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Autor: México Evalúa

El rompecabezas financiero de Pemex: deuda, liquidez y presupuesto

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2026.

Entre 2025 y 2026, Pemex enfrentará su mayor carga financiera desde 1993: 190 mil millones de pesos en intereses y 960 mil millones en vencimientos de deuda y pago de proveedores. Falta de liquidez, y espacio para invertir son los retos y el Gobierno federal entra de nuevo al rescate. 

Pemex, la empresa más importante del Estado mexicano, enfrenta un crítico panorama financiero. En tan sólo dos años deberá cubrir 23.8 mil millones de dólares (MMDD) en vencimientos de deuda, equivalentes a 450 mil millones de pesos (mmdp)1. Si se agregan los adeudos con proveedores y otras obligaciones financieras de corto plazo, el monto total se eleva a 960 mmdp (50.8 MMDD)2, lo que representa 2.5% del PIB.3 Para darnos una idea, es prácticamente igual a todo el presupuesto propuesto en salud pública para 2026 (965 mmdp).

Ante este escenario, el reto para el Gobierno federal es el siguiente: ¿Cómo dotar de liquidez a la empresa para pagar sus deudas y a la par cubrir sus gastos operativos, administrativos y de inversión? (Todo esto, claro, con un presupuesto público que ya está comprometido.) 

Las cifras presentadas en el Paquete Económico 2026, muestran un horizonte poco favorable para su inversión productiva a causa de la fuerte presión que enfrentará la petrolera por sus compromisos de deuda en 2026. Veamos a detalle el plan financiero y presupuestario para Pemex.

Empecemos con el presupuesto total. Se espera que Pemex reciba una asignación de hasta 708 mmdp para 2026. Éste se compone de 517 mmdp de presupuesto programable —aquel que destina a inversión, pago de nómina, administración, etcétera— y de 191 mmdp para pagar los intereses de su deuda. ¿Qué nos dice esto?.

En primer lugar, se trata del mayor presupuesto que se está proponiendo para el pago de intereses y servicio de su deuda desde 1993. En otras palabras, en los últimos 32 años, Pemex no había pagado tanto dinero en los intereses de su deuda como se espera lo haga en 2026. De cada 100 pesos de su presupuesto, 27 se irán a pagar intereses. Esto representa un incremento de 25% (38 mmdp) en términos reales, frente a lo que se aprobó en 2025.

En segundo lugar, el presupuesto programable (517 mmdp) se encontrará en el segundo nivel más bajo desde 2008. Mientras que se propone un gasto histórico para pagar intereses, se propone el segundo más bajo para cubrir sus actividades operativas; pago de nómina, inversión y gastos administrativos. Frente al monto aprobado para este año, representa un incremento real del 8% (37 mmdp). En otras palabras, para 2026 se incrementará más el presupuesto para pagar intereses que aquel para cubrir sus actividades operativas y administrativas. 

Liberar recursos para el pago de intereses

Este presupuesto altamente cargado hacia el pago de intereses de la deuda, repercute en el gasto de inversión productiva. Para 2026, Pemex contará con un presupuesto por 247.2 mmdp para inversión física. Se trata del segundo nivel más bajo para inversión productiva también desde 2008. Si bien, presenta un crecimiento real de 14% (29.9 mmdp) frente a lo que se aprobó para este año, se encuentra muy lejos de lo que se invirtió durante 2021 y 2024. 

La realidad es que las obligaciones financieras de Pemex ya absorben más presupuesto que la inversión en exploración y producción. En 2026, por cada peso que Pemex use para pagar su deuda, sólo podrá destinar otros 87 centavos al negocio productivo. Es decir, que los compromisos financieros de Pemex están sofocando su capacidad de invertir en la producción de hidrocarburos. Con esto se hilan dos años en que el gasto de inversión será menor a los compromisos financieros de la empresa. 

La consecuencia de esto es que reduce el margen que tiene la empresa para expandir su capacidad operativa. Para ese año, se planean invertir 185.7 mmdp en producción de petróleo y petroquímicos (extracción de hidrocarburos y su refinación en gasolinas, diésel, etcétera.), 34% menos (93.7 mmdp) que en 2024.

Hasta este punto, ya podemos deducir cuál es la respuesta presupuestaria al dilema que enfrenta Pemex para el siguiente año. Un presupuesto histórico para el pago de intereses de su deuda, mientras que el gasto operativo y de inversión se mantiene en niveles de 2008: prácticamente en niveles de supervivencia, pero no de expansión productiva. 

Inyecciones de liquidez o seguir pateando el bote

Como señalamos antes, el principal reto de Pemex es la ola de vencimientos de pasivos financieros que enfrenta la petrolera entre 2025 y 2026. De acuerdo con el Plan Estratégico 2025-2030, sólo en 2026 debe financiar el pago de 18.7 MMDD de pasivos financieros (353.4 mmdp). Se trata del mayor monto programado para los siguientes cinco años. 

En términos menos técnicos es que la fecha de pago de la tarjeta de crédito de la empresa se acerca, y el monto a pagar asciende a 28 MMDD (529.5 mmdp), a los cuales además hay que agregar la deuda que tiene la empresa con sus proveedores por 22.8 MMDD (430.5 mmdp). En total, la empresa debe pagar 50.8 MMDD equivalentes a 960 mmdp entre este y el próximo año. Ni siquiera su presupuesto total para el siguiente año permite cubrir sus compromisos financieros de corto plazo. 

En otras palabras, la empresa no cuenta con liquidez suficiente para hacer frente a estos compromisos. La opción es emitir más deuda para lograr refinanciar estos pasivos. Es como sacar una nueva tarjeta de crédito para pagar la que se está venciendo este mes. 

Aquí es donde entran las recientes acciones por parte del Gobierno federal en materia de refinanciamientos, recompra de bonos y otras acciones, para dotar de liquidez a la empresa y poder cubrir los compromisos que están próximos a vencer. 

¿Cómo funcionan estas acciones y por qué hacerlas? Pemex es una empresa altamente endeudada, por lo que salir a buscar préstamos o emitir bonos u otros instrumentos de deuda puede salir muy costoso, e incluso complicado. En cambio, el Gobierno federal cuenta con una reputación financiera mucho mejor, por lo que el costo por endeudarse es menor al de Pemex, y es más fácil conseguir quién le preste dinero. 

En pocas palabras, el Gobierno federal está pidiendo deuda para cubrir el 79% de los compromisos de corto plazo de Pemex. Esto hace que la deuda de la petrolera disminuya, pero la del Gobierno aumente en la misma proporción. Sin embargo, en las cifras totales de deuda del país —medidas a través del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP)— no se verá un cambio, ya que este indicador suma tanto la deuda de Pemex como la del Gobierno federal y otros organismos. En otras palabras, sólo se está moviendo la deuda de un lugar a otro, sin reducir el monto total. 

En este sentido, durante 2025 el Gobierno federal realizó cuatro acciones para dotar de liquidez a la empresa, y cubrir con el 79% de los compromisos financieros a corto plazo: 

  1. Emisión de notas pre-capitalizadas4, anunciada el 29 de julio, por un valor de 12 MMDD (227 mmdp). 
  2. Recompra de bonos5, anunciada el 1 de septiembre, por 12 MMDD (227 mmdp).
  3. Emisión de bonos, entre el 15 y 16 de septiembre, por un valor de 13.8 MMDD (261 mmdp). 
  4. Creación de un fondo de inversión para Pemex6, anunciado el 05 de agosto, con un valor de 250 mmdp.

En conjunto, estas acciones suman alrededor de 964 mmdp, prácticamente el mismo valor que la deuda financiera a corto plazo y la deuda con proveedores de Pemex (960 mmdp), a pagar entre éste y el siguiente año. Sin embargo, esto le brindaría a la empresa la liquidez necesaria para hacer frente únicamente al 79% de sus obligaciones totales de corto plazo. Esto debido a que aún faltarían 250 mmdp ó 13.2 MMDD para poder saldar la totalidad de sus pasivos de corto plazo, que ascienden a 1.2 billones de pesos (64.3 MMDD). Las obligaciones de pago pendientes serían: 

  1. 84.4  mmdp en impuestos que debe al gobierno.
  2. 76.6 mmdp de otros gastos pasados.
  3. 83.6 mmdp en instrumentos financieros 
  4. 10.0 mmdp de deuda por arrendamiento financiero. 

Para saldar estos últimos adeudos, el gobierno ha propuesto realizar una transferencia mediante el presupuesto público por 263 mmdp a Pemex. Con ello se espera que a final de 2026 la empresa tenga un ahorro por la misma magnitud y pueda cubrir el resto de pasivos financieros a corto plazo. Así, para el cierre de ese año, Pemex podría estar reduciendo sus obligaciones de corto plazo de manera importante, ya que un 79% está siendo refinanciado prácticamente por el gobierno federal, y el restante 21% se estará pagando con dinero del presupuesto.

En resumen, Pemex cuenta con deudas a vencer en el corto plazo por un valor de 1.2 billones de pesos (64.3 MMDD). Para poder financiarlas, el Gobierno Federal realizó un paquete de cuatro acciones que le dotan de liquidez por 964 mmdp (51 MMDD) y así cubrir el 79% de sus pasivos a corto plazo. Para poder saldar el restante 21% se está proponiendo realizar una aportación con dinero del presupuesto por 263 mmdp (13.9 MMDD).

Hay que señalar que entre las deudas pendientes a corto plazo se encuentran 84.4 mmdp que debe Pemex al propio gobierno por pagos pendientes de impuestos y derechos. Dicho de otro modo, en realidad Pemex no requiere de una transferencia por 263 mmdp para cubrir el restante 21% de adeudos, sino de tan sólo de 179 mmdp para cubrir el restante de sus pasivos de corto plazo. Esto deja un margen de 98 mmdp que pudieran ser reasignados para gasto de inversión de la petrolera, u otros sectores prioritarios como la salud o la seguridad. 

Por último, estas acciones no implican, en la mayoría de los casos, una liquidación definitiva de estos compromisos financieros, sino únicamente un refinanciamiento o cambio de acreedor. En el mejor de los casos, se logran condiciones más favorables, como una tasa de interés más baja o un vencimiento a mayor plazo, lo que brinda a la empresa un respiro temporal en sus finanzas, a cambio de que el Gobierno federal adquiera parte de sus compromisos. 

Así, la respuesta al dilema financiero de Pemex es un paquete de acciones por parte del Gobierno federal que le dota de liquidez para enfrentar sus obligaciones de corto plazo. El 79% de estos pasivos se cubrirán mediante inyecciones de liquidez y el restante 21% mediante las transferencias presupuestarias. Hay que acotar que al segundo trimestre de 2025 Pemex cuenta con pasivos por 4.1 billones de pesos y activos financieros por 2.1 billones de pesos. Es decir, la empresa sigue en quiebra técnica y reporta un patrimonio deficitario por 2 billones de pesos, prácticamente del mismo valor que en 2018. 

A pesar de este paquete financiero, el pago de intereses de la deuda de la petrolera se estima en montos históricos para 2026, a tal grado que destinará más recursos en pago de intereses y pensiones que en inversión productiva. 

Por último, aunque el impacto sobre la deuda pública total podría ser nulo —pues los pasivos simplemente pasarían de estar a nombre de Pemex a estar a nombre del Gobierno federal—, sí habrá un efecto en el pago de intereses. Al asumir estos compromisos financieros de corto plazo, el Gobierno también se hace responsable de cubrir esos intereses, lo que resta recursos del presupuesto público y reduce el financiamiento disponible para otros sectores. Como ya señalamos en otro análisis, para 2026 se espera el mayor pago de intereses y servicio de la deuda pública en los últimos años. 

Notas al pie

  1. Considerando un tipo de cambio de 18.9 pesos por dólar ↩︎
  2. Anexo del Reporte Financiero al segundo trimestre de Pemex: https://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados/Anexos%202T25.pdf ↩︎
  3.  Se considera un PIB de 38,715,900 millones de pesos, estimado por Hacienda para el paquete económico 2026. ↩︎
  4. Comunicado Pre-Caps:  https://www.gob.mx/shcp/prensa/nota-informativa-404268 ↩︎
  5. Comunicado Recompra de Bonos: https://www.gob.mx/shcp/prensa/la-secretaria-de-hacienda-anuncia-la-conclusion-de-las-operaciones-de-capitalizacion-y-financiamiento-de-petroleos-mexicanos ↩︎
  6. Comunicado Fondo de Inversión: https://www.gob.mx/banobras/articulos/fondo-de-inversion-para-pemex?idiom=es ↩︎

¿Qué pasa con el sistema de cuidados en el Presupuesto 2026?

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2026.

En 2026 se creará el Anexo 31: “Consolidación de una Sociedad de Cuidados”. De cada 100 pesos 64 serán de transferencias universales, 29 de programas de salud y sólo 5.1 pesos de programas que sí cumplen con los criterios para ser considerados de cuidados. 

En México, las mujeres destinan el 64.8% del tiempo en tareas de trabajo no remunerado que implican labores de cuidado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1. De hecho, 75.1% de las mujeres de 15 años en adelante asisten a otras personas del hogar en situación de vulnerabilidad. Además, 58.3 millones de personas en nuestro país son susceptibles de recibir cuidados en los hogares, lo que evidencia la magnitud del desafío que enfrentan las familias2. 

Por su parte, de acuerdo a un estudio de 2019 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los costos anuales de cuidado por etapa de vida muestran diferencias significativas en nuestro país. Mientras que para una persona de 90 años sumaban 14,709 pesos, en la primera infancia este monto ascendía a 25,309 pesos dado que los menores de edad requieren mayor intensidad de cuidados3.

De mantenerse las condiciones actuales, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que, a nivel global, 12.5 mil millones de horas de trabajo no remunerado serán desempeñadas predominantemente por mujeres4. 

Por estos motivos, un sistema de cuidados robusto es en realidad una inversión. Por un lado, se traduce en un retorno económico a través de la ampliación de la participación laboral femenina. Por el otro, contribuye a la autonomía económica de las mujeres y combate las desigualdades estructurales.

El adecuado diseño de un sistema de cuidados debe garantizar no solamente el bienestar de las personas que requieren asistencia. También necesita reconocer el valor de quienes desarrollan estas tareas: esa mayoría femenina. Además, implica generar corresponsabilidad entre la población masculina y el Estado para disminuir la carga que cae sobre las mujeres, en especial las jefas de hogar. 

México dio un primer paso hacia la institucionalización de los cuidados con la reforma al artículo 4 constitucional en 2020. Con él, se reconoció formalmente el Sistema Nacional de Cuidados, sin embargo, aún continúa en desarrollo. A pesar de los diversos programas públicos orientados a las tareas de atención a la población infantil, siguen siendo insuficientes las acciones que podrían contribuir a aligerar la carga de las mujeres. 

El nuevo Anexo 31

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026, se asigna por primera vez una dotación a un sistema de cuidados, con un monto de 466.8 mil millones de pesos (mmdp)5, equivalente al 1.2% del producto interno bruto (PIB). Se trata del Anexo 31: “Consolidación de una Sociedad de Cuidados”. De acuerdo con el PPEF 2026, su propósito es impulsar “una sociedad de cuidados con perspectiva de género, interseccional, intercultural e intergeneracional, promoviendo el reconocimiento, redistribución y reducción de los trabajos domésticos, y de cuidados, con corresponsabilidad entre familias, el Estado, la comunidad y el sector privado”.6

Para evaluar si este nuevo anexo cumple con su objetivo, es clave precisar qué entendemos por un sistema o sociedad de cuidados. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lo define como el conjunto de trabajos vinculados a la producción de bienes y servicios esenciales para la vida, desde la preparación de alimentos y el apoyo físico y emocional, hasta la transmisión de conocimientos y valores. Este trabajo enfatiza la interdependencia entre quienes reciben asistencia y quienes la proveen, y debe comprenderse como el derecho a cuidar, a ser cuidado, a no cuidar y a autocuidarse7.

Sin embargo, un rápido análisis muestra que el Anexo 31 se trata en realidad de una reclasificación de recursos existentes en los programas de transferencias, ahora dispuestos bajo un nuevo anexo transversal8. En la práctica, agrupa recursos de programas previos que pertenecen a distintos sectores —salud, educación, desarrollo social e infraestructura— bajo la premisa de compartir un objetivo común: reconocer el cuidado como un derecho y una responsabilidad compartida. 

A pesar de estar integrado con recursos provenientes de 20 ramos administrativos, el 97.6% del capital proviene de sólo tres: Secretaría de Educación Pública (SEP), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el IMSS Bienestar. En su diseño se establecen 48 programas presupuestarios, pero el 81.3% de los recursos se concentra en la Beca Rita Cetina (129.4 mmdp), los Servicios de Atención a la Salud (126.9 mmdp) y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (123.3 mmdp). 

