Autor: México Evalúa

Pemex recibe apoyos billonarios, pero no sale de pérdidas

Escrito por México Evalúa en marzo 4, 2025. Publicado en Analisis, Anuales, Finanzas Públicas, Sexenales.

Ahora la soberanía energética está más lejos que antes. Al cierre del sexenio, el Gobierno apoyó a Pemex con 2.2 billones de pesos, mientras la empresa reportó 1.8 billones de pérdidas tras seis años de ser “rescatada”.

En materia energética, la principal apuesta del sexenio anterior fue: 1) “rescatar” a Petróleos Mexicanos (Pemex), de las millonarias pérdidas en las que la empresa estaba hundida, y 2) buscar incrementar los niveles de producción con el fin de lograr la soberanía energética. Pero al cierre del sexenio, el Gobierno incurrió en incentivos perversos: destinó 2.2 billones de pesos en apoyos, mientras la empresa reportó 1.8 billones de pérdidas tras seis años de ser “rescatada”. Ahora la soberanía energética está más lejos que antes.

¿En qué consistió el rescate?

Cuando terminó la administración de Enrique Peña Nieto (EPN), la petrolera mexicana contaba con deudas financieras con un valor de 4.8 billones de pesos. El tamaño de su pasivo era tan grande que incluso era mayor al valor total de la empresa (2.86 billones de pesos), por lo que en términos financieros se decía que la empresa estaba en bancarrota. Esto debido a que incluso vendiendo toda la empresa no podría pagar la totalidad de sus deudas.

La decisión del sexenio anterior fue rescatar a la empresa mediante dos estrategias principales. Primero mediante las transferencias financieras a la empresa, que en otras palabras es la entrega directa de dinero a las arcas de la petrolera. Estas aportaciones tenían el objetivo de financiar la construcción de la refinería Dos Bocas, y rehabilitar las ya existentes; pero principalmente, de fortalecer la posición financiera de Pemex.

La segunda estrategia fue la reducción de la tasa del impuesto que debe pagar la empresa por el aprovechamiento del petróleo mexicano, pero también el “perdón” del pago de estos impuestos. Cuando el equipo de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió la empresa, ésta pagaba hasta el 65% por el Derecho de Utilidad Compartida (DUC), que es el principal impuesto que paga la empresa por la extracción y venta del petróleo mexicano. Sin embargo, para 2024 la tasa que paga se redujo hasta el 30%.

Además de que ahora paga menos menos impuestos, Hacienda le permitió durante el sexenio aplazar su pago y, al mismo tiempo perdonarle otros impuestos. Por ejemplo, en febrero de 2024, le condonó los últimos tres meses de 2023 y en agosto de 2024 le perdonó el saldo del DUC de mayo a julio de 2024. Esto provocó que los ingresos petroleros exclusivos del Gobierno federal tocarán su peor nivel desde 1990, como lo explicamos en esta nota de investigación.

En resumidas cuentas, la estrategia de la administración anterior fue, por un lado, darle dinero a la empresa para impulsar una mejoría productiva y financiera, y a la vez dejarle de cobrar impuestos para que la empresa se quede con mayores ganancias por el aprovechamiento del petróleo. Esta última estrategia resulta ser sumamente costosa al Gobierno, porque obtiene menos recursos para financiar otros gastos, como pueden ser salud, educación o seguridad pública.

¿Cuáles fueron los resultados?

Empezando por la parte de las deudas de la empresa, tenemos que, al cierre del sexenio anterior, Pemex continuó con una deuda por arriba de los 4.2 billones de pesos. Si bien se redujo en 12% (571 mmdp) frente al cierre de 2018, aún sigue siendo superior al valor de la empresa. En términos simples, después de seis años, Pemex sigue en quiebra técnica: incluso si se vendiera por completo, el dinero no alcanzaría para pagar todas sus deudas. La causa es que sus pasivos son 1.8 veces mayores que el valor total de la empresa. Para contextualizar, al cierre de 2018 esa deuda era 1.7 veces el valor de la empresa.

Pemex sigue en quiebra técnica porque los últimos seis años continuó generando pérdidas. Tan sólo en 2024, la empresa petrolera reportó pérdidas por 620 mmdp. Así, durante el sexenio anterior, las pérdidas totales de la empresa sumaron 1.8 billones de pesos. Esto representa prácticamente el 81% de los 2.2 billones que le otorgó el gobierno en apoyos fiscales.

Paradójicamente, las principales pérdidas de Pemex provienen del segmento encargado de la refinación del petróleo, la principal apuesta del gobierno de AMLO.

Pérdidas millonarias por una mala apuesta a la refinación

Si analizamos a Pemex por segmento de negocios, observamos que la refinación de petróleo es el negocio que ha generado más pérdidas durante el sexenio anterior, incluso generando más que en el sexenio de EPN.

Al cierre de 2024, Pemex Transformación Industrial (TRI), encargada principalmente de llevar a cabo la refinación de petróleo, reportó pérdidas por 585.8 mmdp, lo cual es 8.5 veces mayor a las pérdidas que reportó al cierre del sexenio de Peña Nieto.

Las pérdidas de Pemex TRI reflejan las ineficiencias operativas en la refinación de petróleo, ya que los costos de producción superan significativamente los ingresos por la venta del producto refinado. A lo largo del sexenio, la subsidiaria operó con gastos superiores a sus ingresos, llegando en algunos casos a ser hasta un 14% mayores que sus ventas.

Los apoyos que se le otorgaron a Pemex TRI durante los últimos seis años no mejoraron la rentabilidad de refinar el petróleo mexicano. En vez de ir hacia una mayor rentabilidad por la refinación, esto generó más pérdidas que en el sexenio de EPN cuando se apostó más por reformas estructurales que incentivarán la competencia y con ello la eficiencia de la empresa.

Pemex exploración y producción: incentivos que promueven las ineficiencias

Otro de los eslabones en la cadena de valor del sector petrolero es la exploración y producción de petróleo crudo, en donde opera Pemex Exploración y Producción (EP). Esta subsidiaria se encarga principalmente de la exploración y extracción del petróleo crudo y otros hidrocarburos en el territorio nacional.

Pemex EP fue el otro segmento de la cadena de valor objeto del “rescate”, que consistió en la reducción de los impuestos que paga Pemex EP. Esa estrategia operó como un incentivo perverso. En lugar de mejorar su eficiencia operativa, la subsidiaria incurrió en mayores costos respecto al sexenio de EPN. También produjo menos. Por ende, sus ingresos por ventas de petróleo también fueron menores.

Para ayudar a Pemex, el Gobierno federal redujo el DUC, gravamen que se aplica directamente a la extracción de hidrocarburos, actividad que realiza Pemex EP. Esta medida se tradujo en una caída del 80% (484 mmdp), en los impuestos totales pagados por la subsidiaria al cierre de 2024, frente a lo que pagó en 2018. En 2024 pagó tan solo 124.6 mmdp en impuestos, cuando en 2018 llegó a pagar 609 mmdp.

La reducción de impuestos “infló” artificialmente las ganancias de Pemex EP, durante un par de años. En 2022 y 2023, cuando recibió los mayores estímulos fiscales, la subsidiaria operó con ganancias promedio de 214 mmdp. Dicho de otro modo, las ganancias no se deben a una mejora real en su rentabilidad, sino a la disminución en el pago de impuestos. En realidad, lejos de volverse más eficiente, la empresa ahora opera con mayor ineficiencia.

Al cierre de 2024, Pemex EP cerró con pérdidas por 37 mmdp, un reflejo de que sus ingresos por ventas cayeron 27% (321 mmdp) frente a 2018. Al mismo tiempo, sus gastos fueron 24% (102 mmdp) mayores a los que incurrió en el mismo periodo de comparación. En otras palabras, gano menos y gasto más.

Además, como explicamos en esta nota, Pemex sigue sin frenar su declive productivo. Al cierre de 2024, su producción promedio de crudo cayó a 1,485 mil barriles diarios (mbd), el nivel más bajo desde que hay registro en 1990. Además, quedó muy por debajo de la meta de 1,745 mbd, fijada por la Secretaría de Hacienda para ese año. De hecho, a lo largo de todo el sexenio de López Obrador, la petrolera nunca alcanzó sus objetivos de producción.

En resumen, las dos principales estrategias para rescatar a Pemex, mediante los apoyos a Pemex TRI y Pemex EP, terminaron siendo incentivos perversos. Nunca estuvieron condicionados a un verdadero cambio institucional, operativo y de rentabilidad de la empresa. Después de seis años y 2.2 billones de pesos, Pemex sigue en quiebra técnica, con menores niveles de producción y, en términos financieros, generó pérdidas por 1.8 billones de pesos.

En búsqueda de un nuevo modelo para el sector energético.

Como mencionamos en el análisis de la CFE, la nueva administración tiene la oportunidad de replantear la política energética del país. Continuar con la estrategia de mantener simultáneamente el apoyo financiero a una empresa que sigue generando pérdidas, y subsidiar los precios de las gasolinas, no es una estrategia sostenible. Ambas políticas han drenado los recursos públicos sin generar mejoras estructurales en el sector. Es necesario un replanteamiento que priorice la eficiencia y la viabilidad financiera, en lugar de perpetuar un modelo que compromete la estabilidad fiscal del país.

Una solución viable es gestionar el sector energético (petrolero y eléctrico) mediante una política industrial diseñada a la medida del país. Esto implica reconocer que los subsidios y apoyos fiscales pueden ser herramientas necesarias, pero sólo si están condicionados a objetivos y resultados medibles. Para maximizar su impacto, es clave establecer un esquema de incentivos que premie la eficiencia, la innovación y la productividad, al tiempo que sancione las ineficiencias. Este enfoque no solo optimizaría el uso de los recursos públicos, sino que también impulsaría un cambio institucional, productivo y tecnológico que fortalezca la competitividad del sector energético en el largo plazo.

Más subsidios, menos inversión y más deuda: el caso de la CFE

Escrito por México Evalúa en febrero 27, 2025. Publicado en Analisis, Anuales, Finanzas Públicas, Sexenales.

Los resultados operativos de la CFE se han deteriorado en los últimos seis años. Aunque se buscó fortalecerla como pilar del sector energético, su dependencia de subsidios creció sin asegurar un suministro eléctrico suficiente.

Durante el Gobierno anterior, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sufrió un deterioro financiero y operativo. Aunque se buscó fortalecerla como pilar del sector energético, su dependencia de subsidios creció sin asegurar un suministro eléctrico suficiente. Durante el mandato de López Obrador, recibió 97% más en subsidios que en el de Peña Nieto, pero invirtió 5% menos y pagó 36% más en intereses de la deuda. Aquí la historia de cómo se han mantenido las ineficiencias de esta empresa pública del Estado.

Así como en sexenios previos, de 2019 a 2024 la CFE no generó ingresos suficientes para cubrir sus propios gastos. Así, operó con un déficit promedio anual de 119 mil millones de pesos (mmdp) antes de subsidios y transferencias financieras. Este déficit fue dos veces superior al promedio del periodo de 2013 a 2018 (56 mil millones de pesos).

Es importante descontar los ingresos por subsidios y transferencias financieras que recibe la CFE para visualizar el verdadero desempeño de su economía. Por ejemplo, de 2013 a 2016 la paraestatal obtuvo 392 mmdp en transferencias financieras de parte de la Secretaría de Energía (Sener). Estos recursos no fueron contabilizados como subsidios propiamente, pero ayudaron a la empresa a salir de números rojos.

Durante el sexenio anterior, la Sener no hizo aportaciones a la CFE, pero la empresa obtuvo en promedio 26 mmdp cada año bajo el concepto de “otros ingresos”. Según la Cuenta Pública, en este concepto se reflejan los pagos de clientes para obtener la conexión a la red eléctrica, coberturas financieras y arrendamientos.

En otras palabras, los resultados operativos de la CFE se han deteriorado en los últimos seis años. }

Subsidios para mantener insuficiencias presupuestarias

Se ha señalado que el modelo actual para fijar las tarifas eléctricas de la CFE, especialmente en el sector doméstico y agrícola, no cubre los costos reales de la empresa. Como resultado, el Gobierno federal subsidia estas tarifas, permitiendo que la electricidad se venda por debajo de su costo real de generación.

Si bien es cierto que el modelo actual asume implícitamente que el Estado debe subvencionar las tarifas eléctricas, es clave considerar qué hace la CFE para reducir sus costos de generación y mejorar su eficiencia operativa y financiera. Una mayor eficiencia permitiría disminuir la dependencia de los subsidios. Ello haría que la energía eléctrica sea más accesible de manera sostenible.

Sin embargo, durante el último sexenio, la CFE recibió más subsidios, invirtió menos y pagó más intereses por su deuda. En total, durante la administración de AMLO, la empresa recibió 523 mmdp en subsidios para mantener las tarifas eléctricas por debajo de su costo de producción. Esto representa un aumento del 97% (257 mmdp) en comparación con las subvenciones otorgadas durante el gobierno de Peña Nieto.

Durante el sexenio de Obrador, la CFE destinó recursos propios por 295 mmdp en inversión física, una cifra 5% menor (16 mmdp menos) que la ejercida por el mismo motivo en la administración de Peña Nieto. Es decir, recibió más subsidios pero invirtió menos.

Hay que aclarar que nosotros sólo contabilizamos la inversión oficial de la CFE reportada por la Secretaría de Hacienda. No consideramos la compra de centrales de Iberdrola ya que dicha inversión fue realizada con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y no se contabiliza como inversión presupuestaria de la energética.

Por otro lado, un concepto que sí tuvo un incremento destacable el sexenio anterior fue el costo de los intereses y servicio de la deuda: gastó 202 mmdo, lo que representa un aumento del 36% (54 mmdp más) en comparación con el sexenio anterior.

A pesar del ahorro que representan para los consumidores finales, en realidad los subsidios a las tarifas eléctricas benefician principalmente a los consumidores de mayores ingresos. Además, pueden fomentar un uso ineficiente de la energía, lo que contribuye al desperdicio y al impacto ambiental. Por si fuera poco, han debilitado la gestión de la CFE. Al garantizar recursos sin exigir mayor eficiencia, se reducen los incentivos para optimizar costos operativos e invertir en infraestructura más productiva y sustentable. Como resultado, en lugar de fortalecer su capacidad y transitar hacia energías más limpias, en el último sexenio la CFE invirtió menos, pero gastó más en el pago de intereses de su deuda, reflejando un deterioro financiero en lugar de una modernización.

Incluso con compra de Iberdrola no mejoró la inversión

Como hemos mencionado, en nuestros cálculos de inversión en infraestructura no consideramos la compra de 13 centrales de Iberdrola, ya que oficialmente no fue un gasto de la CFE, sino del Fonadin. No obstante, incluso si sumamos los 6,200 millones de dólares (mdd) anunciados en 2023 para este fin, la inversión de la CFE se queda por debajo frente a otros sexenios.

Si ponderamos la inversión de la CFE por el tamaño de la población, durante el sexenio anterior se invirtieron en promedio 399 pesos por persona al año en infraestructura para la industria eléctrica, incluyendo los recursos para la compra de las 13 centrales. Esto es un 5.2% (22 pesos per cápita) menos que en el gobierno de Peña Nieto. Además, en términos históricos, esta cifra representa la inversión per cápita más baja desde el sexenio de Zedillo.

Le queda como reto al nuevo Gobierno aumentar y eficientar la inversión en la industria eléctrica considerando el crecimiento poblacional, de modo que garantice un abastecimiento sin interrupciones de la electricidad para los hogares y las empresas.

La política industrial del sector energético

Claudia Sheinbaum enfrenta un panorama complicado en términos de la política pública del sector energético. En el paquete económico 2025, se deja leer entre cifras la intención de continuar en términos de presupuesto con la misma tendencia que el sexenio anterior. Esto es: manteniendo los subsidios perversos —no sólo los de CFE, también los de Pemex—, sin estar sujetos a cambios verdaderos en términos institucionales, productivos y financieros.

Para revertir esta tendencia, es fundamental replantear el sector energético desde una perspectiva de política industrial moderna, lejos del modelo proteccionista que data de los años 60 del siglo pasado, y que promovía el tipo de ineficiencias que aquí hemos expuesto. El economista Dani Rodrik sostiene que, para que un sector productivo como el energético prospere, los incentivos gubernamentales son necesarios, pero deben ser temporales y basados en resultados. Esto implica una estructura de premios y castigos que sancione las ineficiencias y recompense la productividad. Bajo este enfoque, el sector energético debe además abrirse a nuevos participantes, de modo que se fomente la competencia y la innovación para fortalecer su desarrollo.

El debilitamiento del federalismo fiscal en el sexenio 2018 – 2024

Escrito por México Evalúa en febrero 27, 2025. Publicado en Analisis, Anuales, Finanzas Públicas, Sexenales.

En más de cuatro administraciones no se había registrado una caída en los recursos que otorga la Federación a los estados. Así, el sexenio anterior dejó un precedente negativo para el federalismo fiscal.

El sexenio anterior sentó un precedente incierto para el federalismo fiscal: al cierre de 2024, los recursos que otorgó la Federación a los estados fueron inferiores frente al cierre del sexenio de Peña Nieto. En más de cuatro administraciones no se había registrado una caída de estos recursos de manera sexenal.

A pesar de que el Gobierno llevó su gasto público en 2024 a niveles récord —como ya lo hemos detallado— el llamado gasto federalizado, tuvo un retroceso. En otras palabras, el Gobierno central aumentó su poder a costa de debilitar la autonomía financiera de estados y municipios.

El gasto federalizado perdió participación dentro del presupuesto total, cayendo a su menor registro desde 1998: un indicador clave de la centralización del gasto público. A lo largo del sexenio, el gasto dirigido a estados y municipios pasó de representar 34% del total con Peña Nieto a 30% con López Obrador, revirtiendo los avances en descentralización de las últimas décadas.

El análisis de sus componentes muestra una clara ralentización en las participaciones y aportaciones, mientras que los recursos no protegidos por la ley, como los subsidios del Ramo 23 y la protección social en salud, sufrieron recortes aún más drásticos. En términos per cápita, los estados recibieron menos recursos que en administraciones anteriores, y la distribución fue desigual, beneficiando a algunas entidades mientras que otras experimentaron reducciones significativas.

Este artículo analiza en detalle cómo y por qué el gasto federalizado se estancó, sus implicaciones en la provisión de servicios locales y cómo esta política reforzó el control del gobierno central sobre los recursos públicos, afectando a los gobiernos estatales y municipales.

Menos recursos y un gasto irregular: el saldo del federalismo fiscal

A pesar de que en 2024 alcanzó su nivel más alto del sexenio, la evolución del gasto federalizado a lo largo de la administración de López Obrador no fue favorable. Al cierre de su gestión, los recursos transferidos a estados y municipios sumaron 2,590 mil millones de pesos (mmdp), un aumento de 2.5% (63 mmdp) respecto a 2023, pero 2 mmdp menos (-0.1%) que el monto observado en 2018. Cabe destacar que, con 2,592 mmdp Peña Nieto dejó el mayor nivel de recursos para los estados desde 1998.

Para entender mejor el impacto del gasto federalizado, es clave analizarlo en términos reales por habitante. Esto, además de mostrar cómo afecta la inflación, también indica cuántas personas dependen de esos recursos. Es como si alguien ganara 20 mil pesos al mes y su salario se ajustara por inflación, manteniendo su poder adquisitivo. Al principio, solo se mantenía a sí mismo, pero si después tiene un hijo, el mismo dinero debe alcanzar ahora para dos personas. Lo mismo ocurre con el presupuesto público: una cifra en términos reales no basta para saber si cubre las necesidades actuales, porque también importa cuántos habitantes lo comparten.

A pesar de los discursos sobre fortalecer a estados y municipios, el sexenio de López Obrador dejó el peor gasto federalizado por habitante desde 2012. Es decir, hubo un retroceso de 12 años en el federalismo fiscal. En 2024, a nivel nacional, el gasto federalizado fue de 19,579 pesos por persona, pero en 2018, último año de Peña Nieto, el monto per cápita fue de 20,574 pesos. Esto significa que al cierre del sexenio anterior los estados ya recibían casi mil pesos reales menos por persona.

Además, el dato de 2024 es inferior al máximo registrado de 2016 con 20,961 pesos per cápita, es decir, alrededor de 1,400 pesos reales menos en comparación con el mejor año de la serie, desde 1998 que hay datos disponibles.

