lo que refleja la mala planeación y resultó en la pérdida de recursos para otros sectores importantes para el desarrollo económico.

Este análisis examina el desempeño de la inversión pública en este sexenio. Se compara su evolución con administraciones anteriores y evalúa el costo de oportunidad de las decisiones de gasto. Los datos muestran que, lejos de fortalecer la infraestructura nacional, la estrategia de inversión ha estado marcada por menor eficiencia, concentración de recursos y proyectos con cuestionable rentabilidad económica y social.

Pisa AMLO acelerador al cierre de su sexenio

Para finalizar sus obras prioritarias como el Tren Maya, López Obrador elevó el gasto en inversión al cierre de su sexenio. A pesar de contar con el presupuesto público más alto de la historia, y de incrementar la deuda pública a niveles récord, no fue capaz de compensar la baja inversión realizada en los primeros años de su gestión. Tampoco superó los mejores niveles de la última década. 

El problema es que una baja inversión física se relaciona con un menor crecimiento económico. Con menos recursos destinados a obra pública, se profundiza el rezago en sectores estratégicos como transporte, energía y agua, entre otros, lo que repercute en la competitividad y el bienestar de la población. Es una receta tóxica que ralentiza la modernización de infraestructura, afecta la productividad, daña el nivel de servicios para la población y amplía la brecha en el desarrollo regional.  

En 2024, se destinaron 1,034.9 mil millones de pesos (mmdp) al rubro de inversión física, una cifra 11.4% (105.9 mmdp) mayor a la de 2023 y el nivel más alto del sexenio, mismo que es superior en 24% (200.8 mmdp) al nivel del último año de Enrique Peña Nieto (EPN). Sin embargo, este monto fue menor a cualquiera registrado entre 2009 y 2016. 

La menor prioridad para el gasto de inversión se volvió una constante desde 2017 cuando Peña Nieto realizó un ajuste fiscal y se mantuvo con bajos niveles durante toda la administración de López Obrador. La tendencia a la baja de la inversión física se hace aún más evidente al contrastar las cifras de este sexenio con registros nacionales e internacionales. 

Empecemos por lo nacional… En 2024, la inversión pública en infraestructura representó 3.1% del producto interno bruto (PIB), el segundo nivel más alto del sexenio (el mayor fue 3.2% en 2022), pero inferior a cualquier año entre 2009 y 2016, cuando alcanzó 4.5% del PIB (en 2010 y 2014), prácticamente un punto y medio por encima del máximo registrado en este gobierno.

A nivel internacional, la diferencia es clara. En 2021, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) promediaron un gasto en inversión pública equivalente al 3.5% del PIB. Si bien México se posiciona favorablemente frente a países como Chile o Costa Rica, que tienen una inversión de 2.7% y 2.6% del PIB respectivamente, está muy lejos de los niveles de potencias tecnológicas, como Japón o Corea del Sur, que gastan arriba del 4.5% del PIB en inversión pública. 

Esta brecha sugiere una menor capacidad del Estado para impulsar proyectos estratégicos que fortalezcan la competitividad y el crecimiento de largo plazo. La inversión física también ha perdido prioridad dentro del presupuesto nacional. En 2024, sólo 11.3% del gasto total se destinó a este rubro. Aunque este porcentaje es superior al de 2023 (10.9%) e incluso al del último año de EPN (11.1%), se mantiene muy por debajo de los niveles observados en años anteriores. Así, de 2006 a 2016, fue superior la proporción del gasto total destinada a inversión física. En 2010, por ejemplo, ésta representó 18.7% del gasto total.

Menos inversión per cápita: rezago en infraestructura y competitividad

Como se ha dicho, la inversión de AMLO fue inferior a la conseguida en las dos administraciones previas. Esta comparativa se agrava si medimos el gasto en infraestructura por habitante. 

Analizar el gasto de inversión por habitante es importante para evaluar si los recursos destinados para suplir las necesidades de infraestructura son suficientes ante el total de la población y para medir si las generaciones actuales reciben las mismas oportunidades que las pasadas. Un presupuesto que bastaba en el año 2000, cuando había 100 millones de habitantes, podría no ser suficiente en 2024, cuando ya se superó la marca de 130 millones. 

En 2024, la inversión física per cápita en términos reales fue de 7,824 pesos, nivel inferior al registrado entre 2009 y 2015 cuando la inversión por habitante superó los 9,000 pesos. Es decir, México registra 15 años con una inversión por habitante estancada. Además, a lo largo de la administración de López Obrador el promedio anual fue de 6,911 pesos por habitante, cifra inferior a la registrada en los sexenios previos.

Durante el gobierno de Peña Nieto, la inversión física per cápita promedió 8,764 pesos anuales, mientras que con Felipe Calderón fue de 8,689 pesos. Si bien AMLO superó los niveles de Vicente Fox (4,441 pesos) y Ernesto Zedillo (4,149 pesos), el contexto actual es mucho más demandante. La globalización y la acelerada transformación tecnológica exigen una infraestructura moderna y eficiente que fortalezca la competitividad del país y genere mejores condiciones para la población.

En específico, la inversión física per cápita en Pemex se redujo significativamente a lo largo del sexenio pasado en comparación con administraciones anteriores. En promedio, se destinaron 2,365 pesos por habitante cada año, cifra inferior a los 3,481 pesos asignados anualmente durante el mandato de Peña Nieto, lo que representa 1,100 pesos menos por persona. En el mismo sentido, Calderón destinó 3,205 pesos per cápita, es decir, 840 pesos más que la administración que recién concluyó.

Esta reducción per cápita tiene efectos directos en la subida de precios de gasolinas y diésel para la población. En 2024, Pemex Transformación Industrial, la filial encargada de la producción de combustibles, produjo en promedio 290 mbd de gasolinas, superior a los 207 mbd de 2018, pero inferior al máximo de 437 mbd logrado en 2013. En otras palabras, por cada mil habitantes, Pemex producía 3.7 barriles en 2013 pero sólo 2.2 en 2024. Si no hay más oferta de combustibles por habitante, no pueden disminuir los precios al consumidor final.

El escenario en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también reflejó una caída en la inversión per cápita. Durante la administración de López Obrador, la inversión física en la empresa estatal promedió apenas 379 pesos anuales por habitante, por debajo de los 421 pesos destinados por Peña Nieto y de los 537 pesos ejercidos en el sexenio de Calderón. Incluso las administraciones de Fox y Zedillo superaron a López Obrador, con 534 y 578 pesos por persona, respectivamente.

La disminución de recursos en este sector compromete la capacidad de la CFE para garantizar las necesidades energéticas de la población. Según el Sistema de Información Energética (SIE), en 2023 la capacidad instalada de la CFE fue de 61,344 megawatts, el mayor monto histórico. No obstante, en términos per cápita significó que la capacidad instalada por persona fue de sólo 469 watts, nivel similar al de 2007. 

¿Cuánto gastó AMLO en inversión durante su sexenio? 

A pesar de haber impulsado megaproyectos como la refinería de Dos Bocas, López Obrador acumuló un gasto de 5.3 billones de pesos en inversión física entre 2019 y 2024. Esta cifra es inferior a los 6.4 billones acumulados por Peña Nieto y 5.9 billones de Calderón. No obstante, fue superior a los 2.7 billones de Fox o 1.9 billones de Salinas. 

En proporción del PIB, la tendencia es similar. Durante 2019-2024, el gasto público en inversión física promedió 2.8% del PIB, 0.8 puntos porcentuales menos que con Peña Nieto (3.6%) y un punto menos que con Calderón (3.8%). Fox fue quien destinó el menor porcentaje a inversión física (2.1% del PIB).

Aunque López Obrador realizó obras de gran magnitud como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas, en las administraciones anteriores también se realizaron obras de gran envergadura. Peña Nieto, por ejemplo, impulsó infraestructura clave como el Tren Interurbano México-Toluca (sin terminarlo), la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara y la Línea 3 del Metro de Monterrey, además de modernizar los aeropuertos de Cancún, Guadalajara y Acapulco, ampliar el aeropuerto de Chetumal y concluir el Túnel Ferroviario de Manzanillo y el Libramiento Ferroviario de Celaya. 

Por su parte, Calderón priorizó la infraestructura de carreteras y autopistas, el Puente Internacional Ferroviario Matamoros-Brownsville, la reconfiguración de la Refinería de Minatitlán y la expansión del sector eléctrico con proyectos como La Yesca y centrales eólicas en Oaxaca. También impulsó infraestructura hidráulica con la construcción de seis presas. 

Vicente Fox, por su parte, mejoró el abasto energético y la conectividad nacional, al ampliar y modernizar infraestructura energética, carreteras, puertos y aeropuertos mediante inversión pública y privada..

La menor inversión también se refleja en las Empresas Públicas del Estado 

La inversión en Pemex durante el sexenio de López Obrador fue menor en comparación con administraciones anteriores, a pesar de megaproyectos como Dos Bocas. En total, destinó 1.8 billones en inversión a Pemex entre 2019 y 2024, cuando Peña Nieto invirtió 2.5 billones y Calderón 2.2 billones, respectivamente. 

En términos del PIB, asignó 1% anual en promedio a Pemex, cifra inferior al 1.4% del PIB destinado por Peña y Calderón. Esto ocurrió a pesar de que López Obrador otorgó mayores beneficios fiscales a la petrolera, condonando impuestos y reduciendo su carga tributaria como estrategia para mejorar sus finanzas por un total de 1.1 billones de pesos, como lo explicamos en esta investigación. 

Esta reducción en inversión limita la modernización de la infraestructura petrolera, sobre todo en producción y refinación. Debido a ello, se mantiene la dependencia del país en la importación de combustibles. La falta de inversión eficiente también ha derivado en retrasos operativos, sobrecostos y fallas técnicas. Queda evidenciado que los recursos dirigidos a Pemex no han logrado fortalecer su competitividad ni garantizar su viabilidad financiera.

La CFE también perdió prioridad en la agenda de inversión pública. En el sexenio de López Obrador, la inversión física acumulada de la empresa estatal fue de 295 mmdp, cifra inferior a la ejercida por sus predecesores. Peña Nieto destinó 310 mmdp, es decir, 15 mmdp más, mientras que Calderón invirtió 366 mmdp, lo que equivale a 71 mmdp adicionales respecto a López Obrador. Incluso las administraciones de Zedillo y Fox asignaron más recursos a la CFE por 333 mmdp y 334 mmdp, respectivamente. 

Esta disminución de recursos ha limitado la expansión y modernización de la infraestructura eléctrica, afectando la capacidad de generación, transmisión y distribución de energía en el país, lo que puede repercutir en costos más altos para consumidores y empresas, mayores apagones, menor seguridad energética y menor competitividad del país.

Menos inversión, menos sectores, menos futuro

A partir de esta sección, el análisis de la inversión física se desglosa por función del gasto. Este enfoque permite examinar cómo se han distribuido los recursos en distintos sectores estratégicos, identificando los cambios en prioridades gubernamentales y su impacto en áreas clave como energía, infraestructura, salud y educación. 

Para este diagnóstico se consideran únicamente los dos últimos sexenios. Esto se debe a que la disponibilidad de información sobre la clasificación funcional del gasto público comienza en 2011, lo que impide realizar comparaciones más amplias con administraciones previas.

La inversión física no solo se redujo en este sexenio, también se concentró más en menos sectores y dejó otros en el abandono. Durante la administración de López Obrador, el 95% del gasto en inversión física se destinó a estas seis funciones: 1. combustibles y energía (Pemex y CFE); 2. Vivienda y servicios comunitarios; 3. Comunicaciones y transportes; 4. Seguridad nacional y policías; 5. Salud y 6. Educación. Con Peña, esas seis funciones concentraron el 90% de la inversión física. 

La mayor concentración de la inversión en estos sectores con López Obrador, significó que las 16 funciones restantes recibieron el 5% del presupuesto en inversión, mientras que con Peña Nieto recibieron, proporcionalmente, el doble de recursos. En estos sectores olvidados por AMLO se encuentra ciencia, tecnología, agropecuario, cultura y protección social, entre otros. Vamos por partes…

Después de Combustibles y Energía (Pemex y CFE) que ya abordamos en los capítulos anteriores, la función de Vivienda y servicios comunitarios fue el segundo rubro más relevante en inversión física. Esta función del gasto incluye recursos para agua potable, alcantarillado y aportaciones federales para mantenimiento y construcción de infraestructura en estados y municipios. En el sexenio de López Obrador recibió en total 1.4 billones; con Peña sumó 1.7 billones. 

Comunicaciones y transportes ganó relevancia en este sexenio, absorbiendo 881.6 mmdp (16% del total) en todo el mandato lopezobradorista, un aumento frente a los 659.9 mmdp (10% del total) de la administración de EPN.

Esta expansión se explica por los megaproyectos insignia de López Obrador, entre ellos el Tren Maya, el Tren Interurbano México-Toluca y el Tren AIFA-Pachuca, que concentraron la mayor parte del gasto en transporte. Sin embargo, esta apuesta dejó rezagados otros sectores clave como carreteras, aeropuertos y puertos, sin garantizar una estrategia integral de conectividad, como lo analizamos en esta investigación. Esto genera dudas sobre su impacto en la competitividad del país, y si la distribución del gasto respondió a necesidades reales o a decisiones meramente políticas.

La función Salud también se rezagó con López Obrador. Recibió apenas 146 mmdp (3% del total), con la mayor parte de los recursos destinados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mientras que prácticamente no se invirtió en la infraestructura para la población sin seguridad social. Hay que decir que, en el sexenio de Peña Nieto, el sector sanitario tampoco fue prioritario, con solo 115 mmdp (2% del total).

La función educación también perdió peso en la inversión física en este sexenio. La falta de inversión en escuelas y centros de formación puede traducirse en menor calidad educativa y oportunidades limitadas para los estudiantes. Con López Obrador se destinaron 124.6 mmdp (2% del total), frente a 167 mmdp (3%) de la administración previa

El caso más crítico se registra en la función de Ciencia, tecnología e innovación, sector fundamental para el desarrollo y la competitividad del país, pero sistemáticamente ignorado por los últimos gobiernos. El desempeño de Peña Nieto ya había sido deficiente, con apenas 46.8 mmdp (0.7% del total), pero López Obrador llevó este rubro al abandono casi total, reduciéndolo a un insignificante 2.1 mmdp (0.04% del total). Esta caída drástica refleja la falta de visión de largo plazo en su administración, desmantelando cualquier posibilidad de fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la capacidad productiva del país. Con esta falta de financiamiento, México se aleja aún más de la innovación tecnológica y de la competencia en el mercado global, perdiendo oportunidades de crecimiento y quedando rezagado frente a economías que apuestan por el conocimiento como motor del desarrollo.

Megaproyectos costosos, sobreprecios y oportunidades perdidas

Las decisiones de infraestructura en este sexenio han implicado sobreejercicios multimillonarios con un alto costo de oportunidad. El AIFA, el Tren Maya y Dos Bocas,  las tres obras insignia de López Obrador, han excedido lo presupuestado por 673 mmdp1, recursos que pudieron haberse destinado a sectores clave para el desarrollo del país. 

Para dimensionar, esta cifra equivale a 336 veces el presupuesto de inversión física para Ciencia, tecnología e innovación (2 mmdp) en todo el sexenio de López Obrador. También representa 8.7 veces el presupuesto de inversión física del sector agropecuario (77 mmdp) de todo el sexenio, un rubro esencial para garantizar la seguridad alimentaria, fortalecer el campo y reducir la vulnerabilidad ante crisis climáticas y económicas. En lugar de invertir en estos sectores estratégicos, los recursos se destinaron a proyectos con sobreprecios, baja rentabilidad y cuestionables beneficios económicos a largo plazo. Invertir en estas megaobras comprometió la capacidad del país para avanzar en áreas que realmente podrían generar crecimiento y bienestar.

El Tren Maya, uno de los proyectos insignia del sexenio y destinado principalmente a la provisión de servicio ferroviario en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ha costado 176% más de lo prometido. De acuerdo con notas periodísticas, López Obrador aseguró que su construcción costaría 156 mmdp, equivalentes a 197 mmdp en pesos constantes de 2024. Sin embargo, a mitad de su administración, en 2022, el costo ya había alcanzado 242 mmdp, rompiendo su promesa inicial. Al cierre del sexenio, la cifra se disparó hasta 544 mmdp, lo que representa un sobregasto de 248% (347 mmdp) más de lo prometido.

Tan solo en 2024, el Tren Maya costó 152 mmdp. Inicialmente, la Secretaría de la Defensa Nacional administraría 120 mmdp del proyecto, pero con la reconfiguración presupuestaria, solamente ejerció 17.4 mmdp, mientras que el ramo de Turismo terminó ejerciendo 134.1 mmdp.

A esto se suman 28.7 mdp adicionales para la reubicación de asentamientos humanos en el derecho de vía del tren, incluyendo la compra de terrenos y la construcción de vivienda para las familias afectadas. Debido a este proceso de reubicación, muchas de las comunidades desplazadas han denunciado afectaciones a su modo de vida, pérdida de tierras y falta de transparencia en la compensación recibida, lo que ha convertido la obra en un símbolo de improvisación y opacidad. Por si no fuera suficiente, tiene otros 45 mmdp aprobados para 2025. Es importante señalar que estos montos no se incluyen en el costo total del Tren Maya, ya que se registran bajo otra clave presupuestaria, lo que oculta parcialmente el gasto real de la obra y dificulta una evaluación completa de su impacto financiero.

Si bien el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) costo menos de lo proyectado, en realidad trajo consigo un sobrecosto por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Para la construcción del AIFA inicialmente se estimó un presupuesto de 74.5 mmdp (equivalente a 96 mmdp en pesos constantes de 2024). En 2020, apenas se desembolsaron 6 mmdp; en 2021 el costo acumulado alcanzó los 41 mmdp. Finalmente, construir el AIFA costó 89 mmdp, 7 mmdp por debajo de lo estimado. No obstante, al gasto de construcción se suma el costo de la cancelación del NAICM, que ascendió a 146 mmdp, según la ASF2.  De esta forma, el gasto total por la construcción del AIFA fue de 235.3 mmdp, lo que representa un sobrecosto de 145% (139 mmdp) sobre el presupuesto prometido.

En otras palabras, el gobierno gastó el equivalente a un nuevo aeropuerto en cancelar uno que nunca se construyó, sin que la población o la economía obtuvieran algún beneficio. Esta decisión representó una pérdida de capitales sin precedentes. A pesar del ahorro en su construcción, los recursos ligados al AIFA (que inevitablemente incluyen la cancelación del NAICM) al final representan una de las inversiones más dispendiosas de la administración, con un alto costo de oportunidad en infraestructura aeroportuaria y un impacto cuestionable en la conectividad y competitividad del país.

A esto se suma el sobregasto de la refinería Dos Bocas, que más que duplicó su presupuesto original hasta alcanzar los 19,653 millones de dólares en 2024 y equivalentes a 398 mmdp3, según notas periodísticas. 

Cabe precisar que ni en la Cuenta Pública ni en los informes trimestrales de Hacienda se han informado los costos de este proyecto. No obstante, en los informes a la Comisión de Bolsa y Valores4 (SEC, por sus siglas en inglés) es posible saber que hasta 2023 Pemex ha  gastado 355.9 mmdp, esto es 144.5 mmdp por encima del costo prometido de 211.4 mmdp (8,000 millones de dólares).

Para colmo, a pesar de que fue diseñada para procesar 340,000 barriles diarios de petróleo, en agosto de 2024 Dos Bocas operaba apenas al 50% de su capacidad, refinando 170,000 barriles diarios. Además, su producción de gasolina fue de sólo 1,144 barriles diarios. La falta de información oficial clara y las inconsistencias en sus cifras han generado cuestionamientos sobre la eficiencia y rentabilidad del proyecto, reforzando la percepción de que ha sido una mala asignación de recursos con escaso impacto en la autosuficiencia energética.

De esta forma, con datos oficiales, el sobrecosto del Tren Maya, AIFA y Dos Bocas, asciende a 630.5 mmdp. No obstante, este número sólo considera el gasto de Dos Bocas hasta 2023. Si consideramos información de prensa, como Reforma, El Economista, Forbes y Bloomberg5, se puede constatar que en 2024 el costo de Dos Bocas llegó a 19,653 millones o 398.5 mmdp, esto es un sobreejercicio de 187 mmdp. Así, el sobrecosto de las tres obras insignia de López Obrador asciende a 673 mmdp.

  1. El sobrecosto reportado en la prensa nacional e internacional es la base de esta estimación. Sin embargo, al calcularlo con datos de la United States Security Exchange Commission (SEC), el monto asciende a 630 mmdp, aunque esta cifra sigue siendo parcial. No incluye ciertos gastos de capital, por lo que el costo real podría ser aún mayor. ↩︎
  2. Disponible en informe de la ASF. ↩︎
  3. Cálculos propios considerando el tipo de cambio fix de 20.28 pesos por dólar estadounidense del Banco de México al 17 de febrero de 2025. ↩︎
  4. Pemex se ve obligado a realizar informes a la SEC debido a que emite acciones y bonos en Estados Unidos. ↩︎
  5. Disponibles en El Economista, Forbes, Bloomberg y Reforma. ↩︎

El empobrecimiento de la hacienda pública por AMLO

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Anuales, Finanzas Públicas, Sexenales.

Durante su gestión, López Obrador no solo incrementó la deuda a niveles récord, sino que redujo los ahorros públicos, representando una disminución de 5,230 pesos por ciudadano.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) heredó a su sucesora, Claudia Sheinbaum, un Gobierno más pobre y con menos ahorros. Para entender qué sucedió, nos vamos a enfocar en los fideicomisos públicos. Se trata de instrumentos financieros —como una cuenta de ahorro— donde el gobierno deposita y administra recursos para fines específicos como la atención de emergencias y a la salud, o el impulso a la ciencia, entre otros. 

Durante toda la administración pasada se fueron erosionando los recursos dispuestos en estos fideicomisos públicos. En ocasiones fue por decretos de extinción, y en otras por el uso desmedido de estos ahorros de todos los mexicanos. 

Al cierre de 2024, los recursos del gobierno guardados en fideicomisos se han reducido en 53% frente a lo que tenía el gobierno en 2018. Es una diferencia de 632.6 mil millones de pesos (mmdp). A diciembre del año pasado, ya solamente quedaban 554 mmdp en fideicomisos. 

Esto equivale a sólo 4,190 pesos de ahorros por ciudadano, el segundo nivel más bajo desde 2005 que hay datos disponibles. Si lo comparamos con 2018, último año del Gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN), cuando estos fondos públicos sumaban 9,420 pesos por persona, hablamos de que cada habitante de México perdió 5,230 pesos, o 55.2% en ahorros que eran administrados en estos fideicomisos. 

Esta erosión de las reservas del gobierno en fideicomisos públicos implica la caída de recursos para apoyar e impulsar sectores estratégicos como educación, infraestructura o salud. Sin embargo, no todos los sectores perdieron. Dentro de la caída de los fideicomisos públicos, los que incrementaron su riqueza fueron los entes militares. 

Se dice que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y la nueva administración parece asumir que los mexicanos ya han olvidado lo ocurrido con los fideicomisos. Ahora, el Gobierno busca acceder a los fondos de los trabajadores a través de la reciente reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Aunque se presenta como una medida para garantizar  bienestar y un hogar para cada usuario del sistema, esta iniciativa genera preocupación sobre el futuro de las pensiones y los ahorros de los trabajadores. ¡Y con mucha razón! Como veremos en esta nota, la historia y los datos demuestran cómo las buenas intenciones pueden terminar con los ahorros de los mexicanos.

Desaparecen fondos para la ciencia y el desarrollo

Como mencionamos anteriormente, el gobierno utiliza los fideicomisos para reunir y administrar recursos con un fin en específico. Éstos se encuentran a cargo de distintas secretarías públicas de acuerdo con el objetivo de cada fondo. Por ejemplo, los fideicomisos que tienen por finalidad garantizar los recursos para el pago de nómina para los maestros, se encuentran a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En esta lógica, podemos ver cuáles son las secretarías que se han quedado con menores recursos en fideicomisos y qué sectores se han visto desprotegidos. 

Al cierre de 2024, hay secretarías que se han quedado sin ningún ahorro financiero como es el caso de la recién creada Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), antes el Conacyt. 

Al final del sexenio de Peña Nieto, el Conacyt contaba con 99 fideicomisos registrados, con un valor de 26.59 mmdp. Estos fondos tenían por objetivo administrar recursos para promover el trabajo científico en diversos centros de investigación, universidades, sectores productivos, así como impulsar la ciencia a nivel regional juntando recursos con entidades federativas. 

Destacaban el Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social, con 113.9 millones de pesos (mdp); el Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos, con 467.5 mdp; y el Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre el Agua, que disponía de 75.3 mdp.

Los más de 90 fideicomisos estimulaban la ciencia y la investigación en una variedad de sectores estratégicos y primordiales para el desarrollo económico y social. Sin embargo, al cierre del sexenio de AMLO el Conacyt, ahora Secihti, cuenta con tan solo 0.1 mmdp; prácticamente ya no cuenta con recursos en fideicomisos para promover la ciencia. 