De hecho, de cada 100 pesos del anexo, 64 pesos provienen de transferencias universales9, 29 pesos pertenecen a programas enfocados a la salud10 y sólo 5.1 pesos emanan de programas que a nuestro parecer sí cumplen con los criterios para ser considerados de cuidados: Servicios de Guardería del IMSS, Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, de la Secretaría del Bienestar. 

La realidad es que el Anexo 31 también incluye programas muy diversos y conceptualmente muy alejados de una definición incluso amplia de los cuidados: desde desarrollo forestal sustentable y caminos artesanales11, hasta servicios de producción y transmisión de materiales radiofónicos o la planeación demográfica del país. Hay que aclarar que estos programas suman sólo 6 centavos de cada 100 pesos del anexo. 

Históricamente, la integración de los anexos transversales suele carecer de criterios claros que regulen su inclusión, continuidad o desaparición. Como lo señaló un análisis aplicado a otros anexos presupuestales del ejercicio 2025 del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la conformación de tales anexos depende, en la práctica, de factores discrecionales —entre ellos, la disponibilidad presupuestaria y las prioridades políticas del momento—. Tampoco se tiene la costumbre de definir criterios que aseguren su alineación real con las metas de desarrollo o con los objetivos declarados del propio anexo12. 

El mismo documento del Coneval señala que, ya en 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había publicado los lineamientos para la integración de los anexos transversales. En ellos se justificaba que diversos programas podían contribuir a objetivos específicos, pero nunca se establecieron mecanismos para verificar dicha contribución. A marzo de 2025, estos lineamientos no se habían actualizado. Esta situación parece repetirse con la creación del Anexo 31. 

El único anexo que cuenta con una metodología diseñada por la SHCP y el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es el Anexo 18: “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes”. Esta metodología se actualiza cada año en el documento titulado “Disposiciones para la Programación y Presupuestación”. En la publicación correspondiente para 202613 no se actualiza la metodología del Anexo 18 ni se publica alguna adicional14. 

En suma, los programas que componen el nuevo Anexo 31 pueden contribuir a reducir vulnerabilidades y ampliar derechos sociales. De igual manera, su implementación puede tener efectos indirectos en la provisión de cuidados. No obstante, incorporar esos programas a esta categoría asistencial genera el riesgo de diluir el sentido del cuidado como un derecho específico que requiere servicios e infraestructura dedicados —como estancias infantiles, apoyos para personas con discapacidad o servicios comunitarios—. Además, dificulta el seguimiento puntual de los recursos orientados estrictamente a esta función.

Los cuidados como derecho para unos pocos

En México, desde hace años, existe un sistema de cuidados fragmentado con obstáculos importantes. El principal escollo es un financiamiento insuficiente que impide ampliar la cobertura de servicios de guardería. Actualmente, el sistema recae en tres programas que operan de manera segmentada entre la población con y sin acceso a seguridad social. Esto genera una brecha importante para las mujeres que dedican prioritariamente su tiempo en tareas no remuneradas, cuyo acceso al mercado laboral es limitado y por ende a los programas que requieren de una afiliación a la seguridad social.

Los tres programas que componen el sistema de cuidados son: Servicios de Guardería del IMSS, Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del ISSSTE y el Programa de Bienestar para Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras15. En conjunto, estos programas tuvieron un presupuesto aprobado de 24.1 mmdp en 2025. Para 2026, se proyecta que su presupuesto ascienda a 24.4 mmdp; se trata de un incremento real de apenas 1.03%, que equivalen a 247 millones de pesos (mdp) contra lo aprobado de este año. No obstante, frente al gasto máximo ejercido para este fin en 2016 (27.1 mmdp), el presupuesto para 2026 se mantendrá 10% (2.7 mmdp) por debajo, lo que muestra una década de estancamiento. 

Hay que señalar que los programas específicos para infantes concentran sólo 5.2% del total del Anexo 31. Esta distribución muestra un enfoque poco alineado a las recomendaciones de organismos internacionales sobre la relevancia de la primera etapa educativa tanto para los menores como para las mujeres responsables de su cuidado. 

Brechas entre sistemas 

El gasto por infante proyectado para 2026 revela diferencias significativas entre programas. Éstas se explican por la caída en la cobertura de atención, que incrementa de manera artificial el gasto per cápita.

Mientras que el Programa de Bienestar para Hijos de Madres Trabajadoras proyecta un gasto de 15,125 pesos por infante —el menor gasto per cápita de los tres subsistemas— el Programa de Estancias del ISSSTE alcanzará 177,370 pesos por niña o niño, es decir, casi 12 veces más que el programa de la Secretaría del Bienestar, para personas sin seguridad social formal. Asimismo, el gasto por cada menor en el ISSSTE será dos veces superior al de las guarderías del IMSS (85,106 pesos), lo que muestra las disparidades incluso para la población asegurada. 

En una perspectiva histórica, el ISSSTE alcanzará su mayor gasto por infante en 202616, el programa de la Secretaría del Bienestar el mayor desde su creación en 2019 y aquel del IMSS se mantendrá estable. La aparente alza en el gasto del ISSSTE no obedece a una mayor inversión en servicios, sino a una drástica reducción en el número de niñas y niños atendidos desde 2019 (una reducción de 36.5% de infantes atendidos) al pasar de 35.4 mil a 22.5 mil en junio de 202517. Es decir, el presupuesto se distribuye entre una población beneficiaria mucho menor, lo que eleva artificialmente el costo per cápita.

De manera similar, en junio de 2025 el Programa para Madres Trabajadoras presentó una caída en la atención de 26.8% (299 mil a 218 mil) en comparación con 2024. Si se compara frente al número de niñas y niños atendidos al cierre de las Estancias Infantiles de Sedesol en 2018 (310.6 mil), la caída en la atención es del 30%. 

En el caso de las Guarderías del IMSS, el incremento es marginal: de 2.9% de 2024 (195 mil) a junio de 2025 (201 mil), aunque sus indicadores de atención se mantienen por debajo del máximo alcanzado en 2019 cuando se registraron 217.5 mil niñas y niños. En síntesis, el mayor gasto por infante no refleja una mejora en la calidad ni un esfuerzo adicional de inversión, sino una caída importante en el acceso al servicio. 

Infraestructura de cuidados a la baja

En los últimos años, ha declinado la capacidad instalada o infraestructura de cuidados para la niñez en México. La reducción se explica por el cierre de las Estancias Infantiles, la cancelación de contratos con terceros del IMSS y del ISSSTE y la falta de expansión de los sistemas para las personas aseguradas, a lo que se sumó el impacto de la pandemia de COVID-19. Esta contracción ha dejado a miles de familias con menos opciones de acceso a servicios formales de cuidado y educación temprana, generando una mayor presión sobre los hogares y profundizando las desigualdades en el desarrollo infantil.

El caso de las Guarderías del IMSS es emblemático. El sistema enfrenta una presión por la demanda de servicios y, al mismo tiempo, su capacidad instalada se contrae de manera sostenida desde 2019. Aquel año alcanzó el mayor número de guarderías en funcionamiento, con 1,422. En cambio, de acuerdo al informe 2024-2025 que presenta el IMSS ante el Congreso, para  2025 ya sólo quedan 1,275 guarderías, una reducción de 10% o 147 unidades. Paralelamente, el número de niñas y niños atendidos se redujo de 217.5 mil en 2019 a 201.2 mil en 2025, lo que implica una disminución de 7.5% en la cobertura18.

Los servicios de Guarderías del IMSS operan bajo dos modalidades: 1) la prestación directa a través de guarderías propias y 2) la externalización de servicios mediante la contratación de terceros. La reducción en el número de guarderías del IMSS se explica por la finalización de los contratos de los prestadores de servicios privados. Esto ha dado como consecuencia que la capacidad total del sistema pasara de su punto máximo en 2019 con 254.3 mil espacios disponibles a 235.7 mil espacios en 2024.

El presupuesto de los Servicios de Guardería del IMSS será en 2026 de 17.1 mmdp, el mayor monto histórico en términos reales. Sin embargo, no parece viable que esta suma ayude a incrementar la oferta de servicios. Por un lado, del total del presupuesto, sólo el 0.3% (58 mdp) será para inversión física. Por el otro, en todos los años, de 2008 a 2024, se han subejercido recursos de este programa con un promedio anual de 1.4 mmdp. En este contexto, la recuperación de las guarderías privadas o subrogadas sería la opción más viable en el corto plazo. 

El escenario proyectado para 2026 confirma que el problema no radica en la falta de recursos, sino en la pérdida de infraestructura y en la debilidad de los mecanismos de provisión del servicio. De mantenerse esta tendencia, el sistema de guarderías del IMSS corre el riesgo de profundizar la exclusión de mujeres y familias que dependen de estos espacios para conciliar el trabajo con el cuidado.

En el caso del programa de Estancias Infantiles del ISSSTE, su infraestructura ha menguado considerablemente desde 2008. Al igual que el IMSS, la reducción se ha visto impulsada, en gran medida, por la disminución constante en la modalidad de contratos privados. Entre 2016 y 2025 el ISSSTE perdió 26 espacios: pasó de 243 estancias en 2016 a 217 en 2025. La pérdida de capacidad instalada —que impacta en la cobertura del servicio—, es resultado de la concentración de la oferta de prestaciones de cuidado por el Estado, lo que ha restado participación a los privados. Esta caída en la cobertura es generalizada y afecta a los tres esquemas de estancias del ISSSTE: servicios propios (116 guarderías) contratos por terceros (96) y servicios de la sociedad civil (5), que en conjunto suman apenas 217 en operación.

Para el mes de junio de 2025, 22.5 mil niños fueron atendidos: una caída del 39.6% respecto al máximo histórico de 2008 (37.3 mil menores). Asimismo, los recursos asignados al programa para 2026 serán de 4.0 mmdp, en términos reales 7.3% más que en 2025 y equivalentes a 271 mdp adicionales; pero 32% menos (1.9 mmdp) frente al máximo de 2018. 

El abandono de la población sin seguridad social

Por su parte, la atención para la población sin seguridad social también refleja un panorama crítico. El Programa de Bienestar para hijos de madres trabajadoras registró 218.9 mil niños, niñas y adolescentes atendidos a junio 2025, una contracción de 26.8% frente a 2024, lo que se traduce que 80.1 mil menores dejaron de recibir atención. La magnitud del recorte se acentúa al compararlo con su antecesor, el programa de Estancias Infantiles de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol): el presupuesto proyectado es 6.6% menor en comparación con 2018 (1.7 mmdp) y la cobertura se ha reducido en 29.5% (91,649 menores menos). 

El programa de Estancias Infantiles fue el antecedente directo del actual Apoyo a Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Su objetivo era facilitar el acceso y permanencia en el mercado laboral de madres, padres solos y tutores que trabajaban, a través de servicios de cuidado y atención infantil semejantes a los que ofrecen los esquemas de seguridad social.

El programa operaba bajo dos modalidades (llamadas A y B): En la primera, las familias recibían un apoyo directo para cubrir el costo de los servicios de cuidado. Los montos iban de 800 a 1,800 pesos mensuales, dependiendo de la edad del menor (de uno a tres años, y de uno a cinco años en caso de discapacidad). En la segunda, se apoyaba a las personas físicas y morales interesadas en operar estancias infantiles, con el fin de ampliar la oferta de servicios disponibles19.

Con el cambio de administración federal en 2019, este esquema fue sustituido por el programa de Apoyo a Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, que dejó de financiar la Modalidad B —la operación de estancias— para convertirse en transferencias directas a las familias. Ello modificó de manera sustancial el alcance y la forma de provisión de los servicios de cuidado infantil. Esta reorientación no se ha visto acompañada de un incremento presupuestal: la asignación se ha mantenido prácticamente estancada, mientras que la población que demanda estos servicios no ha dejado de crecer. 

La reducción en la cobertura ocurre a pesar de que en 2021 el programa amplió su alcance con la creación de una nueva Modalidad B, dirigida a niñas y niños en situación de orfandad. A la par, la Modalidad A original mantiene el apoyo a hijas e hijos de cero a cuatro años (hasta seis en caso de discapacidad), cuyos tutores trabajan o buscan empleo y no tienen acceso a guarderías del IMSS o ISSSTE. 

La disparidad de los distintos sistemas se acentúa por la forma en que operan: en algunos casos (como el programa de Apoyo a Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras) la demanda crece mientras la infraestructura se reduce, y en otros (como el ISSSTE) el presupuesto aumenta sin que ello se traduzca en mayor cobertura. 

Sin embargo, el panorama resulta aún más complejo para la población sin seguridad social, pues el programa que la atiende ha enfrentado una contracción en su padrón de beneficiarios. Esto responde tanto a una asignación presupuestal limitada y prácticamente estancada, como al cambio de modelo. Anteriormente había un esquema de cuidado infantil centrado en garantizar calidad y acceso a derechos mediante espacios que favorecen el desarrollo de las niñas y los niños, y que al mismo tiempo permiten a madres y cuidadores incorporarse a actividades remuneradas. Actualmente, el enfoque privilegia la entrega de subsidios directos, que son insuficientes para compensar la pérdida de cobertura.

Cobertura insuficiente, impacto limitado

Además de los programas de cuidados específicos del IMSS, ISSSTE y Bienestar, existen programas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que integran funciones similares —ya que financian espacios para el cuidado y estimulación temprana, así como oferta de servicios educativos en zonas rurales marginadas—. Su implementación reduce la pobreza de tiempo de las mujeres e incrementa las oportunidades para que se puedan incorporar al mercado laboral. 

Esta oferta se conforma de dos componentes. El primero es Expansión a la educación inicial. Su objetivo es contribuir a que los niños y niñas de cero a dos años y 11 meses accedan a servicios de educación inicial mediante la ampliación de la cobertura escolarizada y no escolarizada20. El segundo se llama Educación Inicial y Básica Comunitaria. Éste se encarga de brindar servicios educativos a niñas, niños y adolescentes de las comunidades rurales susceptibles de atención por parte del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), y cuyas familias han solicitado el servicio educativo y aceptan su corresponsabilidad21.

En conjunto, estos programas contarán para 2026 con un presupuesto de 3.3 mmdp reales con una reducción de 53.4% en comparación con el aprobado en 2025 (equivalente a 3.8 mmdp menos). Además, en relación a 2015, que fue el mejor año en cuanto al financiamiento a la educación inicial, la caída en 2026 será de 58% (4.6 mmdp). Pese a que a partir de la reforma educativa de 201922, la educación inicial se estableció como obligatoria, desde entonces existe una disparidad entre la norma y su financiamiento. 

Si además de la educación inicial, consideramos los programas de escolarización ampliada, el presupuesto para 2026, será 84.2% menor en términos reales en comparación con 2019 (17.7 mmdp). Esta contracción se explica fundamentalmente por la decisión de eliminar el programa de Escuelas de Tiempo Completo23, que consistía en ampliar las jornadas escolares hasta completar de seis a ocho horas diarias, lo que facilitaba que las madres trabajadoras conciliaran su vida laboral y familiar, además de potenciar sus oportunidades económicas y personales. 

La propuesta de eliminar el programa de Escuelas de Tiempo Completo se sustenta en la idea de transferir los recursos directamente a las sociedades de padres de familia. El objetivo de este cambio es empoderar a las comunidades para que decidan cómo invertir ese capital, eliminando a los intermediarios —que, se argumenta, obstaculizaban que el apoyo llegara efectivamente a los sectores más vulnerables.

La revisión de la oferta programática muestra que se han perdido recursos estratégicos tras la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo, que en 2019 llegó a concentrar más de la mitad de la oferta educativa. Sin embargo, el número de intervenciones se ha mantenido prácticamente sin cambios. La eliminación de este programa también dejó un vacío en la oferta de cuidados y servicios educativos. Su desaparición crea dificultades tanto para la conciliación de los horarios de trabajo de las madres, padres o tutores, como en el desarrollo educativo de los propios infantes.

Lo que se necesita vs. lo que se asigna

Las brechas de género en el sistema de cuidados no sólo son un problema de equidad, también representan un freno al desarrollo económico. Estimaciones de la ONU, apuntan a que cerrar estas brechas requiere de una inversión equivalente al 0.47% del PIB anual durante una década. Este gasto incluye una inversión en cuidados, no sólo infantiles, sino de adultos mayores y personas con discapacidad. 

En apariencia, el presupuesto proyectado para 2026 en el Anexo 31, alcanza el 1.2% del PIB (466.8 mmdp), pero están concentrados en su mayoría en transferencias. Dentro de este monto, la inversión específicamente destinada a cuidado infantil llega apenas al 0.1% del PIB (24.4 mmdp). No hay programas específicos para cuidados de adultos mayores o personas con discapacidad. Si sólo se consideran estos programas de cuidado de las infancias, para lograr la meta establecida por la ONU, el presupuesto efectivo de estos programas debería ser de 195 mmdp cada año, ocho veces más de lo propuesto para 2026, es decir, 171 mmdp adicionales. 