Recortes y estancamiento: el debilitamiento del gasto federalizado

Durante toda la historia reciente desde 1990, el gasto federalizado había reportado incrementos constantes. Esto cambió con la llegada de López Obrador a la presidencia.

Al término del sexenio de Vicente Fox, los recursos entregados a los estados desde la Federación se incrementaron en 51.9% frente al cierre del sexenio de Ernesto Zedillo. Esto se debió al gran aumento de los recursos petroleros. Con Felipe Calderón, el gasto federalizado aumentó en 30% y con Enrique Peña Nieto aumentó 16.7%. Por el contrario, como hemos dicho, con AMLO cayó 0.1%

Al analizar los componentes del gasto federalizado, se observa que sus dos principales elementos, participaciones y aportaciones, experimentaron su crecimiento más lento en los últimos tres sexenios. Esto es preocupante, ya que las participaciones son recursos de libre disposición para estados y municipios, mientras que las aportaciones tienen usos predeterminados en sectores esenciales para el desarrollo humano, como salud, educación y seguridad pública.

Las cifras confirman este estancamiento. En 2024, las participaciones crecieron 10% respecto al cierre del sexenio anterior. En contraste, en 2018, al final de la administración de Peña Nieto, aumentaron 35%, el mayor crecimiento registrado al cierre de un sexenio. Incluso Calderón, con un desempeño menos favorable, logró un crecimiento del 16%, aún por encima de López Obrador. Con Fox el aumento fue de 40%

El estancamiento también se refleja en las aportaciones, cuyo crecimiento en el último año de López Obrador fue prácticamente nulo, con un aumento de apenas 4%. Esta cifra es la mitad del incremento registrado en el último año de Peña Nieto (8%) y está aún más lejos del desempeño de Calderón, quien al cierre de su administración logró un crecimiento de 14% en estos recursos y Fox de 36%

El bajo desempeño de las participaciones con López Obrador se debe a la caída de la Recaudación Federal Participable (RFP), es decir, la bolsa de recursos tributarios y petroleros a repartir entre la federación. La reducción de la RFP se debe al colapso de la recaudación petrolera del Gobierno federal, como explicamos en esta nota.

El lento crecimiento de las aportaciones también está ligeramente relacionado con el bajo crecimiento económico y los apoyos a Pemex. Esto es porque el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) también se calculan según la RFP¹. Además, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) también fue recortado con López Obrador, por el nuevo esquema de centralización del presupuesto en salud que explicamos en esta investigación.

Si bien el lento crecimiento de las participaciones y aportaciones ya es preocupante, las caídas en otros componentes del gasto federalizado fueron aún más drásticas. Dos rubros clave, los subsidios del Ramo 23 y los convenios de descentralización y reasignación, sufrieron fuertes recortes que limitaron aún más la capacidad financiera de los gobiernos locales.

Los subsidios del Ramo 23, que financian servicios esenciales y contribuyen a las condiciones laborales de los servidores públicos estatales y municipales, se desplomaron 88% en el último año de López Obrador en comparación con el cierre del sexenio de su predecesor. Este recorte es aún más llamativo si se considera que, en 2018, Peña Nieto aumentó estos recursos 34%, y con Calderón casi se duplicaron, con un crecimiento de 98%.

Por su parte, los convenios de descentralización y reasignación, que distribuyen recursos para que los estados adapten políticas locales a sus necesidades, se mantuvieron prácticamente estancados en el último año de López Obrador. Aunque en 2018 estos recursos cayeron 7% en comparación con el último año de Calderón, el sexenio previo tuvo un desempeño mucho mejor. En 2012, estos convenios aumentaron 92%, brindando mayor flexibilidad y financiamiento a los gobiernos locales.

La caída en estos componentes del gasto federalizado confirma que el gobierno de López Obrador no sólo redujo la cantidad de recursos transferidos, sino que limitó la capacidad de los estados y municipios para gestionar políticas públicas y garantizar servicios básicos, debilitando aún más el federalismo fiscal.

Estancamiento de la descentralización fiscal

Lejos de fortalecer la distribución de recursos a estados y municipios, el gasto federalizado bajo López Obrador se mantuvo estancado. Lo confirma su porcentaje en el producto interno bruto (PIB), que refleja una menor prioridad en la distribución de recursos hacia estados y municipios. En 2024, representó 7.6% del PIB, y salvo por 2020², cuando alcanzó 8%, nunca superó ese nivel.

En 2024 el gasto federalizado se ubicó 0.3 puntos porcentuales por debajo de 2018, cuando Peña Nieto dejó el gasto federalizado en 7.9% del PIB, y está un punto por debajo del máximo alcanzado en 2014 y 2015, cuando llegó a 8.6% del PIB. Estos datos señalan que, lejos de fortalecerse, el gasto federalizado perdió peso, lo que limitó los presupuestos públicos para estados y municipios a lo largo del sexenio.

Al analizar el comportamiento promedio del gasto federalizado en todo el sexenio, queda claro que López Obrador no sólo redujo estos recursos en comparación con Peña Nieto, sino que los dejó en niveles similares a los de Calderón, pese a contar con un componente adicional. En promedio anual, el gasto federalizado representó 7.7% del PIB, 0.6 puntos porcentuales menos que el 8.3% registrado en el sexenio de Peña Nieto. Incluso, este promedio es casi igual al de Calderón (7.5%), a pesar de que durante su administración el gasto en protección social en salud comenzó a presupuestarse hasta 2012, el último año de su mandato.

Las transferencias intergubernamentales en México siempre han sido insuficientes en términos históricos, pero además quedan por debajo de algunas referencias internacionales. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2023, las transferencias del gobierno central mexicano representaron 7.4% del PIB, un nivel que, si bien supera a países de la región como Costa Rica (1.4%) y Chile (0.3%), sigue estando lejos de lo que destinan otras economías con estructuras fiscales más descentralizadas. En el extremo opuesto, países como Lituania (8.2%) y Estonia (8.5%) asignan mayores proporciones de su PIB a estos recursos, a pesar de tener territorios y poblaciones más pequeñas. En el caso de México, la descentralización fiscal debe responder a una gran variedad de necesidades en distintos estados y municipios, lo que hace aún más evidente la insuficiencia de las transferencias.

Menos recursos, más desigualdad

En un país con una extensión de más de 1,970 km² y más de 130 millones de habitantes divididos en 32 entidades federativas, la distribución adecuada del gasto federalizado es fundamental para las finanzas públicas de estados y municipios. De hecho, en promedio representa alrededor del 85% de su presupuesto total, por lo que es clave para reducir desigualdades y asegurar el desarrollo regional. Gran parte de la capacidad de los gobiernos locales para implementar políticas públicas y garantizar servicios básicos depende de estos recursos.

Durante el sexenio de López Obrador, el gasto federalizado por habitante, descontado el FASSA, fue de 18, 211 pesos, inferior a los 19,510 promediados durante el sexenio de Peña Nieto. Se trata de una diferencia de más de mil pesos por persona.

¿Por qué descontar al FASSA de la ecuación? Este fondo sufrió una reducción del 27% en 2024³ porque los estados cedieron la responsabilidad de la salud pública a la Federación. Al excluir el FASSA se ve claramente que —independientemente de ese recorte— el gasto federalizado presenta un retroceso frente a sexenios pasados. En otras palabras: el gasto federalizado por habitante no se ha reducido porque los estados tengan menos responsabilidades, como la salud pública, sino una menor gobernanza, como se explicó previamente.

Así, Baja California Sur, Campeche y Tabasco⁴ fueron los estados con mayores asignaciones, con poco más de 24 mil pesos por persona cada uno. En contraste, Jalisco, Guanajuato y el Estado de México estuvieron en el otro extremo, con menos de 16 mil pesos per cápita, respectivamente. Este último —el Estado de México— la entidad con menor captación por persona, recibió casi 9 mil pesos menos por habitante en comparación con Baja California Sur. Estos contrastes reflejan una distribución desigual de los recursos, lo que limita la capacidad de ciertas entidades para atender las necesidades de su población.

Como si no fuera suficiente, incluso excluyendo el disminuido FASSA, el gasto federalizado por habitante bajo López Obrador siguió siendo muy inferior al del último año de Peña Nieto. En promedio, sin contar dicho recorte, en promedio los estados recibieron mil pesos menos por habitante. Sólo cinco entidades federativas —Nuevo León, Oaxaca, Guanajuato, Chihuahua y Sonora— recibieron más recursos que en 2018, aunque algunos de los incrementos fueron mínimos. Guanajuato apenas obtuvo 300 pesos anuales más por persona, mientras que Chihuahua y Sonora captaron 45 y 39 pesos más, cifras insuficientes para cubrir los altos costos del sector salud.

En contraste, 27 estados recibieron menos transferencias federales: Campeche fue el más afectado, perdiendo casi 5,100 pesos por persona, seguido por Baja California Sur y Durango, con recortes de aproximadamente 2,800 pesos por habitante. Estos datos reflejan que, lejos de fortalecer el financiamiento de los estados, el Gobierno redujo los recursos disponibles.

Centralización del gasto: el declive del gasto federalizado

Durante el sexenio de 2019 – 2024, el gasto federalizado perdió peso dentro del presupuesto público, debilitando aún más el federalismo y reforzando la centralización del gasto en el gobierno federal.

En 2024, el gasto neto total ascendió a 9.2 billones de pesos, un monto histórico impulsado por el mayor endeudamiento. No obstante, el gasto federalizado fue de sólo 2.6 billones, inferior a lo observado en 2018. Para decirlo claro: el gobierno central aumentó su uso de recursos mediante la deuda, pero no compartió la bonanza con los estados.

De esta forma, el gasto federalizado representó apenas 28% del gasto total, la proporción más baja desde 1998 y siete puntos porcentuales por debajo del máximo histórico de 2017, año en que el gasto federalizado alcanzó 35% y fue casi la mitad (47%) del gasto programable. Este dato no es menor, ya que evidencia un retroceso en la descentralización del gasto público.

Los promedios sexenales confirman esta tendencia. Hasta antes de López Obrador, el gasto federalizado había representado al menos una tercera parte del gasto total. Sin embargo, en esta administración, su participación cayó a 30% en promedio anual, cuatro puntos menos que el 34% registrado en el sexenio anterior y por debajo de los niveles alcanzados con Calderón (33%) y Fox (34%). La disminución es aún más significativa si se considera que, en el sexenio de Calderón, el gasto federalizado tenía un componente menos en comparación con la estructura actual, ya que aún no existían los recursos para protección social en salud. Con Fox, la diferencia era aún mayor, pues el gasto federalizado tenía dos componentes menos, ya que tampoco se incluían los subsidios del Ramo 23.

Esta caída en la participación del gasto federalizado dentro del presupuesto federal confirma que, lejos de fortalecer el federalismo fiscal, la administración de López Obrador ha impulsado una mayor concentración de recursos en el gobierno central en detrimento de la autonomía financiera de los estados y municipios.

En conclusión

El federalismo fiscal en México enfrenta un futuro incierto, marcado por una mayor centralización del gasto público y una pérdida de autonomía financiera para estados y municipios. La reducción del gasto federalizado durante el sexenio de López Obrador, sumada a su menor participación en el presupuesto total, refleja una tendencia que podría continuar en los próximos años.

Si esta dinámica persiste, los gobiernos locales volverán a ser cada vez más dependientes de las decisiones del gobierno central, como lo fue en el priismo del siglo pasado, lo que restringirá su capacidad para diseñar e implementar políticas públicas adaptadas a sus necesidades. Además, la distribución desigual de recursos podría ampliar las brechas regionales, afectando la provisión de servicios esenciales como salud, educación y seguridad.El precedente dejado en este sexenio sugiere que, sin cambios en la política fiscal, la descentralización seguirá en retroceso, debilitando el federalismo y limitando la capacidad de los estados para gestionar su propio desarrollo.

Notas al pie:

El monto a repartir del Fortamun se determina según el 2.3% de la RFP y el FAIS según el 2.5% de la RFP. ↩︎
El año 2020 fue atípico: el incremento del gasto federalizado, lejos de reflejar una estrategia estructural de fortalecimiento para estados y municipios, estuvo condicionado por la contracción económica (-8.4% según el FMI#). La reducción del PIB aumentó la proporción del gasto federalizado respecto a la actividad económica, sin que esto representara un incremento efectivo de los recursos ya que, en términos absolutos, el gasto federalizado en 2020 fue 60 mmdp menor al de 2019. ↩︎
El FASSA es el cuarto componente con más recursos dentro del gasto federalizado. En 2024, representó 3.8% del total, solo por detrás de las participaciones (48%), el FONE (22%) y el FAIS (4%). ↩︎
Parte de esta distribución se debe a que Campeche y Tabasco reciben participaciones vinculadas a la producción de hidrocarburos, como el Fondo de Extracción de Hidrocarburos y el Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo. Sin embargo, la razón principal por la que Baja California Sur, Campeche y Tabasco exhiben más recursos por habitante es por su baja población, lo que eleva el monto per cápita de las transferencias. Campeche tiene la menor población con alrededor de 954 mil habitantes, Baja California sur le sigue con 886 mil habitantes, mientras que Tabasco tiene Tabasco tiene alrededor de 2,400,000. ↩︎

2018 – 2024 en infraestructura: menos inversión, más costos y oportunidades perdidas

Escrito por México Evalúa en febrero 20, 2025. Publicado en Analisis, Anuales, Finanzas Públicas, Sexenales.

El sexenio anterior contó con el presupuesto más alto de la historia, que destinó a megaobras como el Tren Maya, Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles… Aún así, la inversión pública fue la más baja desde la gestión de Vicente Fox.

Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “pisó el acelerador” para terminar sus obras prioritarias antes del final del sexenio, la inversión pública perdió protagonismo dentro del presupuesto público y cayó en términos per cápita y en proporción al tamaño de la economía del país.

Además de la reducción de recursos, estas inversiones se concentraron en un menor número de sectores, dejando en el abandono áreas estratégicas como ciencia, tecnología, agricultura y protección social.

En contraparte, los grandes proyectos de infraestructura, como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), estuvieron marcados por sobrecostos multimillonarios, lo que refleja la mala planeación y resultó en la pérdida de recursos para otros sectores importantes para el desarrollo económico.

Este análisis examina el desempeño de la inversión pública en este sexenio. Se compara su evolución con administraciones anteriores y evalúa el costo de oportunidad de las decisiones de gasto. Los datos muestran que, lejos de fortalecer la infraestructura nacional, la estrategia de inversión ha estado marcada por menor eficiencia, concentración de recursos y proyectos con cuestionable rentabilidad económica y social.

Se acelera el gasto en inversión al cierre del sexenio

Para finalizar las obras prioritarias como el Tren Maya, la administración de López Obrador elevó el gasto en inversión al cierre de su sexenio. A pesar de contar con el presupuesto público más alto de la historia, y de incrementar la deuda pública a niveles récord, no compensó la baja inversión realizada en los primeros años de la gestión. Tampoco superó los mejores niveles de la última década.

El problema es que una baja inversión física se relaciona con un menor crecimiento económico. Con menos recursos destinados a obra pública, se profundiza el rezago en sectores estratégicos como transporte, energía y agua, entre otros, lo que repercute en la competitividad y el bienestar de la población. Es una receta tóxica que ralentiza la modernización de infraestructura, afecta la productividad, daña el nivel de servicios para la población y amplía la brecha en el desarrollo regional.

En 2024, se destinaron 1,034.9 mil millones de pesos (mmdp) al rubro de inversión física, una cifra 11.4% (105.9 mmdp) mayor a la de 2023 y el nivel más alto del sexenio, mismo que es superior en 24% (200.8 mmdp) al nivel del último año de Enrique Peña Nieto (EPN). Sin embargo, este monto fue menor a cualquiera registrado entre 2009 y 2016.

La menor prioridad para el gasto de inversión se volvió una constante desde 2017 cuando Peña Nieto realizó un ajuste fiscal y se mantuvo con bajos niveles durante toda la administración de López Obrador. La tendencia a la baja de la inversión física se hace aún más evidente al contrastar las cifras de este sexenio con registros nacionales e internacionales.

Empecemos por lo nacional… En 2024, la inversión pública en infraestructura representó 3.1% del producto interno bruto (PIB), el segundo nivel más alto del sexenio (el mayor fue 3.2% en 2022), pero inferior a cualquier año entre 2009 y 2016, cuando alcanzó 4.5% del PIB (en 2010 y 2014), prácticamente un punto y medio por encima del máximo registrado en este gobierno.

A nivel internacional, la diferencia es clara. En 2021, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) promediaron un gasto en inversión pública equivalente al 3.5% del PIB. Si bien México se posiciona favorablemente frente a países como Chile o Costa Rica, que tienen una inversión de 2.7% y 2.6% del PIB respectivamente, está muy lejos de los niveles de potencias tecnológicas, como Japón o Corea del Sur, que gastan arriba del 4.5% del PIB en inversión pública.

Esta brecha sugiere una menor capacidad del Estado para impulsar proyectos estratégicos que fortalezcan la competitividad y el crecimiento de largo plazo. La inversión física también ha perdido prioridad dentro del presupuesto nacional. En 2024, sólo 11.3% del gasto total se destinó a este rubro. Aunque este porcentaje es superior al de 2023 (10.9%) e incluso al del último año de EPN (11.1%), se mantiene muy por debajo de los niveles observados en años anteriores. Así, de 2006 a 2016, fue superior la proporción del gasto total destinada a inversión física. En 2010, por ejemplo, ésta representó 18.7% del gasto total.

Menos inversión per cápita: rezago en infraestructura y competitividad

Como se ha dicho, la inversión de AMLO fue inferior a la conseguida en las dos administraciones previas. Esta comparativa se agrava si medimos el gasto en infraestructura por habitante.

Analizar el gasto de inversión por habitante es importante para evaluar si los recursos destinados para suplir las necesidades de infraestructura son suficientes ante el total de la población y para medir si las generaciones actuales reciben las mismas oportunidades que las pasadas. Un presupuesto que bastaba en el año 2000, cuando había 100 millones de habitantes, podría no ser suficiente en 2024, cuando ya se superó la marca de 130 millones.

En 2024, la inversión física per cápita en términos reales fue de 7,824 pesos, nivel inferior al registrado entre 2009 y 2015 cuando la inversión por habitante superó los 9,000 pesos. Es decir, México registra 15 años con una inversión por habitante estancada. Además, a lo largo de la administración de López Obrador el promedio anual fue de 6,911 pesos por habitante, cifra inferior a la registrada en los sexenios previos.

Durante el gobierno de Peña Nieto, la inversión física per cápita promedió 8,764 pesos anuales, mientras que con Felipe Calderón fue de 8,689 pesos. Si bien AMLO superó los niveles de Vicente Fox (4,441 pesos) y Ernesto Zedillo (4,149 pesos), el contexto actual es mucho más demandante. La globalización y la acelerada transformación tecnológica exigen una infraestructura moderna y eficiente que fortalezca la competitividad del país y genere mejores condiciones para la población.

En específico, la inversión física per cápita en Pemex se redujo significativamente a lo largo del sexenio pasado en comparación con administraciones anteriores. En promedio, se destinaron 2,365 pesos por habitante cada año, cifra inferior a los 3,481 pesos asignados anualmente durante el mandato de Peña Nieto, lo que representa 1,100 pesos menos por persona. En el mismo sentido, Calderón destinó 3,205 pesos per cápita, es decir, 840 pesos más que la administración que recién concluyó.

Esta reducción per cápita tiene efectos directos en la subida de precios de gasolinas y diésel para la población. En 2024, Pemex Transformación Industrial, la filial encargada de la producción de combustibles, produjo en promedio 290 mbd de gasolinas, superior a los 207 mbd de 2018, pero inferior al máximo de 437 mbd logrado en 2013. En otras palabras, por cada mil habitantes, Pemex producía 3.7 barriles en 2013 pero sólo 2.2 en 2024. Si no hay más oferta de combustibles por habitante, no pueden disminuir los precios al consumidor final.

El escenario en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también reflejó una caída en la inversión per cápita. Durante la administración de López Obrador, la inversión física en la empresa estatal promedió apenas 379 pesos anuales por habitante, por debajo de los 421 pesos destinados por Peña Nieto y de los 537 pesos ejercidos en el sexenio de Calderón. Incluso las administraciones de Fox y Zedillo superaron a López Obrador, con 534 y 578 pesos por persona, respectivamente.

La disminución de recursos en este sector compromete la capacidad de la CFE para garantizar las necesidades energéticas de la población. Según el Sistema de Información Energética (SIE), en 2023 la capacidad instalada de la CFE fue de 61,344 megawatts, el mayor monto histórico. No obstante, en términos per cápita significó que la capacidad instalada por persona fue de sólo 469 watts, nivel similar al de 2007.