Hay que recordar que la eliminación de los fideicomisos públicos se dio a partir del decreto presidencial1 del 6 de noviembre de 2020, cuando Andrés Manuel ordenó la extinción de 109 fideicomisos públicos y otros fondos con el pretexto de manejar a su Gobierno con los principios de austeridad republicana. Austeridad que fue selectiva, puesto que al final de su sexenio no hubo austeridad, pero si incremento del endeudamiento y agotamiento del ahorro público (como exponemos en este análisis). 

En la misma trinchera de la educación, los ahorros que tiene la SEP dispuestos en fideicomisos públicos, cayeron 33.8% (10.3 mmdp) en términos reales frente a lo que se tenía en 2018. Así, cerraron el sexenio de AMLO con un monto de 20.2 mmdp, cuando con EPN finalizaron con 30.5 mmdp.

Antes del decreto de extinción de fideicomisos, la SEP contaba con capital para promover la educación, el deporte, la investigación, pero también para el pago de nómina y pensión de los trabajadores. Por ejemplo, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento contaba con 45 millones de pesos; pero para diciembre de 2024 en este fondo ya no había recursos. 

Así, los fondos destinados a promover el deporte, la cultura y la investigación fueron desapareciendo. Al final del sexenio de AMLO, el 90% de los fondos de la SEP se destinan a financiar las pensiones de retiro de los magistrados, mientras que al cierre del gobierno de Peña Nieto, este porcentaje era del 66.2% .

Pero no todas las secretarías han perdido sus guardaditos financieros; entre la erosión de los fideicomisos públicos, los entes militares ganaron terreno.

Militarización de los fondos públicos

Al cierre del sexenio de AMLO, los entes militares tuvieron a su nombre hasta 118.7 mmdp en fondos públicos. Esto representó el 21.4% de los recursos totales dispuestos en fideicomisos. Esta cantidad aumentó 1,549% (111 mmdp) respecto a lo que tenían al cierre de 2018. 

La Defensa es la entidad militar que acumuló más fondos públicos durante el sexenio de AMLO, ya que al cierre de 2024 contó con un guardadito financiero de hasta 84.7 mmdp. Esto representa el mayor monto en fideicomisos que ha estado bajo control de la Defensa desde el año 2006 que hay datos disponibles. Frente al cierre del sexenio de EPN, sus recursos financieros aumentaron 1076% (77.5 mmdp). 

Por otro lado, antes del sexenio de AMLO la Marina no contaba con recursos en fondos públicos y al cierre de su mandato terminó con 34 mmdp. Esto es reflejo de lo que hemos llamado la militarización del gasto de inversión. Durante el último sexenio, el gobierno se empeñó en asignar los proyectos de construcción de infraestructura a las Fuerzas Armadas. Así, de los 34 mmdp de los fondos a disposición de la Marina, 31 mmdp corresponden al desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

En cambio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCyT) que tiene el objetivo de expandir la infraestructura del país como puentes, carreteras, entre otras obras públicas; cerró el sexenio con apenas 1,000 mdp. Lo cual implicó una pérdida de 99.1% (114.8 mmdp) respecto a los recursos con los que contaba en fondos públicos al cierre de 2018. 

En otras palabras, prácticamente los recursos que estaban a disposición de la SCyT fueron transferidos a manos militares. Por ejemplo, al cierre de 2018, la SCyT contaba con 100 mmdp para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Tal proyecto fue cancelado por decreto y en vez de ello, la Secretaría de la Defensa construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). 

Erosión de los ahorros que blindan la economía

El Gobierno cuenta con fondos especiales para hacer frente a situaciones inesperadas, como crisis económicas o sociales. Estos fondos actúan como un escudo financiero para proteger el nivel ingresos y gastos del gobierno ante estas situaciones contingentes. 

Uno de ellos es el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP). Su objetivo es juntar y administrar recursos, para cuando el gobierno se enfrenta a situaciones de bajos ingresos o una recesión económica. De tal forma, que estos fondos ayudan al gobierno a mantener el mismo nivel de gasto sin tener que incurrir en endeudamiento. 

Sin embargo, durante el sexenio de AMLO prácticamente se agotaron los recursos del FEIP y al cierre de su sexenio se cuenta con un saldo por 97.2 mmdp. Lo cual es 74.3% (280.9 mmdp) menor al saldo que dejó EPN en 2018, cuando el FEIP tenía un guardadito de hasta 378 mmdp.

Otro de los fondos es el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). Éste fue diseñado para blindar el gasto que transfiere el gobierno federal a los estados. Esto con la finalidad de que las entidades federativas no sufran una caída financiera cuando se presenta una caída en la recaudación.

Pero al igual que el FEIP, durante el sexenio de AMLO, los recursos de este instrumento se han desplomado. Al cierre de 2024, apenas cuenta con 11.6 mmdp, lo que representa una caída de 90.3% (108.2 mmdp) en comparación con el cierre del sexenio de Peña Nieto. Se trata del saldo más bajo del FEIEF en los últimos 14 años. 

Si consideramos el total de estos ahorros para emergencias con los que cuenta el gobierno respecto al tamaño de la población, tenemos que AMLO cerró su sexenio con un ahorro de 822 pesos por persona para emergencias. Este ahorro por habitante es 79% (3,128 pesos) menor al ahorro que había dejado Peña Nieto, cuando se contaba con 3,951 pesos per cápita en ahorros para alguna emergencia.

Lo más desalentador es que el agotamiento de estos ahorros financieros no evitó que el Gobierno se endeudara como no se había visto en los últimos 25 años. Dejando a la Administración de Sheinbaum un saldo histórico de la deuda pública, y una alcancía casi vacía con recursos insuficientes para enfrentar un evento contingente. 

Agotamiento de la alcancía para pagar enfermedades de alto costo: 

Otro de los sectores que se ha visto desprotegido es la salud pública. Al igual que en educación, se han ido agotando los ahorros financieros para financiar la atención de enfermedades de alto costo. 

Algunas enfermedades o tratamientos médicos pueden ser tan costosos que las familias deben destinar más del 30% de sus ingresos para cubrirlos. Esto se considera un “gasto catastrófico”, ya que deja a las personas con apenas lo necesario para cubrir sus necesidades básicas, poniendo en riesgo su bienestar y su estabilidad económica.

Muchas de las familias que deben costear estas enfermedades acuden al sistema público de salud para recibir la atención médica necesaria. Para ello, el gobierno diseñó el Fondo contra Gastos Catastróficos, que ahora es llamado el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi). 

Este fondo tiene la obligación de juntar y administrar recursos para costear un paquete de 66 padecimientos o enfermedades de alto costo, entre las cuales se incluyen: cáncer de mama, cáncer infantil y de adolescencia, cáncer cérvico uterino, tumores testiculares, entre otros.

Sin embargo, como hemos analizado anteriormente durante el sexenio de AMLO el Fonsabi dejó de funcionar como un fondo para costear este tipo de padecimientos. Incluso se ha presentado un recorte del 99% en el gasto de atención de enfermedades de alto costo. 

Al cierre del sexenio, este fondo llega con un saldo de apenas 32.3 mmdp, lo cual representa una caída del 74.2% (93.1 mmdp) frente al saldo con que contaba el Fonsabi al cierre del sexenio de Peña. Se trata del saldo más bajo que ha tenido este fondo para costear enfermedades de alto costo en los últimos 17 años.

Lo anterior es sumamente preocupante ya que, si consideramos el tamaño de la población, se tiene que al cierre de 2024 se contaron con tan solo 244 pesos por persona, en este fondo para atender enfermedades de alto costo. Es el ahorro per cápita más bajo en los últimos 18 años. Además, es 75.5% (751 mmdp) menor al ahorro por persona que había en el Fonsabi al cierre del sexenio de Peña, cuando se tenían 995 pesos por habitante para atender enfermedades catastróficas. 

Con este ahorro per cápita con el que cerró el Fonsabi no alcanza ni para una prueba de Covid-19, la cual tiene un costo unitario de 251 pesos2. Mientras que al cierre del sexenio de Peña alcanzaba para realizar estudios de ecografía, útiles para la detección de tumores malignos.

Como identificamos previamente, el Fonsabi dejó de operar como un fondo para financiar enfermedades de alto costo, y en su lugar se convirtió en la caja chica del gobierno que facilita la simulación del gasto en salud. Esto lo podemos ver comparando la cantidad de recursos que entran y salen del fondo. 

Durante el actual sexenio, por cada peso que entró al fondo, salieron 1.4 pesos, mientras que durante el sexenio de Peña Nieto por cada peso que se aportaba al fondo salían tan sólo 70 centavos. Esto permitía atender las enfermedades de alto costo a la par de ir acumulando una mayor cantidad de recursos para el financiamiento de estos padecimiento. 

En conclusión

Durante el gobierno de AMLO, el ahorro público, que llevaba casi una década en crecimiento, se desplomó. La “alcancía” del país quedó prácticamente vacía para sectores clave como salud, educación y ciencia, dejando al próximo gobierno con menos margen de maniobra.

Ahora, Claudia Sheinbaum enfrenta el reto de dirigir un país con grandes compromisos sociales y financieros, pero sin reservas para responder a emergencias. La lección es clara: la administración de los ahorros públicos ha sido una asignatura pendiente para el gobierno, y las consecuencias de su mala gestión hoy pesan sobre las finanzas públicas y la estabilidad económica de todos los mexicanos.

  1. Gobierno de México (2020). DECRETO por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604411&fecha=06/11/2020#gsc.tab=0 ↩︎
  2. Los costos unitarios fueron recuperados del Acuerdo para la aprobación de los Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica actualizados al año 2024 y sus anexos 1 y 2. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5711444&fecha=14/12/2023#gsc.tab=0 ↩︎

Desplome de Pemex con AMLO arruinó mayor pago de impuestos 

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Anuales, Finanzas Públicas, Sexenales.

A pesar de la mayor fiscalización a los contribuyentes, el sexenio de López Obrador finalizó con el peor desempeño en crecimiento de los ingresos públicos. La causa: el desplome productivo de Pemex. 

El éxito de un gobierno se refleja en la calidad de los bienes y servicios que provee para su población y en la estabilidad de sus finanzas. No es sorpresa que un gobierno que falla en incrementar sus ingresos, fracase también en cumplir con estos objetivos. 

Ha quedado demostrado que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) redujo la estabilidad de las finanzas públicas al detonar el uso de endeudamiento (como explicamos en esta nota), además de que falló en financiar el gasto público (lo analizamos en esta otra nota). Estas deficiencias tienen su raíz en el pobre desempeño de los ingresos gubernamentales durante su administración. 

Si bien el ex presidente apostó por la mayor fiscalización de los contribuyentes cautivos, su negativa de realizar una reforma fiscal progresiva limitó la recaudación durante su Gobierno. Si a esto le sumamos la reducción de la carga fiscal cobrada a Petróleos Mexicanos (Pemex), no sorprende que los ingresos del Estado se mantuvieran prácticamente estancados durante todo su sexenio.

¿Fracasó la política de ingresos de López Obrador?  

Todo depende del cristal con que se mire. La administración de López Obrador consiguió, en efecto, el mayor nivel de ingresos en pesos. Sin embargo, respecto del tamaño de la economía, éstos se mantuvieron estancados en el mismo nivel de hace más de una década. 

Al cierre de 2024, los ingresos totales del sector público llegaron a 7.4 billones de pesos, el mayor monto que se tenga registro. Medido desde el cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto en 2018, aumentaron 8.5% o 586 mil millones de pesos (mmdp). Los ingresos totales del Gobierno se componen de los impuestos recaudados a nivel federal, los ingresos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las cuotas para la seguridad social que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otros cobros como derechos y cuotas diversas. Es decir, todos los recursos percibidos a nivel federal. 

Pese al incremento, los ingresos públicos representaron tan sólo el 22.1% del producto interno bruto (PIB), que si bien es superior al 21.2% de 2018, resulta idéntico al 22.1% registrado en 2008. Lo anterior significa que, en realidad, los ingresos públicos han seguido la inercia económica y que los esfuerzos del gobierno no han sido suficientes para incrementar el tamaño de su “rebanada en el pastel” de recursos del país. 

La métrica de ingresos respecto al PIB nos permite ver que los ingresos de México siguen siendo bajos en la comparativa internacional. Los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ingresan en promedio 42% del PIB. Es decir, México está prácticamente a la mitad de camino de estos países. Incluso, nuestro país se compara negativamente frente a economías latinoamericanas. Chile tiene una recaudación de 26% del PIB y Costa Rica del 30%. 

Otra forma de verlo es que, por habitante, la entrada de recursos tampoco ha aumentado de forma significativa en los últimos años. En 2024, el gobierno obtuvo 56 mil 894 pesos per cápita; apenas 3% (1,800 pesos) más que en 2018. Además, se quedó por debajo del récord de 59 mil 177 pesos por habitante, en términos reales, logrado en 2016. Si el Gobierno no incrementa sus ingresos per cápita, no puede incrementar el gasto público para cada persona. 

Comparado con otros sexenios, el desempeño de la política de ingresos también fue bastante pobre. Como se mencionó, del fin del sexenio de Peña Nieto al final del de López Obrador, el aumento de los ingresos fue de 8.5%. Se trata del peor ritmo de crecimiento en cuatro administraciones: Peña Nieto logró un aumento de 14.7%, Felipe Calderón de 20.3%, Vicente Fox de 45.7% y Ernesto Zedillo de 11%. 

La situación es mucho peor si se analizan sólo los ingresos exclusivos del Gobierno federal, es decir: la recaudación tributaria, los ingresos que paga Pemex a la Federación y el cobro de derechos, aprovechamientos y otras cuotas. Su importancia radica en que son los recursos que financian la mayoría de los programas públicos y transferencias a los estados. 

Estos alcanzaron 5.5 billones de pesos, un crecimiento de solamente 5.8% (301 mmdp), el peor en cinco sexenios. Durante la administración de Peña Nieto los ingresos del Gobierno federal aumentaron 24.4%, con Calderón 21.4%, con Fox 36.2%, con Zedillo 22% y con Carlos Salinas 12%. 

A pesar de lo que pudiera pensarse, el gran culpable del mal desempeño en la política de ingresos de López Obrador no fue la pandemia de 2020, sino el deterioro de los ingresos petroleros. Además, otros presidentes también afrontaron severas convulsiones económicas y tuvieron mejores resultados en recaudación: Zedillo enfrentó el Efecto Tequila (1994-1995), Calderón la crisis financiera global (2008-2009) y Peña Nieto la caída de los precios del petróleo (2014-2015), cuando el precio del barril pasó de más de 100 dólares a menos de 30 dólares. 

El cobro de impuestos en el sexenio de AMLO

En materia de ingresos tributarios, López Obrador sí tuvo un desempeño destacado frente a otros presidentes. Estas percepciones tuvieron a lo largo de su sexenio un incremento de 19.8% (818 mmdp). Este aumento fue superior a la expansión de 12% lograda por Zedillo, de 16.1% de Fox y 14.4% de Calderón. Como sea, palidece frente al 83.6% logrado por Peña Nieto. 

Si lo medimos en términos per cápita, López Obrador obtuvo al cierre de 2024 una recaudación de 37,606 pesos por persona al año en impuestos, un aumento de 4,623 pesos frente a lo cobrado al cierre de 2018 en términos reales. No obstante, Peña Nieto incrementó esta captación casi tres veces más: 13,784 pesos por persona. 

No es completamente justo comparar el desempeño de López Obrador y de Peña Nieto, frente a presidentes anteriores por una razón: previo a 2014, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) era negativo. Del año 2000 a 2013, el gobierno en lugar de cobrar IEPS a combustibles, otorgaba un subsidio para mantener los precios controlados, el cual se contabilizaba como un impuesto negativo. A diferencia de ellos, Peña Nieto y López Obrador pudieron cobrar este impuesto, lo que incrementó su nivel total de ingresos tributarios. 

Si analizamos de cerca el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el principal impuesto que cobra la federación, la situación es mucho más grave para AMLO. Durante su sexenio sólo se consiguió un crecimiento de 19.4%, muy inferior al 63.2% de Peña Nieto, 39% de Calderón, 31.4% de Fox y 32.9% de Salinas. 

Aunque López Obrador incrementó la fiscalización de las grandes empresas, su negativa a realizar una reforma fiscal de gran calado evitó que igualara o superara los logros de sus predecesores: Fox mejoró la eficiencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Calderón incrementó la tasa de ISR de 28% a 30% para personas y empresas, mientras que Peña Nieto aumentó la tasa de ISR hasta 35% para personas físicas. 

Para verlo de otro modo, López Obrador logró cerrar su sexenio con un cobro de ISR por persona de 20,365 pesos al año, 2,440 pesos más que en 2018. No obstante, Peña logró cobrar de los contribuyentes 6,183 pesos por persona adicionales al cierre de su sexenio y Calderón 2,492 pesos más. 

De igual manera, el desempeño del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con AMLO fue decepcionante:  logró un crecimiento de 13.1% durante su sexenio, inferior al 25.3% de Peña, 18.1% de Calderón, 52.3% de Fox y 51.9% de Zedillo. Además del bajo crecimiento económico, con AMLO hubo pocas mejoras en la digitalización de la economía para mejorar la trazabilidad de las transacciones. 

La estrategia fue de recaudación por presión 

En lugar de realizar una reforma tributaria para incrementar los ingresos, el Gobierno de López Obrador aplicó una serie de cambios administrativos para “exprimir” a los contribuyentes ya cautivos. Estas estrategias permitieron que se rompieran varias marcas en materia de fiscalización, aunque en términos generales el desempeño tributario fuera pobre frente a sexenios pasados. 

El primer cambio a nivel de fiscalización con López Obrador fue la disminución de devoluciones y compensaciones otorgadas a los contribuyentes. A pesar de que la captación tributaria ha aumentado, en 2024 el fisco benefició a los contribuyentes con un monto de 1.3 billones de pesos en devoluciones y compensaciones, una reducción de 6% (79.5 mmdp) frente a 2018. 

La devolución de impuestos es el reembolso que la autoridad fiscal hace a un contribuyente cuando éste ha pagado más de lo que le correspondía. Por su parte, la compensación de impuestos es el derecho del contribuyente a aplicar su saldo a favor para cubrir otros gravámenes que adeude, en lugar de solicitar la devolución en efectivo. 

Hay que recordar que la recaudación impositiva se mide no sólo por el dinero que pagan empresas y personas, sino por los recursos que el fisco efectivamente retiene. Así como un asalariado puede deducir gastos médicos y colegiaturas, entre otros, las empresas pueden deducir distintos gastos operativos, créditos incobrables y otros de su base de ISR. 

Lo anterior significa que, luego de realizar pagos preliminares al SAT (impuestos brutos), los contribuyentes tienen derecho a pedir a la autoridad recaudadora que les devuelva o les compense una parte. Esto, como pueden imaginar, al fisco no le agrada, pues disminuye sus recursos y flujo de efectivo.

Para limitar estos beneficios, desde el primer año de la actual administración se eliminó la llamada compensación universal. Esta disposición permitía a los contribuyentes liquidar impuestos federales en contra —como ISR— con los saldos a favor de otros impuestos —digamos, del IVA—. Con esto se evitaba el entonces ya difícil proceso de pedir la devolución en efectivo de los saldos a favor. Al final, los contribuyentes salían ganando en tiempo y dinero.

La eliminación de esta facilidad ha provocado que el fisco devuelva o compense menos impuestos. A pesar de que la recaudación bruta de impuestos llegó a 6.2 billones de pesos en 2024, 13% (738 mmdp) más que en 2018, las devoluciones y compensaciones cayeron en 6% (79.5 mmdp) en el mismo periodo. Así, el SAT pasó de quedarse con el 75% de la recaudación tributaria bruta en 2018, al 79% en 2024, la mayor proporción registrada. 

La estrategia de limitar las devoluciones y compensaciones, se enmarca en una estrategia más amplia de fiscalización por parte del SAT. Nos referimos a las acciones de cobranza sin necesidad de pasar por la judicialización. Es decir, las estrategias del SAT para recuperar adeudos fiscales sin recurrir a demandas o procesos legales. 

A diferencia de la fiscalización tradicional, las acciones de cobranza no implican la determinación de un crédito formal. Por ello, no pueden derivar en un conflicto legal. Algunos ejemplos son el envío de cartas invitación para asistir a las oficinas del SAT, o las llamadas o mensajes de texto para que los contribuyentes corrijan su situación fiscal por “voluntad propia”. El incentivo es evitar una costosa auditoría que derive en un crédito fiscal y posiblemente, en un juicio.

En 2024, el SAT realizó 89.1 millones de acciones de cobranza contra contribuyentes, un aumento de 49% (29.1 millones más) que en 2018. Dentro de estas acciones se encuentran las llamadas, mensajes, requerimientos y cartas invitación realizadas a contribuyentes para “autocorregirse”. Estos datos muestran que durante el sexenio de López Obrador se disparó la “presión” del SAT contra las personas y empresas contribuyentes. 

Como resultado, en 2024 el SAT logró ingresos por cobranza por 1.05 billones de pesos, 308% (797 mmdp) más que en 2018. La paradoja es que este récord histórico en materia de cobranza no evitó que López Obrador tuviera un pobre desempeño en el crecimiento de ingresos tributarios. 

La apuesta fallida por Pemex

No queda duda de que Pemex fue de máxima prioridad durante el gobierno de López Obrador. La petrolera recibió 2.2 billones de pesos en apoyos fiscales de 2019 a 2024, 4.8 veces más que lo otorgado por Peña Nieto en su sexenio (473 mmdp). Pese a que esto implicó reducir los ingresos de la Federación, la empresa no logró una recuperación productiva en materia de extracción de crudo. 

Para dar “oxígeno” a Pemex, el Gobierno le ha recortado su carga tributaria. De 2019 a 2024 el Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), el principal gravamen que pagaba la petrolera, pasó de 65% a sólo 30%. Encima de esto, mediante decretos presidenciales se le ha postergado el pago de impuestos, e incluso esas obligaciones luego se han condonado. Estimamos que la reducción del DUC y la postergación de pagos significó a la empresa beneficios por 1.1 billones de pesos.

Además, para capitalizar a la empresa, a través de la Secretaría de Energía se le otorgaron otros 1.1 billones de pesos. Cabe destacar que el 65% (754 mmdp) de este monto no fue aprobado por el Congreso, sino que se trataba de recursos que la Secretaría de Hacienda iba reasignando fuera de calendario, lo que habla muy mal de los controles democráticos del presupuesto. 

A pesar de los cuantiosos beneficios fiscales, Pemex no ha logrado detener su desplome productivo. Al cierre de 2024, la petrolera produjo en promedio 1,485 miles de barriles diarios (mbd) de crudo, el peor nivel desde 1990 que se tiene registro. Además, se quedó por debajo de la meta de producción establecida por la Secretaría de Hacienda (1,745 mbd) para 2024. De hecho, en ningún año del sexenio de López Obrador se cumplieron las metas de producción. 

El deterioro en la extracción de crudo no ha generado una recuperación considerable en la producción de gasolinas. En 2024 Pemex Transformación Industrial, la filial encargada de la producción de combustibles, produjo en promedio 290 mbd de gasolinas, superior a los 207 mbd de 2018, pero inferior al máximo de 437 mbd logrado en 2013. Aunque se ha recuperado la tendencia negativa observada al cierre de Peña Nieto, no se ha logrado una recuperación total de la capacidad productiva de Pemex a sus mejores niveles.

El petróleo es de Pemex y luego de los mexicanos

La caída en la producción de crudo y la disminución de derechos cobrados a la petrolera han provocado que los recursos que paga Pemex a la federación tuvieran en 2024 su peor nivel desde 1990. No es sólo que la empresa haya desperdiciado los cuantiosos apoyos financieros, sino que debido a ello se redujeron los ingresos públicos para financiar las garantías ciudadanas. 

Al cierre de 2024, la renta pública por la venta de petróleo fue de 959 mmdp, una reducción de 27% (362 mmdp) contra el cierre del sexenio de Peña Nieto. Sin embargo, este retroceso afectó a Pemex en menor medida que a la federación. Debido a que la empresa tuvo una reducción en su pago de derechos, sus ingresos petroleros en 2024 fueron incluso 28% (165 mmdp) superiores a los de 2018, mientras que los ingresos exclusivos de la Federación cayeron en 72% (527.6 mmdp). Los recursos invertidos en Pemex han sido un pésimo negocio para el Estado: le ha metido más de 1.1 billones de pesos en transferencias directas y a cambio recibe menos recursos. 

De esta forma, en 2024 Pemex se quedó con 79% de la renta petrolera, mientras que el Gobierno sólo obtuvo el 21%, la peor distribución histórica. En 2018, todavía el 55% de los ingresos petroleros iban a la federación para financiar, entre otros, el gasto público en salud o educación. El resto se lo quedaba Pemex. Para decirlo claro: con López Obrador los ingresos petroleros prácticamente dejaron de ser de los mexicanos y fueron entregados a los trabajadores y directivos de Pemex.  