La brecha entre lo necesario y lo asignado revela una subestimación persistente del costo real de la política de cuidados. Mientras no se reconozca y atienda esa diferencia, el Estado seguirá limitado para reducir la sobrecarga que hoy asumen las mujeres y para aprovechar plenamente el potencial económico y social de un sistema nacional de cuidados. 

No es posible consolidar un sistema de cuidados sin haber cimentado previamente sus bases: infraestructura adecuada, marcos normativos sólidos, recursos humanos capacitados y mecanismos de coordinación interinstitucional efectivos. La dispersión actual de programas relacionados con cuidados, evidencia que aún prevalece un enfoque fragmentado que limita el potencial transformador de esta política pública, además de que no se están creando servicios que liberen efectivamente la carga de cuidados en las mujeres. En otras palabras, la problemática persiste sin una solución.

El paradigma del cuidado está experimentando una transformación en el mundo, pues ya no se concibe como una responsabilidad que recae exclusivamente sobre las mujeres, sino que emerge como un modelo de corresponsabilidad familiar y se reconoce como un derecho fundamental que debe garantizarse de manera equilibrada. 

Recomendaciones de política pública

Para mejorar la implementación y uso de los recursos en el Anexo 31, desde México Evalúa advertimos la necesidad de considerar lo siguiente:

  • Definir de manera precisa y operativa los conceptos y la problemática. Es necesaria una definición explícita de los términos “cuidados”, “corresponsabilidad y “sociedad de cuidados”. Esto evitará ambigüedades que puedan forzar el encuadre de políticas preexistentes para aparentar el cumplimiento de los objetivos, en lugar de diseñar respuestas emergentes orientadas a resolver la problemática.
  • Avanzar en el diseño de metodologías homogéneas para determinar, de manera clara y objetiva, la inclusión de programas que sí sean pertinentes a los cuidados en el anexo transversal, así como las acciones a desarrollar y los recursos a emplear. 
  • Establecer mecanismos institucionalizados de armonización intersectorial que garanticen la coherencia y complementariedad de las acciones entre dependencias. De esta manera se evitan duplicidades, vacíos de cobertura y contradicciones en la implementación de las políticas de cuidados.
  • Asegurar la suficiencia presupuestal. El presupuesto asignado debe ser coherente con la magnitud de la problemática y las metas establecidas para impedir que el anexo se vea limitado por recursos insuficientes. Además, se debe de avanzar en la igualación entre sistemas del presupuesto por infante. 
  • Fortalecer el sustento jurídico del anexo, mediante la actualización o creación de instrumentos normativos que le den obligatoriedad y permanencia. El objetivo es evitar su dependencia a decisiones administrativas coyunturales.

Notas al pie

  1. Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2024. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enut/2024/ ↩︎
  2. Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENASIC/ENASIC_23. ↩︎
  3.  Los Sistemas de Cuidado y Apoyo en América Latina y el Caribe: Un marco para la acción de Unicef. Disponible en: https://www.unicef.org/lac/media/43746/file/Los%20sistemas%20de%20cuidado%20y%20apoyo%20en%20América%20Latina%20y%20el%20Caribe.pdf  ↩︎
  4. El envejecimiento de la población abre el camino al cuidado como derecho, pero ha de repartirse entre hombres y mujeres. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2025/08/1540340  ↩︎
  5. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026. Disponible en: https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PP3F2609/PPEF2026/Fiw326fP/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf ↩︎
  6. Anexos informativos. Disponible en: https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PP3F2609/PPEF2026/Fiw326fP/docs/Anexos/consolidacion_cuidados.pdf ↩︎
  7. El Trabajo de Cuidados. Disponible en: https://ciss-bienestar.org/trabajo-de-cuidados/ ↩︎
  8. Los anexos transversales son documentos que agrupan la información presupuestaria por tema o política pública específica sin importar que ramo o dependencia ejerza esos recursos. Algunos ejemplos son el Anexo 13: Erogaciones para la igualdad entre hombre y mujeres o el Anexo 14: Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes. ↩︎
  9. Considera a la Beca Universal Rita Cetina, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Presión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente y Pensión Mujeres Bienestar. ↩︎
  10. Considera al programa Servicios de Atención a la Salud, Servicios de Prevención y Control de Enfermedades, Servicios de vacunación, Salud casa por casa, Servicios de atención a la salud, Política en salud materna sexual y reproductiva e Infraestructura integral para el derecho a la salud. ↩︎
  11. Se trata de un programa presupuestario cuyo objetivo es conectar a comunidades indígenas y zonas de alta marginación para promover su desarrollo. ↩︎
  12. Coneval (2025). Análisis de los Anexos Transversales 10,11,13,14, 17 y 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/Documents/Informes/Analisis_AT_PEF.pdf ↩︎
  13. SHCP (2025). Disposiciones para la Programación y Presupuestación 2026. Disponible en: https://www.gob.mx/shcp/documentos/disposiciones-para-la-programacion-y-presupuestacion-2026 ↩︎
  14. Este anexo se alinea a los objetivos prioritarios, estrategias y líneas de acción mencionados en el Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en México (PRONAPINNA) que garantizan y atienden los derechos, protección y desarrollo de la niñez. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/852094/Metodologia_Anexo_18_PPEF_2024.pdf ↩︎
  15. A partir de 2019, este programa sustituyó al Programa de Estancias Infantiles de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). ↩︎
  16. Se supone que el número de infantes atendidos en 2026 será el mismo registrado en 2025. ↩︎
  17. Se consideró el último año de referencia a partir del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. ↩︎
  18. Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Disponible en: https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20242025/19-informe-completo.pdf ↩︎
  19. Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5551573 ↩︎
  20. Reglas de Operación del Programa Expansión a la Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2025. Disponible en: https://educacionbasica.sep.gob.mx/reglas-de-operacion/#flipbook-df_48575/1/ ↩︎
  21. Reglas de Operación del Programa Educación Inicial y Básica Comunitaria para el Ejercicio Fiscal 2025. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5749672 ↩︎
  22. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo%3D5560457%26fecha%3D15/05/2019#gsc.tab=0 ↩︎
  23. Reglas de operación del programa Escuelas de Tiempo Completo para el Ejercicio Fiscal 2019. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/2019/SEP/ANEXO_AL_ACUERDO_08_02_19.pdf ↩︎

Presupuesto 2026: tres de cada cuatro pesos ya están comprometidos 

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2026. 1 comentario en Presupuesto 2026: tres de cada cuatro pesos ya están comprometidos 

La mayor parte del presupuesto federal 2026 irá a pensiones, transferencias a los estados e intereses de la deuda: gastos obligatorios que por habitante suman 48,732 pesos. Tres veces más que salud, educación y seguridad juntos.

La propuesta de presupuesto para 2026 deja muy poco margen para atender a los sectores prioritarios. De cada peso de ingresos propios del Gobierno, 75 centavos ya están comprometidos para cubrir gastos ineludibles, como el pago de pensiones, las transferencias a los estados y los intereses de la deuda pública. 

Esta será la mayor proporción de gastos obligatorios dentro del presupuesto federal, al menos desde 1995. En términos per cápita, esto significa que 48,732 pesos por habitante se destinarán a cubrir compromisos fijos, como el pago de pensiones y de intereses de la deuda. Esta cifra triplica los apenas 17,195 pesos por persona que, en conjunto, se asignarán a áreas clave como salud, educación, cuidados y seguridad. Veamos las cifras a detalle. 

Gasto en pensiones 

El pago de pensiones y jubilaciones es el gasto obligatorio que más ha crecido en los últimos años. Deriva de los compromisos legales que el Gobierno ha adquirido a través de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). Su objetivo es garantizar que los trabajadores formales reciban una pensión al jubilarse. Adicionalmente, el Artículo 4° constitucional obliga al Estado a otorgar una pensión no contributiva a todas las personas adultas mayores, incluso a quienes no contaron con seguridad social durante su vida laboral, lo que convierte a este gasto en una responsabilidad ineludible, tanto legal como social, para el Gobierno federal.

En 2018, el gasto total en pensiones ascendía a 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB), pero para 2026 se prevé que alcance 6.0% del PIB (2.3 billones de pesos), prácticamente el doble en solo ocho años. Este aumento ha elevado su peso dentro de las finanzas públicas: pasó de absorber 16% de los ingresos propios del Gobierno a 27%, lo que significa que, de cada peso que recauda el Estado, 27 centavos se destinarán exclusivamente al pago de pensiones.

El pago de pensiones depende, en parte, de la transición demográfica que experimenta el país, es decir, de cómo evoluciona el número de personas adultas mayores. También incide cómo se financia el pago de las propias pensiones. En el caso de México, su financiamiento depende del estatus laboral de las personas. 

Para un trabajador formal, el financiamiento de su pensión es contributivo, lo que significa que se construye con aportaciones compartidas: una parte se descuenta directamente de su salario, otra la cubre el empleador y, finalmente, el Gobierno aporta un porcentaje adicional para conformar el ahorro destinado al retiro. El pago de las pensiones contributivas ha evolucionado de manera más ordenada y para 2026 se estima gastar 4.4% del PIB (1.7 billones de pesos) en estas dotaciones Esto es apenas un punto del PIB mayor frente a lo que se destinó frente a 2018. 

En cambio, para un trabajador informal, el financiamiento de su pensión es no contributivo. Es decir, proviene de los impuestos generales y no de aportaciones directas del trabajador o su empleador. Aquí se encuentran la Pensión del Bienestar de Adultos Mayores, la Pensión del Bienestar para mujeres Adultas Mayores1, y las pensiones para personas con discapacidad permanente. Estos subsidios han sido los que más han crecido en los últimos años: para 2026 se prevé un gasto de poco más de 619 mil millones de pesos (mmdp), equivalente al 1.6% del PIB. Es 12 veces mayor a lo que se gastó apenas en 2018, cuando apenas representaba 0.1% del PIB.

Transferencias a los estados

Además, para 2026, de cada peso que el Gobierno recaude por ingresos propios, 30 centavos se destinarán a transferencias hacia los estados. Estas transferencias incluyen principalmente las Participaciones, que son recursos de libre uso para las entidades federativas, y las Aportaciones, que están etiquetadas para financiar servicios específicos como educación, salud o seguridad. En conjunto, estas transferencias representan 6.7% del PIB (2.6 billones de pesos), lo que refleja su gran peso dentro de las finanzas públicas. 

El carácter obligatorio de estas transferencias a los estados tiene un fundamento legal. Las protege y regula la Ley de Coordinación Fiscal. En consecuencia, no pueden ser objeto de recortes discrecionales año con año, salvo que dicha Ley sea modificada, lo que explica en buena medida su comportamiento tendencial en cada paquete económico.

Estas transferencias del Gobierno federal son la principal fuente de ingresos para las administraciones estatales y municipales. Gracias a ellas, los gobiernos locales pueden financiar políticas públicas y atender áreas clave como salud, educación, infraestructura y, muy importante, la seguridad pública. Lo anterior toma relevancia considerando que en los últimos años se ha estancado el presupuesto destinado a las transferencias para las entidades federativas.

Pago de intereses y servicio de la deuda pública

Por último, uno de los compromisos financieros que más ha crecido en los últimos años es el pago de intereses y servicio de la deuda pública, como ya se mencionó anteriormente. Si a este concepto se suman los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) —es decir, las obligaciones que quedan pendientes este año y deberán pagarse el siguiente—, el monto total a cubrir en 2026 asciende a 4.24% del PIB (1.64 billones de pesos). Esto representa el 19% de todos los ingresos del Gobierno.

El carácter obligatorio de los compromisos financieros deriva tanto de las restricciones legales como del costo reputacional que implicaría incumplir con el pago de los intereses de la deuda pública. Un impago colocaría al Gobierno en una situación de default o moratoria, que afectaría gravemente su credibilidad. Cabe recordar que este tipo de escenarios resultan extremadamente costosos, tanto en términos económicos como sociales.

Se trata de la mayor proporción de recursos destinada al pago de compromisos financieros desde 1996, después de la crisis económica de 1994-1995. La diferencia es que ahora ocurre sin que el país atraviese una crisis evidente.

En conclusión: más impuestos y más deuda

En total para 2026, los compromisos financieros y sociales del Gobierno absorberán 16.9% del PIB (6.5 billones de pesos). Es decir, tres de cada cuatro pesos que recaude ya están comprometidos, la mayor proporción desde 1995. Nunca antes los ingresos del Estado habían estado tan atados a gastos obligatorios, lo que explica en gran parte por qué será necesario un aumento significativo en la deuda el próximo año, a pesar de que los ciudadanos también estaremos pagando más impuestos. 

La propuesta de presupuesto para 2026 es histórica desde varias perspectivas. Por un lado, supera los 10 billones de pesos, un monto sin precedentes. Al mismo tiempo, es inédito que la mayor parte de este presupuesto ya esté comprometida: lo que se destinará a pensiones, deuda y otros compromisos fijos triplica lo que se asignará por habitante a educación, salud, seguridad y cuidados. Esto se traduce también en niveles récord de endeudamiento y pago de intereses, que marcan un hito en la historia reciente de las finanzas públicas.

Una parte importante de estos compromisos es el pago de pensiones, especialmente las no contributivas, que han crecido de manera significativa en los últimos siete años. Este aumento refleja la fragmentación de la política de seguridad social en México. Además, la diferencia en el esquema de financiamiento entre trabajadores formales e informales distorsiona el funcionamiento del mercado laboral, ya que eleva los costos de contratación y fomenta la informalidad. Esto provoca que una mayor proporción de recursos se dirija hacia actividades con menor productividad (informales), en lugar de canalizarse a los sectores formales con mayor productividad (Levy, 2019)2. 

Sin un replanteamiento de la política de seguridad social, es probable que continúe el crecimiento del gasto en pensiones, la alta informalidad y la baja productividad, todo ello en un contexto de crecimiento económico estancado. El resultado son mayores presiones sobre el presupuesto, menor capacidad de recaudación y un endeudamiento estructural que mantiene en tensión las finanzas públicas.

Notas al pie:

  1. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un apoyo universal para quienes tienen 65 años o más, mientras que la nueva pensión para mujeres adultas mayores se dirige a mujeres de 60 a 64 años, hasta que ingresen al programa general al cumplir 65 años. ↩︎
  2. Levy, S. (2019). Una prosperidad compartida. Ciudad de México: Secretaría de Análisis Económico y Desarrollo, Universidad Nacional Autónoma de México. ↩︎

Cobrarán más impuestos en 2026 para apoyar a Pemex

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2026.

El Paquete Económico 2026 plantea que cada contribuyente pagará en promedio 2,023 más de impuestos frente a 2025. Casi todo servirá para darle a Pemex 1,960 pesos por persona en ayudas fiscales. 

Gracias al endurecimiento de la fiscalización, la actualización de gravámenes y la aplicación de aranceles, la recaudación alcanzará el siguiente año un máximo histórico de 15.1% del PIB. Sin embargo, mientras los ingresos tributarios crecen, Pemex dejará de aportar al erario y, por primera vez, será el Gobierno quien destine más dinero para sostener a la petrolera1. En otras palabras, un escenario indeseable: más carga para los ciudadanos, pero menos alivio para las finanzas públicas.

Ingresos tributarios y cuotas de seguridad social en 2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima ingresos tributarios por 5.8 billones de pesos. Esto es un crecimiento de 6.5% o 358 mil millones de pesos (mmdp) frente a lo aprobado para 2025. Esto implica que, en promedio, cada persona pagará 43,439 pesos en impuestos, 4.9% (2,023 pesos) más que en 2025. De cumplirse este estimado, el cobro de impuestos llegaría a un máximo histórico de 15.1% del PIB para 2026. 

Además, se esperan ingresos por cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)2 por 774 mmdp, un aumento de 9% (64 mmdp) frente a 2025. Es decir, que los patrones y trabajadores pagarán en promedio 34,216 pesos para su seguridad social, un aumento de 8.2% (2,585 pesos) vs. 20253. Si se cumple este pronóstico, los ingresos por cuotas a la seguridad social también llegarían a un máximo histórico de 2% del PIB, no visto desde 2016. 

A nivel internacional, organismos como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), así como el Banco Mundial, consideran a las cuotas a la seguridad social dentro de la carga tributaria total, junto con los impuestos. Bajo este parámetro, en 2026 la carga impositiva total (impuestos más cuotas a la seguridad social) representarán el 17.1% del PIB, el mayor monto histórico. No obstante, permaneceremos por debajo del 21.3% del PIB recaudado en promedio en América Latina o del 33.9% de los países miembros de la OCDE. ¿La razón? Pese a las medidas de fiscalización, poco se ha hecho en varias décadas para reducir la informalidad y aumentar el número de contribuyentes. 

