Skip to main content

Autor: México Evalúa

Opaca Pemex mayor fiscalización al 1T de 2025 

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Finanzas Públicas, Trimestrales.

Con mínimo margen fiscal, el Gobierno enfrenta dificultades justo en un momento en que la actividad económica se desacelera ante riesgos externos.

La economía mexicana enfrenta una encrucijada fiscal al inicio de 2025. A pesar del esfuerzo de los contribuyentes y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por sostener la recaudación en un contexto de estancamiento económico, los ingresos del Gobierno federal se han visto mermados. ¿La causa? El bajo desempeño de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya caída en la producción de crudo ha ampliado el boquete que la paraestatal representa para las finanzas públicas.

En el primer trimestre del año, los ingresos petroleros se ubicaron 30% por debajo de la meta, arrastrando a la baja los ingresos totales del Estado. Éstos quedaron 63 mil millones de pesos (mmdp) por debajo de lo programado. La situación se agrava por la política fiscal de apoyo a la petrolera estatal, que continúa absorbiendo recursos públicos en lugar de generarlos.

Para complicar el panorama, la política comercial de Donald Trump en Estados Unidos ha introducido una dosis adicional de incertidumbre sobre el comercio y la inversión, factores clave para la economía mexicana. Con menos margen fiscal, el Gobierno enfrenta dificultades para aplicar medidas de estímulo económico, como el aumento del gasto en inversión o en programas sociales, justo en un momento en que la actividad económica se desacelera ante riesgos externos.

Incluso con los ingresos extraordinarios aportados este año por el Remanente de Operación del Banco de México a las arcas públicas, el Gobierno de México se encuentra francamente desarmado para enfrentar la desaceleración económica y garantizar el bienestar de los ciudadanos. 

Impuestos a contracorriente de la economía

El panorama económico del primer trimestre del año presenta un escenario paradójico. Por un lado se observa un crecimiento económico prácticamente nulo. Por otro lado, se registra una recaudación tributaria que supera las metas. 

En el primer trimestre de 2025, los ingresos tributarios alcanzaron 1,522.1 mmdp al cierre de marzo, superando por 37.8 mmdp (2.5%) a la meta establecida. Se trata de un crecimiento de 17.6% frente al mismo periodo de 2024, la mayor tasa registrada desde 2015. 

El buen desempeño de los ingresos tributarios es sorpresivo incluso para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2026, la autoridad hacendaria estimó que los ingresos tributarios se mantendrían sin cambios en 2025 frente al estimado original para el año. 

La mejora recaudatoria contrasta con el comportamiento general de la economía que registró un débil crecimiento de apenas 0.2% al primer trimestre1. En teoría, una economía en desaceleración conlleva menor creación de empleo y de intercambios comerciales, lo que reduce el cobro de impuestos. 

Sin embargo, de mantenerse este comportamiento en los ingresos tributarios, es posible que, pese a una mayor desaceleración económica, sí se cumplan los objetivos de recaudación planteados en el año. Hay que recordar que los más de 40 especialistas en economía encuestados por el Banco de México (Banxico)2 estimaron en el mes de abril que la economía mexicana crecerá sólo 0.2% del PIB en 2025. 

El as bajo la manga del Gobierno 

Desde 2018, la recaudación de impuestos ha sido menos dependiente del crecimiento económico debido a la mayor fiscalización informal aplicada a los contribuyentes. Año tras año, el Gobierno ha roto récords en la fiscalización, lo que ha permitido un crecimiento constante de los ingresos tributarios. Este año parece no ser la excepción. 

La recaudación por cobranza sin judicialización alcanzó, en el primer trimestre de 2025, un monto de 316.7 mmdp, cifra que representa un incremento de 31.3% (75.6 mmdp) frente al mismo periodo de 2024 o de 269.8 mmdp (575%) respecto al mismo periodo de 2018. Se trata del monto más elevado para un primer trimestre desde que se tiene registro. 

Estas medidas informales de fiscalización provienen de una serie de acciones emprendidas por el SAT para limitar las devoluciones y compensaciones. Esto se logra a través de operaciones de cobranza que no conllevan la determinación de un crédito fiscal formal, evitando que deriven en conflictos legales.

Entre las estrategias se encuentran las cartas invitación que exhortan a los contribuyentes a acudir a las oficinas del SAT, así como las comunicaciones telefónicas y mensajes de texto que promueven la regularización de la situación fiscal por iniciativa propia. El incentivo, tanto para los contribuyentes como para el SAT, es evitar una costosa auditoría que conduzca a un crédito fiscal y posiblemente, a un juicio.

La cobranza formal en potencia 

La otra carta con la que cuenta el Gobierno para aumentar su recaudación de impuestos —pese al mal desempeño de la economía— es la recuperación de adeudos formales. Aunque los ingresos por esta vía han sido limitados en los últimos años, los cambios en la independencia del Poder Judicial podrían mejorar el panorama para el fisco. 

A diferencia de los mecanismos informales que buscan la “auto corrección” de los contribuyentes, los mecanismos formales se basan en la determinación de créditos fiscales. Éstos son adeudos reconocidos formalmente por el SAT, y normados en el Código Fiscal de la Federación, que siguen un claro procedimiento administrativo: determinación, notificación, posibilidad de impugnación y cobro. 

En el primer trimestre de 2025, el monto de créditos fiscales recuperados por el SAT ascendió a 12.8 mmdp, 19.2% (3 mmdp) menos que en el periodo de enero a marzo de 2024. Esto significa que el SAT obtuvo 25 veces más recursos por medios informales que mediante el cobro formal de adeudos. 

Destaca además que los créditos recuperados representaron sólo el 0.44% del total de la cartera de créditos fiscales acumulados a la fecha (2.9 billones de pesos). Se trata de la proporción más baja registrada en por lo menos 15 años. 

La baja recuperación de créditos fiscales de parte del SAT se debe a que estas deudas se cobran a través de un procedimiento jurídico. En él, los pagadores de impuestos tienen la opción de impugnar los adeudos ante el propio SAT o recurrir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). En estos casos, se dice que un crédito fiscal se encuentra controvertido, lo que complica su recuperación. 

Si bien al cierre de marzo se registró un saldo acumulado de 2.9 billones de pesos en créditos fiscales (récord histórico que representa un incremento de 181.5% en comparación con el mismo periodo en 2019), el 66% de estas obligaciones se encuentra en controversia al no ser reconocidas por los propios contribuyentes. Se trata de la mayor proporción registrada en por lo menos 15 años. Es muestra de que los contribuyentes reconocen cada vez menos los adeudos que les imputa el SAT. 

Aunque de momento la recuperación de créditos del SAT se ha visto limitada por procesos legales, esto podría cambiar con la elección popular de miembros del Poder Judicial. Cuando un contribuyente no está de acuerdo con las determinaciones del TFJA, puede presentar un amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito y, de perder dicho amparo, recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto alarga todavía más la recuperación de deudas para el fisco. Si en la elección judicial no se garantiza la imparcialidad de los jueces de dichas instancias, el Gobierno tendría más capacidad de cobro de adeudos, en detrimento de los derechos de los contribuyentes. 

Pemex tira los ingresos del Gobierno

El esfuerzo de los contribuyentes —y del SAT— para incrementar la recaudación tributaria en un contexto de desaceleración económica, fue desperdiciado por el mal desempeño de Pemex. 

Según la Secretaría de Hacienda, la producción de hidrocarburos líquidos (crudo y condensados) durante el primer trimestre de 2025 fue de 1,695 miles de barriles diarios (mbd), 175.3 mbd (9.4%) por debajo de la meta. Por su parte, la producción de crudo (sin condensados) fue de sólo 1,439 mbd, 124 mbd (8%) por debajo de la meta. Este nivel es el más bajo registrado desde 1990, lo que refleja que la productividad de Pemex está lejos de mejorar. 

El persistente desempeño deficiente de la empresa estatal no solo afecta las metas productivas, sino que impacta directamente en los ingresos petroleros, los cuales continúan alejándose de las proyecciones establecidas por la SHCP. Durante el primer trimestre del año, esta brecha fue de 30.3% o 99 mmdp. Desde 2022, no se ha cumplido con la meta de ingresos petroleros. 

En perspectiva histórica, de 2019 a 2025 los ingresos totales provenientes de la explotación del crudo mostraron una disminución de 5.5% (equivalente a 13.2 mmdp). Sin embargo, el impacto ha sido diferenciado: mientras los ingresos petroleros del Gobierno federal sufrieron durante ese periodo una reducción de 55.5% (13.2 mmdp), Pemex incrementó sus ingresos 84.1% (72.6 mmdp). Esto de debe a la reducción de la tasa de derechos cobrados a la petrolera tanto en la modalidad previa del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) como en el esquema actual del Derecho Petrolero para el Bienestar (DPB).

Aunque la Federación recibió más recursos petroleros de parte de Pemex en el primer trimestre de 2025 versus 2024, se mantuvo la política de devolverle parte de la renta petrolera vía transferencias financieras. A través de la Secretaría de Energía (Sener), el Gobierno federal le regresó a Pemex, 80.5 mmdp. De esta forma, en lugar de obtener ganancias por 68.7 mmdp de renta petrolera, el Estado tuvo una pérdida neta de 11.8 mmdp.

Las transferencias que realiza la Administración a Pemex son utilizadas para mantener a flote a la petrolera. En el primer trimestre de este año, registró pérdidas por 43 mmdp3. De mantenerse esta tendencia, el Gobierno federal se verá obligado a mantener el apoyo fiscal a Pemex a costa de reducir sus ingresos para otras políticas públicas. 

Como adelantamos en nuestro Erario al Momento de marzo, los ingresos totales del Estado se quedaron 2.9% o 63.2 mmdp por debajo del programa, debido al desplome de las ganancias petroleras. La situación es igual de grave en el caso de los ingresos del Gobierno federal, que son recursos que financian el gasto en salud, seguridad o educación. Éstos ingresos, principalmente tributarios, no contemplan las contribuciones de las empresas públicas, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Las cifras oficiales muestran que los ingresos del Gobierno federal fueron 2.3% (39 mmdp) mayores a lo estimado al primer trimestre. No obstante, si descontamos las transferencias financieras hacia Pemex, se quedaron 2.5% o 41.1 mmdp por debajo de la meta al primer trimestre. En esta métrica, desde 2022 no se han cumplido los ingresos de la federación en los tres primeros meses del año, lo que ha generado recortes al gasto público. 

Entre la contención del déficit o estimular la economía

Aunque el Gobierno registró mayores ingresos durante el primer trimestre del año, esto no se tradujo en un incremento del gasto público. Por el contrario, se aplicó un recorte del 5.9% (142.1 mil millones de pesos) en comparación con el mismo periodo del año anterior. La razón del recorte: controlar el déficit. 

La reducción del gasto público se ha dado en conceptos que afectan directamente a la población. Así, se redujeron las transferencias y subsidios monetarios que forman parte de los programas sociales. Este concepto del gasto presenta una caída real de 31.7% (161.3 mmdp) frente al primer trimestre del año anterior. 

Esta caída es contraria a la intención de Hacienda de impulsar el crecimiento económico precisamente a través de estos programas. De acuerdo con el plan que presentó el Secretario de Hacienda el pasado 6 de mayo, se busca estimular la demanda interna de la economía por medio de los programas sociales y las compras gubernamentales4. De acuerdo a su argumento, contar con un mercado interno con mayor capacidad de compra permitiría la sustitución del 10% de importaciones manufactureras. 

Visto de este modo, la Secretaría de Hacienda quiere reactivar la economía con enfoque keynesiano, estimulando la demanda de los hogares mediante un aumento en las transferencias y subsidios gubernamentales. El problema es que, en los hechos, el recorte al gasto va en sentido contrario a esa intención.

En los siguientes meses también se ve difícil que se incremente el gasto público, incluso tomando en cuenta los ingresos extraordinarios por el Remanente de Operación del Banco de México (ROBM) que recibió la SHCP. Estos ingresos son parte de las ganancias que obtiene Banxico por sus activos en moneda extranjera, los cuales deben ser entregados al Gobierno a más tardar el 30 de abril. 

Este año se entregaron apenas 18 mmdp, de los cuales al menos el 70% (12.6 mmdp) deben ser destinados para pagar deuda pública o reducir el déficit fiscal para el año en curso. El restante 30% (5.4 mmdp) debe ser destinado a los ahorros del Estado en los fideicomisos públicos5. 

En este contexto, el uso del ROBM apenas ayudaría a reducir el déficit fiscal en un punto porcentual (12.4 mmdp). Un impacto marginal frente al boquete presupuestal de 1.4 billones de pesos que se espera para final de año. Aunque el Gobierno podría utilizar los 5.4 mmdp asignados a fideicomisos, para compensar parcialmente la caída en los ingresos, esta cifra resulta claramente insuficiente: los ingresos van 63 mmdp por debajo de lo previsto, por lo que estos recursos no alcanzan para cerrar la brecha.

De este modo, el ROBM, que pudo haber representado un respiro fiscal para el Estado y brindado un mayor margen de maniobra para estimular la demanda, resultó insuficiente ante los desafíos económicos que actualmente enfrenta la economía mexicana. Así, estimular la economía vía incremento del gasto, sólo podría realizarse a costa de mayor deuda pública. 

Además, la inversión física, que es fundamental para promover el crecimiento económico, presentó una reducción de 12.32% (28.7 mmdp) en el mismo periodo de comparación. Ello es reflejo de la culminación de obras de infraestructura del sexenio anterior. Falta esperar que este año comiencen los nuevos ciclos de inversión de los proyectos de la actual administración, los cuales ya llevan un retraso importante.   

Entre los principales proyectos de inversión programados para este año —como los trenes de pasajeros— hay varios que aún no han iniciado. Por ejemplo, el Tren Interurbano México-Toluca, que cuenta con un presupuesto de 1,556 millones de pesos, no registra avances al primer trimestre. Lo mismo ocurre con los proyectos del tren AIFA-Pachuca, así como los de las rutas México-Nuevo Laredo y México-Nogales, entre otros. 

El único concepto del gasto con un incremento considerable es el pago de intereses y servicio de la deuda pública. Al primer trimestre, aumentó 11.7% (31.7 mmdp). Es el concepto del gasto con mayor crecimiento real en comparación frente al año anterior. Este gasto no tiene potencial de dinamizar la economía ya que se trata de pagos a grandes acreedores privados, no a sectores de la población que incrementan su consumo al momento de recibir más ingresos. 

Una buena noticia es que con los recortes al gasto público se está cumpliendo con el recorte del déficit fiscal prometido para este año. Así, al primer trimestre del año, la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno resultó en un déficit de 138.9 mmdp, lo cual es 70.4% (330.9 mmdp) menor al déficit público del último año del sexenio anterior.  

Incluso al considerar el déficit fiscal ampliado —que incluye el financiamiento extrapresupuestario— se registra una reducción real del 71% (381 mil millones de pesos). Desde cualquier ángulo, los recortes al gasto han contribuido a reducirlo de forma decisiva frente al año pasado. No obstante, cuando se compara con años anteriores, el déficit se mantiene en niveles históricamente elevados, lo que evidencia que el reto fiscal está lejos de haberse resuelto.

Desde una perspectiva más amplia, el déficit público sigue siendo uno de los principales desafíos para las finanzas del Gobierno este año. Está enmarcado en un contexto en el que la economía apenas está creciendo 0.2% en términos trimestrales. 

Al comparar el balance público del primer trimestre de cada año en que inicia una nueva administración, el de 2025 destaca como el más elevado de las últimas cinco gestiones. El déficit alcanzó los 138.9 mmdp, lo que es 322% (106 mmdp) mayor respecto al registrado en 2019, cuando fue de apenas 32.9 mmdp. La diferencia es aún más notable si se contrasta con los años 2013, 2006 o 2001, en los que el Estado arrancó con superávit: es decir, con más ingresos que gastos.

Aunque es una buena noticia el recorte del déficit frente al año anterior, sigue estando en un nivel muy elevado. El dato es preocupante si consideramos lo que el Gobierno está pagando en intereses y servicio de la deuda. 

Conclusión

Como mencionamos al principio, el pago de intereses y servicio de la deuda pública, es el concepto del gasto con mayor crecimiento anual en el primer trimestre del año. Es incluso mayor a la inversión física, al pago de nómina de los trabajadores del Estado, y si —como mencionamos— mayor a los programas sociales. 