La situación es incluso mucho peor cuando se calculan los ingresos petroleros netos que obtiene el Gobierno federal: aquellos recursos que recibe de Pemex, menos lo que se le regresa a la petrolera mediante transferencias financieras. 

Como se mencionó, los ingresos que aportó Pemex a la Federación sumaron, para diciembre, 203.9 mmdp, pero el Gobierno le devolvió 176.5 mmdp vía transferencias. Así, el Estado terminó con ingresos por sólo 27 mmdp, el peor monto jamás registrado y 96% (704 mmdp) menor a lo reportado en el último año de Peña Nieto (2018).

Otra forma de verlo es que en 2024 Pemex aportó recursos de solamente 208 pesos por persona, mientras que en 2018 aportaba 5,835 pesos. Este retroceso de 96% equivale a 5,627 pesos menos per cápita. Así, en 2018 Pemex podía pagarle a cada persona una consulta de medicina familiar (1,174 pesos), un hemodiálisis (3,573 pesos) y una consulta dental (1,040 pesos)1. En 2024, lo que aportó Pemex no alcanza ni para dos paquetes de analgésicos (por ejemplo, aspirina y paracetamol, 50 pesos cada uno) y un omeprazol (120 pesos).  

En conclusión

La política de ingresos de López Obrador fue un fracaso. Durante todo su mandato los ingresos públicos se mantuvieron estancados respecto del tamaño de la economía y por habitante apenas crecieron 3%. Además, se quedaron muy por debajo del desempeño logrado por otros presidentes. 

En materia de recaudación tributaria, aunque sí logró un incremento destacable, esto fue debido a los mayores ingresos por IEPS que antes no se cobraban y por la mayor presión a los contribuyentes. No obstante, no hubo un destacable incremento en el cobro del ISR o del IVA. Lo peor es que los pocos avances en ingresos tributarios se dilapidaron por la reducción de la carga fiscal a Pemex, sin que entonces ni ahora se observe una mejora productiva en la empresa.

  1.  Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica actualizados al año 2024. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5711444&fecha=14/12/2023#gsc.tab=0 ↩︎

Gasto público con AMLO: no cumplió su austeridad republicana

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Anuales, Finanzas Públicas, Sexenales.

Contra la promesa de la “austeridad republicana” en el sexenio de López Obrador, el gasto público llegó a niveles nunca antes vistos. Aún así, no hubo mejoría en salud, seguridad, educación o inversión. ¿En qué gastó entonces?

En 2019, su primer año de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador realizó políticas de austeridad y mantuvo el gasto neto del sector público al mismo nivel que su predecesor, Enrique Peña Nieto. Es decir: 23.1% del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, a partir de 2020 comenzó a pisar el acelerador al presupuesto. Lo hizo a través de un mayor endeudamiento (lo explicamos en esta nota). 

El gasto neto del sector público se refiere a la cantidad total de recursos ejercidos por el gobierno federal para cubrir todas sus funciones, como educación, salud, seguridad e inversión. Incluye también el ejercicio de recursos de las empresas del Estado como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), así como del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

En el balance final, observamos que López Obrador llevó el gasto total a 9.1 billones de pesos o 27% del PIB, el máximo nivel que se tenga registro desde 1990. 

El ex mandatario superó con creces el legado de sus antecesores. El monto total ejercido en 2024 fue casi cuatro puntos porcentuales superior a ese 23.1% del PIB registrado en el último año de Peña Nieto y más de tres puntos por encima del 23.7% del PIB al cierre de la administración de Felipe Calderón en 2012. Este incremento marca un uso sin precedentes de los recursos públicos, con implicaciones para la estabilidad fiscal y las decisiones presupuestarias futuras.

¿Qué dependencias ganaron o perdieron con AMLO? 

El gasto por clasificación administrativa define qué dependencias del gobierno reciben y administran los recursos públicos. En este sentido, reflejan las prioridades de cada administración y su impacto en la población. Comparando con 2018, hubo incrementos significativos en solamente tres secretarías controladas por el Ejecutivo federal: Bienestar, Energía y Turismo, mientras que los entes y organismos autónomos salieron perdiendo.. 

De esas tres, la Secretaría del Bienestar fue la más beneficiada. Al cierre de 2024 erogó 522.8 mil millones de pesos (mmdp), un incremento de 313.5% (396.4 mmdp) con respecto a 2018. El alza se debe al mayor gasto en las pensiones para adultos mayores. Le sigue la Secretaría de Energía, que gastó 179.1 mmdp en 2024, un despegue estratosférico de 2,255% (171.5 mmdp) comparado con el cierre del sexenio de Peña Nieto. El 99% de este aumento se debe a las transferencias financieras a Pemex para saldar sus pérdidas. Finalmente, la Secretaría de Turismo gastó 136.3 mmdp, 964% (123 mmdp) más que en 2018, debido a la construcción del Tren Maya. 

En suma, los principales incrementos en las secretarías de estado durante el sexenio de López Obrador reflejan sus principales prioridades: pensiones asistenciales, Pemex y obras de gran envergadura. 

Del lado perdedor están los entes y organismos autónomos. De los 10 que había, siete sufrieron recortes presupuestarios frente al cierre de 2018: el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). En conjunto, el presupuesto de los organismos autónomos cayó en 9% o 14.6 mmdp, frente a 2018, si no incluimos en el cálculo a la Fiscalía General de la República (FGR) creada en 2019. 

En el caso de los 26 Ramos Administrativos —secretarías y dependencias con control directo del Ejecutivo federal— 15 sufrieron recortes frente a 2018 y sólo 11 tuvieron incrementos. 

Entre las afectadas, se encuentra la Secretaría de Salud (SSA). En 2024 sólo erogó 65.5 mmdp; esto es 60% (99.4 mmdp) menos que en 2018. Esta reducción se debió a la eliminación del Seguro Popular y la creación de IMSS-Bienestar como un organismo descentralizado. Aunque la creación de este último Instituto compensó en parte la reducción de recursos, limitó la rectoría de la SSA en materia de salud pública. 

Asimismo, destaca la Secretaría de Gobernación (Segob) que en 2024 ejerció 18 mmdp, un desplome de 83.5% (91 mmdp) contra 2024. La merma se debe a la eliminación de la Policía Federal (PF) que hasta 2018 se encontraba sectorizada en la Segob, y la creación de la Guardía Nacional (GN), que residió en primera instancia en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SSyPC) y ahora será parte de la Defensa Nacional. 

Estos dos recortes a nivel administrativo evidencian el debilitamiento de la rectoría de la salud pública durante el sexenio de AMLO y la militarización de las fuerzas de seguridad pública. 

En el caso de las empresas públicas y entidades bajo el control presupuestario directo, sobresale el crecimiento del presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En 2024 llegó a 1.3 billones, un aumento de 46.4% (427.1 mmdp) contra 2018. El 74% de este crecimiento se debe al aumento de las pensiones pagadas por este Instituto y el resto a mayor gasto en salud o protección social. 

Del lado perdedor, la CFE erogó 525 mmdp, una reducción de 77.4 mmdp, equivalente a una caída del 12.8% frente a 2018. La reducción se debe a menores gastos de operación, lo cual es positivo. No obstante, la inversión promedio de la empresa cerró en 49 mmdp, inferior a los 52 mmdp, promediados por Peña Nieto. 

¿Qué objetivos sociales y económicos fueron financiados? 

Otra forma de analizar las prioridades del gobierno es a través de la clasificación funcional del gasto público. Ésta agrupa los gastos de los entes públicos en función de los objetivos socioeconómicos que persiguen, como salud, educación, agricultura, ciencia, entre otras. 

Durante el sexenio de López Obrador, sólo un tipo de gasto tuvo un impulso considerable: la función de protección social (principalmente pensiones contributivas y del bienestar). Aumentó en 68% (812 mmdp), para colocarse en 2 billones al cierre de 2024. Su crecimiento fue cinco veces mayor que el registrado en Salud, 18 veces el de Educación y 20.8 veces el del Estado de derecho.

Por ejemplo, el gasto en Educación llegó al cierre de 2024 a un billón de pesos, 45 mmdp (5%), frente a 2024, pero se mantuvo por debajo del máximo de 2015. Asimismo, el gasto en Estado de derecho (policías civiles, ejército y justicia) fue de 398 mmdp, 39 mmdp (10.8%) superior al de 2018. Finalmente, el gasto en Salud llegó a 922 mmdp, un aumento de 160 mmdp (21%) más desde el cierre del sexenio de Peña Nieto. 

Por otra parte, hubo sectores del gasto que llanamente fueron recortados. Ciencia y tecnología fue ajustada a la baja en 7 mmdp (10%). Agricultura se redujo en 21% (22 mmdp) y protección ambiental en 21% (6 mmdp). 

¿En qué se gastó más durante el sexenio? 

La clasificación económica del gasto público permite identificar cómo se distribuyen los recursos del Gobierno en distintas categorías, midiendo su impacto en la economía. Mediante este enfoque se puede observar que durante el sexenio de López Obrador, los subsidios fueron la principal prioridad, por encima de la inversión pública, las transferencias a los estados o los salarios de los funcionarios públicos. 

Así, de 2018 a 2024, el concepto del gasto con mayor aumento fue el de subsidios, transferencias y aportaciones: llegó a 1.3 billones de pesos, un incremento de 50% (437 mmdp) respecto al cierre del sexenio de Peña Nieto. Para dimensionar, el aumento de este concepto fue 6.7 veces superior al crecimiento del gasto en salario de funcionarios, 2.2 veces mayor al aumento de la inversión en infraestructura o 3.8 veces mayor al crecimiento de las participaciones pagadas a las entidades federativas. 

Del incremento en subsidios, transferencias y aportaciones, el 96% se debió a las pensiones para adultos mayores y a la pensión para discapacidad permanente. 

El segundo concepto de gasto con mayor incremento fue el de pensiones y jubilaciones. Este rubro se refiere a las pensiones contributivas; es decir, aquellas donde el trabajador aporta durante su vida laboral a un sistema de jubilación. Por ejemplo, las pensiones del IMSS, ISSSTE o CFE. Este gasto llegó a 1.4 billones de pesos, un aumento de 36% (384 mmdp) frente al cierre de 2018.

Finalmente, destaca el alza del costo financiero de la deuda, que no es otra cosa que el pago de intereses por el endeudamiento adquirido. Este gasto llegó a 1.1 billones de pesos, el nivel más alto que se tiene registro desde 1990 y 39% (320 mmdp) más que en 2018. 

En suma: las pensiones (contributivas y asistenciales), además del pago de intereses, fue lo que mayormente impulsó el gasto de López Obrador. 

Otros conceptos de importancia no fueron tan afortunados. La inversión física llegó al billón de pesos, pero se quedó por debajo de sus mejores niveles de 2014 y 2015. Asimismo, las Participaciones pagadas a entidades federativas (recursos para el financiamiento de los estados) llegaron a 1,2 billones de pesos, sólo 10% (114 mmdp) más que en 2018. 

Esta evolución muestra que López Obrador dio menos importancia a la inversión productiva o al fortalecimiento del federalismo, que a los de subsidios o al pago de intereses de la deuda. El problema es que esta distribución del gasto limita el crecimiento económico y la equidad en el desarrollo regional. 

El sexenio de las pensiones… sin garantía de financiamiento 

Vale la pena detenerse para analizar la acelerada evolución del presupuesto en pensiones durante la presidencia de López Obrador. En las sociedades que envejecen, este gasto suele incrementarse rápidamente, pero lo observado en el último sexenio es punto y aparte. 

De 2018 a 2024 el gasto total en pensiones llegó a 1.92 billones de pesos (5.7% del PIB), un incremento de 72% (804 mmdp). Este ritmo de crecimiento fue mucho mayor al reportado por Peña Nieto (46%) o el de Calderón (72%). 

El gran problema es que durante su mandato, los ingresos crecieron en sólo 8.5% o 586 mmdp. Es decir, las pensiones aumentaron 217 mmdp más que los recursos disponibles. Esto significa que se tuvieron que recortar 217 mmdp de otros rubros para financiar el aumento en las pensiones. 

El gran impulso se debe principalmente al aumento de las pensiones no contributivas, es decir las destinadas a los adultos mayores y a las personas con discapacidad permanente. En conjunto, estos dos programas sumaron 468 mmdp, (1.4% del PIB) un incremento de 873% (420 mmdp) frente a 2018.

Por su parte, las pensiones contributivas, sumaron 1.45 billones de pesos (4.3% del PIB), lo que representó un aumento de 36% (384 mmdp). De hecho, el incremento de estas pensiones fue inferior a lo reportado con Peña Nieto (45%) y con Calderón (65%). 

Lo anterior ha provocado que las pensiones no contributivas tengan un mayor peso en el gasto de pensiones: pasaron de representar el 4% en 2018 al 24% en 2024. 

¿Cuál es el veredicto final del gasto público? 

El análisis de rubros selectos permite integrar las diferentes clasificaciones del gasto expuestas anteriormente (administrativa, funcional y económica) para tener un panorama más amplio de las prioridades financieras del Gobierno. A través de este enfoque volvemos a identificar que el gasto en pensiones fue lo más importante para López Obrador, a costa del gasto en inversión, salud o seguridad. 

En primer lugar, el gasto en pensiones (contributivas y no contributivas) fue el ganador indiscutible en el presupuesto. En 2024 llegó a representar el 5.7% del PIB, muy por encima del 3.4% registrado en 2018. 

En segundo lugar, con 3.4% del PIB, se colocó el costo financiero de la deuda. Es su máximo nivel desde 1990. Esto se debe a la contratación de deuda pública en un contexto de altas tasas de interés. 

De esta forma, en 2024, pensiones y costo financiero comprometieron el 9.1% del PIB, en comparación con 5.9% en 2018, lo que reduce el margen para atender necesidades emergentes en seguridad, educación, infraestructura y otros sectores estratégicos. Se trata de compromisos adquiridos, que limitan la capacidad del Estado para responder a desafíos futuros con inversión en sectores clave para el desarrollo económico y social.

Por ejemplo, Seguridad Nacional y Policías sólo recibieron 0.8% del PIB en 2024, lo que refleja un estancamiento desde 2011, a pesar de que la seguridad es una de las principales preocupaciones de la población. 

Asimismo, la inversión física sin incluir Pemex alcanzó el 2.1% del PIB, y no igualó los niveles del sexenio de Peña Nieto, pues llegó al 2.5% en 2014. O está el caso del gasto educativo, que representó 3% del PIB, inferior al 3.5% de 2015 y menor al 4% que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

En suma, la política de gasto con López Obrador fue de corto plazo y fiscalmente insostenible. De corto plazo ya que dio prioridad a los subsidios sobre la inversión en infraestructura, la educación o el estado de derecho. Insostenible, porque el impulso otorgado a las pensiones no estuvo respaldado por mayores ingresos públicos. 

Lo peor de todo es que este presupuesto ineficiente y sin visión de desarrollo alcanzado en 2024, ya ha tenido que ser severamente recortado por Claudia Sheinbaum para controlar el endeudamiento. De esta forma tendremos aún más graves recortes en salud , educación, estado de derecho o  inversión. Así, los derechos no garantizados por López Obrador, tendrán menos posibilidades de mejora en este nuevo sexenio. 

Intereses récord y deuda histórica: el saldo de AMLO

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Anuales, Finanzas Públicas, Sexenales. 1 comentario en Intereses récord y deuda histórica: el saldo de AMLO

No endeudar al país y manejo responsable de las finanzas públicas fue el lema que siempre repitió AMLO, pero al final de su sexenio los datos demuestran todo lo contrario.

No endeudar al país y manejo responsable de las finanzas públicas, fue el lema que repitió Andrés Manuel López Obrador durante su administración, pero llegó el final del sexenio y los datos demuestran que no sólo aumentó la deuda, sino que no hubo un manejo responsable de las finanzas del Estado. 

El sexenio de AMLO cerró con el mayor monto de deuda pública desde que se tiene registro público por parte de Hacienda. En términos monetarios, suma 17.4 billones de pesos, equivalente a 51.4% de la economía. Esto indica que el tamaño de la deuda que ha adquirido el Gobierno representa un poco más de la mitad del ingreso total que generó la economía durante el año 2024. 

Si comparamos frente a la deuda pública que dejó Enrique Peña Nieto, entonces tenemos que la deuda pública se incrementó en 23% (3.2 billones de pesos) respecto a 2018. El aumento de la deuda se debe a que el Gobierno pidió más préstamos en moneda nacional, elevándola en un 45.5% (4.1 billones de pesos) frente a lo que dejó EPN en 2018. 

Si dividimos el total de la deuda pública entre el total de la población mexicana, al cierre del sexenio de AMLO cada mexicano debe 131 mil 738 pesos por concepto de la deuda pública. Esto es 17.5% (19,596  pesos) superior a lo que debíamos los mexicanos al cierre del sexenio de Peña Nieto, cuando se debían 112 mil 141 pesos por persona.

Ya sea considerando el crecimiento económico o el tamaño de la población, no hay duda que se incrementó la deuda pública a niveles históricos. Peor aún, es mucho mayor el crecimiento de la deuda que el crecimiento poblacional y que el de los ingresos que genera la economía mexicana. 

¿Por qué no se cumplió la promesa de no endeudar al país?

El Gobierno se endeuda por la misma razón por la que los hogares o los negocios requieren de préstamos: porque no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir los gastos. Esto es importante porque el Estado mexicano no se había quedado tan corto de dinero en los últimos 35 años como sucedió durante este 2024. 

Los ingresos públicos con los que contó la Administración federal provenientes del pago de todos los impuestos —como son el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)—, así como los ingresos por la venta de petróleo; fueron cerca de 7.5 billones de pesos, o el 22.1% del producto interno bruto (PIB). Si bien, parece ser una cantidad importante de dinero, no fue suficiente para cubrir los 9.2 billones de pesos que el Gobierno gastó, o el equivalente al 27% del PIB. Este nivel de gasto público es histórico y tampoco se había visto en los últimos 35 años. 

La diferencia entre el gasto público y los ingresos resultó en un déficit presupuestario de 1.6 billones de pesos, equivalente a 4.9% del PIB, que también es el déficit presupuestario más elevado en los últimos 35 años. En otras palabras, el Gobierno no había requerido de tanta deuda para financiar la brecha entre sus ingresos y gastos como lo hizo el año pasado. 

Para ponerlo en perspectiva, Peña en su último año de gobierno requirió de 668 mil millones de pesos (mmdp) para cubrir la brecha entre los ingresos y el gasto público, mientras que AMLO requirió 1.63 billones de pesos; esto es 160% (1,022 mmdp) mayor al déficit de EPN. La conclusión es clara: AMLO sí endeudó al país y debilitó aún más las finanzas del Gobierno, llegando incluso a pedir más dinero prestado en el último año de su sexenio que las cuatro administraciones pasadas. Pero salió ileso: pateó el explosivo de su deuda hacia la nueva administración de Sheinbaum. 

Lo más irónico de este cierre del sexenio del endeudamiento, es que durante la crisis económica y sanitaria por el Covid-19, el Estado mexicano no quiso adquirir préstamos. Esto le hubiera servido para incrementar el gasto en salud o de inversión, y evitar la caída de la economía y la muerte de miles personas. La argumentación que se dio en ese momento fue que no se quería endeudar más al país porque esto implicaba pagar mayores intereses. Por entonces la tasa de interés de referencia llegó a ser de tan sólo 4.3%. Cuatro años más tarde se incurrió en el mayor endeudamiento en los últimos 35 años a una tasa de interés de referencia superior al 11%. 

¿Para quién fue el endeudamiento y que se financió?

Al hablar del endeudamiento público es importante conocer qué entidad es la que está requiriendo financiamiento. Por ejemplo, lo puede requerir Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o el propio Gobierno federal. Dependiendo de quién esté gastando más de lo que tiene, se puede inferir para qué se requiere el endeudamiento. 

No es lo mismo que Pemex requiera de financiamiento para cubrir sus gastos operativos y poder pagar sus cuentas, a que el Gobierno federal lo necesite para cubrir las pensiones de adulto mayor, las becas y los intereses de la deuda pública. 

Al cierre de 2024 las cuentas públicas revelan que el Gobierno federal rebasó sus ingresos por 1,881 mmdp.  Su mayor déficit en los últimos 35 años; desde 1990 no había sido tan grande la diferencia entre gasto e ingresos. Tan sólo frente a 2018, esta brecha se incrementó en 182.6% (1,216 mmdp).

Hay que tener en cuenta que parte de este déficit gubernamental responde a las ayudas financieras y fiscales que ha otorgado a Pemex. Lo trágico es que éstas se han traducido en menores ingresos petroleros para financiar los derechos sociales. Al cierre de 2024 la Administración federal se quedó con tan solo 27 mmdp de ingresos petroleros, esto fue 94% (704 mmdp) inferior a lo que obtuvo Peña en su último año de gobierno. 

Para ponerlo en perspectiva: si comparamos los ingresos petroleros que el Estado dejó de recibir frente a 2018, con el aumentó del déficit que requirió para financiar su gasto; tenemos que, al cierre de 2024, el 58% del endeudamiento del Gobierno federal fue debido a la renuncia de la renta petrolera para salvar financieramente a Pemex. 

¿Cuál fue el resultado? No podemos negar que frente a 2018 se presenta una ligera recuperación en el balance Pemex al reportar un superávit por 81 mmdp, cuando al cierre del sexenio de Peña había reportado un déficit por 83 mmdp. Si bien es una ligera recuperación, este saldo “positivo” requirió poco más de 2 billones de pesos de apoyos financieros y fiscales, así como un déficit que también casi llega a los 2 billones de pesos. 

¿Se cumplió con la meta de endeudamiento? 

El déficit es aún mayor de lo que se mencionó anteriormente, si consideramos todos los pasivos o el financiamiento que requirió el Gobierno en su conjunto. Bajo esta perspectiva, el déficit fiscal pasa de 1.66 billones a 1.94 billones de pesos, el equivalente a 5.7% del PIB. Es el déficit público más grande desde el año 2008 que se tiene registrado. Si lo comparamos frente al último año de gobierno de Peña Nieto, tenemos que el déficit público fue 178% (1,242 mmdp) mayor. 

Se debe señalar que este déficit público no sólo indica la magnitud de cuánto financiamiento requirió el Gobierno, sino también si se está cumpliendo con los objetivos de responsabilidad fiscal. De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el Gobierno propone cada año un tope al déficit público para mantener sanas las finanzas públicas.

Sin embargo, AMLO terminó su sexenio sin cumplir la meta de responsabilidad fiscal, rebasando la meta de 5.4% del PIB para el déficit público que había establecido para 2024. De hecho, durante su sexenio en cinco años consecutivos no cumplió con su meta de responsabilidad fiscal, es decir, de 2020 a 2024. En 2020 era entendible por la pandemia, pero en el resto de los años no. 

El hecho anterior indica un claro deterioro en el manejo de las finanzas públicas al no haber un manejo adecuado del endeudamiento del Gobierno acorde con los principios de responsabilidad fiscal establecidos por la Ley. Esto se compara negativamente con lo observado durante el sexenio de Peña Nieto, cuando se hilaron cinco años en que el déficit fiscal fue inferior a la meta establecida.

¿Qué tan responsable fue el uso del endeudamiento? 

El endeudamiento no es malo en sí mismo para las finanzas públicas, pues representa una fuente de financiamiento. Sin embargo, si no es usado con responsabilidad, cumpliendo con las metas o límites que se establecen por Ley, así como si no se le da un uso responsable, entonces pudiera no generar el efecto esperado y representar solo una carga financiera. 

Para evitar el mal uso del endeudamiento, se estableció mediante el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todo aquel financiamiento que solicite el Gobierno, debe ser destinado a la ejecución de obras que produzcan directamente un incremento en los ingresos públicos. Por definición económica, aquí estamos hablando de que se destine a gasto de inversión. 

De acuerdo con lo anterior, podemos calcular si el financiamiento requerido por el Gobierno está siendo utilizado de manera responsable de acuerdo con la Constitución. Al comparar el déficit público al cierre de 2024 respecto al gasto de inversión física (en infraestructura) que realizó el Estado, se tiene de que cada 100 pesos de endeudamiento 53 se destinaron a la inversión física, mientras que los restantes 47 pesos a otros tipos de gasto como pueden ser el pago de intereses de la deuda o financiar programas sociales. 

El sexenio de AMLO no solo estará marcado por ser uno de los que incurrió en mayores déficits o niveles de endeudamiento, sino por el mal uso que hizo del mismo de acuerdo con el anterior principio económico. Durante todo su sexenio el gasto de inversión física fue inferior al déficit público en el que incurrió, y a medida que crecía más el endeudamiento, destinó menor proporción al gasto de inversión. 