¿Cuánto se gastó en inversión durante el sexenio?

A pesar de haber impulsado megaproyectos como la refinería de Dos Bocas, el gobierno de López Obrador acumuló un gasto de 5.3 billones de pesos en inversión física entre 2019 y 2024. Esta cifra es inferior a los 6.4 billones acumulados por Peña Nieto y 5.9 billones de Calderón. No obstante, fue superior a los 2.7 billones de Fox o 1.9 billones de Salinas.

En proporción del PIB, la tendencia es similar. Durante 2019-2024, el gasto público en inversión física promedió 2.8% del PIB, 0.8 puntos porcentuales menos que con Peña Nieto (3.6%) y un punto menos que con Calderón (3.8%). Fox fue quien destinó el menor porcentaje a inversión física (2.1% del PIB).

Aunque con López Obrador se realizaron obras de gran magnitud como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas, en las administraciones anteriores también se realizaron obras de gran envergadura. En la de Peña Nieto, por ejemplo, impulsó infraestructura clave como el Tren Interurbano México-Toluca (sin terminarlo), la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara y la Línea 3 del Metro de Monterrey, además de modernizar los aeropuertos de Cancún, Guadalajara y Acapulco, ampliar el aeropuerto de Chetumal y concluir el Túnel Ferroviario de Manzanillo y el Libramiento Ferroviario de Celaya.

Por su parte, la gestión de Calderón priorizó la infraestructura de carreteras y autopistas, el Puente Internacional Ferroviario Matamoros-Brownsville, la reconfiguración de la Refinería de Minatitlán y la expansión del sector eléctrico con proyectos como La Yesca y centrales eólicas en Oaxaca. También impulsó infraestructura hidráulica con la construcción de seis presas.

Vicente Fox, por su parte, mejoró el abasto energético y la conectividad nacional, al ampliar y modernizar infraestructura energética, carreteras, puertos y aeropuertos mediante inversión pública y privada..

La menor inversión también se refleja en las Empresas Públicas del Estado

La inversión en Pemex durante el sexenio de López Obrador fue menor en comparación con administraciones anteriores, a pesar de megaproyectos como Dos Bocas. En total, destinó 1.8 billones en inversión a Pemex entre 2019 y 2024, cuando Peña Nieto invirtió 2.5 billones y Calderón 2.2 billones, respectivamente.

En términos del PIB, asignó 1% anual en promedio a Pemex, cifra inferior al 1.4% del PIB destinado por Peña y Calderón. Esto ocurrió a pesar de que López Obrador otorgó mayores beneficios fiscales a la petrolera, condonando impuestos y reduciendo su carga tributaria como estrategia para mejorar sus finanzas por un total de 1.1 billones de pesos, como lo explicamos en esta investigación.

Esta reducción en inversión limita la modernización de la infraestructura petrolera, sobre todo en producción y refinación. Debido a ello, se mantiene la dependencia del país en la importación de combustibles. La falta de inversión eficiente también ha derivado en retrasos operativos, sobrecostos y fallas técnicas. Queda evidenciado que los recursos dirigidos a Pemex no han logrado fortalecer su competitividad ni garantizar su viabilidad financiera.

La CFE también perdió prioridad en la agenda de inversión pública. En el sexenio de López Obrador, la inversión física acumulada de la empresa estatal fue de 295 mmdp, cifra inferior a la ejercida por sus predecesores. Peña Nieto destinó 310 mmdp, es decir, 15 mmdp más, mientras que Calderón invirtió 366 mmdp, lo que equivale a 71 mmdp adicionales respecto a López Obrador. Incluso las administraciones de Zedillo y Fox asignaron más recursos a la CFE por 333 mmdp y 334 mmdp, respectivamente.

Esta disminución de recursos ha limitado la expansión y modernización de la infraestructura eléctrica, afectando la capacidad de generación, transmisión y distribución de energía en el país, lo que puede repercutir en costos más altos para consumidores y empresas, mayores apagones, menor seguridad energética y menor competitividad del país.

Menos inversión, menos sectores

A partir de esta sección, el análisis de la inversión física se desglosa por función del gasto. Este enfoque permite examinar cómo se han distribuido los recursos en distintos sectores estratégicos, identificando los cambios en prioridades gubernamentales y su impacto en áreas clave como energía, infraestructura, salud y educación.

Para este diagnóstico se consideran únicamente los dos últimos sexenios. Esto se debe a que la disponibilidad de información sobre la clasificación funcional del gasto público comienza en 2011, lo que impide realizar comparaciones más amplias con administraciones previas.

La inversión física no solo se redujo en este sexenio, también se concentró más en menos sectores y dejó otros en el abandono. Durante la administración de López Obrador, el 95% del gasto en inversión física se destinó a estas seis funciones: 1. combustibles y energía (Pemex y CFE); 2. Vivienda y servicios comunitarios; 3. Comunicaciones y transportes; 4. Seguridad nacional y policías; 5. Salud y 6. Educación. Con Peña, esas seis funciones concentraron el 90% de la inversión física.

La mayor concentración de la inversión en estos sectores con López Obrador, significó que las 16 funciones restantes recibieron el 5% del presupuesto en inversión, mientras que con Peña Nieto recibieron, proporcionalmente, el doble de recursos. En estos sectores olvidados por AMLO se encuentra ciencia, tecnología, agropecuario, cultura y protección social, entre otros. Vamos por partes…

Después de Combustibles y Energía (Pemex y CFE) que ya abordamos en los capítulos anteriores, la función de Vivienda y servicios comunitarios fue el segundo rubro más relevante en inversión física. Esta función del gasto incluye recursos para agua potable, alcantarillado y aportaciones federales para mantenimiento y construcción de infraestructura en estados y municipios. En el sexenio de López Obrador recibió en total 1.4 billones; con Peña sumó 1.7 billones.

Comunicaciones y transportes ganó relevancia en este sexenio, absorbiendo 881.6 mmdp (16% del total) en todo el mandato lopezobradorista, un aumento frente a los 659.9 mmdp (10% del total) de la administración de EPN.

Esta expansión se explica por los megaproyectos insignia de López Obrador, entre ellos el Tren Maya, el Tren Interurbano México-Toluca y el Tren AIFA-Pachuca, que concentraron la mayor parte del gasto en transporte. Sin embargo, esta apuesta dejó rezagados otros sectores clave como carreteras, aeropuertos y puertos, sin garantizar una estrategia integral de conectividad, como lo analizamos en esta investigación. Esto genera dudas sobre su impacto en la competitividad del país, y si la distribución del gasto respondió a necesidades reales o a decisiones meramente políticas.

La función Salud también se rezagó con López Obrador. Recibió apenas 146 mmdp (3% del total), con la mayor parte de los recursos destinados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mientras que prácticamente no se invirtió en la infraestructura para la población sin seguridad social. Hay que decir que, en el sexenio de Peña Nieto, el sector sanitario tampoco fue prioritario, con solo 115 mmdp (2% del total).

La función educación también perdió peso en la inversión física en este sexenio. La falta de inversión en escuelas y centros de formación puede traducirse en menor calidad educativa y oportunidades limitadas para los estudiantes. Con López Obrador se destinaron 124.6 mmdp (2% del total), frente a 167 mmdp (3%) de la administración previa

El caso más crítico se registra en la función de Ciencia, tecnología e innovación, sector fundamental para el desarrollo y la competitividad del país, pero sistemáticamente ignorado por los últimos gobiernos. El desempeño de Peña Nieto ya había sido deficiente, con apenas 46.8 mmdp (0.7% del total), pero López Obrador llevó este rubro al abandono casi total, reduciéndolo a un insignificante 2.1 mmdp (0.04% del total). Esta caída drástica refleja la falta de visión de largo plazo en su administración, desmantelando cualquier posibilidad de fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la capacidad productiva del país. Con esta falta de financiamiento, México se aleja aún más de la innovación tecnológica y de la competencia en el mercado global, perdiendo oportunidades de crecimiento y quedando rezagado frente a economías que apuestan por el conocimiento como motor del desarrollo.

Megaproyectos costosos, sobreprecios y oportunidades perdidas

Las decisiones de infraestructura en este sexenio han implicado sobreejercicios multimillonarios con un alto costo de oportunidad. El AIFA, el Tren Maya y Dos Bocas, las tres obras insignia de López Obrador, han excedido lo presupuestado por 673 mmdp¹, recursos que pudieron haberse destinado a sectores clave para el desarrollo del país.

Para dimensionar, esta cifra equivale a 336 veces el presupuesto de inversión física para Ciencia, tecnología e innovación (2 mmdp) en todo el sexenio de López Obrador. También representa 8.7 veces el presupuesto de inversión física del sector agropecuario (77 mmdp) de todo el sexenio, un rubro esencial para garantizar la seguridad alimentaria, fortalecer el campo y reducir la vulnerabilidad ante crisis climáticas y económicas. En lugar de invertir en estos sectores estratégicos, los recursos se destinaron a proyectos con sobreprecios, baja rentabilidad y cuestionables beneficios económicos a largo plazo. Invertir en estas megaobras comprometió la capacidad del país para avanzar en áreas que realmente podrían generar crecimiento y bienestar.

El Tren Maya, uno de los proyectos insignia del sexenio y destinado principalmente a la provisión de servicio ferroviario en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ha costado 176% más de lo prometido. De acuerdo con notas periodísticas, López Obrador aseguró que su construcción costaría 156 mmdp, equivalentes a 197 mmdp en pesos constantes de 2024. Sin embargo, a mitad de su administración, en 2022, el costo ya había alcanzado 242 mmdp, rompiendo su promesa inicial. Al cierre del sexenio, la cifra se disparó hasta 544 mmdp, lo que representa un sobregasto de 248% (347 mmdp) más de lo prometido.

Tan solo en 2024, el Tren Maya costó 152 mmdp. Inicialmente, la Secretaría de la Defensa Nacional administraría 120 mmdp del proyecto, pero con la reconfiguración presupuestaria, solamente ejerció 17.4 mmdp, mientras que el ramo de Turismo terminó ejerciendo 134.1 mmdp.

A esto se suman 28.7 mdp adicionales para la reubicación de asentamientos humanos en el derecho de vía del tren, incluyendo la compra de terrenos y la construcción de vivienda para las familias afectadas. Debido a este proceso de reubicación, muchas de las comunidades desplazadas han denunciado afectaciones a su modo de vida, pérdida de tierras y falta de transparencia en la compensación recibida, lo que ha convertido la obra en un símbolo de improvisación y opacidad. Por si no fuera suficiente, tiene otros 45 mmdp aprobados para 2025. Es importante señalar que estos montos no se incluyen en el costo total del Tren Maya, ya que se registran bajo otra clave presupuestaria, lo que oculta parcialmente el gasto real de la obra y dificulta una evaluación completa de su impacto financiero.

Si bien el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) costo menos de lo proyectado, en realidad trajo consigo un sobrecosto por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Para la construcción del AIFA inicialmente se estimó un presupuesto de 74.5 mmdp (equivalente a 96 mmdp en pesos constantes de 2024). En 2020, apenas se desembolsaron 6 mmdp; en 2021 el costo acumulado alcanzó los 41 mmdp. Finalmente, construir el AIFA costó 89 mmdp, 7 mmdp por debajo de lo estimado. No obstante, al gasto de construcción se suma el costo de la cancelación del NAICM, que ascendió a 146 mmdp, según la ASF². De esta forma, el gasto total por la construcción del AIFA fue de 235.3 mmdp, lo que representa un sobrecosto de 145% (139 mmdp) sobre el presupuesto prometido.

En otras palabras, el gobierno gastó el equivalente a un nuevo aeropuerto en cancelar uno que nunca se construyó, sin que la población o la economía obtuvieran algún beneficio. Esta decisión representó una pérdida de capitales sin precedentes. A pesar del ahorro en su construcción, los recursos ligados al AIFA (que inevitablemente incluyen la cancelación del NAICM) al final representan una de las inversiones más dispendiosas de la administración, con un alto costo de oportunidad en infraestructura aeroportuaria y un impacto cuestionable en la conectividad y competitividad del país.

A esto se suma el sobregasto de la refinería Dos Bocas, que más que duplicó su presupuesto original hasta alcanzar los 19,653 millones de dólares en 2024 y equivalentes a 398 mmdp³, según notas periodísticas.

Cabe precisar que ni en la Cuenta Pública ni en los informes trimestrales de Hacienda se han informado los costos de este proyecto. No obstante, en los informes a la Comisión de Bolsa y Valores⁴ (SEC, por sus siglas en inglés) es posible saber que hasta 2023 Pemex ha gastado 355.9 mmdp, esto es 144.5 mmdp por encima del costo prometido de 211.4 mmdp (8,000 millones de dólares).

Para colmo, a pesar de que fue diseñada para procesar 340,000 barriles diarios de petróleo, en agosto de 2024 Dos Bocas operaba apenas al 50% de su capacidad, refinando 170,000 barriles diarios. Además, su producción de gasolina fue de sólo 1,144 barriles diarios. La falta de información oficial clara y las inconsistencias en sus cifras han generado cuestionamientos sobre la eficiencia y rentabilidad del proyecto, reforzando la percepción de que ha sido una mala asignación de recursos con escaso impacto en la autosuficiencia energética.

De esta forma, con datos oficiales, el sobrecosto del Tren Maya, AIFA y Dos Bocas, asciende a 630.5 mmdp. No obstante, este número sólo considera el gasto de Dos Bocas hasta 2023. Si consideramos información de prensa, como Reforma, El Economista, Forbes y Bloomberg⁵, se puede constatar que en 2024 el costo de Dos Bocas llegó a 19,653 millones o 398.5 mmdp, esto es un sobreejercicio de 187 mmdp. Así, el sobrecosto de las tres obras insignia de López Obrador asciende a 673 mmdp.

El sobrecosto reportado en la prensa nacional e internacional es la base de esta estimación. Sin embargo, al calcularlo con datos de la United States Security Exchange Commission (SEC), el monto asciende a 630 mmdp, aunque esta cifra sigue siendo parcial. No incluye ciertos gastos de capital, por lo que el costo real podría ser aún mayor. ↩︎
Disponible en informe de la ASF. ↩︎
Cálculos propios considerando el tipo de cambio fix de 20.28 pesos por dólar estadounidense del Banco de México al 17 de febrero de 2025. ↩︎
Pemex se ve obligado a realizar informes a la SEC debido a que emite acciones y bonos en Estados Unidos. ↩︎
Disponibles en El Economista, Forbes, Bloomberg y Reforma. ↩︎

2018 – 2024: El empobrecimiento de la hacienda pública

Escrito por México Evalúa en febrero 17, 2025. Publicado en Analisis, Anuales, Finanzas Públicas, Sexenales.

Durante la gestión pasada no solo se incrementó la deuda a niveles récord, sino que se redujeron los ahorros públicos, representando una disminución de 5,230 pesos por ciudadano.

La administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) heredó al Gobierno de su sucesora, Claudia Sheinbaum, un Estado más pobre y con menos ahorros. Para entender qué sucedió, nos vamos a enfocar en los fideicomisos públicos. Se trata de instrumentos financieros —como una cuenta de ahorro— donde el gobierno deposita y administra recursos para fines específicos como la atención de emergencias y a la salud, o el impulso a la ciencia, entre otros.

Durante toda la administración pasada se fueron erosionando los recursos dispuestos en estos fideicomisos públicos. En ocasiones fue por decretos de extinción, y en otras por el uso desmedido de estos ahorros de todos los mexicanos.

Al cierre de 2024, los recursos del gobierno guardados en fideicomisos se han reducido en 53% frente a lo que tenía el gobierno en 2018. Es una diferencia de 632.6 mil millones de pesos (mmdp). A diciembre del año pasado, ya solamente quedaban 554 mmdp en fideicomisos.

Esto equivale a sólo 4,190 pesos de ahorros por ciudadano, el segundo nivel más bajo desde 2005 que hay datos disponibles. Si lo comparamos con 2018, último año del Gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN), cuando estos fondos públicos sumaban 9,420 pesos por persona, hablamos de que cada habitante de México perdió 5,230 pesos, o 55.2% en ahorros que eran administrados en estos fideicomisos.

Esta erosión de las reservas del gobierno en fideicomisos públicos implica la caída de recursos para apoyar e impulsar sectores estratégicos como educación, infraestructura o salud. Sin embargo, no todos los sectores perdieron. Dentro de la caída de los fideicomisos públicos, los que incrementaron su riqueza fueron los entes militares.

Se dice que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y la nueva administración parece asumir que los mexicanos ya han olvidado lo ocurrido con los fideicomisos. Ahora, el Gobierno busca acceder a los fondos de los trabajadores a través de la reciente reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Aunque se presenta como una medida para garantizar bienestar y un hogar para cada usuario del sistema, esta iniciativa genera preocupación sobre el futuro de las pensiones y los ahorros de los trabajadores. ¡Y con mucha razón! Como veremos en esta nota, la historia y los datos demuestran cómo las buenas intenciones pueden terminar con los ahorros de los mexicanos.

Desaparecen fondos para la ciencia y el desarrollo

Como mencionamos anteriormente, el gobierno utiliza los fideicomisos para reunir y administrar recursos con un fin en específico. Éstos se encuentran a cargo de distintas secretarías públicas de acuerdo con el objetivo de cada fondo. Por ejemplo, los fideicomisos que tienen por finalidad garantizar los recursos para el pago de nómina para los maestros, se encuentran a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En esta lógica, podemos ver cuáles son las secretarías que se han quedado con menores recursos en fideicomisos y qué sectores se han visto desprotegidos.

Al cierre de 2024, hay secretarías que se han quedado sin ningún ahorro financiero como es el caso de la recién creada Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), antes el Conacyt.

Al final del sexenio de Peña Nieto, el Conacyt contaba con 99 fideicomisos registrados, con un valor de 26.59 mmdp. Estos fondos tenían por objetivo administrar recursos para promover el trabajo científico en diversos centros de investigación, universidades, sectores productivos, así como impulsar la ciencia a nivel regional juntando recursos con entidades federativas.

Destacaban el Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social, con 113.9 millones de pesos (mdp); el Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos, con 467.5 mdp; y el Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre el Agua, que disponía de 75.3 mdp.

Los más de 90 fideicomisos estimulaban la ciencia y la investigación en una variedad de sectores estratégicos y primordiales para el desarrollo económico y social. Sin embargo, al cierre del sexenio de AMLO el Conacyt, ahora Secihti, cuenta con tan solo 0.1 mmdp; prácticamente ya no cuenta con recursos en fideicomisos para promover la ciencia.

Hay que recordar que la eliminación de los fideicomisos públicos se dio a partir del decreto presidencial¹ del 6 de noviembre de 2020, cuando Andrés Manuel ordenó la extinción de 109 fideicomisos públicos y otros fondos con el pretexto de manejar a su Gobierno con los principios de austeridad republicana. Austeridad que fue selectiva, puesto que al final de su sexenio no hubo austeridad, pero si incremento del endeudamiento y agotamiento del ahorro público (como exponemos en este análisis).

En la misma trinchera de la educación, los ahorros que tiene la SEP dispuestos en fideicomisos públicos, cayeron 33.8% (10.3 mmdp) en términos reales frente a lo que se tenía en 2018. Así, cerraron el sexenio de AMLO con un monto de 20.2 mmdp, cuando con EPN finalizaron con 30.5 mmdp.

Antes del decreto de extinción de fideicomisos, la SEP contaba con capital para promover la educación, el deporte, la investigación, pero también para el pago de nómina y pensión de los trabajadores. Por ejemplo, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento contaba con 45 millones de pesos; pero para diciembre de 2024 en este fondo ya no había recursos.

Así, los fondos destinados a promover el deporte, la cultura y la investigación fueron desapareciendo. Al final del sexenio de AMLO, el 90% de los fondos de la SEP se destinan a financiar las pensiones de retiro de los magistrados, mientras que al cierre del gobierno de Peña Nieto, este porcentaje era del 66.2% .

Pero no todas las secretarías han perdido sus guardaditos financieros; entre la erosión de los fideicomisos públicos, los entes militares ganaron terreno.

Militarización de los fondos públicos

Al cierre del sexenio de AMLO, los entes militares tuvieron a su nombre hasta 118.7 mmdp en fondos públicos. Esto representó el 21.4% de los recursos totales dispuestos en fideicomisos. Esta cantidad aumentó 1,549% (111 mmdp) respecto a lo que tenían al cierre de 2018.