De enero a marzo el Gobierno desembolsó 302 mmdp para cubrir los intereses y los gastos relacionados con la deuda pública, esto implicó un crecimiento real de 62.8% (116.8 mmdp) frente a lo que se pagaba en el primer trimestre de 2019. El incremento se ha dado en mayor medida en los intereses de la deuda en moneda nacional, los cuales incrementaron 135.7% (120.2 mmdp) frente al mismo periodo de comparación.

Sin ingresos extraordinarios que amplíen el margen fiscal, el Estado tendrá que continuar con los recortes en la inversión y subsidios, para contener un déficit aún elevado. Con el costo de la deuda al alza y una economía en incertidumbre, persiste un dilema de fondo: ¿Gastar más para estimular la economía a costa de un incremento en la deuda, o continuar los recortes priorizando controlar el déficit?

Notas al pie:

  1.  INEGI, 2025. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/pibo/2018/ ↩︎
  2. Banco de México (Banxico). Encuestas sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Encuesta del mes de abril. Disponible en: https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=24&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA233&locale=es ↩︎
  3. Pemex (2025). Resultados al Primer Trimestre de 2025. https://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados/Reporte%201T25.pdf ↩︎
  4. El Financiero. (2025, mayo 6). Presenta SHCP estrategia para adicionar 0.7 pb al crecimiento. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2025/05/06/presenta-shcp-estrategia-para-adicionar-07-pb-al-crecimiento/ ↩︎
  5. Esto de acuerdo con el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). ↩︎

La informalidad laboral no es sinónimo de pobreza 

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Temas selectos.

Una idea popular es que las personas en condiciones de informalidad laboral obtienen ingresos muy bajos, por lo que no vale la pena considerarlos para el pago de impuestos. Esta noción es falsa.

¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado la anécdota de que el taquero, el mecánico o la persona que pone uñas, se acaba de comprar una camioneta nueva? Esto no es un mito. 

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al cuarto trimestre de 2024, cerca de un millón de personas son informales y ganan en promedio 31 mil 582 pesos al mes. Esto implica que forman parte del 10% de la población ocupada de mayores ingresos. 

La mayoría de estas personas son comerciantes (14%) o están ocupadas como trabajadores en el sector de la construcción (14%). Además, 13% son profesionistas que trabajan bajo condiciones de informalidad como pueden ser abogados, médicos, odontólogos, arquitectos, nutriólogos por mencionar algunos. 

Se estima que al cuarto trimestre de 2024 hay 7.4 millones de personas (12.4% de la población ocupada) que laboran en la informalidad y ganan más de 8,154 pesos al mes, que es el promedio de ingreso de las personas ocupadas (tanto formales como informales). De ellos, 6.4 millones tuvieron ingresos superiores a los 11 mil pesos mensuales. 

Otra forma de verlo es que la mayoría de las personas que trabajan en la informalidad no entran en la definición demográfica de pobreza. Al cuarto trimestre de 2024 había alrededor de 10.2 millones de personas informales que ganaban mensualmente menos de la línea de pobreza urbana (4,640 pesos mensuales), pero 18.2 millones de personas que ganaban por arriba de ese margen. Esa línea es un estimado de cuánto dinero necesita una persona para cubrir el costo mínimo de alimentos, vivienda, transporte, salud, educación entre otros, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

¿Qué es el empleo informal?

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el empleo informal es todo trabajo que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales. Esto generalmente provoca que los trabajadores informales no cuenten con prestaciones laborales y, al mismo tiempo, que no paguen impuestos sobre sus ingresos. 

No obstante, ni todas las personas que son informales omiten el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ni todas las personas formales tienen acceso a derechos laborales. 

¿A qué se dedican estás personas ocupadas en la informalidad?

Al cuarto trimestre de 2024, la ocupación de la mitad de la personas informales con menores ingresos (primeros cinco deciles) se concentró principalmente en cinco sectores. Destaca que el 20.78% trabaja en servicios personales, seguido por un 19.53% que se desempeñó como comerciante informal. Estos dos sectores agrupan a más del 40% de las personas informales de menores ingresos.

Un sector particularmente relevante es el agropecuario, que ocupa al 17.6% de los trabajadores informales de bajos ingresos. Asimismo, un 10.8% de las personas informales en estos deciles de ingreso trabaja en la industria manufacturera, mientras que el 8.57% lo hace en la construcción.

Entre las personas informales que se ubican en la mitad más rica de la población (últimos cinco deciles de ingreso), se observa menor participación en sectores de baja remuneración (como el agropecuario, el comercio y los servicios personales), y mayor participación en la industria manufacturera y de la construcción. 

El 20.4% de esta población informal de mayores ingresos, reporta una ocupación de trabajadores industriales, artesanos y ayudantes en el sector de la construcción, lo que la consolida como el grupo más representativo dentro de este segmento. Por el contrario, la mitad de la población informal más pobre, sólo tiene un participación de 8.5% en este mismo sector. 

Destaca también que el 8% de los trabajadores informales en los deciles superiores son operadores de transporte, una actividad que, aunque informal, puede ofrecer ingresos elevados, especialmente en contextos urbanos donde la demanda de transporte privado es alta. Por su parte, los trabajadores informales de menores ingresos sólo participa en 3.1% de este sector. 

El sector servicios también tiene un peso importante con el 44.8% de los informales de mayores ingresos versus el 38.3% de los informales de menores ingresos. Es importante el tipo de servicios ofrecidos: el 8.5% de las personas informales de mayores recursos ofreció servicios profesionales vs 3.1% de los informales de menores ingresos. 

Asimismo, el comercio es una fuente relevante de empleo informal: 15.5% de los trabajadores informales de mayores ingresos se desempeñan en este sector. Sin embargo, a diferencia de lo observado en los primeros deciles (22.4%) su peso relativo es menor. 

¿Qué relación tiene la informalidad con el pago de impuestos? 

La informalidad laboral suele implicar la evasión o elusión de obligaciones fiscales. La evidencia muestra que entre menor es la informalidad, mayor suele ser el pago de impuestos. 

Por ejemplo, en países como Francia, Suecia, Finlandia o Noruega, donde menos del 4% de su población trabaja en condiciones de informalidad, se obtiene una recaudación de impuestos que supera el 40% del tamaño de sus respectivas economías. Por el contrario, en países como Perú, Ecuador, Colombia o México, donde la informalidad supera el 50% de la población que trabaja, la recaudación de impuestos es menor al 20% del Producto Interno Bruto (PIB). 

Esta relación se debe a que los trabajadores informales no están registrados oficialmente ante el Gobierno, por lo que generalmente no pagan Impuesto Sobre la Renta (ISR) ni contribuciones a la seguridad social como las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Asimismo, en el sector informal, muchas transacciones no se documentan con facturas oficiales, lo que disminuye el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

¿Todos los informales omiten su pago de ISR? 

A pesar de que la informalidad se relaciona estrechamente con un menor pago de ISR, no todas las personas omiten esta obligación: hay personas que aunque están ocupadas en condiciones laborales de informalidad, cumplen con sus obligaciones fiscales. 

Como mencionamos anteriormente, la medición de la informalidad contempla como variables principales el acceso a la seguridad social y el pago de impuestos. Estas condiciones son definidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se aplican según el tipo de ocupación de las personas:

  • Para trabajadores subordinados y remunerados, se es formal si se cuenta con seguridad social. 
  • Los trabajadores subordinados y no remunerados son considerados directamente como informales. 
  • Los trabajadores independientes no agropecuarios son formales sólo si registran sus actividades ante el SAT o si pagan impuestos
  • Los trabajadores independientes del sector agropecuario son designados automáticamente como informales. 

Por ejemplo, al cuatro trimestre de 2024 1.7 millones de personas subordinadas, ocupadas en la informalidad pagaron el Impuesto Sobre la Renta (ISR), a pesar de que no gozaban de seguridad social. Se trata de trabajadores subordinados que al no tener seguridad social son considerados como informales. No obstante, reportan tener contrato, por lo que se supone que pagan impuestos. Estos trabajadores podrían estar contratados bajo el régimen de asimilados a salarios, donde el patrón retiene el pago de ISR pero no otorga beneficios laborales. 

Sin embargo, es claro que la mayor parte de personas ocupadas en la informalidad opera fuera de los marcos legales, por lo cual aún queda un largo camino por recorrer para poder ofrecer tanto los derechos laborales a las personas ocupadas y hacer efectivo el pago de impuestos sobre los ingresos de estas personas. 

Conclusión

Aunque tradicionalmente se ha asociado la informalidad con la pobreza, la realidad actual muestra que una parte significativa de los trabajadores informales genera ingresos superiores a la línea de pobreza, y en muchos casos, comparables o superiores a los de trabajadores formales. Esta situación plantea la necesidad de replantear las políticas públicas: en lugar de tratar a la informalidad exclusivamente como un problema de vulnerabilidad social, es urgente construir mecanismos que fomenten su incorporación al sistema fiscal y de seguridad social. 

Establecer estrategias progresivas, justas y adaptadas a la realidad de estos trabajadores permitirá ampliar la base tributaria, fortalecer el financiamiento de servicios públicos y promover una competencia económica más equitativa. Formalizar ya no debe ser visto sólo como un acto de apoyo social, sino como una responsabilidad compartida para el desarrollo sostenible y justo de nuestras economías.

Hacienda tiene exceso de confianza para 2025 

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Los números de Erario, Temas selectos. 1 comentario en Hacienda tiene exceso de confianza para 2025 

La incertidumbre económica por las disputas comerciales con Estados Unidos tienen sin cuidado a Hacienda. Así lo reflejan sus más recientes estimaciones.

La incertidumbre económica por las disputas comerciales con Estados Unidos tienen sin cuidado a la Secretaría de Hacienda. Así lo reflejan sus más recientes estimaciones sobre la economía mexicana donde de forma cándida anticipan más ingresos, más gasto público y respeto al techo de endeudamiento de 2025. 

El pasado 1 de abril, Hacienda publicó los Pre-Criterios de Política Económica 2026. En ellos, ajustó las estimaciones económicas y fiscales de este año y realizó nuevas proyecciones para el próximo. Este documento es siempre muy esperado por los analistas, ya que revela si el Gobierno ajustará su postura fiscal en los próximos meses. 

Ante la adversa situación comercial con Estados Unidos, se esperaba que Hacienda redujera los estimados de ingresos y por consiguiente el gasto, o aumentara la deuda. Nada de eso ocurrió. ¿Se justifica este optimismo? ¿Qué riesgos implica?

Nadie es adivino, y Hacienda tampoco

En primer lugar, Hacienda sí prevé un menor crecimiento económico para 2025. El año pasado estimó un 2.3%, pero recalculó y ahora es 1.9%. El problema es que esta proyección sigue siendo casi cuatro veces mayor al consenso de las 42 instituciones del sector privado encuestadas por el Banco de México, que esperan un aumento de sólo 0.5%

Nadie tiene una bola de cristal, pero Hacienda registra un récord negativo en sus predicciones. De 2008 a 2024, erró sus estimados en 13 ocasiones. El presente año parece que no será la excepción. 

Aunque admite un menor crecimiento económico, la autoridad hacendaria asegura que no habrá un impacto negativo en los ingresos del Gobierno. Incluso espera que tengan un ligero aumento de 7.2 mil millones de pesos (mmdp) que equivalen a una décima de punto porcentual frente a lo autorizado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2025.

En los Pre-Criterios dice una cosa, en otros estimados dice otra

Se espera que el cobro de impuestos se mantenga en el mismo nivel que lo aprobado para este año (es decir, 5.2 billones de pesos). Sin embargo, esta cifra contradice a las sensibilidades de ingresos que también publica Hacienda. Éstas son estimaciones de cómo las percepciones del Gobierno federal se pueden ver afectadas por cambios en variables económicas clave. Estas previsiones señalan que una reducción del crecimiento económico (justo lo que plantean los Pre-Criterios), representarían pérdidas fiscales por 26.4 mmdp. O lo equivalente a todo el presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

En ingresos petroleros, Hacienda proyecta un incremento de 1.1% o 12.8 mmdp, lo cual también es contradictorio (o imposible, depende). Resulta que Hacienda calcula que este año la producción petrolera caerá a 1.7 millones barriles diarios, cuando inicialmente proyectó 1.8 millones. Simplemente, al mes de febrero, el promedio de producción es de sólo 1.6 millones. 

Si bien un mejor precio en los combustibles podría ayudar, a partir de las mismas sensibilidades de Hacienda, estimamos que este año se perderá el 3.7% de ingresos petroleros, o 41 mmdp. Ya en febrero, estos ingresos registraban un retraso de 29.5%. 

En otras palabras, los estimados tan optimistas conllevan el riesgo de que no se cumpla el calendario de ingresos y que se realicen recortes discrecionales al gasto público durante el año, o que se sobrepase la deuda aprobada. 

Otra revelación que nos da la Secretaría de Hacienda en los Pre-Criterios es que se descarta una muy necesaria política para impulsar la economía ante una posible recesión. Tan sólo se proyecta un incremento del gasto en la misma proporción en que espera aumenten los ingresos, equivalente al 0.1% (7.2 mmdp). De esta forma, se muestra que la verdadera prioridad para el Gobierno este año es mantener su estimado de endeudamiento. 

La única sorpresa es que en la composición del gasto habrá cambios interesantes frente al presupuesto que se aprobó para el año. Por un lado, se espera que al final de 2025 se gasten 21.4 mmdp más en programas sociales e inversión. Por otro lado, se espera otorgar menos recursos a las entidades federativas mediante el gasto en participaciones, el cual tendrá un recorte de 0.5% (6.5 mmdp). 

He aquí otra contradicción: si se incrementa la recaudación tributaria y petrolera (como anticipa Hacienda), significa que aumentaría la Recaudación Federal Participable (la bolsa de recursos para repartir a los estados). Ya que las participaciones se calculan según el tamaño de esta bolsa, según la Ley de Coordinación Fiscal, al aumentar los ingresos deberían crecer las transferencias estatales. No será así.

La innegable carga de la deuda en los mexicanos

Hacienda espera incrementar el gasto al mismo nivel que los ingresos y así cumplir con el techo de endeudamiento autorizado de 1.42 billones de pesos. Sin embargo, como la economía será más pequeña, el endeudamiento en pesos pasará de ser del 3.9% del tamaño de la economía, al 4%. Hay riesgo de que esta medición respecto al producto interno bruto (PIB) sea mayor si se incumple el crecimiento económico proyectado.

Incluso si se respeta el techo de endeudamiento, se espera que, por el efecto del tipo de cambio en el valor de la deuda externa, el saldo de la deuda pública total crezca a 18.8 billones de pesos: 1.1% (210 mmdp) más de lo estimado. Además, con la depreciación en el tipo de cambio calculada al cierre del año, el pago de la deuda absorberá aproximadamente 1.39 billones de pesos. Eso es el 15% del presupuesto total del Gobierno.

Así, el nivel de endeudamiento de la economía mexicana, se prevé que aumente a 52.3% del PIB. O sea, que al cierre de 2025 cada mexicano deberá 140 mil 973 pesos por concepto de deuda pública, lo cual representa que en sólo un año habría un incremento de 7.0% (9,235 pesos por persona) en términos reales frente a la deuda por persona que se dejó al cierre de la administración anterior. Ni con todo el optimismo del mundo se puede negar el indomable crecimiento del saldo de la deuda. 

Pemex recibe apoyos billonarios, pero no sale de pérdidas

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Anuales, Finanzas Públicas, Sexenales.

Ahora la soberanía energética está más lejos que antes. Al cierre del sexenio, el Gobierno apoyó a Pemex con 2.2 billones de pesos, mientras la empresa reportó 1.8 billones de pérdidas tras seis años de ser “rescatada”.

En materia energética, la principal apuesta del sexenio anterior fue: 1) “rescatar” a Petróleos Mexicanos (Pemex), de las millonarias pérdidas en las que la empresa estaba hundida, y 2) buscar incrementar los niveles de producción con el fin de lograr la soberanía energética. Pero al cierre del sexenio, el Gobierno incurrió en incentivos perversos: destinó 2.2 billones de pesos en apoyos, mientras la empresa reportó 1.8 billones de pérdidas tras seis años de ser “rescatada”. Ahora la soberanía energética está más lejos que antes.

¿En qué consistió el rescate? 

Cuando terminó la administración de Enrique Peña Nieto (EPN), la petrolera mexicana contaba con deudas financieras con un valor de 4.8 billones de pesos. El tamaño de su pasivo era tan grande que incluso era mayor al valor total de la empresa (2.86 billones de pesos), por lo que en términos financieros se decía que la empresa estaba en bancarrota. Esto debido a que incluso vendiendo toda la empresa no podría pagar la totalidad de sus deudas. 