Lo anterior implica que no sólo se endeudó de manera histórica, sino que al no gastar de manera proporcional en la construcción de infraestructura y ampliar las capacidades productivas del país, sólo generó una mayor deuda con tasas de interés muy altas que ahora deberá pagar la nueva administración. Esto, a costa de frenar el gasto en sectores prioritarios y con ello arriesgar la garantía de los bienes y servicios públicos. 

¿Qué tan caro resultó el endeudamiento de AMLO?

La deuda adquirida por AMLO ya está cobrando factura al erario mediante el pago de intereses y servicio de la deuda pública. Al cierre de 2024, el Gobierno pagó 1.15 billones de pesos en el costo financiero de la deuda, el cual incluye los intereses y otros gastos financieros en los que incurre al pedir prestado. 

Se trata del mayor monto que ha destinado el Estado en el pago de los intereses de la deuda pública desde 1996. Frente  2018, se incrementó en 38.5% (319.9 mmdp). El incremento se dio tanto en los intereses pagados en moneda nacional, que subieron 53.5% (311.4 mmdp), como en los pagados en moneda extranjera, que tuvieron un alza de 3.4% (8.4 mmdp).

El costo financiero de la deuda ya es un gran costo de oportunidad para el Gobierno. Esta realidad termina afectando a la población, al haber menos recursos para garantizar los bienes y servicios públicos. Al cierre de 2024 se destinó 3.4% del PIB para el pago de intereses de la deuda pública, y tan sólo el 2.7% del PIB para salud. 

Incongruente con Plan México el presupuesto 2025 para educación y ciencia

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2025.

El gasto para Educación más Ciencia, Tecnología e Innovación para 2025 es el más bajo en 18 años en relación al PIB y limitará las ambiciones de desarrollo que Claudia Sheinbaum planteó en su Plan México.

La prensa la ha denominado la “presidenta científica”; sin embargo, Claudia Sheinbaum, ha destinado el peor nivel de inversión en Educación más Ciencia, Tecnología e Innovación en 18 años: tan sólo el 3.06% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta baja inversión en su primer año de gobierno limitará las ambiciones que ella misma planteó en el Plan México. Entre otras metas, buscaba ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer el desarrollo científico. Con tan pocos recursos, se ve poco factible. 

La menor importancia del presupuesto en educación y ciencia no solamente provocará que el Plan México no tenga el suficiente empuje para cumplir las metas de crear empleos bien remunerados; también se dificultará la proveeduría local en las empresas, la sustitución de importaciones, y no hablemos del anhelo de colocar a México en el Top 10 de las economías mundiales…

Para que el sector privado aumente su inversión, no sólo es importante que los Gobiernos den certeza jurídica (algo que con la reciente reforma al Poder Judicial queda en entredicho), sino que se impulse el avance tecnológico con herramientas presupuestales.  Así es como Gobierno y sector privado “empujan” por igual la carreta del desarrollo. 

¿Qué explica el castigo presupuestario de estos rubros? 

Luego del gran endeudamiento del ex-presidente López Obrador en 2024, la nueva administración de Claudia Sheinbaum se ha visto obligada a realizar un ajuste fiscal a gran escala en el presupuesto para 2025 en sectores como salud, seguridad o inversión. La educación no se vio tan afectada, pero sus recursos se han mantenido estancados desde 2016. En cambio, la asignación para ciencia y tecnología sí se redujo. Cabe aclarar que no todos los rubros fueron castigados: las becas y pensiones del bienestar incluso tuvieron aumentos, lo que refleja las verdaderas prioridades del Gobierno. 

En suma, el presupuesto conjunto de Educación más Ciencia, Tecnología e Innovación será de 1.1 billones de pesos en 2025, apenas 0.7% o 7.8 mil millones de pesos (mmdp) más que lo aprobado en 2024, pero 7% menor (83.2 mmdp) al máximo de 2015. 

Debido a que según Hacienda el PIB de México crecerá 2.5% en 2025, el peso del gasto en educación y ciencia respecto al tamaño de la economía pasará de 3.1% del PIB en 2024 a 3.06% en 2025, que es el peor nivel desde 2008 que hay registro. Para decirlo más claro: aunque hay un ligero aumento en millones de pesos, pierde prioridad. 

Gasto educativo estancado 

El estancamiento del gasto educativo no es algo nuevo. A partir del año 2016, el ex presidente Enrique Peña Nieto realizó un ajuste fiscal que afectó diferentes rubros, como el educativo. Desde entonces no se ha logrado recuperar el máximo alcanzado en 2015 por 1.1 billones de pesos (a precios constantes de 2025), y que representó el 3.5% del PIB. 

Para 2025 se proyectó un presupuesto educativo de 1.03 billones de pesos o 2.9% del PIB, una reducción de 0.5% (5 mmdp) respecto a 2024. Sin embargo, luego de que varias universidades públicas se manifestarán en contra de los recortes presupuestales, el gobierno aseguró que había un “error”. Así, se realizaron ampliaciones para 13 universidades por 17.6 mmdp que, asumimos, impactarán directamente al presupuesto en la clasificación funcional Educación. Así, el presupuesto educativo llegará a 1.05 billones de pesos, 1.2% (12 mmdp) más que en 2024.

El ajuste será insignificante, ya que el presupuesto educativo seguirá siendo de 2.9% del PIB, muy por debajo del 3.5% logrado en 2015. De hecho, no tiene comparación con lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) recomienda a los gobiernos: gastar entre 4 y 6% del PIB en educación. Tampoco se compara con el promedio global de 4.6%; ni con el de América Latina de 4.9%. El gasto educativo es la principal herramienta para romper los ciclos de pobreza y promover la movilidad social y mejorar la productividad del país. El estancamiento en este rubro —en éste y otros sexenios— indica que estas metas no son prioridad. 

El limitado gasto en educación en México, en comparación con otros países, podría estar ocasionando el bajo desempeño en pruebas internacionales como PISA (siglas en inglés de Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes). Los resultados de estas pruebas reflejan un panorama alarmante. En matemáticas, México obtuvo 395 puntos, muy por debajo del promedio de 472 puntos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y de otras economías de ingreso medio como Chile (412), Letonia (483) y Polonia (489). En lectura, los resultados son similares: México alcanzó 415 puntos, frente a los 476 de la OCDE, 448 de Chile, 475 de Letonia y 489 de Polonia. En ciencias, la situación no mejora, con México registrando 410 puntos, 75 menos que el promedio de la OCDE (485). 

Becas ganan peso en el presupuesto 

No sólo el presupuesto educativo se ha mantenido estancado, sino que ha cambiado radicalmente su composición y, por consiguiente, su impacto. Nos referimos a que los programas de becas han tomado mayor importancia en el presupuesto. De 2009 a 2018, las becas representaron, en promedio, el 6% del gasto en Educación. En 2025, representarán el 13% del gasto educativo, su mayor proporción histórica. 

Otra forma de medirlo es que, mientras en 2015 los programas de becas sumaban 64 mmdp, para 2025 han incrementado en 108%, un aumento de 132 mmdp. En contraparte, otros rubros del gasto educativo han sido fuertemente castigados. Por ejemplo, los recursos para la Prestación de Servicios Públicos para la Educación (salarios de maestros, equipo y material educativo) pasaron de 210 mmdp a 167 mmdp, un recorte de 20% (43 mmdp). También se ha reducido el presupuesto de inversión en infraestructura, evaluación y los recursos estatales. 

Los programas de becas permiten ampliar el acceso a la educación, pero es una medida insuficiente. Es necesario destinar recursos a mejorar la infraestructura de los planteles educativos, la calidad docente, los planes de estudio o recursos pedagógicos, para asegurar la permanencia de los estudiantes y una educación de calidad. El incremento aislado en el presupuesto de becas, a costa de otros rubros importantes, indica que no existe una estrategia integral en la materia, sino una estrategia de política clientelar. 

En programas de licenciatura y maestría, México registra un 32% de porcentaje de graduación. Comparado con el promedio de América Latina y el Caribe (46%), México se encuentra 14% por debajo. Cabe mencionar que incluso este promedio regional ya es considerado bajo en estándares internacionales; por ejemplo, el Banco Mundial señala que está muy lejos del 67% de Estados Unidos. Es necesario replantear las estrategias del gasto educativo para solucionar este problema. 

Compensación insuficiente a universidades

El mismo 15 de noviembre que se hizo público el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025, varias universidades públicas se coordinaron para exigir que sus presupuestos no fueran recortados frente a lo aprobado en 2024. Si bien la mayoría obtuvo una compensación en la aprobación del presupuesto, este incremento es insuficiente para recuperar el gasto de estos centros de educación superior.

Por ejemplo, inicialmente la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) había recibido un presupuesto de 39.5 mmdp, que era 15% (7 mmdp) menor al de 2024. Luego de la discusión presupuestaria en el Congreso, la UNAM recibió una ampliación presupuestaria de 7.1 mmdp con lo que su presupuesto se mantuvo al mismo nivel que en 2024. Aunque la máxima casa de estudios de México se libró de un recorte frente al año pasado, aún se mantiene muy por debajo de sus mejores niveles. Frente a 2011, cuando ejerció 50 mmdp, su presupuesto para este año será 7% (3.5 mmdp) inferior. 

Este estancamiento de décadas en la UNAM, explica la menor capacidad de la universidad para aceptar a nuevos estudiantes. Según estadísticas de la propia institución, en promedio, entre 2004 y 2024, sólo el 10% de los estudiantes que presentaron examen de admisión fueron aceptados. No obstante, entre 1999 y 2003 se logró una tasa de ingreso de 15% en promedio.

La situación es similar en materia de presupuesto con otras universidades públicas del país. Tanto la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad Autónoma de Chapingo, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN) contarán en 2025 con un presupuesto inferior a lo alcanzado en sexenios anteriores. 

La única institución pública de educación superior con incrementos considerables para el siguiente año, serán las Universidades para el Bienestar creadas en 2019. En 2025 contarán con 3 mmdp, 88% (1.4 mmdp) más que en 2024. No obstante, es evidente que este incremento no compensa la histórica caída presupuestaria en el resto de universidades. 

De no incrementarse los recursos destinados a las universidades, difícilmente México logrará los índices educativos de otros países. Hay que recordar que en México sólo el 27.2% de la población de 25 a 32 años cuenta con educación superior, la peor proporción dentro de la OCDE. En promedio, en estos países miembros, el 47% de la población de ese rango de edad cuenta con educación superior.

Ciencia sin apoyo: el presupuesto de 2025 es un retroceso

En 2025, el presupuesto destinado a Ciencia, Tecnología e Innovación será de apenas 57.8 mil millones de pesos (mmdp), lo que representa un recorte del 7.4% (4.6 mmdp) en términos reales frente al monto aprobado para 2024. Esto será apenas el 0.16% del PIB, mucho menor al 0.28% que alcanzó en 2015 durante la administración de Enrique Peña Nieto (EPN), cuando llegó al máximo histórico de 89.9 mmdp. En total, el presupuesto de 2025 será un 35.7% (32 mmdp) menor al punto más alto logrado, una alarmante disminución en el apoyo a la ciencia y la tecnología en México.

Para dimensionar, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) recomienda que los países inviertan al menos el 1% del PIB en ciencia y tecnología. En América Latina, el promedio es del 0.6% y Brasil destina hasta el 1.2%. En contraste, las potencias líderes en desarrollo tecnológico, como Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur, invierten el 2.8%, 2%, 3.2% y 4.5% respectivamente, subrayando el enorme rezago de México en este sector clave para el futuro.

La limitada inversión en ciencia afecta de modo directo el número de patentes. En 2023, México registró 15,630 solicitudes de patentes, lo que representó el 28% de las 55,200 solicitudes realizadas en América Latina y el Caribe. Aunque esta cifra refleja la relevancia de México en la región, se encuentra muy por debajo de las 25,369 solicitudes registradas por Brasil, una diferencia de casi 10 mil patentes. 

Al analizar estas solicitudes en proporción a la población, México alcanzó 119 patentes por millón de habitantes, superando el promedio regional de 86, pero aún por detrás de países como Chile, con 163, y Brasil, con 120. Que un país genere menos patentes que otro puede tener implicaciones significativas para su desarrollo económico, su capacidad de innovación y su competitividad en el mercado global.

Si analizamos el presupuesto en ciencia de manera histórica, observamos que sectores clave para el desarrollo económico y el bienestar social, como son el agrícola, empresarial, energético e incluso la innovación para mejorar el medio ambiente y el mejor uso de los recursos naturales, han quedado muy debilitados. 

Por ejemplo, el presupuesto para la promoción de la ciencia y tecnología de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) es 80.9% (7.1 mmdp) menor a lo ejercido en 2015. Hay que señalar que este sector es uno de los que mayor demanda tiene para el desarrollo de tecnologías y métodos para riego y cultivo, necesarias para que el campo ofrezca alimentos de calidad. 

El presupuesto para la promoción de los avances tecnológicos y científicos de la Secretaría de Energía (Sener), que apoya investigaciones en materia petrolera, eléctrica y nuclear, es 68.7% (1.7 mmdp) inferior a 2015. Con un menor presupuesto para el sector energético se ve complicado que México pueda aprovechar de manera eficiente y amigable con el medio ambiente sus recursos naturales —como el petróleo—, además de poder satisfacer la demanda de energía del país.

También se han recortado los recursos para el desarrollo de innovación y tecnología medioambiental. El presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la promoción de la ciencia es 52.4% (0.4 mmdp) menor a lo reportado en 2015. Este recorte disminuye los recursos para investigaciones científicas relacionadas a la mitigación y adaptación del cambio climático.

Nueva Secretaría de Ciencia nace debilitada

La nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), será el principal ente promotor de la ciencia, tecnología e innovación en México. No obstante, nace con recortes presupuestarios comparada con los recursos que manejaba cuando se le conocía como Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). La Secihti para 2025 contará con un presupuesto de 33 mmdp, lo que implica un recorte de 3.7% (1.3 mmdp) frente al monto aprobado para 2024 del Conahcyt, y es 36.3% (18.8 mmdp) menor a lo ejercido en 2015 cuando llegó a invertir hasta 51.7 mmdp para la promoción de la ciencia en el país. 

Es más, este presupuesto de la Secihti es el más bajo para la promoción de la ciencia desde 2011, un retroceso presupuestario de 14 años en los recursos para la principal entidad encargada del desarrollo tecnológico y científico del país. 

Una década de recortes presupuestarios en ciencia y tecnología 

A partir de 2015 el presupuesto enfocado a la ciencia comenzó a reducirse progresivamente, lo que provocó la desaparición de varios programas en los años subsecuentes. Muchos desaparecieron desde 2016 y otros cuantos en 2019, con la llegada de López Obrador. Con Claudia Sheinbaum no desaparecen programas en su primer año de Gobierno, pero vale la pena destacar que el Secihti contará con sólo seis programas, cuando en 2015 el Conacyt llegó a contar con alrededor de una veintena (entre los que se creaban y los que desaparecían).  

La desaparición de 11 programas en la última década conlleva una desarticulación de los esfuerzos del gobierno para promover la ciencia, tecnología e innovación. El apoyo a la innovación queda reducido a la entrega de becas a investigadores de posgrado y para aquellos que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, pero abandona el alcance a otros actores como son: empresas, entidades federativas y sectores productivos. 

Mencionemos, como ejemplo, el programa Innovación Tecnológica para negocios de alto valor agregado. En 2014 llegó a contar con recursos de hasta 6.5 mmdp y operaba como un instrumento de financiamiento para fomentar en las empresas privadas la investigación, la innovación y el desarrollo de tecnología. En 2016 este programa cambió de nombre a “Innovación tecnológica para aumentar la productividad de las empresas” y existió hasta 2019. Así, desde 2020 no se cuenta con un programa enfocado únicamente a la innovación en empresas sin importar su tamaño. Si bien hay presupuesto para los Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado; éstos atienden a un amplio espectro de población, y están enfocados en gran parte a la investigación académica.

Aparte, sufren de limitaciones operativas y presupuestarias: se cuenta con 1.45 mmdp, que son inferiores a los 6.5 mmdp que se destinaban sólo para la promoción de la innovación en las empresas. Estos limitados recursos deben destinarse entre un grupo más amplio de beneficiarios. En términos operativos, estas iniciativas están prioritariamente enfocadas en el desarrollo de tecnologías, siempre que su destino sea atender necesidades del gobierno. 

Tanto el presupuesto educativo y aquel enfocado a ciencia, tecnología e innovación han sufrido recortes importantes a lo largo de la última década. Irónicamente, los apoyos en becas educativas y científicas se han mantenido o incrementado. Si bien, es favorable que se apoye al desarrollo académico de la ciencia mediante transferencias directas, es primordial que también se dé un impulso a la innovación y el desarrollo tecnológico por parte de las empresas y sectores estratégicos.

De acuerdo con el economista turco Dani Rodrik (2019), es necesario que el Gobierno impulse la innovación en sectores con el potencial de abrir nuevos paisajes industriales para el sector privado. De ahí la importancia de que se promuevan programas presupuestarios enfocados en expandir la educación, innovación y el desarrollo tecnológico, permitiendo la transferencia de conocimientos y tecnologías entre sectores productivos. Todo ello favorece el crecimiento sostenible y la confianza en el desarrollo económico a largo plazo. 

Es positivo pero insuficiente que el Plan México busque fortalecer la participación del sector privado en la economía. Si se quiere promover el desarrollo científico y tecnológico, es imprescindible que el Gobierno también empuje la innovación con sus propias herramientas fiscales. 

Golpe presupuestario al Estado de derecho en el PEF 2025

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2025. 1 comentario en Golpe presupuestario al Estado de derecho en el PEF 2025

Para 2025 se vislumbra un panorama poco alentador en materia de Estado de derecho en México. ¿La razón? Los recursos para garantizar la seguridad y la justicia de la población tendrán su peor nivel en más de una década. 

Para 2025, el gasto total de las principales Entidades enfocadas a aplicar el Estado de derecho será de 404 mmdp, una reducción de 30% (174 mmdp) frente al monto aprobado para 2024. Esta cifra contempla el presupuesto total de las secretarías de Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y Gobernación; además de la Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Judicial y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). 

Si solo consideramos la parte del presupuesto que realmente se destina a las funciones de seguridad, asuntos de orden público y justicia, entonces el presupuesto cae a 315 mil millones de pesos (mmdp), el más bajo desde 2010. El recorte, marcado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, será de 17.7% (68.1 mmdp) frente al monto aprobado para 2024. Respecto del tamaño de la economía, representará 0.9% del producto interno bruto (PIB), el mínimo desde 2008.

Las reducciones presupuestarias no sólo limitarán atender la principal exigencia de la ciudadanía —la inseguridad y falta de justicia— sino que dejarán al país debilitado ante las exigencias del próximo presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, de que México combata de forma efectiva a los grupos delictivos. 

La reducción de recursos al Estado de derecho se engloba en toda una estrategia de ajuste fiscal que detallamos en nuestras Cinco Evidencias de las Finanzas Públicas en el Paquete Económico 2025. 

Yendo a detalle, los principales hallazgos en materia del presupuesto para el Estado de derecho son:

  • El gasto enfocado a policías civiles (Asuntos de Órden Público y Seguridad Interior) será 77% inferior al máximo reportado en 2015, si descontamos los recursos de la Guardia Nacional, que es en realidad un ente militar. 
  • Los recortes en los entes civiles, no se traducen en aumentos en los ramos militares, lo que debilitará la capacidad del Estado de garantizar la seguridad de la población. 
  • Pese a los recortes, se mantiene la militarización del gasto: los entes castrenses recibirán el 63.4% del presupuesto de los ramos enfocados a garantizar el Estado de derecho, la segunda mayor proporción histórica. 
  • Los subsidios federales hacia los estados para el fortalecimiento de sus policías civiles serán 93.2% inferiores al máximo de 2013. Es decir, todos los cuerpos enfocados a la seguridad, de cualquier nivel de Gobierno, tendrán castigos presupuestarios. 
  • El Poder Judicial, tendrá su peor presupuesto desde 2011, lo cual hará más lento e inefectivo el acceso a la justicia en México. 
  • Finalmente, el Instituto Nacional de Migración (INM) tendrá su peor presupuesto aprobado desde 2008. Ello limitará su actuar ante la crisis migratoria y las exigencias de nuestro principal socio comercial. 

Panorama fiscal del Estado de derecho 

Los recursos para garantizar el Estado de derecho comprenden las funciones del gasto público (áreas u objetivos) de Seguridad Nacional, Asuntos de Orden Público, y Justicia. El siguiente año, todas estas funciones sufrirán recortes, lo cual podría tener un impacto en los diferentes componentes que ayudan a aplicar la Ley: las policías civiles, el ejército, las fiscalías y el Poder Judicial. 

El mayor recorte frente a 2024 se da en la función de Asuntos de Orden Público (policías civiles) por 42.9% (38.4 mmdp), seguido del recorte en la función de Seguridad Nacional, por 11.0% (17.2 mmdp)1. Por último, se encuentra el recorte de 9.1% (12.5 mmdp) de la función de Justicia2. 

El retroceso no sólo es frente al monto aprobado de 2024, sino también con respecto a lo observado en sexenios pasados. Por ejemplo, para 2025 el presupuesto para estas funciones será 17.5% (66.7 mmdp) menor en términos reales, contra el promedio de lo ejercido por Peña Nieto (2013-2018). El sector más afectado será Justicia, con una caída de 19% (29.3 mmdp) frente al gasto del sexenio peñanietista. 

Objetivo Seguridad Nacional

La función de Seguridad Nacional es ejercida por tres secretarías: La Defensa Nacional (72.3% del total), la Marina (25.7%) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (2%). 

El recorte en esta función viene, principalmente, en el gasto corriente, con una disminución de 12% (16.7 mmdp) frente al monto aprobado para 2024. El gasto corriente es el principal componente del presupuesto de esta función porque cubre el pago de sueldos y salarios del personal. Esta reducción podría limitar la contratación de más fuerzas militares o el incremento de sus remuneraciones. 

El presupuesto en Seguridad Nacional también presenta un fuerte ajuste a la baja en materia de inversión, tanto en obra pública, como en gasto de capital diferente a este concepto (compra de maquinaria y equipo, inversión en tecnología o adquisición de inmuebles). Frente a 2024, el primero cae 100% (5.5 mmdp): desaparece. Por su parte, el gasto de capital diferente de obra pública se reduce en 72.3% (7.8 mmdp).

Comparado con el gasto promedio ejercido durante la administración de Peña Nieto, el recorte a la función de Seguridad Nacional será de 8.5% (13 mmdp). Además de la anulación del presupuesto para gasto de obra pública (una reducción de 6.6 mmdp), el estimado para el capital diferente de obra pública trae una caída de 83.7% (15.4 mmdp) frente al promedio ejercido de 2012 a 2018.

El presupuesto de 2025 también es inferior al gasto promedio ejercido durante la administración de López Obrador3. El mayor recorte se observa en los recursos que se transfieren para el pago de fideicomisos relacionados con proyectos de inversión, por 78.1% (23 mmdp). Hay que tener en cuenta que, durante la presidencia lopezobradorista, se transfirieron grandes recursos a fideicomisos para la construcción de los proyectos principales a cargo de los ramos militares, como fue el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya. 

Los recortes en el presupuesto de inversión de la función de Seguridad Nacional pueden afectar la adquisición de armamento, equipo militar, modernización de vehículos, desarrollo de sistemas de información y modernización de bases militares. Todo lo anterior, debilitaría la estrategia de seguridad del Gobierno. Esta inversión es distinta a aquella relacionada al Tren Maya, la cual se aborda más adelante. 

Si analizamos el recorte por programa presupuestario dentro de la función de Seguridad, son cinco los programas más afectados frente a 2024. En orden de magnitud, son: 

  1. Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional. Recorte de 8.4% (-3.9 mmdp) en términos reales.
  2. Previsión para el fortalecimiento de Infraestructura Naval y Militar. Reducción de 64.9% (-3.7 mmdp) en términos reales. 
  3. Provisiones para la construcción y fortalecimiento de infraestructura. Recorte por 78.6% (-3.61 mmdp). 
  4. Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana. Recorte por 35.3% (-3.59 mmdp).
  5. Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. Disminución de 13.9% (-3.33 mmdp).

En síntesis, el presupuesto para la Seguridad Nacional en 2025 se verá reducido frente al monto aprobado para 2024, pero también contra el promedio que se ejerció durante la administración de Peña Nieto. Los recortes provienen principalmente en el gasto corriente, seguido del gasto en inversión. Si lo analizamos por programa presupuestario, hay un debilitamiento en los programas que tienen por finalidad fortalecer las capacidades militares. Todo ello podría comprometer la capacidad de las fuerzas armadas para enfrentar a la ola de inseguridad que azota en el país. 

Objetivo Policías Civiles 

La función de Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior presenta un presupuesto por 51.2 mmdp para 2025: un desplome de 42.9% (38.5 mmdp) versus el monto aprobado para 2024. Estos recursos se destinan a las acciones de seguridad de las policías civiles. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) concentra el 84.7% de este presupuesto, seguido del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) con el 13.6% y por último, Gobernación con el 1.7%.