La Defensa es la entidad militar que acumuló más fondos públicos durante el sexenio de AMLO, ya que al cierre de 2024 contó con un guardadito financiero de hasta 84.7 mmdp. Esto representa el mayor monto en fideicomisos que ha estado bajo control de la Defensa desde el año 2006 que hay datos disponibles. Frente al cierre del sexenio de EPN, sus recursos financieros aumentaron 1076% (77.5 mmdp).

Por otro lado, antes del sexenio de AMLO la Marina no contaba con recursos en fondos públicos y al cierre de su mandato terminó con 34 mmdp. Esto es reflejo de lo que hemos llamado la militarización del gasto de inversión. Durante el último sexenio, el gobierno se empeñó en asignar los proyectos de construcción de infraestructura a las Fuerzas Armadas. Así, de los 34 mmdp de los fondos a disposición de la Marina, 31 mmdp corresponden al desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

En cambio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCyT) que tiene el objetivo de expandir la infraestructura del país como puentes, carreteras, entre otras obras públicas; cerró el sexenio con apenas 1,000 mdp. Lo cual implicó una pérdida de 99.1% (114.8 mmdp) respecto a los recursos con los que contaba en fondos públicos al cierre de 2018.

En otras palabras, prácticamente los recursos que estaban a disposición de la SCyT fueron transferidos a manos militares. Por ejemplo, al cierre de 2018, la SCyT contaba con 100 mmdp para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Tal proyecto fue cancelado por decreto y en vez de ello, la Secretaría de la Defensa construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Erosión de los ahorros que blindan la economía

El Gobierno cuenta con fondos especiales para hacer frente a situaciones inesperadas, como crisis económicas o sociales. Estos fondos actúan como un escudo financiero para proteger el nivel ingresos y gastos del gobierno ante estas situaciones contingentes.

Uno de ellos es el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP). Su objetivo es juntar y administrar recursos, para cuando el gobierno se enfrenta a situaciones de bajos ingresos o una recesión económica. De tal forma, que estos fondos ayudan al gobierno a mantener el mismo nivel de gasto sin tener que incurrir en endeudamiento.

Sin embargo, durante el sexenio de AMLO prácticamente se agotaron los recursos del FEIP y al cierre de su sexenio se cuenta con un saldo por 97.2 mmdp. Lo cual es 74.3% (280.9 mmdp) menor al saldo que dejó EPN en 2018, cuando el FEIP tenía un guardadito de hasta 378 mmdp.

Otro de los fondos es el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). Éste fue diseñado para blindar el gasto que transfiere el gobierno federal a los estados. Esto con la finalidad de que las entidades federativas no sufran una caída financiera cuando se presenta una caída en la recaudación.

Pero al igual que el FEIP, durante el sexenio de AMLO, los recursos de este instrumento se han desplomado. Al cierre de 2024, apenas cuenta con 11.6 mmdp, lo que representa una caída de 90.3% (108.2 mmdp) en comparación con el cierre del sexenio de Peña Nieto. Se trata del saldo más bajo del FEIEF en los últimos 14 años.

Si consideramos el total de estos ahorros para emergencias con los que cuenta el gobierno respecto al tamaño de la población, tenemos que AMLO cerró su sexenio con un ahorro de 822 pesos por persona para emergencias. Este ahorro por habitante es 79% (3,128 pesos) menor al ahorro que había dejado Peña Nieto, cuando se contaba con 3,951 pesos per cápita en ahorros para alguna emergencia.

Lo más desalentador es que el agotamiento de estos ahorros financieros no evitó que el Gobierno se endeudara como no se había visto en los últimos 25 años. Dejando a la Administración de Sheinbaum un saldo histórico de la deuda pública, y una alcancía casi vacía con recursos insuficientes para enfrentar un evento contingente.

Agotamiento de la alcancía para pagar enfermedades de alto costo

Otro de los sectores que se ha visto desprotegido es la salud pública. Al igual que en educación, se han ido agotando los ahorros financieros para financiar la atención de enfermedades de alto costo.

Algunas enfermedades o tratamientos médicos pueden ser tan costosos que las familias deben destinar más del 30% de sus ingresos para cubrirlos. Esto se considera un “gasto catastrófico”, ya que deja a las personas con apenas lo necesario para cubrir sus necesidades básicas, poniendo en riesgo su bienestar y su estabilidad económica.

Muchas de las familias que deben costear estas enfermedades acuden al sistema público de salud para recibir la atención médica necesaria. Para ello, el gobierno diseñó el Fondo contra Gastos Catastróficos, que ahora es llamado el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi).

Este fondo tiene la obligación de juntar y administrar recursos para costear un paquete de 66 padecimientos o enfermedades de alto costo, entre las cuales se incluyen: cáncer de mama, cáncer infantil y de adolescencia, cáncer cérvico uterino, tumores testiculares, entre otros.

Sin embargo, como hemos analizado anteriormente durante el sexenio de AMLO el Fonsabi dejó de funcionar como un fondo para costear este tipo de padecimientos. Incluso se ha presentado un recorte del 99% en el gasto de atención de enfermedades de alto costo.

Al cierre del sexenio, este fondo llega con un saldo de apenas 32.3 mmdp, lo cual representa una caída del 74.2% (93.1 mmdp) frente al saldo con que contaba el Fonsabi al cierre del sexenio de Peña. Se trata del saldo más bajo que ha tenido este fondo para costear enfermedades de alto costo en los últimos 17 años.

Lo anterior es sumamente preocupante ya que, si consideramos el tamaño de la población, se tiene que al cierre de 2024 se contaron con tan solo 244 pesos por persona, en este fondo para atender enfermedades de alto costo. Es el ahorro per cápita más bajo en los últimos 18 años. Además, es 75.5% (751 mmdp) menor al ahorro por persona que había en el Fonsabi al cierre del sexenio de Peña, cuando se tenían 995 pesos por habitante para atender enfermedades catastróficas.

Con este ahorro per cápita con el que cerró el Fonsabi no alcanza ni para una prueba de Covid-19, la cual tiene un costo unitario de 251 pesos². Mientras que al cierre del sexenio de Peña alcanzaba para realizar estudios de ecografía, útiles para la detección de tumores malignos.

Como identificamos previamente, el Fonsabi dejó de operar como un fondo para financiar enfermedades de alto costo, y en su lugar se convirtió en la caja chica del gobierno que facilita la simulación del gasto en salud. Esto lo podemos ver comparando la cantidad de recursos que entran y salen del fondo.

Durante el actual sexenio, por cada peso que entró al fondo, salieron 1.4 pesos, mientras que durante el sexenio de Peña Nieto por cada peso que se aportaba al fondo salían tan sólo 70 centavos. Esto permitía atender las enfermedades de alto costo a la par de ir acumulando una mayor cantidad de recursos para el financiamiento de estos padecimiento.

En conclusión

Durante el gobierno de AMLO, el ahorro público, que llevaba casi una década en crecimiento, se desplomó. La “alcancía” del país quedó prácticamente vacía para sectores clave como salud, educación y ciencia, dejando al próximo gobierno con menos margen de maniobra.

Ahora, Claudia Sheinbaum enfrenta el reto de dirigir un país con grandes compromisos sociales y financieros, pero sin reservas para responder a emergencias. La lección es clara: la administración de los ahorros públicos ha sido una asignatura pendiente para el gobierno, y las consecuencias de su mala gestión hoy pesan sobre las finanzas públicas y la estabilidad económica de todos los mexicanos.

Gobierno de México (2020). DECRETO por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604411&fecha=06/11/2020#gsc.tab=0 ↩︎
Los costos unitarios fueron recuperados del Acuerdo para la aprobación de los Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica actualizados al año 2024 y sus anexos 1 y 2. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5711444&fecha=14/12/2023#gsc.tab=0 ↩︎

Desplome de Pemex debilitó mayor pago de impuestos en el sexenio pasado

Escrito por México Evalúa en febrero 14, 2025. Publicado en Analisis, Anuales, Finanzas Públicas, Sexenales. 1 comentario en Desplome de Pemex debilitó mayor pago de impuestos en el sexenio pasado

A pesar de la mayor fiscalización a los contribuyentes, el sexenio finalizó con el peor desempeño en crecimiento de los ingresos públicos. La causa: el desplome productivo de Pemex.

El éxito de un gobierno se refleja en la calidad de los bienes y servicios que provee para su población y en la estabilidad de sus finanzas. No es sorpresa que un gobierno que falla en incrementar sus ingresos, fracase también en cumplir con estos objetivos.

Ha quedado demostrado que durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se redujo la estabilidad de las finanzas públicas al detonar el uso de endeudamiento (como explicamos en esta nota), además de que falló en financiar el gasto público (lo analizamos en esta otra nota). Estas deficiencias tienen su raíz en el pobre desempeño de los ingresos gubernamentales durante su administración.

Si bien el ex presidente apostó por la mayor fiscalización de los contribuyentes cautivos, su negativa de realizar una reforma fiscal progresiva limitó la recaudación durante su Gobierno. Si a esto le sumamos la reducción de la carga fiscal cobrada a Petróleos Mexicanos (Pemex), no sorprende que los ingresos del Estado se mantuvieran prácticamente estancados durante todo su sexenio.

¿Fracasó la política de ingresos?

Todo depende del cristal con que se mire. La administración de López Obrador consiguió, en efecto, el mayor nivel de ingresos en pesos. Sin embargo, respecto del tamaño de la economía, éstos se mantuvieron estancados en el mismo nivel de hace más de una década.

Al cierre de 2024, los ingresos totales del sector público llegaron a 7.4 billones de pesos, el mayor monto que se tenga registro. Medido desde el cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto en 2018, aumentaron 8.5% o 586 mil millones de pesos (mmdp). Los ingresos totales del Gobierno se componen de los impuestos recaudados a nivel federal, los ingresos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las cuotas para la seguridad social que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otros cobros como derechos y cuotas diversas. Es decir, todos los recursos percibidos a nivel federal.

Pese al incremento, los ingresos públicos representaron tan sólo el 22.1% del producto interno bruto (PIB), que si bien es superior al 21.2% de 2018, resulta idéntico al 22.1% registrado en 2008. Lo anterior significa que, en realidad, los ingresos públicos han seguido la inercia económica y que los esfuerzos del gobierno no han sido suficientes para incrementar el tamaño de su “rebanada en el pastel” de recursos del país.

La métrica de ingresos respecto al PIB nos permite ver que los ingresos de México siguen siendo bajos en la comparativa internacional. Los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ingresan en promedio 42% del PIB. Es decir, México está prácticamente a la mitad de camino de estos países. Incluso, nuestro país se compara negativamente frente a economías latinoamericanas. Chile tiene una recaudación de 26% del PIB y Costa Rica del 30%.

Otra forma de verlo es que, por habitante, la entrada de recursos tampoco ha aumentado de forma significativa en los últimos años. En 2024, el gobierno obtuvo 56 mil 894 pesos per cápita; apenas 3% (1,800 pesos) más que en 2018. Además, se quedó por debajo del récord de 59 mil 177 pesos por habitante, en términos reales, logrado en 2016. Si el Gobierno no incrementa sus ingresos per cápita, no puede incrementar el gasto público para cada persona.

Comparado con otros sexenios, el desempeño de la política de ingresos también fue bastante pobre. Como se mencionó, del fin del sexenio de Peña Nieto al final del de López Obrador, el aumento de los ingresos fue de 8.5%. Se trata del peor ritmo de crecimiento en cuatro administraciones: Peña Nieto logró un aumento de 14.7%, Felipe Calderón de 20.3%, Vicente Fox de 45.7% y Ernesto Zedillo de 11%.

La situación es mucho peor si se analizan sólo los ingresos exclusivos del Gobierno federal, es decir: la recaudación tributaria, los ingresos que paga Pemex a la Federación y el cobro de derechos, aprovechamientos y otras cuotas. Su importancia radica en que son los recursos que financian la mayoría de los programas públicos y transferencias a los estados.

Estos alcanzaron 5.5 billones de pesos, un crecimiento de solamente 5.8% (301 mmdp), el peor en cinco sexenios. Durante la administración de Peña Nieto los ingresos del Gobierno federal aumentaron 24.4%, con Calderón 21.4%, con Fox 36.2%, con Zedillo 22% y con Carlos Salinas 12%.

A pesar de lo que pudiera pensarse, el gran culpable del mal desempeño en la política de ingresos de López Obrador no fue la pandemia de 2020, sino el deterioro de los ingresos petroleros. Además, otros presidentes también afrontaron severas convulsiones económicas y tuvieron mejores resultados en recaudación: Zedillo enfrentó el Efecto Tequila (1994-1995), Calderón la crisis financiera global (2008-2009) y Peña Nieto la caída de los precios del petróleo (2014-2015), cuando el precio del barril pasó de más de 100 dólares a menos de 30 dólares.

El cobro de impuestos de 2019 a 2024

En materia de ingresos tributarios, la gestión de López Obrador sí tuvo un desempeño destacado frente a las de otros presidentes. Estas percepciones tuvieron a lo largo de su sexenio un incremento de 19.8% (818 mmdp). Este aumento fue superior a la expansión de 12% lograda por Zedillo, de 16.1% de Fox y 14.4% de Calderón. Como sea, palidece frente al 83.6% logrado por Peña Nieto.

Si lo medimos en términos per cápita, López Obrador obtuvo al cierre de 2024 una recaudación de 37,606 pesos por persona al año en impuestos, un aumento de 4,623 pesos frente a lo cobrado al cierre de 2018 en términos reales. No obstante, Peña Nieto incrementó esta captación casi tres veces más: 13,784 pesos por persona.

No es completamente justo comparar el desempeño de López Obrador y de Peña Nieto, frente a presidentes anteriores por una razón: previo a 2014, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) era negativo. Del año 2000 a 2013, el gobierno en lugar de cobrar IEPS a combustibles, otorgaba un subsidio para mantener los precios controlados, el cual se contabilizaba como un impuesto negativo. A diferencia de ellos, Peña Nieto y López Obrador pudieron cobrar este impuesto, lo que incrementó su nivel total de ingresos tributarios.

Si analizamos de cerca el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el principal impuesto que cobra la federación, la situación es mucho más grave para AMLO. Durante su sexenio sólo se consiguió un crecimiento de 19.4%, muy inferior al 63.2% de Peña Nieto, 39% de Calderón, 31.4% de Fox y 32.9% de Salinas.

Aunque López Obrador incrementó la fiscalización de las grandes empresas, su negativa a realizar una reforma fiscal de gran calado evitó que igualara o superara los logros de sus predecesores: Fox mejoró la eficiencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Calderón incrementó la tasa de ISR de 28% a 30% para personas y empresas, mientras que Peña Nieto aumentó la tasa de ISR hasta 35% para personas físicas.

Para verlo de otro modo, López Obrador logró cerrar su sexenio con un cobro de ISR por persona de 20,365 pesos al año, 2,440 pesos más que en 2018. No obstante, Peña logró cobrar de los contribuyentes 6,183 pesos por persona adicionales al cierre de su sexenio y Calderón 2,492 pesos más.

De igual manera, el desempeño del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con AMLO fue decepcionante: logró un crecimiento de 13.1% durante su sexenio, inferior al 25.3% de Peña, 18.1% de Calderón, 52.3% de Fox y 51.9% de Zedillo. Además del bajo crecimiento económico, con AMLO hubo pocas mejoras en la digitalización de la economía para mejorar la trazabilidad de las transacciones.

La estrategia fue de recaudación por presión

En lugar de realizar una reforma tributaria para incrementar los ingresos, el Gobierno de López Obrador aplicó una serie de cambios administrativos para “exprimir” a los contribuyentes ya cautivos. Estas estrategias permitieron que se rompieran varias marcas en materia de fiscalización, aunque en términos generales el desempeño tributario fuera pobre frente a sexenios pasados.

El primer cambio a nivel de fiscalización con López Obrador fue la disminución de devoluciones y compensaciones otorgadas a los contribuyentes. A pesar de que la captación tributaria ha aumentado, en 2024 el fisco benefició a los contribuyentes con un monto de 1.3 billones de pesos en devoluciones y compensaciones, una reducción de 6% (79.5 mmdp) frente a 2018.

La devolución de impuestos es el reembolso que la autoridad fiscal hace a un contribuyente cuando éste ha pagado más de lo que le correspondía. Por su parte, la compensación de impuestos es el derecho del contribuyente a aplicar su saldo a favor para cubrir otros gravámenes que adeude, en lugar de solicitar la devolución en efectivo.

Hay que recordar que la recaudación impositiva se mide no sólo por el dinero que pagan empresas y personas, sino por los recursos que el fisco efectivamente retiene. Así como un asalariado puede deducir gastos médicos y colegiaturas, entre otros, las empresas pueden deducir distintos gastos operativos, créditos incobrables y otros de su base de ISR.

Lo anterior significa que, luego de realizar pagos preliminares al SAT (impuestos brutos), los contribuyentes tienen derecho a pedir a la autoridad recaudadora que les devuelva o les compense una parte. Esto, como pueden imaginar, al fisco no le agrada, pues disminuye sus recursos y flujo de efectivo.

Para limitar estos beneficios, desde el primer año de la actual administración se eliminó la llamada compensación universal. Esta disposición permitía a los contribuyentes liquidar impuestos federales en contra —como ISR— con los saldos a favor de otros impuestos —digamos, del IVA—. Con esto se evitaba el entonces ya difícil proceso de pedir la devolución en efectivo de los saldos a favor. Al final, los contribuyentes salían ganando en tiempo y dinero.

La eliminación de esta facilidad ha provocado que el fisco devuelva o compense menos impuestos. A pesar de que la recaudación bruta de impuestos llegó a 6.2 billones de pesos en 2024, 13% (738 mmdp) más que en 2018, las devoluciones y compensaciones cayeron en 6% (79.5 mmdp) en el mismo periodo. Así, el SAT pasó de quedarse con el 75% de la recaudación tributaria bruta en 2018, al 79% en 2024, la mayor proporción registrada.

La estrategia de limitar las devoluciones y compensaciones, se enmarca en una estrategia más amplia de fiscalización por parte del SAT. Nos referimos a las acciones de cobranza sin necesidad de pasar por la judicialización. Es decir, las estrategias del SAT para recuperar adeudos fiscales sin recurrir a demandas o procesos legales.

A diferencia de la fiscalización tradicional, las acciones de cobranza no implican la determinación de un crédito formal. Por ello, no pueden derivar en un conflicto legal. Algunos ejemplos son el envío de cartas invitación para asistir a las oficinas del SAT, o las llamadas o mensajes de texto para que los contribuyentes corrijan su situación fiscal por “voluntad propia”. El incentivo es evitar una costosa auditoría que derive en un crédito fiscal y posiblemente, en un juicio.

En 2024, el SAT realizó 89.1 millones de acciones de cobranza contra contribuyentes, un aumento de 49% (29.1 millones más) que en 2018. Dentro de estas acciones se encuentran las llamadas, mensajes, requerimientos y cartas invitación realizadas a contribuyentes para “autocorregirse”. Estos datos muestran que durante el sexenio de López Obrador se disparó la “presión” del SAT contra las personas y empresas contribuyentes.

Como resultado, en 2024 el SAT logró ingresos por cobranza por 1.05 billones de pesos, 308% (797 mmdp) más que en 2018. La paradoja es que este récord histórico en materia de cobranza no evitó que López Obrador tuviera un pobre desempeño en el crecimiento de ingresos tributarios.

La apuesta fallida por Pemex

No queda duda de que Pemex fue de máxima prioridad durante el gobierno de López Obrador. La petrolera recibió 2.2 billones de pesos en apoyos fiscales de 2019 a 2024, 4.8 veces más que lo otorgado por Peña Nieto en su sexenio (473 mmdp). Pese a que esto implicó reducir los ingresos de la Federación, la empresa no logró una recuperación productiva en materia de extracción de crudo.

Para dar “oxígeno” a Pemex, el Gobierno le ha recortado su carga tributaria. De 2019 a 2024 el Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), el principal gravamen que pagaba la petrolera, pasó de 65% a sólo 30%. Encima de esto, mediante decretos presidenciales se le ha postergado el pago de impuestos, e incluso esas obligaciones luego se han condonado. Estimamos que la reducción del DUC y la postergación de pagos significó a la empresa beneficios por 1.1 billones de pesos.