La decisión del sexenio anterior fue rescatar a la empresa mediante dos estrategias principales. Primero mediante las transferencias financieras a la empresa, que en otras palabras es la entrega directa de dinero a las arcas de la petrolera. Estas aportaciones tenían el objetivo de financiar la construcción de la refinería Dos Bocas, y rehabilitar las ya existentes; pero principalmente, de fortalecer la posición financiera de Pemex.

La segunda estrategia fue la reducción de la tasa del impuesto que debe pagar la empresa por el aprovechamiento del petróleo mexicano, pero también el “perdón” del pago de estos impuestos. Cuando el equipo de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió la empresa, ésta pagaba hasta el 65% por el Derecho de Utilidad Compartida (DUC), que es el principal impuesto que paga la empresa por la extracción y venta del petróleo mexicano. Sin embargo, para 2024 la tasa que paga se redujo hasta el 30%. 

Además de que ahora paga menos menos impuestos, Hacienda le permitió durante el sexenio aplazar su pago y, al mismo tiempo perdonarle otros impuestos. Por ejemplo, en febrero de 2024, le condonó los últimos tres meses de 2023 y en agosto de 2024 le perdonó el saldo del DUC de mayo a julio de 2024. Esto provocó que los ingresos petroleros exclusivos del Gobierno federal tocarán su peor nivel desde 1990, como lo explicamos en esta nota de investigación. 

En resumidas cuentas, la estrategia de la administración anterior fue, por un lado, darle dinero a la empresa para impulsar una mejoría productiva y financiera, y a la vez dejarle de cobrar impuestos para que la empresa se quede con mayores ganancias por el aprovechamiento del petróleo. Esta última estrategia resulta ser sumamente costosa al Gobierno, porque obtiene menos recursos para financiar otros gastos, como pueden ser salud, educación o seguridad pública. 

¿Cuáles fueron los resultados? 

Empezando por la parte de las deudas de la empresa, tenemos que, al cierre del sexenio anterior, Pemex continuó con una deuda por arriba de los 4.2 billones de pesos. Si bien se redujo en 12% (571 mmdp) frente al cierre de 2018, aún sigue siendo superior al valor de la empresa. En términos simples, después de seis años, Pemex sigue en quiebra técnica: incluso si se vendiera por completo, el dinero no alcanzaría para pagar todas sus deudas. La causa es que sus pasivos son 1.8 veces mayores que el valor total de la empresa. Para contextualizar, al cierre de 2018 esa deuda era 1.7 veces el valor de la empresa.

Pemex sigue en quiebra técnica porque los últimos seis años continuó generando pérdidas. Tan sólo en 2024, la empresa petrolera reportó pérdidas por 620 mmdp. Así, durante el sexenio anterior, las pérdidas totales de la empresa sumaron 1.8 billones de pesos. Esto representa prácticamente el 81% de los 2.2 billones que le otorgó el gobierno en apoyos fiscales. 

Paradójicamente, las principales pérdidas de Pemex provienen del segmento encargado de la refinación del petróleo, la principal apuesta del gobierno de AMLO. 

Pérdidas millonarias por una mala apuesta a la refinación

Si analizamos a Pemex por segmento de negocios, observamos que la refinación de petróleo es el negocio que ha generado más pérdidas durante el sexenio anterior, incluso generando más que en el sexenio de EPN.

Al cierre de 2024, Pemex Transformación Industrial (TRI), encargada principalmente de llevar a cabo la refinación de petróleo, reportó pérdidas por 585.8 mmdp, lo cual es 8.5 veces mayor a las pérdidas que reportó al cierre del sexenio de Peña Nieto. 

Las pérdidas de Pemex TRI reflejan las ineficiencias operativas en la refinación de petróleo, ya que los costos de producción superan significativamente los ingresos por la venta del producto refinado. A lo largo del sexenio, la subsidiaria operó con gastos superiores a sus ingresos, llegando en algunos casos a ser hasta un 14% mayores que sus ventas.

Los apoyos que se le otorgaron a Pemex TRI durante los últimos seis años no mejoraron la rentabilidad de refinar el petróleo mexicano. En vez de ir hacia una mayor rentabilidad por la refinación, esto generó más pérdidas que en el sexenio de EPN cuando se apostó más por reformas estructurales que incentivarán la competencia y con ello la eficiencia de la empresa. 

Pemex exploración y producción: incentivos que promueven las ineficiencias 

Otro de los eslabones en la cadena de valor del sector petrolero es la exploración y producción de petróleo crudo, en donde opera Pemex Exploración y Producción (EP). Esta subsidiaria se encarga principalmente de la exploración y extracción del petróleo crudo y otros hidrocarburos en el territorio nacional. 

Pemex EP fue el otro segmento de la cadena de valor objeto del “rescate”, que consistió en la reducción de los impuestos que paga Pemex EP. Esa estrategia operó como un incentivo perverso. En lugar de mejorar su eficiencia operativa, la subsidiaria incurrió en mayores costos respecto al sexenio de EPN. También produjo menos. Por ende, sus ingresos por ventas de petróleo también fueron menores. 

Para ayudar a Pemex, el Gobierno federal redujo el DUC, gravamen que se aplica directamente a la extracción de hidrocarburos, actividad que realiza Pemex EP.  Esta medida se tradujo en una caída del 80% (484 mmdp), en los impuestos totales pagados por la subsidiaria al cierre de 2024, frente a lo que pagó en 2018. En 2024 pagó tan solo 124.6 mmdp en impuestos, cuando en 2018 llegó a pagar 609 mmdp. 

La reducción de impuestos “infló” artificialmente las ganancias de Pemex EP, durante un par de años. En 2022 y 2023, cuando recibió los mayores estímulos fiscales, la subsidiaria operó con ganancias promedio de 214 mmdp. Dicho de otro modo, las ganancias no se deben a una mejora real en su rentabilidad, sino a la disminución en el pago de impuestos. En realidad, lejos de volverse más eficiente, la empresa ahora opera con mayor ineficiencia.

Al cierre de 2024, Pemex EP cerró con pérdidas por 37 mmdp, un reflejo de que sus ingresos por ventas cayeron 27% (321 mmdp) frente a 2018. Al mismo tiempo, sus gastos fueron 24% (102 mmdp) mayores a los que incurrió en el mismo periodo de comparación. En otras palabras, gano menos y gasto más. 

Además, como explicamos en esta nota, Pemex sigue sin frenar su declive productivo. Al cierre de 2024, su producción promedio de crudo cayó a 1,485 mil barriles diarios (mbd), el nivel más bajo desde que hay registro en 1990. Además, quedó muy por debajo de la meta de 1,745 mbd, fijada por la Secretaría de Hacienda para ese año. De hecho, a lo largo de todo el sexenio de López Obrador, la petrolera nunca alcanzó sus objetivos de producción.

En resumen, las dos principales estrategias para rescatar a Pemex, mediante los apoyos a Pemex TRI y Pemex EP, terminaron siendo incentivos perversos. Nunca estuvieron condicionados a un verdadero cambio institucional, operativo y de rentabilidad de la empresa. Después de seis años y 2.2 billones de pesos, Pemex sigue en quiebra técnica, con menores niveles de producción y, en términos financieros, generó pérdidas por 1.8 billones de pesos. 

En búsqueda de un nuevo modelo para el sector energético. 

Como mencionamos en el análisis de la CFE, la nueva administración tiene la oportunidad de replantear la política energética del país. Continuar con la estrategia de mantener simultáneamente el apoyo financiero a una empresa que sigue generando pérdidas, y subsidiar los precios de las gasolinas, no es una estrategia sostenible. Ambas políticas han drenado los recursos públicos sin generar mejoras estructurales en el sector. Es necesario un replanteamiento que priorice la eficiencia y la viabilidad financiera, en lugar de perpetuar un modelo que compromete la estabilidad fiscal del país.

Una solución viable es gestionar el sector energético (petrolero y eléctrico) mediante una política industrial diseñada a la medida del país. Esto implica reconocer que los subsidios y apoyos fiscales pueden ser herramientas necesarias, pero sólo si están condicionados a objetivos y resultados medibles. Para maximizar su impacto, es clave establecer un esquema de incentivos que premie la eficiencia, la innovación y la productividad, al tiempo que sancione las ineficiencias. Este enfoque no solo optimizaría el uso de los recursos públicos, sino que también impulsaría un cambio institucional, productivo y tecnológico que fortalezca la competitividad del sector energético en el largo plazo.

Más subsidios, menos inversión y más deuda: el caso de la CFE

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Anuales, Finanzas Públicas, Sexenales.

Los resultados operativos de la CFE se han deteriorado en los últimos seis años. Aunque se buscó fortalecerla como pilar del sector energético, su dependencia de subsidios creció sin asegurar un suministro eléctrico suficiente.

Durante el Gobierno anterior, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sufrió un deterioro financiero y operativo. Aunque se buscó fortalecerla como pilar del sector energético, su dependencia de subsidios creció sin asegurar un suministro eléctrico suficiente. Durante el mandato de López Obrador, recibió 97% más en subsidios que en el de Peña Nieto, pero invirtió 5% menos y pagó 36% más en intereses de la deuda. Aquí la historia de cómo se han mantenido las ineficiencias de esta empresa pública del Estado. 

Así como en sexenios previos, de 2019 a 2024 la CFE no generó ingresos suficientes para cubrir sus propios gastos. Así, operó con un déficit promedio anual de 119 mil millones de pesos (mmdp) antes de subsidios y transferencias financieras. Este déficit fue dos veces superior al promedio del periodo de 2013 a 2018 (56 mil millones de pesos). 

Es importante descontar los ingresos por subsidios y transferencias financieras que recibe la CFE para visualizar el verdadero desempeño de su economía. Por ejemplo, de 2013 a 2016 la paraestatal obtuvo 392 mmdp en transferencias financieras de parte de la Secretaría de Energía (Sener). Estos recursos no fueron contabilizados como subsidios propiamente, pero ayudaron a la empresa a salir de números rojos. 

Durante el sexenio anterior, la Sener no hizo aportaciones a la CFE, pero la empresa obtuvo en promedio 26 mmdp cada año bajo el concepto de “otros ingresos”. Según la Cuenta Pública, en este concepto se reflejan los pagos de clientes para obtener la conexión a la red eléctrica, coberturas financieras y arrendamientos. 

En otras palabras, los resultados operativos de la CFE se han deteriorado en los últimos seis años. }

Subsidios para mantener insuficiencias presupuestarias 

Se ha señalado que el modelo actual para fijar las tarifas eléctricas de la CFE, especialmente en el sector doméstico y agrícola, no cubre los costos reales de la empresa. Como resultado, el Gobierno federal subsidia estas tarifas, permitiendo que la electricidad se venda por debajo de su costo real de generación.

Si bien es cierto que el modelo actual asume implícitamente que el Estado debe subvencionar las tarifas eléctricas, es clave considerar qué hace la CFE para reducir sus costos de generación y mejorar su eficiencia operativa y financiera. Una mayor eficiencia permitiría disminuir la dependencia de los subsidios. Ello haría que la energía eléctrica sea más accesible de manera sostenible.

Sin embargo, durante el último sexenio, la CFE recibió más subsidios, invirtió menos y pagó más intereses por su deuda. En total, durante la administración de AMLO, la empresa recibió 523 mmdp en subsidios para mantener las tarifas eléctricas por debajo de su costo de producción. Esto representa un aumento del 97% (257 mmdp) en comparación con las subvenciones otorgadas durante el gobierno de Peña Nieto.

Durante el sexenio de Obrador, la CFE destinó recursos propios por 295 mmdp en inversión física, una cifra 5% menor (16 mmdp menos) que la ejercida por el mismo motivo en la administración de Peña Nieto. Es decir, recibió más subsidios pero invirtió menos. 

Hay que aclarar que nosotros sólo contabilizamos la inversión oficial de la CFE reportada por la Secretaría de Hacienda. No consideramos la compra de centrales de Iberdrola ya que dicha inversión fue realizada con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y no se contabiliza como inversión presupuestaria de la energética. 

Por otro lado, un concepto que sí tuvo un incremento destacable el sexenio anterior fue el costo de los intereses y servicio de la deuda: gastó 202 mmdo, lo que representa un aumento del 36% (54 mmdp más) en comparación con el sexenio anterior.

A pesar del ahorro que representan para los consumidores finales, en realidad los subsidios a las tarifas eléctricas benefician principalmente a los consumidores de mayores ingresos. Además, pueden fomentar un uso ineficiente de la energía, lo que contribuye al desperdicio y al impacto ambiental. Por si fuera poco, han debilitado la gestión de la CFE. Al garantizar recursos sin exigir mayor eficiencia, se reducen los incentivos para optimizar costos operativos e invertir en infraestructura más productiva y sustentable. Como resultado, en lugar de fortalecer su capacidad y transitar hacia energías más limpias, en el último sexenio la CFE invirtió menos, pero gastó más en el pago de intereses de su deuda, reflejando un deterioro financiero en lugar de una modernización. 

Incluso con compra de Iberdrola no mejoró la inversión 

Como hemos mencionado, en nuestros cálculos de inversión en infraestructura no consideramos la compra de 13 centrales de Iberdrola, ya que oficialmente no fue un gasto de la CFE, sino del Fonadin. No obstante, incluso si sumamos los 6,200 millones de dólares (mdd) anunciados en 2023 para este fin, la inversión de la CFE se queda por debajo frente a otros sexenios. 

Si ponderamos la inversión de la CFE por el tamaño de la población, durante el sexenio anterior se invirtieron en promedio 399 pesos por persona al año en infraestructura para la industria eléctrica, incluyendo los recursos para la compra de las 13 centrales. Esto es un 5.2% (22 pesos per cápita) menos que en el gobierno de Peña Nieto. Además, en términos históricos, esta cifra representa la inversión per cápita más baja desde el sexenio de Zedillo.

Le queda como reto al nuevo Gobierno aumentar y eficientar la inversión en la industria eléctrica considerando el crecimiento poblacional, de modo que garantice un abastecimiento sin interrupciones de la electricidad para los hogares y las empresas. 

La política industrial del sector energético

Claudia Sheinbaum enfrenta un panorama complicado en términos de la política pública del sector energético. En el paquete económico 2025, se deja leer entre cifras la intención de continuar en términos de presupuesto con la misma tendencia que el sexenio anterior. Esto es: manteniendo los subsidios perversos —no sólo los de CFE, también los de Pemex—, sin estar sujetos a cambios verdaderos en términos institucionales, productivos y financieros. 

Para revertir esta tendencia, es fundamental replantear el sector energético desde una perspectiva de política industrial moderna, lejos del modelo proteccionista que data de los años 60 del siglo pasado, y que promovía el tipo de ineficiencias que aquí hemos expuesto. El economista Dani Rodrik sostiene que, para que un sector productivo como el energético prospere, los incentivos gubernamentales son necesarios, pero deben ser temporales y basados en resultados. Esto implica una estructura de premios y castigos que sancione las ineficiencias y recompense la productividad. Bajo este enfoque, el sector energético debe además abrirse a nuevos participantes, de modo que se fomente la competencia y la innovación para fortalecer su desarrollo.

El debilitamiento del federalismo fiscal en el sexenio 2018 – 2024

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Anuales, Finanzas Públicas, Sexenales.

En más de cuatro administraciones no se había registrado una caída en los recursos que otorga la Federación a los estados. Así, el sexenio anterior dejó un precedente negativo para el federalismo fiscal.

El sexenio anterior sentó un precedente incierto para el federalismo fiscal: al cierre de 2024, los recursos que otorgó la Federación a los estados fueron inferiores frente al cierre del sexenio de Peña Nieto. En más de cuatro administraciones no se había registrado una caída de estos recursos de manera sexenal. 

A pesar de que el Gobierno llevó su gasto público en 2024 a niveles récord —como ya lo hemos detallado— el llamado gasto federalizado, tuvo un retroceso. En otras palabras, el Gobierno central aumentó su poder a costa de debilitar la autonomía financiera de estados y municipios. 

El gasto federalizado perdió participación dentro del presupuesto total, cayendo a su menor registro desde 1998: un indicador clave de la centralización del gasto público. A lo largo del sexenio, el gasto dirigido a estados y municipios pasó de representar 34% del total con Peña Nieto a 30% con López Obrador, revirtiendo los avances en descentralización de las últimas décadas.