Dentro del presupuesto de la SSyPC todavía se encuentran 32.1 mmdp para la Guardia Nacional, que implica una reducción de 55% (39.5 mmdp) contra 2024. Esto a pesar de que, desde septiembre, la Guardia Nacional fue trasladada a la Defensa por reforma constitucional4. El problema es que los recursos de este cuerpo policial deberían clasificarse como Seguridad Nacional al ser un ente militar. Sin embargo, siguen dentro de la función de Asuntos de Órden Público. Este recorte a la Guardia Nacional no se corresponde con un incremento en el presupuesto de las Fuerzas Armadas (que corresponde a la función Seguridad Nacional); es decir, no se compensa la pérdida presupuestaria. Si desagregamos a la Guardia Nacional, la función de Asuntos de Órden Público tendría sólo 19 mmdp. Esto es 77% (65.4 mmdp) menos que el máximo alcanzado en 2015 y refleja la militarización de la seguridad en el país. 

Con la reducción, el principal componente afectado será el gasto corriente. Sin embargo, también se verá afectado el gasto de inversión y aquel que se destina para el pago de fideicomisos públicos. El gasto de capital de obra pública presenta un recorte por 60.6% (8.0 mmdp) frente al monto aprobado para 2024, mientras que el gasto de capital diferente de obra pública (compra de maquinaria y equipo, inversión en tecnología o adquisición de inmuebles) trae un recorte por 41.8% (4.3 mmdp). 

Si lo analizamos frente al gasto promedio ejercido por Peña Nieto, se observa que el gasto en la función de Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, trae un recorte de 32.3% (24.4 mmdp). Este recorte se explica por una disminución de 40.3% (26.9 mmdp) en el gasto corriente, principalmente de la extinta Policía Federal. 

En síntesis, la función de Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior presenta una fuerte rebaja frente al monto aprobado para 2024 y, contra lo ejercido por Peña Nieto. El recorte proviene de la disminución de su gasto corriente, principalmente por un presupuesto de la Guardia Nacional que es reducido a la mitad, así como un menor estimado de egresos para la provisión de infraestructura, que es reflejo de la desmilitarización del gasto en inversión pública.

Objetivo Justicia 

La función de Justicia tendrá una caída de 9.1% (12.5 mmdp) frente a lo aprobado para 2024. Este rubro presupuestal es ejercido principalmente por el Poder Judicial (59.3% del total), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (17.8%), la Fiscalía General de la República (FGR) (14.1%) el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) (2.3%), además de otros ramos con menor participación, como los Tribunales Agrarios, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

El recorte en esta función para 2025 proviene, principalmente, de la reducción del presupuesto del Poder Judicial. Para 2025 se propusieron originalmente 85 mmdp para este fin, sin embargo, las recientes modificaciones bajaron aún más la dotación y queda en 70.9 mmdp. Sería la estimación de costos más baja desde 2010 para este poder. Frente al monto aprobado para 2024 sería una rebaja en términos reales de 13.1% (10.7 mmdp), mientras que contra 2019 y 2018 sería una caída real de 12% (10 mmdp) y 19.2% (16.9 mmdp) respectivamente. 

Aún no es posible detallar en qué objeto del gasto se focalizarán las reducciones al Poder Judicial, debido a que no se han publicado los datos abiertos del presupuesto aprobado. Si consideramos que alrededor del 98.2% de sus recursos van para gasto corriente, es decir, para el pago de los ministros y el personal necesario para ejercer la justicia en México, entonces este rubro podría traer un recorte de 9.1% (12.3 mmdp) frente a lo aprobado para 2024. 

Otros ramos bajo el presupuesto de Justicia también se disminuyen. La CNDH tendrá 4% (72.3 mdp) menos recursos; la STPS, 13% (137 mdp) y los Tribunales Agrarios, 11% (107 mdp). 

Poder fiscal de las entidades: gasto total

Anteriormente analizamos el presupuesto en Estado de derecho visto desde el punto de vista de la clasificación funcional o por objetivos del gasto. Sin embargo, las principales entidades encargadas de aplicar la Ley, ejercen muchas veces otras funciones, como Transporte, Turismo, Salud, o Educación. Sólo al contabilizar estos gastos es posible entender su verdadero poder fiscal y apreciar si está alineado con sus funciones primordiales. 

Para 2025, el gasto total de las principales Entidades enfocadas a aplicar el Estado de derecho será de 404 mmdp, una reducción de 30% (174 mmdp) frente al monto aprobado para 2024. Este monto contempla el presupuesto total de la Defensa, Marina, SSyPC, FGR, Gobernación, Poder Judicial y el FASP. 

Aunque el presupuesto de estas instituciones es 3% (12.2 mmdp) mayor al primer año de López Obrador y 10.8% (39.4 mmdp) superior al inicio de Peña Nieto, se encuentra al mismo nivel de lo observado en 2014 a 2016, lo cual muestra un estancamiento histórico y una pérdida de prioridad en el primer Paquete Económico de Claudia Sheinbaum. Este hecho se comprueba al analizar el peso de las entidades respecto al presupuesto total. En 2025 controlarán el 4.4%, mientras que en 2024 gestionaron el 6.2% y en 2014 —hace más de una década— el 5.2%. 

El mayor recorte se da en el presupuesto de la Defensa, con una caída de 41.5% (112.1 mmdp) en términos reales versus el monto aprobado para 2024. Esto, como ya mencionamos anteriormente, da cuenta de la desmilitarización del gasto en inversión pública. En nuestro análisis de inversión pública en el PEF 2025  destacamos la caída en los recursos para la inversión en la función Transporte, es decir del Tren Maya (en manos de la Defensa), frente a la creación de nuevos proyectos de trenes que estarán a cargo de la Secretaría Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Lo anterior puede confirmarse al analizar en qué programa presupuestario de la Defensa (antes Sedena) se encuentra la rebaja, identificando que el programa de “Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros” prácticamente desaparece. Este rubro, que registraba los recursos para el Tren Maya, tenía un presupuesto por 125 mmdp en 2024. Para 2025 no cuenta con capital asignado. 

La segunda mayor disminución en el presupuesto está en la SSyPC: 36.2% (39.9 mmdp) frente al monto aprobado para 2024. Este recorte se focaliza en la Guardía Nacional, sin que haya un incremento correspondiente en el gasto operativo para la Defensa, como explicamos anteriormente. 

Por otro lado, la Marina presenta una reducción por 12% (9.0 mmdp) contra lo aprobado para 2024. La mayor rebaja se da en su gasto corriente: 12.6% (5.6 mmdp) en términos reales respecto a 2024. Es decir, esta dependencia tendrá menos recursos para el pago de nómina. Además, enfrentará un recorte en su gasto de obra pública de 9.4% (2.59 mmdp) ante la misma métrica de comparación. 

Hay que señalar que la Marina aún se encuentra a cargo de la construcción del proyecto Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Para este fin se ha presupuestado 22.1 mmdp, superior a los 21.7 mmdp aprobados para 2024. Así, la Marina no pierde participación en el desarrollo de obras prioritarias, pero sí pierde presupuesto para inversión en Seguridad Nacional. 

Por otro lado se encuentran los recortes de Gobernación. Esta secretaría tendrá menos recursos en términos reales en todos sus programas presupuestarios. Los más castigados son Política y servicios migratorios: con 14.0% (292.9 mdp) menos que el monto aprobado para 2024. Esto impacta al Instituto Nacional de Migración (INM) sobre el cual detallaremos más adelante, así como del recorte al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 0.3% (0.03 mmdp). 

En otras palabras, las principales entidades para garantizar el Estado de derecho tienen recortes importantes en su presupuesto, ya sea en sus áreas sustantivas o en funciones que tradicionalmente no realizaban, como las obras de infraestructura prioritarias. 

El presupuesto destinado a Defensa y Marina pasará de representar el 9.0% del gasto programable en 2024 al 6.3%, un nivel comparable al observado en 2021. Aunque esto podría podría mostrar una reducción en la militarización del presupuesto, las entidades civiles encargadas de aplicar la Ley también sufrirán recortes. Dicho de otro modo, habrá una política de austeridad generalizada para el siguiente año, salvo excepciones contadas en pensiones o becas, como lo explicamos en esta investigación.

Distribución de poder fiscal entre entidades civiles y militares

A pesar de la disminución de recursos para la Defensa en 2025, la distribución del gasto sigue reflejando un desequilibrio entre instancias civiles y militares.

Entre las principales entidades encargadas de garantizar el Estado de derecho, en 2025, las instancias civiles recibirán sólo el 36.6% del presupuesto, una proporción que se ha reducido desde el 52.9% en el primer año de López Obrador y el 58.7% en el de Peña Nieto. Nos referimos al estimado de costos de la FGR, Gobernación, SSyPC (sin contabilizar los recursos para la Guardia Nacional5, el Poder Judicial y el FASP). Su gasto total será de 148 mmdp, 41% (102 mmdp) frente al máximo de 2015, lo que demuestra el debilitamiento reciente de estas dependencias. 

Por otro lado, las instancias militares recibirán el 63.4% del presupuesto para 2025. Aquí nos referimos a los recursos de la Defensa, Marina y Guardia Nacional. Su presupuesto para 2025 será de 256 mmdp, el segundo mayor monto después del observado en 2024, lo cual refleja que las Fuerzas Armadas, aunque castigadas en áreas específicas, siguen dominando si las comparamos con las instituciones civiles.

Como se explicó anteriormente, el presupuesto total de estas entidades militares y civiles se mantiene estancado respecto de lo observado entre 2014 y 2016. No obstante, los entes militares han ganado una mayor concentración de recursos. Esto ha sido en detrimento de las instancias civiles y de los gobiernos locales. 

Retroceso en seguridad pública en los estados

Los estados de la República son altamente dependientes de las transferencias que reciben de la Federación. En este sentido, los recursos en materia de seguridad pública determinan el éxito de sus estrategias para garantizar el órden público. Sin financiamiento adecuado y estable, los gobiernos locales enfrentan limitaciones para invertir en equipamiento, capacitación policial, prevención del delito y mantenimiento de infraestructura crítica.

En 2025, se proyecta un presupuesto de 59.2 mmdp para transferencias federales en seguridad pública, lo que representa un incremento de 2% (1.3 mmdp) respecto a lo aprobado en 2024. Pese al aumento, el monto es todavía inferior al máximo histórico de 67.3 mmdp registrado en 2014. 

¿La razón? Si bien algunos componentes de las transferencias en seguridad tendrán más recursos, es porque están blindados por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). En contraste, gran parte de los subsidios en seguridad que no estaban blindados han desaparecido. Vamos por partes… 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) ha sido históricamente una de las principales fuentes de financiamiento para la seguridad pública a nivel local, promediando el 69% de las transferencias totales. Este protagonismo se debe a que su monto está ligado a la Recaudación Federal Participable (RFP), lo que garantiza estabilidad en los recursos que recibe anualmente. 

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2019 y 2021, el 38.5%6 del Fortamun se destinó, en promedio, a seguridad pública. Si asumimos que este porcentaje se mantiene, en 2025 se estiman 48.5 mmdp para seguridad provenientes del Fortamun. Esto representa un incremento del 3% (1.3 mmdp) respecto a 2024 y un aumento del 12% (5.3 mmdp) comparado con el primer año de López Obrador. 

Actualmente no existe una base consolidada que permita identificar el uso específico de los recursos otorgados a los estados a través del Fortamun. Este fondo puede usarse para el saneamiento financiero, mantenimiento de infraestructura y otros. Por ejemplo, en Mexicali para servicios personales y generales7; en Monterrey para seguridad pública8. La LCF obliga a que por lo menos el 20% de este fondo se utilice en seguridad, pero como lo muestra la Auditoría, se ha llegado a utilizar para esa función una proporción mayor. Esta institución también ha señalado que el uso del Fortamun carece de transparencia y seguimiento adecuado, lo que dificulta evaluar su impacto real en seguridad pública. En ausencia de datos recientes, se asume que el porcentaje destinado a seguridad pública se mantiene constante.

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es el segundo mayor componente de las transferencias federales para seguridad pública a nivel local, y promedia el 25% de las transferencias totales. Su asignación obedece a factores como la población, índices delictivos y necesidades específicas de profesionalización, equipamiento e infraestructura. Sin embargo, al no estar ligado a la RFP, es más fluctuante que el Fortamun, lo que resta estabilidad a los recursos asignados. Para 2025 se proyectan 9.6 mmdp, un leve descenso del 0.4% (0.04 mmdp) respecto a 2024 y un aumento marginal de 0.1% (0.01 mmdp) en comparación con el primer año de López Obrador. Este estancamiento resulta preocupante, considerando que el FASP financia actividades esenciales como la capacitación de fuerzas policiales, la modernización tecnológica y la implementación de sistemas de inteligencia, todas claves para mejorar la seguridad pública a nivel estatal y municipal.

El resto de los recursos que aporta la Federación a las entidades federativas corresponde a diferentes programas de subsidios que han evolucionado en cuanto a las reglas de asignación y en el monto total a repartir. 

En 2009 se creó el Subsidio a la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), que llegó a beneficiar hasta 280 municipios9. Este subsidio se enfocaba en la profesionalización de policías, así como en la adquisición de tecnología y equipamiento. En sus últimos tres años ejerció 7.2 mmdp en promedio. 

Por su parte, en 2010 se creó el Subsidio para la Policía Acreditable. Este programa convivió con el Subsemun y, a diferencia de éste, entregaba recursos a los gobiernos estatales con el objetivo de crear el Mando Único Policial10. En sus últimos tres años de funcionamiento, este programa transfirió a las entidades 4 mmdp en promedio. 

En 2013 se creó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred). Éste buscaba reducir factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia, con un enfoque en grupos vulnerables y de prevención. La mayor parte de los recursos de este programa se entregó a los estados, con un promedio de 3.3 mmdp en sus últimos tres años de operación.

En 2016, el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) reemplazó al Subsemun, mientras que el Subsidio para la Policía Acreditable desapareció ese mismo año sin un sustituto. El Fortaseg, al igual que el Subsemun, apoyó a los municipios con mayores índices delictivos —alrededor de 300— y asignó 5.6 mmdp en promedio en sus últimos tres años de operación. En 2021 desapareció este programa y no hubo subsidios en seguridad hasta 2023. 

En 2023, surgió el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp). Este fondo se destina principalmente a proyectos de equipamiento, capacitación policial, infraestructura y fortalecimiento institucional en los municipios, aunque su presupuesto limitado dificulta atender las necesidades crecientes en seguridad pública.

El Fofisp no puede considerarse un sustituto de los programas anteriores debido a que no se focaliza en los municipios con mayores índices delictivos sino que se entrega de forma generalizada. En 2025, contará con un presupuesto de 1.1 mmdp, significativamente menor que los recursos que manejaban los fondos previos y beneficiará a los 2,478 municipios del país. Esta entrega generalizada diluye los efectos del programa. En 2025, cada municipio recibirá apenas 452 mil pesos, mientras que el Subsemun —que estaba focalizado— llegó a otorgar 25.7 millones por municipio, en promedio. 

El mejor momento para las entidades federativas y municipios, en cuanto a subsidios federales en seguridad, se dió en 2013 cuando existió el Subsemun, Pronafed y Subsidio para la Policía Acreditable. Ese año recibieron 16.4 mmdp a través del Fortamun, Policía Acreditable y Pronafed. En el presupuesto de 2025 sólo hay un programa de subsidios, el Fofisp, cuyos recursos son 93.2% o 15.3 mmdp inferiores a lo logrado en 2013. 

Por su parte, el máximo histórico de transferencias para seguridad pública fue 2014, con 68.4 mmdp (asumiendo que el 38.5% del Fortamun se destinó a este propósito). El presupuesto de 2025 (59.2 mmdp) es menor en 13.5% (9.2 mmdp). 

Ahora, al excluir el Fortamun del análisis de las transferencias federales para seguridad pública, los datos revelan un panorama alarmante: el FASP y el Fofisp suman sólo 10.7 mmdp destinados a este rubro en 2025. Respecto de 2013, este monto es 64% (19.3 mmdp) inferior, evidenciando la reducción drástica en recursos etiquetados para enfrentar los retos de seguridad en el país.

Ahorros públicos en manos militares

El análisis de los fideicomisos bajo el ramo de Defensa Nacional sirve también para analizar el poder fiscal de esta dependencia, a partir de sus ahorros públicos. En los últimos años, estos recursos se han incrementado de forma acelerada. Si bien en el PEF 2025 pareciera que esta situación puede detenerse, la situación podría cambiar a lo largo del año. 

Al tercer trimestre de 2024, el monto total de sus fideicomisos fue de 56.7 mmdp, lo que representa una disminución del 35% (-30.5 mmdp) respecto al mismo periodo de 2023, cuando alcanzaron 87.2 mmdp. Sin embargo, esta cifra sigue siendo 1,669% mayor (53.5 mmdp) a la registrada en 2019, el primer año de López Obrador, cuando sumaban apenas 3.2 mmdp, y 471% superior (46.8 mmdp) al cierre de la administración de Peña Nieto en 2018, que acumuló 9.9 mmdp.

Entre los aspectos más relevantes, destaca el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM), que de un año para otro (2019-2020) experimentó un aumento de 3,949% (37.3 mmdp), pasando de 0.9 mmdp en 2019 a 38.2 mmdp. Al tercer trimestre de 2024, este fondo cuenta incluso con un capital extra por 43.1 mmdp. Este fideicomiso fue utilizado para la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), lo cual dificultó la trazabilidad de los recursos, ya que no existen informes de estos instrumentos11. 

En 2023 surgió el Fideicomiso para Obras Públicas, con 54.9 mmdp, probablemente relacionado con proyectos prioritarios de infraestructura a cargo de Defensa Nacional, como explicamos en esta nota. Para 2024, este fideicomiso alcanza 10.1 mmdp. Aún es incierto el uso de los fondos de este fideicomiso, pero es probable que se hayan gastado en alguna obra prioritaria como el Tren Maya. Habrá que esperar a que la ASF haga una auditoría para verificar esta hipótesis. 

El Gobierno de López Obrador se pronunció en varias ocasiones sobre la opacidad en el uso de los fideicomisos como el Fondo de Desastres (Fonden) o los fondos en ciencia y tecnología. No obstante, el aumento de los fideicomisos militares reflejan su doble discurso hacia estos instrumentos. 

Cabe mencionar que los fideicomisos de la Defensa que favorecen directamente al personal militar y sus familias no ha tenido un crecimiento sostenido. El Fideicomiso a favor de los hijos del personal adscrito al Estado Mayor Presidencial y el Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos en actos del servicio de alto riesgo, se mantienen estancados. 

Para 2025, no se prevén grandes transferencias a fideicomisos de la Defensa, frente al promedio histórico. Sólo se presupuestan 6.4 mmdp, cuando de 2019 a 2023 se transfirieron en promedio 39.4 mmdp a sus fondos, lo cual resultó en mayor opacidad y falta de control.

Destacamos que, en años anteriores, estas transferencias han sido excedidas de manera constante. No sería extraño que, a lo largo del año, veamos tales sobreejercicios respecto a lo aprobado en el PEF 2025. 

Los rebases presupuestales en los fideicomisos a cargo de la Defensa han sido una constante histórica desde al menos 2008, cuando el gasto comenzó a superar sistemáticamente al presupuesto. Sin embargo, esta tendencia se intensificó notablemente con el inicio de la administración de López Obrador en 2019. Antes de 2019, el sobreejercicio anual promedio (de 2008 a 2018) era de 3.7 mmdp, cifra que representaba 1% del gasto promedio anual en la función salud (730.6 mmdp), 0.4% en educación (999 mmdp) y 5% en ciencia y tecnología (69 mmdp). 

Desde el inicio de la administración de López Obrador, el rebase presupuestal promedio anual (de 2019 a 2023) se incrementó hasta 39.4 mmdp: equivalente a 5% lo ejercido en la función salud (836 mmdp) y 4% en función educación (979 mmdp), así como 64% de los egresos por ciencia y tecnología (61.9 mmdp).

El gasto, de por sí ya desmedido, tuvo un incremento dramático en 2019, cuando se excedió en 35.1 mmdp, a pesar de que sólo se aprobaron 0.02 mmdp. Esto significa que la entonces Sedena gastó 1,503 veces lo aprobado para sus fideicomisos: por cada peso asignado, se ejercieron 1,503 pesos. No obstante, este no fue el mayor exceso registrado. En 2021, los fideicomisos de esta secretaría alcanzaron un sobreejercicio histórico de 54.9 mmdp, con un presupuesto aprobado nuevamente de únicamente 0.02 mmdp, lo que equivale a 2,493 pesos ejercidos por cada peso aprobado. 

Este análisis refleja la magnitud de la opacidad y la falta de control en la gestión de los fideicomisos de la Defensa, lo que plantea interrogantes sobre la eficiencia, transparencia y prioridades en la asignación de recursos públicos. La relevancia del tema radica en que estos sobregastos ocurren en un contexto donde sectores clave como salud, educación y ciencia enfrentan restricciones presupuestarias, evidenciando el costo de oportunidad y la necesidad de un mayor escrutinio sobre el destino y uso de los recursos públicos asignados al sector militar.

Negación histórica al presupuesto del Poder Judicial 

De forma histórica, el Congreso ha aprobado al Poder Judicial un presupuesto inferior al que solicita. No obstante, la negación presupuestaria para 2025 es la mayor en casi 20 años. 

Para este año, el Poder Judicial solicitó al Congreso recursos por 85 mmdp, lo que hubiera significado un aumento de 4% (3.4 mmdp) respecto a lo aprobado en 2024. El monto solicitado no representaba realmente un incremento, sino un regreso a un nivel observado entre 2014 a 2020. Sin embargo, el Congreso le aprobó al Poder Judicial sólo 71 mmdp, una rebaja de 17% (14 mmdp) respecto a lo solicitado, la mayor negación de presupuesto desde 2006. Con este resultado, este poder del Estado contará con la menor repartición desde 2011. 

Desde 2017, el Poder Judicial ha enfrentado un recorte progresivo en su presupuesto. El año pasado, en nuestro análisis del Paquete Económico 2024, identificamos un deterioro acelerado en los recursos de este órgano de Gobierno, situación que se ha agravado incluso más en 2025. 

La reducción de capital destinado al Poder Judicial puede afectar la eficiencia y rapidez de la impartición de justicia en México. Esto podría derivar en despidos de personal —especialmente empleados bajo el esquema de honorarios— lo que incrementaría la carga laboral, afectando los tiempos de los procesos judiciales. 

La falta de recursos podría reducir los servicios de defensoría pública (abogados del Estado que dan servicio sin costo a los ciudadanos), lo que dificultaría el acceso equitativo a la justicia de las personas más pobres del país. Es posible que también se den recortes en las áreas de infraestructura, tecnología o capacitación, lo que limitaría la mejora de procesos y la enseñanza de nuevos funcionarios públicos. Esto último, preocupa en gran medida ante la llegada de nuevos jueces y magistrados sin experiencia, a partir de las elecciones por voto popular del siguiente año, promovidas por la reforma constitucional al Poder Judicial. 

Es evidente que la aprobación del presupuesto del Poder Judicial se ha politizado en los últimos años. Los recortes no están fundamentados en análisis de costo-beneficio o de factibilidad técnica, sino en una lógica de concentración de poder del Ejecutivo y Legislativo frente al tercer poder de la República. Para evitar que el presupuesto se use con fines políticos y se afecte el acceso a la justicia, es necesario establecer una garantía presupuestaria. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, recomiendan que el presupuesto de los poderes judiciales de cada país sea igual o superior al 2% del gasto. Además, es una práctica que ya existe en las Constituciones de algunos estados, como en Jalisco12.

La reducción del presupuesto del Poder Judicial va en contra de las mejores prácticas internacionales y estatales. Para 2025, su presupuesto representará el 1.1% del gasto programable, la peor proporción desde el año 2000. 

Migración con menor presupuesto frente a Trump

El Instituto Nacional de Migración (INM) tiene recursos proyectados de 1.6 mmdp para 2025, una reducción aproximada del 15% (-0.3 mmdp) respecto a los 1.9 mmdp aprobados para 2024. Es el peor monto aprobado en más de 18 años.

Esta disminución podría entorpecer el control del flujo migratorio, así como la protección de los derechos de los migrantes. Cabe recordar que Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, ha amenazado con imponer aranceles del 25% a México si el Gobierno no toma medidas efectivas para frenar la migración de personas hacia Estados Unidos.

Sin embargo, el presupuesto del INM resulta engañoso. Para bien o para mal, desde 2008, el INM ha registrado sobreejercicios de manera constante en su presupuesto aprobado. Esto muestra que la Secretaría de Hacienda amplía sin fricciones los recursos de este Instituto, lo cual podría jugar de manera favorable el siguiente año. Claro está que tales ampliaciones van en contra del control democrático del gasto público. 