Además, para capitalizar a la empresa, a través de la Secretaría de Energía se le otorgaron otros 1.1 billones de pesos. Cabe destacar que el 65% (754 mmdp) de este monto no fue aprobado por el Congreso, sino que se trataba de recursos que la Secretaría de Hacienda iba reasignando fuera de calendario, lo que habla muy mal de los controles democráticos del presupuesto.

A pesar de los cuantiosos beneficios fiscales, Pemex no ha logrado detener su desplome productivo. Al cierre de 2024, la petrolera produjo en promedio 1,485 miles de barriles diarios (mbd) de crudo, el peor nivel desde 1990 que se tiene registro. Además, se quedó por debajo de la meta de producción establecida por la Secretaría de Hacienda (1,745 mbd) para 2024. De hecho, en ningún año del sexenio de López Obrador se cumplieron las metas de producción.

El deterioro en la extracción de crudo no ha generado una recuperación considerable en la producción de gasolinas. En 2024 Pemex Transformación Industrial, la filial encargada de la producción de combustibles, produjo en promedio 290 mbd de gasolinas, superior a los 207 mbd de 2018, pero inferior al máximo de 437 mbd logrado en 2013. Aunque se ha recuperado la tendencia negativa observada al cierre de Peña Nieto, no se ha logrado una recuperación total de la capacidad productiva de Pemex a sus mejores niveles.

El petróleo es de Pemex y luego de los mexicanos

La caída en la producción de crudo y la disminución de derechos cobrados a la petrolera han provocado que los recursos que paga Pemex a la federación tuvieran en 2024 su peor nivel desde 1990. No es sólo que la empresa haya desperdiciado los cuantiosos apoyos financieros, sino que debido a ello se redujeron los ingresos públicos para financiar las garantías ciudadanas.

Al cierre de 2024, la renta pública por la venta de petróleo fue de 959 mmdp, una reducción de 27% (362 mmdp) contra el cierre del sexenio de Peña Nieto. Sin embargo, este retroceso afectó a Pemex en menor medida que a la federación. Debido a que la empresa tuvo una reducción en su pago de derechos, sus ingresos petroleros en 2024 fueron incluso 28% (165 mmdp) superiores a los de 2018, mientras que los ingresos exclusivos de la Federación cayeron en 72% (527.6 mmdp). Los recursos invertidos en Pemex han sido un pésimo negocio para el Estado: le ha metido más de 1.1 billones de pesos en transferencias directas y a cambio recibe menos recursos.

De esta forma, en 2024 Pemex se quedó con 79% de la renta petrolera, mientras que el Gobierno sólo obtuvo el 21%, la peor distribución histórica. En 2018, todavía el 55% de los ingresos petroleros iban a la federación para financiar, entre otros, el gasto público en salud o educación. El resto se lo quedaba Pemex. Para decirlo claro: con López Obrador los ingresos petroleros prácticamente dejaron de ser de los mexicanos y fueron entregados a los trabajadores y directivos de Pemex.

La situación es incluso mucho peor cuando se calculan los ingresos petroleros netos que obtiene el Gobierno federal: aquellos recursos que recibe de Pemex, menos lo que se le regresa a la petrolera mediante transferencias financieras.

Como se mencionó, los ingresos que aportó Pemex a la Federación sumaron, para diciembre, 203.9 mmdp, pero el Gobierno le devolvió 176.5 mmdp vía transferencias. Así, el Estado terminó con ingresos por sólo 27 mmdp, el peor monto jamás registrado y 96% (704 mmdp) menor a lo reportado en el último año de Peña Nieto (2018).

Otra forma de verlo es que en 2024 Pemex aportó recursos de solamente 208 pesos por persona, mientras que en 2018 aportaba 5,835 pesos. Este retroceso de 96% equivale a 5,627 pesos menos per cápita. Así, en 2018 Pemex podía pagarle a cada persona una consulta de medicina familiar (1,174 pesos), un hemodiálisis (3,573 pesos) y una consulta dental (1,040 pesos)¹. En 2024, lo que aportó Pemex no alcanza ni para dos paquetes de analgésicos (por ejemplo, aspirina y paracetamol, 50 pesos cada uno) y un omeprazol (120 pesos).

En conclusión

La política de ingresos de López Obrador fue un fracaso. Durante todo su mandato los ingresos públicos se mantuvieron estancados respecto del tamaño de la economía y por habitante apenas crecieron 3%. Además, se quedaron muy por debajo del desempeño logrado por otros presidentes.

En materia de recaudación tributaria, aunque sí logró un incremento destacable, esto fue debido a los mayores ingresos por IEPS que antes no se cobraban y por la mayor presión a los contribuyentes. No obstante, no hubo un destacable incremento en el cobro del ISR o del IVA. Lo peor es que los pocos avances en ingresos tributarios se dilapidaron por la reducción de la carga fiscal a Pemex, sin que entonces ni ahora se observe una mejora productiva en la empresa.

Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica actualizados al año 2024. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5711444&fecha=14/12/2023#gsc.tab=0 ↩︎

Gasto público 2018-2024: no se cumplió la austeridad republicana

Escrito por México Evalúa en febrero 11, 2025. Publicado en Analisis, Anuales, Finanzas Públicas, Sexenales. 2 comentarios en Gasto público 2018-2024: no se cumplió la austeridad republicana

Contra la promesa de la “austeridad republicana” en el sexenio que finalizó, el gasto público llegó a niveles nunca antes vistos. Aún así, no hubo mejoría en salud, seguridad, educación o inversión. ¿En qué se gastó entonces?

En 2019, primer año del sexenio pasado, se llevaron a cabo políticas de austeridad y se mantuvo el gasto neto del sector público al mismo nivel que en el Gobierno precedente, el de Enrique Peña Nieto. Es decir: 23.1% del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, a partir de 2020 comenzó a pisar el acelerador al presupuesto. Lo hizo a través de un mayor endeudamiento (lo explicamos en esta nota).

El gasto neto del sector público se refiere a la cantidad total de recursos ejercidos por el gobierno federal para cubrir todas sus funciones, como educación, salud, seguridad e inversión. Incluye también el ejercicio de recursos de las empresas del Estado como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), así como del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En el balance final, observamos que la administración de Andrés Manuel López Obrador llevó el gasto total a 9.1 billones de pesos o 27% del PIB, el máximo nivel que se tenga registro desde 1990.

La gestión del ex mandatario superó con creces el legado de sus antecesores. El monto total ejercido en 2024 fue casi cuatro puntos porcentuales superior a ese 23.1% del PIB registrado en el último año de Peña Nieto y más de tres puntos por encima del 23.7% del PIB al cierre de la administración de Felipe Calderón en 2012. Este incremento marca un uso sin precedentes de los recursos públicos, con implicaciones para la estabilidad fiscal y las decisiones presupuestarias futuras.

¿Qué dependencias ganaron o perdieron en el sexenio pasado?

El gasto por clasificación administrativa define qué dependencias del gobierno reciben y administran los recursos públicos. En este sentido, reflejan las prioridades de cada administración y su impacto en la población. Comparando con 2018, hubo incrementos significativos en solamente tres secretarías controladas por el Ejecutivo federal: Bienestar, Energía y Turismo, mientras que los entes y organismos autónomos salieron perdiendo..

De esas tres, la Secretaría del Bienestar fue la más beneficiada. Al cierre de 2024 erogó 522.8 mil millones de pesos (mmdp), un incremento de 313.5% (396.4 mmdp) con respecto a 2018. El alza se debe al mayor gasto en las pensiones para adultos mayores. Le sigue la Secretaría de Energía, que gastó 179.1 mmdp en 2024, un despegue estratosférico de 2,255% (171.5 mmdp) comparado con el cierre del sexenio de Peña Nieto. El 99% de este aumento se debe a las transferencias financieras a Pemex para saldar sus pérdidas. Finalmente, la Secretaría de Turismo gastó 136.3 mmdp, 964% (123 mmdp) más que en 2018, debido a la construcción del Tren Maya.

En suma, los principales incrementos en las secretarías de estado durante el sexenio de López Obrador reflejan sus principales prioridades: pensiones asistenciales, Pemex y obras de gran envergadura.

Del lado perdedor están los entes y organismos autónomos. De los 10 que había, siete sufrieron recortes presupuestarios frente al cierre de 2018: el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). En conjunto, el presupuesto de los organismos autónomos cayó en 9% o 14.6 mmdp, frente a 2018, si no incluimos en el cálculo a la Fiscalía General de la República (FGR) creada en 2019.

En el caso de los 26 Ramos Administrativos —secretarías y dependencias con control directo del Ejecutivo federal— 15 sufrieron recortes frente a 2018 y sólo 11 tuvieron incrementos.

Entre las afectadas, se encuentra la Secretaría de Salud (SSA). En 2024 sólo erogó 65.5 mmdp; esto es 60% (99.4 mmdp) menos que en 2018. Esta reducción se debió a la eliminación del Seguro Popular y la creación de IMSS-Bienestar como un organismo descentralizado. Aunque la creación de este último Instituto compensó en parte la reducción de recursos, limitó la rectoría de la SSA en materia de salud pública.

Asimismo, destaca la Secretaría de Gobernación (Segob) que en 2024 ejerció 18 mmdp, un desplome de 83.5% (91 mmdp) contra 2024. La merma se debe a la eliminación de la Policía Federal (PF) que hasta 2018 se encontraba sectorizada en la Segob, y la creación de la Guardía Nacional (GN), que residió en primera instancia en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SSyPC) y ahora será parte de la Defensa Nacional.

Estos dos recortes a nivel administrativo evidencian el debilitamiento de la rectoría de la salud pública durante el sexenio de AMLO y la militarización de las fuerzas de seguridad pública.

En el caso de las empresas públicas y entidades bajo el control presupuestario directo, sobresale el crecimiento del presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En 2024 llegó a 1.3 billones, un aumento de 46.4% (427.1 mmdp) contra 2018. El 74% de este crecimiento se debe al aumento de las pensiones pagadas por este Instituto y el resto a mayor gasto en salud o protección social.

Del lado perdedor, la CFE erogó 525 mmdp, una reducción de 77.4 mmdp, equivalente a una caída del 12.8% frente a 2018. La reducción se debe a menores gastos de operación, lo cual es positivo. No obstante, la inversión promedio de la empresa cerró en 49 mmdp, inferior a los 52 mmdp, promediados por Peña Nieto.

¿Qué objetivos sociales y económicos fueron financiados?

Otra forma de analizar las prioridades del gobierno es a través de la clasificación funcional del gasto público. Ésta agrupa los gastos de los entes públicos en función de los objetivos socioeconómicos que persiguen, como salud, educación, agricultura, ciencia, entre otras.

Durante el sexenio de López Obrador, sólo un tipo de gasto tuvo un impulso considerable: la función de protección social (principalmente pensiones contributivas y del bienestar). Aumentó en 68% (812 mmdp), para colocarse en 2 billones al cierre de 2024. Su crecimiento fue cinco veces mayor que el registrado en Salud, 18 veces el de Educación y 20.8 veces el del Estado de derecho.

Por ejemplo, el gasto en Educación llegó al cierre de 2024 a un billón de pesos, 45 mmdp (5%), frente a 2024, pero se mantuvo por debajo del máximo de 2015. Asimismo, el gasto en Estado de derecho (policías civiles, ejército y justicia) fue de 398 mmdp, 39 mmdp (10.8%) superior al de 2018. Finalmente, el gasto en Salud llegó a 922 mmdp, un aumento de 160 mmdp (21%) más desde el cierre del sexenio de Peña Nieto.

Por otra parte, hubo sectores del gasto que llanamente fueron recortados. Ciencia y tecnología fue ajustada a la baja en 7 mmdp (10%). Agricultura se redujo en 21% (22 mmdp) y protección ambiental en 21% (6 mmdp).

¿En qué se gastó más durante el sexenio?

La clasificación económica del gasto público permite identificar cómo se distribuyen los recursos del Gobierno en distintas categorías, midiendo su impacto en la economía. Mediante este enfoque se puede observar que durante el sexenio de López Obrador, los subsidios fueron la principal prioridad, por encima de la inversión pública, las transferencias a los estados o los salarios de los funcionarios públicos.

Así, de 2018 a 2024, el concepto del gasto con mayor aumento fue el de subsidios, transferencias y aportaciones: llegó a 1.3 billones de pesos, un incremento de 50% (437 mmdp) respecto al cierre del sexenio de Peña Nieto. Para dimensionar, el aumento de este concepto fue 6.7 veces superior al crecimiento del gasto en salario de funcionarios, 2.2 veces mayor al aumento de la inversión en infraestructura o 3.8 veces mayor al crecimiento de las participaciones pagadas a las entidades federativas.

Del incremento en subsidios, transferencias y aportaciones, el 96% se debió a las pensiones para adultos mayores y a la pensión para discapacidad permanente.

El segundo concepto de gasto con mayor incremento fue el de pensiones y jubilaciones. Este rubro se refiere a las pensiones contributivas; es decir, aquellas donde el trabajador aporta durante su vida laboral a un sistema de jubilación. Por ejemplo, las pensiones del IMSS, ISSSTE o CFE. Este gasto llegó a 1.4 billones de pesos, un aumento de 36% (384 mmdp) frente al cierre de 2018.

Finalmente, destaca el alza del costo financiero de la deuda, que no es otra cosa que el pago de intereses por el endeudamiento adquirido. Este gasto llegó a 1.1 billones de pesos, el nivel más alto que se tiene registro desde 1990 y 39% (320 mmdp) más que en 2018.

En suma: las pensiones (contributivas y asistenciales), además del pago de intereses, fue lo que mayormente impulsó el gasto de López Obrador.

Otros conceptos de importancia no fueron tan afortunados. La inversión física llegó al billón de pesos, pero se quedó por debajo de sus mejores niveles de 2014 y 2015. Asimismo, las Participaciones pagadas a entidades federativas (recursos para el financiamiento de los estados) llegaron a 1,2 billones de pesos, sólo 10% (114 mmdp) más que en 2018.

Esta evolución muestra que López Obrador dio menos importancia a la inversión productiva o al fortalecimiento del federalismo, que a los de subsidios o al pago de intereses de la deuda. El problema es que esta distribución del gasto limita el crecimiento económico y la equidad en el desarrollo regional.

El sexenio de las pensiones… sin garantía de financiamiento

Vale la pena detenerse para analizar la acelerada evolución del presupuesto en pensiones durante la presidencia de López Obrador. En las sociedades que envejecen, este gasto suele incrementarse rápidamente, pero lo observado en el último sexenio es punto y aparte.

De 2018 a 2024 el gasto total en pensiones llegó a 1.92 billones de pesos (5.7% del PIB), un incremento de 72% (804 mmdp). Este ritmo de crecimiento fue mucho mayor al reportado por Peña Nieto (46%) o el de Calderón (72%).

El gran problema es que durante su mandato, los ingresos crecieron en sólo 8.5% o 586 mmdp. Es decir, las pensiones aumentaron 217 mmdp más que los recursos disponibles. Esto significa que se tuvieron que recortar 217 mmdp de otros rubros para financiar el aumento en las pensiones.

El gran impulso se debe principalmente al aumento de las pensiones no contributivas, es decir las destinadas a los adultos mayores y a las personas con discapacidad permanente. En conjunto, estos dos programas sumaron 468 mmdp, (1.4% del PIB) un incremento de 873% (420 mmdp) frente a 2018.

Por su parte, las pensiones contributivas, sumaron 1.45 billones de pesos (4.3% del PIB), lo que representó un aumento de 36% (384 mmdp). De hecho, el incremento de estas pensiones fue inferior a lo reportado con Peña Nieto (45%) y con Calderón (65%).

Lo anterior ha provocado que las pensiones no contributivas tengan un mayor peso en el gasto de pensiones: pasaron de representar el 4% en 2018 al 24% en 2024.

¿Cuál es el veredicto final del gasto público?

El análisis de rubros selectos permite integrar las diferentes clasificaciones del gasto expuestas anteriormente (administrativa, funcional y económica) para tener un panorama más amplio de las prioridades financieras del Gobierno. A través de este enfoque volvemos a identificar que el gasto en pensiones fue lo más importante para López Obrador, a costa del gasto en inversión, salud o seguridad.

En primer lugar, el gasto en pensiones (contributivas y no contributivas) fue el ganador indiscutible en el presupuesto. En 2024 llegó a representar el 5.7% del PIB, muy por encima del 3.4% registrado en 2018.

En segundo lugar, con 3.4% del PIB, se colocó el costo financiero de la deuda. Es su máximo nivel desde 1990. Esto se debe a la contratación de deuda pública en un contexto de altas tasas de interés.

De esta forma, en 2024, pensiones y costo financiero comprometieron el 9.1% del PIB, en comparación con 5.9% en 2018, lo que reduce el margen para atender necesidades emergentes en seguridad, educación, infraestructura y otros sectores estratégicos. Se trata de compromisos adquiridos, que limitan la capacidad del Estado para responder a desafíos futuros con inversión en sectores clave para el desarrollo económico y social.

Por ejemplo, Seguridad Nacional y Policías sólo recibieron 0.8% del PIB en 2024, lo que refleja un estancamiento desde 2011, a pesar de que la seguridad es una de las principales preocupaciones de la población.

Asimismo, la inversión física sin incluir Pemex alcanzó el 2.1% del PIB, y no igualó los niveles del sexenio de Peña Nieto, pues llegó al 2.5% en 2014. O está el caso del gasto educativo, que representó 3% del PIB, inferior al 3.5% de 2015 y menor al 4% que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En suma, la política de gasto durante la gestión de López Obrador fue de corto plazo y fiscalmente insostenible. De corto plazo ya que dio prioridad a los subsidios sobre la inversión en infraestructura, la educación o el estado de derecho. Insostenible, porque el impulso otorgado a las pensiones no estuvo respaldado por mayores ingresos públicos.

Lo peor de todo es que este presupuesto ineficiente y sin visión de desarrollo alcanzado en 2024, ya ha tenido que ser severamente recortado por Claudia Sheinbaum para controlar el endeudamiento. De esta forma tendremos aún más graves recortes en salud , educación, estado de derecho o inversión. Así, los derechos no garantizados por la administración de López Obrador, tendrán menos posibilidades de mejora en este nuevo sexenio.

Intereses récord y deuda histórica: el saldo del sexenio

Escrito por México Evalúa en febrero 6, 2025. Publicado en Analisis, Anuales, Finanzas Públicas, Sexenales. 1 comentario en Intereses récord y deuda histórica: el saldo del sexenio

No endeudar al país y manejo responsable de las finanzas públicas fue el lema que siempre repitió el ex presidente, pero al final de su sexenio los datos demuestran todo lo contrario.

No endeudar al país y manejo responsable de las finanzas públicas, fue el lema que repitió Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su administración, pero llegó el final del sexenio y los datos demuestran que no sólo aumentó la deuda, sino que no hubo un manejo responsable de las finanzas del Estado.

El sexenio pasado cerró con el mayor monto de deuda pública desde que se tiene registro público por parte de Hacienda. En términos monetarios, suma 17.4 billones de pesos, equivalente a 51.4% de la economía. Esto indica que el tamaño de la deuda que ha adquirido el Gobierno representa un poco más de la mitad del ingreso total que generó la economía durante el año 2024.

Si comparamos frente a la deuda pública que dejó Enrique Peña Nieto, entonces tenemos que la deuda pública se incrementó en 23% (3.2 billones de pesos) respecto a 2018. El aumento de la deuda se debe a que el Gobierno pidió más préstamos en moneda nacional, elevándola en un 45.5% (4.1 billones de pesos) frente a lo que dejó EPN en 2018.

Si dividimos el total de la deuda pública entre el total de la población mexicana, al cierre del sexenio de AMLO cada mexicano debe 131 mil 738 pesos por concepto de la deuda pública. Esto es 17.5% (19,596 pesos) superior a lo que debíamos los mexicanos al cierre del sexenio de Peña Nieto, cuando se debían 112 mil 141 pesos por persona.

Ya sea considerando el crecimiento económico o el tamaño de la población, no hay duda que se incrementó la deuda pública a niveles históricos. Peor aún, es mucho mayor el crecimiento de la deuda que el crecimiento poblacional y que el de los ingresos que genera la economía mexicana.

¿Por qué no se cumplió la promesa de no endeudar al país?

El Gobierno se endeuda por la misma razón por la que los hogares o los negocios requieren de préstamos: porque no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir los gastos. Esto es importante porque el Estado mexicano no se había quedado tan corto de dinero en los últimos 35 años como sucedió durante este 2024.