El análisis de sus componentes muestra una clara ralentización en las participaciones y aportaciones, mientras que los recursos no protegidos por la ley, como los subsidios del Ramo 23 y la protección social en salud, sufrieron recortes aún más drásticos. En términos per cápita, los estados recibieron menos recursos que en administraciones anteriores, y la distribución fue desigual, beneficiando a algunas entidades mientras que otras experimentaron reducciones significativas.

Este artículo analiza en detalle cómo y por qué el gasto federalizado se estancó, sus implicaciones en la provisión de servicios locales y cómo esta política reforzó el control del gobierno central sobre los recursos públicos, afectando a los gobiernos estatales y municipales.

Menos recursos y un gasto irregular: el saldo del federalismo fiscal

A pesar de que en 2024 alcanzó su nivel más alto del sexenio, la evolución del gasto federalizado a lo largo de la administración de López Obrador no fue favorable. Al cierre de su gestión, los recursos transferidos a estados y municipios sumaron 2,590 mil millones de pesos (mmdp), un aumento de 2.5% (63 mmdp) respecto a 2023, pero 2 mmdp menos (-0.1%) que el monto observado en 2018. Cabe destacar que, con 2,592 mmdp Peña Nieto dejó el mayor nivel de recursos para los estados desde 1998.

Para entender mejor el impacto del gasto federalizado, es clave analizarlo en términos reales por habitante. Esto, además de mostrar cómo afecta la inflación, también indica cuántas personas dependen de esos recursos. Es como si alguien ganara 20 mil pesos al mes y su salario se ajustara por inflación, manteniendo su poder adquisitivo. Al principio, solo se mantenía a sí mismo, pero si después tiene un hijo, el mismo dinero debe alcanzar ahora para dos personas. Lo mismo ocurre con el presupuesto público: una cifra en términos reales no basta para saber si cubre las necesidades actuales, porque también importa cuántos habitantes lo comparten.

A pesar de los discursos sobre fortalecer a estados y municipios, el sexenio de López Obrador dejó el peor gasto federalizado por habitante desde 2012. Es decir, hubo un retroceso de 12 años en el federalismo fiscal. En 2024, a nivel nacional, el gasto federalizado fue de 19,579 pesos por persona, pero en 2018, último año de Peña Nieto, el monto per cápita fue de 20,574 pesos. Esto significa que al cierre del sexenio anterior los estados ya recibían casi mil pesos reales menos por persona. 

Además, el dato de 2024 es inferior al máximo registrado de 2016 con 20,961 pesos per cápita, es decir, alrededor de 1,400 pesos reales menos en comparación con el mejor año de la serie, desde 1998 que hay datos disponibles. 

Recortes y estancamiento: el debilitamiento del gasto federalizado

Durante toda la historia reciente desde 1990, el gasto federalizado había reportado incrementos constantes. Esto cambió con la llegada de López Obrador a la presidencia.

Al término del sexenio de Vicente Fox, los recursos entregados a los estados desde la Federación se incrementaron en 51.9% frente al cierre del sexenio de Ernesto Zedillo. Esto se debió al gran aumento de los recursos petroleros. Con Felipe Calderón, el gasto federalizado aumentó en 30% y con Enrique Peña Nieto aumentó 16.7%. Por el contrario, como hemos dicho, con AMLO cayó 0.1%

Al analizar los componentes del gasto federalizado, se observa que sus dos principales elementos, participaciones y aportaciones, experimentaron su crecimiento más lento en los últimos tres sexenios. Esto es preocupante, ya que las participaciones son recursos de libre disposición para estados y municipios, mientras que las aportaciones tienen usos predeterminados en sectores esenciales para el desarrollo humano, como salud, educación y seguridad pública.

Las cifras confirman este estancamiento. En 2024, las participaciones crecieron 10% respecto al cierre del sexenio anterior. En contraste, en 2018, al final de la administración de Peña Nieto, aumentaron 35%, el mayor crecimiento registrado al cierre de un sexenio. Incluso Calderón, con un desempeño menos favorable, logró un crecimiento del 16%, aún por encima de López Obrador. Con Fox el aumento fue de 40%

El estancamiento también se refleja en las aportaciones, cuyo crecimiento en el último año de López Obrador fue prácticamente nulo, con un aumento de apenas 4%. Esta cifra es la mitad del incremento registrado en el último año de Peña Nieto (8%) y está aún más lejos del desempeño de Calderón, quien al cierre de su administración logró un crecimiento de 14% en estos recursos y Fox  de 36%

El bajo desempeño de las participaciones con López Obrador se debe a la caída de la Recaudación Federal Participable (RFP), es decir, la bolsa de recursos tributarios y petroleros a repartir entre la federación. La reducción de la RFP se debe al colapso de la recaudación petrolera del Gobierno federal, como explicamos en esta nota. 

El lento crecimiento de las aportaciones también está ligeramente relacionado con el bajo crecimiento económico y los apoyos a Pemex. Esto es porque el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) también se calculan según la RFP1. Además, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) también fue recortado con López Obrador, por el nuevo esquema de centralización del presupuesto en salud que explicamos en esta investigación.  

Si bien el lento crecimiento de las participaciones y aportaciones ya es preocupante, las caídas en otros componentes del gasto federalizado fueron aún más drásticas. Dos rubros clave, los subsidios del Ramo 23 y los convenios de descentralización y reasignación, sufrieron fuertes recortes que limitaron aún más la capacidad financiera de los gobiernos locales.

Los subsidios del Ramo 23, que financian servicios esenciales y contribuyen a las condiciones laborales de los servidores públicos estatales y municipales, se desplomaron 88% en el último año de López Obrador en comparación con el cierre del sexenio de su predecesor. Este recorte es aún más llamativo si se considera que, en 2018, Peña Nieto aumentó estos recursos 34%, y con Calderón casi se duplicaron, con un crecimiento de 98%.

Por su parte, los convenios de descentralización y reasignación, que distribuyen recursos para que los estados adapten políticas locales a sus necesidades, se mantuvieron prácticamente estancados en el último año de López Obrador. Aunque en 2018 estos recursos cayeron 7% en comparación con el último año de Calderón, el sexenio previo tuvo un desempeño mucho mejor. En 2012, estos convenios aumentaron 92%, brindando mayor flexibilidad y financiamiento a los gobiernos locales.

La caída en estos componentes del gasto federalizado confirma que el gobierno de López Obrador no sólo redujo la cantidad de recursos transferidos, sino que limitó la capacidad de los estados y municipios para gestionar políticas públicas y garantizar servicios básicos, debilitando aún más el federalismo fiscal.

Estancamiento de la descentralización fiscal

Lejos de fortalecer la distribución de recursos a estados y municipios, el gasto federalizado bajo López Obrador se mantuvo estancado. Lo confirma su porcentaje en el producto interno bruto (PIB), que refleja una menor prioridad en la distribución de recursos hacia estados y municipios. En 2024, representó 7.6% del PIB, y salvo por 20202, cuando alcanzó 8%, nunca superó ese nivel.

En 2024 el gasto federalizado se ubicó 0.3 puntos porcentuales por debajo de 2018, cuando Peña Nieto dejó el gasto federalizado en 7.9% del PIB, y está un punto por debajo del máximo alcanzado en 2014 y 2015, cuando llegó a 8.6% del PIB. Estos datos señalan que, lejos de fortalecerse, el gasto federalizado perdió peso, lo que limitó los presupuestos públicos para estados y municipios a lo largo del sexenio.

Al analizar el comportamiento promedio del gasto federalizado en todo el sexenio, queda claro que López Obrador no sólo redujo estos recursos en comparación con Peña Nieto, sino que los dejó en niveles similares a los de Calderón, pese a contar con un componente adicional. En promedio anual, el gasto federalizado representó 7.7% del PIB, 0.6 puntos porcentuales menos que el 8.3% registrado en el sexenio de Peña Nieto. Incluso, este promedio es casi igual al de Calderón (7.5%), a pesar de que durante su administración el gasto en protección social en salud comenzó a presupuestarse hasta 2012, el último año de su mandato.

Las transferencias intergubernamentales en México siempre han sido insuficientes en términos históricos, pero además quedan por debajo de algunas referencias internacionales. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2023, las transferencias del gobierno central mexicano representaron 7.4% del PIB, un nivel que, si bien supera a países de la región como Costa Rica (1.4%) y Chile (0.3%), sigue estando lejos de lo que destinan otras economías con estructuras fiscales más descentralizadas. En el extremo opuesto, países como Lituania (8.2%) y Estonia (8.5%) asignan mayores proporciones de su PIB a estos recursos, a pesar de tener territorios y poblaciones más pequeñas. En el caso de México, la descentralización fiscal debe responder a una gran variedad de necesidades en distintos estados y municipios, lo que hace aún más evidente la insuficiencia de las transferencias.

Menos recursos, más desigualdad

En un país con una extensión de más de 1,970 km² y más de 130 millones de habitantes divididos en 32 entidades federativas, la distribución adecuada del gasto federalizado es fundamental para las finanzas públicas de estados y municipios. De hecho, en promedio representa alrededor del 85% de su presupuesto total, por lo que es clave para reducir desigualdades y asegurar el desarrollo regional. Gran parte de la capacidad de los gobiernos locales para implementar políticas públicas y garantizar servicios básicos depende de estos recursos.

Durante el sexenio de López Obrador, el gasto federalizado por habitante, descontado el FASSA, fue de 18, 211 pesos, inferior a los 19,510 promediados durante el sexenio de Peña Nieto. Se trata de una diferencia de más de mil pesos por persona. 

¿Por qué descontar al FASSA de la ecuación? Este fondo sufrió una reducción del 27% en 20243 porque los estados cedieron la responsabilidad de la salud pública a la Federación. Al excluir el FASSA se ve claramente que —independientemente de ese recorte— el gasto federalizado presenta un retroceso frente a sexenios pasados. En otras palabras: el gasto federalizado por habitante no se ha reducido porque los estados tengan menos responsabilidades, como la salud pública, sino una menor gobernanza, como se explicó previamente.  

Así, Baja California Sur, Campeche y Tabasco4 fueron los estados con mayores asignaciones, con poco más de 24 mil pesos por persona cada uno. En contraste, Jalisco, Guanajuato y el Estado de México estuvieron en el otro extremo, con menos de 16 mil pesos per cápita, respectivamente. Este último —el Estado de México— la entidad con menor captación por persona, recibió casi 9 mil pesos menos por habitante en comparación con Baja California Sur. Estos contrastes reflejan una distribución desigual de los recursos, lo que limita la capacidad de ciertas entidades para atender las necesidades de su población.

Como si no fuera suficiente, incluso excluyendo el disminuido FASSA, el gasto federalizado por habitante bajo López Obrador siguió siendo muy inferior al del último año de Peña Nieto. En promedio, sin contar dicho recorte, en promedio los estados recibieron mil pesos menos por habitante. Sólo cinco entidades federativas —Nuevo León, Oaxaca, Guanajuato, Chihuahua y Sonora— recibieron más recursos que en 2018, aunque algunos de los incrementos fueron mínimos. Guanajuato apenas obtuvo 300 pesos anuales más por persona, mientras que Chihuahua y Sonora captaron 45 y 39 pesos más, cifras insuficientes para cubrir los altos costos del sector salud.

En contraste, 27 estados recibieron menos transferencias federales: Campeche fue el más afectado, perdiendo casi 5,100 pesos por persona, seguido por Baja California Sur y Durango, con recortes de aproximadamente 2,800 pesos por habitante. Estos datos reflejan que, lejos de fortalecer el financiamiento de los estados, el Gobierno redujo los recursos disponibles.

Centralización del gasto: el declive del gasto federalizado

Durante el sexenio de 2019 – 2024, el gasto federalizado perdió peso dentro del presupuesto público, debilitando aún más el federalismo y reforzando la centralización del gasto en el gobierno federal. 

En 2024, el gasto neto total ascendió a 9.2 billones de pesos, un monto histórico impulsado por el mayor endeudamiento. No obstante, el gasto federalizado fue de sólo 2.6 billones, inferior a lo observado en 2018. Para decirlo claro: el gobierno central aumentó su uso de recursos mediante la deuda, pero no compartió la bonanza con los estados. 

De esta forma, el gasto federalizado representó apenas 28% del gasto total, la proporción más baja desde 1998 y siete puntos porcentuales por debajo del máximo histórico de 2017, año en que el gasto federalizado alcanzó 35% y fue casi la mitad (47%) del gasto programable. Este dato no es menor, ya que evidencia un retroceso en la descentralización del gasto público. 

Los promedios sexenales confirman esta tendencia. Hasta antes de López Obrador, el gasto federalizado había representado al menos una tercera parte del gasto total. Sin embargo, en esta administración, su participación cayó a 30% en promedio anual, cuatro puntos menos que el 34% registrado en el sexenio anterior y por debajo de los niveles alcanzados con Calderón (33%) y Fox (34%). La disminución es aún más significativa si se considera que, en el sexenio de Calderón, el gasto federalizado tenía un componente menos en comparación con la estructura actual, ya que aún no existían los recursos para protección social en salud. Con Fox, la diferencia era aún mayor, pues el gasto federalizado tenía dos componentes menos, ya que tampoco se incluían los subsidios del Ramo 23.

Esta caída en la participación del gasto federalizado dentro del presupuesto federal confirma que, lejos de fortalecer el federalismo fiscal, la administración de López Obrador ha impulsado una mayor concentración de recursos en el gobierno central en detrimento de la autonomía financiera de los estados y municipios.

En conclusión

El federalismo fiscal en México enfrenta un futuro incierto, marcado por una mayor centralización del gasto público y una pérdida de autonomía financiera para estados y municipios. La reducción del gasto federalizado durante el sexenio de López Obrador, sumada a su menor participación en el presupuesto total, refleja una tendencia que podría continuar en los próximos años.

Si esta dinámica persiste, los gobiernos locales volverán a ser cada vez más dependientes de las decisiones del gobierno central, como lo fue en el priismo del siglo pasado, lo que restringirá su capacidad para diseñar e implementar políticas públicas adaptadas a sus necesidades. Además, la distribución desigual de recursos podría ampliar las brechas regionales, afectando la provisión de servicios esenciales como salud, educación y seguridad.El precedente dejado en este sexenio sugiere que, sin cambios en la política fiscal, la descentralización seguirá en retroceso, debilitando el federalismo y limitando la capacidad de los estados para gestionar su propio desarrollo.

Notas al pie:

  1.  El monto a repartir del Fortamun se determina según el 2.3% de la RFP y el FAIS según el 2.5% de la RFP. ↩︎
  2. El año 2020 fue atípico: el incremento del gasto federalizado, lejos de reflejar una estrategia estructural de fortalecimiento para estados y municipios, estuvo condicionado por la contracción económica (-8.4% según el FMI#). La reducción del PIB aumentó la proporción del gasto federalizado respecto a la actividad económica, sin que esto representara un incremento efectivo de los recursos ya que, en términos absolutos, el gasto federalizado en 2020 fue 60 mmdp menor al de 2019. ↩︎
  3. El FASSA es el cuarto componente con más recursos dentro del gasto federalizado. En 2024, representó 3.8% del total, solo por detrás de las participaciones (48%), el FONE (22%) y el FAIS (4%). ↩︎
  4. Parte de esta distribución se debe a que Campeche y Tabasco reciben participaciones vinculadas a la producción de hidrocarburos, como el Fondo de Extracción de Hidrocarburos y el Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo. Sin embargo, la razón principal por la que Baja California Sur, Campeche y Tabasco exhiben más recursos por habitante es por su baja población, lo que eleva el monto per cápita de las transferencias. Campeche tiene la menor población con alrededor de 954 mil habitantes,  Baja California sur le sigue con 886 mil habitantes, mientras que Tabasco tiene Tabasco tiene alrededor de 2,400,000. ↩︎

2018 – 2024 en infraestructura: menos inversión, más costos y oportunidades perdidas

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Anuales, Finanzas Públicas, Sexenales.

El sexenio anterior contó con el presupuesto más alto de la historia, que destinó a megaobras como el Tren Maya, Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles… Aún así, la inversión pública fue la más baja desde la gestión de Vicente Fox.

Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “pisó el acelerador” para terminar sus obras prioritarias antes del final del sexenio, la inversión pública perdió protagonismo dentro del presupuesto público y cayó en términos per cápita y en proporción al tamaño de la economía del país. 

Además de la reducción de recursos, estas inversiones se concentraron en un menor número de sectores, dejando en el abandono áreas estratégicas como ciencia, tecnología, agricultura y protección social. 