Las proyecciones de una recaudación récord en 2026 descansan, sobre todo, en la expectativa de un mayor crecimiento económico frente a los años recientes. Sin dinamismo en la economía no se generan nuevos empleos que aporten más impuestos, ni aumentan las ventas de bienes y servicios sobre los que se aplican gravámenes al consumo.

Para el siguiente año, Hacienda anticipa un crecimiento de 2.3%. Sin embargo, analistas del sector privado y el FMI esperan por igual uno de 1.4%. Es muy habitual que la autoridad hacendaria se equivoque en sus predicciones: sus estimados de crecimiento económico se quedaron cortos en 13 ocasiones en los 17 años que van de 2008 a 2024. Claro está que predecir el futuro es complicado. En el mismo periodo, las predicciones del FMI fueron mayores a lo realmente observado en seis ocasiones, mientras que en nueve esperó un menor crecimiento y lo observado fue superior. Sólo en dos ocasiones atinó exactamente al crecimiento efectivo de la economía. 

No obstante, las predicciones de Hacienda conllevan una mayor responsabilidad. Más vale ser pesimistas que optimistas. Si se espera un gran crecimiento y no se cumple, hay menos recursos y se tienen que hacer recortes. Si se espera un crecimiento moderado, y la realidad supera las expectativas, hay más recursos de los estimados y eso se puede destinar a más programas o ahorrarse para el futuro. 

Según las propias sensibilidades de ingresos que publica la SHCP en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2026, si el crecimiento económico es del 1.4% y no del 2.3%, habría una pérdida recaudatoria de 52.9 mmdp. Para dar una idea, esto equivale al 80% del presupuesto de la Secretaría de Salud (66.8 mmdp) para 2026. 

Miscelánea fiscal 2026 y sus impactos

Aunque el Paquete Económico 2026 no incluye una reforma fiscal que modifique la estructura de cobro de los dos principales gravámenes —el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA)—, ni establece nuevos tributos, sí contiene una serie de propuestas que buscan robustecer la recaudación. Entre sus principales componentes destacan los ajustes en el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), cambios al marco aduanero, nuevas disposiciones para sectores como las Fintech y los Servicios de Plataformas Digitales, así como nuevas estrategias de fiscalización. 

Comercio exterior

Uno de los ejes centrales en el Paquete Económico 2026 es la reforma a la Ley Aduanera4, orientada a impulsar la digitalización y transparencia del sistema de aduanas. Esta iniciativa contempla algunas innovaciones como sistemas biométricos y candados electrónicos para el monitoreo de mercancías en tiempo real, además de la implementación de inteligencia artificial (IA) para detectar el contrabando —a pesar de que, en el país, la IA aún es un área sin marco regulatorio—.  También, se propone la creación de una nueva figura: el Consejo Aduanero, Éste busca ampliar la competitividad de los agentes y agencias aduanales, y combatir las prácticas indebidas que afectan a la recaudación.

De igual manera, se incluye una Iniciativa de reforma a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación5. Esta propuesta plantea la imposición de aranceles ad valorem de entre el 10% y el 50% a las importaciones originarias de países con los que México no mantenga Tratados de Libre Comercio (TLC). La reforma impactaría los aranceles de diversos sectores industriales, entre los que destacan el automotriz, el siderúrgico, el textil, el del calzado, y el de manufacturas de plástico y papel. Por ejemplo, las autopartes, el calzado y los textiles tendrán un impuesto de importación de hasta 35%, mientras que insumos de maquillaje y plásticos podrán tener un impuesto de hasta 50%.

Otras modificaciones incluyen mejorar los sistemas de monitoreo y establecer candados para la evasión fiscal de las empresas IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación). Este sector tiene permitido importar mercancías sin pagar IVA en los insumos que emplea para exportar mercancías producidas en México. No obstante, se ha reportado6 que en muchas ocasiones dichas empresas abusan de esa prerrogativa al importar mercancías y venderlas en el territorio nacional sin pagar IVA. 

Debido a las anteriores medidas, pero principalmente a la imposición de nuevos aranceles, para 2026 se estima que el Impuesto General de Importación (IGI), sea de 254.7 mmdp, el mayor monto histórico. Frente a lo aprobado en 2025 se espera un crecimiento de 40.7% (73.7 mmdp), el mayor aumento interanual registrado desde el 2000. Para ponerlo en perspectiva, en 2026 cada persona pagará en promedio 1,895 pesos del IGI —principalmente aranceles— lo cual supone 40% (538 pesos) más de lo estimado para 2025. 

Cabe advertir que este incremento en la recaudación por aranceles puede tener efectos adversos en la economía. Una mayor carga impositiva a las importaciones encarece los bienes intermedios y finales, lo que eleva los costos de producción para las empresas y presiona al alza los precios al consumidor. En consecuencia, aunque el Gobierno logre obtener ingresos adicionales, las familias y las empresas podrían enfrentar un entorno de mayor inflación y menor competitividad frente a productos de otros países.

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

En materia de impuestos al consumo, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF)7 plantea actualizar el cobro de varios productos sujetos al IEPS. El producto con el mayor incremento serán las bebidas saborizadas cuya cuota prácticamente se duplica, al pasar de 1.64 a 3.08 pesos por litro. Algo similar ocurre en el caso de los cigarros y otros tabacos labrados, los cuales pasarán de pagar una cuota ad valorem de 160% a 200% de forma gradual hacia 2030.También se aumentarán los gravámenes a juegos con apuestas, y se introducirá un nuevo impuesto a los videojuegos con contenidos violentos. 

La justificación oficial de estas medidas es mejorar la salud pública al reducir el consumo de estos productos. Sin embargo, la realidad es que estos impuestos no están etiquetados para un fin específico. El Gobierno puede argumentar que el incremento en la recaudación se destinará a la sanidad pública, pero mientras no quede establecido en la legislación —ya sea en el Código Fiscal de la Federación (CFF), la Ley del IEPS o la Ley General de Salud (LGS)—, el uso de esos recursos quedará sujeto a la discrecionalidad de las autoridades, lo cual reducirá el posible impacto positivo de estos gravámenes. 

Por otro lado, la introducción del impuesto a los videojuegos abre la puerta a cuestionar los límites de la tributación con fines regulatorios. ¿Se podría en el futuro proponer la aplicación de IEPS a música, series y películas con contenido clasificado como violento? 

Por el IEPS distinto a gasolinas, para 2026 se esperan ingresos por 288 mmdp, un incremento de 15.8% (39.4 mmdp) versus lo aprobado en 2025. El 77% del incremento (30.4 mmdp) provendrá de un mayor cobro en bebidas saborizadas (refrescos) por 67.9%. De este gravamen específico se esperan obtener 75,290 millones de pesos, es decir, 560 pesos por persona. 

En el caso del IEPS al tabaco, se estima una recaudación de 62,098 mmdp o 14% (7,633) pesos más que lo aprobado para 2025. De cumplirse la expectativa, se pagarían 462 pesos por persona por este impuesto. No obstante, si se considera que sólo hay cerca de 15 millones de personas fumadoras en México8, el pago per cápita subiría hasta 4,140 pesos, y sólo de IEPS. 

En el caso de la recaudación de IEPS en juegos con apuestas también se espera un crecimiento considerable de 31% o 1.1 mmdp contra 2025, para llegar a 5 mmdp. Esto es 37 pesos por persona. En el caso de la nueva aplicación del IEPS a videojuegos violentos, sólo se espera una recaudación de 183 millones de pesos (mdp) en 2025 o 1.4 pesos por persona. 

Pese a estas modificaciones, el componente principal de donde se obtendrá un mayor cobro del IEPS será de los combustibles: 473.3 mmdp, que equivalen al 62% del total del gravamen. Éste cobro caerá en 3.4% (16,793 mdp) según los estimados. Es decir, las actualizaciones en el resto de productos serán lo que permita mantener el cobro general del IEPS a flote. 

Medidas de fiscalización

En 2026 se continuará con la estrategia de fiscalización mediante cambios administrativos, reducción de las deducciones y mayor flexibilidad para los programas de regularización de los contribuyentes9. No obstante, no se plantean medidas para incrementar la base recaudatoria mediante la reducción de la informalidad laboral o empresarial.

Las principales medidas son: 

  1. Eliminación de la deducción de tres cuartas partes de las cuotas pagadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) por instituciones de banca múltiple
  • ¿Cómo impacta?: Actualmente los bancos descuentan parte de estas cuotas de sus impuestos. Al quitar la deducción, pagarán más ISR efectivo, lo que incrementa la recaudación.
  1. Homologación —con el resto de los contribuyentes— de las reglas de deducción de créditos incobrables de las instituciones de crédito.
  • ¿Cómo impacta? Las instituciones financieras tienen reglas más flexibles para deducir préstamos no recuperados. Igualarlas al resto de contribuyentes limita las deducciones y evita que se reduzca la base gravable, lo que aumenta los ingresos tributarios. 
  1. Aumento de la tasa de retención de ISR aplicable a individuos en México que vendan o presten servicios a través de plataformas de intermediación, de 1% a 2.5%
  • ¿Cómo impacta? Pasar de 1% a 2.5% significa que quienes venden o prestan servicios en apps de intermediación (comercio electrónico, transporte, delivery, etc.) aportarán más impuestos de forma automática, mejorando el control sobre este sector.
  1. Retención de ISR sobre intereses: se establece una tasa de 0.90% anual para 2026 (misma que ha sido de 0.50% en 2025)
  • ¿Cómo impacta? Elevar la tasa de retención del 0.50% a 0.90% implica que los ahorradores pagarán más impuestos anticipados por los intereses que generen sus inversiones, lo que eleva la recaudación de forma inmediata y asegura un flujo más alto al fisco.
  1. Programa de regularización fiscal: considerará únicamente el ejercicio fiscal 2024 y el límite de ingresos totales se incrementará hasta 300 mdp.
  • ¿Cómo impacta? Este programa está diseñado para que personas físicas y morales con adeudos o incumplimientos pasados tengan la posibilidad de ponerse al corriente en el pago de impuestos bajo condiciones más flexibles, incluyendo eliminación de multas y recargas. Generalmente para determinar si un contribuyente puede acogerse al programa, se revisaban varios ejercicios fiscales. Ahora se simplifica al tomar únicamente como referencia el año 2024. Esto elimina la complejidad, agiliza la revisión de casos y reduce los obstáculos para acceder al estímulo. Además, ampliar el límite de ingresos de los contribuyentes a 300 mdp, cuando en 2025 fue de 35 mdp10, lo permite que más contribuyentes se pongan al corriente en el pago de impuestos. 

Salvo el programa de regularización fiscal que puede impactar en un mayor cobro de varios impuestos, el resto de las medidas mencionadas impactarán principalmente en el cobro del ISR. Por este motivo, se espera que la recaudación de este tributo llegue a 3 billones de pesos, un incremento de 2.5% (74.9 mmdp) más frente al estimado al cierre de 2025. Destaca que este incremento es sólo ligeramente superior al aumento esperado por impuestos al comercio exterior (+73.7 mmdp). 

Para dimensionar esta cantidad, se proyecta que el crecimiento del ISR sea similar al presupuesto para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (75.1 mmdp). No obstante, visto en pesos por persona, se pagarán 22,842 un aumento de sólo 2% o 384 pesos más frente al estimado al cierre del año. Esto se debe a que el crecimiento económico para 2026 será limitado (+2.3%), incluso si está sobrestimado. 

El petróleo es de Pemex

Se dice que el petróleo es de los mexicanos, pero este lema de orgullo nacional es cada día menos cierto, debido a que Pemex aporta cada año una menor cantidad de recursos para financiar servicios como la salud, educación, seguridad, entre otros. En 2026 será el punto de quiebre pues, según se plantea en el Paquete Económico, el petróleo será solamente de Pemex y ya no de los ciudadanos. 

Hay tres factores para entender esta situación: 1) Una plataforma petrolera en declive 2) Cambios en el cobro de derechos para favorecer a la petrolera y 3) Transferencias multimillonarias de recursos a la empresa. 

El primer factor para entender esta historia es el declive de la producción petrolera en México. Tanto por el agotamiento natural de los pozos petroleros, como por una menor inversión en exploración, la producción de crudo en el país no ha dejado de caer. A junio de 2025, se produjeron en el país un promedio de 1,366 miles de barriles diarios (mbd), el monto más bajo en por lo menos 35 años. De hecho, la producción no ha parado de caer desde 2021. Si comparamos esta cifra frente al promedio de 2004 (3,306 mbd), la producción ha caído en más de la mitad. Si se produce menos crudo, hay menos ingresos por su venta. 

Aquí hay que hacer una precisión. Desde 2018, las cifras oficiales de producción de hidrocarburos contienen no sólo la producción de crudo, sino de condensados. Estos son hidrocarburos que en el subsuelo se encuentran en forma gaseosa y que, al salir a la superficie, se transforman en líquidos. Los condensados se utilizan principalmente para fabricar plásticos, solventes y gasolinas ligeras, mientras que el crudo tiene aplicaciones más amplias en la refinación. Antes de 2018, estos volúmenes no se contabilizaban dentro de la producción nacional, por lo que las metas de Hacienda y Pemex sólo incluían al crudo. ¿Por qué importa esta distinción? Porque al integrar los condensados en las cifras actuales, la caída en la producción de hidrocarburos parece menos pronunciada que si se midiera únicamente el petróleo crudo, como ocurría en años anteriores.

En cualquier caso, para 2026 se estima una producción de 1,794 mbd de hidrocarburos incluyendo condensados, lo cual no se ha alcanzado desde 2023. A junio de 2025, la producción promedia un nivel de 1,626 mbd, el monto más bajo desde 2018 que hay cifras comparables. De no cumplirse la meta, como probablemente sucederá, los ingresos petroleros serán menores a lo anticipado. 

El segundo factor del declive de la renta petrolera para la Federación es el menor cobro de impuestos que se le aplican a Pemex. En los últimos años se redujo el Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), el principal derecho que pagaba la petrolera a la Federación. Este pasó de 65% en 2019 a 30% en 2024. Ello ha provocado que Pemex se quede con una mayor “rebanada” de los ingresos petroleros. Para 2025 se anunció un nuevo cambio en la estructura fiscal de la empresa, al unificar todos los gravámenes que pagaba en un sólo derecho. Así, Pemex pasó de pagar tres derechos: el DUC, el Derecho de Exploración de Hidrocarburos (DEXPH) y el Impuesto por la actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos (DEXT) a pagar sólo el Derecho Petrolero para el Bienestar (DPB).

Según la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LIH)11 en su artículo 39, el pago del DPB se calcula en función del valor de los hidrocarburos extraídos por una tasa base del 30% más una sobretasa en función del precio del crudo. Básicamente, cuando el precio del petróleo sea inferior a los 57.8 dólares por barril (dpb) Pemex pagará menos del 30% de tasa y cuando el valor sea superior, pagará más. Anteriormente, al valor de los hidrocarburos se le descontaba una parte del gasto en inversión y al monto restante (base gravable) se le aplicaban las distintas tasas de derechos. El cambio simplifica la estructura de cobro para Pemex. 

Para 2026, Hacienda estima que el precio del petróleo promedio sea de 54.9 —debajo del rango de los 57.8 dpb— lo que significa que Pemex pagará a la Federación una tasa de 29.6% en lugar de 30%, de cumplirse tal estimado.  Esta ligera reducción en la tasa pagada no parece explicar por completo la mayor proporción de la renta petrolera que obtendrá Pemex el siguiente año (81%, como se menciona más adelante). Sin cambios normativos, la única explicación restante es que Hacienda está previendo “perdonar” o postergar el pago de impuestos a Pemex mediante decretos, como lo explicamos en esta investigación. 

En 2026 se espera que el total de ingresos por la venta de petróleo de Pemex (ingresos petroleros del sector público) sea de 1.2 billones de pesos, un crecimiento de 20% (204 mmdp) frente al cierre estimado de 2025. Este incremento se basa en el supuesto de una mejora en la producción, lo cual es optimista. 

De estos recursos, la empresa se quedará con 81% de los ingresos (2.5 puntos del PIB o 971 mmdp), mientras que la Federación tendrá sólo 19% (0.6 puntos del PIB o 233 mmdp), la menor distribución histórica. Este monto de 233 mmdp también sería el segundo menor registrado en la historia, sólo por arriba del observado en 2024 (220 mmdp). En pesos por persona, la petrolera otorgará únicamente 1,731 pesos, una reducción de 57% (2,299 pesos) frente a lo observado una década atrás (2016). Pero eso no es todo: todavía faltan las transferencias a Pemex…

El tercer factor para entender la aportación nula de Pemex al Erario, es que además de la reducción de impuestos, la Federación transfiere a la empresa recursos millonarios a través de la Secretaría de Energía. Entre 2019 y 2024, la empresa recibió del Gobierno 1.24 billones de pesos, que fueron usados principalmente para el pago de deuda y, en menor medida, para obras productivas. Esto equivale a que, durante el sexenio pasado, cada ciudadano pagó a Pemex 9,585 pesos. 