El sobreejercicio más alto del INM se registró en 2018, durante la administración de Peña Nieto, cuando se aprobaron 2.3 mmdp y se ejerció 3.6 veces lo aprobado: 8.2 mmdp. Este hecho coincidió con la llegada de Donald Trump a su primer periodo en la presidencia de Estados Unidos. 

Los siguientes máximos ocurrieron, no obstante, bajo la administración de López Obrador. En 2022, el INM gestó 7.4 mmdp, 4.2 veces lo aprobado (1.8 mmdp); mientras que en 2021, lo ejercido fue de 6.8 mmdp, superando 3.8 veces lo aprobado (1.8 mmdp). Entre 2019 y 2023, los rebases presupuestales promediaron 4.6 mmdp, lo que representa un incremento del 60% (1.7 mmdp) respecto al promedio de 2.9 mmdp registrado entre 2008 y 2018, siendo 1.6 veces más altos.

Queda por verse si en 2025 habrá recursos que redirigir al INM para atender la crisis migratoria. En cualquier caso, las modificaciones al gasto tendrán implicaciones importantes. Los sobreejercicios del INM durante el mandato de López Obrador equivalen a 7.5% lo ejercido en ciencia y tecnología. 

Conclusiones

El presupuesto 2025 no está alineado con la principal demanda ciudadana de resolver la inseguridad y falta de justicia en México. La reducción de recursos para los policías civiles y el Ejército, limitará su accionar y combate efectivo contra la delincuencia en México. 

Además, el menor presupuesto enfocado a seguridad y migración nos colocará en una situación vulnerable ante las exigencias del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quién ha demandado a México mejores resultados en el combate al crimen organizado y control de flujos migratorios. 

Es probable que dependiendo de la coyuntura política, el presupuesto en seguridad o migración sea modificado para atender las exigencias de nuestro principal socio comercial. No obstante, esto implicaría recortes en otras áreas también vitales para el bienestar de los ciudadanos. 

Notas al pie

  1. Calculado a partir del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) más la ampliación de 6.3 mmdp aprobada en la Cámara de Diputados. ↩︎
  2. Calculado a partir del PPEF menos el recorte de 14 mmdp en el Poder Judicial aprobado por la Cámara de Diputados. ↩︎
  3. Para 2024 se considera el monto aprobado. ↩︎
  4. Publica DOF reforma constitucional para que la Guardia Nacional se incorpore a la Sedena
    https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/publica-dof-reforma-constitucional-para-que-la-guardia-nacional-se-incorpore-a-la-sedena ↩︎
  5. Se considera como un ente militar debido a que sus dirigentes son militares y a que constitucionalmente ya es parte de la Sedena, aunque se clasifiquen sus recursos dentro de la SSyPC. ↩︎
  6. Calculado promediando el porcentaje del Fortamun destinado a Seguridad Pública contenido en las siguientes auditorías:
    https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018b/Documentos/Auditorias/2018_MR-FORTAMUN_a.pdf
    https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019c/Documentos/Auditorias/MR-FORTAMUN-DF_a.pdf
    https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2020c/Documentos/Auditorias/MR-FORTAMUNDF_a.pd
    fhttps://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2021b/Documentos/Auditorias/MR-FORTAMUNDF_a.pdf  ↩︎
  7. Información obtenida de la Cuenta Pública de Mexicali 2022 disponible en https://www.mexicali.gob.mx/24/finanzas/programacion%20y%20destino%20anual/FORTAMUN%202022.pdf ↩︎
  8. Obtenido del Informe del destino del Fortamun 2023 del Ayuntamiento de Monterrey, disponible en: https://www.monterrey.gob.mx/pdf/dictamenes_cabildo/2023/Dictamen_referente_a_la_Asignacion_de_Recursos_del_Fondo_de_Aportaciones_para_el_Fortalecimiento_de_los_Municipios_y_de_las_Demarcaciones.pdf  ↩︎
  9. Reglas de Operación Subsemun 2015. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5378563&fecha=15/01/2015#gsc.tab=0 ↩︎
  10. El Mando Único Policial fue una estrategia propuesta en México con el objetivo de centralizar y unificar el control de las fuerzas policiales municipales bajo un mando estatal. ↩︎
  11. ASF (2022). Auditoría De Cumplimiento Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar. Recuperado de: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2022c/Documentos/Auditorias/2022_0337_a.pdf ↩︎
  12. Según el Artículo 57 de la Constitución Política del estado de Jalisco, el Poder Judicial del estado debe contar con por lo menos el 2% del presupuesto estatal. Recuperado de: https://congresoweb.congresojal.gob.mx/bibliotecavirtual/legislacion/Constituci%C3%B3n/Documentos_PDF-Constituci%C3%B3n/Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20del%20Estado%20de%20Jalisco-160823.pdf ↩︎

Pros y contras del presupuesto 2025 en subsidios del Bienestar

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Paquete Económico 2025, Temas selectos.

El presupuesto 2025 para programas de subsidios del Gobierno alcanza un máximo histórico. Pero no todas las subvenciones tendrán aumentos y habrá fuertes recortes en rubros clave que impactan a educación y salud.

Por Jorge Cano y Christopher Cernichiaro | Programa de Gasto Público de México Evalúa

En 2025, el presupuesto proyectado para programas de subsidios del Gobierno alcanza un máximo histórico. Se repartirán 1.1 billones de pesos. Es decir, 24.7 mil millones de pesos (mmdp) más, respecto a 2024, un aumento del 2.3%. 

Los nuevos programas, como la Pensión Mujeres Bienestar (con 15 mmdp) y la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina (78.8 mmdp) contribuyen al incremento global de los subsidios. Sin embargo, el programa favorito del Gobierno, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tendrá un ligero recorte de 0.3%. 

El enfoque en subsidios también tiene costos de oportunidad importantes. Debido a la priorización de pensiones y becas, se afectan otros sectores clave como educación, salud pública y agricultura, como mencionamos más adelante. 

De igual manera, la apuesta por incrementar los subsidios ha desplazado el gasto de inversión en infraestructura, que para 2025 caerá al 2.3% del PIB (como explicamos en esta investigación). Este gasto es importante para construir carreteras, hospitales, escuelas, obras de irrigación, transmisión de electricidad, entre otras.  Además, la apuesta mantiene la presión sobre la deuda pública (como explicamos en esta otra nota). 

Desde México Evalúa consideramos que se deben de equilibrar las prioridades en el Paquete Económico 2025, para garantizar no solo beneficios inmediatos, sino sostenibilidad fiscal y desarrollo económico a largo plazo.

Programas de subsidios con máximo histórico

En 2025, los programas de subsidios estarán distribuidos en 69 programas y su monto, de 1.1 billones, supera al de los primeros años de López Obrador y Peña Nieto, con aumentos del 44.6% (343.4 mmdp) y 13.7% (134.1 mmdp), respectivamente, además de rebasar el máximo histórico de 2015. Respecto del tamaño de la economía representarán 3.1% del PIB, mismo nivel que en 2019. 

El incremento de los programas de subsidios para el siguiente año también refleja recortes en programas prioritarios. De los diez programas con mayor asignación, todos recibirán menos recursos que en 2024, incluso la Pensión para Adultos Mayores. El aumento del gasto total en subsidios se debe a la creación de nuevos programas. 

Por ejemplo, La Escuela es Nuestra, crucial para mejorar la infraestructura educativa, disminuye (-4.6 mmdp), también los subsidios para organismos descentralizados estatales (universidades de los estados) sufrirán un recorte (-4.7 mmdp), Sembrando Vida (-1.5 mmdp), Jóvenes Construyendo el Futuro (-1 mmdp), Fertilizantes (-700 mdp) o Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos (-3.6 mmdp).  Es decir, se afecta castigan subvenciones de educación, salud y agricultura. 

Finalmente, el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez que en 2024 contó con 51.9 mmdp desaparece para darle lugar a la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina y se crea el programa de Pensión Mujeres Bienestar.

Subsidios por habitante y su peso creciente en el gasto total

Para 2025, el gasto en subsidios por persona será apenas 1% mayor que en 2024, alcanzando 8,344 pesos per cápita anuales. Esta cifra representa un aumento significativo del 38% (2,296 pesos por habitante) respecto al primer año de López Obrador y un incremento más modesto del 2% en comparación con el primer año de Peña Nieto. 

Por su parte, el análisis del gasto en subsidios como porcentaje del gasto neto total y programable refleja su creciente relevancia en las finanzas públicas. En 2025, representará 12.1% del gasto neto total, medio punto porcentual más que en 2024, pero aún 1.2% por debajo del primer año de Peña Nieto. Como porcentaje del gasto programable, el presupuesto para subsidios alcanzará 17.2%, superando todos los registros desde 2013 (16.6%). 

Pensión para Adultos Mayores: otro crecimiento histórico

En 2025, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores contará con un aumento de 8% respecto a 2024 y un crecimiento extraordinario de 466% (398 mmdp) en comparación con el primer año de López Obrador, cuando el presupuesto fue de 85 mmdp. Desde 2019, este programa ha crecido repetidamente: el monto asignado en 2019 fue 232% superior al de 2018, y desde entonces ha mostrado aumentos anuales significativos. 

Este programa beneficia directamente a millones de personas mayores, mejorando su calidad de vida. Sin embargo, la asignación de recursos a este programa limita la capacidad de atender otras prioridades nacionales. 

Evolución de subsidios educativos

Además, del crecimiento de las Pensiones del Bienestar, las Becas de Educación Básica destacan con un aumento del 52% (26.9 mmdp), para colocarse en 78.8 mmdp. El objetivo de estos apoyos es asegurar la permanencia escolar de los alumnos. Si bien se atiende la falta de ingresos como un problema que causa deserción escolar, no se solucionan los problemas de infraestructura o calidad de la educación. 

Subsidios para la salud 

Debido al aumento en los subsidios, la atención a la salud es castigada en distintos ámbitos. Además del ya mencionado recorte a Atención Médica y Servicios Gratuitos, desaparece el programa IMSS-Bienestar (antes IMSS-Prospera), que en 2023 todavía contó con 22.5 mmdp. Este programa es distinto al organismo descentralizado IMSS-Bienestar, aunque lleven el mismo nombre. 

Una reducción en estos subsidios en salud podría limitar aún más la cobertura y la calidad de los servicios, afectando de manera directa a las personas más vulnerables, como explicamos a fondo en esta investigación.

5 recomendaciones de Política Pública

Para maximizar el impacto del gasto en subsidios y garantizar su sostenibilidad a largo plazo, se deben implementar medidas que equilibren los beneficios sociales con la eficiencia fiscal y el desarrollo económico:

1. Definir criterios para la priorización de subsidios. Es necesario establecer criterios de asignación (basados en indicadores medibles de equidad y eficiencia) que garanticen un equilibrio entre atender a los sectores más vulnerables y fomentar áreas de impacto económico estratégico, como infraestructura educativa y salud pública.

2. Fortalecer los mecanismos de evaluación y monitoreo. La implementación de sistemas para dar seguimiento y evaluar el desempeño de los programas de subsidios es esencial. Esto incluye el seguimiento del impacto en el bienestar de la población beneficiaria y el análisis de costos de oportunidad en sectores desplazados (como infraestructura y salud).

3. Impulsar la progresividad en los subsidios. Rediseñar los programas para priorizar a quienes más lo necesitan, asegurando que los recursos beneficien de manera eficiente a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Esto también contribuye a reducir desigualdades regionales y sociales.

4. Asegurar la sostenibilidad fiscal de los subsidios. Es importante crear mecanismos que vinculen el crecimiento de los programas de subsidios con ingresos recurrentes, evitando presiones excesivas sobre la deuda pública. Una opción viable sería integrar estos programas en un marco fiscal de mediano plazo que permita planificar su evolución.5. Complementar el gasto en subsidios con inversión en infraestructura y servicios públicos. Los subsidios no deben desplazar recursos de sectores que generan desarrollo económico y bienestar sostenible. Es crucial destinar una proporción adecuada del presupuesto a infraestructura educativa, salud y obras públicas, que permitan fortalecer las bases para el crecimiento a largo plazo.

Inversión en infraestructura 2025: un motor en retroceso

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2025. 1 comentario en Inversión en infraestructura 2025: un motor en retroceso

Para reducir el déficit presupuestario en 2025, sin realizar una reforma fiscal, el Gobierno se verá obligado a castigar uno de los principales motores del desarrollo económico: la inversión en infraestructura. 

¿Cuáles serán los verdaderos objetivos económicos de la administración entrante de Claudia Sheinbaum? El hecho de que hacia el siguiente año la mayoría de los sectores económicos tendrán recortes, pero no todos, nos muestra claramente las prioridades de su gestión.

Algunos datos claves de la inversión física en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 son: 

  • La inversión física proyectada para 2025 ascenderá a 836.6 miles de millones de pesos (mmdp), lo que representa el 2.3% del PIB. Se trata de una reducción del 12.7% respecto a lo aprobado en 2024 o de 0.4% del PIB. 
  • El gobierno de Sheinbaum destinará 189 mmdp a proyectos prioritarios (principalmente en transporte por ferrocarril) equivalentes al 22.6% de la inversión física total. No obstante, habrá una disminución del 18.6% respecto a 2024 de los proyectos considerados prioritarios.
  • Los ramos con los mayores recortes serán la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Petróleos Mexicanos (Pemex). Aumentará la inversión de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), lo cual es un precedente positivo en contra de la militarización de la inversión. 
  • El sector económico más castigado será el de Combustibles y Energía, por recortes a Pemex, lo cual dificultará el rescate productivo de la empresa. Preocupan también recortes en abastecimiento de agua, cultura, seguridad y salud. 
  • Por región, la Ciudad de México se volverá la entidad con la mayor recepción de la inversión (24% del total), superando a Tabasco y Campeche por primera vez en décadas. ¿La razón? Los proyectos de trenes de pasajeros. 
  • Por último, pese a la reducción del déficit en 2025, el endeudamiento seguirá siendo superior al gasto de inversión. Esto muestra que aún no se recupera la senda de la sostenibilidad fiscal. 

La inversión en infraestructura pública es un motor para el desarrollo económico y social de cualquier nación. A través de obras como carreteras, escuelas y hospitales, el sector público no solo fomenta el crecimiento económico mediante la generación de empleo y el estímulo a la productividad, sino que mejora el nivel de vida de la población al ampliar el acceso a servicios básicos y reducir desigualdades regionales.

Este análisis detalla cómo las decisiones presupuestales para 2025 afectarán la inversión física en México desde múltiples ángulos. También ofrece una herramienta para comprender cómo las estrategias gubernamentales influirán en el desarrollo económico y humano del país, así como en el bienestar de su población. Nuestro objetivo es fomentar un debate informado sobre la política pública.

El declive de la inversión física en perspectiva

La inversión física proyectada para 2025 será de 836.6 mmdp, un 12.7% (121.5 mmdp) menos que en 2024. Este recorte refleja una disminución no sólo en términos absolutos, sino en relación con el tamaño de la economía y el gasto total. En 2025, la inversión física representará el 2.3% del PIB (contra el 2.7% de 2024) y apenas el 9.1% del gasto neto total, menor al 10.1% del año previo. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México se encuentra muy por debajo en los recursos públicos destinados para inversión como porcentaje de su PIB. Por ejemplo, en Hungría es 6.6%; Estonia, 5.5%; Noruega, 5.1%; y Corea del Sur, 5.1%. Si bien estas son cifras para 2021, aún así rebasan el desempeño del Gobierno federal mexicano. 

Comparar esta proyección con los primeros años de las administraciones anteriores revela dinámicas preocupantes. Si bien el monto proyectado para 2025 supera los 748.6 mmdp de 2019 con López Obrador, es sustancialmente menor a los 1,303.6 mmdp registrados en el primer año de Peña Nieto. Más alarmante es la perspectiva relativa al PIB: la inversión física solo creció 0.1% respecto a 2019, pero es inferior en 2% al primer año de Peña Nieto. Esto refleja no sólo un estancamiento de largo plazo sino un retroceso.

Esta tendencia también se confirma al analizar la inversión como proporción del gasto neto total. En 2025, representará 9.1%, una cifra menor al 9.7% de López Obrador en 2019 y significativamente inferior al 17.6% observado en el inicio de Peña Nieto. Estos datos muestran una reducción drástica en la prioridad otorgada a este rubro esencial para el desarrollo.

Ritmo del Gasto en Inversión Física: ¿riesgo de subejercicio? 

El análisis de los montos aprobados y ejercidos en inversión física sirve para evaluar la efectividad del gasto público y su impacto en el desarrollo económico. Un subejercicio en 2025 podría agravar la ya limitada inversión física proyectada para 2025, reduciendo recursos que son esenciales para financiar infraestructura y generar empleo. Por otro lado, un sobreejercicio, aunque menos común, podría representar una oportunidad para mitigar los efectos de recortes presupuestarios y acelerar proyectos clave.

Es común que no se cumpla con el programa de inversión aprobado. En 2019, el primer año de López Obrador, se aprobaron 888.1 mmdp para inversión física, pero sólo se ejerció el 84% (748.6 mmdp), por lo que 140 mmdp quedaron sin utilizar. Esta situación es común por la curva de aprendizaje de cada Gobierno entrante, la falta de un plan de inversión a largo plazo y el cambio de prioridades. Además, se incumplió el programa de inversión en 2021 y 2023 por restricciones presupuestarias. 

En contraste, durante el primer año del sexenio de Peña Nieto (2013), se ejercieron 1,303.6 mmdp, un 106% del monto aprobado, lo que representó un sobreejercicio de 77 mmdp. No obstante, en 2015 se incumplió el programa de inversión por la crisis fiscal que provocó la caída del precio del petróleo. 

Con el inicio de la gestión de Sheinbaum se podrían presentar subejercicios por las mismas razones institucionales que aquejaron a López Obrador, salvo que se mantendrán varios proyectos de la administración pasada. Además, existe el riesgo de recortes adicionales a la inversión, si es que los estimados de ingresos no se cumplen. Lo explicamos en nuestra nota macro del PEF 2025. 

Para 2025, la inversión física proyectada asciende a 836.6 mmdp, un monto menor que el aprobado en los inicios de López Obrador y Peña Nieto, lo que subraya la necesidad de una ejecución eficiente y efectiva para evitar que el recorte proyectado limite aún más su impacto.

Regla de Oro de la Inversión: Priorizando el Presente a costa del Futuro 

La Regla de Oro de la Inversión es un indicador fundamental en las finanzas públicas, ya que mide el tamaño de la inversión física del Gobierno en comparación con el endeudamiento. En palabras sencillas, esta regla verifica si el Estado está invirtiendo al menos tanto como se endeuda. Un cociente igual o mayor a 1 significa que la inversión física iguala o supera el endeudamiento, priorizando proyectos que generan beneficios futuros —como infraestructura. que reduce costos y mejora la calidad de vida—. Sin embargo, cuando el cociente es menor a 1, refleja que la deuda supera la inversión física, priorizando necesidades inmediatas a expensas de comprometer la capacidad de atender demandas futuras, un enfoque que podría afectar el desarrollo sostenible.

¿Por qué importa? Un cociente bajo como el proyectado para 2025, de 0.59, indica que la inversión física será apenas el 59% del endeudamiento, es decir, poco más de la mitad de lo que se planea adquirir en deuda. Esto refleja que gran parte de los recursos provenientes del endeudamiento no están siendo destinados a inversión productiva, lo que limita su capacidad para generar crecimiento económico y beneficios sostenibles. Aunque este nivel mejora frente al 0.49 observado en 2024, sigue siendo preocupante en comparación con el inicio del sexenio de López Obrador, cuando el cociente era de 1, cumpliendo con que la inversión física igualaba el endeudamiento.

Este retroceso se agrava al contrastarlo con años previos, cuando el cociente siempre superaba la unidad. En 2013, con Peña Nieto, alcanzó 1.22, y en 2017 llegó a un máximo de 2.44, cuando la inversión física más que duplicaba el endeudamiento1. En un contexto donde la inversión física ya enfrenta recortes significativos, este indicador subraya una preocupante falta de alineación entre el endeudamiento público y las necesidades de desarrollo del país. Para los tomadores de decisiones, elevar la Regla de Oro debería ser una prioridad, pues promueve que el presupuesto contribuya al crecimiento económico y al bienestar de la población.

Proyectos prioritarios 2024 vs 2025

Los proyectos prioritarios de inversión física representan las obras de infraestructura insignia del Gobierno federal, diseñadas para impulsar el crecimiento económico y mejorar el nivel de vida de la población. Su importancia radica no solo en los beneficios directos que generan, como empleo e infraestructura funcional, sino en su capacidad de transformar regiones enteras al mejorar la conectividad y la movilidad. Además, reflejan la estrategia de desarrollo del Estado según los proyectos que son considerados prioritarios y los que no. 

En 2025, la administración de Sheinbaum destinará 189 mmdp a proyectos prioritarios, equivalentes al 22.6% de la inversión física total. Sin embargo, este monto es 18.6% (43 mmdp) inferior a lo asignado en 2024, lo que podría influir en la ejecución de las obras heredadas y en el inicio de nuevos proyectos. De los diez proyectos propuestos para 2025, nueve están relacionados con obras de transporte público, mientras que uno se enfoca en obras hidráulicas. En particular, el plan ferroviario, que incluye ocho trenes y aglomera 79% (149 mmdp) del presupuesto para proyectos prioritarios, destaca por su ambición de duplicar las líneas férreas operativas y mejorar la movilidad de personas y mercancías.

El proyecto con mayor asignación es el Tren Maya, heredado de la administración anterior, que recibirá 40 mmdp en 2025. Entre las nuevas iniciativas, el Tren México-Querétaro sobresale con un presupuesto de 30 mmdp. Se consolida así como el segundo proyecto con más recursos. Este enfoque refuerza la intención de priorizar la infraestructura de transporte, especialmente los trenes de pasajeros y de carga, como motores del desarrollo económico y la integración territorial.

Es importante resaltar que la influencia de estos proyectos prioritarios afecta directamente la distribución de la inversión física por ramo, función y estado. Por ejemplo, el enfoque en proyectos ferroviarios explica el aumento significativo en el ramo de Comunicaciones y Transportes, mientras que la continuidad del Tren Maya beneficia de manera particular a Tabasco y Campeche. 

Este patrón subraya la necesidad de un análisis detallado y una planeación estratégica, temas que se desarrollan con mayor profundidad en los apartados posteriores, donde se analiza la distribución de los recursos por ramo, función y estado. Estos análisis permiten comprender cómo se alinean estas decisiones con las necesidades de desarrollo del país y la mejora del bienestar general de la población.

Prioridades de inversión 2025 por Ramo

El análisis por ramo del gasto sirve para identificar las áreas prioritarias, evaluar los impactos de las decisiones presupuestales en sectores clave y entender las estrategias gubernamentales para el desarrollo económico y social. Además, este análisis destaca incrementos o recortes en áreas específicas, lo que facilita prever sus efectos en infraestructura, bienestar y competitividad. De esta manera, se provee información valiosa para tomadores de decisiones y para la ciudadanía interesada en el destino de los recursos públicos.

Las medidas de ajuste al déficit público significarán recortes a la inversión a la mayoría de los ramos presupuestarios del sector público: de 28 ramos que en 2024 contaron con presupuesto para inversión, 20 tendrán recortes, dos apenas mantendrán sus recursos en términos reales y seis tendrán incrementos. 

Del lado ganador, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) encabeza esta lista, con un aumento de 53.8 mmdp respecto a 2024, equivalente a una tasa de crecimiento real del 72.9%. Este incremento está claramente vinculado a la priorización de obras de movilidad y conectividad, ya que siete de los diez proyectos prioritarios corresponden a este ramo: 

  1. Vías de comunicación.
  2. Tren México-Toluca.
  3. Tren Lechería-Jaltocan-AIFA.
  4. Tren México-Querétaro.
  5. Tren AIFA-Pachuca.
  6. Tren Saltillo-Nuevo Laredo.
  7. Tren Querétaro-Irapuato. 

Aportaciones Federales, el segundo ramo con mayor incremento en magnitud: recibirá 7.3 mmdp adicionales o un incremento de 2.7%. El incremento de este ramo se debe a su mayor blindaje institucional por parte de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). Es decir, es más complicado que el Gobierno federal reduzca los recursos que reparte a las entidades, porque se calculan con fórmulas bien definidas. Estos recursos representan una oportunidad clave para que estados y municipios fortalezcan su infraestructura local, satisfagan necesidades urgentes de sus comunidades y promuevan el desarrollo económico en sus territorios.

En tercer lugar, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) verá un aumento significativo de 7.7% o 4.3 mmdp para llegar a un monto de 60.8 mmdp. Este crecimiento obedece a que 44% de sus recursos de inversión física se destinarán al mantenimiento de infraestructura existente, mientras que otro 40% financiará proyectos de infraestructura económica relacionados con la electricidad. Estas inversiones son fundamentales para garantizar la seguridad energética, reducir interrupciones en el suministro eléctrico y apoyar la industrialización y el comercio. Pese al incremento, su presupuesto de inversión se mantendrá por debajo de lo observado en 2014 (65.3 mmdp). 