En contraparte, los grandes proyectos de infraestructura, como el Tren Maya y el  Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), estuvieron marcados por sobrecostos multimillonarios, lo que refleja la mala planeación y resultó en la pérdida de recursos para otros sectores importantes para el desarrollo económico.

Este análisis examina el desempeño de la inversión pública en este sexenio. Se compara su evolución con administraciones anteriores y evalúa el costo de oportunidad de las decisiones de gasto. Los datos muestran que, lejos de fortalecer la infraestructura nacional, la estrategia de inversión ha estado marcada por menor eficiencia, concentración de recursos y proyectos con cuestionable rentabilidad económica y social.

Se acelera el gasto en inversión al cierre del sexenio

Para finalizar las obras prioritarias como el Tren Maya, la administración de López Obrador elevó el gasto en inversión al cierre de su sexenio. A pesar de contar con el presupuesto público más alto de la historia, y de incrementar la deuda pública a niveles récord, no compensó la baja inversión realizada en los primeros años de la gestión. Tampoco superó los mejores niveles de la última década. 

El problema es que una baja inversión física se relaciona con un menor crecimiento económico. Con menos recursos destinados a obra pública, se profundiza el rezago en sectores estratégicos como transporte, energía y agua, entre otros, lo que repercute en la competitividad y el bienestar de la población. Es una receta tóxica que ralentiza la modernización de infraestructura, afecta la productividad, daña el nivel de servicios para la población y amplía la brecha en el desarrollo regional.  

En 2024, se destinaron 1,034.9 mil millones de pesos (mmdp) al rubro de inversión física, una cifra 11.4% (105.9 mmdp) mayor a la de 2023 y el nivel más alto del sexenio, mismo que es superior en 24% (200.8 mmdp) al nivel del último año de Enrique Peña Nieto (EPN). Sin embargo, este monto fue menor a cualquiera registrado entre 2009 y 2016. 

La menor prioridad para el gasto de inversión se volvió una constante desde 2017 cuando Peña Nieto realizó un ajuste fiscal y se mantuvo con bajos niveles durante toda la administración de López Obrador. La tendencia a la baja de la inversión física se hace aún más evidente al contrastar las cifras de este sexenio con registros nacionales e internacionales. 

Empecemos por lo nacional… En 2024, la inversión pública en infraestructura representó 3.1% del producto interno bruto (PIB), el segundo nivel más alto del sexenio (el mayor fue 3.2% en 2022), pero inferior a cualquier año entre 2009 y 2016, cuando alcanzó 4.5% del PIB (en 2010 y 2014), prácticamente un punto y medio por encima del máximo registrado en este gobierno.

A nivel internacional, la diferencia es clara. En 2021, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) promediaron un gasto en inversión pública equivalente al 3.5% del PIB. Si bien México se posiciona favorablemente frente a países como Chile o Costa Rica, que tienen una inversión de 2.7% y 2.6% del PIB respectivamente, está muy lejos de los niveles de potencias tecnológicas, como Japón o Corea del Sur, que gastan arriba del 4.5% del PIB en inversión pública. 

Esta brecha sugiere una menor capacidad del Estado para impulsar proyectos estratégicos que fortalezcan la competitividad y el crecimiento de largo plazo. La inversión física también ha perdido prioridad dentro del presupuesto nacional. En 2024, sólo 11.3% del gasto total se destinó a este rubro. Aunque este porcentaje es superior al de 2023 (10.9%) e incluso al del último año de EPN (11.1%), se mantiene muy por debajo de los niveles observados en años anteriores. Así, de 2006 a 2016, fue superior la proporción del gasto total destinada a inversión física. En 2010, por ejemplo, ésta representó 18.7% del gasto total.

Menos inversión per cápita: rezago en infraestructura y competitividad

Como se ha dicho, la inversión de AMLO fue inferior a la conseguida en las dos administraciones previas. Esta comparativa se agrava si medimos el gasto en infraestructura por habitante. 

Analizar el gasto de inversión por habitante es importante para evaluar si los recursos destinados para suplir las necesidades de infraestructura son suficientes ante el total de la población y para medir si las generaciones actuales reciben las mismas oportunidades que las pasadas. Un presupuesto que bastaba en el año 2000, cuando había 100 millones de habitantes, podría no ser suficiente en 2024, cuando ya se superó la marca de 130 millones. 

En 2024, la inversión física per cápita en términos reales fue de 7,824 pesos, nivel inferior al registrado entre 2009 y 2015 cuando la inversión por habitante superó los 9,000 pesos. Es decir, México registra 15 años con una inversión por habitante estancada. Además, a lo largo de la administración de López Obrador el promedio anual fue de 6,911 pesos por habitante, cifra inferior a la registrada en los sexenios previos.

Durante el gobierno de Peña Nieto, la inversión física per cápita promedió 8,764 pesos anuales, mientras que con Felipe Calderón fue de 8,689 pesos. Si bien AMLO superó los niveles de Vicente Fox (4,441 pesos) y Ernesto Zedillo (4,149 pesos), el contexto actual es mucho más demandante. La globalización y la acelerada transformación tecnológica exigen una infraestructura moderna y eficiente que fortalezca la competitividad del país y genere mejores condiciones para la población.

En específico, la inversión física per cápita en Pemex se redujo significativamente a lo largo del sexenio pasado en comparación con administraciones anteriores. En promedio, se destinaron 2,365 pesos por habitante cada año, cifra inferior a los 3,481 pesos asignados anualmente durante el mandato de Peña Nieto, lo que representa 1,100 pesos menos por persona. En el mismo sentido, Calderón destinó 3,205 pesos per cápita, es decir, 840 pesos más que la administración que recién concluyó.

Esta reducción per cápita tiene efectos directos en la subida de precios de gasolinas y diésel para la población. En 2024, Pemex Transformación Industrial, la filial encargada de la producción de combustibles, produjo en promedio 290 mbd de gasolinas, superior a los 207 mbd de 2018, pero inferior al máximo de 437 mbd logrado en 2013. En otras palabras, por cada mil habitantes, Pemex producía 3.7 barriles en 2013 pero sólo 2.2 en 2024. Si no hay más oferta de combustibles por habitante, no pueden disminuir los precios al consumidor final.

El escenario en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también reflejó una caída en la inversión per cápita. Durante la administración de López Obrador, la inversión física en la empresa estatal promedió apenas 379 pesos anuales por habitante, por debajo de los 421 pesos destinados por Peña Nieto y de los 537 pesos ejercidos en el sexenio de Calderón. Incluso las administraciones de Fox y Zedillo superaron a López Obrador, con 534 y 578 pesos por persona, respectivamente.

La disminución de recursos en este sector compromete la capacidad de la CFE para garantizar las necesidades energéticas de la población. Según el Sistema de Información Energética (SIE), en 2023 la capacidad instalada de la CFE fue de 61,344 megawatts, el mayor monto histórico. No obstante, en términos per cápita significó que la capacidad instalada por persona fue de sólo 469 watts, nivel similar al de 2007. 

¿Cuánto se gastó en inversión durante el sexenio? 

A pesar de haber impulsado megaproyectos como la refinería de Dos Bocas, el gobierno de López Obrador acumuló un gasto de 5.3 billones de pesos en inversión física entre 2019 y 2024. Esta cifra es inferior a los 6.4 billones acumulados por Peña Nieto y 5.9 billones de Calderón. No obstante, fue superior a los 2.7 billones de Fox o 1.9 billones de Salinas. 

En proporción del PIB, la tendencia es similar. Durante 2019-2024, el gasto público en inversión física promedió 2.8% del PIB, 0.8 puntos porcentuales menos que con Peña Nieto (3.6%) y un punto menos que con Calderón (3.8%). Fox fue quien destinó el menor porcentaje a inversión física (2.1% del PIB).

Aunque con López Obrador se realizaron obras de gran magnitud como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas, en las administraciones anteriores también se realizaron obras de gran envergadura. En la de Peña Nieto, por ejemplo, impulsó infraestructura clave como el Tren Interurbano México-Toluca (sin terminarlo), la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara y la Línea 3 del Metro de Monterrey, además de modernizar los aeropuertos de Cancún, Guadalajara y Acapulco, ampliar el aeropuerto de Chetumal y concluir el Túnel Ferroviario de Manzanillo y el Libramiento Ferroviario de Celaya. 

Por su parte, la gestión de Calderón priorizó la infraestructura de carreteras y autopistas, el Puente Internacional Ferroviario Matamoros-Brownsville, la reconfiguración de la Refinería de Minatitlán y la expansión del sector eléctrico con proyectos como La Yesca y centrales eólicas en Oaxaca. También impulsó infraestructura hidráulica con la construcción de seis presas. 

Vicente Fox, por su parte, mejoró el abasto energético y la conectividad nacional, al ampliar y modernizar infraestructura energética, carreteras, puertos y aeropuertos mediante inversión pública y privada..

La menor inversión también se refleja en las Empresas Públicas del Estado 

La inversión en Pemex durante el sexenio de López Obrador fue menor en comparación con administraciones anteriores, a pesar de megaproyectos como Dos Bocas. En total, destinó 1.8 billones en inversión a Pemex entre 2019 y 2024, cuando Peña Nieto invirtió 2.5 billones y Calderón 2.2 billones, respectivamente. 

En términos del PIB, asignó 1% anual en promedio a Pemex, cifra inferior al 1.4% del PIB destinado por Peña y Calderón. Esto ocurrió a pesar de que López Obrador otorgó mayores beneficios fiscales a la petrolera, condonando impuestos y reduciendo su carga tributaria como estrategia para mejorar sus finanzas por un total de 1.1 billones de pesos, como lo explicamos en esta investigación. 

Esta reducción en inversión limita la modernización de la infraestructura petrolera, sobre todo en producción y refinación. Debido a ello, se mantiene la dependencia del país en la importación de combustibles. La falta de inversión eficiente también ha derivado en retrasos operativos, sobrecostos y fallas técnicas. Queda evidenciado que los recursos dirigidos a Pemex no han logrado fortalecer su competitividad ni garantizar su viabilidad financiera.

La CFE también perdió prioridad en la agenda de inversión pública. En el sexenio de López Obrador, la inversión física acumulada de la empresa estatal fue de 295 mmdp, cifra inferior a la ejercida por sus predecesores. Peña Nieto destinó 310 mmdp, es decir, 15 mmdp más, mientras que Calderón invirtió 366 mmdp, lo que equivale a 71 mmdp adicionales respecto a López Obrador. Incluso las administraciones de Zedillo y Fox asignaron más recursos a la CFE por 333 mmdp y 334 mmdp, respectivamente. 

Esta disminución de recursos ha limitado la expansión y modernización de la infraestructura eléctrica, afectando la capacidad de generación, transmisión y distribución de energía en el país, lo que puede repercutir en costos más altos para consumidores y empresas, mayores apagones, menor seguridad energética y menor competitividad del país.

Menos inversión, menos sectores

A partir de esta sección, el análisis de la inversión física se desglosa por función del gasto. Este enfoque permite examinar cómo se han distribuido los recursos en distintos sectores estratégicos, identificando los cambios en prioridades gubernamentales y su impacto en áreas clave como energía, infraestructura, salud y educación. 

Para este diagnóstico se consideran únicamente los dos últimos sexenios. Esto se debe a que la disponibilidad de información sobre la clasificación funcional del gasto público comienza en 2011, lo que impide realizar comparaciones más amplias con administraciones previas.

La inversión física no solo se redujo en este sexenio, también se concentró más en menos sectores y dejó otros en el abandono. Durante la administración de López Obrador, el 95% del gasto en inversión física se destinó a estas seis funciones: 1. combustibles y energía (Pemex y CFE); 2. Vivienda y servicios comunitarios; 3. Comunicaciones y transportes; 4. Seguridad nacional y policías; 5. Salud y 6. Educación. Con Peña, esas seis funciones concentraron el 90% de la inversión física. 

La mayor concentración de la inversión en estos sectores con López Obrador, significó que las 16 funciones restantes recibieron el 5% del presupuesto en inversión, mientras que con Peña Nieto recibieron, proporcionalmente, el doble de recursos. En estos sectores olvidados por AMLO se encuentra ciencia, tecnología, agropecuario, cultura y protección social, entre otros. Vamos por partes…

Después de Combustibles y Energía (Pemex y CFE) que ya abordamos en los capítulos anteriores, la función de Vivienda y servicios comunitarios fue el segundo rubro más relevante en inversión física. Esta función del gasto incluye recursos para agua potable, alcantarillado y aportaciones federales para mantenimiento y construcción de infraestructura en estados y municipios. En el sexenio de López Obrador recibió en total 1.4 billones; con Peña sumó 1.7 billones. 

Comunicaciones y transportes ganó relevancia en este sexenio, absorbiendo 881.6 mmdp (16% del total) en todo el mandato lopezobradorista, un aumento frente a los 659.9 mmdp (10% del total) de la administración de EPN.

Esta expansión se explica por los megaproyectos insignia de López Obrador, entre ellos el Tren Maya, el Tren Interurbano México-Toluca y el Tren AIFA-Pachuca, que concentraron la mayor parte del gasto en transporte. Sin embargo, esta apuesta dejó rezagados otros sectores clave como carreteras, aeropuertos y puertos, sin garantizar una estrategia integral de conectividad, como lo analizamos en esta investigación. Esto genera dudas sobre su impacto en la competitividad del país, y si la distribución del gasto respondió a necesidades reales o a decisiones meramente políticas.

La función Salud también se rezagó con López Obrador. Recibió apenas 146 mmdp (3% del total), con la mayor parte de los recursos destinados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mientras que prácticamente no se invirtió en la infraestructura para la población sin seguridad social. Hay que decir que, en el sexenio de Peña Nieto, el sector sanitario tampoco fue prioritario, con solo 115 mmdp (2% del total).

La función educación también perdió peso en la inversión física en este sexenio. La falta de inversión en escuelas y centros de formación puede traducirse en menor calidad educativa y oportunidades limitadas para los estudiantes. Con López Obrador se destinaron 124.6 mmdp (2% del total), frente a 167 mmdp (3%) de la administración previa

El caso más crítico se registra en la función de Ciencia, tecnología e innovación, sector fundamental para el desarrollo y la competitividad del país, pero sistemáticamente ignorado por los últimos gobiernos. El desempeño de Peña Nieto ya había sido deficiente, con apenas 46.8 mmdp (0.7% del total), pero López Obrador llevó este rubro al abandono casi total, reduciéndolo a un insignificante 2.1 mmdp (0.04% del total). Esta caída drástica refleja la falta de visión de largo plazo en su administración, desmantelando cualquier posibilidad de fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la capacidad productiva del país. Con esta falta de financiamiento, México se aleja aún más de la innovación tecnológica y de la competencia en el mercado global, perdiendo oportunidades de crecimiento y quedando rezagado frente a economías que apuestan por el conocimiento como motor del desarrollo.

Megaproyectos costosos, sobreprecios y oportunidades perdidas

Las decisiones de infraestructura en este sexenio han implicado sobreejercicios multimillonarios con un alto costo de oportunidad. El AIFA, el Tren Maya y Dos Bocas,  las tres obras insignia de López Obrador, han excedido lo presupuestado por 673 mmdp1, recursos que pudieron haberse destinado a sectores clave para el desarrollo del país. 

Para dimensionar, esta cifra equivale a 336 veces el presupuesto de inversión física para Ciencia, tecnología e innovación (2 mmdp) en todo el sexenio de López Obrador. También representa 8.7 veces el presupuesto de inversión física del sector agropecuario (77 mmdp) de todo el sexenio, un rubro esencial para garantizar la seguridad alimentaria, fortalecer el campo y reducir la vulnerabilidad ante crisis climáticas y económicas. En lugar de invertir en estos sectores estratégicos, los recursos se destinaron a proyectos con sobreprecios, baja rentabilidad y cuestionables beneficios económicos a largo plazo. Invertir en estas megaobras comprometió la capacidad del país para avanzar en áreas que realmente podrían generar crecimiento y bienestar.

El Tren Maya, uno de los proyectos insignia del sexenio y destinado principalmente a la provisión de servicio ferroviario en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ha costado 176% más de lo prometido. De acuerdo con notas periodísticas, López Obrador aseguró que su construcción costaría 156 mmdp, equivalentes a 197 mmdp en pesos constantes de 2024. Sin embargo, a mitad de su administración, en 2022, el costo ya había alcanzado 242 mmdp, rompiendo su promesa inicial. Al cierre del sexenio, la cifra se disparó hasta 544 mmdp, lo que representa un sobregasto de 248% (347 mmdp) más de lo prometido.