Para 2026 se proponen transferencias por 263 mmdp, superiores a todo el presupuesto del recién creado Seguro Social para el Bienestar (172.4 mmdp). Es igual a que los mexicanos pagáramos a la paraestatal 1,960 pesos per cápita. 

Entonces, si los ingresos que aportará Pemex a la Federación en 2026 serán de 233 mmdp, pero el Gobierno le devolverá incluso más: 263 mmdp vía transferencias, el Gobierno dejará de obtener ingresos petroleros y tendrá pérdidas por 31 mmdp. El primer saldo negativo en la historia que se plantea desde un Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Vale la pena recapitular con otro enfoque. En 2026, Pemex aportará a cada ciudadano 1,731 pesos (57% menos que en 2016). Por su parte, le tendremos que devolver a Pemex 1,960 pesos para pagar sus deudas (85% más que en 2025). Esto significa que en lugar de recibir recursos por Pemex, los ciudadanos tendrán que pagarle 230 pesos de sus impuestos a la petrolera para que siga operando. 

Las implicaciones de este cambio son profundas. Pemex pasa de ser una fuente estratégica de ingresos públicos a convertirse en una carga estructural para las finanzas del país. En la práctica, los contribuyentes pagan más impuestos no para financiar salud, educación o seguridad, sino para sostener a una empresa que no logra generar utilidades ni reducir su deuda. Este esquema no sólo limita el margen fiscal del Gobierno, sino que compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas, al destinar recursos crecientes a una petrolera cuya rentabilidad permanece en entredicho.

Lo preocupante es que esta relación perdedora para la ciudadanía no está cerca de acabar. Pese a todo el apoyo fiscal que recibirá Pemex, su inversión en infraestructura será la segunda menor en más de 25 años: sólo 0.6% del PIB. En sus mejores momentos invirtió hasta 2%. Esto significa que Pemex no apostará a volverse más productiva para ser independiente de apoyos fiscales y eventualmente aportar al bienestar de los mexicanos. 

Ingresos del Gobierno federal

Aunque en 2026 se espera que aumenten los ingresos tributarios, los menores recursos de la renta petrolera limitarán el crecimiento de los ingresos del Gobierno federal: aquellos utilizados para financiar el gasto en educación, seguridad y la mayor parte de las dependencias. Es decir, recursos ajenos a las empresas estatales u organismos de control directo, como el IMSS o ISSSTE. 

El siguiente año se espera que estos recursos asciendan a 6.44 billones de pesos o 16.7% del PIB. Sería un nivel inferior a lo observado en 2016 y 2017. Si descontamos los apoyos a Pemex, los recursos disponibles en realidad serían de 6.18 billones o 16% del PIB, nivel similar al de 2015. En otras palabras, los recursos para financiar los derechos de los ciudadanos se encontrarán a un nivel similar al observado hace 10 años, pese al esfuerzo fiscal de muchos contribuyentes. ¿La razón? La reducción en la contribución de Pemex a las finanzas públicas. 

Reflexiones finales

El Paquete Económico 2026 plantea un esfuerzo importante en materia de ingresos públicos, al recurrir a un mayor cobro del IEPS, la introducción y actualización de aranceles, así como una fiscalización más estricta para combatir la evasión. Estas medidas explican, en buena medida, que la recaudación tributaria alcance un nivel histórico equivalente a 15.1% del PIB. Sin embargo, este avance presenta un lado menos favorable: la dependencia creciente en instrumentos de recaudación indirecta o de corto plazo, mientras que los problemas estructurales de las finanzas públicas permanecen intactos.

Un punto central es que no se han implementado políticas sustantivas para reducir la informalidad ni para ampliar la base gravable. La economía informal representa todavía más de la tercera parte del empleo en México, lo cual implica que una proporción significativa de trabajadores y pequeños negocios queda fuera del sistema fiscal. En lugar de diseñar mecanismos que incentiven la transición hacia la formalidad —como simplificación regulatoria, acceso a seguridad social o esquemas graduales de incorporación—, el Gobierno ha optado por medidas que cargan el peso sobre quienes ya contribuyen. Esto no sólo genera inequidad, sino que limita el potencial recaudatorio a mediano y largo plazo.

En este contexto, el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), que en su momento fue presentado como una innovación para facilitar el cumplimiento y ampliar la base, no ha sufrido modificaciones relevantes. Ello significa que el esquema mantiene un tratamiento fiscal diferenciado que, si bien facilita el pago de impuestos a personas físicas con ingresos relativamente bajos, también reduce la capacidad del Estado para captar recursos adicionales en segmentos donde existe potencial de recaudación. La falta de ajustes o evaluación crítica del Resico refleja la ausencia de una estrategia clara para reordenar el sistema tributario y hacerlo más equitativo y eficiente.

Por otra parte, la decisión de reducir la aportación neta de Pemex al erario, e incluso convertirla en un saldo negativo, marca un hito en la política fiscal. Que la empresa productiva del Estado reciba más recursos de los que aporta, significa que los contribuyentes financian, con mayor carga impositiva, a una compañía que no logra resolver sus problemas estructurales. Esta situación implica un costo de oportunidad considerable, pues los recursos destinados a sostener a Pemex podrían invertirse en sectores con mayor retorno social, como salud, educación o infraestructura.

Finalmente, incluso con los ingresos extraordinarios previstos para 2026, México sigue muy lejos de los estándares internacionales en materia de recaudación pública. Mientras que en los países de la OCDE la recaudación ronda el 34% del PIB, en México no alcanzará ni la mitad con una recaudación de 15.1%. Esta brecha refleja no sólo la persistente debilidad de la política fiscal, sino los límites del actual modelo de recaudación, que descansa en impuestos indirectos y medidas coyunturales, en lugar de consolidar un sistema robusto y progresivo.

En suma, el incremento de la recaudación proyectado para 2026 es un logro en términos nominales, pero no representa un cambio de fondo. La política fiscal mexicana continúa evitando reformas estructurales que permitan ampliar la base de contribuyentes, reducir la informalidad y dar mayor progresividad al sistema. Mientras esos pendientes no se atiendan, el país seguirá atrapado en un círculo donde se cobran más impuestos a los mismos de siempre, se transfieren recursos crecientes a Pemex y se mantiene una recaudación insuficiente para responder a las demandas sociales y de desarrollo de la población.

Anexos

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Notas al pie

  1. En 2024 por varios meses se registró esta situación deficitaria; sin embargo, al cierre de año la petrolera pagó  dinero extraordinario  a la Federación y se evitaron las pérdidas. En 2025 aún no se alcanzan números negativos. Esto se explica más a detalle en el capítulo “El petróleo es de Pemex” en este mismo análisis. ↩︎
  2. Alrededor del 8% de estos recursos corresponden a ingresos por la prestación de servicios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ya que el Gobierno reporta la proyección de cuotas para la seguridad social junto a dichos recursos. ↩︎
  3. Se considera un número de trabajadores formales de 22.6 millones para 2026, según lo observado a agosto de 2025, actualizado por la tasa de crecimiento esperada de la población según el Consejo Nacional de Población (Conapo). ↩︎
  4. Con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera. Disponible en: https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2025/sep/20250909-IX.pdf ↩︎
  5. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Disponible en: https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2025/sep/20250909-X.pdf ↩︎
  6. Milenio (25 de agosto de 2025). Aduanas detecta evasión fiscal de empresas IMMEX. Recuperado de: https://www.milenio.com/negocios/aduanas-detecta-evasion-fiscal-de-empresas-immex ↩︎
  7.  Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, Disponible en: https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PP3F2609/PPEF2026/Fiw326fP/paquete/ingresos/LIF_2026.pdf ↩︎
  8. Instituto Nacional de Salud Pública. México Presenta Resultados de la tercera encuesta global de tabaquismo en adultos. Disponible en: https://www.insp.mx/informacion-relevante/mexico-presenta-resultados-de-la-tercera-encuesta-global-de-tabaquismo-en-adultos ↩︎
  9. Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026, Disponible en: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2026.pdf ↩︎
  10. Programa de Regularización Fiscal 2025. Recuperado de: https://www.sat.gob.mx/minisitio/RegularizacionFiscal/LIF/index.html ↩︎
  11. Ley de Ingresos sobre hidrocarburos. Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIH.pdf ↩︎

Deuda y responsabilidad fiscal para 2026: tiempo de replantear reglas

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Paquete Económico 2026.

En tan sólo dos años (2025 y 2026), la deuda por habitante habrá aumentado 5.1% en términos reales: 7 mil pesos más per cápita. El pago de un sólo día en intereses y servicio de la deuda pública, cubriría el tratamiento anual de 16 mil 571 pacientes con cáncer de mama.

La propuesta de presupuesto para 2026 marca un giro respecto a las directrices planteadas al inicio de la actual administración. También revela la posible ruta que seguirá el Gobierno en el manejo de las finanzas públicas en los próximos cinco años: el incremento sostenido de la deuda pública. 

En el paquete económico 2026 se prevé que el endeudamiento del Estado alcance 20.3 billones de pesos, equivalente al 52.3% del Producto Interno Bruto (PIB). En otras palabras, es poco más de la mitad del tamaño de la economía mexicana. Este nivel de adeudo tiene varias implicaciones. Por un lado, marca un máximo histórico, al superar por primera vez la barrera de los 20 billones de pesos de deuda en al menos 35 años. Por otro lado,  en términos relativos al PIB, es comparable a lo registrado durante 1983 (50.8% del PIB1), cuando México se encontraba en una crisis de deuda pública, si bien se trataba de un contexto económico y financiero distinto.

Para dimensionar el tamaño de las obligaciones de pago gubernamentales previstas para el próximo año, si se divide su total entre la población mexicana2, se obtiene que cada ciudadano cargaría con una deuda de 151 mil pesos para 2026. Lejos de disminuir, estamos ante un endeudamiento en rápido crecimiento: entre el cierre de 2024 y del próximo, 2026, la deuda por persona habrá aumentado 5.1% en términos reales, equivalente a 7 mil pesos adicionales por habitante en sólo dos años.

Este incremento acelerado de la deuda pública por persona refleja un cambio en la estrategia en el manejo de las finanzas del Estado. Mientras que para este año se planteó reducir la deuda a través de recortes al gasto y una disminución del déficit, para 2026 se propone lo opuesto: mayor gasto y un déficit más amplio. Veamos las cifras a detalle.

Ampliación del déficit fiscal 

El Gobierno requerirá 1.4 billones de pesos para cuadrar el presupuesto en 2026. Si bien espera ingresos por 8.7 billones de pesos o 22.5% del PIB, se propone un gasto por 10.1 billones de pesos o 26.1% del PIB. Para poder cubrir el déficit presupuestario resultante (los ya mencionados 1.4 billones de pesos), se propone un incremento en términos reales de 15.1% (182.4 mmdp) en el déficit frente al monto que se aprobó para 2025. 

Es importante considerar que el Gobierno necesita financiamiento adicional que no aparece de forma explícita en el presupuesto, pero que sí engrosa el saldo de la deuda. Un ejemplo son los créditos contratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para financiar proyectos de inversión. Al sumar estos compromisos, el déficit público global —agrupados bajo el rubro Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP)— asciende a 1.6 billones de pesos, que son 4.1 puntos porcentuales del PIB. Así, en el paquete económico 2026 se espera que los RFSP incrementen 7.4% (109 mmdp) frente a lo que se aprobó para este año. 

Al inicio de la presente administración se habló sobre un proceso de consolidación fiscal, el cual consistía en realizar esfuerzos por bajar los niveles de endeudamiento del país. Sin embargo, para este paquete económico se posponen estos esfuerzos para continuar aprobando niveles de endeudamiento cada vez mayores. 

Para dimensionar el aumento en el ritmo de endeudamiento, en 2026 el Gobierno contratará deuda por 4,349 millones de pesos cada día, lo cual equivale a comprar diariamente unas 2,175 casas con un valor aproximado de 2 millones de pesos. Este ritmo de endeudamiento es incluso superior a los 4,274 millones diarios estimados para 2025.

El pago de intereses de la deuda: un desafío para las finanzas públicas

Quizá el principal desafío de las finanzas públicas en este paquete económico sea el aumento del gasto destinado al pago de intereses y servicio de la deuda pública que se prevé alcance los 1.57 billones de pesos, equivalentes al 4.1% del PIB. Es casi la misma cantidad que el déficit público global —los RFSP—. Es semejante a sacar de una tarjeta de crédito para pagar otra. Esto representa un crecimiento real de 10.4% respecto al monto esperado para este año, es decir, 148 mil millones de pesos adicionales. 

Para entender la magnitud del desafío, será el mayor monto destinado al pago de intereses y servicio de la deuda pública en más de tres décadas: desde 1991. Se estarán pagando alrededor de 4,307 millones de pesos al día. Con esos recursos, se podría pagar el tratamiento anual de 16 mil 571 pacientes con cáncer de mama3. Según las estadísticas más recientes, en 2022 se detectaron 23 mil 790 casos nuevos de este padecimiento. También se podría cubrir, durante todo un año, el costo de las becas para 123,766 estudiantes de nivel superior4.

En la práctica, casi una quinta parte de cada peso que ingrese a las arcas del Gobierno —18 centavos— se destinarán únicamente a cubrir estos compromisos, la proporción más alta desde 1996.

A medida que una mayor proporción de los ingresos públicos se destina al pago de intereses y al servicio de la deuda pública, se reducen los recursos disponibles para áreas clave del desarrollo humano y económico. Por ejemplo, mientras en 2026 se asignará el equivalente a 4.1% del PIB para cubrir estos compromisos financieros, sólo se prevé destinar 2.9% del PIB a educación y 2.5% a salud. En otras palabras, el gasto en intereses de la deuda sería suficiente para casi duplicar el presupuesto destinado a cualquiera de estos sectores estratégicos. 

Más deuda, menos inversión

El endeudamiento público no es, por sí mismo, negativo para las finanzas públicas. De hecho, casi todos los gobiernos del mundo recurren a él en algún momento. Sin embargo, la verdadera diferencia radica en el propósito y el uso que se le da a esos recursos. De ello depende mantener la estabilidad y el crecimiento de la economía, así como sembrar las condiciones necesarias para el bienestar social. 

Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, establece que los préstamos contratados por el Gobierno deben destinarse a obras que generen directamente un aumento en los ingresos públicos. En otras palabras, a inversión física, infraestructura o al fortalecimiento de las capacidades productivas del país.

Determinar con precisión qué tan productivo es el endeudamiento —o en qué medida se destina a proyectos que generen mayores ingresos públicos— no es una tarea sencilla. Una manera de aproximarse a esta respuesta es analizar cuántos centavos de cada peso de deuda contratada realmente se dirigen a infraestructura pública. A esto se le conoce como la regla de oro del endeudamiento. 

Con la propuesta de endeudamiento y gasto de inversión física para 2026, por cada peso de deuda contratada se destinarán 61 centavos a inversión, mientras que los 39 centavos restantes se dirigirán a gasto corriente, como el pago de intereses de la deuda pública. Esta sería una de las proporciones más bajas para inversión desde 2009, lo que refleja cómo cada vez una mayor parte del endeudamiento deja de financiar el futuro y se destina simplemente a cubrir el presente.

¿Es responsable el paquete económico 2026?

Respuesta corta: La regla del equilibrio presupuestario ya es obsoleta. La regla legal de responsabilidad fiscal está completamente sobrepasada como medida para garantizar la estabilidad de la deuda pública. Este principio no es sólo una idea académica o una declaración de buenas intenciones: es un mandato legal con indicadores, métricas y objetivos claros para evaluar su cumplimiento. Sin embargo, esos mismos indicadores hoy evidencian que la norma ya no funciona como debería. Vayamos por partes.

En México, el presupuesto debe elaborarse conforme a los criterios de responsabilidad fiscal que marca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Según sus artículos 16 y 17, el principio central es el equilibrio presupuestario, es decir, que los ingresos y los gastos del Gobierno sean iguales, para no recurrir al endeudamiento.

Se reconoció, sin embargo, que esta regla podía resultar demasiado rígida en tiempos de crisis económicas. Por ejemplo, su inflexibilidad obligaría a recortar la inversión productiva justo cuando más se necesita para reactivar la economía. Por ello, se modificó el principio para permitir que el equilibrio presupuestario excluya el gasto en inversión. Es decir, se permite que el déficit sea igual al gasto de inversión, facilitando así la posibilidad de endeudarse con fines de crecimiento económico.