Los ingresos públicos con los que contó la Administración federal provenientes del pago de todos los impuestos —como son el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)—, así como los ingresos por la venta de petróleo; fueron cerca de 7.5 billones de pesos, o el 22.1% del producto interno bruto (PIB). Si bien, parece ser una cantidad importante de dinero, no fue suficiente para cubrir los 9.2 billones de pesos que el Gobierno gastó, o el equivalente al 27% del PIB. Este nivel de gasto público es histórico y tampoco se había visto en los últimos 35 años.

La diferencia entre el gasto público y los ingresos resultó en un déficit presupuestario de 1.6 billones de pesos, equivalente a 4.9% del PIB, que también es el déficit presupuestario más elevado en los últimos 35 años. En otras palabras, el Gobierno no había requerido de tanta deuda para financiar la brecha entre sus ingresos y gastos como lo hizo el año pasado.

Para ponerlo en perspectiva, Peña en su último año de gobierno requirió de 668 mil millones de pesos (mmdp) para cubrir la brecha entre los ingresos y el gasto público, mientras que AMLO requirió 1.63 billones de pesos; esto es 160% (1,022 mmdp) mayor al déficit de EPN. La conclusión es clara: AMLO sí endeudó al país y debilitó aún más las finanzas del Gobierno, llegando incluso a pedir más dinero prestado en el último año de su sexenio que las cuatro administraciones pasadas. Pero salió ileso: pateó el explosivo de su deuda hacia la nueva administración de Sheinbaum.

Lo más irónico de este cierre del sexenio del endeudamiento, es que durante la crisis económica y sanitaria por el Covid-19, el Estado mexicano no quiso adquirir préstamos. Esto le hubiera servido para incrementar el gasto en salud o de inversión, y evitar la caída de la economía y la muerte de miles personas. La argumentación que se dio en ese momento fue que no se quería endeudar más al país porque esto implicaba pagar mayores intereses. Por entonces la tasa de interés de referencia llegó a ser de tan sólo 4.3%. Cuatro años más tarde se incurrió en el mayor endeudamiento en los últimos 35 años a una tasa de interés de referencia superior al 11%.

¿Para quién fue el endeudamiento y que se financió?

Al hablar del endeudamiento público es importante conocer qué entidad es la que está requiriendo financiamiento. Por ejemplo, lo puede requerir Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o el propio Gobierno federal. Dependiendo de quién esté gastando más de lo que tiene, se puede inferir para qué se requiere el endeudamiento.

No es lo mismo que Pemex requiera de financiamiento para cubrir sus gastos operativos y poder pagar sus cuentas, a que el Gobierno federal lo necesite para cubrir las pensiones de adulto mayor, las becas y los intereses de la deuda pública.

Al cierre de 2024 las cuentas públicas revelan que el Gobierno federal rebasó sus ingresos por 1,881 mmdp. Su mayor déficit en los últimos 35 años; desde 1990 no había sido tan grande la diferencia entre gasto e ingresos. Tan sólo frente a 2018, esta brecha se incrementó en 182.6% (1,216 mmdp).

Hay que tener en cuenta que parte de este déficit gubernamental responde a las ayudas financieras y fiscales que ha otorgado a Pemex. Lo trágico es que éstas se han traducido en menores ingresos petroleros para financiar los derechos sociales. Al cierre de 2024 la Administración federal se quedó con tan solo 27 mmdp de ingresos petroleros, esto fue 94% (704 mmdp) inferior a lo que obtuvo Peña en su último año de gobierno.

Para ponerlo en perspectiva: si comparamos los ingresos petroleros que el Estado dejó de recibir frente a 2018, con el aumentó del déficit que requirió para financiar su gasto; tenemos que, al cierre de 2024, el 58% del endeudamiento del Gobierno federal fue debido a la renuncia de la renta petrolera para salvar financieramente a Pemex.

¿Cuál fue el resultado? No podemos negar que frente a 2018 se presenta una ligera recuperación en el balance Pemex al reportar un superávit por 81 mmdp, cuando al cierre del sexenio de Peña había reportado un déficit por 83 mmdp. Si bien es una ligera recuperación, este saldo “positivo” requirió poco más de 2 billones de pesos de apoyos financieros y fiscales, así como un déficit que también casi llega a los 2 billones de pesos.

¿Se cumplió con la meta de endeudamiento?

El déficit es aún mayor de lo que se mencionó anteriormente, si consideramos todos los pasivos o el financiamiento que requirió el Gobierno en su conjunto. Bajo esta perspectiva, el déficit fiscal pasa de 1.66 billones a 1.94 billones de pesos, el equivalente a 5.7% del PIB. Es el déficit público más grande desde el año 2008 que se tiene registrado. Si lo comparamos frente al último año de gobierno de Peña Nieto, tenemos que el déficit público fue 178% (1,242 mmdp) mayor.

Se debe señalar que este déficit público no sólo indica la magnitud de cuánto financiamiento requirió el Gobierno, sino también si se está cumpliendo con los objetivos de responsabilidad fiscal. De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el Gobierno propone cada año un tope al déficit público para mantener sanas las finanzas públicas.

Sin embargo, AMLO terminó su sexenio sin cumplir la meta de responsabilidad fiscal, rebasando la meta de 5.4% del PIB para el déficit público que había establecido para 2024. De hecho, durante su sexenio en cinco años consecutivos no cumplió con su meta de responsabilidad fiscal, es decir, de 2020 a 2024. En 2020 era entendible por la pandemia, pero en el resto de los años no.

El hecho anterior indica un claro deterioro en el manejo de las finanzas públicas al no haber un manejo adecuado del endeudamiento del Gobierno acorde con los principios de responsabilidad fiscal establecidos por la Ley. Esto se compara negativamente con lo observado durante el sexenio de Peña Nieto, cuando se hilaron cinco años en que el déficit fiscal fue inferior a la meta establecida.

¿Qué tan sostenible fue el uso del endeudamiento?

El endeudamiento no es malo en sí mismo para las finanzas públicas, pues representa una fuente de financiamiento. Sin embargo, si no es usado con responsabilidad, cumpliendo con las metas o límites que se establecen por Ley, así como si no se le da un uso responsable, entonces pudiera no generar el efecto esperado y representar solo una carga financiera.

Para evitar el mal uso del endeudamiento, se estableció mediante el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todo aquel financiamiento que solicite el Gobierno, debe ser destinado a la ejecución de obras que produzcan directamente un incremento en los ingresos públicos. Por definición económica, aquí estamos hablando de que se destine a gasto de inversión.

De acuerdo con lo anterior, podemos calcular si el financiamiento requerido por el Gobierno está siendo utilizado de manera responsable de acuerdo con la Constitución. Al comparar el déficit público al cierre de 2024 respecto al gasto de inversión física (en infraestructura) que realizó el Estado, se tiene de que cada 100 pesos de endeudamiento 53 se destinaron a la inversión física, mientras que los restantes 47 pesos a otros tipos de gasto como pueden ser el pago de intereses de la deuda o financiar programas sociales.

El sexenio de AMLO no solo estará marcado por ser uno de los que incurrió en mayores déficits o niveles de endeudamiento, sino por el mal uso que hizo del mismo de acuerdo con el anterior principio económico. Durante todo su sexenio el gasto de inversión física fue inferior al déficit público en el que incurrió, y a medida que crecía más el endeudamiento, destinó menor proporción al gasto de inversión.

Lo anterior implica que no sólo se endeudó de manera histórica, sino que al no gastar de manera proporcional en la construcción de infraestructura y ampliar las capacidades productivas del país, sólo generó una mayor deuda con tasas de interés muy altas que ahora deberá pagar la nueva administración. Esto, a costa de frenar el gasto en sectores prioritarios y con ello arriesgar la garantía de los bienes y servicios públicos.

¿Qué tan caro resultó el endeudamiento del sexenio pasado?

La deuda adquirida por AMLO ya está cobrando factura al erario mediante el pago de intereses y servicio de la deuda pública. Al cierre de 2024, el Gobierno pagó 1.15 billones de pesos en el costo financiero de la deuda, el cual incluye los intereses y otros gastos financieros en los que incurre al pedir prestado.

Se trata del mayor monto que ha destinado el Estado en el pago de los intereses de la deuda pública desde 1996. Frente 2018, se incrementó en 38.5% (319.9 mmdp). El incremento se dio tanto en los intereses pagados en moneda nacional, que subieron 53.5% (311.4 mmdp), como en los pagados en moneda extranjera, que tuvieron un alza de 3.4% (8.4 mmdp).

El costo financiero de la deuda ya es un gran costo de oportunidad para el Gobierno. Esta realidad termina afectando a la población, al haber menos recursos para garantizar los bienes y servicios públicos. Al cierre de 2024 se destinó 3.4% del PIB para el pago de intereses de la deuda pública, y tan sólo el 2.7% del PIB para salud.

Incongruente con Plan México el presupuesto 2025 para educación y ciencia

Escrito por México Evalúa en enero 16, 2025. Publicado en Paquete Económico 2025. 1 comentario en Incongruente con Plan México el presupuesto 2025 para educación y ciencia

El gasto para Educación más Ciencia, Tecnología e Innovación para 2025 es el más bajo en 18 años en relación al PIB y limitará las ambiciones de desarrollo que Claudia Sheinbaum planteó en su Plan México.

La prensa la ha denominado la “presidenta científica”; sin embargo, Claudia Sheinbaum, ha destinado el peor nivel de inversión en Educación más Ciencia, Tecnología e Innovación en 18 años: tan sólo el 3.06% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta baja inversión en su primer año de gobierno limitará las ambiciones que ella misma planteó en el Plan México. Entre otras metas, buscaba ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer el desarrollo científico. Con tan pocos recursos, se ve poco factible.

La menor importancia del presupuesto en educación y ciencia no solamente provocará que el Plan México no tenga el suficiente empuje para cumplir las metas de crear empleos bien remunerados; también se dificultará la proveeduría local en las empresas, la sustitución de importaciones, y no hablemos del anhelo de colocar a México en el Top 10 de las economías mundiales…

Para que el sector privado aumente su inversión, no sólo es importante que los Gobiernos den certeza jurídica (algo que con la reciente reforma al Poder Judicial queda en entredicho), sino que se impulse el avance tecnológico con herramientas presupuestales. Así es como Gobierno y sector privado “empujan” por igual la carreta del desarrollo.

¿Qué explica el castigo presupuestario de estos rubros?

Luego del gran endeudamiento del ex-presidente López Obrador en 2024, la nueva administración de Claudia Sheinbaum se ha visto obligada a realizar un ajuste fiscal a gran escala en el presupuesto para 2025 en sectores como salud, seguridad o inversión. La educación no se vio tan afectada, pero sus recursos se han mantenido estancados desde 2016. En cambio, la asignación para ciencia y tecnología sí se redujo. Cabe aclarar que no todos los rubros fueron castigados: las becas y pensiones del bienestar incluso tuvieron aumentos, lo que refleja las verdaderas prioridades del Gobierno.

En suma, el presupuesto conjunto de Educación más Ciencia, Tecnología e Innovación será de 1.1 billones de pesos en 2025, apenas 0.7% o 7.8 mil millones de pesos (mmdp) más que lo aprobado en 2024, pero 7% menor (83.2 mmdp) al máximo de 2015.

Debido a que según Hacienda el PIB de México crecerá 2.5% en 2025, el peso del gasto en educación y ciencia respecto al tamaño de la economía pasará de 3.1% del PIB en 2024 a 3.06% en 2025, que es el peor nivel desde 2008 que hay registro. Para decirlo más claro: aunque hay un ligero aumento en millones de pesos, pierde prioridad.

Gasto educativo estancado

El estancamiento del gasto educativo no es algo nuevo. A partir del año 2016, el ex presidente Enrique Peña Nieto realizó un ajuste fiscal que afectó diferentes rubros, como el educativo. Desde entonces no se ha logrado recuperar el máximo alcanzado en 2015 por 1.1 billones de pesos (a precios constantes de 2025), y que representó el 3.5% del PIB.

Para 2025 se proyectó un presupuesto educativo de 1.03 billones de pesos o 2.9% del PIB, una reducción de 0.5% (5 mmdp) respecto a 2024. Sin embargo, luego de que varias universidades públicas se manifestarán en contra de los recortes presupuestales, el gobierno aseguró que había un “error”. Así, se realizaron ampliaciones para 13 universidades por 17.6 mmdp que, asumimos, impactarán directamente al presupuesto en la clasificación funcional Educación. Así, el presupuesto educativo llegará a 1.05 billones de pesos, 1.2% (12 mmdp) más que en 2024.

El ajuste será insignificante, ya que el presupuesto educativo seguirá siendo de 2.9% del PIB, muy por debajo del 3.5% logrado en 2015. De hecho, no tiene comparación con lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) recomienda a los gobiernos: gastar entre 4 y 6% del PIB en educación. Tampoco se compara con el promedio global de 4.6%; ni con el de América Latina de 4.9%. El gasto educativo es la principal herramienta para romper los ciclos de pobreza y promover la movilidad social y mejorar la productividad del país. El estancamiento en este rubro —en éste y otros sexenios— indica que estas metas no son prioridad.

El limitado gasto en educación en México, en comparación con otros países, podría estar ocasionando el bajo desempeño en pruebas internacionales como PISA (siglas en inglés de Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes). Los resultados de estas pruebas reflejan un panorama alarmante. En matemáticas, México obtuvo 395 puntos, muy por debajo del promedio de 472 puntos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y de otras economías de ingreso medio como Chile (412), Letonia (483) y Polonia (489). En lectura, los resultados son similares: México alcanzó 415 puntos, frente a los 476 de la OCDE, 448 de Chile, 475 de Letonia y 489 de Polonia. En ciencias, la situación no mejora, con México registrando 410 puntos, 75 menos que el promedio de la OCDE (485).

Becas ganan peso en el presupuesto

No sólo el presupuesto educativo se ha mantenido estancado, sino que ha cambiado radicalmente su composición y, por consiguiente, su impacto. Nos referimos a que los programas de becas han tomado mayor importancia en el presupuesto. De 2009 a 2018, las becas representaron, en promedio, el 6% del gasto en Educación. En 2025, representarán el 13% del gasto educativo, su mayor proporción histórica.

Otra forma de medirlo es que, mientras en 2015 los programas de becas sumaban 64 mmdp, para 2025 han incrementado en 108%, un aumento de 132 mmdp. En contraparte, otros rubros del gasto educativo han sido fuertemente castigados. Por ejemplo, los recursos para la Prestación de Servicios Públicos para la Educación (salarios de maestros, equipo y material educativo) pasaron de 210 mmdp a 167 mmdp, un recorte de 20% (43 mmdp). También se ha reducido el presupuesto de inversión en infraestructura, evaluación y los recursos estatales.

Los programas de becas permiten ampliar el acceso a la educación, pero es una medida insuficiente. Es necesario destinar recursos a mejorar la infraestructura de los planteles educativos, la calidad docente, los planes de estudio o recursos pedagógicos, para asegurar la permanencia de los estudiantes y una educación de calidad. El incremento aislado en el presupuesto de becas, a costa de otros rubros importantes, indica que no existe una estrategia integral en la materia, sino una estrategia de política clientelar.

En programas de licenciatura y maestría, México registra un 32% de porcentaje de graduación. Comparado con el promedio de América Latina y el Caribe (46%), México se encuentra 14% por debajo. Cabe mencionar que incluso este promedio regional ya es considerado bajo en estándares internacionales; por ejemplo, el Banco Mundial señala que está muy lejos del 67% de Estados Unidos. Es necesario replantear las estrategias del gasto educativo para solucionar este problema.

Compensación insuficiente a universidades

El mismo 15 de noviembre que se hizo público el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025, varias universidades públicas se coordinaron para exigir que sus presupuestos no fueran recortados frente a lo aprobado en 2024. Si bien la mayoría obtuvo una compensación en la aprobación del presupuesto, este incremento es insuficiente para recuperar el gasto de estos centros de educación superior.

Por ejemplo, inicialmente la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) había recibido un presupuesto de 39.5 mmdp, que era 15% (7 mmdp) menor al de 2024. Luego de la discusión presupuestaria en el Congreso, la UNAM recibió una ampliación presupuestaria de 7.1 mmdp con lo que su presupuesto se mantuvo al mismo nivel que en 2024. Aunque la máxima casa de estudios de México se libró de un recorte frente al año pasado, aún se mantiene muy por debajo de sus mejores niveles. Frente a 2011, cuando ejerció 50 mmdp, su presupuesto para este año será 7% (3.5 mmdp) inferior.

Este estancamiento de décadas en la UNAM, explica la menor capacidad de la universidad para aceptar a nuevos estudiantes. Según estadísticas de la propia institución, en promedio, entre 2004 y 2024, sólo el 10% de los estudiantes que presentaron examen de admisión fueron aceptados. No obstante, entre 1999 y 2003 se logró una tasa de ingreso de 15% en promedio.

La situación es similar en materia de presupuesto con otras universidades públicas del país. Tanto la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad Autónoma de Chapingo, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN) contarán en 2025 con un presupuesto inferior a lo alcanzado en sexenios anteriores.

La única institución pública de educación superior con incrementos considerables para el siguiente año, serán las Universidades para el Bienestar creadas en 2019. En 2025 contarán con 3 mmdp, 88% (1.4 mmdp) más que en 2024. No obstante, es evidente que este incremento no compensa la histórica caída presupuestaria en el resto de universidades.

De no incrementarse los recursos destinados a las universidades, difícilmente México logrará los índices educativos de otros países. Hay que recordar que en México sólo el 27.2% de la población de 25 a 32 años cuenta con educación superior, la peor proporción dentro de la OCDE. En promedio, en estos países miembros, el 47% de la población de ese rango de edad cuenta con educación superior.

Ciencia sin apoyo: el presupuesto de 2025 es un retroceso

En 2025, el presupuesto destinado a Ciencia, Tecnología e Innovación será de apenas 57.8 mil millones de pesos (mmdp), lo que representa un recorte del 7.4% (4.6 mmdp) en términos reales frente al monto aprobado para 2024. Esto será apenas el 0.16% del PIB, mucho menor al 0.28% que alcanzó en 2015 durante la administración de Enrique Peña Nieto (EPN), cuando llegó al máximo histórico de 89.9 mmdp. En total, el presupuesto de 2025 será un 35.7% (32 mmdp) menor al punto más alto logrado, una alarmante disminución en el apoyo a la ciencia y la tecnología en México.

Para dimensionar, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) recomienda que los países inviertan al menos el 1% del PIB en ciencia y tecnología. En América Latina, el promedio es del 0.6% y Brasil destina hasta el 1.2%. En contraste, las potencias líderes en desarrollo tecnológico, como Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur, invierten el 2.8%, 2%, 3.2% y 4.5% respectivamente, subrayando el enorme rezago de México en este sector clave para el futuro.

La limitada inversión en ciencia afecta de modo directo el número de patentes. En 2023, México registró 15,630 solicitudes de patentes, lo que representó el 28% de las 55,200 solicitudes realizadas en América Latina y el Caribe. Aunque esta cifra refleja la relevancia de México en la región, se encuentra muy por debajo de las 25,369 solicitudes registradas por Brasil, una diferencia de casi 10 mil patentes.

Al analizar estas solicitudes en proporción a la población, México alcanzó 119 patentes por millón de habitantes, superando el promedio regional de 86, pero aún por detrás de países como Chile, con 163, y Brasil, con 120. Que un país genere menos patentes que otro puede tener implicaciones significativas para su desarrollo económico, su capacidad de innovación y su competitividad en el mercado global.

Si analizamos el presupuesto en ciencia de manera histórica, observamos que sectores clave para el desarrollo económico y el bienestar social, como son el agrícola, empresarial, energético e incluso la innovación para mejorar el medio ambiente y el mejor uso de los recursos naturales, han quedado muy debilitados.

Por ejemplo, el presupuesto para la promoción de la ciencia y tecnología de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) es 80.9% (7.1 mmdp) menor a lo ejercido en 2015. Hay que señalar que este sector es uno de los que mayor demanda tiene para el desarrollo de tecnologías y métodos para riego y cultivo, necesarias para que el campo ofrezca alimentos de calidad.

El presupuesto para la promoción de los avances tecnológicos y científicos de la Secretaría de Energía (Sener), que apoya investigaciones en materia petrolera, eléctrica y nuclear, es 68.7% (1.7 mmdp) inferior a 2015. Con un menor presupuesto para el sector energético se ve complicado que México pueda aprovechar de manera eficiente y amigable con el medio ambiente sus recursos naturales —como el petróleo—, además de poder satisfacer la demanda de energía del país.