Tan solo en 2024, el Tren Maya costó 152 mmdp. Inicialmente, la Secretaría de la Defensa Nacional administraría 120 mmdp del proyecto, pero con la reconfiguración presupuestaria, solamente ejerció 17.4 mmdp, mientras que el ramo de Turismo terminó ejerciendo 134.1 mmdp.

A esto se suman 28.7 mdp adicionales para la reubicación de asentamientos humanos en el derecho de vía del tren, incluyendo la compra de terrenos y la construcción de vivienda para las familias afectadas. Debido a este proceso de reubicación, muchas de las comunidades desplazadas han denunciado afectaciones a su modo de vida, pérdida de tierras y falta de transparencia en la compensación recibida, lo que ha convertido la obra en un símbolo de improvisación y opacidad. Por si no fuera suficiente, tiene otros 45 mmdp aprobados para 2025. Es importante señalar que estos montos no se incluyen en el costo total del Tren Maya, ya que se registran bajo otra clave presupuestaria, lo que oculta parcialmente el gasto real de la obra y dificulta una evaluación completa de su impacto financiero.

Si bien el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) costo menos de lo proyectado, en realidad trajo consigo un sobrecosto por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Para la construcción del AIFA inicialmente se estimó un presupuesto de 74.5 mmdp (equivalente a 96 mmdp en pesos constantes de 2024). En 2020, apenas se desembolsaron 6 mmdp; en 2021 el costo acumulado alcanzó los 41 mmdp. Finalmente, construir el AIFA costó 89 mmdp, 7 mmdp por debajo de lo estimado. No obstante, al gasto de construcción se suma el costo de la cancelación del NAICM, que ascendió a 146 mmdp, según la ASF2.  De esta forma, el gasto total por la construcción del AIFA fue de 235.3 mmdp, lo que representa un sobrecosto de 145% (139 mmdp) sobre el presupuesto prometido.

En otras palabras, el gobierno gastó el equivalente a un nuevo aeropuerto en cancelar uno que nunca se construyó, sin que la población o la economía obtuvieran algún beneficio. Esta decisión representó una pérdida de capitales sin precedentes. A pesar del ahorro en su construcción, los recursos ligados al AIFA (que inevitablemente incluyen la cancelación del NAICM) al final representan una de las inversiones más dispendiosas de la administración, con un alto costo de oportunidad en infraestructura aeroportuaria y un impacto cuestionable en la conectividad y competitividad del país.

A esto se suma el sobregasto de la refinería Dos Bocas, que más que duplicó su presupuesto original hasta alcanzar los 19,653 millones de dólares en 2024 y equivalentes a 398 mmdp3, según notas periodísticas. 

Cabe precisar que ni en la Cuenta Pública ni en los informes trimestrales de Hacienda se han informado los costos de este proyecto. No obstante, en los informes a la Comisión de Bolsa y Valores4 (SEC, por sus siglas en inglés) es posible saber que hasta 2023 Pemex ha  gastado 355.9 mmdp, esto es 144.5 mmdp por encima del costo prometido de 211.4 mmdp (8,000 millones de dólares).

Para colmo, a pesar de que fue diseñada para procesar 340,000 barriles diarios de petróleo, en agosto de 2024 Dos Bocas operaba apenas al 50% de su capacidad, refinando 170,000 barriles diarios. Además, su producción de gasolina fue de sólo 1,144 barriles diarios. La falta de información oficial clara y las inconsistencias en sus cifras han generado cuestionamientos sobre la eficiencia y rentabilidad del proyecto, reforzando la percepción de que ha sido una mala asignación de recursos con escaso impacto en la autosuficiencia energética.

De esta forma, con datos oficiales, el sobrecosto del Tren Maya, AIFA y Dos Bocas, asciende a 630.5 mmdp. No obstante, este número sólo considera el gasto de Dos Bocas hasta 2023. Si consideramos información de prensa, como Reforma, El Economista, Forbes y Bloomberg5, se puede constatar que en 2024 el costo de Dos Bocas llegó a 19,653 millones o 398.5 mmdp, esto es un sobreejercicio de 187 mmdp. Así, el sobrecosto de las tres obras insignia de López Obrador asciende a 673 mmdp.

  1. El sobrecosto reportado en la prensa nacional e internacional es la base de esta estimación. Sin embargo, al calcularlo con datos de la United States Security Exchange Commission (SEC), el monto asciende a 630 mmdp, aunque esta cifra sigue siendo parcial. No incluye ciertos gastos de capital, por lo que el costo real podría ser aún mayor. ↩︎
  2. Disponible en informe de la ASF. ↩︎
  3. Cálculos propios considerando el tipo de cambio fix de 20.28 pesos por dólar estadounidense del Banco de México al 17 de febrero de 2025. ↩︎
  4. Pemex se ve obligado a realizar informes a la SEC debido a que emite acciones y bonos en Estados Unidos. ↩︎
  5. Disponibles en El Economista, Forbes, Bloomberg y Reforma. ↩︎

2018 – 2024: El empobrecimiento de la hacienda pública

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Anuales, Finanzas Públicas, Sexenales.

Durante la gestión pasada no solo se incrementó la deuda a niveles récord, sino que se redujeron los ahorros públicos, representando una disminución de 5,230 pesos por ciudadano.

La administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) heredó al Gobierno de su sucesora, Claudia Sheinbaum, un Estado más pobre y con menos ahorros. Para entender qué sucedió, nos vamos a enfocar en los fideicomisos públicos. Se trata de instrumentos financieros —como una cuenta de ahorro— donde el gobierno deposita y administra recursos para fines específicos como la atención de emergencias y a la salud, o el impulso a la ciencia, entre otros. 

Durante toda la administración pasada se fueron erosionando los recursos dispuestos en estos fideicomisos públicos. En ocasiones fue por decretos de extinción, y en otras por el uso desmedido de estos ahorros de todos los mexicanos. 

Al cierre de 2024, los recursos del gobierno guardados en fideicomisos se han reducido en 53% frente a lo que tenía el gobierno en 2018. Es una diferencia de 632.6 mil millones de pesos (mmdp). A diciembre del año pasado, ya solamente quedaban 554 mmdp en fideicomisos. 

Esto equivale a sólo 4,190 pesos de ahorros por ciudadano, el segundo nivel más bajo desde 2005 que hay datos disponibles. Si lo comparamos con 2018, último año del Gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN), cuando estos fondos públicos sumaban 9,420 pesos por persona, hablamos de que cada habitante de México perdió 5,230 pesos, o 55.2% en ahorros que eran administrados en estos fideicomisos. 

Esta erosión de las reservas del gobierno en fideicomisos públicos implica la caída de recursos para apoyar e impulsar sectores estratégicos como educación, infraestructura o salud. Sin embargo, no todos los sectores perdieron. Dentro de la caída de los fideicomisos públicos, los que incrementaron su riqueza fueron los entes militares. 

Se dice que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y la nueva administración parece asumir que los mexicanos ya han olvidado lo ocurrido con los fideicomisos. Ahora, el Gobierno busca acceder a los fondos de los trabajadores a través de la reciente reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Aunque se presenta como una medida para garantizar  bienestar y un hogar para cada usuario del sistema, esta iniciativa genera preocupación sobre el futuro de las pensiones y los ahorros de los trabajadores. ¡Y con mucha razón! Como veremos en esta nota, la historia y los datos demuestran cómo las buenas intenciones pueden terminar con los ahorros de los mexicanos.

Desaparecen fondos para la ciencia y el desarrollo

Como mencionamos anteriormente, el gobierno utiliza los fideicomisos para reunir y administrar recursos con un fin en específico. Éstos se encuentran a cargo de distintas secretarías públicas de acuerdo con el objetivo de cada fondo. Por ejemplo, los fideicomisos que tienen por finalidad garantizar los recursos para el pago de nómina para los maestros, se encuentran a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En esta lógica, podemos ver cuáles son las secretarías que se han quedado con menores recursos en fideicomisos y qué sectores se han visto desprotegidos. 

Al cierre de 2024, hay secretarías que se han quedado sin ningún ahorro financiero como es el caso de la recién creada Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), antes el Conacyt. 

Al final del sexenio de Peña Nieto, el Conacyt contaba con 99 fideicomisos registrados, con un valor de 26.59 mmdp. Estos fondos tenían por objetivo administrar recursos para promover el trabajo científico en diversos centros de investigación, universidades, sectores productivos, así como impulsar la ciencia a nivel regional juntando recursos con entidades federativas. 

Destacaban el Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social, con 113.9 millones de pesos (mdp); el Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos, con 467.5 mdp; y el Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre el Agua, que disponía de 75.3 mdp.

Los más de 90 fideicomisos estimulaban la ciencia y la investigación en una variedad de sectores estratégicos y primordiales para el desarrollo económico y social. Sin embargo, al cierre del sexenio de AMLO el Conacyt, ahora Secihti, cuenta con tan solo 0.1 mmdp; prácticamente ya no cuenta con recursos en fideicomisos para promover la ciencia. 

Hay que recordar que la eliminación de los fideicomisos públicos se dio a partir del decreto presidencial1 del 6 de noviembre de 2020, cuando Andrés Manuel ordenó la extinción de 109 fideicomisos públicos y otros fondos con el pretexto de manejar a su Gobierno con los principios de austeridad republicana. Austeridad que fue selectiva, puesto que al final de su sexenio no hubo austeridad, pero si incremento del endeudamiento y agotamiento del ahorro público (como exponemos en este análisis). 

En la misma trinchera de la educación, los ahorros que tiene la SEP dispuestos en fideicomisos públicos, cayeron 33.8% (10.3 mmdp) en términos reales frente a lo que se tenía en 2018. Así, cerraron el sexenio de AMLO con un monto de 20.2 mmdp, cuando con EPN finalizaron con 30.5 mmdp.

Antes del decreto de extinción de fideicomisos, la SEP contaba con capital para promover la educación, el deporte, la investigación, pero también para el pago de nómina y pensión de los trabajadores. Por ejemplo, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento contaba con 45 millones de pesos; pero para diciembre de 2024 en este fondo ya no había recursos. 

Así, los fondos destinados a promover el deporte, la cultura y la investigación fueron desapareciendo. Al final del sexenio de AMLO, el 90% de los fondos de la SEP se destinan a financiar las pensiones de retiro de los magistrados, mientras que al cierre del gobierno de Peña Nieto, este porcentaje era del 66.2% .

Pero no todas las secretarías han perdido sus guardaditos financieros; entre la erosión de los fideicomisos públicos, los entes militares ganaron terreno.

Militarización de los fondos públicos

Al cierre del sexenio de AMLO, los entes militares tuvieron a su nombre hasta 118.7 mmdp en fondos públicos. Esto representó el 21.4% de los recursos totales dispuestos en fideicomisos. Esta cantidad aumentó 1,549% (111 mmdp) respecto a lo que tenían al cierre de 2018. 

La Defensa es la entidad militar que acumuló más fondos públicos durante el sexenio de AMLO, ya que al cierre de 2024 contó con un guardadito financiero de hasta 84.7 mmdp. Esto representa el mayor monto en fideicomisos que ha estado bajo control de la Defensa desde el año 2006 que hay datos disponibles. Frente al cierre del sexenio de EPN, sus recursos financieros aumentaron 1076% (77.5 mmdp). 

Por otro lado, antes del sexenio de AMLO la Marina no contaba con recursos en fondos públicos y al cierre de su mandato terminó con 34 mmdp. Esto es reflejo de lo que hemos llamado la militarización del gasto de inversión. Durante el último sexenio, el gobierno se empeñó en asignar los proyectos de construcción de infraestructura a las Fuerzas Armadas. Así, de los 34 mmdp de los fondos a disposición de la Marina, 31 mmdp corresponden al desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

En cambio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCyT) que tiene el objetivo de expandir la infraestructura del país como puentes, carreteras, entre otras obras públicas; cerró el sexenio con apenas 1,000 mdp. Lo cual implicó una pérdida de 99.1% (114.8 mmdp) respecto a los recursos con los que contaba en fondos públicos al cierre de 2018. 

En otras palabras, prácticamente los recursos que estaban a disposición de la SCyT fueron transferidos a manos militares. Por ejemplo, al cierre de 2018, la SCyT contaba con 100 mmdp para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Tal proyecto fue cancelado por decreto y en vez de ello, la Secretaría de la Defensa construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). 

Erosión de los ahorros que blindan la economía

El Gobierno cuenta con fondos especiales para hacer frente a situaciones inesperadas, como crisis económicas o sociales. Estos fondos actúan como un escudo financiero para proteger el nivel ingresos y gastos del gobierno ante estas situaciones contingentes. 

Uno de ellos es el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP). Su objetivo es juntar y administrar recursos, para cuando el gobierno se enfrenta a situaciones de bajos ingresos o una recesión económica. De tal forma, que estos fondos ayudan al gobierno a mantener el mismo nivel de gasto sin tener que incurrir en endeudamiento. 

Sin embargo, durante el sexenio de AMLO prácticamente se agotaron los recursos del FEIP y al cierre de su sexenio se cuenta con un saldo por 97.2 mmdp. Lo cual es 74.3% (280.9 mmdp) menor al saldo que dejó EPN en 2018, cuando el FEIP tenía un guardadito de hasta 378 mmdp.

Otro de los fondos es el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). Éste fue diseñado para blindar el gasto que transfiere el gobierno federal a los estados. Esto con la finalidad de que las entidades federativas no sufran una caída financiera cuando se presenta una caída en la recaudación.

Pero al igual que el FEIP, durante el sexenio de AMLO, los recursos de este instrumento se han desplomado. Al cierre de 2024, apenas cuenta con 11.6 mmdp, lo que representa una caída de 90.3% (108.2 mmdp) en comparación con el cierre del sexenio de Peña Nieto. Se trata del saldo más bajo del FEIEF en los últimos 14 años. 

Si consideramos el total de estos ahorros para emergencias con los que cuenta el gobierno respecto al tamaño de la población, tenemos que AMLO cerró su sexenio con un ahorro de 822 pesos por persona para emergencias. Este ahorro por habitante es 79% (3,128 pesos) menor al ahorro que había dejado Peña Nieto, cuando se contaba con 3,951 pesos per cápita en ahorros para alguna emergencia.

Lo más desalentador es que el agotamiento de estos ahorros financieros no evitó que el Gobierno se endeudara como no se había visto en los últimos 25 años. Dejando a la Administración de Sheinbaum un saldo histórico de la deuda pública, y una alcancía casi vacía con recursos insuficientes para enfrentar un evento contingente. 

Agotamiento de la alcancía para pagar enfermedades de alto costo 

Otro de los sectores que se ha visto desprotegido es la salud pública. Al igual que en educación, se han ido agotando los ahorros financieros para financiar la atención de enfermedades de alto costo. 

Algunas enfermedades o tratamientos médicos pueden ser tan costosos que las familias deben destinar más del 30% de sus ingresos para cubrirlos. Esto se considera un “gasto catastrófico”, ya que deja a las personas con apenas lo necesario para cubrir sus necesidades básicas, poniendo en riesgo su bienestar y su estabilidad económica.

Muchas de las familias que deben costear estas enfermedades acuden al sistema público de salud para recibir la atención médica necesaria. Para ello, el gobierno diseñó el Fondo contra Gastos Catastróficos, que ahora es llamado el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi). 

Este fondo tiene la obligación de juntar y administrar recursos para costear un paquete de 66 padecimientos o enfermedades de alto costo, entre las cuales se incluyen: cáncer de mama, cáncer infantil y de adolescencia, cáncer cérvico uterino, tumores testiculares, entre otros.

Sin embargo, como hemos analizado anteriormente durante el sexenio de AMLO el Fonsabi dejó de funcionar como un fondo para costear este tipo de padecimientos. Incluso se ha presentado un recorte del 99% en el gasto de atención de enfermedades de alto costo. 

Al cierre del sexenio, este fondo llega con un saldo de apenas 32.3 mmdp, lo cual representa una caída del 74.2% (93.1 mmdp) frente al saldo con que contaba el Fonsabi al cierre del sexenio de Peña. Se trata del saldo más bajo que ha tenido este fondo para costear enfermedades de alto costo en los últimos 17 años.

Lo anterior es sumamente preocupante ya que, si consideramos el tamaño de la población, se tiene que al cierre de 2024 se contaron con tan solo 244 pesos por persona, en este fondo para atender enfermedades de alto costo. Es el ahorro per cápita más bajo en los últimos 18 años. Además, es 75.5% (751 mmdp) menor al ahorro por persona que había en el Fonsabi al cierre del sexenio de Peña, cuando se tenían 995 pesos por habitante para atender enfermedades catastróficas. 