Así, para determinar si un presupuesto es fiscalmente responsable, se utilizan dos metas principales: el balance presupuestario sin gasto de inversión y los RFSP que, como ya dijimos, son el déficit público global.

Con estos dos indicadores, se establecen las siguientes dos metas que todo presupuesto elaborado con responsabilidad debe seguir:

Condición 1. Que el balance presupuestario sin inversión sea igual a cero, o en otras palabras que el tamaño del déficit presupuestario sea igual al gasto en inversión.

Condición 2. Que los RFSP sean de tal magnitud que se mantenga estable el saldo de la deuda pública frente al año anterior.

De acuerdo con el paquete económico 2026, se propone un déficit público o RFSP por 4.1% del PIB, el cual mantiene constante el saldo de la deuda pública en 52.3% del PIB estimado para el cierre de este año. Ello cumple con la condición 2 de la responsabilidad fiscal.

Sin embargo, esta regla tiene un gran punto débil: el presupuesto del año siguiente se ancla al nivel de deuda que se estima al cierre del año en curso, no al que se aprobó oficialmente. Esto significa que si cada año el paquete económico proyecta más deuda para el cierre del año en curso, el límite para el año siguiente también sube, creando un círculo vicioso de endeudamiento, como se ha visto recientemente. 

Por otro lado, el cumplimiento de la condición 1 se ha distorsionado, y el Paquete Económico 2026 es prueba de ello. Hoy, incluso con un supuesto “equilibrio presupuestario sin inversión”, se propone un déficit mayor al aprobado para este año, lo que resulta incongruente con la meta de mantener estable la deuda pública.

La razón está en la ampliación del concepto de inversión que se debe considerar para los efectos del equilibrio presupuestario. El paquete económico para 2026 introduce una nueva categoría que permite, en el papel, cumplir con el principio de responsabilidad fiscal, aunque en la práctica el déficit siga creciendo respecto al año anterior.

En un inicio, la Ley sólo contemplaba la inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex). A partir de 2015 se incorporó también la inversión de la CFE y del Gobierno federal, criterio que se mantuvo hasta 2022, cuando se amplió para incluir todo el gasto de inversión del sector público presupuestario; incluyendo la inversión fìsica más la inversión financiera5. A pesar de lo anterior, en 2025 se omitió por completo el indicador de balance presupuestario sin inversión, con lo que se incumplieron los indicadores de responsabilidad hacendaria.

Para 2026, la propuesta es distinta. Con el fin de alcanzar el equilibrio presupuestario, se plantea contabilizar la inversión física y financiera del sector público con un nuevo componente: la inversión en desarrollo de capital humano. 

Con este nuevo concepto de inversión, las cuentas terminan “cuadrando” de manera perfecta: la inversión suma 3.6% del PIB, exactamente del mismo tamaño que el déficit presupuestario, también de 3.6% del PIB. Así, sobre el papel, el balance presupuestario sin inversión aparece en equilibrio, aunque en la realidad el Gobierno se endeuda cada vez más. El punto es que si excluimos este nuevo concepto, el balance sin inversión en realidad presenta un déficit por 142 mmdp.

¿Qué es exactamente la inversión en desarrollo de capital humano que ahora sirve para “equilibrar” el presupuesto? Según el paquete económico, se trata del gasto en educación, salud pública preventiva y formación o certificación de competencias;  señalado como una inversión que, en teoría, aumenta de manera sostenible la productividad y los ingresos de la población.

Sin embargo, el documento no detalla programas específicos, montos claros ni explica por qué estos conceptos se consideran inversión en capital humano. Falta una explicación técnica y metodológica. Podrían incluirse, por ejemplo, becas, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro u otros gastos corrientes. En palabras coloquiales se podría decir que “se está estirando” demasiado el concepto de inversión a considerar sólo para cuadrar cuentas. 

Antes, el balance presupuestario sin inversión estaba estrechamente ligado al verdadero nivel de endeudamiento del Gobierno. Si el balance sin inversión mejoraba, el endeudamiento bajaba, como ocurrió en 2013, 2016, 2017 y 2019. Pero a partir de 2022 (cuando se incluyó la inversión financiera dentro de la regla) se rompió por completo esa relación. 

Hoy, aunque sobre el papel se presente un balance sin inversión “equilibrado”, la realidad es otra: para 2026 se estaría aprobando el segundo nivel de endeudamiento más alto desde el año 2000, oculto detrás de un equilibrio virtual que es logrado bajo la introducción de ese nuevo concepto de inversión. 

No se cuestiona la inversión en capital humano; al contrario, es algo necesario. El problema es que, al usar este tipo de gasto para lograr un equilibrio presupuestario sin inversión, se desvía del objetivo original de la norma y abre la puerta a que los presupuestos se presenten con endeudamiento creciente. De esta manera, se puede aprobar un presupuesto más endeudado, pero simulando un equilibrio presupuestario, el cual ya es completamente virtual. 

Áreas de oportunidad

El Paquete Económico 2026 introduce un cambio significativo en materia de responsabilidad fiscal: al incorporar la inversión en desarrollo de capital humano se amplía el concepto de inversión a considerar para lograr el equilibrio presupuestario. De esta manera, aunque el déficit y la deuda pública aumenten, el presupuesto puede mostrarse como equilibrado “sin inversión”, cumpliendo con los principios de responsabilidad fiscal, aunque en la práctica este equilibrio sea más virtual que real.

Para que las finanzas públicas sean responsables, señalamos tres áreas de oportunidad que deben ser atendidas.

  1. Hacer transparente y ciudadano el proceso bajo el cual se escogen los programas públicos considerados como inversión en desarrollo de capital humano. Estos programas deberían incluir un anexo con una evaluación técnica sobre su impacto, seguimiento y evaluación. De lo contrario podría haber espacios para incorporar cada vez más gasto corriente sin evaluar su impacto en productividad y crecimiento —pero sí equilibrar el presupuesto—. 
  1. El crecimiento económico de México ha sido muy bajo en los últimos 25 años, con apenas un 1.5% anual en promedio. Durante este periodo, la productividad prácticamente no ha aumentado, lo que revela un gran espacio de oportunidad para invertir en mejorar las capacidades productivas del país. Esto implica destinar recursos a proyectos que fomenten la innovación y el crecimiento, así como al desarrollo del capital humano para fortalecer las habilidades laborales. Con una economía más dinámica, sería posible generar mayores ingresos públicos y estabilizar la deuda. México necesita apostar por incrementar su productividad.
  1. Es necesario replantear los principios de responsabilidad fiscal. La evidencia muestra que el equilibrio presupuestario tradicional ha quedado obsoleto. Hoy, los artículos de responsabilidad fiscal ya no garantizan la estabilidad del endeudamiento ni de la deuda pública. De hecho, sus indicadores están desfasados respecto a la verdadera situación fiscal del Gobierno. Cumplir con un presupuesto equilibrado ya no asegura la estabilidad de la deuda. Una alternativa más adecuada sería discutir la implementación de una regla de equilibrio presupuestario cíclico, al estilo de algunas economías desarrolladas, que ajuste el tamaño del déficit según el estado de la economía.

Notas al pie:

  1. Dato obtenido del Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI). ↩︎
  2. Considerando la población estimada a mitad de año por el Consejo Nacional de Población (Conapo). ↩︎
  3. Se considera un costo promedio anual de atención de 251,018 pesos que, actualizado a precios de 2026, asciende a 259,760 pesos. Fuente:  “Costos médicos directos de la atención médica de pacientes con cáncer de mama”. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 60(2). ↩︎
  4.  Se considera el valor de la beca de Benito Juárez la cual consiste en un apoyo bimestral de 5,800 pesos bimestrales. ↩︎
  5. La inversión financiera hace referencia a compra de títulos y valores, pero también a transferencias hacia fideicomisos públicos como las que realiza la Secretaría de Energía a Pemex. ↩︎

Los hogares en México gastan más del doble en medicamentos que hace 6 años

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Gasto en Salud, Temas selectos.

El dinero que desembolsan los hogares para sus necesidades médicas creció 41.4% entre 2018 y 2024. ¿La razón? Los hogares están pagando más del doble en medicinas.

Ayer se dieron a conocer los resultados de la medición multidimensional de la pobreza, donde destacó el aumento de personas con acceso a servicios de salud pública. Sin embargo, este acceso no se ha traducido en una reducción del gasto de bolsillo de los hogares. Por el contrario, las familias mexicanas destinan hoy más recursos a salud que hace seis años.

En un análisis que publicamos hace un par de semanas, destacamos que el dinero que destinan los hogares para cubrir sus necesidades médicas se incrementó 41.4% en el periodo de 2018 a 2024, considerando la inflación. A este desembolso también se le conoce como gasto de bolsillo, y su aumento se explica en gran parte porque los hogares están pagando más sobre todo en medicinas.

Así es, el gasto en medicamentos de los hogares en México llegó a más del doble entre los años 2018 y 2024. Mientras que al inicio de ese periodo los hogares gastaban en promedio 222 pesos al trimestre en medicamentos, para 2024 gastaron 480 pesos al trimestre. Es decir, un crecimiento de 116% (258 pesos adicionales) considerando el incremento de los precios, según reporta la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH). En consecuencia, el gasto en medicamentos pasó de representar el 19% del gasto total en salud de los hogares en 2018, a 30% en 2024.

El desabasto como causa principal

Buena parte del incremento en el gasto de medicamentos se debe a su desabasto en hospitales públicos. Vale la pena mencionar que, a partir de 2018, el suministro de medicinas en instituciones públicas cambió significativamente. Con el objetivo de abaratar costos, en 2019 se eliminó a los distribuidores intermediarios y la compra se centralizó en la Secretaría de Hacienda y Salud. La estrategia no funcionó.

Desde entonces, se han impulsado proyectos para solucionar el problema. Por ejemplo, la Megafarmacia del Bienestar —Centro Federal de Almacenamiento (Cefedis)— en 2023, y más recientemente en 2025, el programa Salud Casa por Casa, que pretende llevar atención y medicamentos a domicilio a adultos mayores y personas con discapacidad. 

Otro factor que ha impulsado el gasto de medicamentos es que más pacientes optan por no buscar atención médica y automedicarse. 16 millones de personas se auto recetaron en 2024, mientras que en 2018 fueron 9.6 millones. Esta tendencia también refleja el mal desempeño del sistema de salud público, pues las personas recurren a la automedicación cuando los tiempos para recibir atención son muy extensos, no hay clínicas cercanas a su domicilio, tienen poca confianza en las instituciones de salud o porque saben que no hay medicamentos en los hospitales públicos. 

En suma: el aumento en el gasto de bolsillo en medicamentos es tan alto, que prácticamente se mantiene al mismo nivel que se observó durante la pandemia. 

Enfermedades graves y tristemente comunes 

Al desglosar el gasto por tipo de medicamentos se revela una realidad preocupante: los hogares destinan cada vez más recursos a combatir los padecimientos más graves del país (y que, desgraciadamente, están entre los más comunes). El principal desembolso es para medicamentos contra la presión arterial, seguido de antibióticos para infecciones y fármacos para la diabetes. Entre 2018 y 2024, estos tres rubros registraron aumentos reales de 242.3%, 37.1% y 261% respectivamente. Esto refleja el peso creciente que la enfermedad y la falta de acceso efectivo a tratamientos imponen sobre la economía familiar.

Además, las afectaciones económicas por problemas convencionales de salud persisten en los hogares. El gasto en fármacos para dolores de cabeza y fiebre —padecimientos comunes— es el que más ha crecido, con un aumento real de 333% entre 2018 y 2024. Hoy, este es el quinto concepto del gasto de bolsillo en el que los hogares mexicanos destinan más recursos.

A su vez, la atención de las principales causas de muerte en México —como son las complicaciones por hipertensión y diabetes—, termina siendo cubierta en casa y no en el sector público. Esto incluye los gastos en medicamentos para atender estos padecimientos y que ha incrementado en los últimos seis años.

Con o sin seguridad social también se enfrentan retos

Podría pensarse que el gasto en medicamentos es un problema exclusivo de quienes no cuentan con seguridad social o afiliación a un sistema de salud, pero la realidad es que afecta a todos los hogares del país. Independientemente si los hogares están o no afiliados a un sistema de salud, deben asumir cada vez más los gastos para medicinas, ya sea por desabasto o porque no hay acceso directo. 

Por ejemplo, los hogares encabezados por personas afiliadas al IMSS gastan en promedio 365 pesos al trimestre en medicamentos, lo cual implica un crecimiento real del 98% (181 pesos adicionales) frente a lo que se gastaba en 2018. En aquellos hogares afiliados al ISSSTE, el gasto en medicamentos asciende hasta 607 pesos al trimestre, un incremento real de 80% (269 pesos) contra 2018.

Este problema también se observa en los hogares encabezados por personas sin seguridad social. Por ejemplo, cuando el jefe o la jefa del hogar trabaja de manera independiente, el gasto trimestral en medicamentos alcanza los 554 pesos, un aumento de 141% (324 pesos adicionales) respecto a 2018. Estos hogares han experimentado el mayor incremento en su gasto en medicamentos, lo que podría reflejar tanto el desabasto, como una disminución en la atención efectiva en instituciones para personas sin seguridad social, como IMSS-Bienestar. Desatención que, eventualmente, incentiva la automedicación. 

El doble gasto en salud de los hogares

En conclusión, el desabasto de fármacos y la insuficiente atención efectiva en los centros de salud pública son realidades que afectan a todas las familias del país. Esta situación se traduce en que cada vez más hogares deben asumir directamente los costos de sus complicaciones médicas. Esto lleva a que opten por curarse en casa, automedicarse y gastar de su propio bolsillo en medicinas. 

Para algunos hogares, este costo es doble. Primero, se descuenta una proporción de sus salarios para garantizar acceso a servicios de salud. Después, al no haber citas ni medicamentos, los hogares deben asumir bajo su salario reducido los costos en atención y medicinas. Así terminan gastando dos veces por los servicios de salud, la primera sin recibirlos y la segunda recibiéndolos pero ahora con una economía familiar más vulnerable. 

El papel clave de las grandes empresas en el pago de ISR

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Temas selectos.

El 39% del ISR en México lo pagan las grandes empresas. Esto es vital para entender por qué su estabilidad económica y operativa es, en muchos sentidos, la estabilidad del país mismo.

En el debate público mexicano, con frecuencia se escucha una narrativa crítica hacia las grandes empresas. Se las tilda de evasoras o de privilegiadas del sistema. Si bien es legítimo exigir transparencia y cumplimiento fiscal de todos los actores económicos, también debe reconocerse que estas compañías en conjunto aportan enormemente a las finanzas públicas del país. Esto es especialmente cierto en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Los datos son contundentes: en 2024, las empresas en México aportaron la mitad de todos los ingresos por ISR.  Estamos hablando de 1.3 billones de pesos. Lo más revelador es que dentro de este universo empresarial, las consideradas grandes contribuyentes —aquellas con ingresos anuales superiores a 500 millones de pesos— aportaron el 78% del ISR pagado por personas morales. En términos absolutos, esto representa 1 billón de pesos, equivalente al 39% del total recaudado por ISR en el país.

¿Cuántas grandes empresas hay en México? 

Según datos de la Secretaría de Hacienda, en 2024 se registraron 623 mil empresas con pago de ISR. De éstas,  poco menos del 2% (o 12,447) son grandes empresas. Es decir, menos del 2% de las empresas en México sostienen, por sí solas, el 39% de la recaudación del ISR. Esto no solo es significativo, sino vital para entender cómo se financia el Estado mexicano y por qué la estabilidad económica y operativa de estas empresas es, en muchos sentidos, la estabilidad del país mismo.

México necesita una economía con más empresas productivas y formales no sólo para impulsar el empleo de calidad y la innovación, sino para ampliar el número de contribuyentes capaces de integrarse plenamente al sistema fiscal. Esto permitiría depender menos de unos pocos actores y distribuir de forma más equilibrada la responsabilidad fiscal, al tiempo que se generan mejores condiciones de desarrollo para todos.

¿Cómo nos comparamos internacionalmente? 

La recaudación del ISR a personas morales en México se encuentra alineada con los estándares internacionales. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el pago de ISR empresarial en 2022 representó el 3.9% del PIB, a la par del promedio regional de América Latina, y del promedio de los países de la OCDE. Este dato echa por tierra la percepción de que en México las empresas no contribuyen en proporción a su tamaño o riqueza.

Desde luego, esto no significa que todas las grandes empresas cumplan cabalmente ni que no haya casos de evasión o prácticas fiscales agresivas. Sin embargo, en términos generales, su peso dentro del sistema tributario es incuestionable. Por tanto, no se trata de eximirlas de obligaciones, sino de evitar una visión simplista que las convierte automáticamente en villanas.