También se han recortado los recursos para el desarrollo de innovación y tecnología medioambiental. El presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la promoción de la ciencia es 52.4% (0.4 mmdp) menor a lo reportado en 2015. Este recorte disminuye los recursos para investigaciones científicas relacionadas a la mitigación y adaptación del cambio climático.

Nueva Secretaría de Ciencia nace debilitada

La nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), será el principal ente promotor de la ciencia, tecnología e innovación en México. No obstante, nace con recortes presupuestarios comparada con los recursos que manejaba cuando se le conocía como Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). La Secihti para 2025 contará con un presupuesto de 33 mmdp, lo que implica un recorte de 3.7% (1.3 mmdp) frente al monto aprobado para 2024 del Conahcyt, y es 36.3% (18.8 mmdp) menor a lo ejercido en 2015 cuando llegó a invertir hasta 51.7 mmdp para la promoción de la ciencia en el país.

Es más, este presupuesto de la Secihti es el más bajo para la promoción de la ciencia desde 2011, un retroceso presupuestario de 14 años en los recursos para la principal entidad encargada del desarrollo tecnológico y científico del país.

Una década de recortes presupuestarios en ciencia y tecnología

A partir de 2015 el presupuesto enfocado a la ciencia comenzó a reducirse progresivamente, lo que provocó la desaparición de varios programas en los años subsecuentes. Muchos desaparecieron desde 2016 y otros cuantos en 2019, con la llegada de López Obrador. Con Claudia Sheinbaum no desaparecen programas en su primer año de Gobierno, pero vale la pena destacar que el Secihti contará con sólo seis programas, cuando en 2015 el Conacyt llegó a contar con alrededor de una veintena (entre los que se creaban y los que desaparecían).

La desaparición de 11 programas en la última década conlleva una desarticulación de los esfuerzos del gobierno para promover la ciencia, tecnología e innovación. El apoyo a la innovación queda reducido a la entrega de becas a investigadores de posgrado y para aquellos que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, pero abandona el alcance a otros actores como son: empresas, entidades federativas y sectores productivos.

Mencionemos, como ejemplo, el programa Innovación Tecnológica para negocios de alto valor agregado. En 2014 llegó a contar con recursos de hasta 6.5 mmdp y operaba como un instrumento de financiamiento para fomentar en las empresas privadas la investigación, la innovación y el desarrollo de tecnología. En 2016 este programa cambió de nombre a “Innovación tecnológica para aumentar la productividad de las empresas” y existió hasta 2019. Así, desde 2020 no se cuenta con un programa enfocado únicamente a la innovación en empresas sin importar su tamaño. Si bien hay presupuesto para los Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado; éstos atienden a un amplio espectro de población, y están enfocados en gran parte a la investigación académica.

Aparte, sufren de limitaciones operativas y presupuestarias: se cuenta con 1.45 mmdp, que son inferiores a los 6.5 mmdp que se destinaban sólo para la promoción de la innovación en las empresas. Estos limitados recursos deben destinarse entre un grupo más amplio de beneficiarios. En términos operativos, estas iniciativas están prioritariamente enfocadas en el desarrollo de tecnologías, siempre que su destino sea atender necesidades del gobierno.

Tanto el presupuesto educativo y aquel enfocado a ciencia, tecnología e innovación han sufrido recortes importantes a lo largo de la última década. Irónicamente, los apoyos en becas educativas y científicas se han mantenido o incrementado. Si bien, es favorable que se apoye al desarrollo académico de la ciencia mediante transferencias directas, es primordial que también se dé un impulso a la innovación y el desarrollo tecnológico por parte de las empresas y sectores estratégicos.

De acuerdo con el economista turco Dani Rodrik (2019), es necesario que el Gobierno impulse la innovación en sectores con el potencial de abrir nuevos paisajes industriales para el sector privado. De ahí la importancia de que se promuevan programas presupuestarios enfocados en expandir la educación, innovación y el desarrollo tecnológico, permitiendo la transferencia de conocimientos y tecnologías entre sectores productivos. Todo ello favorece el crecimiento sostenible y la confianza en el desarrollo económico a largo plazo.

Es positivo pero insuficiente que el Plan México busque fortalecer la participación del sector privado en la economía. Si se quiere promover el desarrollo científico y tecnológico, es imprescindible que el Gobierno también empuje la innovación con sus propias herramientas fiscales.

Golpe presupuestario al Estado de derecho en el PEF 2025

Escrito por México Evalúa en diciembre 20, 2024. Publicado en Paquete Económico 2025. 1 comentario en Golpe presupuestario al Estado de derecho en el PEF 2025

Para 2025 se vislumbra un panorama poco alentador en materia de Estado de derecho en México. ¿La razón? Los recursos para garantizar la seguridad y la justicia de la población tendrán su peor nivel en más de una década.

Para 2025, el gasto total de las principales Entidades enfocadas a aplicar el Estado de derecho será de 404 mmdp, una reducción de 30% (174 mmdp) frente al monto aprobado para 2024. Esta cifra contempla el presupuesto total de las secretarías de Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y Gobernación; además de la Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Judicial y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Si solo consideramos la parte del presupuesto que realmente se destina a las funciones de seguridad, asuntos de orden público y justicia, entonces el presupuesto cae a 315 mil millones de pesos (mmdp), el más bajo desde 2010. El recorte, marcado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, será de 17.7% (68.1 mmdp) frente al monto aprobado para 2024. Respecto del tamaño de la economía, representará 0.9% del producto interno bruto (PIB), el mínimo desde 2008.

Las reducciones presupuestarias no sólo limitarán atender la principal exigencia de la ciudadanía —la inseguridad y falta de justicia— sino que dejarán al país debilitado ante las exigencias del próximo presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, de que México combata de forma efectiva a los grupos delictivos.

La reducción de recursos al Estado de derecho se engloba en toda una estrategia de ajuste fiscal que detallamos en nuestras Cinco Evidencias de las Finanzas Públicas en el Paquete Económico 2025.

Yendo a detalle, los principales hallazgos en materia del presupuesto para el Estado de derecho son:

El gasto enfocado a policías civiles (Asuntos de Órden Público y Seguridad Interior) será 77% inferior al máximo reportado en 2015, si descontamos los recursos de la Guardia Nacional, que es en realidad un ente militar.
Los recortes en los entes civiles, no se traducen en aumentos en los ramos militares, lo que debilitará la capacidad del Estado de garantizar la seguridad de la población.
Pese a los recortes, se mantiene la militarización del gasto: los entes castrenses recibirán el 63.4% del presupuesto de los ramos enfocados a garantizar el Estado de derecho, la segunda mayor proporción histórica.
Los subsidios federales hacia los estados para el fortalecimiento de sus policías civiles serán 93.2% inferiores al máximo de 2013. Es decir, todos los cuerpos enfocados a la seguridad, de cualquier nivel de Gobierno, tendrán castigos presupuestarios.
El Poder Judicial, tendrá su peor presupuesto desde 2011, lo cual hará más lento e inefectivo el acceso a la justicia en México.
Finalmente, el Instituto Nacional de Migración (INM) tendrá su peor presupuesto aprobado desde 2008. Ello limitará su actuar ante la crisis migratoria y las exigencias de nuestro principal socio comercial.

Panorama fiscal del Estado de derecho

Los recursos para garantizar el Estado de derecho comprenden las funciones del gasto público (áreas u objetivos) de Seguridad Nacional, Asuntos de Orden Público, y Justicia. El siguiente año, todas estas funciones sufrirán recortes, lo cual podría tener un impacto en los diferentes componentes que ayudan a aplicar la Ley: las policías civiles, el ejército, las fiscalías y el Poder Judicial.

El mayor recorte frente a 2024 se da en la función de Asuntos de Orden Público (policías civiles) por 42.9% (38.4 mmdp), seguido del recorte en la función de Seguridad Nacional, por 11.0% (17.2 mmdp)¹. Por último, se encuentra el recorte de 9.1% (12.5 mmdp) de la función de Justicia².

El retroceso no sólo es frente al monto aprobado de 2024, sino también con respecto a lo observado en sexenios pasados. Por ejemplo, para 2025 el presupuesto para estas funciones será 17.5% (66.7 mmdp) menor en términos reales, contra el promedio de lo ejercido por Peña Nieto (2013-2018). El sector más afectado será Justicia, con una caída de 19% (29.3 mmdp) frente al gasto del sexenio peñanietista.

Objetivo Seguridad Nacional

La función de Seguridad Nacional es ejercida por tres secretarías: La Defensa Nacional (72.3% del total), la Marina (25.7%) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (2%).

El recorte en esta función viene, principalmente, en el gasto corriente, con una disminución de 12% (16.7 mmdp) frente al monto aprobado para 2024. El gasto corriente es el principal componente del presupuesto de esta función porque cubre el pago de sueldos y salarios del personal. Esta reducción podría limitar la contratación de más fuerzas militares o el incremento de sus remuneraciones.

El presupuesto en Seguridad Nacional también presenta un fuerte ajuste a la baja en materia de inversión, tanto en obra pública, como en gasto de capital diferente a este concepto (compra de maquinaria y equipo, inversión en tecnología o adquisición de inmuebles). Frente a 2024, el primero cae 100% (5.5 mmdp): desaparece. Por su parte, el gasto de capital diferente de obra pública se reduce en 72.3% (7.8 mmdp).

Comparado con el gasto promedio ejercido durante la administración de Peña Nieto, el recorte a la función de Seguridad Nacional será de 8.5% (13 mmdp). Además de la anulación del presupuesto para gasto de obra pública (una reducción de 6.6 mmdp), el estimado para el capital diferente de obra pública trae una caída de 83.7% (15.4 mmdp) frente al promedio ejercido de 2012 a 2018.

El presupuesto de 2025 también es inferior al gasto promedio ejercido durante la administración de López Obrador³. El mayor recorte se observa en los recursos que se transfieren para el pago de fideicomisos relacionados con proyectos de inversión, por 78.1% (23 mmdp). Hay que tener en cuenta que, durante la presidencia lopezobradorista, se transfirieron grandes recursos a fideicomisos para la construcción de los proyectos principales a cargo de los ramos militares, como fue el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya.

Los recortes en el presupuesto de inversión de la función de Seguridad Nacional pueden afectar la adquisición de armamento, equipo militar, modernización de vehículos, desarrollo de sistemas de información y modernización de bases militares. Todo lo anterior, debilitaría la estrategia de seguridad del Gobierno. Esta inversión es distinta a aquella relacionada al Tren Maya, la cual se aborda más adelante.

Si analizamos el recorte por programa presupuestario dentro de la función de Seguridad, son cinco los programas más afectados frente a 2024. En orden de magnitud, son:

Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional. Recorte de 8.4% (-3.9 mmdp) en términos reales.
Previsión para el fortalecimiento de Infraestructura Naval y Militar. Reducción de 64.9% (-3.7 mmdp) en términos reales.
Provisiones para la construcción y fortalecimiento de infraestructura. Recorte por 78.6% (-3.61 mmdp).
Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana. Recorte por 35.3% (-3.59 mmdp).
Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. Disminución de 13.9% (-3.33 mmdp).

En síntesis, el presupuesto para la Seguridad Nacional en 2025 se verá reducido frente al monto aprobado para 2024, pero también contra el promedio que se ejerció durante la administración de Peña Nieto. Los recortes provienen principalmente en el gasto corriente, seguido del gasto en inversión. Si lo analizamos por programa presupuestario, hay un debilitamiento en los programas que tienen por finalidad fortalecer las capacidades militares. Todo ello podría comprometer la capacidad de las fuerzas armadas para enfrentar a la ola de inseguridad que azota en el país.

Objetivo Policías Civiles

La función de Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior presenta un presupuesto por 51.2 mmdp para 2025: un desplome de 42.9% (38.5 mmdp) versus el monto aprobado para 2024. Estos recursos se destinan a las acciones de seguridad de las policías civiles. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) concentra el 84.7% de este presupuesto, seguido del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) con el 13.6% y por último, Gobernación con el 1.7%.

Dentro del presupuesto de la SSyPC todavía se encuentran 32.1 mmdp para la Guardia Nacional, que implica una reducción de 55% (39.5 mmdp) contra 2024. Esto a pesar de que, desde septiembre, la Guardia Nacional fue trasladada a la Defensa por reforma constitucional⁴. El problema es que los recursos de este cuerpo policial deberían clasificarse como Seguridad Nacional al ser un ente militar. Sin embargo, siguen dentro de la función de Asuntos de Órden Público. Este recorte a la Guardia Nacional no se corresponde con un incremento en el presupuesto de las Fuerzas Armadas (que corresponde a la función Seguridad Nacional); es decir, no se compensa la pérdida presupuestaria. Si desagregamos a la Guardia Nacional, la función de Asuntos de Órden Público tendría sólo 19 mmdp. Esto es 77% (65.4 mmdp) menos que el máximo alcanzado en 2015 y refleja la militarización de la seguridad en el país.

Con la reducción, el principal componente afectado será el gasto corriente. Sin embargo, también se verá afectado el gasto de inversión y aquel que se destina para el pago de fideicomisos públicos. El gasto de capital de obra pública presenta un recorte por 60.6% (8.0 mmdp) frente al monto aprobado para 2024, mientras que el gasto de capital diferente de obra pública (compra de maquinaria y equipo, inversión en tecnología o adquisición de inmuebles) trae un recorte por 41.8% (4.3 mmdp).

Si lo analizamos frente al gasto promedio ejercido por Peña Nieto, se observa que el gasto en la función de Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, trae un recorte de 32.3% (24.4 mmdp). Este recorte se explica por una disminución de 40.3% (26.9 mmdp) en el gasto corriente, principalmente de la extinta Policía Federal.

En síntesis, la función de Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior presenta una fuerte rebaja frente al monto aprobado para 2024 y, contra lo ejercido por Peña Nieto. El recorte proviene de la disminución de su gasto corriente, principalmente por un presupuesto de la Guardia Nacional que es reducido a la mitad, así como un menor estimado de egresos para la provisión de infraestructura, que es reflejo de la desmilitarización del gasto en inversión pública.

Objetivo Justicia

La función de Justicia tendrá una caída de 9.1% (12.5 mmdp) frente a lo aprobado para 2024. Este rubro presupuestal es ejercido principalmente por el Poder Judicial (59.3% del total), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (17.8%), la Fiscalía General de la República (FGR) (14.1%) el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) (2.3%), además de otros ramos con menor participación, como los Tribunales Agrarios, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El recorte en esta función para 2025 proviene, principalmente, de la reducción del presupuesto del Poder Judicial. Para 2025 se propusieron originalmente 85 mmdp para este fin, sin embargo, las recientes modificaciones bajaron aún más la dotación y queda en 70.9 mmdp. Sería la estimación de costos más baja desde 2010 para este poder. Frente al monto aprobado para 2024 sería una rebaja en términos reales de 13.1% (10.7 mmdp), mientras que contra 2019 y 2018 sería una caída real de 12% (10 mmdp) y 19.2% (16.9 mmdp) respectivamente.

Aún no es posible detallar en qué objeto del gasto se focalizarán las reducciones al Poder Judicial, debido a que no se han publicado los datos abiertos del presupuesto aprobado. Si consideramos que alrededor del 98.2% de sus recursos van para gasto corriente, es decir, para el pago de los ministros y el personal necesario para ejercer la justicia en México, entonces este rubro podría traer un recorte de 9.1% (12.3 mmdp) frente a lo aprobado para 2024.

Otros ramos bajo el presupuesto de Justicia también se disminuyen. La CNDH tendrá 4% (72.3 mdp) menos recursos; la STPS, 13% (137 mdp) y los Tribunales Agrarios, 11% (107 mdp).

Poder fiscal de las entidades: gasto total

Anteriormente analizamos el presupuesto en Estado de derecho visto desde el punto de vista de la clasificación funcional o por objetivos del gasto. Sin embargo, las principales entidades encargadas de aplicar la Ley, ejercen muchas veces otras funciones, como Transporte, Turismo, Salud, o Educación. Sólo al contabilizar estos gastos es posible entender su verdadero poder fiscal y apreciar si está alineado con sus funciones primordiales.

Aunque el presupuesto de estas instituciones es 3% (12.2 mmdp) mayor al primer año de López Obrador y 10.8% (39.4 mmdp) superior al inicio de Peña Nieto, se encuentra al mismo nivel de lo observado en 2014 a 2016, lo cual muestra un estancamiento histórico y una pérdida de prioridad en el primer Paquete Económico de Claudia Sheinbaum. Este hecho se comprueba al analizar el peso de las entidades respecto al presupuesto total. En 2025 controlarán el 4.4%, mientras que en 2024 gestionaron el 6.2% y en 2014 —hace más de una década— el 5.2%.

El mayor recorte se da en el presupuesto de la Defensa, con una caída de 41.5% (112.1 mmdp) en términos reales versus el monto aprobado para 2024. Esto, como ya mencionamos anteriormente, da cuenta de la desmilitarización del gasto en inversión pública. En nuestro análisis de inversión pública en el PEF 2025 destacamos la caída en los recursos para la inversión en la función Transporte, es decir del Tren Maya (en manos de la Defensa), frente a la creación de nuevos proyectos de trenes que estarán a cargo de la Secretaría Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Lo anterior puede confirmarse al analizar en qué programa presupuestario de la Defensa (antes Sedena) se encuentra la rebaja, identificando que el programa de “Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros” prácticamente desaparece. Este rubro, que registraba los recursos para el Tren Maya, tenía un presupuesto por 125 mmdp en 2024. Para 2025 no cuenta con capital asignado.

La segunda mayor disminución en el presupuesto está en la SSyPC: 36.2% (39.9 mmdp) frente al monto aprobado para 2024. Este recorte se focaliza en la Guardía Nacional, sin que haya un incremento correspondiente en el gasto operativo para la Defensa, como explicamos anteriormente.

Por otro lado, la Marina presenta una reducción por 12% (9.0 mmdp) contra lo aprobado para 2024. La mayor rebaja se da en su gasto corriente: 12.6% (5.6 mmdp) en términos reales respecto a 2024. Es decir, esta dependencia tendrá menos recursos para el pago de nómina. Además, enfrentará un recorte en su gasto de obra pública de 9.4% (2.59 mmdp) ante la misma métrica de comparación.

Hay que señalar que la Marina aún se encuentra a cargo de la construcción del proyecto Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Para este fin se ha presupuestado 22.1 mmdp, superior a los 21.7 mmdp aprobados para 2024. Así, la Marina no pierde participación en el desarrollo de obras prioritarias, pero sí pierde presupuesto para inversión en Seguridad Nacional.

Por otro lado se encuentran los recortes de Gobernación. Esta secretaría tendrá menos recursos en términos reales en todos sus programas presupuestarios. Los más castigados son Política y servicios migratorios: con 14.0% (292.9 mdp) menos que el monto aprobado para 2024. Esto impacta al Instituto Nacional de Migración (INM) sobre el cual detallaremos más adelante, así como del recorte al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 0.3% (0.03 mmdp).

En otras palabras, las principales entidades para garantizar el Estado de derecho tienen recortes importantes en su presupuesto, ya sea en sus áreas sustantivas o en funciones que tradicionalmente no realizaban, como las obras de infraestructura prioritarias.

El presupuesto destinado a Defensa y Marina pasará de representar el 9.0% del gasto programable en 2024 al 6.3%, un nivel comparable al observado en 2021. Aunque esto podría podría mostrar una reducción en la militarización del presupuesto, las entidades civiles encargadas de aplicar la Ley también sufrirán recortes. Dicho de otro modo, habrá una política de austeridad generalizada para el siguiente año, salvo excepciones contadas en pensiones o becas, como lo explicamos en esta investigación.

Distribución de poder fiscal entre entidades civiles y militares

A pesar de la disminución de recursos para la Defensa en 2025, la distribución del gasto sigue reflejando un desequilibrio entre instancias civiles y militares.

Entre las principales entidades encargadas de garantizar el Estado de derecho, en 2025, las instancias civiles recibirán sólo el 36.6% del presupuesto, una proporción que se ha reducido desde el 52.9% en el primer año de López Obrador y el 58.7% en el de Peña Nieto. Nos referimos al estimado de costos de la FGR, Gobernación, SSyPC (sin contabilizar los recursos para la Guardia Nacional⁵, el Poder Judicial y el FASP). Su gasto total será de 148 mmdp, 41% (102 mmdp) frente al máximo de 2015, lo que demuestra el debilitamiento reciente de estas dependencias.