Con este ahorro per cápita con el que cerró el Fonsabi no alcanza ni para una prueba de Covid-19, la cual tiene un costo unitario de 251 pesos2. Mientras que al cierre del sexenio de Peña alcanzaba para realizar estudios de ecografía, útiles para la detección de tumores malignos.

Como identificamos previamente, el Fonsabi dejó de operar como un fondo para financiar enfermedades de alto costo, y en su lugar se convirtió en la caja chica del gobierno que facilita la simulación del gasto en salud. Esto lo podemos ver comparando la cantidad de recursos que entran y salen del fondo. 

Durante el actual sexenio, por cada peso que entró al fondo, salieron 1.4 pesos, mientras que durante el sexenio de Peña Nieto por cada peso que se aportaba al fondo salían tan sólo 70 centavos. Esto permitía atender las enfermedades de alto costo a la par de ir acumulando una mayor cantidad de recursos para el financiamiento de estos padecimiento. 

En conclusión

Durante el gobierno de AMLO, el ahorro público, que llevaba casi una década en crecimiento, se desplomó. La “alcancía” del país quedó prácticamente vacía para sectores clave como salud, educación y ciencia, dejando al próximo gobierno con menos margen de maniobra.

Ahora, Claudia Sheinbaum enfrenta el reto de dirigir un país con grandes compromisos sociales y financieros, pero sin reservas para responder a emergencias. La lección es clara: la administración de los ahorros públicos ha sido una asignatura pendiente para el gobierno, y las consecuencias de su mala gestión hoy pesan sobre las finanzas públicas y la estabilidad económica de todos los mexicanos.

  1. Gobierno de México (2020). DECRETO por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604411&fecha=06/11/2020#gsc.tab=0 ↩︎
  2. Los costos unitarios fueron recuperados del Acuerdo para la aprobación de los Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica actualizados al año 2024 y sus anexos 1 y 2. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5711444&fecha=14/12/2023#gsc.tab=0 ↩︎

Desplome de Pemex debilitó mayor pago de impuestos en el sexenio pasado

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Anuales, Finanzas Públicas, Sexenales. 1 comentario en Desplome de Pemex debilitó mayor pago de impuestos en el sexenio pasado

A pesar de la mayor fiscalización a los contribuyentes, el sexenio finalizó con el peor desempeño en crecimiento de los ingresos públicos. La causa: el desplome productivo de Pemex. 

El éxito de un gobierno se refleja en la calidad de los bienes y servicios que provee para su población y en la estabilidad de sus finanzas. No es sorpresa que un gobierno que falla en incrementar sus ingresos, fracase también en cumplir con estos objetivos. 

Ha quedado demostrado que durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se redujo la estabilidad de las finanzas públicas al detonar el uso de endeudamiento (como explicamos en esta nota), además de que falló en financiar el gasto público (lo analizamos en esta otra nota). Estas deficiencias tienen su raíz en el pobre desempeño de los ingresos gubernamentales durante su administración. 

Si bien el ex presidente apostó por la mayor fiscalización de los contribuyentes cautivos, su negativa de realizar una reforma fiscal progresiva limitó la recaudación durante su Gobierno. Si a esto le sumamos la reducción de la carga fiscal cobrada a Petróleos Mexicanos (Pemex), no sorprende que los ingresos del Estado se mantuvieran prácticamente estancados durante todo su sexenio.

¿Fracasó la política de ingresos?  

Todo depende del cristal con que se mire. La administración de López Obrador consiguió, en efecto, el mayor nivel de ingresos en pesos. Sin embargo, respecto del tamaño de la economía, éstos se mantuvieron estancados en el mismo nivel de hace más de una década. 

Al cierre de 2024, los ingresos totales del sector público llegaron a 7.4 billones de pesos, el mayor monto que se tenga registro. Medido desde el cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto en 2018, aumentaron 8.5% o 586 mil millones de pesos (mmdp). Los ingresos totales del Gobierno se componen de los impuestos recaudados a nivel federal, los ingresos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las cuotas para la seguridad social que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otros cobros como derechos y cuotas diversas. Es decir, todos los recursos percibidos a nivel federal. 

Pese al incremento, los ingresos públicos representaron tan sólo el 22.1% del producto interno bruto (PIB), que si bien es superior al 21.2% de 2018, resulta idéntico al 22.1% registrado en 2008. Lo anterior significa que, en realidad, los ingresos públicos han seguido la inercia económica y que los esfuerzos del gobierno no han sido suficientes para incrementar el tamaño de su “rebanada en el pastel” de recursos del país. 

La métrica de ingresos respecto al PIB nos permite ver que los ingresos de México siguen siendo bajos en la comparativa internacional. Los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ingresan en promedio 42% del PIB. Es decir, México está prácticamente a la mitad de camino de estos países. Incluso, nuestro país se compara negativamente frente a economías latinoamericanas. Chile tiene una recaudación de 26% del PIB y Costa Rica del 30%. 

Otra forma de verlo es que, por habitante, la entrada de recursos tampoco ha aumentado de forma significativa en los últimos años. En 2024, el gobierno obtuvo 56 mil 894 pesos per cápita; apenas 3% (1,800 pesos) más que en 2018. Además, se quedó por debajo del récord de 59 mil 177 pesos por habitante, en términos reales, logrado en 2016. Si el Gobierno no incrementa sus ingresos per cápita, no puede incrementar el gasto público para cada persona. 

Comparado con otros sexenios, el desempeño de la política de ingresos también fue bastante pobre. Como se mencionó, del fin del sexenio de Peña Nieto al final del de López Obrador, el aumento de los ingresos fue de 8.5%. Se trata del peor ritmo de crecimiento en cuatro administraciones: Peña Nieto logró un aumento de 14.7%, Felipe Calderón de 20.3%, Vicente Fox de 45.7% y Ernesto Zedillo de 11%. 

La situación es mucho peor si se analizan sólo los ingresos exclusivos del Gobierno federal, es decir: la recaudación tributaria, los ingresos que paga Pemex a la Federación y el cobro de derechos, aprovechamientos y otras cuotas. Su importancia radica en que son los recursos que financian la mayoría de los programas públicos y transferencias a los estados. 

Estos alcanzaron 5.5 billones de pesos, un crecimiento de solamente 5.8% (301 mmdp), el peor en cinco sexenios. Durante la administración de Peña Nieto los ingresos del Gobierno federal aumentaron 24.4%, con Calderón 21.4%, con Fox 36.2%, con Zedillo 22% y con Carlos Salinas 12%. 

A pesar de lo que pudiera pensarse, el gran culpable del mal desempeño en la política de ingresos de López Obrador no fue la pandemia de 2020, sino el deterioro de los ingresos petroleros. Además, otros presidentes también afrontaron severas convulsiones económicas y tuvieron mejores resultados en recaudación: Zedillo enfrentó el Efecto Tequila (1994-1995), Calderón la crisis financiera global (2008-2009) y Peña Nieto la caída de los precios del petróleo (2014-2015), cuando el precio del barril pasó de más de 100 dólares a menos de 30 dólares. 

El cobro de impuestos de 2019 a 2024

En materia de ingresos tributarios, la gestión de López Obrador sí tuvo un desempeño destacado frente a las de otros presidentes. Estas percepciones tuvieron a lo largo de su sexenio un incremento de 19.8% (818 mmdp). Este aumento fue superior a la expansión de 12% lograda por Zedillo, de 16.1% de Fox y 14.4% de Calderón. Como sea, palidece frente al 83.6% logrado por Peña Nieto. 

Si lo medimos en términos per cápita, López Obrador obtuvo al cierre de 2024 una recaudación de 37,606 pesos por persona al año en impuestos, un aumento de 4,623 pesos frente a lo cobrado al cierre de 2018 en términos reales. No obstante, Peña Nieto incrementó esta captación casi tres veces más: 13,784 pesos por persona. 

No es completamente justo comparar el desempeño de López Obrador y de Peña Nieto, frente a presidentes anteriores por una razón: previo a 2014, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) era negativo. Del año 2000 a 2013, el gobierno en lugar de cobrar IEPS a combustibles, otorgaba un subsidio para mantener los precios controlados, el cual se contabilizaba como un impuesto negativo. A diferencia de ellos, Peña Nieto y López Obrador pudieron cobrar este impuesto, lo que incrementó su nivel total de ingresos tributarios. 

Si analizamos de cerca el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el principal impuesto que cobra la federación, la situación es mucho más grave para AMLO. Durante su sexenio sólo se consiguió un crecimiento de 19.4%, muy inferior al 63.2% de Peña Nieto, 39% de Calderón, 31.4% de Fox y 32.9% de Salinas. 

Aunque López Obrador incrementó la fiscalización de las grandes empresas, su negativa a realizar una reforma fiscal de gran calado evitó que igualara o superara los logros de sus predecesores: Fox mejoró la eficiencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Calderón incrementó la tasa de ISR de 28% a 30% para personas y empresas, mientras que Peña Nieto aumentó la tasa de ISR hasta 35% para personas físicas. 

Para verlo de otro modo, López Obrador logró cerrar su sexenio con un cobro de ISR por persona de 20,365 pesos al año, 2,440 pesos más que en 2018. No obstante, Peña logró cobrar de los contribuyentes 6,183 pesos por persona adicionales al cierre de su sexenio y Calderón 2,492 pesos más. 

De igual manera, el desempeño del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con AMLO fue decepcionante:  logró un crecimiento de 13.1% durante su sexenio, inferior al 25.3% de Peña, 18.1% de Calderón, 52.3% de Fox y 51.9% de Zedillo. Además del bajo crecimiento económico, con AMLO hubo pocas mejoras en la digitalización de la economía para mejorar la trazabilidad de las transacciones. 

La estrategia fue de recaudación por presión 

En lugar de realizar una reforma tributaria para incrementar los ingresos, el Gobierno de López Obrador aplicó una serie de cambios administrativos para “exprimir” a los contribuyentes ya cautivos. Estas estrategias permitieron que se rompieran varias marcas en materia de fiscalización, aunque en términos generales el desempeño tributario fuera pobre frente a sexenios pasados. 

El primer cambio a nivel de fiscalización con López Obrador fue la disminución de devoluciones y compensaciones otorgadas a los contribuyentes. A pesar de que la captación tributaria ha aumentado, en 2024 el fisco benefició a los contribuyentes con un monto de 1.3 billones de pesos en devoluciones y compensaciones, una reducción de 6% (79.5 mmdp) frente a 2018. 

La devolución de impuestos es el reembolso que la autoridad fiscal hace a un contribuyente cuando éste ha pagado más de lo que le correspondía. Por su parte, la compensación de impuestos es el derecho del contribuyente a aplicar su saldo a favor para cubrir otros gravámenes que adeude, en lugar de solicitar la devolución en efectivo. 

Hay que recordar que la recaudación impositiva se mide no sólo por el dinero que pagan empresas y personas, sino por los recursos que el fisco efectivamente retiene. Así como un asalariado puede deducir gastos médicos y colegiaturas, entre otros, las empresas pueden deducir distintos gastos operativos, créditos incobrables y otros de su base de ISR. 

Lo anterior significa que, luego de realizar pagos preliminares al SAT (impuestos brutos), los contribuyentes tienen derecho a pedir a la autoridad recaudadora que les devuelva o les compense una parte. Esto, como pueden imaginar, al fisco no le agrada, pues disminuye sus recursos y flujo de efectivo.

Para limitar estos beneficios, desde el primer año de la actual administración se eliminó la llamada compensación universal. Esta disposición permitía a los contribuyentes liquidar impuestos federales en contra —como ISR— con los saldos a favor de otros impuestos —digamos, del IVA—. Con esto se evitaba el entonces ya difícil proceso de pedir la devolución en efectivo de los saldos a favor. Al final, los contribuyentes salían ganando en tiempo y dinero.

La eliminación de esta facilidad ha provocado que el fisco devuelva o compense menos impuestos. A pesar de que la recaudación bruta de impuestos llegó a 6.2 billones de pesos en 2024, 13% (738 mmdp) más que en 2018, las devoluciones y compensaciones cayeron en 6% (79.5 mmdp) en el mismo periodo. Así, el SAT pasó de quedarse con el 75% de la recaudación tributaria bruta en 2018, al 79% en 2024, la mayor proporción registrada. 

La estrategia de limitar las devoluciones y compensaciones, se enmarca en una estrategia más amplia de fiscalización por parte del SAT. Nos referimos a las acciones de cobranza sin necesidad de pasar por la judicialización. Es decir, las estrategias del SAT para recuperar adeudos fiscales sin recurrir a demandas o procesos legales. 

A diferencia de la fiscalización tradicional, las acciones de cobranza no implican la determinación de un crédito formal. Por ello, no pueden derivar en un conflicto legal. Algunos ejemplos son el envío de cartas invitación para asistir a las oficinas del SAT, o las llamadas o mensajes de texto para que los contribuyentes corrijan su situación fiscal por “voluntad propia”. El incentivo es evitar una costosa auditoría que derive en un crédito fiscal y posiblemente, en un juicio.

En 2024, el SAT realizó 89.1 millones de acciones de cobranza contra contribuyentes, un aumento de 49% (29.1 millones más) que en 2018. Dentro de estas acciones se encuentran las llamadas, mensajes, requerimientos y cartas invitación realizadas a contribuyentes para “autocorregirse”. Estos datos muestran que durante el sexenio de López Obrador se disparó la “presión” del SAT contra las personas y empresas contribuyentes. 

Como resultado, en 2024 el SAT logró ingresos por cobranza por 1.05 billones de pesos, 308% (797 mmdp) más que en 2018. La paradoja es que este récord histórico en materia de cobranza no evitó que López Obrador tuviera un pobre desempeño en el crecimiento de ingresos tributarios. 

La apuesta fallida por Pemex

No queda duda de que Pemex fue de máxima prioridad durante el gobierno de López Obrador. La petrolera recibió 2.2 billones de pesos en apoyos fiscales de 2019 a 2024, 4.8 veces más que lo otorgado por Peña Nieto en su sexenio (473 mmdp). Pese a que esto implicó reducir los ingresos de la Federación, la empresa no logró una recuperación productiva en materia de extracción de crudo. 

Para dar “oxígeno” a Pemex, el Gobierno le ha recortado su carga tributaria. De 2019 a 2024 el Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), el principal gravamen que pagaba la petrolera, pasó de 65% a sólo 30%. Encima de esto, mediante decretos presidenciales se le ha postergado el pago de impuestos, e incluso esas obligaciones luego se han condonado. Estimamos que la reducción del DUC y la postergación de pagos significó a la empresa beneficios por 1.1 billones de pesos.

Además, para capitalizar a la empresa, a través de la Secretaría de Energía se le otorgaron otros 1.1 billones de pesos. Cabe destacar que el 65% (754 mmdp) de este monto no fue aprobado por el Congreso, sino que se trataba de recursos que la Secretaría de Hacienda iba reasignando fuera de calendario, lo que habla muy mal de los controles democráticos del presupuesto. 

A pesar de los cuantiosos beneficios fiscales, Pemex no ha logrado detener su desplome productivo. Al cierre de 2024, la petrolera produjo en promedio 1,485 miles de barriles diarios (mbd) de crudo, el peor nivel desde 1990 que se tiene registro. Además, se quedó por debajo de la meta de producción establecida por la Secretaría de Hacienda (1,745 mbd) para 2024. De hecho, en ningún año del sexenio de López Obrador se cumplieron las metas de producción. 

El deterioro en la extracción de crudo no ha generado una recuperación considerable en la producción de gasolinas. En 2024 Pemex Transformación Industrial, la filial encargada de la producción de combustibles, produjo en promedio 290 mbd de gasolinas, superior a los 207 mbd de 2018, pero inferior al máximo de 437 mbd logrado en 2013. Aunque se ha recuperado la tendencia negativa observada al cierre de Peña Nieto, no se ha logrado una recuperación total de la capacidad productiva de Pemex a sus mejores niveles.

El petróleo es de Pemex y luego de los mexicanos

La caída en la producción de crudo y la disminución de derechos cobrados a la petrolera han provocado que los recursos que paga Pemex a la federación tuvieran en 2024 su peor nivel desde 1990. No es sólo que la empresa haya desperdiciado los cuantiosos apoyos financieros, sino que debido a ello se redujeron los ingresos públicos para financiar las garantías ciudadanas. 