Satanizar a quienes más contribuyen al erario es no sólo injusto, sino contraproducente. Si queremos avanzar hacia un sistema fiscal más equitativo y sostenible, necesitamos promover una cultura tributaria basada en datos, en justicia fiscal y en reconocimiento de responsabilidades compartidas entre empresas, ciudadanos y gobierno.

Cuidar la relación entre el fisco y las grandes empresas es también cuidar una fuente fundamental de recursos para salud, educación, infraestructura y programas sociales. Reconocer su peso es, en última instancia, una muestra de madurez fiscal y política.

Recorte sobre recorte en sector salud al primer trimestre de 2025

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Gasto en Salud, Trimestrales.

Los bajos ingresos han tirado el gasto público en salud a su peor nivel desde 2010. Lamentablemente, los recortes se focalizan en la atención a las personas más vulnerables.

Para 2025 ya se avizoraba un recorte generalizado para el financiamiento de la sanidad pública con el fin de contener el endeudamiento del Gobierno. Cómo lo detectamos en nuestro análisis del Paquete Económico 2025 en materia de salud, el gasto para este rubro sufrió un recorte de 12.2% o 122 mil millones de pesos (mmdp) frente a 2024. Así, este año se cuenta con el presupuesto más bajo en salud pública desde 2022. 

No obstante, los recortes han sido mucho más grandes de lo esperado debido al mal desempeño financiero del Gobierno. Como señalamos en nuestro nuestro “Erario al Momento del mes de marzo” los ingresos totales del Sector Público se quedaron 2.9% o 63.2 mmdp por debajo del programa para los primeros tres meses de 2025, debido al mal desempeño de Petróleos Mexicanos (Pemex). 

La carencia de recursos fiscales ha limitado el cumplimiento del programa presupuestario del sector salud. Al primer trimestre (1T) del año, el gasto en sanidad pública fue de sólo 151.7 mmdp, el más bajo desde 2010. Se dejó de gastar el 23% (45.4 mmdp) de lo que se tenía presupuestado. 

Castigo al gasto para las personas más vulnerables

Los recursos para las personas sin seguridad social —que contemplan a la Secretaría de Salud, al Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar (Ramo 47), y al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)— llegaron a 55.8 mmdp, en el primer trimestre del año. Esto es 22.5% (16.2 mmdp) menor al mismo periodo de 2024, y el peor monto en por lo menos nueve años que hay información desagregada a nivel trimestral. 

De las aportaciones para financiar la salud pública de los estados, el FASSA fue el componente más castigado: al primer trimestre sólo registró 18.5 mmdp, un recorte de 42% (13.3 mmdp) frente el mismo periodo de 2024. La disminución se explica por el proceso de centralización del gasto para las 23 entidades signatarias del OPD IMSS-Bienestar. Es decir, los estados firmantes reciben menos recursos de la Federación y ésta asume más responsabilidades en la gestión de la salud pública. En específico, tales estados acumulan un recorte del 50% en los recursos que recibían del FASSA con respecto al año pasado. 

Asimismo, la Secretaría de Salud (SSA) registró al primer trimestre de 8 mmdp, una disminución de 17% (1.6 mmdp) versus el 1T de 2024. Parte del recorte se debe a que en 2025 desaparecieron las partidas presupuestarias para seis hospitales regionales de alta especialidad: Chiapas, Ciudad Victoria, Ixtapaluca, Yucatán, Oaxaca y Bajío. El financiamiento de estos hospitales está a cargo ahora del OPD IMSS-Bienestar. 

Otro factor que reduce el gasto en salud para las personas sin seguridad social es la desaparición del Programa IMSS-Bienestar, que en el 1T de 2024 ejerció un monto de 7.4 mmdp. Cabe precisar que este programa es diferente al OPD IMSS-Bienestar aunque compartan el nombre. El primero era un esquema de subsidios que se otorgaba al IMSS para la atención primaria o básica de pacientes no afiliados en algunos de sus hospitales rurales. Por su parte, el OPD IMSS-Bienestar es un mecanismo de financiamiento que sustituye al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y al Seguro Popular. Su finalidad es garantizar el acceso a la salud de todas las personas sin seguridad social y, en teoría, ofrece cobertura de todas las enfermedades. 

Los recortes en los diferentes componentes del gasto en salud para personas sin seguridad social, no fueron compensados con un incremento suficiente en el OPD IMSS-Bienestar. Esta institución recibió 29.4 mmdp, tan sólo un aumento de 6.2 mmdp (26.7%). Este incremento no contrarresta ni siquiera el recorte observado en el FASSA. Dicho de otro modo, las entidades signatarias a este nuevo mecanismo de financiamiento han salido perdiendo. 

Si ponderamos los recursos públicos destinados a la salud por el número de personas sin seguridad social que se busca atender, el recorte al gasto es mucho mayor: al 1T los recursos per cápita ascendieron a 841 pesos, 23% (253 pesos) menos que en el mismo periodo de 2024 o 46% (722 pesos) menor al mismo periodo de 2018. 

Hay que recordar que la transición del Seguro Popular hacia el Insabi y posteriormente al OPD IMSS-Bienestar implicó un aumento de las personas que se buscaban atender. El Seguro Popular atendía sólo a las personas que se afiliaban voluntariamente, mientras que los siguientes modelos buscan atender a las personas con carencia por acceso a la seguridad social. Esto implica que en 2018 el Seguro Popular atendía a 51.9 millones de personas, mientras que la población objetivo del OPD IMSS-Bienestar en 2025 asciende a más de 65.9 millones de personas1: es prácticamente la mitad de la población del país. La combinación de más personas a atender y menos recursos, provoca una caída agravada en el presupuesto por persona. 

Seguimiento al detalle del gasto 

Al desmenuzar el gasto en salud por programa presupuestario, se puede constatar que rubros delicados, como la salud materna o el control del sobrepeso, han tenido recortes significativos.

Uno de los programas más afectados en los últimos años es el de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, sectorizado en la Secretaría de Salud. Al 1T de 2025, este programa erogó 125 millones de pesos (mdp), un recorte de 89% o 994 mdp menos frente a 2018, cuando existía todavía el Seguro Popular. El OPD IMSS-Bienestar no cuenta con un programa específico para este tipo de atención.

De igual manera, el programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes de la Secretaría de Salud ejerció únicamente 6 mdp al 1T de 2025,, un desplome de 99% (525 mdp). Si bien el OPD IMSS-Bienestar realiza atención para estos padecimientos, al no contar con un programa presupuestario específico, no es posible conocer el deterioro en su financiamiento. 

Donde sí existe una mejora patente, es en el programa de Formación y Capacitación de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud. Este programa contó con 1.5 mmdp en el primer trimestre de 2025, lo cual representa un aumento de 63% (608 mdp) frente a 2018. 

En el caso del OPD IMSS-Bienestar, no es posible hacer una comparación por programa respecto al Seguro Popular, ya que el nombre y objetivo de los programas ha cambiado. No obstante, el principal programa de este organismo, Atención a la salud de personas sin Seguridad Social, contó al 1T de 2025 con sólo 21.4 mmdp, un monto inferior a los 33.3 mmdp del Seguro Popular en 2018. 

Personas aseguradas también salen afectadas

El gasto en salud de las personas con seguridad social también tuvo un revés a inicios de 2025: se registró un monto de 98.1 mmdp, una reducción de 4% (4.6 mmdp) contra el 1T de 2024. Pese al recorte, el gasto se mantiene por encima de lo registrado en los primeros trimestres de 2017 a 2021.

Los recursos para las personas con seguridad social se componen por el presupuesto en salud de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), y las Aportaciones para la Seguridad Social (Ramo 19).

La institución con el mayor recorte fue el ISSSTE. Obtuvo recursos por 7.3 mmdp, lo que representa una disminución de 30% (3 mmdp) ante 2024. Destaca que esta cifra es la menor en por lo menos nueve años que se tiene desglose al primer trimestre. Esta merma demuestra la baja gobernanza (o la gran discrecionalidad), en el financiamiento de este instituto que atiende a los trabajadores del Gobierno. 

Caso contrario es el IMSS, donde hay mayor gobernanza debido a que el financiamiento es tripartito: gobierno, empleadores y empleados. Ello reduce la discrecionalidad del Estado para aplicar recortes presupuestales. Al 1T de 2025, este instituto ejerció, en salud, un monto de 85.8 mmdp  El recorte es de sólo 2% o 1.6 mmdp y es superior a lo observado entre 2017 y 2021. 

En el caso de las Fuerzas Armadas, el gasto en salud tuvo un desempeño positivo. En la Defensa llegó a 1.9 mmdp, un incremento de 19% (290 mdp) frente al año pasado, aunque se mantuvo por debajo de los mejores niveles alcanzados en 2021. En el caso de la Marina, fue de 822 mdp, un aumento de 1% frente a 2024. 

Recorte sobre recorte

Gran parte del desplome del gasto público en salud en lo que va de 2025 se debe a que el Gobierno ha incumplido el presupuesto aprobado para este año en este rubro. Tanto los sistemas que atienden tanto a las personas aseguradas como a las no aseguradas, han enfrentado medidas de austeridad aplicadas discrecionalmente. 

Por el lado del financiamiento a las personas sin seguridad social, al primer trimestre de este año se han dejado de ejercer 17.2 mmdp o 23.6% de lo aprobado al periodo. Al mes de marzo se tenía aprobado un presupuesto de 73 mmdp pero se erogó sólo 55.8 mmdp. De haberse cumplido con lo acordado, el presupuesto se habría mantenido al mismo nivel que en 2024, si bien por debajo de lo observado entre 2017 y 2020. 

El mayor recorte al presupuesto aprobado se focaliza en el OPD IMSS-Bienestar. Este instituto debió de haber gastado al 1T un monto de 43.7 mmdp, pero ejerció 29.4 mmdp, es decir, 14.2 mmdp (32.6%) menos. Esto demuestra que la mejora de los servicios de salud para las personas más vulnerables, sigue sin ser una verdadera prioridad para el Gobierno. 

En el caso del financiamiento para personas aseguradas, en los tres primeros meses del año se contaba con un presupuesto aprobado de 126.3 mmdp, pero se utilizaron tan sólo 98.1 mmdp, es decir, un recorte de 22.3% o 28.2 mmdp. Tanto el IMSS como el ISSSTE salieron fuertemente afectados.

En el caso del IMSS, el recorte al gasto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) fue de 14.1% (14 mmdp) mientras que en el ISSSTE se dejó de ejercer el 66.4% (14.5 mmdp) del gasto acordado. El recorte en el ISSSTE no sorprende, ya que el Gobierno federal tiene total control sobre su presupuesto. No obstante, destaca negativamente un recorte de tal magnitud en el IMSS, lo cual habla de un deterioro en su gobernanza presupuestaria. 

Conclusión

Los datos del primer trimestre de 2025 muestran con contundencia que el sistema de salud en México enfrenta un deterioro sostenido, producto tanto de decisiones presupuestarias deliberadas como de un manejo fiscal deficiente. A pesar de las promesas de universalización del acceso a la salud, los recortes no solo han afectado el cumplimiento del presupuesto aprobado, sino que han golpeado de forma más severa a quienes carecen de seguridad social —el grupo más vulnerable—. Todo ello pone en evidencia una transición mal planificada y mal financiada hacia el modelo OPD IMSS-Bienestar.

La reducción generalizada del gasto, los programas descontinuados sin alternativas claras, y la falta de transparencia en la reasignación de recursos están generando un entorno de incertidumbre y debilitamiento institucional. Esta situación compromete gravemente la capacidad del Estado para garantizar el derecho a la salud, en particular en regiones marginadas y para poblaciones que dependen exclusivamente del financiamiento público.

Más allá de cifras y porcentajes, el saldo de este arranque de año es preocupante: menos recursos, más personas a atender, y una infraestructura institucional en reconfiguración. Urge una revisión profunda del modelo de financiamiento de la salud en México, basada en evidencia, transparencia y equidad, que anteponga el bienestar de la población por encima de metas fiscales de corto plazo.

  1. Estimación propia según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Consejo Nacional de Población (Conapo). ↩︎

Sin rastro, 256 mil millones para la salud durante el sexenio de AMLO

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Gasto en Salud, Temas selectos.

Según cifras oficiales, el gasto público en salud para la población más vulnerable alcanzó el mayor nivel histórico. Sin embargo, buena parte de ese monto parece que nunca se concretó.

Algo no cuadra en las cifras oficiales. Según ellas, durante el sexenio anterior el gasto público en salud dirigido para las personas más vulnerables promedió 325 mil millones de pesos anuales, su mayor nivel histórico. Pero ¿cómo es posible que en este contexto aumentara el desabasto de medicamentos y hubiera más personas sin acceso a los servicios públicos de salud? 

Además de fallas en la planeación y ejecución, la respuesta radica en que buena parte del gasto oficial en salud parece que nunca se concretó.

Con peras y manzanas…

Según los datos más recientes de la Cuenta Pública, de 2019 a 2024 el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), creado para financiar enfermedades de alto costo de las personas sin seguridad social, erogó 381 mil millones de pesos. Sin embargo, de ese monto, 256 mil millones —equivalentes al 67.2%— fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe), sin que exista información pública que permita rastrear su destino final. 

¿Qué significa esto? En términos simples, el Gobierno registró como gasto ejercido en salud miles de millones en transferencias al Fonsabi, pero luego regresó gran parte de esos recursos a la Tesofe, donde ya no fue posible saber realmente en qué se gastó el dinero: un claro esquema de simulación del gasto y posible desvío de recursos. ¿Qué tan grave es? Este monto sin rastro representa el 13% del gasto en salud para las personas sin seguridad social en el sexenio pasado. 

Si consideramos que todos los recursos que el Fonsabi regreso a la Tesofe, no se utilizaron efectivamente en salud, tenemos que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador el gasto para las personas sin seguridad social promedió anualmente 283 mil millones de pesos, menos que con Enrique Peña Nieto (313 mil millones).

¿En dónde fue usado ese dinero?

En teoría, el dinero reintegrado a la Tesofe “puede” ser utilizado para fortalecer acciones relacionadas a la salud pública. Sin embargo, ¿por qué no gastar en sanidad directamente desde el Fonsabi, en lugar de regresar el dinero a la Tesofe, para luego —en el mejor de los casos— mandar el recurso a la Secretaría de Salud (SSA) o al IMSS-Bienestar? No tiene sentido. 

Existe un gran riesgo de que ese dinero, supuestamente destinado a la salud, haya sido gastado en realidad en las obras prioritarias del Gobierno, ido a parar a los fideicomisos de los militares o haya servido para financiar otros apoyos sociales. 

Lamentablemente, no hay muchas esperanzas de que sepamos realmente dónde quedó ese dinero. Este esquema está avalado por la Ley General de Salud y por la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), por lo cual la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no está obligada a indagar al respecto. Ni hablar de la posibilidad de saber, en el contexto actual, el destino de los recursos mediante mecanismos de acceso a la información. 

La herencia de un fondo para la salud disminuido

Lo que podemos saber con datos oficiales es que Fonsabi dejó de financiar de forma prioritaria enfermedades de alto costo como el cáncer o el VIH/Sida. En 2021, último año con desglose de datos disponibles, hubo un recorte de 97% en el financiamiento al cáncer infantil frente al sexenio de Peña Nieto. 

También sabemos que el Fonsabi cerró 2024 con sólo 32.3 mil millones de pesos, un recorte de 74% frente a 2018. Es decir, Claudia Sheinbaum heredó un fondo para la salud gravemente disminuido. Esperemos que este esquema de opacidad desaparezca con la nueva administración. Lamentablemente, sigue vigente en la Ley.

Opaca Pemex mayor fiscalización al 1T de 2025 

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Finanzas Públicas, Trimestrales. 1 comentario en Opaca Pemex mayor fiscalización al 1T de 2025 

Con mínimo margen fiscal, el Gobierno enfrenta dificultades justo en un momento en que la actividad económica se desacelera ante riesgos externos.

La economía mexicana enfrenta una encrucijada fiscal al inicio de 2025. A pesar del esfuerzo de los contribuyentes y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por sostener la recaudación en un contexto de estancamiento económico, los ingresos del Gobierno federal se han visto mermados. ¿La causa? El bajo desempeño de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya caída en la producción de crudo ha ampliado el boquete que la paraestatal representa para las finanzas públicas.

En el primer trimestre del año, los ingresos petroleros se ubicaron 30% por debajo de la meta, arrastrando a la baja los ingresos totales del Estado. Éstos quedaron 63 mil millones de pesos (mmdp) por debajo de lo programado. La situación se agrava por la política fiscal de apoyo a la petrolera estatal, que continúa absorbiendo recursos públicos en lugar de generarlos.