Los otros ramos que tendrán incrementos son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 16.2% (3.7 mmdp). Esto también se debe a su mayor blindaje presupuestario, como lo explicamos en nuestra nota de salud para el PEF 2025. Además, se proyecta un incremento de 119% para el Poder Judicial, equivalente a 342 millones de pesos (mdp) y en el Legislativo de 56% o 215 mdp. Hay que recordar que al ser ramos autónomos, tienen la facultad de solicitar en el proyecto de egresos el monto que deseen, pero el Congreso posteriormente les suele aprobar menos recursos. 

El ramo con el mayor recorte será la Defensa Nacional. Contará con 47.4 mmdp, una contracción de 64.4% (85.6 mmdp) frente a 2024. El ajuste se debe a la reducción de los recursos para la construcción del Tren Maya, que en 2024 ascendieron a 125 mmdp, y para 2025 sólo se proyectan 40 mmdp. Pese al recorte, la Defensa seguirá siendo una de las principales dependencias encargadas de la inversión, como explicaremos más adelante. Esto es importante para la población porque impacta directamente en los recursos públicos destinados a proyectos de infraestructura como el Tren Maya, que prometen generar empleos, fomentar el turismo y estimular economías locales. Sin embargo, la menor inversión proyectada podría retrasar sus beneficios sociales esperados, así como la rentabilidad del proyecto. 

Le sigue un recorte a Petróleos Mexicanos (Pemex) de 18.9% o 49 mmdp. Así, su gasto de inversión será de sólo 209 mmdp, el peor monto en décadas. Frente a su mejor nivel de 2014 (605 mmdp) la inversión de Pemex será de apenas un tercio. Esto limitará aún más el rescate productivo de la empresa y las aspiraciones de lograr metas como la autosuficiencia y estabilidad energética, así como de desarrollo económico; y podemos decir que Pemex no aprovechará la reducción de impuestos y transferencias financieras para impulsar su inversión.

Preocupa también una reducción en la inversión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de 57.4% o 26.9 mmdp, para colocarse 20 mmdp. Los recortes se concentran en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de manera que se limitará el desarrollo de obras de saneamiento o de distribución del recurso hídrico Todo ello podría afectar el acceso al agua, el manejo de recursos naturales y la calidad de vida de las comunidades vulnerables.

De manera similar, el ramo de la Secretaría de Salud (SSA) sufrirá un desplome de 91.9%. Pasa de 1.8 mmdp en 2024 a solamente 0.1 mmdp en 2025 (-1.7 mmdp). Este recorte puede traducirse en hospitales y clínicas inconclusos o deteriorados. Como explicamos en nuestra nota del PEF 2025 en salud, el recorte en la inversión no se compensa por mayor gasto del IMSS-Bienestar. 

Los cambios en los montos proyectados para 2025 reflejan un reajuste en las prioridades gubernamentales. Si bien el impulso a Comunicaciones y Transportes y CFE puede fortalecer la conectividad vial y la seguridad energética, los recortes en Pemex, Educación y Salud subrayan un costo de oportunidad significativo, que compromete áreas esenciales para el desarrollo sostenible y el bienestar general.

El análisis por ramos del gasto en inversión física proyectado para 2025 revela una concentración significativa en tres sectores clave: Aportaciones Federales, Petróleos Mexicanos y Comunicaciones y Transportes. En conjunto, estos tres ramos absorberán el 74% de la inversión física. La cuarta parte restante se distribuirá en otras áreas fundamentales como Educación, Salud y Seguridad. Tales son las prioridades gubernamentales. Inevitablemente impactarán en la población y el desarrollo económico.

Para 2025, las Aportaciones Federales serán el ramo con la mayor inversión en infraestructura, con una tercera parte del monto total (34% o 283 mmdp). Este porcentaje es el más alto del periodo reciente, excepto en 2019, cuando alcanzaron el 35%. De forma histórica, las Aportaciones Federales han sido el segundo ramo con la mayor inversión después de Pemex, pero los recientes recortes a la petrolera han cambiado el órden. Destaca además que el 43% de estas aportaciones de inversión física se destinan para fondos de infraestructura social (5% para estados y 38% para municipios), 24% para fortalecimiento estatal y 22% para fortalecimiento municipal2. 

Petróleos Mexicanos (Pemex), que concentra el 25% de la inversión física en 2025, sigue siendo un actor clave. Recibe una menor proporción de recursos respecto a 2024, cuando percibió el 27%, o frente a 2014 cuando obtuvo el 52% de la inversión. Este retroceso refleja la ausencia de proyectos prioritarios en el sector energético. También podría limitar su capacidad para garantizar la seguridad energética y promover el desarrollo industrial, factores que son esenciales para la estabilidad económica a largo plazo. El 86% de los recursos de inversión física para Pemex se destinarán a programas presupuestarios relacionados con proyectos de hidrocarburos y 11% a mantenimiento de infraestructura.

Pasando a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT), ésta concentrará el 15% de la inversión física en 2025, equivalente a 127.7 mmdp. Este aumento no solo representa el mayor porcentaje desde 2018, sino que también supera el nivel alcanzado en toda la administración de López Obrador. La mayor participación de la SICT es positiva, ya que se recupera (en parte) una de las principales dependencias civiles encargadas de la inversión. Muestra también, un cambio de rumbo frente a la militarización que detectamos en 2024. 

Hay que señalar que las Fuerzas Armadas (Defensa Nacional y Marina) concentrarán el 9% de la inversión física en 2025. Aunque son ocho puntos porcentuales menos que en 2024 (17%), sigue siendo un presupuesto más alto que en cualquier otro año del periodo analizado y un aumento significativo respecto al 7% registrado en 2019. . En contraste, en el primer año de Peña Nieto apenas obtuvieron el 1.5% de la inversión física total. Este incremento subraya la creciente importancia que se le otorga a las Fuerzas Armadas para el desarrollo de infraestructura. Sus principales proyectos de inversión serán el Tren Maya (Defensa) con 40 mmdp y el Corredor Interoceánico “Istmo de Tehuantepec” (Marina) con 25 mmdp. 

Prioridades de inversión 2025 por Función

El análisis de la distribución de la inversión física por funciones evalúa cómo las prioridades gubernamentales se alinean con las necesidades de desarrollo del país. Una asignación adecuada en áreas como Transporte y Vivienda puede impulsar la infraestructura y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, una distribución limitada en funciones clave como Salud, Educación, Ciencia, Tecnología, Justicia y Seguridad Pública, que deberán repartirse apenas el 15% de la inversión física en 2025, compromete la satisfacción de necesidades vitales y factores estratégicos para el desarrollo. Para 2025, de 22 funciones de inversión, 19 sufrirán recortes y sólo tres tendrán incrementos. 

En el lado ganador destaca la función de Protección Social con un presupuesto de 449 mdp, un aumento de 2,737% frente a los 16 mdp aprobados en 2024. Se trata de inversiones del IMSS e ISSSTE para el desarrollo de guarderías. Es una buena noticia, puesto que desde 2017 no se observaba una inversión de esta magnitud en este componente. 

Asimismo, se proyecta un alza de la inversión física de 110 mdp en la función de Justicia y 215 mdp para Legislación (5% y 56%) respectivamente frente a 2024. Es la inversión solicitada por los poderes Legislativo y Judicial. Como se explicó anteriormente, es probable que se recorte durante la aprobación final del presupuesto. 

El resto de funciones sufrirá recortes. La reducción más severa será para Combustibles y Energía (Pemex y CFE). Esta función contará con 270.8 mmdp en 2025, 14% (44.6 mmdp) menos que en 2024. Se trata de la peor inversión combinada en más de 10 años, para las Empresas Públicas del Estado. 

Destaca negativamente un recorte de 91% (19.4 mmdp) en la función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, para colocarse en 2 mmdp, el peor monto desde 2020. El recorte se focaliza principalmente en obras hidroagrícolas de la Conagua. Este recorte limitará la productividad del campo y la resiliencia ante las sequías, como lo explicamos en nuestra investigación sobre la inversión de la Conagua. 

Desaparece de tajo la inversión en Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales. En 2024, este sector contó con 4.4 mmdp, principalmente para el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La inversión en Salud también tendrá un recorte de 9% o 3.1 mmdp. Como explicamos en nuestra investigación sobre el PEF 2025 en Salud, el recorte se da principalmente en los sectores sin seguridad social formal. 

Finalmente, destaca que la función Transporte contará con 192.6 mmdp, un recorte de 5% o 10 mmdp. Pese al anuncio de nuevos proyectos ferroviarios de Claudia Sheinbaum, esa función tendrá una disminución frente al último año de López Obrador. Aunque la inversión de transporte por ferrocarril aumentará para 2024, se reducirá la inversión en carreteras, como explicaremos más adelante. 

En 2025, la función de Combustibles y Energía concentrará la mayor proporción de la inversión física, con 32.5% del total (270.8 mmdp). Le siguen muy de cerca Vivienda y Servicios Comunitarios, con 31.1% (268.3 mmdp), y Transporte, con 23% (192.7 mmdp). Estas tres funciones concentran más del 85% de los recursos proyectados. Queda de manifiesto su relevancia estratégica dentro del presupuesto de inversión física. Esto implica que el resto de las funciones, entre ellas áreas fundamentales como Salud, Educación, Ciencia, Tecnología, Justicia y Seguridad pública, deben repartirse apenas el 15% de la inversión física. Esta distribución limitada afecta la capacidad de satisfacer necesidades esenciales y compromete aspectos estratégicos. Por ejemplo, un sistema de justicia ineficiente y un entorno inseguro son factores clave para desincentivar la llegada de capitales nacionales y extranjeros.

Combustibles y Energía mantendrá su posición dominante a pesar de recibir 14.2% menos recursos que en 2024 (-44.6 mmdp). Este porcentaje proyectado para 2025 es similar al registrado en el último año de López Obrador, pero significativamente menor al promedio de su mandato (41%), donde esta función llegó a acaparar hasta el 46% de la inversión física en 2021. También es inferior al 58% observado en el primer año de Peña Nieto, lo que señala un cambio en las prioridades de gasto público para el sector energético. Destaca que esta función esté ausente en los proyectos prioritarios de la nueva administración hacia 20253.

Por otro lado, las funciones de Vivienda y Servicios Comunitarios y Transporte, aunque experimentaron recortes, aumentaron su participación en el total de la inversión física. Esto debido a la caída más acelerada en la inversión en Combustibles y Energía. 

Vivienda y Servicios Comunitarios (95% de esta función corresponde a las Aportaciones Federales) registró una disminución marginal de 0.2% (-0.5 mmdp) pero aumentó su participación en el total de la inversión a 32%. Por su parte, Transporte alcanzó también el 23% de la inversión, el nivel más alto en en una década. Este comportamiento está alineado con la composición de los proyectos prioritarios de 2025, donde nueve de los diez que están contemplados se relacionan con trenes y vialidades.

Inversión a detalle: subfunciones 

El análisis de las subfunciones del gasto público en México proporciona un panorama detallado sobre los rubros específicos que son favorecidos o afectados por las decisiones presupuestales. De 34 subfunciones de la inversión física que proyectan presupuesto en 2025, sólo 12 tendrán incrementos en comparación con 2024 y el resto sufrirá recortes. 

Del lado ganador, la subfunción de Transporte de Ferrocarril destaca en el PPEF 2025 con un presupuesto de 157 mmdp, el monto más elevado desde 2022. Se trata de un incremento de 13% (18.5 mmdp) frente a lo aprobado en 2024 o 77.6% (68.5 mmdp) frente al promedio del sexenio de López Obrador. 

No obstante, otras subfunciones de transporte enfrentan recortes significativos, como Transporte por Carretera (-12.8 mmdp), Transporte Aéreo (-1.7 mmdp) y Transporte por Agua y Puertos (-1.8 mmdp), frente al promedio del sexenio de López Obrador. Para 2025, las subfunciones ferroviarias y de carreteras concentran el 100% de la inversión física destinada al transporte, con una distribución de 81% y 19%, respectivamente. En lo que respecta al transporte ferroviario, 73% de su presupuesto se destina a proyectos de trenes de carga y de pasajeros. Se olvidan por completo los subsectores de transporte aéreo y marítimo. Este enfoque asimétrico limitará la capacidad del Estado para sostener el comercio y la conectividad, elementos esenciales para el crecimiento económico, la integración territorial y la movilidad eficiente de bienes y personas.

Asimismo, la subfunción Electricidad (CFE) contará con 60.8 mmdp, 8% (4.3 mmdp) más que en 2024 y Desarrollo Regional (Aportaciones Federales) tendrá 254.9 mmdp, 3% (6.9 mmdp) más que en 2024. Ambas funciones también tienen un incremento frente al promedio de Gobierno de López Obrador por 15.6% y 10.5% respectivamente. En el caso de la inversión en electricidad, se observa mayor voluntad política para favorecer a este sector. Por su parte, la inversión en Desarrollo Regional, está blindada por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), y su aumento es tendencial. 

Preocupa la reducción en las subfunciones relacionadas a los recursos hídricos. Abastecimiento de Agua tendrá 13.3 mmdp (-7.4 mmdp frente a 2024), Hidroagrícola contará con 2 mmdp (-19.4 mmdp menos) y Ordenación de Aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado tendrá cero pesos (-4.4 mmdp menos). Compensará ligeramente la subfunción Administración del Agua con 4.3 mmdp en 2025, mientras que en 2024 no tuvo recursos aprobados. En suma, para 2025 se prevén 19.7 mmdp para inversión relacionada con el agua, 58% (26.9 mmdp) menos que en 2024. No obstante, este monto seguirá siendo superior al promedio de López Obrador (20. 3 mmdp) o de Peña Nieto (17 mmdp). Esta reducción en inversión puede impactar directamente en el acceso a servicios básicos como agua potable, drenaje y riego agrícola, afectando especialmente a las comunidades vulnerables que dependen de estas infraestructuras.

Finalmente, el análisis por subfunciones del gasto proyectado para 2025 revela recortes significativos en el sector de Defensa. Se prevé una asignación de 7.4 mmdp, es decir, una disminución de 30.5 mmdp frente al promedio recibido durante el sexenio de López Obrador. Asimismo, Marina contará con 2 mmdp, 72.3% (5.2 mmdp) menos que en el sexenio pasado. Si bien las Fuerzas Armadas mantendrán su papel en el desarrollo de infraestructura con obras como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, tendrán menos recursos para cumplir sus funciones naturales de protección de la soberanía nacional. Estos recortes podrían limitar la capacidad operativa de las fuerzas armadas en un contexto donde la seguridad nacional es la preocupación más importante para el desarrollo económico y la estabilidad social, como lo señala un artículo reciente de México Evalúa. 

Aunque la distribución de recursos entre subfunciones refleja las prioridades del Gobierno, también pone en evidencia los costos de oportunidad asociados. Se priorizan rubros como el transporte ferroviario y el desarrollo regional, mientras recortes en áreas clave como seguridad, infraestructura carretera o energía comprometen la conectividad, el comercio, la estabilidad y la competitividad económica del país. Estos patrones subrayan la necesidad de decisiones presupuestales balanceadas que maximicen el impacto positivo en el desarrollo sostenible y el bienestar general.

Tres estados concentran casi la mitad del presupuesto en 2025

Analizar la distribución territorial de la inversión física permite comprender cómo se asignan los recursos públicos entre las entidades federativas y evaluar si esta asignación responde a las necesidades de desarrollo regional y equidad. Este análisis contribuye a identificar disparidades, priorizar proyectos estratégicos y promover un crecimiento económico equilibrado en todo el país.

La distribución de la inversión física por estado en 2025 pone de manifiesto las prioridades regionales del nuevo Gobierno y los desafíos asociados a la equidad territorial en la asignación de recursos. En el primer año de Sheinbaum, Ciudad de México y Tabasco concentran el 40% de la inversión física proyectada, lo que significa que cuatro de cada diez pesos destinados a infraestructura irán a estas dos entidades, mientras el 60% restante se repartirá entre los otros 30 estados. Ciudad de México lidera con 202.6 mmdp, equivalentes al 24.2% del total, seguida por Tabasco con 130.1 mmdp (15%). Campeche ocupa un distante tercer lugar con 55.5 mmdp (6.6%).

Comparando con el promedio del sexenio de López Obrador, las tres principales receptoras de inversión física –Campeche, Ciudad de México y Tabasco– mantienen su liderazgo, concentrando en conjunto el 47% de los recursos en ambos periodos. Sin embargo, se observa un cambio significativo: mientras que Campeche lideró con casi el 17% de la inversión física durante el sexenio anterior —debido a la inversión petrolera de Pemex— Ciudad de México tomará la delantera en 2025, con un incremento de casi 10 puntos porcentuales respecto al promedio recibido durante el gobierno de López Obrador (14.3%). Este cambio se debe a la inclusión de proyectos prioritarios relacionados con trenes que involucran a esta entidad, mientras que no se consideran proyectos del sector petrolero, tradicionalmente enfocados en Campeche. Tabasco, por su parte, mantiene una posición estable, concentrando el 16% de la inversión física en ambos periodos. Esta preponderancia se debe a que Tabasco es el estado con la mayor producción de petróleo terrestre4 con el 25% del total, por lo que recibe inversión constante de Pemex para la extracción de hidrocarburos. 

En el otro extremo, los estados con menor asignación de inversión física en 2025 son Aguascalientes y Zacatecas. El primero recibirá apenas 0.3% del total, mientras que el segundo obtendrá 0.4%. Estas cifras reflejan una continuidad respecto al sexenio anterior, donde ambas entidades ocuparon las últimas posiciones, con promedios de 0.3% y 0.5%, respectivamente.

La concentración de casi la mitad de la inversión física en tres estados plantea interrogantes sobre la equidad del gasto público en infraestructura. Si bien es necesario priorizar proyectos estratégicos en regiones clave como Ciudad de México y Tabasco, esta distribución asimétrica puede perpetuar desigualdades regionales, y limitar el desarrollo económico y social en entidades con menores recursos. Aguascalientes y Zacatecas, con asignaciones mínimas, enfrentan retos significativos para mejorar su infraestructura y atraer inversión privada.

Una distribución más equilibrada de la inversión física podría generar mayores beneficios a nivel nacional, al fortalecer la conectividad, la competitividad regional y la cohesión territorial. Los tomadores de decisiones deben considerar cómo optimizar estos recursos para impulsar el bienestar de todas las regiones del país, asegurando que la infraestructura pública se traduzca en oportunidades reales para sus habitantes.

Frenón a las asociaciones público-privadas

Como hemos expuesto hasta este punto, para 2025 se propone un recorte importante en el gasto de inversión física. No es una condición deseable, considerando que se espera que la economía crezca al 2.3% en términos reales. Con una menor inversión pública, cumplir con esta meta será todo un desafío. Sin embargo, la nueva administración puede impulsar la inversión mediante otros esquemas de financiamiento. Una posible solución es el modelo de inversión a través de asociaciones público-privadas (APP)5. Si se planifican adecuadamente, estas alianzas entre particulares y el Gobierno, pueden potenciar la creación de infraestructura para fortalecer las capacidades productivas de un país. Sin embargo, en el nuestro, esta oportunidad ha sido desaprovechada.

Desde la administración anterior se han creado prejuicios negativos sobre la inversión privada y las posibles colaboraciones que pudieran darse en el sector público y privado. A tal punto, que se ha ido reduciendo el número de proyectos de inversión financiados mediante este tipo de mecanismo y, para 2025 se proponen tan sólo 13 proyectos de inversión bajo el esquema APP. Mientras que para 2024 se habían aprobado 18 proyectos de inversión.

La disminución en el número de proyectos se debe a la terminación de dos proyectos a cargo del IMSS para la construcción de un hospital en Chiapas y otro en Nayarit. Así como la terminación de tres proyectos de construcción de hospitales a cargo del ISSSTE. 

Sin embargo, no se están proponiendo nuevos proyectos de inversión mediante este esquema de financiamiento La nueva administración está desaprovechando esta oportunidad para impulsar la inversión en el país y fortalecer el crecimiento económico. 

Conclusiones

El proyecto de inversión en infraestructura para 2025 tendrá graves consecuencias. En el corto plazo, el menor gasto podría desacelerar el crecimiento económico, lo que impactaría indirectamente a la recaudación tributaria y la solvencia del Gobierno. Sin embargo, el mayor impacto se sentirá a mediano plazo, ya que los recortes en áreas sustantivas como la salud, abastecimiento de agua, combustibles o transporte carretero, limitarán la capacidad del Estado de garantizar derechos o proveer servicios a la población. 

En estas circunstancias, una solución para fomentar el desarrollo económico y social sería aprovechar el uso de las APPs. Aunque no se contemplen nuevas figuras en el Paquete Económico 2025, no es tarde para crear un Plan Nacional de Infraestructura que las contemple. Los datos así lo exigen.

Notas:

  1. Esto se debió a que los ingresos del Remanente de Operación del Banco de México (Banxico) fueron utilizado para reducir el endeudamiento de aquel año, lo que mejoró el indicador de la Regla de Oro. ↩︎
  2. Los nombres completos de estos fondos son: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito Federal (Fortamun). ↩︎
  3. Por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, a pesar de ser un proyecto prioritario, no cuenta con presupuesto proyectado para 2025. En el Paquete Económico 2024 tampoco contó con presupuesto, pero durante el año se le reasignaron 43.4 mmdp. ↩︎
  4. Alrededor del 65% de la producción de crudo en México se realiza en aguas territoriales, cerca de las costas de Campeche, Tabasco y Veracruz. ↩︎
  5. Para mayor detalle sobre las APP, consultar el cuadernillo de México Evalúa “Impulso para grandes obras. Detonar a las Asociaciones Público Privadas (APP)”, en: https://politicas-publicas-a-tu-medida.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2024/10/Cuadernillo-2.pdf ↩︎

PEF 2025: menos servicios de salud para los más pobres

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2025. 1 comentario en PEF 2025: menos servicios de salud para los más pobres

Los problemas de falta de citas o desabasto de medicamentos que tanto aquejan hoy al sector salud serán aún más difíciles de resolver con el severo recorte al gasto en salud del Paquete Económico 2025.

El Paquete Económico 2025 va en sentido contrario a los principios de desarrollo social y combate a la pobreza que el régimen actual abandera. Plantea un severo recorte al gasto en salud, como parte de la estrategia de consolidación fiscal. 

Las dependencias más afectadas serán aquellas que atienden a las personas sin seguridad social formal, como la Secretaría de Salud o el IMSS-Bienestar. Es la falta de gobernanza y blindaje institucional la que permite que se reduzca el gasto en este derecho humano. Aunque el presupuesto de las y los asegurados también caerá en 2025, su reducción será ínfima frente al recorte que sufrirá la población más vulnerable del país. 

El impacto será el ensanchamiento de las brechas presupuestarias entre asegurados y no asegurados a un nivel no visto en 20 años. Es decir, habrá un retroceso en la equidad de los estándares de atención entre los ciudadanos. Además, en este contexto se hará muy difícil solucionar los problemas de falta de citas o desabasto de medicamentos que tanto aquejan hoy al sector salud. 

Sacrificio del gasto total en salud

En 2025 se dará una ruptura en materia del gasto público en salud: desde 2017 hasta 2024 se aprobaron incrementos consecutivos en el presupuesto para la sanidad pública, pero en 2025 se acabará esta racha. Para el siguiente año, la Secretaría de Hacienda propone un gasto federal en la materia por 881 mil millones de pesos (mmdp), 12.2% menos o 122 mmdp de recorte frente a lo aprobado en 2024. De aprobarse, se tratará del peor monto presupuestado desde 2022.

Nos referimos al gasto funcional en salud, que contempla exclusivamente1 los recursos para la sanidad de ocho ramos: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud (SSA), los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar)2, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud ( FASSA) y las Aportaciones para la Seguridad Social (Ramo 19). 

Como explicaremos más adelante, la evolución presupuestaria de cada uno de estos ramos es muy diversa. No obstante, podemos adelantar que hay incrementos en el IMSS e ISSSTE, mientras que se dan recortes en el resto de las dependencias, lo que provoca una caída en el gasto total. 

A esta disminución generalizada del gasto en salud para 2025 se le suma un riesgo adicional: que es frecuente que se den recortes o subejercicios durante el año fiscal y no se cumpla con el presupuesto aprobado. Así sucedió en 2014, 2015, 2016, 2019 y 2023. Además, si descontamos los sobre ejercicios en transferencias en fideicomisos —que explicaremos también más adelante— el presupuesto en salud también se quedó corto en 2020, 2021 y 2022. 

Si en 2025 no se cumplen los estimados de ingresos, es posible que el gasto en salud sea aún peor de lo previsto. Como explicamos en nuestro Análisis Macro del Paquete Económico 2025, las estimaciones de ingresos de Hacienda suelen ser optimistas. 

El retroceso social por el recorte al gasto en salud es más evidente si analizamos este presupuesto en función del tamaño de la economía, los recursos por persona o su participación en la totalidad del gasto del Gobierno. 