Al cierre de 2024, la renta pública por la venta de petróleo fue de 959 mmdp, una reducción de 27% (362 mmdp) contra el cierre del sexenio de Peña Nieto. Sin embargo, este retroceso afectó a Pemex en menor medida que a la federación. Debido a que la empresa tuvo una reducción en su pago de derechos, sus ingresos petroleros en 2024 fueron incluso 28% (165 mmdp) superiores a los de 2018, mientras que los ingresos exclusivos de la Federación cayeron en 72% (527.6 mmdp). Los recursos invertidos en Pemex han sido un pésimo negocio para el Estado: le ha metido más de 1.1 billones de pesos en transferencias directas y a cambio recibe menos recursos. 

De esta forma, en 2024 Pemex se quedó con 79% de la renta petrolera, mientras que el Gobierno sólo obtuvo el 21%, la peor distribución histórica. En 2018, todavía el 55% de los ingresos petroleros iban a la federación para financiar, entre otros, el gasto público en salud o educación. El resto se lo quedaba Pemex. Para decirlo claro: con López Obrador los ingresos petroleros prácticamente dejaron de ser de los mexicanos y fueron entregados a los trabajadores y directivos de Pemex.  

La situación es incluso mucho peor cuando se calculan los ingresos petroleros netos que obtiene el Gobierno federal: aquellos recursos que recibe de Pemex, menos lo que se le regresa a la petrolera mediante transferencias financieras. 

Como se mencionó, los ingresos que aportó Pemex a la Federación sumaron, para diciembre, 203.9 mmdp, pero el Gobierno le devolvió 176.5 mmdp vía transferencias. Así, el Estado terminó con ingresos por sólo 27 mmdp, el peor monto jamás registrado y 96% (704 mmdp) menor a lo reportado en el último año de Peña Nieto (2018).

Otra forma de verlo es que en 2024 Pemex aportó recursos de solamente 208 pesos por persona, mientras que en 2018 aportaba 5,835 pesos. Este retroceso de 96% equivale a 5,627 pesos menos per cápita. Así, en 2018 Pemex podía pagarle a cada persona una consulta de medicina familiar (1,174 pesos), un hemodiálisis (3,573 pesos) y una consulta dental (1,040 pesos)1. En 2024, lo que aportó Pemex no alcanza ni para dos paquetes de analgésicos (por ejemplo, aspirina y paracetamol, 50 pesos cada uno) y un omeprazol (120 pesos).  

En conclusión

La política de ingresos de López Obrador fue un fracaso. Durante todo su mandato los ingresos públicos se mantuvieron estancados respecto del tamaño de la economía y por habitante apenas crecieron 3%. Además, se quedaron muy por debajo del desempeño logrado por otros presidentes. 

En materia de recaudación tributaria, aunque sí logró un incremento destacable, esto fue debido a los mayores ingresos por IEPS que antes no se cobraban y por la mayor presión a los contribuyentes. No obstante, no hubo un destacable incremento en el cobro del ISR o del IVA. Lo peor es que los pocos avances en ingresos tributarios se dilapidaron por la reducción de la carga fiscal a Pemex, sin que entonces ni ahora se observe una mejora productiva en la empresa.

  1.  Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica actualizados al año 2024. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5711444&fecha=14/12/2023#gsc.tab=0 ↩︎

Gasto público 2018-2024: no se cumplió la austeridad republicana

Escrito por México Evalúa en . Publicado en Analisis, Anuales, Finanzas Públicas, Sexenales. 2 comentarios en Gasto público 2018-2024: no se cumplió la austeridad republicana

Contra la promesa de la “austeridad republicana” en el sexenio que finalizó, el gasto público llegó a niveles nunca antes vistos. Aún así, no hubo mejoría en salud, seguridad, educación o inversión. ¿En qué se gastó entonces?

En 2019, primer año del sexenio pasado, se llevaron a cabo políticas de austeridad y se mantuvo el gasto neto del sector público al mismo nivel que en el Gobierno precedente, el de Enrique Peña Nieto. Es decir: 23.1% del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, a partir de 2020 comenzó a pisar el acelerador al presupuesto. Lo hizo a través de un mayor endeudamiento (lo explicamos en esta nota). 

El gasto neto del sector público se refiere a la cantidad total de recursos ejercidos por el gobierno federal para cubrir todas sus funciones, como educación, salud, seguridad e inversión. Incluye también el ejercicio de recursos de las empresas del Estado como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), así como del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

En el balance final, observamos que la administración de Andrés Manuel López Obrador llevó el gasto total a 9.1 billones de pesos o 27% del PIB, el máximo nivel que se tenga registro desde 1990. 

La gestión del ex mandatario superó con creces el legado de sus antecesores. El monto total ejercido en 2024 fue casi cuatro puntos porcentuales superior a ese 23.1% del PIB registrado en el último año de Peña Nieto y más de tres puntos por encima del 23.7% del PIB al cierre de la administración de Felipe Calderón en 2012. Este incremento marca un uso sin precedentes de los recursos públicos, con implicaciones para la estabilidad fiscal y las decisiones presupuestarias futuras.

¿Qué dependencias ganaron o perdieron en el sexenio pasado? 

El gasto por clasificación administrativa define qué dependencias del gobierno reciben y administran los recursos públicos. En este sentido, reflejan las prioridades de cada administración y su impacto en la población. Comparando con 2018, hubo incrementos significativos en solamente tres secretarías controladas por el Ejecutivo federal: Bienestar, Energía y Turismo, mientras que los entes y organismos autónomos salieron perdiendo.. 

De esas tres, la Secretaría del Bienestar fue la más beneficiada. Al cierre de 2024 erogó 522.8 mil millones de pesos (mmdp), un incremento de 313.5% (396.4 mmdp) con respecto a 2018. El alza se debe al mayor gasto en las pensiones para adultos mayores. Le sigue la Secretaría de Energía, que gastó 179.1 mmdp en 2024, un despegue estratosférico de 2,255% (171.5 mmdp) comparado con el cierre del sexenio de Peña Nieto. El 99% de este aumento se debe a las transferencias financieras a Pemex para saldar sus pérdidas. Finalmente, la Secretaría de Turismo gastó 136.3 mmdp, 964% (123 mmdp) más que en 2018, debido a la construcción del Tren Maya. 

En suma, los principales incrementos en las secretarías de estado durante el sexenio de López Obrador reflejan sus principales prioridades: pensiones asistenciales, Pemex y obras de gran envergadura. 

Del lado perdedor están los entes y organismos autónomos. De los 10 que había, siete sufrieron recortes presupuestarios frente al cierre de 2018: el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). En conjunto, el presupuesto de los organismos autónomos cayó en 9% o 14.6 mmdp, frente a 2018, si no incluimos en el cálculo a la Fiscalía General de la República (FGR) creada en 2019. 

En el caso de los 26 Ramos Administrativos —secretarías y dependencias con control directo del Ejecutivo federal— 15 sufrieron recortes frente a 2018 y sólo 11 tuvieron incrementos. 

Entre las afectadas, se encuentra la Secretaría de Salud (SSA). En 2024 sólo erogó 65.5 mmdp; esto es 60% (99.4 mmdp) menos que en 2018. Esta reducción se debió a la eliminación del Seguro Popular y la creación de IMSS-Bienestar como un organismo descentralizado. Aunque la creación de este último Instituto compensó en parte la reducción de recursos, limitó la rectoría de la SSA en materia de salud pública. 

Asimismo, destaca la Secretaría de Gobernación (Segob) que en 2024 ejerció 18 mmdp, un desplome de 83.5% (91 mmdp) contra 2024. La merma se debe a la eliminación de la Policía Federal (PF) que hasta 2018 se encontraba sectorizada en la Segob, y la creación de la Guardía Nacional (GN), que residió en primera instancia en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SSyPC) y ahora será parte de la Defensa Nacional. 

Estos dos recortes a nivel administrativo evidencian el debilitamiento de la rectoría de la salud pública durante el sexenio de AMLO y la militarización de las fuerzas de seguridad pública. 

En el caso de las empresas públicas y entidades bajo el control presupuestario directo, sobresale el crecimiento del presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En 2024 llegó a 1.3 billones, un aumento de 46.4% (427.1 mmdp) contra 2018. El 74% de este crecimiento se debe al aumento de las pensiones pagadas por este Instituto y el resto a mayor gasto en salud o protección social. 

Del lado perdedor, la CFE erogó 525 mmdp, una reducción de 77.4 mmdp, equivalente a una caída del 12.8% frente a 2018. La reducción se debe a menores gastos de operación, lo cual es positivo. No obstante, la inversión promedio de la empresa cerró en 49 mmdp, inferior a los 52 mmdp, promediados por Peña Nieto. 

¿Qué objetivos sociales y económicos fueron financiados? 

Otra forma de analizar las prioridades del gobierno es a través de la clasificación funcional del gasto público. Ésta agrupa los gastos de los entes públicos en función de los objetivos socioeconómicos que persiguen, como salud, educación, agricultura, ciencia, entre otras. 

Durante el sexenio de López Obrador, sólo un tipo de gasto tuvo un impulso considerable: la función de protección social (principalmente pensiones contributivas y del bienestar). Aumentó en 68% (812 mmdp), para colocarse en 2 billones al cierre de 2024. Su crecimiento fue cinco veces mayor que el registrado en Salud, 18 veces el de Educación y 20.8 veces el del Estado de derecho.

Por ejemplo, el gasto en Educación llegó al cierre de 2024 a un billón de pesos, 45 mmdp (5%), frente a 2024, pero se mantuvo por debajo del máximo de 2015. Asimismo, el gasto en Estado de derecho (policías civiles, ejército y justicia) fue de 398 mmdp, 39 mmdp (10.8%) superior al de 2018. Finalmente, el gasto en Salud llegó a 922 mmdp, un aumento de 160 mmdp (21%) más desde el cierre del sexenio de Peña Nieto. 

Por otra parte, hubo sectores del gasto que llanamente fueron recortados. Ciencia y tecnología fue ajustada a la baja en 7 mmdp (10%). Agricultura se redujo en 21% (22 mmdp) y protección ambiental en 21% (6 mmdp). 

¿En qué se gastó más durante el sexenio? 

La clasificación económica del gasto público permite identificar cómo se distribuyen los recursos del Gobierno en distintas categorías, midiendo su impacto en la economía. Mediante este enfoque se puede observar que durante el sexenio de López Obrador, los subsidios fueron la principal prioridad, por encima de la inversión pública, las transferencias a los estados o los salarios de los funcionarios públicos. 

Así, de 2018 a 2024, el concepto del gasto con mayor aumento fue el de subsidios, transferencias y aportaciones: llegó a 1.3 billones de pesos, un incremento de 50% (437 mmdp) respecto al cierre del sexenio de Peña Nieto. Para dimensionar, el aumento de este concepto fue 6.7 veces superior al crecimiento del gasto en salario de funcionarios, 2.2 veces mayor al aumento de la inversión en infraestructura o 3.8 veces mayor al crecimiento de las participaciones pagadas a las entidades federativas. 

Del incremento en subsidios, transferencias y aportaciones, el 96% se debió a las pensiones para adultos mayores y a la pensión para discapacidad permanente. 

El segundo concepto de gasto con mayor incremento fue el de pensiones y jubilaciones. Este rubro se refiere a las pensiones contributivas; es decir, aquellas donde el trabajador aporta durante su vida laboral a un sistema de jubilación. Por ejemplo, las pensiones del IMSS, ISSSTE o CFE. Este gasto llegó a 1.4 billones de pesos, un aumento de 36% (384 mmdp) frente al cierre de 2018.

Finalmente, destaca el alza del costo financiero de la deuda, que no es otra cosa que el pago de intereses por el endeudamiento adquirido. Este gasto llegó a 1.1 billones de pesos, el nivel más alto que se tiene registro desde 1990 y 39% (320 mmdp) más que en 2018. 

En suma: las pensiones (contributivas y asistenciales), además del pago de intereses, fue lo que mayormente impulsó el gasto de López Obrador. 

Otros conceptos de importancia no fueron tan afortunados. La inversión física llegó al billón de pesos, pero se quedó por debajo de sus mejores niveles de 2014 y 2015. Asimismo, las Participaciones pagadas a entidades federativas (recursos para el financiamiento de los estados) llegaron a 1,2 billones de pesos, sólo 10% (114 mmdp) más que en 2018. 

Esta evolución muestra que López Obrador dio menos importancia a la inversión productiva o al fortalecimiento del federalismo, que a los de subsidios o al pago de intereses de la deuda. El problema es que esta distribución del gasto limita el crecimiento económico y la equidad en el desarrollo regional. 

El sexenio de las pensiones… sin garantía de financiamiento 

Vale la pena detenerse para analizar la acelerada evolución del presupuesto en pensiones durante la presidencia de López Obrador. En las sociedades que envejecen, este gasto suele incrementarse rápidamente, pero lo observado en el último sexenio es punto y aparte. 

De 2018 a 2024 el gasto total en pensiones llegó a 1.92 billones de pesos (5.7% del PIB), un incremento de 72% (804 mmdp). Este ritmo de crecimiento fue mucho mayor al reportado por Peña Nieto (46%) o el de Calderón (72%). 

El gran problema es que durante su mandato, los ingresos crecieron en sólo 8.5% o 586 mmdp. Es decir, las pensiones aumentaron 217 mmdp más que los recursos disponibles. Esto significa que se tuvieron que recortar 217 mmdp de otros rubros para financiar el aumento en las pensiones. 

El gran impulso se debe principalmente al aumento de las pensiones no contributivas, es decir las destinadas a los adultos mayores y a las personas con discapacidad permanente. En conjunto, estos dos programas sumaron 468 mmdp, (1.4% del PIB) un incremento de 873% (420 mmdp) frente a 2018.

Por su parte, las pensiones contributivas, sumaron 1.45 billones de pesos (4.3% del PIB), lo que representó un aumento de 36% (384 mmdp). De hecho, el incremento de estas pensiones fue inferior a lo reportado con Peña Nieto (45%) y con Calderón (65%). 

Lo anterior ha provocado que las pensiones no contributivas tengan un mayor peso en el gasto de pensiones: pasaron de representar el 4% en 2018 al 24% en 2024. 

¿Cuál es el veredicto final del gasto público? 

El análisis de rubros selectos permite integrar las diferentes clasificaciones del gasto expuestas anteriormente (administrativa, funcional y económica) para tener un panorama más amplio de las prioridades financieras del Gobierno. A través de este enfoque volvemos a identificar que el gasto en pensiones fue lo más importante para López Obrador, a costa del gasto en inversión, salud o seguridad. 

En primer lugar, el gasto en pensiones (contributivas y no contributivas) fue el ganador indiscutible en el presupuesto. En 2024 llegó a representar el 5.7% del PIB, muy por encima del 3.4% registrado en 2018. 

En segundo lugar, con 3.4% del PIB, se colocó el costo financiero de la deuda. Es su máximo nivel desde 1990. Esto se debe a la contratación de deuda pública en un contexto de altas tasas de interés. 

De esta forma, en 2024, pensiones y costo financiero comprometieron el 9.1% del PIB, en comparación con 5.9% en 2018, lo que reduce el margen para atender necesidades emergentes en seguridad, educación, infraestructura y otros sectores estratégicos. Se trata de compromisos adquiridos, que limitan la capacidad del Estado para responder a desafíos futuros con inversión en sectores clave para el desarrollo económico y social.

Por ejemplo, Seguridad Nacional y Policías sólo recibieron 0.8% del PIB en 2024, lo que refleja un estancamiento desde 2011, a pesar de que la seguridad es una de las principales preocupaciones de la población. 

Asimismo, la inversión física sin incluir Pemex alcanzó el 2.1% del PIB, y no igualó los niveles del sexenio de Peña Nieto, pues llegó al 2.5% en 2014. O está el caso del gasto educativo, que representó 3% del PIB, inferior al 3.5% de 2015 y menor al 4% que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

En suma, la política de gasto durante la gestión de López Obrador fue de corto plazo y fiscalmente insostenible. De corto plazo ya que dio prioridad a los subsidios sobre la inversión en infraestructura, la educación o el estado de derecho. Insostenible, porque el impulso otorgado a las pensiones no estuvo respaldado por mayores ingresos públicos. 

Lo peor de todo es que este presupuesto ineficiente y sin visión de desarrollo alcanzado en 2024, ya ha tenido que ser severamente recortado por Claudia Sheinbaum para controlar el endeudamiento. De esta forma tendremos aún más graves recortes en salud , educación, estado de derecho o  inversión. Así, los derechos no garantizados por la administración de López Obrador, tendrán menos posibilidades de mejora en este nuevo sexenio.