Para complicar el panorama, la política comercial de Donald Trump en Estados Unidos ha introducido una dosis adicional de incertidumbre sobre el comercio y la inversión, factores clave para la economía mexicana. Con menos margen fiscal, el Gobierno enfrenta dificultades para aplicar medidas de estímulo económico, como el aumento del gasto en inversión o en programas sociales, justo en un momento en que la actividad económica se desacelera ante riesgos externos.

Incluso con los ingresos extraordinarios aportados este año por el Remanente de Operación del Banco de México a las arcas públicas, el Gobierno de México se encuentra francamente desarmado para enfrentar la desaceleración económica y garantizar el bienestar de los ciudadanos. 

Impuestos a contracorriente de la economía

El panorama económico del primer trimestre del año presenta un escenario paradójico. Por un lado se observa un crecimiento económico prácticamente nulo. Por otro lado, se registra una recaudación tributaria que supera las metas. 

En el primer trimestre de 2025, los ingresos tributarios alcanzaron 1,522.1 mmdp al cierre de marzo, superando por 37.8 mmdp (2.5%) a la meta establecida. Se trata de un crecimiento de 17.6% frente al mismo periodo de 2024, la mayor tasa registrada desde 2015. 

El buen desempeño de los ingresos tributarios es sorpresivo incluso para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2026, la autoridad hacendaria estimó que los ingresos tributarios se mantendrían sin cambios en 2025 frente al estimado original para el año. 

La mejora recaudatoria contrasta con el comportamiento general de la economía que registró un débil crecimiento de apenas 0.2% al primer trimestre1. En teoría, una economía en desaceleración conlleva menor creación de empleo y de intercambios comerciales, lo que reduce el cobro de impuestos. 

Sin embargo, de mantenerse este comportamiento en los ingresos tributarios, es posible que, pese a una mayor desaceleración económica, sí se cumplan los objetivos de recaudación planteados en el año. Hay que recordar que los más de 40 especialistas en economía encuestados por el Banco de México (Banxico)2 estimaron en el mes de abril que la economía mexicana crecerá sólo 0.2% del PIB en 2025. 

El as bajo la manga del Gobierno 

Desde 2018, la recaudación de impuestos ha sido menos dependiente del crecimiento económico debido a la mayor fiscalización informal aplicada a los contribuyentes. Año tras año, el Gobierno ha roto récords en la fiscalización, lo que ha permitido un crecimiento constante de los ingresos tributarios. Este año parece no ser la excepción. 

La recaudación por cobranza sin judicialización alcanzó, en el primer trimestre de 2025, un monto de 316.7 mmdp, cifra que representa un incremento de 31.3% (75.6 mmdp) frente al mismo periodo de 2024 o de 269.8 mmdp (575%) respecto al mismo periodo de 2018. Se trata del monto más elevado para un primer trimestre desde que se tiene registro. 

Estas medidas informales de fiscalización provienen de una serie de acciones emprendidas por el SAT para limitar las devoluciones y compensaciones. Esto se logra a través de operaciones de cobranza que no conllevan la determinación de un crédito fiscal formal, evitando que deriven en conflictos legales.

Entre las estrategias se encuentran las cartas invitación que exhortan a los contribuyentes a acudir a las oficinas del SAT, así como las comunicaciones telefónicas y mensajes de texto que promueven la regularización de la situación fiscal por iniciativa propia. El incentivo, tanto para los contribuyentes como para el SAT, es evitar una costosa auditoría que conduzca a un crédito fiscal y posiblemente, a un juicio.

La cobranza formal en potencia 

La otra carta con la que cuenta el Gobierno para aumentar su recaudación de impuestos —pese al mal desempeño de la economía— es la recuperación de adeudos formales. Aunque los ingresos por esta vía han sido limitados en los últimos años, los cambios en la independencia del Poder Judicial podrían mejorar el panorama para el fisco. 

A diferencia de los mecanismos informales que buscan la “auto corrección” de los contribuyentes, los mecanismos formales se basan en la determinación de créditos fiscales. Éstos son adeudos reconocidos formalmente por el SAT, y normados en el Código Fiscal de la Federación, que siguen un claro procedimiento administrativo: determinación, notificación, posibilidad de impugnación y cobro. 

En el primer trimestre de 2025, el monto de créditos fiscales recuperados por el SAT ascendió a 12.8 mmdp, 19.2% (3 mmdp) menos que en el periodo de enero a marzo de 2024. Esto significa que el SAT obtuvo 25 veces más recursos por medios informales que mediante el cobro formal de adeudos. 

Destaca además que los créditos recuperados representaron sólo el 0.44% del total de la cartera de créditos fiscales acumulados a la fecha (2.9 billones de pesos). Se trata de la proporción más baja registrada en por lo menos 15 años. 

La baja recuperación de créditos fiscales de parte del SAT se debe a que estas deudas se cobran a través de un procedimiento jurídico. En él, los pagadores de impuestos tienen la opción de impugnar los adeudos ante el propio SAT o recurrir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). En estos casos, se dice que un crédito fiscal se encuentra controvertido, lo que complica su recuperación. 

Si bien al cierre de marzo se registró un saldo acumulado de 2.9 billones de pesos en créditos fiscales (récord histórico que representa un incremento de 181.5% en comparación con el mismo periodo en 2019), el 66% de estas obligaciones se encuentra en controversia al no ser reconocidas por los propios contribuyentes. Se trata de la mayor proporción registrada en por lo menos 15 años. Es muestra de que los contribuyentes reconocen cada vez menos los adeudos que les imputa el SAT. 

Aunque de momento la recuperación de créditos del SAT se ha visto limitada por procesos legales, esto podría cambiar con la elección popular de miembros del Poder Judicial. Cuando un contribuyente no está de acuerdo con las determinaciones del TFJA, puede presentar un amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito y, de perder dicho amparo, recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto alarga todavía más la recuperación de deudas para el fisco. Si en la elección judicial no se garantiza la imparcialidad de los jueces de dichas instancias, el Gobierno tendría más capacidad de cobro de adeudos, en detrimento de los derechos de los contribuyentes. 

Pemex tira los ingresos del Gobierno

El esfuerzo de los contribuyentes —y del SAT— para incrementar la recaudación tributaria en un contexto de desaceleración económica, fue desperdiciado por el mal desempeño de Pemex. 

Según la Secretaría de Hacienda, la producción de hidrocarburos líquidos (crudo y condensados) durante el primer trimestre de 2025 fue de 1,695 miles de barriles diarios (mbd), 175.3 mbd (9.4%) por debajo de la meta. Por su parte, la producción de crudo (sin condensados) fue de sólo 1,439 mbd, 124 mbd (8%) por debajo de la meta. Este nivel es el más bajo registrado desde 1990, lo que refleja que la productividad de Pemex está lejos de mejorar. 

El persistente desempeño deficiente de la empresa estatal no solo afecta las metas productivas, sino que impacta directamente en los ingresos petroleros, los cuales continúan alejándose de las proyecciones establecidas por la SHCP. Durante el primer trimestre del año, esta brecha fue de 30.3% o 99 mmdp. Desde 2022, no se ha cumplido con la meta de ingresos petroleros. 

En perspectiva histórica, de 2019 a 2025 los ingresos totales provenientes de la explotación del crudo mostraron una disminución de 5.5% (equivalente a 13.2 mmdp). Sin embargo, el impacto ha sido diferenciado: mientras los ingresos petroleros del Gobierno federal sufrieron durante ese periodo una reducción de 55.5% (13.2 mmdp), Pemex incrementó sus ingresos 84.1% (72.6 mmdp). Esto de debe a la reducción de la tasa de derechos cobrados a la petrolera tanto en la modalidad previa del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) como en el esquema actual del Derecho Petrolero para el Bienestar (DPB).

Aunque la Federación recibió más recursos petroleros de parte de Pemex en el primer trimestre de 2025 versus 2024, se mantuvo la política de devolverle parte de la renta petrolera vía transferencias financieras. A través de la Secretaría de Energía (Sener), el Gobierno federal le regresó a Pemex, 80.5 mmdp. De esta forma, en lugar de obtener ganancias por 68.7 mmdp de renta petrolera, el Estado tuvo una pérdida neta de 11.8 mmdp.

Las transferencias que realiza la Administración a Pemex son utilizadas para mantener a flote a la petrolera. En el primer trimestre de este año, registró pérdidas por 43 mmdp3. De mantenerse esta tendencia, el Gobierno federal se verá obligado a mantener el apoyo fiscal a Pemex a costa de reducir sus ingresos para otras políticas públicas. 

Como adelantamos en nuestro Erario al Momento de marzo, los ingresos totales del Estado se quedaron 2.9% o 63.2 mmdp por debajo del programa, debido al desplome de las ganancias petroleras. La situación es igual de grave en el caso de los ingresos del Gobierno federal, que son recursos que financian el gasto en salud, seguridad o educación. Éstos ingresos, principalmente tributarios, no contemplan las contribuciones de las empresas públicas, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Las cifras oficiales muestran que los ingresos del Gobierno federal fueron 2.3% (39 mmdp) mayores a lo estimado al primer trimestre. No obstante, si descontamos las transferencias financieras hacia Pemex, se quedaron 2.5% o 41.1 mmdp por debajo de la meta al primer trimestre. En esta métrica, desde 2022 no se han cumplido los ingresos de la federación en los tres primeros meses del año, lo que ha generado recortes al gasto público. 

Entre la contención del déficit o estimular la economía

Aunque el Gobierno registró mayores ingresos durante el primer trimestre del año, esto no se tradujo en un incremento del gasto público. Por el contrario, se aplicó un recorte del 5.9% (142.1 mil millones de pesos) en comparación con el mismo periodo del año anterior. La razón del recorte: controlar el déficit. 

La reducción del gasto público se ha dado en conceptos que afectan directamente a la población. Así, se redujeron las transferencias y subsidios monetarios que forman parte de los programas sociales. Este concepto del gasto presenta una caída real de 31.7% (161.3 mmdp) frente al primer trimestre del año anterior. 

Esta caída es contraria a la intención de Hacienda de impulsar el crecimiento económico precisamente a través de estos programas. De acuerdo con el plan que presentó el Secretario de Hacienda el pasado 6 de mayo, se busca estimular la demanda interna de la economía por medio de los programas sociales y las compras gubernamentales4. De acuerdo a su argumento, contar con un mercado interno con mayor capacidad de compra permitiría la sustitución del 10% de importaciones manufactureras. 

Visto de este modo, la Secretaría de Hacienda quiere reactivar la economía con enfoque keynesiano, estimulando la demanda de los hogares mediante un aumento en las transferencias y subsidios gubernamentales. El problema es que, en los hechos, el recorte al gasto va en sentido contrario a esa intención.

En los siguientes meses también se ve difícil que se incremente el gasto público, incluso tomando en cuenta los ingresos extraordinarios por el Remanente de Operación del Banco de México (ROBM) que recibió la SHCP. Estos ingresos son parte de las ganancias que obtiene Banxico por sus activos en moneda extranjera, los cuales deben ser entregados al Gobierno a más tardar el 30 de abril. 

Este año se entregaron apenas 18 mmdp, de los cuales al menos el 70% (12.6 mmdp) deben ser destinados para pagar deuda pública o reducir el déficit fiscal para el año en curso. El restante 30% (5.4 mmdp) debe ser destinado a los ahorros del Estado en los fideicomisos públicos5. 

En este contexto, el uso del ROBM apenas ayudaría a reducir el déficit fiscal en un punto porcentual (12.4 mmdp). Un impacto marginal frente al boquete presupuestal de 1.4 billones de pesos que se espera para final de año. Aunque el Gobierno podría utilizar los 5.4 mmdp asignados a fideicomisos, para compensar parcialmente la caída en los ingresos, esta cifra resulta claramente insuficiente: los ingresos van 63 mmdp por debajo de lo previsto, por lo que estos recursos no alcanzan para cerrar la brecha.

De este modo, el ROBM, que pudo haber representado un respiro fiscal para el Estado y brindado un mayor margen de maniobra para estimular la demanda, resultó insuficiente ante los desafíos económicos que actualmente enfrenta la economía mexicana. Así, estimular la economía vía incremento del gasto, sólo podría realizarse a costa de mayor deuda pública. 

Además, la inversión física, que es fundamental para promover el crecimiento económico, presentó una reducción de 12.32% (28.7 mmdp) en el mismo periodo de comparación. Ello es reflejo de la culminación de obras de infraestructura del sexenio anterior. Falta esperar que este año comiencen los nuevos ciclos de inversión de los proyectos de la actual administración, los cuales ya llevan un retraso importante.   

Entre los principales proyectos de inversión programados para este año —como los trenes de pasajeros— hay varios que aún no han iniciado. Por ejemplo, el Tren Interurbano México-Toluca, que cuenta con un presupuesto de 1,556 millones de pesos, no registra avances al primer trimestre. Lo mismo ocurre con los proyectos del tren AIFA-Pachuca, así como los de las rutas México-Nuevo Laredo y México-Nogales, entre otros. 

El único concepto del gasto con un incremento considerable es el pago de intereses y servicio de la deuda pública. Al primer trimestre, aumentó 11.7% (31.7 mmdp). Es el concepto del gasto con mayor crecimiento real en comparación frente al año anterior. Este gasto no tiene potencial de dinamizar la economía ya que se trata de pagos a grandes acreedores privados, no a sectores de la población que incrementan su consumo al momento de recibir más ingresos. 

Una buena noticia es que con los recortes al gasto público se está cumpliendo con el recorte del déficit fiscal prometido para este año. Así, al primer trimestre del año, la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno resultó en un déficit de 138.9 mmdp, lo cual es 70.4% (330.9 mmdp) menor al déficit público del último año del sexenio anterior.  

Incluso al considerar el déficit fiscal ampliado —que incluye el financiamiento extrapresupuestario— se registra una reducción real del 71% (381 mil millones de pesos). Desde cualquier ángulo, los recortes al gasto han contribuido a reducirlo de forma decisiva frente al año pasado. No obstante, cuando se compara con años anteriores, el déficit se mantiene en niveles históricamente elevados, lo que evidencia que el reto fiscal está lejos de haberse resuelto.

Desde una perspectiva más amplia, el déficit público sigue siendo uno de los principales desafíos para las finanzas del Gobierno este año. Está enmarcado en un contexto en el que la economía apenas está creciendo 0.2% en términos trimestrales. 

Al comparar el balance público del primer trimestre de cada año en que inicia una nueva administración, el de 2025 destaca como el más elevado de las últimas cinco gestiones. El déficit alcanzó los 138.9 mmdp, lo que es 322% (106 mmdp) mayor respecto al registrado en 2019, cuando fue de apenas 32.9 mmdp. La diferencia es aún más notable si se contrasta con los años 2013, 2006 o 2001, en los que el Estado arrancó con superávit: es decir, con más ingresos que gastos.

Aunque es una buena noticia el recorte del déficit frente al año anterior, sigue estando en un nivel muy elevado. El dato es preocupante si consideramos lo que el Gobierno está pagando en intereses y servicio de la deuda. 

Conclusión

Como mencionamos al principio, el pago de intereses y servicio de la deuda pública, es el concepto del gasto con mayor crecimiento anual en el primer trimestre del año. Es incluso mayor a la inversión física, al pago de nómina de los trabajadores del Estado, y si —como mencionamos— mayor a los programas sociales. 

De enero a marzo el Gobierno desembolsó 302 mmdp para cubrir los intereses y los gastos relacionados con la deuda pública, esto implicó un crecimiento real de 62.8% (116.8 mmdp) frente a lo que se pagaba en el primer trimestre de 2019. El incremento se ha dado en mayor medida en los intereses de la deuda en moneda nacional, los cuales incrementaron 135.7% (120.2 mmdp) frente al mismo periodo de comparación.

Sin ingresos extraordinarios que amplíen el margen fiscal, el Estado tendrá que continuar con los recortes en la inversión y subsidios, para contener un déficit aún elevado. Con el costo de la deuda al alza y una economía en incertidumbre, persiste un dilema de fondo: ¿Gastar más para estimular la economía a costa de un incremento en la deuda, o continuar los recortes priorizando controlar el déficit?

Notas al pie:

  1.  INEGI, 2025. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/pibo/2018/ ↩︎
  2. Banco de México (Banxico). Encuestas sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Encuesta del mes de abril. Disponible en: https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=24&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA233&locale=es ↩︎
  3. Pemex (2025). Resultados al Primer Trimestre de 2025. https://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados/Reporte%201T25.pdf ↩︎
  4. El Financiero. (2025, mayo 6). Presenta SHCP estrategia para adicionar 0.7 pb al crecimiento. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2025/05/06/presenta-shcp-estrategia-para-adicionar-07-pb-al-crecimiento/ ↩︎
  5. Esto de acuerdo con el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). ↩︎