Los 881 mmdp que propone la SHCP significan un 2.4% del PIB. Esto es 0.4 puntos menos a lo aprobado en 2024 (2.8% de PIB) e inferior al 2.6% alcanzado en 2010. Desde esta perspectiva, se trata de un retroceso de más de 15 años para el gasto en salud. Además, el recorte nos aleja más de la meta del 6% de gasto en sanidad pública que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin un presupuesto alineado a las mejores prácticas internacionales, difícilmente se alcanzarán los niveles de atención de los países desarrollados. 

Como porcentaje del gasto total, el presupuesto en salud representará sólo el 9.5%, lo más bajo desde 2016. Esto indica que otros conceptos del gasto han desplazado en importancia al gasto en salud, como lo son las pensiones no contributivas (las llamadas pensiones del Bienestar) o el pago del servicio de la deuda. Otra forma de verlo es que el gasto en salud no ha sido prioridad para el Gobierno. Lo explicamos a detalle en nuestra nota macro. 

Finalmente, el recorte de los recursos totales combinado con el incremento de la población, provocará que el gasto por persona caiga a 6,633 pesos, similar a lo observado en 2011. Esto significa que las instituciones tendrán menos recursos por paciente, lo que limitará solucionar la saturación de los sistemas de salud o solucionar el desabasto de medicamentos. 

Al analizar la evolución del gasto por institución, encontramos que las dos principales instituciones para la población asegurada (IMSS e ISSSTE) tienen incrementos. En contraste, los recortes se centran principalmente en los sistemas que atienden a las personas sin seguridad social formal: IMSS-Bienestar, SSA o FASSA. 

Del lado ganador, el IMSS contará con recursos para la salud por 481 mmdp, 1.4% (6.5 mmdp) más que en 2024. Será su mayor presupuesto histórico, lo que demuestra la mejor gobernanza en términos presupuestarios del Instituto. Asimismo, el ISSSTE tendrá recursos por 82 mmdp, 2.8% (2.2 mmdp) más que lo aprobado en 2024. En este caso, aún se está lejos de los mejores niveles presupuestarios, pero es positivo el aumento para el siguiente año. 

También destaca el organismo IMSS-Bienestar, quien contará con un presupuesto de 162 mmdp, 22% (29.2 mmdp) más que en 2024. La cuestión es que este incremento no compensa los recortes del SSA y FASSA que describimos a continuación. 

De lado perdedor, el ramo con la mayor reducción será el de Aportaciones para la Seguridad Social, que en 2025 tendrá sólo 9.9 mmdp, un recorte de 87.2% (67.5 mmdp) menos que en 2024. Dentro de este ramo había recursos para la población asegurada y no asegurada. Para los asegurados, desaparecen las inversiones financieras que detectamos en el PEF 2024 por 44.6 mmdp, que eran recursos etiquetados para transferirse al IMSS y al ISSSTE. Para los no asegurados, en 2024 desaparece el programa IMSS-Bienestar (antes IMSS-Prospera), el cual en 2024 contó con 23 mmdp.

Sobre este último punto conviene hacer un breve paréntesis: los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) no es la misma cosa que el programa IMSS-Bienestar aunque lleven el mismo nombre, por confuso que parezca. El primero, es un organismo público descentralizado creado en 2022 para suplir al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), creado en 2020, el cual a su vez fue sustituto del Seguro Popular, creado en 2003. Como sus predecesores, busca ofrecer atención de primer contacto, hospitalización e intervenciones de especialidad. Por su parte, el programa IMSS-Bienestar era hasta 2024 una partida presupuestaria otorgada al IMSS para que éste otorgara servicios gratuitos de primer contacto (no de especialidad) en comunidades rurales. Fue creado en 1979 como IMSS-Coplamar y luego cambió de nombre a IMSS-Solidaridad, luego IMSS-Prospera y en 2019 fue rebautizado como IMSS-Bienestar. Este último nombre fue reutilizado para bautizar al sustituto del Insabi. Para 2025 desaparecen los recursos del programa y también la confusión…

De nuevo en materia de recortes al gasto, destacan que el FASSA contará con sólo 79 mmdp, 42% (57.3 mmdp) menos que este año y para la SSA que tendrá 57 mmdp, 36.8% (33.4 mmdp) menos. Ahondaremos en el presupuesto de cada uno de estos ramos más adelante. 

Finalmente, para la Defensa se prevé un gasto en salud de 6.7 mmdp, 20% (1.7 mmdp) menos frente a 2024 y para la Marina de 3.5 mmdp, 7.7% (293 mdp) menos. A pesar de atender a trabajadores formales del Gobierno, en los últimos años ambas instituciones han sufrido recortes presupuestarios. Esto va en contra del fortalecimiento de los cuerpos encargados de la seguridad pública del país. 

Al ponderar los incrementos y decrementos de las instituciones en salud, identificamos que el presupuesto para las personas sin seguridad social formal será de 298 mmdp, es decir un recorte de 22% (84 mmdp) menos frente a lo aprobado en 2024. Desde 2019 no se observa un gasto tan reducido para este sector. 

El presupuesto para las personas sin seguridad social contempla el gasto de instituciones y programas que atienden a las personas que no tienen afiliación a un sistema estructurado vinculado a su situación laboral. Aquí nos referimos al organismo IMSS-Bienestar (no al programa del mismo nombre), la Secretaría de Salud (encargada de los hospitales de alta especialidad), el FASSA (a través del cual se otorgan recursos a las entidades federativas para la salud) y al programa IMSS-Bienestar del Ramo 19 (que comparte nombre con el organismo IMSS-Bienestar y que desaparece). 

Si bien el organismo IMSS-Bienestar tendrá un incremento para 2025 de 29.2 mmdp, será insuficiente para compensar el recorte de 57.3 mmdp del FASSA, de 33.4 mmdp de la SSA y de 23 mmdp del programa IMSS-Bienestar (que, ya dijimos, desaparece). Para decirlo claro: es falsa la aseveración del Poder Ejecutivo3 de que el presupuesto en salud crezca para el siguiente año debido a los aumentos en el órgano IMSS-Bienestar. 

Peor aún, de aprobarse sin cambios el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), el 2025 será el peor inicio de sexenio en materia de gasto en salud para las personas sin seguridad social en lo que va del siglo. En el primer año de Fox (2001) dichos recursos aumentaron 9.4% frente al año previo, con Calderón el aumento fue de 12.1% y con Peña de 2.9%. Posteriormente López Obrador aplicó un recorte de 2.4% en 2019. No obstante, el recorte de 22% que propone Sheinbaum no tiene punto de comparación. 

La brecha se amplía para las personas sin seguridad social

Para 2025 el gasto per cápita destinado a personas sin seguridad social será de 4,490 pesos, 22.6% (1,313 pesos) menos frente a lo aprobado en 2024 y el monto más bajo en 15 años. En 2019, primer año de López Obrador, el gasto per cápita fue de 5,734 pesos y en 2013, primer año de Peña Nieto, fue de 6,138 pesos.

Hay que recordar que previo a 2019, la población objetivo del sistema de salud para personas sin seguridad social se basaba en los afiliados al Seguro Popular, que en 2019 cerró en 51.9 millones o 41% de la población. Por el contrario, tanto el desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en su momento, como ahora el IMSS-Bienestar identifican a su población objetivo como aquellas con “carencia de acceso a la seguridad social”. El organismo encargado de definir a este grupo es el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Para 2025, se estima que 66.4 millones de personas se encuentran en esta situación4, es decir la mitad de la población. Esto significa que el IMSS-Bienestar busca atender a 14.5 millones de personas más de lo que pretendía el Seguro Popular en 2019, pero con menos recursos5. 

En otras palabras, no sólo hay un recorte en 2025, sino que se reparte entre más personas. Esto podría afectar el número de citas otorgadas, la rapidez en la atención o abasto de medicinas. A su vez, esto podría empujar aún más a la población a los servicios médicos privados, incrementar el gasto de bolsillo y gastos catastróficos en salud, con efectos perniciosos en los niveles de pobreza de la población. 

En el caso de los sistemas que atienden a las personas con seguridad social formal, identificamos un presupuesto de 583 mmdp, 6.2% (38 mmdp) menos que en 2024. Nos referimos a los recursos conjuntos del IMSS, ISSSTE, Defensa, Marina y del Ramo 19. Si bien el IMSS tendrá un incremento de 6.5 mmdp y el ISSSTE de 2.2 mmdp, será insuficiente para compensar el recorte de 45 mmdp en el Ramo 19, de 1.7 mmdp en la Defensa y de 293 mdp en la Marina. 

Pese al recorte, los recursos para las personas aseguradas se mantendrán por arriba de lo observado de 2023 hacia atrás, debido a que en los últimos años se habían otorgado incrementos constantes en su presupuesto. No obstante, resulta un mal augurio el recorte inicial de 6.2% de Sheinbaum, el cual se compara negativamente con el incremento de 2.5% de Fox o 2.3% de Calderón y es incluso peor a los recortes de 1% de Peña en su primer año de Gobierno y el de0.4% de López Obrador. 

Debido al recorte de 6.2% o 38 mmdp en el gasto en salud para las personas con seguridad social en 2025, superado por la caída de 22% (84 mmdp) para las personas sin seguridad social, los recursos para las personas aseguradas serán 95% superiores a las no aseguradas: la mayor brecha desde 2005.

De forma histórica, los recursos en salud para las personas aseguradas han sido superiores al de las personas no aseguradas. Sin embargo, a partir de la creación del Seguro Popular en 2003, la brecha comenzó a reducirse. En el mejor momento (2013), los recursos para las personas aseguradas llegaron a ser sólo 34% superiores. La brecha se amplió nuevamente con las medidas de austeridad en los últimos años de Peña Nieto y se agravó con la eliminación del Seguro Popular en 2019, el cual contemplaba garantías presupuestarias de financiamiento por persona. 

Ahora en el primer Paquete Económico de Claudia Sheinbaum la brecha se ampliará a un nivel no visto en 20 años, borrando los avances logrados en materia de equidad fiscal para las personas sin seguridad social. Esto nos deja dos reflexiones clave: 1. Urge recuperar un blindaje presupuestario para los sistemas de salud que atienden a las personas sin seguridad social. Para esto, el presupuesto debe calcularse por usuario y por enfermedades a tratar. 2. Recordemos que las personas no aseguradas pertenecen en su mayoría a las poblaciones más vulnerables. La Secretaría de Hacienda estima que el 55% de los usuarios que se atienden en los sistemas para personas no aseguradas, pertenecen al 30% con mayor pobreza6.

Retroceso en el federalismo 

En 2025, los recursos en salud otorgados desde la Federación a los estados a través del FASSA sumarán 79 mmdp. Es un recorte de 42% (57.3 mmdp) y llevará a este fondo a su peor nivel desde el año 2000. ¿La razón? La concentración del gasto en salud en manos de la Federación a causa del proyecto del IMSS-Bienestar. 

Se trata de una ruptura con el paradigma de la descentralización del gasto que inició en la década de 1990, para regresar a la centralización que caracterizó la política sanitaria en la mayor parte del siglo XX. Hay que recordar que, en 1996, se suscribió el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud con el fin de transferir la responsabilidad y administración de la sanidad desde el Gobierno federal hacia los gobiernos estatales. 

Para sustentar la descentralización, en 1997 se creó un nuevo fondo en la Ley de Coordinación Fiscal: el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Su función era otorgar recursos financieros a las entidades según su número de plazas médicas e infraestructura hospitalaria. A partir de 2003, el financiamiento a los servicios de sanidad estatales se fortaleció con el Seguro Popular. Este sistema contaba con programas específicos de transferencia de recursos a las entidades para la compra de medicamentos, inversión, materiales y suministros, así como servicios personales. Esta estrategia se mantuvo con el Insabi. 

Es decir, los estados recibían recursos del FASSA enfocados principalmente al pago de nómina y del Seguro Popular (luego del Insabi) para el resto de las necesidades médicas. Con el modelo del IMSS-Bienestar se pretende regresar al sistema previo a 1996. Como explicamos en nuestro Erario en Salud al segundo trimestre de 2024, los estados signatarios han comenzado a transferir de vuelta la infraestructura y personal médico a la Federación y, en consecuencia, devolverán los recursos del FASSA. Además del retroceso en el federalismo que esto significa, la consolidación de recursos implicará una reducción en el presupuesto total de las personas sin seguridad social, como se explicó previamente. 

Como resultado, en 2025 los 23 estados signatarios del IMSS-Bienestar tendrán un recorte conjunto de 53% (54.5 mmdp) en los recursos que reciben del FASSA frente a 2024, puesto que una parte de este capital se dirigirá directamente al Instituto. 

La reducción de este fondo puede agravarse a futuro conforme se avance en la transferencia de plazas médicas a la Federación. Como explicamos en nuestra nota al segundo trimestre, hay estados que han federalizado entre 30 y 40% su nómina médica y aún tienen intenciones de continuar con este proceso. 

Por otro lado, sorprende que los nueve estados no signatarios, tendrán también un recorte de 8.5% (2.7 mmdp) frente a 2014. Esto parece contravenir el artículo 30 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el cual garantiza un presupuesto en función de la plantilla de personal médico en función de lo aprobado el año inmediato anterior. Si bien el gasto de inversión puede recortarse de un año a otro, identificamos que los recortes a las entidades no signatarias se dan principalmente en el gasto corriente, que representa el 99% de los recursos del Fondo. 

La reducción de los recursos en salud para los estados no signatarios del IMSS-Bienestar podría generar cuestionamientos sobre el Pacto Fiscal, como sucedió recientemente con el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro7. 

Recorte a hospitales de alta especialidad 

En 2025, la Secretaría de Salud (SSA) contará con un presupuesto para sanidad de 57 mmdp, 36.8% (33.4 mmdp) menos de lo aprobado en 2024. Se trata del peor monto para esta dependencia desde 2004. Lamentablemente, la reducción afectará negativamente a la mayoría de los hospitales de alta especialidad que son aún responsabilidad de la SSA.

Cabe recordar que el presupuesto de la SSA llegó a un máximo histórico en 2023 cuando se le aprobaron 219 mmdp. A mediados de ese año se decidió eliminar al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) —adscrito a la SSA— y remplazarlo por el IMSS-Bienestar. Esto provocó un recorte en el gasto de la dependencia de 51.1% para lo aprobado en 2023, como detallamos en nuestra nota anual en salud de 2023. 

En 2024, ya sin el Insabi, la SSA recibió un recorte en su presupuesto aprobado, mientras que el IMSS-Bienestar recibió un incremento en compensación. Sin embargo, para 2025 la SSA vuelve a recibir una reducción en su presupuesto, particularmente en los hospitales de alta especialidad, sin que se compense con incrementos en el IMSS-Bienestar. 

En primer lugar, preocupa la reducción del 15.3% (329 mdp) al presupuesto del Instituto Nacional de Cancerología (Incan). Ahora contará con sólo 1.8 mmdp para operar el siguiente año, el peor monto desde 2019. El instituto no sólo da atención médica especializada a los pacientes de cáncer, sino que realiza investigación científica para desarrollar nuevos tratamientos. 

Por su parte, Instituto Nacional de Cardiología contará con 1.6 mmdp; es decir, un recorte de 12.3% o 227 mdp. Este instituto es líder en el tratamiento e investigación contra enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, enfermedades coronarias y cardiopatías congénitas. 

Asimismo, el Instituto Nacional de Pediatría sufrirá un recorte de 10.2% (247 mdp) y contará sólo con 2.2 mmdp, el peor presupuesto desde 2020. Este Instituto está enfocado al cuidado integral de niños y adolescentes. Ofrece diagnósticos y tratamiento a enfermedades complejas que afectan a la población infantil como problemas congénitos, enfermedades cardiovasculares, neurológicas, respiratorias entre otras. También proporciona terapia intensiva pediátrica y neonatal. 

Los hospitales generales “Dr. Manuel Gea González” y “Dr. Eduardo Liceaga” tendrán recortes de 12.7 % (223 mdp) y 12.8% (665 mdp) respectivamente. En ambos casos tendrán la más baja disposición de recursos desde 2020. Se trata de dos de los hospitales con mayores niveles de atención en México. 

Además, para 2025 desaparecen las partidas presupuestarias para seis hospitales regionales de alta especialidad: Chiapas, Ciudad Victoria, Ixtapaluca, Yucatán, Oaxaca y Bajío que en 2024 contaron con un presupuesto conjunto de 8.4 mmdp. Para compensar (parcialmente), se crea dentro del IMSS-Bienestar la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, con un presupuesto de 3.6 mmdp, el cual no compensa ni la mitad de los recursos eliminados para los seis hospitales dentro de la SSA. 

En el caso de los organismos desconcentrados de la SSA, destaca un recorte de 68.4% (10 mmdp) en el presupuesto del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, que sólo contará con 4.7 mmdp el siguiente año. Estarían recibiendo el segundo monto más reducido desde 2013. La importancia de este Centro es que está encargado del Programa Nacional de Vacunación. El recorte afectará la compra y aplicación de vacunas en el país. 

Asimismo, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva contará con 2.6 mmdp, un pequeño recorte de 1.2% frente a 2024, pero uno mucho mayor (de 59.5%) si se compara con el monto máximo alcanzado en 2016 (4.4 mmdp). Este centro implementa programas de planificación familiar, atención prenatal, parto seguro o tratamientos relacionados con salud reproductiva. Además, busca prevenir la violencia de género contra las mujeres en el ámbito de la salud. 

Caen inversión y medicamentos para los más vulnerables

Los recortes en el gasto funcional en salud para 2025 tendrán implicaciones negativas en dos conceptos clave para la atención de las personas: medicamentos e infraestructura. Lamentablemente, la mayoría de los recortes se darán en los sistemas que atienden a las personas sin seguridad social.

En el caso de medicamentos8 identificamos un presupuesto de 128.1 mmdp, un aumento de 0.2% (230 mdp) más frente a lo aprobado en 2024. No obstante, al desagregar por institución, identificamos que el gasto en medicamentos para las personas con seguridad social será de 116 mmdp, 7.9% (8.5 mmdp) superior. En cambio, el de las personas no aseguradas caerá a 12 mmdp, 40.6% (8.3 mmdp) menos frente a este año. 

De esta forma, las personas aseguradas se quedarán con el 91% del gasto en medicamentos del Gobierno federal, la mayor proporción desde 2013. Además, su presupuesto será 861% superior a aquel de las personas sin seguridad formal, la mayor brecha también desde 2013. 

El principal recorte en medicamentos se dará en la SSA. Su presupuesto en la materia será de 9.2 mmdp, 54% (10.6 mmdp) menos, principalmente por recortes en el Programa Nacional de Vacunación. Si bien el IMSS-Bienestar tendrá un incremento en el gasto de medicamentos por 378% (2.3 mmdp), será insuficiente para compensar la caída de la SSA.

En el caso de los sistemas para personas aseguradas, el IMSS tendrá el mayor incremento, por 8% o 7 mmdp, para llegar a 100 mmdp, su mayor gasto histórico. Nuevamente destacamos la buena gobernanza del instituto para garantizar un crecimiento continuo de sus recursos al vincular su presupuesto al número de afiliados. 

Por su parte, el ISSSTE tendrá un aumento de 12% o 1.7 mmdp para llegar a 15.2 mmdp en gasto en medicamentos. Este monto, sin embargo, se mantendrá por debajo de sus mejores niveles. 

El gasto de inversión en salud también apunta a acrecentar las brechas entre asegurados y no asegurados. En total, la inversión funcional en salud será de 32 mmdp, 8.9% (3.1 mmdp) menor a la aprobada en 2024. Sin embargo, los mayores recortes se darán en los sistemas que atienden a las personas más vulnerables.

La inversión conjunta de la SSA, IMSS-Bienestar y FASSA será de 3 mmdp, una caída de 39% (1.9 mmdp) versus 2024. Será el peor monto en más de 10 años. Por su parte, la inversión de la Defensa, Marina, IMSS, e ISSSTE sumará 28.9 mmdp, un recorte de 3.8% (1.1 mmdp) en comparación a 2024. A pesar del recorte, el monto propuesto es superior a todo lo observado previo a 2023. 

De aprobarse el PPEF 2025 como se plantea, las personas aseguradas tendrán el 90% de la inversión en infraestructura de 2025, la mayor concentración desde 2013. Además, su gasto será 842% superior al de las personas sin seguridad social, la mayor diferencia también desde inicios del Gobierno de Peña. Esta situación limitará incrementar las consultas en la población más vulnerable y ampliará la brecha de atención entre las personas con y sin seguridad social. 

Desahorro en salud: riesgo latente

Por quinto año consecutivo la Iniciativa de Ley de Ingresos (ILIF) solicita a la Cámara de Diputados otorgarle total discrecionalidad a la Secretaría de Hacienda, respecto al uso de los recursos depositados en el Fondo de Salud Para el Bienestar (Fonsabi). Esta disposición genera el riesgo de vulnerar aún más el derecho humano a la salud de las personas sin seguridad social y de distorsionar la contabilidad del gasto público. 

De 2021 a 2024, en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) se ha establecido la obligación de que el Fonsabi transfiera sus recursos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), salvo que la SHCP autorice lo contrario. Para 2025, en el Decimoquinto transitorio de la LIF se vuelve a otorgar esta disposición. 

Como explicamos en la investigación “El ocaso del Fonsabi” la posibilidad de retirar recursos del Fonsabi a discreción ha favorecido una distorsión de la contabilidad gubernamental en salud. Para simular un mayor gasto al realmente ejercido, la Federación ha realizado grandes transferencias al Fonsabi —clasificándolas como gasto efectivo en salud— y luego ha regresado esos recursos a la Tesofe, donde se les pierde el rastro. 

Para 2025 se prevén transferencias a fideicomisos por sólo 13 mmdp. No obstante, este monto podría sobrepasarse para inflar el gasto en salud. Por ejemplo, entre 2020 y 2022 el gasto por transferencias a fideicomisos fue, en promedio, 190% superior a lo aprobado. Esto generó que las transferencias representaran más del 14% del gasto total en salud para las personas sin seguridad social. 

Además de favorecer la distorsión de gasto en salud, la disposición de la ILIF 2025 permitirá una reducción aún mayor del Fonsabi. Al tercer trimestre de 2024 el saldo de este fondo reportó un saldo de 33.2 mmdp, el peor registro desde marzo de 2010. Se trata de una reducción en los recursos disponibles del 73% o 89.5 mmdp frente al cierre de 2018. Sobra mencionar que la reducción se ha dado por salidas a la Tesofe. 

Ante las presiones de ingresos por el ajuste fiscal de 2025, el Gobierno podría verse tentado a echar mano nuevamente de los recursos del Fonsabi, lo que limitaría la función de este fondo: financiar enfermedades de alto costo como el cáncer, VIH/Sida, enfermedades renales, entre otras. 

Conclusión

El Paquete Económico 2025 augura que el gasto en salud pública no será prioridad para Claudia Sheinbaum durante su sexenio. Si bien era imperante reducir el déficit público que heredó López Obrador, la nueva administración prefirió crear y expandir programas de transferencias directas, en lugar de blindar el gasto en salud. 

Lamentablemente, los programas de transferencias directas universales no son progresivos, ya que benefician por igual a personas ricas y pobres. Por el contrario, el gasto en salud, favorece principalmente a las personas más vulnerables de la sociedad. Las decisiones de política social del nuevo Gobierno van en contra de combatir la pobreza y reducir la desigualdad social. 

Gráficos anexos

Notas al pie:

  1. Esto significa que no contempla el gasto en pensiones del IMSS o ISSSTE o los recursos de la función educación de la SSA, por ejemplo. ↩︎
  2. Propiamente el IMSS-Bienestar no es un ramo presupuestario, sino que se encuentra dentro del Ramo 47 de entidades no sectorizadas. El presupuesto del IMSS-Bienestar concentra más del 90% de dicho ramo. ↩︎
  3. Milenio (2024). Sheinbaum rechaza que se haya recortado presupuesto a salud en 2025. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=0I_gf6XUjQU ↩︎
  4. Estimado de México Evalúa según la población con carencia a la seguridad social identificada por el Coneval para 2022, actualizado por el crecimiento poblacional esperado por la Comisión Nacional de Población (Conapo). ↩︎
  5. Hay que sumar que el IMSS-Bienestar pretende cubrir todos los padecimientos médicos, mientras que el Seguro Popular sólo definía un catálogo de alrededor de 300 padecimientos cubiertos. ↩︎
  6. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2024). Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público. Resultados para el año 2022. ↩︎
  7. Anews. Enrique Alfaro propone salida de Jalisco del Pacto Fiscal por recortes presupuestales. Recuperado de: https://anews.mx/tag/votacion-en-jalisco/ ↩︎
  8. El gasto en medicamentos contiene las partidas específicas “Materiales, accesorios y suministros médicos”. “Materiales, accesorios y suministros de laboratorio” y “Medicinas y productos farmacéuticos”, de la Función Salud. ↩︎