Por otro lado, las instancias militares recibirán el 63.4% del presupuesto para 2025. Aquí nos referimos a los recursos de la Defensa, Marina y Guardia Nacional. Su presupuesto para 2025 será de 256 mmdp, el segundo mayor monto después del observado en 2024, lo cual refleja que las Fuerzas Armadas, aunque castigadas en áreas específicas, siguen dominando si las comparamos con las instituciones civiles.

Como se explicó anteriormente, el presupuesto total de estas entidades militares y civiles se mantiene estancado respecto de lo observado entre 2014 y 2016. No obstante, los entes militares han ganado una mayor concentración de recursos. Esto ha sido en detrimento de las instancias civiles y de los gobiernos locales.

Retroceso en seguridad pública en los estados

Los estados de la República son altamente dependientes de las transferencias que reciben de la Federación. En este sentido, los recursos en materia de seguridad pública determinan el éxito de sus estrategias para garantizar el órden público. Sin financiamiento adecuado y estable, los gobiernos locales enfrentan limitaciones para invertir en equipamiento, capacitación policial, prevención del delito y mantenimiento de infraestructura crítica.

En 2025, se proyecta un presupuesto de 59.2 mmdp para transferencias federales en seguridad pública, lo que representa un incremento de 2% (1.3 mmdp) respecto a lo aprobado en 2024. Pese al aumento, el monto es todavía inferior al máximo histórico de 67.3 mmdp registrado en 2014.

¿La razón? Si bien algunos componentes de las transferencias en seguridad tendrán más recursos, es porque están blindados por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). En contraste, gran parte de los subsidios en seguridad que no estaban blindados han desaparecido. Vamos por partes…

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) ha sido históricamente una de las principales fuentes de financiamiento para la seguridad pública a nivel local, promediando el 69% de las transferencias totales. Este protagonismo se debe a que su monto está ligado a la Recaudación Federal Participable (RFP), lo que garantiza estabilidad en los recursos que recibe anualmente.

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2019 y 2021, el 38.5%⁶ del Fortamun se destinó, en promedio, a seguridad pública. Si asumimos que este porcentaje se mantiene, en 2025 se estiman 48.5 mmdp para seguridad provenientes del Fortamun. Esto representa un incremento del 3% (1.3 mmdp) respecto a 2024 y un aumento del 12% (5.3 mmdp) comparado con el primer año de López Obrador.

Actualmente no existe una base consolidada que permita identificar el uso específico de los recursos otorgados a los estados a través del Fortamun. Este fondo puede usarse para el saneamiento financiero, mantenimiento de infraestructura y otros. Por ejemplo, en Mexicali para servicios personales y generales⁷; en Monterrey para seguridad pública⁸. La LCF obliga a que por lo menos el 20% de este fondo se utilice en seguridad, pero como lo muestra la Auditoría, se ha llegado a utilizar para esa función una proporción mayor. Esta institución también ha señalado que el uso del Fortamun carece de transparencia y seguimiento adecuado, lo que dificulta evaluar su impacto real en seguridad pública. En ausencia de datos recientes, se asume que el porcentaje destinado a seguridad pública se mantiene constante.

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es el segundo mayor componente de las transferencias federales para seguridad pública a nivel local, y promedia el 25% de las transferencias totales. Su asignación obedece a factores como la población, índices delictivos y necesidades específicas de profesionalización, equipamiento e infraestructura. Sin embargo, al no estar ligado a la RFP, es más fluctuante que el Fortamun, lo que resta estabilidad a los recursos asignados. Para 2025 se proyectan 9.6 mmdp, un leve descenso del 0.4% (0.04 mmdp) respecto a 2024 y un aumento marginal de 0.1% (0.01 mmdp) en comparación con el primer año de López Obrador. Este estancamiento resulta preocupante, considerando que el FASP financia actividades esenciales como la capacitación de fuerzas policiales, la modernización tecnológica y la implementación de sistemas de inteligencia, todas claves para mejorar la seguridad pública a nivel estatal y municipal.

El resto de los recursos que aporta la Federación a las entidades federativas corresponde a diferentes programas de subsidios que han evolucionado en cuanto a las reglas de asignación y en el monto total a repartir.

En 2009 se creó el Subsidio a la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), que llegó a beneficiar hasta 280 municipios⁹. Este subsidio se enfocaba en la profesionalización de policías, así como en la adquisición de tecnología y equipamiento. En sus últimos tres años ejerció 7.2 mmdp en promedio.

Por su parte, en 2010 se creó el Subsidio para la Policía Acreditable. Este programa convivió con el Subsemun y, a diferencia de éste, entregaba recursos a los gobiernos estatales con el objetivo de crear el Mando Único Policial¹⁰. En sus últimos tres años de funcionamiento, este programa transfirió a las entidades 4 mmdp en promedio.

En 2013 se creó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred). Éste buscaba reducir factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia, con un enfoque en grupos vulnerables y de prevención. La mayor parte de los recursos de este programa se entregó a los estados, con un promedio de 3.3 mmdp en sus últimos tres años de operación.

En 2016, el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) reemplazó al Subsemun, mientras que el Subsidio para la Policía Acreditable desapareció ese mismo año sin un sustituto. El Fortaseg, al igual que el Subsemun, apoyó a los municipios con mayores índices delictivos —alrededor de 300— y asignó 5.6 mmdp en promedio en sus últimos tres años de operación. En 2021 desapareció este programa y no hubo subsidios en seguridad hasta 2023.

En 2023, surgió el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp). Este fondo se destina principalmente a proyectos de equipamiento, capacitación policial, infraestructura y fortalecimiento institucional en los municipios, aunque su presupuesto limitado dificulta atender las necesidades crecientes en seguridad pública.

El Fofisp no puede considerarse un sustituto de los programas anteriores debido a que no se focaliza en los municipios con mayores índices delictivos sino que se entrega de forma generalizada. En 2025, contará con un presupuesto de 1.1 mmdp, significativamente menor que los recursos que manejaban los fondos previos y beneficiará a los 2,478 municipios del país. Esta entrega generalizada diluye los efectos del programa. En 2025, cada municipio recibirá apenas 452 mil pesos, mientras que el Subsemun —que estaba focalizado— llegó a otorgar 25.7 millones por municipio, en promedio.

El mejor momento para las entidades federativas y municipios, en cuanto a subsidios federales en seguridad, se dió en 2013 cuando existió el Subsemun, Pronafed y Subsidio para la Policía Acreditable. Ese año recibieron 16.4 mmdp a través del Fortamun, Policía Acreditable y Pronafed. En el presupuesto de 2025 sólo hay un programa de subsidios, el Fofisp, cuyos recursos son 93.2% o 15.3 mmdp inferiores a lo logrado en 2013.

Por su parte, el máximo histórico de transferencias para seguridad pública fue 2014, con 68.4 mmdp (asumiendo que el 38.5% del Fortamun se destinó a este propósito). El presupuesto de 2025 (59.2 mmdp) es menor en 13.5% (9.2 mmdp).

Ahora, al excluir el Fortamun del análisis de las transferencias federales para seguridad pública, los datos revelan un panorama alarmante: el FASP y el Fofisp suman sólo 10.7 mmdp destinados a este rubro en 2025. Respecto de 2013, este monto es 64% (19.3 mmdp) inferior, evidenciando la reducción drástica en recursos etiquetados para enfrentar los retos de seguridad en el país.

Ahorros públicos en manos militares

El análisis de los fideicomisos bajo el ramo de Defensa Nacional sirve también para analizar el poder fiscal de esta dependencia, a partir de sus ahorros públicos. En los últimos años, estos recursos se han incrementado de forma acelerada. Si bien en el PEF 2025 pareciera que esta situación puede detenerse, la situación podría cambiar a lo largo del año.

Al tercer trimestre de 2024, el monto total de sus fideicomisos fue de 56.7 mmdp, lo que representa una disminución del 35% (-30.5 mmdp) respecto al mismo periodo de 2023, cuando alcanzaron 87.2 mmdp. Sin embargo, esta cifra sigue siendo 1,669% mayor (53.5 mmdp) a la registrada en 2019, el primer año de López Obrador, cuando sumaban apenas 3.2 mmdp, y 471% superior (46.8 mmdp) al cierre de la administración de Peña Nieto en 2018, que acumuló 9.9 mmdp.

Entre los aspectos más relevantes, destaca el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM), que de un año para otro (2019-2020) experimentó un aumento de 3,949% (37.3 mmdp), pasando de 0.9 mmdp en 2019 a 38.2 mmdp. Al tercer trimestre de 2024, este fondo cuenta incluso con un capital extra por 43.1 mmdp. Este fideicomiso fue utilizado para la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), lo cual dificultó la trazabilidad de los recursos, ya que no existen informes de estos instrumentos¹¹.

En 2023 surgió el Fideicomiso para Obras Públicas, con 54.9 mmdp, probablemente relacionado con proyectos prioritarios de infraestructura a cargo de Defensa Nacional, como explicamos en esta nota. Para 2024, este fideicomiso alcanza 10.1 mmdp. Aún es incierto el uso de los fondos de este fideicomiso, pero es probable que se hayan gastado en alguna obra prioritaria como el Tren Maya. Habrá que esperar a que la ASF haga una auditoría para verificar esta hipótesis.

El Gobierno de López Obrador se pronunció en varias ocasiones sobre la opacidad en el uso de los fideicomisos como el Fondo de Desastres (Fonden) o los fondos en ciencia y tecnología. No obstante, el aumento de los fideicomisos militares reflejan su doble discurso hacia estos instrumentos.

Cabe mencionar que los fideicomisos de la Defensa que favorecen directamente al personal militar y sus familias no ha tenido un crecimiento sostenido. El Fideicomiso a favor de los hijos del personal adscrito al Estado Mayor Presidencial y el Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos en actos del servicio de alto riesgo, se mantienen estancados.

Para 2025, no se prevén grandes transferencias a fideicomisos de la Defensa, frente al promedio histórico. Sólo se presupuestan 6.4 mmdp, cuando de 2019 a 2023 se transfirieron en promedio 39.4 mmdp a sus fondos, lo cual resultó en mayor opacidad y falta de control.

Destacamos que, en años anteriores, estas transferencias han sido excedidas de manera constante. No sería extraño que, a lo largo del año, veamos tales sobreejercicios respecto a lo aprobado en el PEF 2025.

Los rebases presupuestales en los fideicomisos a cargo de la Defensa han sido una constante histórica desde al menos 2008, cuando el gasto comenzó a superar sistemáticamente al presupuesto. Sin embargo, esta tendencia se intensificó notablemente con el inicio de la administración de López Obrador en 2019. Antes de 2019, el sobreejercicio anual promedio (de 2008 a 2018) era de 3.7 mmdp, cifra que representaba 1% del gasto promedio anual en la función salud (730.6 mmdp), 0.4% en educación (999 mmdp) y 5% en ciencia y tecnología (69 mmdp).

Desde el inicio de la administración de López Obrador, el rebase presupuestal promedio anual (de 2019 a 2023) se incrementó hasta 39.4 mmdp: equivalente a 5% lo ejercido en la función salud (836 mmdp) y 4% en función educación (979 mmdp), así como 64% de los egresos por ciencia y tecnología (61.9 mmdp).

El gasto, de por sí ya desmedido, tuvo un incremento dramático en 2019, cuando se excedió en 35.1 mmdp, a pesar de que sólo se aprobaron 0.02 mmdp. Esto significa que la entonces Sedena gastó 1,503 veces lo aprobado para sus fideicomisos: por cada peso asignado, se ejercieron 1,503 pesos. No obstante, este no fue el mayor exceso registrado. En 2021, los fideicomisos de esta secretaría alcanzaron un sobreejercicio histórico de 54.9 mmdp, con un presupuesto aprobado nuevamente de únicamente 0.02 mmdp, lo que equivale a 2,493 pesos ejercidos por cada peso aprobado.

Este análisis refleja la magnitud de la opacidad y la falta de control en la gestión de los fideicomisos de la Defensa, lo que plantea interrogantes sobre la eficiencia, transparencia y prioridades en la asignación de recursos públicos. La relevancia del tema radica en que estos sobregastos ocurren en un contexto donde sectores clave como salud, educación y ciencia enfrentan restricciones presupuestarias, evidenciando el costo de oportunidad y la necesidad de un mayor escrutinio sobre el destino y uso de los recursos públicos asignados al sector militar.

Negación histórica al presupuesto del Poder Judicial

De forma histórica, el Congreso ha aprobado al Poder Judicial un presupuesto inferior al que solicita. No obstante, la negación presupuestaria para 2025 es la mayor en casi 20 años.

Para este año, el Poder Judicial solicitó al Congreso recursos por 85 mmdp, lo que hubiera significado un aumento de 4% (3.4 mmdp) respecto a lo aprobado en 2024. El monto solicitado no representaba realmente un incremento, sino un regreso a un nivel observado entre 2014 a 2020. Sin embargo, el Congreso le aprobó al Poder Judicial sólo 71 mmdp, una rebaja de 17% (14 mmdp) respecto a lo solicitado, la mayor negación de presupuesto desde 2006. Con este resultado, este poder del Estado contará con la menor repartición desde 2011.

Desde 2017, el Poder Judicial ha enfrentado un recorte progresivo en su presupuesto. El año pasado, en nuestro análisis del Paquete Económico 2024, identificamos un deterioro acelerado en los recursos de este órgano de Gobierno, situación que se ha agravado incluso más en 2025.

La reducción de capital destinado al Poder Judicial puede afectar la eficiencia y rapidez de la impartición de justicia en México. Esto podría derivar en despidos de personal —especialmente empleados bajo el esquema de honorarios— lo que incrementaría la carga laboral, afectando los tiempos de los procesos judiciales.

La falta de recursos podría reducir los servicios de defensoría pública (abogados del Estado que dan servicio sin costo a los ciudadanos), lo que dificultaría el acceso equitativo a la justicia de las personas más pobres del país. Es posible que también se den recortes en las áreas de infraestructura, tecnología o capacitación, lo que limitaría la mejora de procesos y la enseñanza de nuevos funcionarios públicos. Esto último, preocupa en gran medida ante la llegada de nuevos jueces y magistrados sin experiencia, a partir de las elecciones por voto popular del siguiente año, promovidas por la reforma constitucional al Poder Judicial.

Es evidente que la aprobación del presupuesto del Poder Judicial se ha politizado en los últimos años. Los recortes no están fundamentados en análisis de costo-beneficio o de factibilidad técnica, sino en una lógica de concentración de poder del Ejecutivo y Legislativo frente al tercer poder de la República. Para evitar que el presupuesto se use con fines políticos y se afecte el acceso a la justicia, es necesario establecer una garantía presupuestaria.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, recomiendan que el presupuesto de los poderes judiciales de cada país sea igual o superior al 2% del gasto. Además, es una práctica que ya existe en las Constituciones de algunos estados, como en Jalisco¹².

La reducción del presupuesto del Poder Judicial va en contra de las mejores prácticas internacionales y estatales. Para 2025, su presupuesto representará el 1.1% del gasto programable, la peor proporción desde el año 2000.

Migración con menor presupuesto frente a Trump

El Instituto Nacional de Migración (INM) tiene recursos proyectados de 1.6 mmdp para 2025, una reducción aproximada del 15% (-0.3 mmdp) respecto a los 1.9 mmdp aprobados para 2024. Es el peor monto aprobado en más de 18 años.

Esta disminución podría entorpecer el control del flujo migratorio, así como la protección de los derechos de los migrantes. Cabe recordar que Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, ha amenazado con imponer aranceles del 25% a México si el Gobierno no toma medidas efectivas para frenar la migración de personas hacia Estados Unidos.

Sin embargo, el presupuesto del INM resulta engañoso. Para bien o para mal, desde 2008, el INM ha registrado sobreejercicios de manera constante en su presupuesto aprobado. Esto muestra que la Secretaría de Hacienda amplía sin fricciones los recursos de este Instituto, lo cual podría jugar de manera favorable el siguiente año. Claro está que tales ampliaciones van en contra del control democrático del gasto público.

El sobreejercicio más alto del INM se registró en 2018, durante la administración de Peña Nieto, cuando se aprobaron 2.3 mmdp y se ejerció 3.6 veces lo aprobado: 8.2 mmdp. Este hecho coincidió con la llegada de Donald Trump a su primer periodo en la presidencia de Estados Unidos.

Los siguientes máximos ocurrieron, no obstante, bajo la administración de López Obrador. En 2022, el INM gestó 7.4 mmdp, 4.2 veces lo aprobado (1.8 mmdp); mientras que en 2021, lo ejercido fue de 6.8 mmdp, superando 3.8 veces lo aprobado (1.8 mmdp). Entre 2019 y 2023, los rebases presupuestales promediaron 4.6 mmdp, lo que representa un incremento del 60% (1.7 mmdp) respecto al promedio de 2.9 mmdp registrado entre 2008 y 2018, siendo 1.6 veces más altos.

Queda por verse si en 2025 habrá recursos que redirigir al INM para atender la crisis migratoria. En cualquier caso, las modificaciones al gasto tendrán implicaciones importantes. Los sobreejercicios del INM durante el mandato de López Obrador equivalen a 7.5% lo ejercido en ciencia y tecnología.

Conclusiones

El presupuesto 2025 no está alineado con la principal demanda ciudadana de resolver la inseguridad y falta de justicia en México. La reducción de recursos para los policías civiles y el Ejército, limitará su accionar y combate efectivo contra la delincuencia en México.

Además, el menor presupuesto enfocado a seguridad y migración nos colocará en una situación vulnerable ante las exigencias del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quién ha demandado a México mejores resultados en el combate al crimen organizado y control de flujos migratorios.

Es probable que dependiendo de la coyuntura política, el presupuesto en seguridad o migración sea modificado para atender las exigencias de nuestro principal socio comercial. No obstante, esto implicaría recortes en otras áreas también vitales para el bienestar de los ciudadanos.

Notas al pie

Calculado a partir del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) más la ampliación de 6.3 mmdp aprobada en la Cámara de Diputados. ↩︎
Calculado a partir del PPEF menos el recorte de 14 mmdp en el Poder Judicial aprobado por la Cámara de Diputados. ↩︎
Para 2024 se considera el monto aprobado. ↩︎
Publica DOF reforma constitucional para que la Guardia Nacional se incorpore a la Sedena
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/publica-dof-reforma-constitucional-para-que-la-guardia-nacional-se-incorpore-a-la-sedena ↩︎
Se considera como un ente militar debido a que sus dirigentes son militares y a que constitucionalmente ya es parte de la Sedena, aunque se clasifiquen sus recursos dentro de la SSyPC. ↩︎
Calculado promediando el porcentaje del Fortamun destinado a Seguridad Pública contenido en las siguientes auditorías:
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018b/Documentos/Auditorias/2018_MR-FORTAMUN_a.pdf
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019c/Documentos/Auditorias/MR-FORTAMUN-DF_a.pdf
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2020c/Documentos/Auditorias/MR-FORTAMUNDF_a.pd
fhttps://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2021b/Documentos/Auditorias/MR-FORTAMUNDF_a.pdf ↩︎
Información obtenida de la Cuenta Pública de Mexicali 2022 disponible en https://www.mexicali.gob.mx/24/finanzas/programacion%20y%20destino%20anual/FORTAMUN%202022.pdf ↩︎
Obtenido del Informe del destino del Fortamun 2023 del Ayuntamiento de Monterrey, disponible en: https://www.monterrey.gob.mx/pdf/dictamenes_cabildo/2023/Dictamen_referente_a_la_Asignacion_de_Recursos_del_Fondo_de_Aportaciones_para_el_Fortalecimiento_de_los_Municipios_y_de_las_Demarcaciones.pdf ↩︎
Reglas de Operación Subsemun 2015. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5378563&fecha=15/01/2015#gsc.tab=0 ↩︎
El Mando Único Policial fue una estrategia propuesta en México con el objetivo de centralizar y unificar el control de las fuerzas policiales municipales bajo un mando estatal. ↩︎
ASF (2022). Auditoría De Cumplimiento Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar. Recuperado de: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2022c/Documentos/Auditorias/2022_0337_a.pdf ↩︎
Según el Artículo 57 de la Constitución Política del estado de Jalisco, el Poder Judicial del estado debe contar con por lo menos el 2% del presupuesto estatal. Recuperado de: https://congresoweb.congresojal.gob.mx/bibliotecavirtual/legislacion/Constituci%C3%B3n/Documentos_PDF-Constituci%C3%B3n/Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20del%20Estado%20de%20Jalisco-160823.pdf ↩︎